En los últimos 25 años, el régimen del Socialismo del Siglo XXI, liderado primero por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, ha sumido a Venezuela en una de las peores tragedias de su historia.

Lo que alguna vez fue un país próspero, con una de las mayores reservas petroleras del mundo, se ha convertido en un territorio devastado por la corrupción, el despilfarro y una generosidad malentendida que ha dilapidado miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano.

Este artículo busca arrojar luz sobre un capítulo particularmente indignante de esta debacle: los “regalos” financieros que el régimen ha hecho a otros países controlados por sus amigotes, mientras los venezolanos padecen hambre, miseria y desesperación.

Uno de los casos más escandalosos es el de Bielorrusia. Documentos filtrados han revelado que el gobierno de Alexander Lukashenko dejó de pagar más de 1.400 millones de dólares que adeudaba a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras un supuesto “auxilio” ordenado por Hugo Chávez.

Para Bielorrusia, este no fue un incumplimiento, sino un “regalo” de Caracas. Sí, un regalo. Mientras los hospitales venezolanos colapsaban por falta de insumos, mientras las escuelas se caían a pedazos y los ciudadanos hacían colas interminables por un kilo de harina, el régimen chavista decidió condonar una deuda multimillonaria a un aliado político en Europa del Este.

Este no es un caso aislado, sino parte de una política sistemática de despilfarro y entrega de los recursos nacionales a cambio de favores políticos o lealtades internacionales.

Causa indignación recordar cómo recuperamos en mis tiempos de Gobernador de Caracas los hospitales Periférico de Catia, la Maternidad Concepción Palacios o el Hospital JM de Los Ríos, adelantamos esas obras con escasos recursos financieras, pero hoy esos centros de salud, al igual que la inmensa mayoría de la red hospitalaria de Venezuela, se encuentra en bancarrota.

La lista de ejemplos es abrumadora. Durante los años de bonanza petrolera, cuando el precio del crudo alcanzó niveles históricos, Venezuela regaló miles de millones de dólares en forma de petróleo subsidiado o condonaciones de deuda a países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros miembros del bloque del ALBA.

En el caso de Cuba, se estima que el envío de petróleo a precios preferenciales o directamente gratis ha superado los 30.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. ¿Qué recibió Venezuela a cambio? Propaganda, asesores políticos y un modelo de control social que busca perpetuar la dictadura en nuestro país.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), alguna vez el motor económico del país, se convirtió en el epicentro de la corrupción chavomadurista. Durante la bonanza petrolera (1999-2014), cuando los precios del crudo alcanzaron récords históricos, se estima que al menos 300.000 millones de dólares desaparecieron por malversación, sobornos y contratos fraudulentos. Un ejemplo paradigmático son las operaciones con papeles de la deuda.

Funcionarios y empresarios afines al régimen manipulaban la asignación de bonos comprados en bolívares, pero pagados en dólares a tasas preferenciales. Este esquema, liderado por figuras como Alejandro Andrade, extesorero nacional, permitió el lavado de más de 2.400 millones de dólares solo en un caso investigado en Estados Unidos.

En otro escándalo, el Banco Espírito Santo en Portugal facilitó la desaparición de 3.500 millones de euros de Pdvsa entre 2007 y 2012, mediante sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar depósitos en sus cuentas.

Mientras tanto, en casa, el régimen saqueaba las arcas nacionales. Pdvsa, que alguna vez fue un símbolo de eficiencia y riqueza, se convirtió en una caja chica para financiar corruptelas y proyectos fallidos. Desde el desfalco de miles de millones a través de contratos fraudulentos hasta la malversación en proyectos como la Faja del Orinoco, el régimen ha demostrado un talento excepcional para el robo descarado.

Según estimaciones conservadoras, más de 300.000 millones de dólares han desaparecido de las finanzas públicas en estos 25 años, una suma que podría haber transformado a Venezuela en una nación moderna, con infraestructura de primer mundo, educación de calidad y un sistema de salud digno.

Estas operaciones no solo enriquecieron a una élite corrupta, sino que también endeudaron al país. Mientras los venezolanos enfrentan escasez de alimentos y medicinas, el régimen emitía deuda pública a través de bonos que beneficiaban a intermediarios y aliados, dejando a la nación con una carga financiera de más de 100.000 millones de dólares adicionales, según estimaciones publicadas instituciones que se han consagrado a investigar y ventilar públicamente estos desaguisados.

Proyectos como el ferrocarril nacional, el Metro de Caracas o la recuperación del río Guaire, que recibieron miles de millones en fondos, nunca se concretaron, evidenciando un patrón de pagos por obras inexistentes.

El régimen no solo robó internamente, sino que utilizó los recursos venezolanos para comprar lealtades internacionales, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los casos más notorios es el de Bielorrusia, donde Hugo Chávez ordenó condonar una deuda de 1.400 millones de dólares a Pdvsa, que el régimen de Alexander Lukashenko calificó como un “regalo” de Caracas. Este gesto no fue un acto de solidaridad, sino una maniobra para asegurar apoyo político en foros internacionales.

En América Latina y el Caribe, el régimen implementó una estrategia similar. En Paraguay, por ejemplo, todavía está pendiente recuperar una deuda de 265 millones de dólares que Pdvsa “reclamaba”, aunque la negociación no prosperó por falta de personería jurídica.

En Argentina, el fideicomiso bilateral firmado en 2004 entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner permitió a empresarios argentinos y venezolanos desviar millones de dólares a través de exportaciones infladas y maniobras offshore. Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que empresas como Baldric SA, creada por un venezolano, obtuvieron contratos por casi 8 millones de dólares para proyectos que nunca se materializaron, como un frigorífico en Machiques de Perijá.

En el Caribe, el programa Petrocaribe fue una herramienta clave para comprar votos en la OEA. Países de ese órgano y otras naciones caribeñas recibieron petróleo venezolano a precios subsidiados o incluso gratis, con deudas que raramente fueron cobradas.

Se estima que este esquema costó a Venezuela más de 30.000 millones de dólares, mientras los ciudadanos venezolanos enfrentan apagones y colas interminables por combustible. Estos “regalos” aseguraban el respaldo de gobiernos caribeños en la OEA, bloqueando resoluciones contra el régimen por violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales.

La magnitud del desfalco es abrumadora. Transparencia Venezuela documenta 416 casos de corrupción que comprometen al menos 68.311 millones de dólares, aunque el monto real es probablemente mucho mayor. Desde sobornos en contratos de Pdvsa hasta el desvío de fondos destinados a infraestructura, el régimen ha desangrado al país.

Pero el daño no se limita a lo económico. El Socialismo del Siglo XXI ha robado mucho más que dinero: ha robado el futuro de generaciones enteras. Ha regalado la soberanía nacional a potencias extranjeras que hoy controlan sectores estratégicos del país. Ha despilfarrado la confianza de un pueblo que alguna vez creyó en promesas de justicia social, solo para ser traicionado con miseria y represión.

Los venezolanos no solo han perdido sus ahorros, sus empleos y sus oportunidades, sino también su derecho a soñar con un país mejor.

Es hora de decir basta. La tragedia venezolana no es el resultado de sanciones externas ni de conspiraciones imaginarias, como pretende hacernos creer el régimen. Es el producto de un modelo político basado en la corrupción, la improvisación y la entrega de nuestros recursos a intereses foráneos. Los responsables deben rendir cuentas, y los venezolanos merecemos recuperar lo que nos han robado.

No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro diferente. Es imperativo que los venezolanos nos unamos para exigir transparencia, justicia y la restitución de los recursos saqueados. Solo con un cambio profundo, basado en la democracia, la libertad y el respeto por nuestra soberanía, podremos recuperar el destino que nos fue robado y regalado. Venezuela no merece seguir siendo la víctima de esta infamia. Es tiempo de alzar la voz y trabajar por la reconstrucción de nuestra nación.

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En un mundo desgarrado por conflictos y crisis, Venezuela —pese a sus heridas— guarda intacta su capacidad de renacer. Este país, muchas veces visto desde fuera como un caso perdido o simplemente como una tierra rica venida a menos, está más vivo que nunca en el alma de millones de venezolanos que no se resignan.

Lo que Venezuela tiene por delante no es un milagro, sino una oportunidad de construir una nueva nación. Porque los pueblos no heredan el futuro, lo construyen con sacrificio, trabajo y unidad en el presente.

Durante décadas se repitió hasta el cansancio que “Venezuela era un país rico”. Pero ese relato, aunque emocionalmente cómodo, es una ilusión peligrosa. La riqueza no está en el subsuelo, sino en lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos.

De nada sirven millones de barriles de petróleo si no hay instituciones que garanticen seguridad jurídica, talento humano que los transforme en bienestar, y una sociedad dispuesta a trabajar unida por el bien común.

Ciertamente poseemos inmensas reservas de recursos fósiles que estamos dispuestos a explotar racionalmente y para ello requerimos el concurso de factores internacionales, cuyos recursos financieros serán clave para convertir en bienestar, desarrollo humano, económico y caminos hacia el progreso, ese petróleo y ese gas, y todos esos otros minerales desde el oro hasta el hierro, la bauxita, y la variedad de tierras raras que tiene Venezuela.

Sabemos que Venezuela debe garantizar seguridad jurídica y Edmundo González y María Corina Machado tienen listos los proyectos para que en Venezuela vuelva a brillar el Estado de derecho, retomar la apertura petrolera y sin dudar que se respetara el derecho de propiedad y que cada dólar invertido estará garantizado.

Será un principio y deber irrenunciable velar por los derechos humanos, cerraremos las cárceles del horror para abrir escuelas de libertad. Vamos a hacer de Venezuela el Hub Energético de las Américas, previamente instalaremos una Agencia Nacional de Energía.

Vamos a reponer planes y negocios de hidrocarburos con empresas trasnacionales de países aliados como EE. UU., Canadá, Italia, Francia, de Iberoamérica y de cualquier país del mundo dispuesto a invertir y pagar como dios manda nuestros recursos.

Las puertas del país están listas para abrirse y ver entrar los equipos necesarios tales como mejoradores, taladros, insumos como diluentes para poner en marcha nuestra desvencijada industria de hidrocarburos, incluyendo el relanzamiento de nuestro parque de refinerías.

En Venezuela podemos ahorrarle carbono a la atmósfera sembrando las emisiones de gases de efecto invernadero en sumideros como esos pozos petroleros en desuso, así contribuiremos a la transición hacia una economía baja en carbono. Los combustibles sintéticos representan una alternativa prometedora a los combustibles fósiles.

Podemos explotar el gas convencional y aprovechar racionalmente el asociado al petróleo que al día de hoy se está perdiendo.

Seremos grandes no por lo que heredamos, sino por lo que estamos dispuestos a construir. La Venezuela que viene será una nación forjada, no una herencia pasiva.

En este siglo XXI, la competencia entre naciones no se decide sólo por recursos naturales, sino por la capacidad de formar, retener y multiplicar talento humano. Venezuela cuenta con millones de ciudadanos preparados, profesionales que resistieron, que emigraron, que se adaptaron a otras culturas, y que ahora están dispuestos a regresar y aportar sus experiencias y conocimientos.

A ese valioso capital humano hay que sumarle los millones de jóvenes que esperan oportunidades para demostrar de lo que son capaces de realizar como emprendedores.

El talento venezolano ha brillado en medicina, ingeniería, tecnología, arte, deporte, ciencia y emprendimiento. Muchos de nuestros jóvenes han estudiado en universidades del mundo entero, y ahora son portadores de conocimientos y forman parte de redes internacionales.

Ese será el motor de nuestra reconstrucción de Venezuela, para no depender únicamente de la renta petrolera. Debemos reactivar y diversificar nuestro aparato productivo, que tiene una base industrial inmensa, potente y aún recuperable.

Contamos con potencial en la industria metalmecánica, una de las columnas vertebrales de cualquier economía moderna. Las industrias del hierro, acero, aluminio y manufactura que pueden convertir al país en un proveedor regional de insumos y productos elaborados.

Desde Guayana hasta los Andes, hay estructuras que, con inversión y liderazgo técnico, pueden volver a operar y a generar miles de empleos de calidad. Vamos a reactivar el aparato productivo, vamos a reconstruir la infraestructura, desde las carreteras, autopistas, plantas físicas de escuelas, universidades y hospitales, hasta los puentes, puertos, aeropuertos, silos, sistemas de riego e instalaciones deportivas y culturales.

Ya están listos los planes para rehabilitar los acueductos y las plantas de tratamiento de agua cruda. El potencial eléctrico debe ser restaurado, tanto las fuentes hidroeléctricas como las termoeléctricas.

Sin luz no hay desarrollo posible. También posee Venezuela un potencial para crear fuentes alternas de energías no convencionales, como la eólica, solar, mareomotriz, hidrógeno verde, biomasa, etc. Venezuela tiene espejos de agua, lagos, mar, cuenta con sol y viento todo el año y una envidiable fuente de electricidad blanca.

Además, Venezuela puede ser una formidable plataforma tecnológica para producir bienes transables, desarrollar industrias de software, ensamblaje electrónico y manufactura avanzada.

Nuestras facultades universitarias de medicinas pueden ayudar a crear centros productores de medicina genérica ¿Por qué no? Si alineamos el sistema educativo con las necesidades del sector productivo, seremos un país que exporte valor agregado, no solo materias primas.

