a crisis económica, los apagones y la presión de Estados Unidos ponen en jaque al sistema de poder en Cuba. ¿Qué papel jugarían las Fuerzas Armadas, GAESA y los funcionarios que sostienen al régimen? ¿Podría la isla vivir una transición similar a la de Venezuela o tomar un camino diferente?

  En este reportaje especial analizamos los posibles escenarios: negociación, apertura controlada o transformación desde las entrañas del propio poder.

¿Cilia Flores podría salir de prisión? La esposa de Nicolás Maduro busca cumplir arresto domiciliario en una residencia de Manhattan, alegando razones de salud. La Fiscalía de Estados Unidos se opone a la solicitud, mientras surgen interrogantes sobre los costos de su detención y los recursos para financiarla.

  ¿Qué hay detrás de la solicitud de Cilia Flores y qué información podría estar en juego?

 Mira el reportaje completo por Impacto Venezuela y conoce todos los detalles.

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El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz hizo un llamado a familiares y allegados para cotejar y corroborar la identidad de 22 víctimas mortales del doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio.

La convocatoria responde al avance de las experticias de necrodactilia, odontología y antropología forense ejecutadas por los equipos científicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

De acuerdo con la información oficial, los restos de los ciudadanos identificados de forma preliminar se encuentran inhumados en el Cementerio La Esperanza, en el estado La Guaira, una de las zonas costeras que sufrió mayores devastaciones por los eventos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5.

Las autoridades instaron a los allegados a acudir a la sede principal del Senamecf en Bello Monte, Caracas, para completar las entrevistas filiatorias, la consignación de registros fotográficos y la revisión de patrones fácticos requeridos para la entrega formal de las certificaciones de defunción.

Las cifras consolidadas por el Ejecutivo nacional registran saldo de 6.509 fallecidos, más de 25.000 viviendas con severos daños estructurales y 18.000 ciudadanos en condición de refugio o pérdida total de inmuebles.

No obstante, la ausencia de partes oficiales recientes sobre el renglón de personas no localizadas mantiene la preocupación de la sociedad civil, donde plataformas independientes como Desaparecidos Terremoto Venezuela contabilizan denuncias e incidencias de más de 29.000 personas cuyo paradero aún no ha sido determinado por las brigadas de rescate.

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"Este trámite es fundamental para confirmar las identidades y permitir a las familias obtener respuestas e información definitiva sobre los seres queridos que perdieron en este lamentable suceso", dijo el Ministerio de Relaciones Interiores en el comunicado.

El protocolo de verificación filiatoria habilitado por el Senamecf estará operativo de lunes a viernes en horario de oficina para agilizar la entrega de expedientes biológicos a las familias afectadas.

Simultáneamente, colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos solicitaron a las autoridades nacionales e internacionales mantener abiertos los canales de búsqueda en fosas y estructuras colapsadas, urgiendo la actualización continua de la base de datos nacional de personas desaparecidas tras el desastre natural.

Con información de EL NACIONAL

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela informó este viernes que otorgó siete concesiones generales a la sociedad mercantil Spacex VZ S.C.A para la operación formal de la compañía tecnológica Starlink.

«Con esta medida, adoptada en sesión ordinaria del Consejo Directivo de Conatel, se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional, para una operación formal con domicilio y fiscalización en el país«, indicó el organismo en una nota de prensa.

Conatel explicó que la autorización del servicio tiene como antecedente la cooperación que hubo tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, que afectó severamente las infraestructuras terrestres de telefonía e internet en el estado La Guaira, el más afectado por el desastre.

 Lea también: Estados petroleros esperan revivir sus años de abundancia con la ayuda de EE.UU.En esa oportunidad, prosiguió, el ente otorgó a la empresa los permisos temporales para pruebas de equipos de nuevas tecnologías.

La Comisión señaló que esas autorizaciones permitieron probar con éxito la tecnología Direct to Device (D2D) para cursar mensajería de texto entre los tres operadores móviles del país a través de la red satelital, así como operar en la banda Ku con límites flexibilizados de Densidad de Flujo de Potencia Equivalente (EPFD), respondiendo «con alta calidad a la fuerte demanda de conectividad en la zona de emergencia».

Luego de mesas de trabajo presenciales y remotas con Conatel para conocer el marco legal venezolano, Starlink formalizó su solicitud.

Tras el terremoto, Starlink repartió más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela para apoyar a los equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más afectadas por los sismos, según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas a principios de julio.

Igualmente, la empresa de telefonía Digitel señaló entonces que en colaboración con SpaceX incorporó conectividad satelital mediante satélites de órbita baja de Starlink para fortalecer la respuesta de su red móvil en La Guaira. 

Con información de EFE

Un yacimiento petrolero descubierto hace más de 100 años dio origen a la industria energética venezolana cerca de esta ciudad, que alguna vez vivió un gran auge a orillas del lago de Maracaibo. Hoy, Cabimas se encuentra en el epicentro de los esfuerzos de Estados Unidos por resucitar el sector petrolero venezolano.

Esta ciudad de 350.000 habitantes parece un cementerio de la industria petrolera. A lo lejos se observan torres de perforación retorcidas y plataformas marinas en proceso de derrumbe. Grumos de petróleo crudo endurecido se adhieren a las redes de pesca extraídas del lago, mientras el gas natural burbujea desde tuberías submarinas averiadas. Las orillas del lago están ennegrecidas por el petróleo.

En las cercanías, los niños juegan béisbol entre balancines petroleros con fugas que con frecuencia dejan de funcionar debido a apagones que pueden prolongarse hasta 12 horas diarias.

Muchos residentes aseguran que esperan con ansias la llegada de inversionistas estadounidenses que comiencen a inyectar dinero para reconstruir la deteriorada infraestructura petrolera del país. Muchos recuerdan los años de bonanza, cuando los trabajadores petroleros disfrutaban de viviendas proporcionadas por compañías internacionales, además de urbanizaciones con piscinas, clubes deportivos y campos de golf, así como de un lago con agua limpia y una vida marina saludable.

La pregunta que se hacen es: ¿puede Estados Unidos devolverles aquellos tiempos de prosperidad?

«Si Dios quiere, los extranjeros regresarán pronto y tendremos una mejor calidad de vida», afirmó José Medina, pescador y padre de cinco hijos. Sin embargo, le preocupa que la recuperación tarde mucho tiempo.