Venezuela puede desarrollar su potencial turístico porque tiene conque; nuestras bellezas naturales en playas, ríos, sabanas, cumbres, amazonas, manglares, corales, su variedad de flora y fauna son santuarios maravillosos; sus monumentos naturales como Salto Ángel y los Tepuyes, Mochima, Los Roques, Morrocoy, Médanos de Coro, Chichiriviche, Higuerote, Cata, Margarita y Coche, la nieve perpetua en Mérida, las Cumbres andinas en Táchira, nuestros bosques, sabanas y llanos con esos preciosos esteros de Camaguan; el Zulia y su relámpago del Catatumbo; Barquisimeto y sus crepúsculos y nuestra biodiversidad (9 del mundo) nos hacen ser altamente competitivos, si los dotamos de buenos servicios para atraer turistas e inversiones.

Otra cosa, Venezuela puede ser el granero de América Latina, tenemos tierras fértiles, unidades de producción y maquinaria agrícola que esperan ser reacomodadas para que sembremos y cosechamos los alimentos indispensables. También poseemos un aceptable pie de cría, empresas lácteas, granjas avícolas y pecuarias que serán rehabilitadas.

Y qué decir de nuestro potencial pesquero, cafetero, apícola. Garantizar el respeto a la propiedad privada, suministro seguro de insumos, desde las semillas certificadas, el combustible, las vacunas, el alambre y las estacas, hasta el crédito oportuno, precios justos y políticas de comercialización que permitirán avanzar en ese campo. ¡Somos un gran país!No hay desarrollo sin educación. Punto.

La educación debe ser la reina de la estrategia nacional, el corazón que impulse cada reforma, cada inversión, cada política pública. Debemos rescatar el prestigio de nuestros maestros, modernizar la infraestructura escolar, actualizar los programas, y convertir nuestras universidades en centros de pensamiento y producción de conocimiento, no en islas de resistencia.

Invertir en educación no es una opción, es una condición indispensable. Países como Corea del Sur, Singapur o Finlandia lo demostraron: el desarrollo sostenible nace en las aulas.

Necesitamos escuelas donde se enseñe ciencia, tecnología, ética, ciudadanía, pensamiento crítico y habilidades para la vida. También institutos técnicos y centros de formación dual que conecten a nuestros jóvenes con las industrias del futuro.

La educación es lo que nos permitirá no solo reconstruir, sino transformarnos en una nación resiliente, democrática e innovadora.Estamos conscientes de los desafíos: inseguridad, pobreza, infraestructura colapsada, fuga de capital humano, deuda externa y la pesada herencia de un Estado desmantelado.

Pero también tenemos lo más importante: la voluntad de reconstruir, la convicción de que otro país es posible y el amor por esta tierra que no hemos dejado de soñar ni un solo día.

Con aliados internacionales, un marco jurídico renovado, un Plan Marshall Tropical y una agenda clara de reformas, Venezuela puede ofrecerle al mundo mucho más que petróleo y minerales: puede ofrecer energía limpia, alimentos, innovación, estabilidad geopolítica, y una historia de superación. Nuestro mayor reto no es solo volver a ser lo que fuimos. Es convertirnos en lo que siempre pudimos ser.

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Venezuela, otrora un país de instituciones vibrantes y esperanzas democráticas, se encuentra hoy sumida en la trágica condición de un Estado fallido. Esta realidad no es un accidente histórico, sino el resultado de un patrón deliberado de conducta por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha hecho de la violación sistemática de la Constitución, las leyes, los reglamentos, los códigos y los acuerdos internacionales su modus operandi.

La Carta Magna, que debería ser el pilar de la convivencia nacional, es en la práctica una constitución inexistente, pisoteada por un régimen que no reconoce límites ni principios.

La dictadura de Maduro, heredera directa de las políticas de Hugo Chávez, ha pulverizado la separación de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia. El Poder Judicial, en lugar de ser un árbitro imparcial, se ha convertido en un instrumento de persecución política, judicializando a la oposición y criminalizando la disidencia. Los venezolanos que alzan la voz contra la opresión enfrentan no solo la represión física, sino también un sistema judicial que actúa como brazo ejecutor de la tiranía. Esta aberración no es nueva: es la continuación de un proyecto autoritario que Chávez instauró y que Maduro ha perfeccionado con descaro.

Recordemos que en 1999 se impone una nueva Constitución. Chávez impulsó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó y aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 15 de diciembre de 1999 mediante referendo. Esto no se considera una «reforma» propiamente dicha, sino la creación de una nueva Carta Magna que reemplazó a la de 1961.

Seguidamente, en 2007, Chávez reincide en sus andanzas reformistas y propuso una reforma de 69 artículos para introducir cambios como la reelección indefinida, la institucionalización del poder comunal y medidas hacia un Estado socialista.

Fue sometida a referendo el 2 de diciembre de 2007, pero fue rechazada por el 50.65% de los votos. Por lo tanto, no se ejecutó. Pero Chávez, con su postura caudillezca retoma su fallido despropósito y en 2009 propuso una enmienda (modificación puntual, no una reforma integral) para eliminar los límites a la reelección de cargos públicos, incluyendo la presidencia.

Fue aprobada en referendo el 15 de febrero de 2009 con el 54% de los votos, permitiendo la reelección indefinida. Esta es la única reforma constitucional efectiva ejecutada bajo Chávez

Por su parte, Nicolás Maduro, violentando todos los procedimientos que estaba obligado a observar, convocó una Asamblea Nacional Constituyente que operó entre 2017 y 2020, con el objetivo de «pacificar» el país y potencialmente reformar la Constitución.

Sin embargo, esta asamblea no modificó la Constitución de 1999, sino que se centró en emitir leyes constitucionales y asumir funciones legislativas mediante fórmulas absolutamente arbitrarias, mecanismos que fueron criticados por la oposición ya que solo apuntaban a consolidar el poder usurpado. Tampoco se ejecutó ninguna reforma constitucional.

Maduro propuso una reforma de aproximadamente 80 artículos, presentada el 15 de febrero de 2025, que incluye la incorporación del poder comunal y penas severas contra «amenazas» al “gobierno”.

Está en fase de discusión por una comisión liderada por Tarek William Saab, con un plazo de 90 días para elaborar un proyecto definitivo que debe ser aprobado por referendo. Hasta mayo de 2025, esta reforma no ha sido ejecutada

El reciente anuncio de Maduro sobre una supuesta reforma constitucional no debería sorprender a nadie. Es la misma pócima de arbitrariedad que Chávez aplicó en su momento y que ahora Maduro repite con descarnada continuidad. Las reformas constitucionales en Venezuela no buscan fortalecer el Estado de derecho, sino legalizar la tiranía, consolidando el control absoluto del régimen sobre todos los aspectos de la vida nacional.

Ya son varias las reformas que han desfigurado el espíritu de la Constitución de 1999, una ley que, irónicamente, Chávez y Maduro promovieron como padres políticos, pero que hoy violan de manera incestuosa, traicionando su propio legado.

Frente a esta afrenta, los venezolanos no podemos permanecer pasivos. La lucha por la libertad nos convoca a rebelarnos contra este proceso ilegal, haciendo uso de todos los recursos que nos asisten, tanto dentro como fuera del país.

Es imperativo desmontar el entramado dictatorial que sostiene a Maduro, comenzando por hacer valer el mandato popular expresado en las elecciones del 28 de julio. Ese resultado electoral, que reflejó la voluntad inequívoca del pueblo venezolano, es una meta irremplazable en nuestra marcha para recuperar nuestra democracia.

No basta con denunciar; debemos actuar. La comunidad internacional debe redoblar su apoyo a la causa venezolana, exigiendo el respeto a los derechos humanos y la restauración del orden constitucional.

Dentro de Venezuela, la resistencia debe organizarse, unirse y persistir, utilizando la desobediencia civil pacífica y los mecanismos legales disponibles para desafiar la tiranía.

La Constitución, aunque hoy inexistente en la práctica, sigue siendo el símbolo de lo que podemos y debemos recuperar: un país donde la ley sea el escudo de los ciudadanos, no la espada de los opresores.

La lucha no será fácil, pero la historia nos enseña que las dictaduras no son eternas. Chávez y Maduro han profanado la Constitución que juraron defender, pero los venezolanos tenemos el deber de rescatarla.

Debemos persistir, alzando la voz, afinar y reajustar nuestra organización y de actuar con determinación. Porque en Venezuela, la verdadera reforma no vendrá de los tiranos, sino de un pueblo que se niega a seguir viviendo bajo el yugo de una constitución inexistente.

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En los cenagosos terrenos de la Venezuela de Nicolás Maduro, donde la ética se ahoga en el fango de la ambición y el poder, la corrupción política se alza como un monstruo insaciable. En ese lodazal de traiciones, los principios son mercancía barata, y los hombres que alguna vez juraron lealtad al pueblo se venden al mejor postor, envueltos en la pestilencia de la dictadura.

Entre estos pantanos, figuras como Bernabé Gutiérrez y Henrique Capriles, cada uno a su manera, encarnan el drama de una nación traicionada, donde el honor se troca por prebendas y la esperanza se desvanece bajo el peso de la infamia.

Bernabé Gutiérrez, un nombre que resuena como un eco de desprecio en el imaginario colectivo, se yergue como el arquetipo del oportunista sin escrúpulos. Sin formación sólida ni respaldo genuino, este personaje ha mercadeado su alma en los bazares de la ignominia, traficando con los ideales de un pueblo hambriento de justicia. Su ascenso, si puede llamarse así, no es más que el fruto podrido de un sistema que premia la lealtad ciega al régimen.

Como dijo alguna vez el poeta Andrés Eloy Blanco, “en el pantano, hasta la garza se ensucia las patas”. Y Bernabé, lejos de ser garza, es un alacrán que pica con veneno propio, traicionando a quienes alguna vez creyeron en su palabra. Su nombre, sinónimo de deslealtad, evoca la frase de Dante: “El lugar más oscuro del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de crisis moral”. Pero Bernabé no es neutral; ha elegido el lado del opresor, y su traición es un puñal clavado en el corazón de la resistencia.

Hubo un tiempo en que Henrique Capriles era un faro de esperanza, un líder que enardecía multitudes con su carisma y su gorra tricolor como estandarte de lucha. Las calles de Venezuela vibraban con su nombre, y su voz resonaba como un canto de redención. Pero, ¡ay!, cómo caen los ídolos. Hoy, esa misma gorra que lo coronó como símbolo de la oposición se ha transformado en un antifaz que oculta su rendición. Al aceptar la credencial que lo configura como un alacrán más del régimen, Capriles ha cruzado el Rubicón de la traición.

Como Judas, que por treinta monedas vendió a su maestro, Capriles ha cambiado su legado por un puesto en la mesa de los verdugos. Su caída recuerda las palabras de Shakespeare: “¡Oh, qué caída tan grande, amigos míos!”. El hombre que una vez desafió al régimen ahora camina por los pasillos del poder donde se fraguó el robo de las elecciones del pasado 28 de julio, con la cabeza gacha escondida torpemente en una gorra y el alma empañada. ¡Vaya espectáculo en el circo de la política venezolana!

Que Bernabé Gutiérrez, ese ilustre recolector de sobras del basurero político, haya superado a Henrique Capriles, el otrora galán de la oposición con su gorra de superhéroe, es un chiste que ni el mejor comediante podría inventar. ¿Quién lo diría?

El rey de las promesas rotas, Bernabé, ese maestro del oportunismo con un doctorado en traición, eclipsa al que una vez hizo temblar las calles con vítores. ¡Qué ironía! Capriles, con su antifaz de gloria desteñida, debe estar preguntándose cómo el pantano lo engulle tan rápido. Como diría un sarcástico de esquina: “En Venezuela, hasta el alacrán más rastrero puede brillar más que una estrella apagada”.

No me atrevería a citar a Juan Requesens, si no sintiera en lo más hondo de mi conciencia que hay momentos en los que callar también es una forma de traicionar. Traicionarse a uno mismo, a la memoria compartida, y a los principios que una vez, con voz firme y mirada limpia, Juan defendió en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Conozco —en carne propia— los métodos abyectos del régimen que encerró a Juan, quien fue víctima de la crueldad sin rostro, de la máquina infernal que busca doblegar espíritus, destruir voluntades.

Juan fue vejado, humillado y torturado. Y por eso, comprendo el tormento que hoy se asoma en su mirada: ese desgarrador intento de justificar lo que su conciencia no deja de reprocharle.

¿Quién podría juzgar sin temblar ante el peso de su experiencia? Pero hay un juez más implacable que cualquier tribunal humano: la historia. Y ante ella, nadie puede esconderse detrás de silencios cómplices o de razones prácticas que solo sirven a la perpetuación del oprobio. Me permito citar, pensando en Juan, a Albert Camus: “El mayor drama del hombre moderno es vivir dividido entre lo que hace y lo que cree.” En esa grieta —entre sus actos presentes y los principios que enarboló— se instala el dilema que le agobia.

Sé que Juan lucha con él, que en sus noches más solas se pregunta si los pasos que da no lo alejan del joven que, con coraje admirable, se convirtió en símbolo de resistencia frente a la dictadura. Juan, fue un abanderado de la verdad. Pretender que se puede “cambiar las cosas desde adentro” suena a consigna gastada cuando quienes están adentro solo se perpetúan en su podredumbre.

Lo que hoy hace Juan, no es solo una contradicción con su historia, es un golpe a la esperanza de tantos que, viéndole caer y levantarse, creyeron que aún había dignidad inquebrantable en medio de la oscuridad. Lo digo con dolor, pero también con esperanza: aún puedes rectificar Juan. La historia también sabe perdonar a quienes tienen el valor de regresar al camino del deber.

En el lodazal de la política venezolana, donde la dictadura de Nicolás Maduro tritura principios y esperanzas, la inclusión de Juan Requesens en la molienda de la farsa electoral es un acto de perversidad que apesta a oportunismo y cinismo. Este joven es usado como moneda de cambio en un juego macabro.

Esos alacranes que pululan en el pantano de Maduro, decidieron incluir su nombre en la farsa electoral. ¿El propósito? No es rescatar su legado ni honrar su lucha, sino exprimir su imagen para obtener donaciones sucias.

Meter a Requesens en esta pantomima es un sacrificio deliberado en el altar de la ambición, donde las credenciales de diputaciones, manchadas de mugre y deshonra, se convierten en el trofeo de los traidores.

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La expansión de la influencia china a través de su iniciativa de la Ruta de la Seda en América Latina plantea una interrogante apremiante: ¿cuándo despertarán las potencias tradicionales y los aliados históricos de la región? Mientras China avanza con determinación, asegurando acuerdos comerciales y el control de recursos estratégicos como el litio en Chile y Bolivia, Estados Unidos y Europa parecen rezagados.

Llevamos casi 25 años debatiendo acuerdos entre Europa y Mercosur sin llegar a una concreción, eso es insólito, inexplicable y sí muy reprochable. Y eso sucede mientras China consolida su presencia en nuestro subcontinente.

¿Entonces de qué se quejan? Algunos analistas simplifican este panorama, señalando que «EE. UU. está adelantado en la invención de tecnologías imponentes, mientras que los chinos producen bienes que comercializan y en Europa se limitan a aplicar regulaciones.» Sin embargo, esta visión está desactualizada.

China ya no solo fabrica, sino que también está a la vanguardia en la creación de tecnologías innovadoras y ascendiendo a un sólido segundo lugar como el país con la economía más robusta del planeta Tierra..

El pasado miércoles en un debate realizado en el escenario organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo celebrado en la ciudad de Madrid, el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al defender los acuerdos suscritos por su gobierno con China, afirmó que “en este mundo globalizado no hay enemigos ni amigos permanentes, sino intereses permanentes».

La intención compactada en esa reflexión y parafraseada por el joven estadista uruguayo, es atribuida a Henry John Temple, tercer vizconde de Palmerston, quien en un discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes el 1 de marzo de 1848, afirmó que “No tenemos aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos.

Y nuestro deber es seguir esos intereses”. Es evidente que este pensamiento está cargado de pragmatismo político, priorizando, sin lugar a dudas, los intereses de su región, al momento de inclinarse por una u otra potencia, con intereses que abonar en el competido y polémico esquema de relacionarse.

Tomando en cuenta esa significativa y descriptiva realidad, concluimos en que lo cierto es que China está metiéndose en países iberoamericanos, haciendo inversiones, negociando minerales y tierras raras, mientras que otros países poderosos tenían a América Latina como un simple patio trasero descuidado.

Esta reflexión nos lleva a una conclusión ineludible: es hora de que los países de América Latina sean tratados como actores relevantes en el escenario mundial.

Por eso cobra trascendencia la posición asumida por el presidente Donal Trump y su más destacado equipo gubernamental de su segundo mandato, privilegiando en sus declaraciones y acciones un nuevo marco de relaciones con nuestro ámbito, especialmente con Venezuela.

No le conviene a EE. UU., ni a la Unión Europea, relegar a un segundo plano esa agenda pendiente de trabajo con América Latina, mientras Rusia, Irán y China establecen enclaves con fines geopolíticos, comerciales o económicos.

Es imperativo que Estados Unidos y otros aliados históricos retomen esas relaciones estrechas de antaño y de fechas recientes, cuando la hermandad con América Latina era evidente y fructífera. El hecho cierto de que la primera gira internacional del nuevo Secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido por países de América Latina, es una excelente señal.

La región necesita socios que vean nuestra zona más allá de un mero «patio trasero» y que estén dispuestos a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación estratégica. Mientras el mundo se configura, América Latina no puede permitirse quedar ninguneada.

Es tiempo de actuar, de replantear estrategias y de forjar alianzas que impulsen el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos, no solo en los aspectos económicos, financieros y comerciales, sino también en lo político, porque la paz, la seguridad y la estabilidad son elementos tan medulares como esos otros intereses citados.

La pregunta sigue en el aire: ¿Y América Latina ¿Para cuándo? La respuesta está en nuestras manos. No podemos permitir que la inacción, la indiferencia o, una que otra penosa aventura, definan nuestro futuro.

La verdad es que el potencial que tiene América Latina es inmenso y es lógico que los más variados prismas planetarios orienten sus miradas sobre esas riquezas; y deben ser comprendidos mandatarios como Luis Lacalle Pou que afinan operaciones con quienes se aproximan a concretarlas, sin que esas alianzas conlleve declinar valores y principios democráticos irrenunciables.

Es hora de que la región alce su voz y exija el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones.

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En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado un sistema de represión que utiliza la desaparición forzada, la tortura y las detenciones arbitrarias como herramientas para silenciar a opositores, defensores de derechos humanos y voces críticas.

Según el más reciente informe de Foro Penal, actualizado al 12 de mayo de 2025, al menos “68 presos políticos” se encuentran en condición de desaparición forzada, sin que se conozca su paradero o estado de reclusión.

Este dato, alarmante por sí solo, es solo una faceta de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ha calificado como posibles “crímenes de lesa humanidad”.

De acuerdo con Foro Penal, Venezuela registra un total de “895 presos políticos”, de los cuales 808 son hombres y 87 mujeres.

Entre ellos, 726 son civiles y 169 militares, incluyendo a “5 adolescentes” de entre 14 y 17 años. Solo 149 han recibido una condena formal, mientras que “746 permanecen detenidos sin juicio”, en una clara violación al debido proceso.

En la última semana, se documentaron “8 nuevas detenciones” y “7 excarcelaciones”, lo que refleja la naturaleza cíclica de la persecución política en el país, metodología siniestra denominada por el Foro Penal como “la puerta giratoria”.

La Misión de la ONU ha exigido al régimen de Maduro el cese inmediato de las desapariciones forzadas, clasificándolas como una práctica “perversa e ilegal” que forma parte de una política represiva orquestada desde las más altas esferas del poder. Según el organismo, estas acciones, junto con las detenciones arbitrarias y la tortura, podrían constituir crímenes internacionales.

Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha señalado que “el aislamiento e incomunicación de los detenidos son tácticas deliberadas para quebrar a los opositores y perpetuar el miedo en la sociedad”.

Tamara Suju, acaba de presentar su informe anual ante la Organización de Estado Americanos (OEA), allí demuestra con pruebas que, “La represión es sistemática y generalizada”. El informe documenta cómo “el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión como herramienta de control político y social, ejecutando crímenes de lesa humanidad tanto dentro como fuera de Venezuela, con el objetivo de anular la disidencia y silenciar opositores”.

El Instituto Casla, a cargo de Tamara Suju coloca a la vista las pruebas que sindican al régimen de Maduro de “tramar una Convergencia entre represión estatal y crimen organizado”.

La abogada Suju denuncia “la colaboración estructural entre el aparato estatal y el crimen organizado trasnacional, como el Tren de Aragua, para perpetrar violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos políticos, como el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile».

El centro de detención más emblemático de esta maquinaria represiva es “El Helicoide”, considerado el principal centro de torturas de Latinoamérica. Operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), este lugar se ha convertido en un símbolo del terror de Estado, donde los presos son sometidos a condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y torturas físicas y psicológicas.

Otros cuerpos de seguridad, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, también participan en estas prácticas, ejecutando detenciones sin órdenes judiciales y negando a los detenidos acceso a abogados o contacto con sus familias.

La Misión de la ONU ha denunciado la complicidad del sistema de justicia venezolano en estos abusos. El Ministerio Público, los tribunales ordinarios y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han actuado como engranajes de la impunidad, ignorando denuncias, rechazando recursos legales y bloqueando mecanismos de protección como el “habeas corpus”.

Esta connivencia asegura que los responsables de las violaciones queden impunes y que las víctimas permanezcan atrapadas en un limbo jurídico. Dispensenme que me refiera al caso particular, pero estimo que es de alguna manera emblemático. A mi me secuestro el régimen el 19 de febrero del año 2015. Los policías que ejecutaron esa maniobra no presentaron ni orden de captura ni de allanamiento de mi oficina. Derribaron la puerta con objetos contundentes.

No respetaron el debido proceso, ya que siendo Alcalde Metropolitano de Caracas tenía derecho a un “antejuicio de mérito”. Nunca se realizó. Me privaron de mi sagrada libertad por más de 1000 días y en ese lapso solo tuve acceso a una sola audiencia.

La persecución no se limita a ciudadanos venezolanos. Según Foro Penal, “72 presos políticos son de nacionalidad extranjera”, lo que evidencia el carácter expansivo de la represión.

Desde 2014, se han registrado “18.358 detenciones políticas” en el país, y aunque más de “14.000 personas” han sido liberadas tras recibir asistencia legal gratuita, más de”10.000 ciudadanos” siguen sometidos a medidas restrictivas arbitrarias, como presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país.

El Foro Penal, El Instituto CASLA y la Misión de la ONU coinciden en que estas cifras no son hechos aislados, sino parte de un “patrón sistemático” de persecución y criminalización diseñado para aplastar cualquier forma de disidencia.

Las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias son herramientas de un “terrorismo de Estado” que busca perpetuar el control de Maduro mediante el miedo y la supresión de derechos fundamentales.

El informe del Instituto CASLA detalla “nuevos métodos de tortura, como descargas eléctricas, asfixia, y violencia sexual, documentando al menos 16 nuevas incidencias que afectan a unas 35 personas. También identifica unidades clandestinas del SEBIN, como la Coordinación de Protección del Orden Democrático (CPOD), implicadas en estas prácticas”.

También se arrojan pruebas que señalan la “injerencia cubana, presentando evidencias de la participación del régimen cubano en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la formación de militares venezolanos en tácticas represivas y la supervisión directa de torturas por parte de oficiales cubanos”.

En un país donde la justicia está subordinada al poder político, las víctimas de estas atrocidades enfrentan un panorama desolador. La comunidad internacional, encabezada por organismos como la ONU, ha levantado su voz para exigir el fin de estas prácticas, pero la respuesta del régimen ha sido el silencio o la negación. Mientras tanto, lugares como El Helicoide, La Tumba.

Ramo Verde, Tocorón y la cárcel de Yare, siguen siendo testigos mudos de un capítulo oscuro en la historia de Venezuela, donde la libertad y la dignidad humana son sacrificadas en nombre del poder.

Pero la justicia está por llegar y será muy severa con los responsables de todos esos delitos y no valdrán excusas como la manida expresión “sólo cumplía órdenes”. Lo dejó nítidamente sentado el Instituto CASLA en su más reciente informe: “La Impunidad y responsabilidad de la cadena de mando señalando a figuras clave del régimen, incluido Nicolás Maduro, y aboga por la emisión de órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”.

antonioledezma.net

Sorprendido, zarandeado y desmoralizado, ha quedado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, una vez que se confirmó la espectacular fuga emprendida por los rehenes que estaban encarcelados en la sede diplomática de Argentina en la ciudad de Caracas.

Recordemos que en marzo de 2024, seis opositores venezolanos, todos vinculados al Comando Con Venezuela y 5 de ellos al partido Vente Venezuela de María Corina Machado, ingresaron a la residencia del Embajador de Argentina en Caracas, tras ser acusados por la dictadura de Maduro de “participar en actividades desestabilizadoras, específicamente un supuesto complot para atentar contra el presidente”.

Estos asilados fueron: Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero y el exministro Fernando Martínez Mottola, lamentablemente fallecido.

El gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, otorgó asilo político a estos opositores, reconociendo el riesgo que enfrentaban.

Sin embargo, las autoridades venezolanas negaron salvoconductos para que los asilados pudieran salir del país de manera segura, lo que generó un impasse diplomático. La Embajada de Argentina se convirtió en un refugio temporal, pero también en un punto de tensión, con reportes de vigilancia constante por parte de fuerzas de seguridad controladas por el ministro Diosdado Cabello, y cortes intermitentes de los servicios de agua potable, electricidad, alimentos y medicinas.

La verdad es que Maduro se colocaba de espaldas a los acuerdos internacionales que garantizan derechos para los asilados y los redujo a rehenes, al mismo tiempo que la sede diplomática fue trastocada en una cárcel de la que había que buscar la manera de fugarse y eso fue lo que hicieron estos héroes venezolanos.

Este es otro capítulo victorioso de los ciudadanos venezolanos que no han cesado de luchar, superando todo tipo de escollos y hasta los desalientos y frustraciones que, una que otra vez, han sido dirigidos para intentar desmontar el ánimo indispensable para perseverar ante una tiranía arbitraria como esa que jefea Maduro.

Hoy Maduro acusa este otro espectacular golpe cívico, que se suma al que le propinó nuestro pueblo el pasado 22 de octubre de 2023, haciendo posible la realización de la epopeya de la elección primaria en la que María Corina Machado salió airosa, dejando atrás el siniestro esquema mediante el cual el régimen controlaba las cartas de juego en el tablero de la confundida oposición.

Desde entonces, María Corina ha impulsado una estrategia que apunta a lo medular, lograr la definitiva libertad de Venezuela. Luego surgió el capítulo protagonizado por Edmundo González y ambos hicieron posible la hazaña del triunfo contundente del 28 de julio pasado que el dictador maduro pretende en robarse.

El “todopoderoso régimen” ha quedado “en pelotas” ante los ojos del mundo. Bien se sabe que la herramienta de la que se vale esa dictadura, para sostenerse en la usurpación de los poderes públicos, es su sanguinario aparataje policial, que ahora fue penetrado y por lo tanto burlado para hacer posible que los asilados lograran lo que ha sorprendió a un iracundo Maduro, que busca una explicación razonable entre sus más cercanos aliados.

Ellos no tienen nada creíble que decir. Tratan de instalar en el imaginario de la opinión pública una falsa narrativa que se ha desplomado por el propio peso de la mentira. ¡No hubo negociación alguna!