«Se siente como si no avanzáramos ni retrocediéramos», añadió.

La decadencia de esta industria refleja dos décadas de mala gestión durante los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos capturó en una operación militar en enero y está procesando en Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico, que Maduro niega.

Ejecutivos del sector y expertos afirman que los temores de los residentes están justificados: la recuperación de la industria petrolera venezolana será un proceso prolongado que costará cientos de miles de millones de dólares.

Diez meses después de la salida de Maduro del poder, buena parte de las inversiones todavía no se ha materializado. La producción petrolera nacional se ha mantenido ligeramente por encima de un millón de barriles diarios desde enero. Se trata de una recuperación frente a los 500.000 barriles diarios de 2020, cuando las sanciones estadounidenses comenzaron a surtir efecto, pero sigue muy por debajo de los más de 3,2 millones de barriles diarios que se producían a finales de la década de 1990.

Funcionarios estadounidenses aseguran que se avecinan cambios. Durante una conferencia multitudinaria de inversionistas extranjeros celebrada la semana pasada en Caracas, Michael Garcia, subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos, señaló los acuerdos recientes con Chevron y la empresa de equipos eléctricos GE Vernova como evidencia de que una alianza con Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro y actual presidenta encargada, está reactivando el sector petrolero y fortaleciendo una red eléctrica nacional conocida por su inestabilidad.

«Todavía queda mucho trabajo por hacer», afirmó Garcia. «Pero la dirección es inequívoca. Donde antes había estancamiento, ahora hay inversión».

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La conferencia fue otro de una serie de eventos que marcan la reapertura de Venezuela después de años de aislamiento económico y sanciones estadounidenses. El encuentro reunió a más de 650 ejecutivos de compañías energéticas internacionales en el hotel JW Marriott, uno de los establecimientos preferidos por los diplomáticos estadounidenses.

Hubo poco desacuerdo sobre el enorme potencial comercial de un país que posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo.

«Venezuela tiene más joyas de la corona que la Torre de Londres», afirmó Hunter Hunt, director ejecutivo de la compañía petrolera texana Hunt Energy.

A los participantes de los paneles de la conferencia, que se prolongó durante tres días, se les pidió que mantuvieran las discusiones en un plano técnico y apolítico, por lo que el futuro político de Venezuela quedó fuera del debate.

Las encuestas muestran un creciente descontento con la administración interina de Rodríguez, que no ha sido elegida en las urnas, una situación que podría convertirse en un obstáculo para las inversiones a largo plazo.

En las últimas semanas se han registrado pequeñas protestas en todo el país. Los manifestantes han bloqueado carreteras para exigir elecciones y expresar su frustración por sus condiciones de vida.

Los ejecutivos reunidos en la conferencia enumeraron los principales desafíos para aumentar la producción: los cortes eléctricos, la escasez de contratistas con experiencia y las dificultades para obtener financiamiento para proyectos mientras deben desenvolverse en medio de una compleja red de sanciones estadounidenses.

Solo un tercio de los 30.000 pozos petroleros del país permanece activo, después de casi ocho años de aislamiento internacional que impidieron la llegada de nuevas tecnologías, afirmó William Antonio, director gerente para México, Centroamérica y Venezuela de SLB, una empresa global de servicios energéticos conocida anteriormente como Schlumberger.

«La curva de aprendizaje ha sido difícil», señaló César Álvarez, subdirector regional de la compañía francesa Maurel & Prom, que aspira a duplicar su producción este año hasta alcanzar los 22.000 barriles diarios.

«Elaboramos un plan de acción, pero nos encontramos con la realidad y tuvimos que retrasar algunas actividades», explicó.

El retorno de los inversionistas estadounidenses a Venezuela también ha reavivado antiguos resentimientos políticos.

Jorge Giordani, marxista y exjefe de planificación económica del Gobierno venezolano, afirmó durante un encuentro de activistas de izquierda en Caracas que los capitalistas intentan apropiarse del «excremento del diablo», expresión utilizada durante décadas para describir la enorme riqueza petrolera del país, considerada tanto una bendición como una maldición.

«Han regresado», afirmó Giordani, de 86 años. «Y solo están interesados en una cosa: nuestros hidrocarburos».

Lucila Nava, una secretaria jubilada que vive cerca del lago de Maracaibo y cuyo padre trabajó durante 40 años en Shell, dijo sentirse frustrada porque Estados Unidos respalda a Rodríguez y mantiene intacta la estructura del Gobierno autoritario de Maduro mientras las empresas extranjeras consiguen contratos lucrativos.

«Nos gustó Trump cuando sacó a Maduro», afirmó Nava. «Pero no puedes simplemente llevarte el petróleo de esta manera. Lo entendemos: Estados Unidos es la mayor potencia del mundo. Pero eso no te da derecho a hacer algo así».

Funcionarios estadounidenses y venezolanos están presionando a las empresas extranjeras para que desarrollen más los yacimientos de gas costa afuera y los campos petroleros del oriente venezolano, que contienen crudo pesado con una consistencia similar a la del alquitrán.

Sin embargo, las áreas que ofrecen las posibilidades más rápidas de recuperación se encuentran en el occidente del país, alrededor del lago de Maracaibo. Se trata de una extensión territorial comparable en tamaño al estado de Connecticut, donde se encuentran algunas de las instalaciones petroleras más antiguas de Venezuela.

Los ejecutivos esperan que los antiguos campos petroleros maduros, conocidos en la industria como brownfields, puedan reactivarse rápidamente.

Varios de los 17 bloques petroleros adquiridos recientemente por la empresa privada venezolana North American Blue Energy Partners mediante una empresa conjunta con el Pentágono también están ubicados en esta zona.

La compañía Pacific Coast Energy Co., con sede en California y entre las nuevas empresas que han ingresado al sector energético venezolano, informó esta semana que inició un programa para reactivar 900 pozos en Cabimas.

Las huellas del auge petrolero siguen presentes

Alrededor del lago de Maracaibo, los vestigios del auge petrolero venezolano forman parte de la vida cotidiana, con viviendas rodeadas de balancines oxidados y tuberías.

Se construyeron urbanizaciones alrededor de instalaciones de procesamiento de crudo con un estilo arquitectónico que recuerda a los suburbios estadounidenses de la década de 1960. Aquella época fue testigo del papel fundamental que desempeñaron las compañías energéticas estadounidenses en la construcción de la economía petrolera venezolana.