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que había asumido temporalmente la representación de los intereses argentinos en Venezuela tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Buenos Aires, confirmó que no se emitieron salvoconductos, reforzando la narrativa de una fuga no autorizada.

A esa declaración oficial del gobierno del presidente Lula da Silva, vale la pena agregar la de los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina, ambos solidarios con esta jornada de liberación, resaltando el carácter de “extracción exitosa de la misma”. Y no podía ser de otra manera.

Esas acciones forman parte del derecho y de la obligación moral de un ser humano víctima de un secuestro. Recuperar la libertad es su obligación. Además, lo hacen en terrenos de una tiranía en la que no se respetan los derechos humanos, no hay autonomía del poder judicial, y en donde las policías son pelotones que se disponen apara perseguir a los disidentes, esbirros que proceden amparados en un régimen bárbaro, perpetrador de crimines de lesa humanidad en el marco del tenebroso desarrollo de un Terrorismo de Estado.

Bufones del régimen, como Diosdado Cabello, “jefe” de los servicios de seguridad de la dictadura, han quedado contra la pared. Hoy, el arrogante y sarcástico Diosdado, es blanco del dedo acusador de sus propios socios de la corporación criminal que integran.

Han puesto a correr el ruidoso término de “culpable” de esa penetración de sus propios sistemas de inteligencia policial. Diosdado está descolocado. Intenta, infructuosamente, llevar este desastre que lo hunde en el fracaso, al terreno del humor en su parodia televisiva.

Insólitamente se cree capaz de imitar las habilidades de George Harris, de Emilio Lovera, de Laureano Marquez o de Rafucho, el maracucho. ¡Pero qué va! no tiene talento, sino demasiada maldad.

Por otro lado, María Corina luce adornada por la certeza. Habla y argumenta con la apreciable y firme convicción de que dice solo la verdad y toda la verdad. No deja espacio para incertidumbres, menos para la duda, porque cada frase que sale de su boca da lugar a la fe en sus palabras, como si estuviera reafirmando lo que es incuestionablemente real: “el sol sale todos los días”.

Anonioledezma.net@alcaldeledezma

En un mundo cada vez más interconectado, millones de seres humanos se ven obligados a emigrar, abandonando sus hogares en busca de seguridad y supervivencia. Las penurias que enfrentan los desplazados son inmensas, marcadas por la pérdida, el peligro y la incertidumbre.

Este artículo explora las razones detrás de este éxodo masivo —guerras absurdas, hambrunas y desastres naturales—, las consecuencias de estas migraciones forzadas y las medidas que debemos tomar para abordar tanto sus causas como sus efectos, incluyendo el desafío de controlar la xenofobia.

¿Por qué millones de seres humanos tienen que emigrar?

Los desplazados son personas que huyen de sus hogares debido a circunstancias extremas que amenazan su vida y su bienestar. Las principales causas de esta migración forzada son:

Nicolás Maduro ha devastado la economía nacional y ocasionado una catástrofe humanitaria sin precedentes.

Colapso Económico: La hiperinflación ha erosionado el poder adquisitivo, haciendo que bienes básicos sean inaccesibles para la mayoría de la población.

Crisis de Salud: El sistema sanitario ha colapsado, con un aumento en la mortalidad materna e infantil y la reaparición de enfermedades como el sarampión y la malaria, previamente controladas.

Crisis de servicios: En un país con inmensos recursos minerales e instalaciones que llegaron a deslumbrar al mundo, hoy acusa carencia de servicios de agua potable, luz eléctrica, gas doméstico y combustibles.

Otra calamidad la representa la inestabilidad política: La represión del régimen, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos han generado un clima de miedo e inseguridad.

Negación de la Crisis: La falta de reconocimiento oficial de la crisis por parte del régimen venezolano ha limitado la entrada de ayuda humanitaria, agravando la situación.

Por tales razones, más de 9 millones, según datos aportados por el “Observatorio de la Diáspora”, que dirige Tomás Páez, han salido del territorio venezolano

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del mes de mayo 2024, más de 120 millones de personas estaban desplazadas en todo el mundo, una cifra que refleja la magnitud de estas crisis.

El desplazamiento trae consigo una serie de desafíos que afectan profundamente a quienes lo viven: Pérdida de sus hogares, pertenencias y, en muchos casos, sus medios de vida, quedándose sin nada que los ancle a su pasado.

Muy grave son los terribles “Peligros en el camino” que acosan a los desplazados. Los viajes hacia la seguridad están llenos de riesgos, desde el tráfico humano hasta la violencia y el agotamiento físico. Así lo han relatado familias venezolanas que han padecido todo tipo de amenazas mientras atravesaban trochas en la frontera colombo venezolana y en la selva de Darién.

A esa tragedia se agrega que las condiciones precarias en campamentos o asentamientos temporales, las condiciones suelen ser inhumanas, con escasez de agua, comida y atención médica y no menos alarmante son las dificultades de integración, ya que al llegar a nuevos lugares, los desplazados enfrentan barreras culturales, económicas y lingüísticas, además de actitudes hostiles como la xenofobia.

¿Qué debemos hacer ante estas causas y sus consecuencias?

Para abordar este problema humanitario, necesitamos un enfoque global que ataque tanto las raíces del desplazamiento como sus efectos:

Es necesario “Prevenir las guerras”: La comunidad internacional debe priorizar la diplomacia y el diálogo para evitar conflictos armados, reduciendo así una de las principales causas de migración forzada.

No demorar en la implementación de acciones para “Combatir las hambrunas”: Invertir en seguridad alimentaria, apoyo agrícola y respuesta rápida a crisis climáticas puede ayudar a que las personas permanezcan en sus hogares. También “Mitigar desastres naturales” luchando contra el cambio climático, mediante la reducción de emisiones y la adaptación de comunidades vulnerables, es esencial para disminuir el impacto de estos eventos.

La “Asistencia humanitaria inmediata” a los desplazados que necesitan ayuda urgente: alimentos, refugio, agua y atención médica. Las organizaciones humanitarias deben contar con recursos suficientes para actuar.

Incentivar el “Fomento la integración”: Los países de acogida deben facilitar el acceso a la educación, el empleo y la vivienda para los desplazados, promoviendo su inclusión en la sociedad y aplicar sin contemplaciones los métodos acordados en instancias internacionales, que son jurídicamente viables, para abortar regímenes tiránicos que ejecutan crímenes de lesa humanidad, como es el caso específico de la tiranía de Nicolas Maduro en Venezuela.

¿Cómo controlar los brotes de xenofobia?

La llegada de desplazados a menudo despierta reacciones de miedo o rechazo en las comunidades de acogida. Para controlar la xenofobia, podemos: “Educar y sensibilizar”: Enseñar a las poblaciones sobre las razones del desplazamiento y las historias humanas detrás de él ayuda a reducir prejuicios y “Promover la diversidad”: Resaltar las contribuciones culturales y económicas de los desplazados fomenta una visión positiva de su presencia. “Proteger legalmente”: Implementar leyes contra la discriminación y garantizar los derechos de los desplazados es clave para su seguridad y dignidad.

Las penurias de los desplazados son un reflejo de crisis más amplias: guerras sin sentido, desigualdades, tiranías arbitrarias en un planeta en deterioro. Responder a este desafío exige acción concreta —prevenir conflictos, asistir a los necesitados y construir sociedades inclusivas— y un cambio de corazón para rechazar la xenofobia. Es hora de que gobiernos, organizaciones y ciudadanos trabajemos juntos por un mundo donde nadie tenga que huir para sobrevivir. La solidaridad no es una opción, sino una necesidad.

@Alcaldeledezma

Las desapariciones forzosas representan una de las violaciones más graves de los derechos humanos, un delito que implica la privación de libertad por parte de agentes estatales o grupos con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer el hecho o el paradero de la víctima, sustrayéndola de la protección de la ley. Este crimen, que tuvo un auge durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo XX, sigue siendo una realidad dolorosa en contextos contemporáneos como el de Venezuela.

A continuación, se compara la situación actual en mi país, con lo ocurrido en las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, destacando similitudes, diferencias y el impacto de la ausencia de separación de poderes en la justicia y el debido proceso.

Las Dictaduras del Cono Sur: Un Legado de Terror SistemáticoDurante las dictaduras militares de Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Brasil (1964-1985), las desapariciones forzosas fueron una herramienta clave del terrorismo de Estado. En Argentina, se estima que unas 30,000 personas desaparecieron, muchas de ellas secuestradas, torturadas y asesinadas en centros clandestinos como parte del «Proceso de Reorganización Nacional».

En Chile, bajo el régimen de Augusto Pinochet, más de 3,000 personas fueron desaparecidas, con casos emblemáticos como los «detenidos desaparecidos» documentados por la Comisión Rettig.

En Uruguay, aunque la cifra oficial es menor (alrededor de 200 desaparecidos), el impacto fue profundo en una población pequeña, y las desapariciones se vincularon al Plan Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas.

En Brasil, las desapariciones fueron menos masivas (alrededor de 400 casos), pero igualmente sistemáticas, dirigidas contra opositores políticos durante el régimen militar.

En estos países, las desapariciones forzosas se ejecutaron bajo un esquema centralizado y clandestino, respaldado por el control absoluto del poder militar sobre las instituciones. La falta de separación de poderes fue un factor determinante: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estaban subordinados al régimen, eliminando cualquier posibilidad de investigación independiente o

rendición de cuentas. El debido proceso fue inexistente; las víctimas eran detenidas sin órdenes judiciales, incomunicadas y, en muchos casos, eliminadas sin dejar rastro. La justicia, al estar cooptada, no ofrecía protección ni reparación.

Venezuela: Desapariciones Forzosas en un Contexto Autoritario Contemporáneo

En la Venezuela actual, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las desapariciones forzosas han resurgido como una práctica represiva, aunque con características distintas a las de las dictaduras del Cono Sur. Según organizaciones como Foro Penal, se registraron 200 casos en 2018 y 524 en 2019, con una tendencia a ser de corta duración (promedio de cinco días), eso no eclipsa la terrible tragedia de los seres humanos ejecutados extrajudicialmente por el régimen de Maduro, tal como ha sido denunciado y debidamente documentado con pruebas que resultan incontrovertibles.

Estas detenciones suelen involucrar a cuerpos de seguridad como el SEBIN o la DGCIM (escuadrones de persecución bajo el mando conjunto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello), y se dirigen a opositores políticos, activistas o ciudadanos críticos. Un informe de la ONU de 2019 señaló que estas

desapariciones son parte de una estrategia para «censurar opositores e infundir miedo», acompañadas frecuentemente de torturas y violaciones al debido proceso.A diferencia de las dictaduras clásicas, donde las desapariciones eran masivas y a menudo permanentes, en Venezuela predominan las de corta duración, posiblemente para evitar el escrutinio internacional que generan casos prolongados. Sin embargo, la esencia del delito persiste: las víctimas son secuestradas sin órdenes judiciales, mantenidas en secreto y negadas a sus familias, mientras el Estado evade responsabilidad. Ejemplos como el de Ariana Granadillo, detenida y torturada en 2018 por su vínculo con un opositor, ilustran esta dinámica. En la actualidad destaca el caso de Rafael Tudares yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, así como los centenares de disidentes, entre ellos calificados líderes adscritos al comando Con Venezuela, que están igualmente en situación de desaparición forzosa.

Similitudes y Diferencias

Las similitudes entre Venezuela y las dictaduras del Cono Sur son claras: en ambos casos, las desapariciones forzosas son un instrumento de represión política ejecutado por fuerzas estatales, con la intención de silenciar disidencia y generar terror.

La negación oficial del paradero de las víctimas y la ausencia de garantías legales también son un hilo conductor. Sin embargo, hay diferencias significativas. En las dictaduras, las desapariciones eran parte de un plan sistemático y masivo, a menudo coordinado regionalmente (como el Plan Cóndor), mientras que en Venezuela responden a un contexto de crisis política y económica, con un carácter más reactivo y menos estructurado. Además, las dictaduras operaban en un marco de Guerra Fría y control militar total, mientras que Venezuela pretenden mantener una fachada democrática que encubre prácticas autoritarias, mientras convocan elecciones cuyos verdaderos resultados no reconocen ni acataran.

Un punto común crucial es la erosión de la separación de poderes. En las dictaduras, los regímenes militares subsumieron al Poder Judicial, eliminando su independencia. En Venezuela, el control del Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial ha neutralizado cualquier posibilidad de supervisión o sanción a los perpetradores. Esto se refleja en la impunidad que rodea a las fuerzas de seguridad y en la falta de investigaciones creíbles sobre estos crímenes.

Conclusión: Sin Separación de Poderes, No Hay Justicia

La comparación entre Venezuela y las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil revela una verdad ineludible: donde no hay separación de poderes, no hay justicia, porque desaparece el principio del debido proceso. En los regímenes del Cono Sur, la fusión de los poderes bajo el mando militar anuló toda posibilidad de protección legal para las víctimas de desapariciones forzosas.

En la Venezuela contemporánea, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo perpetúa la impunidad y deja a los ciudadanos indefensos frente a la represión estatal. El debido proceso —que incluye el derecho a un juicio justo, a la defensa y a la transparencia— se convierte en una quimera cuando no existen instituciones independientes que lo garanticen. Así, tanto en el pasado como en el presente, la ausencia de checks and balances transforma a la justicia en un instrumento del poder, en lugar de un bastión de los derechos humanos.

La lección es clara: sin una separación efectiva de poderes, las desapariciones forzosas no solo persisten, sino que se normalizan, perpetuando un ciclo de violencia e injusticia.@Alcaldeledezma

El 7 de enero de 2025, a plena luz del día y frente a la mirada aterrada de sus dos hijos menores, Rafael Tudares Bracho fue secuestrado por funcionarios encapuchados del régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces, su esposa, Mariana González de Tudares, ha recorrido cárceles y centros de detención en busca de respuestas, enfrentándose una y otra vez a la misma respuesta fría y calculada: “Aquí no está”.