En el sector El Milagro, en la localidad de Lagunillas, los residentes de edad avanzada que crecieron durante el auge económico del país ahora deben lidiar con apagones diarios y un suministro de agua escaso.

«No tenemos servicios y nadie se queja ni hace nada al respecto, porque todo el mundo simplemente se acostumbró a esta porquería», afirmó Aracelis Urdaneta, quien creció en la zona durante el auge petrolero.

Los habitantes intentan aprovechar los recursos que quedan de la industria. En Cabimas, un grupo de vecinos extrae gas natural de un balancín petrolero y lo conduce mediante tuberías hasta sus cocinas.

En ocasiones, el petróleo se filtra por esas instalaciones improvisadas y la sustancia negra termina entrando en las cocinas.

El guardia de seguridad Elmo Quintero afirmó que había esperado que, tras el derrocamiento de Maduro, sus tres hijos que viven en Colombia pudieran regresar a casa y que el deteriorado sistema sanitario mejorara.

Quintero, de 65 años y diabético, aseguró que no puede pagar la insulina y que el ambulatorio local rara vez dispone de jeringas. Por ello, se automedica con una preparación de infusiones de hierbas.

Quintero también ayuda a mantener un balancín oxidado de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal, ubicado en un patio contiguo a su humilde vivienda de ladrillos. Sus gallinas buscan alimento entre las tuberías.

El servicio de agua está disponible apenas durante un par de días cada tres meses.

Mientras hablaba, el balancín que estaba detrás de él dejó de funcionar, víctima de otra falla eléctrica.

El hombre expresó sus dudas sobre la posibilidad de ver una mejora durante el resto de su vida.

«Estoy pensando más en mis nietos», concluyó Quintero.

The Wall Street Journal

La tercera ronda de conversaciones entre la oposición, a través de la Asamblea Nacional electa en 2015, y el gobierno encargado, comenzará el próximo 14 de octubre, con una agenda centrada en completar el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y avanzar en garantías de participación para los partidos políticos.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos tras una reunión en Washington entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera.

Según Washington, Rubio instó a las partes a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, con el objetivo de establecer condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela.

Entre los asuntos previstos para futuras rondas también figuran la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), la revisión o derogación de leyes consideradas represivas y la ampliación del espacio político para permitir la participación de partidos y dirigentes.

El Departamento de Estado también hizo un balance de las dos primeras rondas de conversaciones, celebradas en Caracas durante agosto y septiembre, y destacó avances en el proceso de reforma de la Ley Orgánica del TSJ para la selección de 32 nuevos magistrados.

Asimismo, Washington mencionó el restablecimiento del acceso a más de 70 dominios de medios de comunicación anteriormente bloqueados y la creación de una comisión encargada de revisar la denominada Ley contra el Odio.

La nueva ronda se desarrollará en medio de los esfuerzos de las partes por alcanzar acuerdos sobre la institucionalidad política y electoral del país, mientras permanecen pendientes las discusiones relacionadas con la renovación del CNE y las condiciones para futuros procesos electorales.

Con información del Departamento de Estado

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos.

"Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien", aseguró a la AFP Juana Alveo, de 38 años y quien trabaja de cajera en un almacén en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El sismo se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó a la AFP que "hasta el momento" no hay reportes "de víctimas fatales".

Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hay 27 heridos leve en todo el país por el sismo, que produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

"El desastre que estamos enfrentando es grande", afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras "totalmente colapsadas", agregó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en X que su departamento "está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia".

-"Muy grande"-Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con "normalidad".

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes a unos 360 kilómetros de Ciudad de Panamá, es una de las zonas más afectadas. Ubicada en Los Santos, sus casas son principalmente de una planta.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que la localidad quedó incomunicada por tierra.

"Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo", declaró a la AFP Benjamín González, de 52 años, en la noche del viernes.

Según relata, el temblor lo sorprendió en una finca cercana a la localidad de La Miel, un pequeño poblado donde reside, a unos 40 kilómetros de Tonosí.

Cuando regresó encontró "muchas casas devastadas" y "a todo el mundo aterrorizado" en la pequeña plaza del pueblo, que se quedó sin luz.

Su vecino, David Castillo, indicó a la AFP que los moradores están de vigilia y no quieren regresar a sus viviendas porque tienen "miedo que se vuelva a repetir".

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El terremoto, que se sintió cerca de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

"Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo. Se movieron objetos de gran peso como cómodas, la cama y todos los objetos de la cocina y los animales estaban muy alterados", afirmó a la AFP Salomón Andión, de 46 años, tras bajar por segunda vez de su edificio de 15 pisos por las réplicas.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6.

Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se sintió el terremoto.

Según las autoridades, se han registrado más de 100 réplicas, incluso de 6 grados.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donó 250.000 dólares a Panamá para "atención humanitaria inmediata" y puso a disposición otros 50 millones de dólares "a través de la línea de financiamiento" para emergencias.

AFP

Más de 100 representantes de la sociedad civil se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar, junto a una comisión parlamentaria, a los próximos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución señalada de servir al Gobierno.

Así lo informó el diputado opositor Luis Florido este viernes, cuando concluye el proceso de postulaciones para evaluar a 12 miembros de la sociedad civil.

Florido explicó que, dada la cantidad de postulaciones, es probable que la evaluación de las candidaturas tome más tiempo, según un audio compartido en la red social X por su facción, el Grupo Parlamentario Libertad.

 «Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto», añadió el opositor, aunque no dio detalles sobre si el cronograma establecido va a cambiar.

Tras el cierre este viernes del proceso de postulaciones, se iniciará la evaluación de los postulados de la sociedad civil. Una vez seleccionados estos 12 representantes, se integrarán a los 11 diputados que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

Este comité preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final al Parlamento, que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

Con información de  EFE

Una investigación busca esclarecer la desaparición de media tonelada de marihuana que estaba bajo resguardo de la División Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana.

 Según informó El Pitazo, el caso apunta a presuntas irregularidades en la cadena de custodia, posibles extorsiones y funcionarios policiales y judiciales bajo investigación.

 ¿Qué ocurrió con el cargamento y quiénes estarían involucrados? La investigación deberá determinar cómo desapareció la droga y establecer las responsabilidades.