Esta es la Venezuela de los sátrapas. Un país donde la ley no protege, sino que persigue; donde la justicia no juzga, sino que encubre; donde el Estado, en lugar de garantizar derechos, los pisotea sin pudor.

El crimen de Rafael: ser yerno del presidente electo.

La desaparición de Rafael Tudares no responde a una causa judicial legítima. No se le acusa de delitos comprobables ni se le ha permitido una defensa adecuada. Su único “delito” ha sido ser yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia.

En una maniobra que recuerda las prácticas más oscuras de las dictaduras del siglo XX, el régimen de Maduro ha aplicado una represión por “contagio familiar”, una aberración jurídica con la que pretende castigar a la familia del presidente electo, imputando a Tudares por un supuesto “grado de complicidad” con su suegro. El principio universal de la responsabilidad penal individual ha sido anulado por el régimen, que ahora persigue a los familiares de sus adversarios políticos, usando el aparato del Estado como un mecanismo de venganza, se trata de más aberrante terrorismo de Estado.

Desaparición forzada: un crimen de lesa humanidad

La desaparición forzada de Rafael Tudares no es solo una violación a la Constitución venezolana, sino un crimen de lesa humanidad, tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El régimen ha violado abiertamente:

• El artículo 45 de la Constitución venezolana, que prohíbe expresamente la desaparición forzada.

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Venezuela ha ratificado.

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los Estados a garantizar el debido proceso.

• La Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

A Rafael se le ha negado el derecho a una llamada, a recibir visitas, a defenderse con un abogado de su confianza y a acceder a condiciones mínimas de dignidad humana. Incluso ha sido sometido a lo que el régimen llama “proceso de adaptación”, un eufemismo cruel para referirse a torturas físicas y psicológicas.

Una esposa y madre en pie de lucha

Mariana González de Tudares no solo enfrenta el dolor de una esposa que no sabe dónde está su esposo, sino la consternación de una madre que debe explicarle a sus hijos por qué su padre desapareció sin dejar rastro.

En cada cárcel visitada, ha sido testigo del drama de cientos de familias que, como ella, buscan a sus seres queridos secuestrados por el régimen. Su historia no es única. Es el reflejo de una maquinaria represiva que ha convertido la desaparición forzada en una práctica sistemática de control social.

“Tal vez me quedo corta en la descripción de todos estos hechos que he vivido”, dice Mariana en su denuncia pública. Su voz es la de miles de esposas, madres e hijas que siguen luchando por la libertad de sus familiares arbitrariamente detenidos.

Un llamado a la comunidad internacional

El caso de Rafael Tudares no puede quedar en el silencio. La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y los gobiernos democráticos del mundo deben ejercer presión inmediata sobre el régimen de Nicolás Maduro para que revele su paradero, garantice su integridad física y lo libere de inmediato.

La Corte Penal Internacional ya investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La desaparición forzada de Rafael Tudares es una prueba más de la naturaleza criminal del régimen.

Hoy, Mariana González de Tudares rompe el miedo y alza su voz. No es solo la lucha por su esposo, sino por todos los desaparecidos de Venezuela. Y es una advertencia al régimen: la justicia puede tardar, pero siempre llega. Venezuela es un país mutilado, donde la represión, la miseria y el abandono han sido convertidos en política de Estado. Pero los sátrapas que hoy se aferran al poder con torturas y desapariciones saben que su tiempo se agota. Pueden seguir sembrando terror, pero no podrán evitar que la justicia, más temprano que tarde, los alcance.

@Alcaldeledezma

La Venezuela paradisiaca que conocieron millones de europeos —especialmente de España, Italia y Portugal—, aquella república sudamericana que los latinoamericanos veían como el sueño por alcanzar, y ese país riquísimo que acaparaba la atención en foros mundiales donde se estudiaban los mejores escenarios para invertir, es hoy una paradoja. Un país con inmensas riquezas naturales se ha convertido en una de las naciones más empobrecidas, con altísimos niveles de riesgo y el dudoso honor de liderar la lista de países sin seguridad jurídica en el planeta.

Nicolás Maduro no puede ocultar, por más que insista en su relato falsificado, una verdad ineludible: este país inmensamente rico tiene a su pueblo pasando hambre. A continuación, algunos datos verificados por instituciones acreditadas reflejan esta preocupante realidad:

El estudio, basado en una muestra aleatoria de 1200 hogares (300 por municipio) con un 94% de confianza, empleó la metodología de pobreza multidimensional para evaluar carencias en educación, salud, empleo, condiciones de vida y acceso a servicios básicos. Los resultados muestran que el 86% de los hogares venezolanos vive en pobreza elevada. En medio de esta crisis, las remesas enviadas por millones de emigrantes venezolanos —principalmente hijos o hijastros, en un 50% de los casos— alivian las necesidades del 24% de las familias dentro del país.

Esta tragedia ocurre en una nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, las sextas de gas natural, las segundas de oro en América, y abundantes yacimientos de hierro, bauxita, carbón y diamantes. Venezuela también cuenta con un enorme potencial hidroeléctrico y termoeléctrico para generar energía limpia, zonas ideales para una agricultura productiva, paraísos turísticos y la capacidad de convertirse en un referente de la petroquímica y la industria metalmecánica.

Sin embargo, la clave para reconstruir y relanzar la economía venezolana está en la propuesta presentada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado el pasado jueves en la convención energética más importante del mundo, celebrada en Houston. Allí, nuestro presidente electo y nuestra vicepresidenta designada se comprometieron a transformar Venezuela en el Hub Energético de las Américas. Los puntos más destacados de su plan son:

Esta propuesta atractiva deja claro el rumbo que pronto tomará Venezuela.

Sin titubeo alguno, el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, caracteriza a Nicolás Maduro como “un dictador”. A eso se agrega la razón fundamental de la emisión de los carteles en los cuales se ofrece recompensa por su captura: “son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos”. Esa misma descripción hizo de Nicolás Maduro el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien en su estreno en esa responsabilidad, sostuvo una reunión con Edmundo Gonzalez Urrutia y María Corina Machado, el resultado de dicho encuentro fue dado a conocer por la propia oficina del Canciller estadounidense, reconociendo que “había conversado con el Presidente Legítimo de Venezuela y con la líder de la lucha de resistencia que mantenemos los ciudadanos venezolanos, con el propósito irrenunciable de hacer valer el resultado electoral obtenido, contra viento y marea, el pasado 28 de julio”. Esa misma declaración fue reiterada por Marco Rubio en su periplo inaugural por Latinoamérica, puntualmente en República Dominicana, en donde fue incautado otro de los lujosos aviones que utilizan los integrantes de esa corporación criminal que lidera Maduro.

Esa es la verdad inocultable que Maduro y sus operadores tratan de desvirtuar, pretendiendo hacer ver que la presencia en Venezuela del comisionado trumpista Richard Grenell, es la reedición de aquella sorprendente operación avalada por la administración de Joe Biden de la que sacó provecho el régimen madurista, cuando logró rescatar a sus parientes condenados por narcotráfico y a su testaferro Alex Saab, a cambio de liberar a unos ciudadanos estadounidenses que Maduro mantenía como rehenes. También consiguieron un alivio de las sanciones petroleras, previamente jurando que “respetarían y cumplirían los acuerdos suscritos en el diálogo de Barbados”. En esta ocasión la situación es diametralmente distinta. Ya no vimos en escena al gritón y desafiante Maduro, sino a un dictador que se esmeró en adornar con banderas de los Estados Unidos los espacios del Palacio de Miraflores, sin poder simular que tenía “el rabo entre las piernas”, con esa sonrisita neurasténica en la cara de un hombre rastrero y sumiso.

Ya sabemos lo que ha ocurrido. Maduro incumplió su palabra y consuma en la actualidad un golpe de Estado a la soberanía popular que sufragó a favor de Edmundo González Urrutia. Maduro desarrolla un diabólico Terrorismo de Estado, mientras facilita la ocupación de nuestro territorio por fuerzas militares propias y extranjeras con la descarada intención de mantenerse en el poder que usurpa, a costa de la paz y de la estabilidad de nuestro hemisferio.

Basamos este análisis en acontecimientos verificables en la realidad. Uno de ellos está en la promesa medular de Donald Trump de garantizar la seguridad de sus connacionales. Es un hecho absolutamente cierto que en Colombia ha crecido el número de hectáreas en las que se siembra la hoja de coca. También que desde el territorio venezolano siguen saliendo, con rumbo a EEUU y hacia Europa, inmensos cargamentos de cocaína. Fue por eso que en su primera administración el presidente Donald Trump dispuso establecer un cerco antinarcóticos, porque estaba al tanto de cómo, desde el territorio venezolano, se despachan cargamentos de cocaína hacia espacios estadounidenses. Ese tráfico se ha incrementado considerablemente desde el año 2020. También fue en ese anterior mandato de Donald Trump, cuando se publicitaron los avisos ofreciendo recompensa por la captura de Maduro y algunos de sus socios, al relacionarlos con las prácticas propias del crimen organizado.

Las sangrientas confrontaciones que se están dando en la franja del Catatumbo-territorio entre Colombia y Venezuela-obedecen a una disputa entre las facciones narcoguerrilleras del Ejército de Liberación nacional (ELN) y las agrupaciones disidentes de las Fuerzas Armadas de Cooperación de Colombia (FARC), que pugnan por el control de ese diabólico negociado que genera no menos de 6.000 mil millones de dólares, traficando entre 300 y 350 toneladas de cocaína y manejando sembradíos-solo en ese ámbito del Catatumbo-que superan las 54.000 hectáreas de hojas de coca. Ante esa tragedia retumban las denuncias formuladas por el Comandante del Estado Mayor Central de las FARC de Colombia, Alexander Diaz Mendoza, más conocido como “alias Calarcá Córdoba”, acusando a militares obedientes a Maduro que “se prestan a atacar la infraestructura de las FARC, para favorecer a las facciones del ELN”.

No menos significativo es el hecho cierto de que en las oficinas de identificación de Venezuela, se documentan a piezas del terrorismo internacional encubiertos por la administración madurista. Esas pruebas fehacientes las mostró públicamente la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Eso es, aunado al creciente narcotráfico, sin lugar a dudas, una seria amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental, que ha prometido resguardar el recientemente reelegido presidente Donald Trump. Al mismo tiempo en territorio venezolano se ha instalado un santuario para estos grupos terroristas como las FARC, ELN, Hezbolá y Hamas. No menos significativo es el entramado geopolítico que sostienen con Rusia, China e Irán.

Otro drama humanitario lo representa el flujo migratorio. Desde que Nicolás Maduro, el pasado 29 de julio, protagonizó el fraudulento acto de proclamación para presentarse como presidente reelecto, las oleadas de seres humanos tratando de ponerse a buen resguardo, siguen atravesando las trochas ubicadas entre la frontera colombo venezolana, o buscando establecerse en territorio de Brasil o desafiando el infierno que representa la Selva de Darién. Debe tenerse muy en cuenta que este drama humanitario se intensificará, tanto y en cuanto Nicolás Maduro logre establecerse definitivamente como dictador en Venezuela. Si, por el contrario, Edmundo González y María Corina Machado asumen la transición en Venezuela, no será menester realizar deportaciones, ya que los venezolanos en la diáspora comenzarán a retornar voluntariamente a nuestro país.

Desde Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, no han disimulado su empeño en acoplar bandas peligrosísimas con mucho poder de fuego, como las Bandas del Tren de Aragua y otras tantas articuladas por la dictadura venezolana que operan en territorio de Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y con las organizaciones delincuenciales que controlan la llamada Triple Frontera desde el Perú. Ellos son los autores intelectuales del sicariato que segó la vida del Teniente Ojeda en Chile. Ellos son los capos de esas bandas. Basta con ver el regocijo de Diosdado Cabellos “dándole la bienvenida” a los deportados desde Estados unidos, todos muy sonrientes. Nadie en su sano juicio expresaría felicidad, retornando al país que todos amamos, pero sabiendo que la tragedia humanitaria que los aventó al destierro sigue vigente y con tendencia a agravarse.

Es justo advertir que “no pueden pagar justos por pecadores”, la inmensa mayoría de los venezolanos desterrados son gente decente, trabajadora, que produce riquezas, que paga sus impuestos, que se esmera en dejar bien parado el gentilicio venezolano. Los ciudadanos venezolanos que han tramitado su asilo, que han gestionado su respectivo TPS, en capacidad de demostrar que, si son colocados en las garras del régimen madurista, sus vidas y su sagrada libertad estarán en riesgo, esos miles de venezolanos merecen un tratamiento especial por parte de las autoridades de los países en los que se han resguardado, incluido los EEUU, que ha suscrito el Convenio de Protección del Refugiado, cuyo estatuto-artículo 33-establece que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad por causa de su raza, posición política, religión, corra peligro…”.

También con Maduro en el poder continuará la explotación de minerales como el oro y otras materias primas que son usufructuadas, sin reparar en el inmenso daño ecológico que le ocasionan al territorio correspondiente al Arco Minero venezolano, que representa el 12.5 % del territorio nacional. También la continuación de Maduro equivale a que la economía venezolana seguirá en bancarrota y ningún acreedor, incluido los tenedores de bonos ni los chinos, podrán recuperar un céntimo de sus respectivas acreencias.

Venezuela cuenta con significativas reservas probadas de hidrocarburos. Bien se sabe que, sin seguridad Jurídica y sin una nueva ley de Hidrocarburos que retome el esquema de la Apertura Petrolera, ni Estados Unidos podrá recibir en la Costa del Golfo el crudo extrapesado que posee Venezuela, ni los países del Caribe recibirán beneficio solidario alguno. Los yacimientos gasíferos, de los más grandes del mundo (La Perla y Dragón), y los pozos petroleros seguirán dormidos, ante un régimen que no ofrecerá jamás atractivos ni incentivos para retomar esos programas de explotación, que hagan de Venezuela el hub energético que aspiramos construir y en el cual podrán jugar un rol fundamental todas las empresas interesadas en formalizar negocios legales, seguros y transparentemente con Venezuela.

En conclusión, para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestro hemisferio, se hace indispensable desatar y resolver esos nudos antes citados. Eso implica liberar a Venezuela de esta tiranía. No hay de otra.

Antonio Ledezma, Coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia.

A continuación presento las diez razones por las que los gobiernos comprometidos con la democracia, la libertad, la justicia, la paz y el progreso de los pueblos que representan, deben contribuir a liberar a Venezuela del régimen dictatorial que pretende burlar la soberanía popular puesta de manifiesto el pasado 28 de julio.

Observadores de todas partes del mundo estudian esos malísimos desempeños y ven en el modelo implantado por Chávez y ahora por Maduro, el espejo para tener en cuenta lo que no se debe hacer. Para sacar a la gente de la miseria, en la que está postrada actualmente, y para poder remediar la colosal deuda externa que pesa sobre la nación venezolana, es menester que Maduro abandone el poder que usurpa, admita su derrota y facilite la transición ordenada, inclusiva y pacífica que han propuesto María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia. De lo contrario, la tragedia humanitaria se agudiza, y la crisis financiera y económica se acrecentará y hará imposible saldar cuentas pendientes asumidas por la Nación con los acreedores.En estos 25 años se han despilfarrado, robado y reglado más de mil millones de millones de dólares. Ha sido una estruendosa orgia financiera, Las divisas obtenidas por el país, por concepto de la renta petrolera, no se invirtieron en el país para beneficiar a los venezolanos y apuntalar el desarrollo integral de la nación. Además, comprometieron a la nación con una gigantesca deuda externa y esos dineros también fueron pasto fácil de las corruptelas que han imperado en estos cinco lustros de autoritarismo. De continuar Maduro usurpando las instituciones públicas se prolongará esta grotesca ola de corruptelas, nunca rendirán cuentas de sus actos y se utilizaran esos dineros para financiar las andanzas de las elites corrompidas.

Cuando María Corina Machado nos convocó a todos los venezolanos a hacer posible que “el miedo nos tenga miedo”, se estaba refiriendo al miedo que representa el maleficio del eje del mal. No debemos abrigar la más ínfima duda de que es Maduro el que personifica esa malignidad.

Ese miedo que lo induce a cometer crímenes de lesa humanidad. Esa turbación que lo atrapa en la desconfianza que reina en esa corporación patibularia, en la que todos sus integrantes no pueden esconder las perplejidades que rebosan entre sí, el miedo que agita el agua sucia en la que chapotean, nada más por estar al corriente de que “son caimanes del mismo pozo”.

Es el miedo que Diosdado siente, mascullando en sigilo, que Maduro, en cualquier momento, lo utilice como ficha de cambio para salvar su pellejo y el de su prole, incluida “la combatiente”.

El miedo que los hermanos Rodríguez acusan, con inocultables espasmos, con solo pensar que, tras bastidores, el Ministro de la Defensa “perpetuo», entregue sus cabezas en bandeja de plata, mientras pone a salvo sus manchados soles de oro. Ese es el miedo que cunde por las ruinas de esa descalabrada revolución que perdió su encanto y desdibujó su efímera épica ahora trastocada en decepción.

Ese sentimiento perverso de miedo ya lo hemos derrotado cuando hicimos las elecciones primarias, superando todas las trabas y maniobras puestas en marcha por Maduro y sus socios y normalizadores.

Esa vez vencimos a los que encarnaban el miedo que les infundía saberse, de antemano, perdedores en esa consulta que María Corina ganó con sobrada ventaja.

Seguidamente, derrotamos ese miedo que los incitó a inhabilitar a María Corina, rumiando que sacándola de la competencia tendrían la ronda de la trampa despejada. Se equivocaron y lo saben. Por eso el miedo los sacudió.

Entraron en modo iracundo, sobre todo cuando postulamos un candidato unitario, Edmundo González Urrutia, quien, junto a María Corina, movilizaron a un pueblo que despuntó y protagonizó la hazaña de superar las barreras del miedo que el régimen había colocado en la ruta electoral, pensando que impediría que la ciudadanía fuera capaz de salir a votar masivamente el pasado 28 de julio.

Maduro es, sin duda, el miedo a vencer. Maduro lleva encofrado en su temblorosa humanidad ese sentimiento que descubre a los cobardes que no pueden con el peso de esa expiación imperdonable.

Lo admirable es que la ciudadanía ha logrado hacerle morder el polvo de la derrota apelando a su coraje indescriptible. Mujeres y hombres provenientes de todos los sectores del país, han demostrado que sí era posible provocar a Maduro y a sus esbirros ese pánico que los convierte en seres desquiciados y por lo tanto peligrosos, ya que arremeten con esa furia propia de los asustadizos que se valen de las acciones propias de la brutalidad.

De allí las detenciones arbitrarias en masa. Por eso la amenaza desvergonzada y sanguinaria del “baño de sangre”. Saben que perdieron y pretendieron ocultar el miedo a admitir la capitulación, con la ramplona servilleta con que el bufón Elvis Amoroso ensayó la guasa de hacerla pasar por acta de proclamación, aquella triste célebre madrugada del 29 de julio.

En contraste con ese miedo que describe a los salvajes, oscila el miedo natural que experimentamos los seres humanos cuando nos encontramos frente a una percepción de brusquedad que nos muestra un peligro cierto o imaginario, como ese embotamiento que nos condujo a descartar las advertencias que oportunamente nos hacían a los venezolanos, cada vez que nos prevenían de que “íbamos camino a sufrir lo que ya venía padeciendo el pueblo cubano”. Ahora estamos escarmentando esa torpeza.

Maduro tiene miedo de perder el poder que usurpa y que lo usa para escudarse del repudio colectivo que exige que abandone desde ya ese mando. Su miedo es propio de los que no tienen razón.

Miedo a la libertad de expresión, miedo a la opinión libre y soberana de los ciudadanos, miedo a tener que rendir cuenta de sus actos indebidos y un nebuloso miedo a quedarse perdido en la soledad de sus miserias.

Sobre esta situación en Venezuela los líderes de la comunidad internacional deberían sentir miedo de que el mecanismo del voto en elecciones libres se desprestigie, a tal punto de que se concluya que de nada vale participar en procesos electorales, si luego mandatarios de estirpe autoritario impondrán sus tentaciones dictatoriales.

En cambio, el miedo que congrega y activa a la gente, es esa sonora alarma que desata el solo hecho de pensar que estaríamos condenados a sobrevivir bajo una feroz dictadura.

El miedo a perder el futuro, a continuar hundiéndonos en este abismo de infortunio y resignarnos a descartar la posibilidad de volver a vivir reunificados en familia. En definitiva, esta es una lucha entre el bien y el mal. Ya estamos claros en que esquina se ubica el miedo de cada cual.

@Alcaldeledezma

Los venezolanos que exigimos justicia, para que no queden impunes los miles de crimines de lesa humanidad perpetrados por funcionarios del régimen chavomadurista, a lo largo de estos 25 años de barbarie, nos resulta demasiado lenta la tramitación de los fallos que hemos venido solicitando ante la Corte Penal Internacional. No nos animan sentimientos vengativos, eso lo hemos explicado, una y otra vez, cada vez que acudimos a cualquier instancia internacional, o cuando participamos como expositores o relatores de todas las atrocidades cometidas.

En las más recientes diligencias puestas en marcha, como la efectuada cuando un grupo de ciudadanos acudimos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el pasado lunes 18 de noviembre del presente año, escuchamos de voceros de algunas fuerzas políticas representadas en ese foro, argumentos como el que se fincaba en “el inconveniente de no interferir en la autonomía de la Corte Penal Internacional”. Ese mismo silogismo se percibió de labios de parlamentarios que forman parte del Congreso de Diputados de España, el día 10 de diciembre, después que la brillante exponente de la tragedia venezolana, Cayetana Álvarez de Toledo desplegara su tesis titulada “Yo Acuso”, que le permitió detallar, en pocos minutos, la hilera de violaciones de los más elementales derechos humanos de ciudadanos venezolanos, pero también de origen español, portugués, Checo, italiano, estadounidenses y argentino.

Para despejar cualquier duda que se pudiera haber desprendido de esos razonamientos o excusas, para negarse a acompañar nuestra lucha, quiero traer a colación algunos testimonios dados a conocer recientemente por expertos en el tratamiento de esta materia tan delicada que ocupa nuestra atención y nos motiva a redactar esta crónica.

Tenemos la reacción de un prestigioso jurista que ha consagrado buena parte de su carrera a defender o a ventilar los temas relacionados con los derechos humanos. Se trata del Dr. Claudio Grossman, quien resolvió separarse de la Corte Penal Internacional, como una forma de quejarse, después de concluir que se evidencia una delicada e injustificada anomalía, por lo que considera un fracaso injustificado del fiscal de dicha corte, a la hora de “acusar a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad”.

Claudio Grossman, oriundo de Chile, con una rutilante carrera académica, que comprende haber sido exdecano de la facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asumió la responsabilidad como asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, a partir del año 2021, tarea que cumplía cabalmente sin percibir remuneración alguna, simplemente lo animaba la sublime aspiración de poder asesorar al Fiscal Karim Khan, sobre la creciente escalada de violaciones de los derechos humanos en Venezuela y su deseo de que se hiciera justicia oportunamente. En un rotundo mensaje enviado a Khan, Claudio Grossman precisa que “sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el gobierno de Maduro continúa cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, sin que haya ninguna acción por parte de la CPI”.

El calificado jurista Claudio Grossman es del criterio de que “ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”.

Otra reacción en ese mismo sentido la asumió la abogada principal de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, la jurista italiana Paolina Massidda, que compartió en un evento público realizado en Madrid, su personal criterio de la importancia que tiene ejercer “la presión política internacional y del ‘coraje’ de las víctimas de la represión en Venezuela que puedan prestar su testimonio para dar impulso a la causa abierta por los presuntos abusos cometidos en la Venezuela”. Posteriormente la Dra. Massidda confeso públicamente su preocupación por el retardo que se observa en la tramitación de las denuncias y la correlativa aplicación de sanciones para los responsables de las violaciones articuladas en la causa que se inició a raíz de las movilizaciones opositoras de 2014, causa a la que se suman los expedientes que contienen las pruebas de las recurrentes violaciones acontecidas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio”.

Otro hecho significativo lo protagonizó el expresidente colombiano Andrés Pastrana, acudiendo el 6 de septiembre del presente año a la sede de La Corte Penal Internacional en La Haya, asistido del letrado español Blas Jesús Imbroda y actuando en representación de 32 exmandatarios de diferentes nacionales, para consignar un documento en el que se solicita la aplicación, sin mayores demoras, de las medidas correspondientes según el estatuto de Roma, contra el dictador Maduro y sus colaboradores, por los métodos represivos contra la población y la persecución política a líderes sociales. Se trato de una diligencia inédita, tal como la evaluaron los medios internacionales, partiendo del hecho cierto de que “nunca antes un grupo de expresidentes de diferentes nacionalidades ha recurrido a esta instancia contra un gobernante, en este caso Maduro, considerado un dictador por sus métodos represivos contra la población y la persecución política a líderes sociales”.

En conclusión, la verdad es que nadie está interfiriendo en la autonomía de la CPI, lo que se pide es celeridad para contener la masacre que continua ejecutando Maduro y sus cómplices. También ya ha quedado más que claro que es una quimera esperar que los funcionarios que fungen como fiscal o como jueces en Venezuela, que no son más que piezas del aparato represivo que le sirve a los fines persecutorios de Maduro, “hagan justicia”. Por lo tanto,  resulta una necedad alargar la discusión sobre “la aplicación al caso del principio de complementariedad, que es el que establece que la Corte Penal Internacional solo puede ejercer jurisdicción cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos”.

@AlcaldeLedezma

Un buen padre de familia está llamado a presidir la faena de forjar familia teniendo la verdad como blasón. Ser garante del bienestar del hogar que preside, implica asumir las responsabilidades que aseguren el mejor destino y la superior suerte de sus tutelados.

De allí que los venezolanos deben saber la verdad y solo la verdad de la dimensión del desastre que deja a su paso esta postiza revolución que acumula 25 años destrozando uno de los países más ricos y hermosos del planeta Tierra.

De allí que si de algo debemos estar persuadidos, es de que Edmundo Gonzalez Urrutia debe proceder como la antípoda del falso mesías que emprendió esta incursión que nos deja una Venezuela deshecha en todos los ámbitos.

El compromiso de Edmundo González y de María Corina Machado es el de asumir el liderazgo que haga posible alzar al país de esos escombros en los que hoy sufre atrapada en medio de tantos desconciertos.

No tengo duda alguna de que nuestro país, con un pueblo esperanzado, derrochando valentía, aplomo y distinguido por un auténtico patriotismo, tal como no los enseña el mito del Ave Fénix, se levantará de sus cenizas, saludable y pujante, una vez emprendido ese trance de la regeneración que conducirán ambos, eso sí, con el indispensable concurso de todos los ciudadanos dispuestos a dar sus contribuciones y ofrendar sus sacrificios, para que tal resurrección se verifique en el corto, mediano y largo plazo.

Para poder cumplir esa misión regeneradora, se ha elaborado el Plan Tierra de Gracia con el concurso ordenado y sostenido de decenas de ciudadanos preparados y comprometidos entusiastamente con esa labor.