Pasadas las 9 de la mañana de ste iernes, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio,  recibió a la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, en el Departamento de Estado, en Washington,.

Tras el encuentro, Rubio dijo que el Gobierno de Donald Trump la respalda. “Tiene nuestro apoyo al cien por ciento”, afirmó y explicó que el objetivo para Venezuela no es solo celebrar elecciones, sino lograr “una democracia duradera” para las futuras generaciones, en un país que que ha sufrido “un trauma muy profundo”, luego de décadas de chavismo.

“Es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en más de una generación de restaurar una democracia en su país”, dijo y agregó que el proceso cuenta con el respaldo “de los más altos niveles” del gobierno estadounidense.

“Pedimos a todos apoyar este proceso. Nosotros le pedimos a todos los elementos que están en oposición y a todos los elementos de la sociedad que participen y apoyen este proceso”, sostuvo.

Ratificó que lo que ha pasado desde que EE. UU. está en Venezuela  ha tenido logros y “va a seguir teniendo logros”, pero alertó que “una transición pacífica requerirá mucho trabajo y un poco de paciencia”.

Igualmente, reiteró que debe haber elecciones  libres y justas “lo más pronto posible”, pero con instituciones que sostengan “la estabilidad, la prosperidad y la libertad” del pueblo venezolano. 

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Por otro lado, informó que el 14 de octubre se retomarían las conversaciones.

Mientras que Figuera agradeció a Rubio y al gobierno estadounidense la oportunidad que se abrió desde el 3 de enero. 

Ratificó que la delegación de la AN del 2015 está comprometida con la reinstitucionalización de los poderes públicos, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Aseguró que trabajan para “llevar al país a un proceso de garantías políticas y civiles, en un espacio para el reencuentro y la reconciliación. No es un proceso fácil, pero es un proceso posible”, afirmó.

 Enfatizó que  el cumplimiento de la hoja de ruta, con el acompañamiento de Estados Unidos, llevará al país «al progreso», y que la inversión petrolera, junto con la reinstitucionalización, serán «dos pilares fundamentales» para generar institucionalidad y democracia. «Vamos a estar garantizando el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones», concluyó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reúne con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015. https://t.co/WRrG6zwh0Y

 Héctor Navarro, exministro de Educación y muy cercano a Hugo Chávez, aseguró que, si estuviese en la posición de Delcy Rodríguez, renunciaría a la presidencia encargada para permitir que la transición democrática en Venezuela comience de inmediato. 

En entrevista con El Nacional, dijo que tanto ella como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ganarían el respeto de Venezuela y del mundo porque “sacrificarían lo que tienen” en función de la estabilidad del país. 

“Lo haría de esa manera: construiría la transición empezándola de inmediato”, expresó.

Por otra parte, Navarro afirmó que Nicolás Maduro fue traicionado el 3 de enero y sospecha que los hermanos Rodríguez tienen algún tipo de relación con esos hechos. 

Aclaró que no está en contra de que Maduro esté preso, sino de que permanezca en una cárcel en Nueva York y no en Venezuela, aunque reconoció las deficiencias de la justicia venezolana. 

También criticó que el presidente estadounidense Donald Trump haya “designado” a Delcy Rodríguez como presidenta interina y tenga participación en las decisiones políticas que se toman en el país.

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Asimismo, denunció que los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello son aliados del “enemigo” de Venezuela.

 Afirmó que “la crisis actual de Venezuela no comienza ni siquiera con el secuestro de Nicolás Maduro, ya la crisis estaba instalada en el país, de tal manera que Maduro es un factor importante de la crisis. El ambiente permisivo hacia la corrupción, sin duda, es un factor importantísimo de la crisis”, dijo.

   Insistió en que el 3 de enero hubo una traición, "porque la principal función de un soldado es defender al país y resulta que entraron los helicópteros armados de otro país, se llevaron al comandante en jefe de la Fuerza Armada y no hubo respuesta". Después salió la información de que se dieron unas órdenes, pero obviamente hubo una traición. Si fue simplemente un error de cálculo, el oficial responsable de ese error de cálculo debía estar preso, sometido a un consejo de investigación, porque no puede ser que se equivoque de una manera tan flagrante", dijo.

Y sobre cómo está el chavismo en este momento, expresó: “¿Quiénes son los chavistas? Porque el que se haya metido a ministro o a cualquier función pública y de la noche a la mañana haya aparecido con un realero, ese no es chavista. Es un bandido”.

Con información de El Nacional

"¡Queremos luz!, ¡Queremos luz!". El grito acompañado de quema de neumáticos, humo y el estruendo de cacerolas resuena cada noche en barrios y autopistas de Venezuela, donde aumentan las protestas contra el racionamiento eléctrico.

La crisis de demanda tiene lugar en un momento en que el país necesita más electricidad para aumentar su producción petrolera, que se abre a la inversión de grandes transnacionales nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

El oeste de Venezuela llevaba años con cortes de luz que duraban de tres a cuatro horas por día. Pero ahora el país con las mayores reservas petroleras del mundo vive los peores racionamientos de su historia.

Ocurren tras años de desinversión, corrupción y malos manejos del sector eléctrico.

"Las personas andan malhumoradas, andan molestas, andan estresadas. Se les nota en la cara el descontento que hay", señala Daiwuin Terán, dueño de un expendio de víveres en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), una de las regiones donde las petroleras han puesto la mirada.

Como muchos venezolanos, este comerciante de 49 años cree que el malestar de la población está calentando al país.

"No sé a qué están jugando con la luz porque el problema de la luz puede ser el estallido que ellos no quieren", agrega.

A inicios de semana hubo protestas espontáneas por la noche en varios estados. En una se cortó el paso en la autopista que conecta el oeste del país con Caracas. Manifestantes quemaron troncos y neumáticos viejos causando una kilométrica fila de vehículos.

En el estado andino de Táchira el martes trancaron una carretera tras cuatro días sin electricidad.

Las protestas se multiplican en todo el país.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, criticó el jueves la "violencia" como respuesta a los apagones.

"Ese no es el camino. Yo no he visto que quemar un caucho incorpore ni siquiera 10 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional", dijo.

En Caracas no hay racionamientos, pero sufre constantes fluctuaciones de voltaje. Crece el temor de otro apagón nacional como sucedió en 2019.