Se comienza por el diagnóstico fidedigno de la tragedia a resolver. De allí que se ha cuantificado el saqueo ejecutado por esa banda delincuencial que ha secuestrado las instituciones del país, en más de un millón de millones de dólares, entre los años 1999 y 2019.

Esa orgía de robos y derroches ha continuado, de tal manera que, el monto del presupuesto aprobado para el año entrante por la domesticada Asamblea Nacional, equivale a un presupuesto de 22.662 millones de dólares, una suma inferior a los más de 23.000 millones de dólares que se raspó el defenestrado ministro de petróleo Tareck El Aissami.

Hace 20 años, el 70% de los venezolanos pertenecía a la clase media y menos del 25% era pobre; para la fecha que corre, como consecuencia de la debacle económica, el 82% de la población lucha por sobrevivir en la estrechez de la pobreza y otro porcentaje de seres humanos son acorralados por una espeluznante miseria.

La explosión de esa pobreza extrema, aunada a la crisis de servicios, la inseguridad y la persecución política, se hace sentir en la gigantesca diáspora que ha despedazado los núcleos de millones de familias. Ese es el quebranto más sensible, porque toca las fibras sentimentales de un pueblo acostumbrado a crecer bajo la sombra del afecto entre los seres más queridos.

Los venezolanos tenemos el sublime hábito de pedirle la bendición a nuestros padres, abuelos y padrinos. Es parte de esa afabilidad con que asumimos la vida, con fe, ilusiones y guiados por emociones de concordia.

En los informes elaborados por los especialistas, se indica que el tamaño de la economía venezolana era para el año 1999, de más de 100 mil millones de dólares, cifra que, de haberse mantenido el ritmo de crecimiento que se observaba en ese lapso, debería ser para este año 2024 de por lo menos 700 mil millones de dólares nominales.

La desdicha es que no pasamos de los mismos 100 mil millones, pero devaluados y menoscabados por los efectos inflacionarios.

La verdad es que pulverizaron nuestro signo monetario; desacreditaron el Banco Central de Venezuela; desplomaron nuestra industria petrolera y gasífera, por eso no hay gasolina, ni gasoil ni gas doméstico; demolieron el emporio industrial acoplado en la CVG; revirtieron los extraordinarios avances en los sectores educativos y de salud; destruyeron la infraestructura vial, colapsaron el sistema eléctrico, desatendieron el mantenimiento de acueductos y plantas de tratamiento de agua cruda; abatieron miles de empresas agropecuarias; pasamos de ser un Estado de derecho a un narcoestado, con funcionarios que aplican un mafioso terrorismo desde las menguadas instituciones sometidas por la dictadura de Maduro; no se respeta la libertad de expresión ni el derecho de propiedad y las cárceles están abarrotadas de presos políticos, al extremo de superar la cantidad que se registran en Rusia, Cuba o Nicaragua.

Para conjurar esos males ya se cuentan con los planes apropiados, incluso para producir respuestas y soluciones tempranas, con vistas al corto y mediano plazo, activando medidas contempladas a partir de los primeros cien días.

También se cuenta con el talento humano llamado a asumir ese titánico cometido. Partiendo del hecho cierto de que no será una gestión a cumplir sin que sea menester asegurarnos del concurso de todos los mejores ciudadanos. Igualmente, estamos persuadidos de las dificultades monumentales a superar, ya que Edmundo González recibirá un país descalabrado por los cuatro costados.

Él, afortunadamente, no es populista, es ajeno a la demagogia, no tiene ínfulas de sabelotodo y está muy lejos esta de simular poseer los dotes de un quimérico iluminado.

La médula de nuestro Plan Tierra de Gracia es que Venezuela cumpla su sueño de convertirse en un país que produzca riquezas con el esfuerzo de todos, para dejar atrás la pobreza, mientras ascendemos socialmente con ciudadanos más independientes, creadores, capacitados, responsables, con valores y principios democráticos, ensanchando los predios de la clase media.

Haremos posible la Venezuela como República Federal, liberal, democrática, moderna y próspera. Para avanzar por esa senda será indispensable un ambicioso modelo de educación como el buque insignia que navegue a ese futuro que no se hereda, sino que es menester construirlo, paso a paso, con la participación de todos los venezolanos, incluidos los que ahora estamos en el destierro.

Remediar para siempre las prácticas nocivas de la corrupción, los malos hábitos del clientelismo político, y desmontar el dañino mito de que “somos ricos porque tenemos petróleo”, serán compromisos ineludibles a cumplir para poder inaugurar un ciclo en el que pongamos en marcha las lecciones aprendidas, incluidas las que nos deja esta tragedia que no podrá ser estéril en ese sentido.@AlcaldeLedezma

Mientras Edmundo González Urrutia se desplaza por el mundo, narrando la épica protagonizada por millones de venezolanos el pasado 28 de julio y haciendo valer la verdad comprendida en cada una de las actas que dan cuenta de su categórico triunfo, y María Corina Machado resiste en la clandestinidad, dentro del territorio nacional; otros voceros, en representación de una microscópica minoría, le hacen el juego a esa corporación criminal que pretende desconocer la voluntad soberana de nuestro pueblo.

Sus fines inconfesables son distintos a los que apostamos a ese histórico triunfo, a los que defendemos la libertad plena y buscamos recuperar la extraviada democracia y reencontrarnos en los núcleos familiares, al día de hoy desgarrados por los efectos de esa catástrofe humanitaria que tiene su falla de origen en aquellos espejismos frustrados, que a su vez se suscitaron por las ofuscaciones que irradiaba el populismo de Hugo Chávez Frias.

Los intereses de pocos no pueden suponerse al interés de muchos, o más vale decir, de todo un pueblo que lo da todo, incluso su vida, por levantar de la desgracia a su patria entrañablemente amada.

Las motivaciones de esos jóvenes que salieron a reclamar su derecho a vivir en libertad, o de esos miles de testigos de mesas de votación, y que ahora están confundidos con presos comunes, en cárceles de alta peligrosidad en Venezuela, son diametralmente opuestas, a los móviles de los que andan en misiones especiales, que se limitan a librar “batallas lobistas” para hacer efectivos sus bonos, sus marginales negocios petroleros o de cualquier índole, o simplemente preservar esa limitadísima zona de confort en la que son prisioneros de un régimen que, por ahora, les ha pospuesto la correspondiente ejecución, pero que en cualquier parpadeo los convierte también en víctimas de sus despotismos.

Se trata de la puesta en escena de los mismos mecanismos de distracción, de un Nicolás Maduro, hoy más que nunca temeroso por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y, en consecuencia, angustiado por la posibilidad cierta de que se reactiven acciones que procuren garantizar “la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”, tal como lo ha prometido a lo largo de su victoriosa campaña electoral, el reelecto presidente del “imperio gringo”, como le place llamarlo al cleptócrata que encabeza la narcotiranía cívico-militar en Venezuela. Pues bien entiéndase que las razones que llevarían a Donald Trump a actualizar su original medida de instrumentar un cerco antinarcótico en las adyacencias de Venezuela, tienen su epicentro en esa promesa que despertó la confianza de los electores de su país que terminaron votándolo masivamente: “garantizar la seguridad de los estadounidenses”.

Veamos algunos escenarios totalmente valorados y comprobados:

El tráfico de drogas se ha incrementado a partir de que Donald Trump entregó la presidencia de EE. UU. a su sucesor Joe Biden. Instituciones como La Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) dan cuenta de la propagación de los cultivos de la hoja de coca en Colombia, así como de la escandalosa producción y tráfico de estupefacientes desde territorio venezolano hacia los predios de los estados Unidos de Norteamérica.

Es lógico concluir que mientras continúe ese apogeo delictivo, sería una ingenuidad imaginar, siquiera, que con Maduro en el poder se desplomaría ese diabólico negociado. Si de algo no veremos pecar a Donald Trump es de candidez, él sabe que Maduro está enmarañado con el crimen organizado para sostener un armazón económico, en el que gravitan todas las modalidades de la corrupción que evaporó las melifluas proclamas ideológicas de esa impostura revolucionaria.

Por otra parte, los estadounidenses han padecido los sufrimientos de los letales ataques terroristas. Han sido muchos los daños materiales, humanos y espirituales ocasionados. Pues bien, esos planes siguen vigentes por parte de los conclaves que auspician esos endemoniados disparates.

Resulta que Maduro es un aliado fanatizado de los que propugnan el terrorismo como forma de llevar adelante esos perversos planes. Una demostración fehaciente que, seguramente tiene en sus manos el presidente Trump, es la información certificada por la Secretaria de Inteligencia del Estado Argentino (La SIDE), dada a conocer por la ministra del gobierno del presidente Javier Milei, Patricia Bullrich, al confirmar que, “Hussein Ahmad Karak, cabecilla de Hezbollah en Latinoamérica, señalado como la principal figura del grupo extremista en la región, fue documentado ilegalmente en las oficinas de identificación controladas por la dictadura de Maduro”.

Me pregunto: ¿pueden estar seguros los estadounidenses, sintiendo la respiración en sus nucas de esas bandas terroristas y delincuenciales refugiadas en Venezuela y protegidas por Maduro?

Otro tema que tratan de colocar con sus acomodaticios relatos, es el que indica que “Maduro acordara con Donald Trump, su disposición a facilitar el suministro de petróleo a EE. UU. y aceptar vuelos de deportación de venezolanos, suspendidos tras el final de las negociaciones con Biden y los suyos”.

Lo primero a traer a colación, es que Maduro se vaciló a la administración Biden, arrancándole a la justicia de ese país, a sus dos narcosobrinos y a su testaferro de oro, y después se burló de los acuerdos suscritos en el diálogo de Barbados. Con relación al tema petrolero, la verdad es que mientras no haya garantías de seguridad jurídica, como las que ha abonado Javier Milei a los inversionistas atraídos por el peculiar proyecto petrolero de Vaca Muerta en Argentina, las empresas de ese ramo seguirán limitadas en Venezuela, a inversiones marginales con el consabido rédito igualmente marginal. ¿Quién está en capacidad de reedificar las bases de un Estado de derecho pleno? Edmundo González Urrutia.

Mientras tanto, Estados Unidos, gracias a sus incursiones con la fórmula fracking, lidera el ranking como primer productor de crudo, por encima de Rusia, Arabia Saudita, Canadá, Irak y China. ¿Se arrodillara Donald Trump ante el dictador Maduro, por unas chispas de petróleo que le llegaran a través de la empresa Chevron? De verdad que no lo creo.

Con relación a las deportaciones masivas para enfrentar los traumas derivados del alto flujo migratorio, la conclusión incuestionable es que se trata de un fenómeno que persistirá mientras Maduro siga enquistado en el poder que usurpa; con Maduro hundiendo al país y a su gente en la miseria, no se detendrá esa hemorragia de seres humanos.

Los podrán deportar y de seguro reincidirán en la manera de volver a salir por trochas o por selvas intrincadas. ¿La solución? Que Edmundo González Urrutia asuma el poder, decrete un “Vuelvan Caras” y, sin necesidad de deportaciones, millones de venezolanos retornaran progresivamente a la patria, de manera voluntaria y entusiasta. Otra cosa son los desadaptados, una pírrica y vergonzosa representación que desvirtúa nuestro genuino gentilicio.

A esos habrá que someterlos al imperio de la ley, que solo brillara bajo una administración garantista en donde prevalezca la justicia con equidad, con acceso a un debido proceso y sostenible gobernabilidad.@AlcaldeLedezma

La persecución contra María Corina Machado responde a una obsesión por parte de los capos del régimen que mantienen secuestradas las instituciones venezolanas. Puedo dar fe de que todos esos acosos responden a una manía de vieja data, suman más de dos décadas de acoso, que suman agravios verbales, agresiones físicas y medidas judiciales que buscan paralizar sus acciones dentro y fuera del país.

A María Corina le arrebataron malamente su fuero parlamentario, antes la habían golpeado salvajemente dentro del hemiciclo legislativo, ante la mirada cínica de un Diosdado Cabello que no ocultaba su éxtasis, mientras miraba embelesado, por su odio congénito, como sus activistas cumplían la sucia misión de ultrajar a esa mujer que supo sobreponerse a esa escalada. No le perdonaban que María Corina se atreviera a denunciar la conducta antipatriótica de Chávez y de Maduro de ceder nuestros derechos y soberanía en el esequibo venezolano. No le perdonaban que María Corina se atreviera a decirle de frente a Hugo Chávez,  que “expropiar es robar”, al momento de enrostrarle de pie, cara a cara, en el salón de sesiones del Palacio Federal, la escalada expropiatoria que Chávez estaba promoviendo como parte de su nefasto Plan del Socialismo el Siglo XXI. 

A María Corina le están facturando su consistencia política, sus definiciones ideológicas que no dan lugar a tornasoles ni a posturas camaleónicas. Le cobran esa tenacidad y constancia que la muestran como una mujer con ideales que le sirven para saber por dónde desplazarse, marcándole rumbos definidos a los venezolanos que creen en sus postulados.

María Corina es la mujer corajuda que no teme a las amenazas, que sabe la dimensión de los riesgos que se le asoman con la intención de detenerla en ese avance que no ha frenado sino que más bien acelera sus pasos para poder haber llegado hasta donde nos encontramos ahora.

Para la dictadura de Maduro, María Corina es una gigantesca roca en sus desgastados zapatos. Es la mujer que se ha mantenido luchando, sin treguas, día tras día, para hacer posible que realizáramos las gloriosas elecciones primarias el pasado 22 de octubre de 2023. María Corina es esa dirigente que, cuando proclama que “Venezuela está por encima de nuestras ambiciones personales”, lo confirma en la vida real, si nos atenemos a que, después haber sido malamente inhabilitada, no explotó en ira, sino que se mantuvo serena y reflexiva, transitando esa minada senda electoral y le dio el respaldo a Edmundo González Urrutia para que asumiría el testigo y cumpliera la honrosa misión de ser nuestro abanderado presidencial el pasado 28 de julio.

A María Corina no le perdonan haber organizado la legión de Comanditos a lo largo y ancho del país. Ese ejército de ciudadanos armados de la Constitución Nacional, de las leyes y reglamentos electorales, que realizó la heroica hazaña de acopiar las miles de actas con las que hemos podido demostrar la contundente victoria alcanzada con casi ocho millones de votos depositados a favor de Edmundo González Urrutia. Para Maduro resulta insoportable esa mujer de acero, que se desplazó por todos los rincones del país alborotando el avispero de la esperanza de un pueblo aletargado, que encontró en su voz el llamado de conciencia que movilizó a millares de familias que claman por la reunificación de todos sus hijos en el seno hogareño.

Por eso Maduro la persigue y la amenaza de muerte. Porque no es que simplemente busque someterla a prisión, es que realmente entre sus planes oscuros está contemplada su desaparición física. Esa es la verdadera intención de ese régimen que tiene y ve a María Corina como la “responsable de su desgracia”. Así lo confiesa Maduro a Cilia en su círculo más íntimo; cuando delira, entre griterías ensordecedoras, ordenándole a sus esbirros que la sigan buscando, aunque sea “debajo de la piedras”. De allí sus desvaríos y discordancias, ya que un día sale con sus peroratas en presentaciones televisadas asegurando que “María Corina se fue del país”, y al siguiente día dice que “la estamos buscando dentro del territorio nacional”. La verdad es que María Corina los tiene locos.  

La persecución es la herramienta preferida y a razón de este ocaso madurista, la única  arma disponible a falta de respaldo popular  y del inocultable descalabro de su aparato partidista, cuyos activistas no ocultan el desgano que los embarga. Maduro pide desesperadamente orden de captura contra Edmundo Gonzalez Urrutia, pero la Interpol desecha tal requerimiento por carecer de sustentabilidad. Maduro instruye a su fiscal de marras para que “abra un expediente contra María Corina”, pensando que de esa forma la intimidará, como si no supiera de que madera está tallada esa mujer, que junto con Edmundo, lo ha sepultado debajo de una montaña de votos.

Lo cierto es que Maduro está en el medio de unas bandas que se pelean por el resto de ese botín revolucionario. Por una parte los hermanos Rodríguez que se fajan con Diosdado Cabello, quien remonta la cuesta del poder a costa de los cadáveres políticos de sus supuestos “compañeros del alma”, como lo era Tareck Al Aissami. Todos se odian entre si, desconfían el uno del otro, pero, por ahora, los une el delito y el miedo de terminar como han terminado todos los ministros petroleros de Chávez y de Maduro.

Al dictador venezolano -así es caracterizado por la inmensa mayoría de lideres del mundo libre- la mejor opción que tiene a la mano es la de reconocer su aplastante derrota. Para tales efectos sigue vigente y en pie la oferta de “una transición ordenada y pacífica”, tal como lo han propuesto Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Esa alternativa ha sido descrita en términos muy puntuales y transparentes en conversaciones sostenidas con gobernantes de diferentes continentes y con lideres de Oenegés dedicadas a resguardar los derechos humanos y a patrocinar la democracia. Esa posición representa la prueba fehaciente de que ni Edmundo González Urrutia ni María Corina Machado están animados por amarguras vengativas. De allí que esas alarmas que algunos encienden, haciendo ver que, “se quiere aplastar al adversario’, son absolutamente infundadas.

Una cosa es que en los tiempos por venir se haga justicia, para que tantos crímenes perpetrados no queden impunes, y otra es dejar que la rabia presida las estrategias que deben concebirse e impulsarse para arbitrar una salida pacífica a la tragedia que padecemos en Venezuela. Eso no significa, para nada, «borrón y cuenta nueva», simplemente son pasos que deben darse para poner las cosas en su justo lugar. Siempre tengo presente el consejo de su santidad Juan Pablo II, cuando nos dijo que “sin justicia no habrá paz”.

Otra alternativa que se cacarea o difunde es la de “dialogar”. Como si nunca, en estos 25 años, se haya agotado esa fórmula para tratar de avanzar en la resolución de esa crisis venezolana. Basta citar que van más de 16 ejercicios dialoguistas, el último el de Barbados y bien se sabe cuál ha sido el desempeño de Nicolás Maduro y sus representantes plenipotenciarios. Se burlan de los negociadores, incumplen los puntos acordados y ganan tiempo para proseguir en sus afanes dictatoriales.

Maduro sabe que solo algunos socios del club de regímenes dictatoriales han avalado la arbitraria proclamación realizada en la madrugada del 29 de julio pasado. Contrariamente la inmensa legión de gobiernos del mundo libre han repudiado semejante parodia fraudulenta. ¡Hasta sus allegados de la izquierda!, como don Pepe Mujica y el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, han sumado sus voces a las de otros mandatarios de los que Maduro esperaba complicidad, tal es el caso de Lula Da Silva, quien no se ha guardado adjetivos para descalificar la insólita pretensión de Maduro de desconocer el verdadero resultado electoral, que otorga, con una ventaja descomunal, el triunfo  a Edmundo González Urrutia.

Al día de hoy, Maduro esta aislado y desolado. Le quedan sus grupetes represivos que lo secundan en la comisión de reiterados crimines de lesa humanidad. Por tales hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha catalogado su actuación como terrorismo de Estado. Al momento de escribir esta crónica sabemos que, in situ, una delegación de carácter técnica de la Corte Penal Internacional, está realizando exámenes respecto a las detenciones postelectoral ordenadas por Maduro, en razón de su ultimátum del “baño de sangre” que echaría sobre el país, como en efecto, desgraciadamente, ha ocurrido. Es indudable que el régimen madurista no tiene ninguna voluntad de prevenir ni menos un ápice de ánimo para juzgar y castigar a los autores de tales vejaciones, sería como ilusionarnos viendo a Maduro y a sus pandilleros castigarse a sí mismos, ya que son ellos mismos los que ejecutan esas detenciones arbitrarias, los que torturan y asesinan a los ciudadanos secuestrados por ser “sospechosos del delito de traición a la patria”, o sea, por cumplir labores de testigos electorales, cuidando las mesas de votación instaladas el pasado 28 de julio. Así fue como mataron a Edwin Santos en el estado Apure y más frecuentemente dejaron morir, lo que equivale a un asesinato, a Jesús Martínez Medina en el estado Anzoátegui.

De todas esas correrías están al tanto el recién electo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump y Marco Rubio, la persona seleccionada para ocupar el relevante cargo de Secretario de Estado. Fue el presidente Trump el que estableció, en su primer mandato, un cerco antinarcóticos porque está al tanto de como desde el territorio venezolano se despachan cargamentos de cocaína hacia espacios estadounidenses. Ese tráfico se ha incrementado considerablemente desde el año 2020. También fue en ese anterior mandato de Donald Trump, cuando se publicitaron los avisos ofreciendo recompensa por la captura de Maduro y socios, al relacionarlos con las prácticas propias del crimen organizado.

No menos significativo es el hecho cierto de que en las oficinas de identificación de Venezuela, controladas por agentes castristas, se documentan a piezas del terrorismo internacional que operan a sus anchas, encubiertos por la administración madurista. Eso es, sin lugar a dudas, una seria amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental, que ha prometido resguardar el recientemente reelegido presidente Donald Trump, quien también sabe perfectamente que, de enquistarse en el poder el dictador Maduro, experimentaremos otra explosión emigratoria de miles de venezolanos que trataran de ponerse a buen resguardo en territorio norteamericano.  Este deplorable estado de cosas no ha cambiado sino para males agudos. Tampoco ha variado la identificación o caracterización que del régimen imperante en Venezuela, en Cuba y Nicaragua, se han formado, tanto el presidente Donald Trump como su Secretario de Estado Marco Rubio.

Saben cul es la naturaleza de esos dictadores, que siguen cometiendo todo tipo de actos vandálicos. Saben que sus planes irrenunciables es expandir su esquema del Socialismo del Siglo XXI por toda América y más allá también. Saben que son abanderados del maleficio del populismo, que no tienen escrúpulos a la hora de enfilar sus tácticas de guerra hibrida, echando mano hasta de sus emisarios subrepticios en las diásporas para que generen perturbaciones. Saben que son títeres de Rusia y de Irán. De allí que apelando al refranero concluimos que, “guerra avisada no mata soldados”.

@Alcaldeledezma

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, hicieron lo que tenían que hacer. Eso ha quedado registrado en la reciente historia de estas más de dos décadas de lucha de resistencia cívica en Venezuela. María Corina se sobrepuso a las más viles maniobras del régimen de Maduro que la inhabilitó, con la idea aviesa de que ella “estallaría en ira”, y se dedicaría a promover la calculada abstención que Maduro esperaba, para entremeter en esa oquedad su esquema fraudulento, que se le quedó frustrado en la noche del 28 de julio.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, asumía el testigo que colocó en sus manos María Corina, providencial operación política de alto vuelo impulsada desde la plataforma unitaria, y desde entonces gallardamente Edmundo González cumplió ese rol inesperado de ser el abanderado de una candidatura presidencial arrolladora. María Corina y Edmundo hicieron lo que tenían que hacer, encarando un reto colosal, dejando pasmado a todos los observadores internacionales que llegaron a pensar, que tal esquema indisoluble, no era sino una ilusión que se evaporizaría por efecto de las amenazas de ese régimen virulento, capaz de emprender las más insospechadas arbitrariedades.

Por su parte, la ciudadanía venezolana también se disponía a cumplir su epopeya. En un país en donde se levantan las familias sin nada que poner sobre la mesa matutina para desayunar; sin la posibilidad de contar con el chorrito de agua potable y a sabiendas de que la oscuridad era la deriva de un hogar sin luz eléctrica; con unos bolívares devaluados que se rinden ante la enseñoreada inflación; mujeres y hombres armados de fe y movilizados solamente con esa promesa sentimental de soñar con el retorno de los seres queridos, aventados hacia esa diáspora inimaginable, salieron a votar, “contra viento y marea”, logrando vencer a esa sanguinaria dictadura.

Esa gente osó o aventuro a afrontar a la prepotente dictadura, y fue cuando vimos a madres, padres, abuelos, hijos y nietos, arremolinarse en torno a las improvisadas tribunas, en las que aparecía, como la divina providencia, aquella mujer que se convirtió en el diapasón de una sociedad adormecida por los efectos de frustraciones, decepciones y temores difundidos, por un régimen implacable a la hora de secuestrar, torturar y matar a los que se quejaban, siquiera, de tales tragedias.

María Corina y Edmundo protagonizaron una gesta que desató los más inesperados análisis de observadores propios y extraños, que no se podían creer que aquella campaña adelantada sin recursos financieros, con el bloqueo de los medios de comunicación y con el comando de campaña asilado en una embajada, terminaría con ese refulgente triunfo que, hasta el día de hoy, Nicolás Maduro no ha podido desmontar.

La verdad está a la vista de todo el mundo en cada una de las actas exhibidas, dentro y fuera del país, por los expertos electorales que certifican que tales documentos son verídicos y que, por lo tanto, la inversión de la carga de la prueba queda a merced de los derrotados, que por lo visto se refugian en la despótica posición de desconocer la voluntad soberana de millones de electores que decidieron el destino de Venezuela para los próximos años.

A partir de ahora la fecha medular está representada en ese memorable 28 de julio, de allí surge el mandato constitucional que no se puede desconocer, salvo que la dictadura imponga sus designios y se atreva a secuestrar a un pueblo, convirtiendo el territorio de Venezuela en suelo de una gigantesca cárcel, en la que somete a millones de seres humanos y desde allí amenace la paz y la estabilidad de todo un hemisferio. En ese 28 de julio radica la legitimidad de origen que le otorga a Edmundo González la condición de presidente electo.

Entonces la pregunta invertida es ¿qué hará Maduro? ¿Reincidir en la perpetración de más crimines de lesa humanidad? ¿Qué harán las Fuerzas Armadas Nacionales? ¿Ser alcahuetas de una corporación criminal que masacra a gente inocente? ¿Qué harán las instituciones creadas y llamadas a intervenir ante esa seguidilla de crímenes de lesa humanidad en los que reinciden en perpetrar Maduro y sus cuadros de mando?

Es una sospecha confirmada que, en Venezuela, desde las dependencias de identificación que controlan agentes castristas, se documentan a actores del terrorismo internacional. Está más que comprobado que desde Venezuela operan cárteles del narcotráfico que despachan, sin limitaciones, miles de toneladas de narcóticos con los que inundan los oscuros mercados de ese diabólico negocio en el Caribe, África, Europa y Norteamérica.

Pues bien, no sigan excusándose con esa interrogante perspicaz, dejando sobre las espaldas de la gente, que ya hizo lo que tenía que hacer, de manera valerosa y audaz, asumiendo las consecuencias del presagiado baño de sangre que como ultimátum enuncio Maduro. No le pidan a María Corina y a Edmundo González que repitan otro 28 de julio sin que antes se honre ese edicto soberano.

La palabra la tiene el Fiscal de la Corte penal Internacional en cuyas manos están los pliegos de los expedientes en los que constan la infinidad de crímenes de lesa humanidad.

La responsabilidad la tienen los líderes de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea, que han manoseado las actas que suman la astronómica ventaja que le da la victoria incuestionable de Edmundo González Urrutia. Es hora de que digan de una vez por todas que harán el próximo 10 de enero de 2025.

@AlcaldeLedezma