El cansancio es evidente en Alexander Montesuma, cocinero en una escuela en Guacara, en el central estado Carabobo, una zona industrial venida a menos a 160 km de la capital. "Esto es un agotamiento catastrófico", asegura.

"Aquí la luz no se iba. Y ahora es cada ratico tres y hasta cuatro veces, que ya no podemos comprar carne ni pollo porque todo eso se está dañando", relata Jaqueline Jiménez, vecina de Montesuma.

El consumo de electricidad se disparó en las últimas semanas por las altas temperaturas.

La demanda alcanzó a finales de septiembre un pico de 16.400 megavatios, el más alto desde 2017, según Rodríguez.

Expertos indican que el país genera en promedio unos 12.000 megavatios.

"Estamos cansados, estamos hartos", grita una manifestante en Maracaibo. "Basta de apagones", "No a los apagones", "¿Cómo se educa a un país que no duerme?", se lee en pancartas usadas en otra manifestación.

Los racionamientos, aplicados en promedio de siete a 12 horas por día, se volvieron tema obligatorio entre dirigentes políticos tanto de oposición como oficialistas.

"Necesitamos respuestas", clama Alexander Ramírez, panadero de 44 años que debe trasladar los hornos de un local a otro con electricidad para hornear pan.

Isaac Antonio Bracho, paciente renal de 73 años, se dializa desde hace seis meses y debe descansar tanto como pueda antes de sus sesiones, pero los apagones nocturnos lo obligan a pasar horas en vela en el patio porque su casa se convierte en un sauna.

Sin electricidad no puede encender el acondicionador de aire. Cuando le toca ir a diálisis suele quedarse dormido en la máquina. "Estamos mal, estamos mal, mal", dice este militar retirado de Maracaibo, ventilándose con un plato de cartón mientras el sudor le recorre el torso.

La presidenta interina, que gobierna bajo presión de Washington, dijo que está previsto incorporar al sistema 7.400 megavatios en los próximos años mediante acuerdos con multinacionales. Anticipó también la recuperación de otros 1.300 antes de que termine 2026.

Durante una visita a Caracas en septiembre, el secretario de energía estadounidense Chris Wright dijo a la AFP que hay un plan a cinco años para recuperar el sistema eléctrico.

"La electricidad se ha convertido en el principal cuello de botella para la recuperación económica de Venezuela", advierte Alejandro Grisanti, de la firma Ecoanalítica.

"Paradójicamente, el propio crecimiento puede agravar el déficit eléctrico y terminar frenando la recuperación", señala Grisanti, que considera que la demanda aumentará más rápido que la capacidad de generación.

AFP

La líder opositora venezolana en el exilio, María Corina Machado, pidió celebrar elecciones presidenciales el próximo año, al tiempo que reconoció que existen «diferencias» con Estados Unidos sobre los plazos para una transición democrática en un país que cuenta con algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, publicó Financial Times.

Existe «más que suficiente tiempo» para preparar unas elecciones antes de julio, declaró Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz del año pasado, en una entrevista con Financial Times.

 También pidió «transparencia» en la gestión de los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano, cuya administración está bajo la supervisión de Washington.

«El Gobierno de Estados Unidos y el pueblo venezolano coinciden en que la única manera de hacer que esto sea sostenible y constituya una verdadera victoria es convertir a Venezuela en una democracia estable», afirmó Machado.

Machado, quien actualmente se encuentra en Panamá, no ha regresado a Venezuela desde que salió del país en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. A comienzos de enero, fuerzas especiales estadounidenses arrestaron al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, de carácter autoritario, durante una dramática operación nocturna.

La Administración de Donald Trump ha manifestado que desea una transición política, pero no ha establecido un calendario para la celebración de elecciones. Machado sigue siendo la política más popular de Venezuela, aunque Washington respaldó a Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro y actualmente ejerce como presidenta encargada.

«Las cosas podrían avanzar más rápido y de manera sostenida, sin ningún riesgo de inestabilidad en el país», afirmó Machado. «Creo que donde existe una evaluación diferente es en el ritmo, en los plazos. Yo digo que creo que podemos avanzar y que estamos preparados».

Maduro y su esposa, Cilia Flores —quien también fue arrestada—, permanecen encarcelados en Nueva York a la espera de un juicio por cargos de narcotráfico, que ambos han negado. Esta semana, las autoridades estadounidenses añadieron cargos relacionados con una presunta conspiración para cometer torturas. Se espera que el juicio comience el próximo año.

Algunos sectores de la oposición venezolana se han mostrado cada vez más frustrados con el enfoque de Estados Unidos, incluido un acuerdo reciente para entregar el control de una parte de las vastas reservas petroleras del país a una empresa privada respaldada por el Pentágono.

Washington administra los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano desde enero, pero la Administración Trump no ha revelado cuánto dinero ha recaudado ni cuánto ha desembolsado.

Al preguntársele si le gustaría ver una mayor transparencia, Machado respondió: «Por supuesto, y creo que eso es algo que el pueblo venezolano también está exigiendo».

Añadió que sería posible impulsar inversiones a gran escala con un Gobierno «legítimo».

Sin embargo, Machado corre el riesgo de quedar marginada si rompe abiertamente con la Administración Trump. Según informó su equipo, en los últimos meses ha realizado al menos siete intentos fallidos de regresar a Venezuela, después de que viajes en barcos y aviones fueran cancelados a última hora por motivos que no han sido explicados.

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«Es evidente que el régimen no quiere que regrese», afirmó Machado.

No obstante, rechazó las sugerencias de que Washington estuviera bloqueando su retorno. «El secretario de Estado [Marco Rubio] ha dicho, tanto pública como privadamente, que tengo el derecho absoluto de regresar a Venezuela», señaló.

«Creo que Estados Unidos entiende que mi presencia en Venezuela sería una señal contundente de que el plan de transición está funcionando», añadió.

Machado afirmó que respaldaría una propuesta para celebrar elecciones el 24 de julio, fecha del nacimiento de Simón Bolívar, prócer de la independencia venezolana.

«Bolívar es el libertador de Venezuela y una figura que une a nuestra nación y a muchos otros países de la región, así que creo que es una fecha hermosa», expresó Machado.

Una encuesta realizada este mes por la firma local Meganálisis proyectó que Machado obtendría el 61,2 % de los votos, frente al 3,1 % de Delcy Rodríguez.

«La presencia de Estados Unidos es lo que mantiene a Rodríguez en su puesto y hace que avance en una determinada dirección», afirmó Machado.

Los simpatizantes de Machado han organizado marchas durante las últimas semanas para exigir su regreso a Venezuela.

«Los venezolanos queremos que regrese y defienda nuestros derechos», declaró Rina Palma en Caracas, donde miles de personas corearon consignas a favor de celebrar «elecciones ya».

«María Corina se enfrenta a un verdadero dilema: regresar sin contar con el respaldo de Trump y resolver las cosas sobre la marcha, o enfrentarse al país que está tomando las decisiones en Venezuela», afirmó Edward Rodríguez, analista político venezolano.

A comienzos de esta semana, Trump describió a Machado como «una mujer muy destacada». También hizo referencia a que ella le regaló su medalla del Premio Nobel durante el encuentro que ambos mantuvieron en enero. Es conocido el interés del mandatario estadounidense por obtener ese reconocimiento.

Machado afirmó que el premio tuvo un «efecto único de unidad» en el país, al llegar «quizás en una de las horas más oscuras» de la represión que atraviesa Venezuela.

«Fue como una inyección de fuerza, porque sentimos que no estábamos solos», expresó.

Con información de Financial Times

El partido Vente Venezuela exigió este jueves el levantamiento «de inmediato» de la inhabilitación política de su líder,  María Corina Machado, luego de la denuncia pública de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara César Siero, quien reveló haber sido coaccionada para firmar las sentencias que inhabilitaron a Machado y a otros dirigentes opositores.

Según Vente, el testimonio de César Siero, difundido el 6 de octubre, «confirma las razones de nuestro reclamo» y revela «hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo»: detener y castigar a familiares para someter la voluntad de una persona, en este caso una magistrada.

El partido sostuvo que la inhabilitación de Machado, «ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta», se ratificó mediante una decisión que, según la exmagistrada, solo se obtuvo porque se usó a sus familiares como rehenes, lo que, afirmó, confirma «graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación».

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Vente recordó que, en 2015, la Contraloría General de la República impuso a Machado una inhabilitación de un año, por una supuesta omisión administrativa relacionada con unos tickets de alimentación, que le impidió competir en las parlamentarias de ese año. En 2023, tras ganar las primarias opositoras, la Contraloría anunció una nueva inhabilitación por 15 años, «sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso» y que nunca fue notificada formalmente. La sanción fue ratificada en enero de 2024 por la Sala Político-Administrativa del TSJ, de la que formaba parte César Siero, precisamente cuando debía decidir si Machado podía competir por la Presidencia.

El partido calificó las inhabilitaciones como «una forma de fraude electoral anticipado»: «no era necesario falsificar el resultado de una elección si antes podían eliminar de la papeleta el nombre de la candidata que podía ganarla».

Vente señaló que todo ello ocurrió después del Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023 entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Democrática de Venezuela, cuyo objetivo era «fijar reglas claras para las elecciones presidenciales de 2024» a cambio de alivio de sanciones de EE. UU. Para el partido, constituye «un grave precedente de incumplimiento de pactos» por parte del chavismo, hoy con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y «una clara advertencia a garantes y mediadores».

Vente reiteró que Machado «debe regresar a Venezuela con plenas garantías de libertad y seguridad», y que el país necesita desmontar las estructuras que han permitido usar tribunales, organismos de inteligencia e instituciones del Estado bajo «una lógica mafiosa y gangsteril». La reconstrucción republicana, afirmó, exige «un cambio de gobierno, independencia de los poderes públicos, justicia para las víctimas y garantías de no repetición», y debe comenzar con la convocatoria a una elección presidencial.

César Siero, quien integró la Sala Político Administrativa del TSJ, publicó un video en YouTube en el que relató que sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos el 15 de diciembre de 2023 por funcionarios de la DGCIM, en el caso conocido como «Operación Brazalete Blanco», y desaparecidos. Ese mismo día vencía el lapso para interponer las demandas de revisión de inhabilitaciones previstas en el Acuerdo de Barbados, y Machado fue la última en presentar la suya.

Según su relato, el 22 de diciembre de 2023, una semana después de las detenciones, la abogada asistente del presidente de la Sala, que es además su hija, le llevó las decisiones para que las firmara. «Teniendo a mis hermanos y a mi cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, las de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas», afirmó. El 26 de enero de 2024, la presidenta del TSJ le pidió firmarlas por segunda vez, y en esa ocasión se publicaron extractos: Machado y Henrique Capriles quedaron inhabilitados, y otros dirigentes, habilitados.

La exmagistrada aseguró que fue presionada para renunciar el 22 de enero de 2024, y que volvió a renunciar el 5 de febrero, tras ser interrogada por el fiscal general. Sostuvo además que los hechos atribuidos a sus familiares «no ocurrieron» y calificó el caso como «una narrativa construida» para criminalizarlos y presionarla. El 1 de octubre de 2026, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo condenó a su hermano Guillermo Enrique a 12 años de prisión por conspiración, y a Guillermo Henry y a Diana Victoria a tres años por encubrimiento.

El dirigente opositor, Edmundo González, criticó la petición del gobierno de Delcy Rodríguez para que los venezolanos ahorren energía.

A través de sus redes sociales, González informó que se reunió  el equipo de "@LaRepublica_tvy la @ddhhenaccion , para conocer DatAvenger, una iniciativa para recoger y documentar reportes ciudadanos sobre las fallas eléctricas en todo el país".

Dijo que el balance “de septiembre registró interrupciones de una duración promedio de siete horas y cuarenta minutos”.

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Denunció que “detrás de ese dato hay familias que pierden alimentos comprados con esfuerzo, trabajadores que dejan de percibir ingresos y personas cuya salud depende de equipos eléctricos o medicamentos refrigerados. Me preocupa profundamente lo que significa vivir cada día con esa incertidumbre”.

González reconoció “la importancia de este trabajo. Documentar las fallas permite hacer visible lo que padecen las comunidades, dimensionar el problema y exigir respuestas. Cada registro amplía la evidencia y da voz a quienes las sufren”.

Fijó posición acerca del “llamado del régimen a ahorrar energía, los ciudadanos han planteado una pregunta legítima” y al respecto la respuesta es “¿Cómo vamos a ahorrar algo que no tenemos?”.

Finalmente, el dirigente dijo: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad y trasladarles la responsabilidad por las fallas agrava el abuso que ya padecen”.

Los testimonios contenidos en la nueva acusación presentada este jueves contra  Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores describen patrones de tortura, desaparición forzada y represión a la disidencia similares a los recogidos en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.

De acuerdo con una comparación de CNN entre el documento de la fiscalía de EE. UU. y los informes de la ONU, la acusación amplía las conclusiones que contienen estos expedientes.

En uno de los señalamientos más resaltantes del escrito de 35 páginas, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber tenido una participación personal y directa en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y tortura.

 La misión de la ONU había dicho en su informe de 2020 que tenía “motivos razonables” para creer que el entonces presidente venezolano y otros altos funcionarios “no solo tenían conocimiento de los crímenes, sino que contribuyeron con ellos mediante la coordinación de actividades y el suministro de recursos para la ejecución de los planes y políticas bajo los cuales se cometieron”.

La Misión comenzó a trabajar en 2019, pero su trabajo abarca la documentación de casos desde el primer semestre de 2014, cuando ocurrieron las primeras grandes manifestaciones contra Maduro, que un año antes había sustituido al fallecido Hugo Chávez en la presidencia del país sudamericano. Los primeros hallazgos detallados del equipo de la ONU fueron publicados en 2020.

Barry Pollack, abogado de Maduro, dijo que su cliente niega el nuevo cargo -conspiración para cometer tortura- y dijo que espera con interés su próxima comparencia. Maduro también se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El gobierno de Venezuela siempre ha rechazado las conclusiones de los informes de la ONU, pero los señalamientos recogidos por el equipo de la Fiscalía se suman a las historias de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes han descrito, tanto en informes como en entrevistas con la prensa, una aceitada maquinaria represiva a gran escala en contra de la disidencia que, en última instancia, procuraba mantener a la pareja presidencial en el poder.

Según la acusación de la Fiscalía, la pareja gobernó sobre un sistema que se asentó en la violencia contra la oposición política, las detenciones arbitrarias y la tortura de detenidos, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos.

La acusación describe que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela sufrieron descargas eléctricas, asfixia, golpizas, secuestro, aislamiento prolongado en celdas de castigo y tortura psicológica, así como amenazas de hacerles daño o matar a sus familiares, incluidos niños.

Según la investigación de la ONU, estos métodos de tortura también han sido utilizados para obtener confesiones forzadas que incriminen a otras personas.

Los testimonios de tres presuntas víctimas no identificadas en el escrito ofrecen una mirada perturbadora al interior del aparato represivo del gobierno venezolano.

Uno de ellos aparece identificado como “víctima 7”, quien denuncia haber sido detenido en enero de 2022 cuando ingresaba a Venezuela. Pasó ocho meses y medio en prisión y, según la acusación, le negaron la alimentación y le inyectaron una sustancia que le causó convulsiones.

Un segundo estadounidense, a quien llamaron “víctima 8”, dijo que, tras ser detenido en agosto de 2023, cuando viajaba a Venezuela para visitar a familiares, funcionarios de la inteligencia militar del país sudamericano lo atacaron hasta provocarle una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia hasta la sede de esa organización con un arma en la boca y le aplicaron descargas eléctricas, según dice la acusación.

Uno de sus captores le habría dicho, según los fiscales, que continuaba con vida porque, al descubrir que era ciudadano estadounidense, un alto funcionario consideró que podía servir para un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

Entre 2022 y 2025 Venezuela y Estados Unidos llevaron a cabo negociaciones que culminaron en la liberación de varios prisioneros. En octubre de 2022 Caracas liberó a seis ciudadanos estadounidenses ejecutivos de Citgo a cambio de que el gobierno de Joe Biden otorgara el perdón presidencial a dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico, una situación que se repitió en diciembre de 2023 cuando Alex Saab también obtuvo la clemencia del Ejecutivo de Washington, mientras el régimen chavista dejaba en libertad a diez estadounidenses detenidos. En enero de 2025 el enviado especial de EE.UU., Richard Grenell negoció la libertad de otras seis personas a cambio de la reanudación de vuelos de deportación hacia Venezuela desde el país norteamericano.

Un tercer estadounidense, mencionado como “víctima 9”, narra que fue detenido alrededor del 29 de enero de 2025, cuando agentes llegaron a su vivienda buscando a otra persona, y permaneció detenido durante un año. Luego de ser detenido, lo llevaron encapuchado al sótano de lo que describió como un cuerpo policial y golpeado durante 48 horas. Por ello, de acuerdo con la Fiscalía, sufrió una lesión permanente en un ojo.

Los cargos contra Maduro y Flores, que deberán ser probados en un juicio que comenzaría en junio de 2027, detallan también el supuesto papel de los funcionarios venezolanos no identificados que habrían participado en las torturas. El gobierno de Venezuela aún no había reaccionado a estas nuevas acusaciones, como sí lo hizo tras su comparecencia del pasado 5 de enero, cuando se declaró inocente de cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se refirió inmediatamente a eso, mientras anunciaba el inicio de la Navidad para el 1 de noviembre.

Con información de CNN

La líder en el exilio de la oposición, María Corina Machado, ha decidido intervenir en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Lo ha hecho con un respaldo público a la congresista republicana María Elvira Salazar, que busca un cuarto mandato en la Cámara de Representantes por el Distrito 27 de Florida.

 El pronunciamiento, difundido a través de un video, llega en un momento particularmente delicado para la legisladora cubanoamericana, enfrentada a Donald Trump por sus críticas a la ofensiva migratoria de la Casa Blanca y con una contienda electoral cada vez más igualada en Miami.

“Hoy quiero reconocer y manifestar nuestro respaldo a María Elvira Salazar”, afirmó Machado en la grabación, en la que describió a la congresista como “una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”. La dirigente destacó el compromiso de Salazar con la oposición al chavismo y agradeció su respaldo durante los últimos años. 

“Cuando otros han dudado, tú te has mantenido firme en tu posición. Cuando otros han guardado silencio, tú has alzado la voz”, señaló. La legisladora agradeció el gesto, que su campaña incorporó entre los apoyos a su reelección del próximo 3 de noviembre.

 La relación entre ambas dirigentes viene de lejos. Salazar ha defendido durante años la causa democrática venezolana, y recientemente ha interpelado a altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio sobre el rumbo de la transición tras la captura de Maduro. La congresista también estuvo presente en la entrega del premio Nobel de la Paz a Machado el pasado mes de diciembre en Oslo.

El pronunciamiento llega apenas dos semanas después de que Salazar protagonizara un enfrentamiento con el presidente. El 17 de septiembre, la congresista publicó un video en el que advirtió que los operativos migratorios de su Administración habían ido “demasiado lejos” y que numerosos hispanos que contribuyeron a su victoria electoral de 2024 se sentían traicionados. Trump respondió cuestionando sus posiciones y posteriormente compartió en Truth Social publicaciones que la calificaban de traidora e incluso reclamaban sustituirla por otro candidato republicano.

Machado, por su parte, ha expresado que ha sido impedida de regresar a Venezuela hasta siete veces, y publicó recientemente una columna en el New York Post (uno de los diarios favoritos del magnate), titulada Por qué debo regresar a Venezuela y por qué el pueblo debe votar, en otro intento por recibir el apoyo de Washington para una vuelta que sigue sin fecha confirmada.

Una encuesta de TulchinResearch realizada en septiembre entre 600 posibles votantes situó a Salazar con el 47% de intención de voto y al demócrata Eliott Rodríguez con el 46%, una diferencia de apenas un punto porcentual, cuando la republicana se impuso en el Distrito 27 por más de 20 puntos. La jurisdicción en disputa tiene una población mayoritariamente hispana, cercana al 75%, y comprende comunidades cubanas, venezolanas y de otros países latinoamericanos, que en las últimas semanas se han visto atemorizadas por los operativos migratorios en el sur de Florida. El ICE detuvo a 50.925 personas en agosto, la cifra mensual más alta registrada por la agencia.

Salazar se ha movido casi siempre entre grises en materia migratoria. Hace dos años fue una firme defensora de destinar miles de millones de dólares al ICE y a la Patrulla Fronteriza, pero ahora busca marcar distancias con los aspectos más agresivos de esa misma ofensiva, en momentos en que parte de su electorado le reprocha no haber alzado la voz a tiempo ante la arremetida de las autoridades migratorias.

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El respaldo de Machado ha provocado interpretaciones contrapuestas en el escenario político estadounidense. En un debate de Telemundo 51, el analista demócrata Marco Frieri lo vinculó con la necesidad de la dirigente venezolana de mantener interlocutores entre quienes ejercen el poder en Washington, aunque cuestionó los resultados de la política republicana hacia Venezuela. El analista republicano Andrés Malavé, por el contrario, celebró el pronunciamiento como un reconocimiento a los aliados de Machado dentro del partido de Trump.

Las críticas también han llegado desde el ámbito académico. Orlando J. Pérez, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte de Texas en Dallas y especialista en política latinoamericana, calificó la decisión de “políticamente desacertada y estratégicamente contraproducente”. El politólogo cuestionó que Machado se arriesgara a enemistarse con los demócratas por un respaldo que, a su juicio, difícilmente influirá en el resultado electoral. También recordó que Eliott Rodríguez ha defendido la causa democrática venezolana y podría convertirse en un aliado de la oposición en el Congreso.

En la misma línea se pronunció Debbie Mucarsel-Powell, excongresista demócrata por Florida de origen ecuatoriano y excandidata al Senado estadounidense, quien advirtió de que la intromisión electoral de Machado “corre el riesgo de socavar la coalición bipartidista que ha apoyado al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia”. Mucarsel-Powell defendió que el respaldo de Washington a la causa venezolana debe mantenerse al margen de las disputas partidistas. “Espero que, en Venezuela, los líderes se guíen por el mismo principio”, concluyó.

Con información de El País

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este viernes con la dirigente opositora  Dinorah Figuera en la sede del Departamento de Estado, se conoció a través de la agenda pública del funcionario estadounidense.

El encuentro está programado en Washington y se produce en medio de las gestiones políticas relacionadas con la situación venezolana y los contactos entre representantes de Estados Unidos y sectores de la oposición.

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Se desconoce la agenda de la reunión, aunque hay versiones que hablan acerca de que tratarán todo lo relacionado con la mesa de diálogo.

Cabe recordar que este jueves, Juan Miguel Matheus, otro integrante de la oposición en la mesa, dijo que todos los temas de las negociaciones han sido avalados y determinados por el Departamento de Estado.

La jueza sudafricana Navanethem «Navi» Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 «por su labor en favor de la paz y el derecho internacional», anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

«El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo», señaló el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

«La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento», agregó.

 Con este galardón a Navi Pillay, «el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta».

«La paz requiere justicia», subrayó en su fallo el Comité, que agregó que la historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el imperio de «la ley es injusto, imprudente e inhumano», y que, por tanto, los jueces -aquellos que custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos merecen, por tanto, todo el reconocimiento.

Pero hoy, cuando estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones, atacadas, el mundo necesita personas con valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor como jueza, argumenta.

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«El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral han sido constantes a lo largo de una extensa trayectoria profesional», destacó el presidente del Comité en la lectura del anuncio.

Navi Pillay, sostuvo el Comité, ha exigido responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos.

Nacida en Durban, Sudáfrica, durante el apartheid, en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay se convirtió en abogada y pionera del derecho, «enfrentándose a la profunda discriminación estructural, la segregación y la exclusión», señaló Frydnes.

Un hilo conductor une su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid con su labor como jueza en algunos de los procesos judiciales internacionales más importantes de nuestro tiempo, añadió.

La galardonada de este año «ha ampliado considerablemente el alcance y el impacto del derecho internacional», porque ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI).

Fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y, hasta hace poco, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.

En 2019 se convirtió en jueza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que Birmania (Myanmar) está acusada de genocidio.

«En históricos procesos judiciales internacionales ha demostrado que las medidas jurídicas pueden contribuir a prevenir actos de guerra y violencia», recalcó el Comité, que destacó que la jurista «también ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones del derecho internacional».

La Premio Nobel ha contribuido a definir las normas pertinentes y los principios jurídicos, ya que, cuando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda estableció que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad, así como genocidio, «su influencia fue un factor decisivo».

En ese mismo proceso, Pillay desempeñó un papel fundamental en otro avance jurídico: por primera vez, un acusado se enfrentó a cargos de incitación al genocidio exclusivamente por difundir propaganda, señaló el Comité.

EFE