En Persia, durante el reinado de Cambises II (530-523 a. C.), conquistador de Egipto, hubo un juez, Sisamnes, que aceptó soborno para proferir sentencia injusta. Descubierto, el Emperador ordenó se le despellejara vivo y luego tapizar la silla desde la que presidió miles de juicios, con la piel. El mueble pasó a ser ocupado por su hijo Ótanes, quien sobre el cuero, en audiencias, deliberaciones y fallos, se hizo inmune al fatídico error de su ascendiente.

Una obra del pintor gótico y estilo flamenco, Gerard David (1460-1523), conocida como “El juicio de Cambises” y también como “El desollado del juez corrupto” (1498), refleja en forma impresionante lo que se cuenta. Sisamnes, sometido en público, es manipulado por cinco hombres con cuchillos, mientras Rey y séquito observan impávidos. En la parte superior derecha de la pintura está Ótanes, ya administrando justicia, mirando el macabro trato a su progenitor.

La Biblia dice: “… Puso jueces en el país en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del SEÑOR que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor del SEÑOR esté sobre vosotros; tened cuidado en lo que hacéis, porque con el SEÑOR nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni soborno…” Segundo Libro de las Crónicas 19:5-7.

La concepción cristiana se impone en términos similares en todas las religiones: Dios no acepta influencias y coimas cuando juzga, entonces quienes lo hacen en la tierra deben proceder igual. Cartas Magnas y leyes de todo el mundo están impregnadas del precepto, se le acepta sin discusión.

En octubre de 2020 se hizo viral en RRSS venezolanas audio de supuesta juez (se puede oír en IG @bitacorapenal), dando sus razones del por qué de la corrupción en tribunales, dijo: “… es bueno ser honesto… siempre y cuando existan las condiciones… pero si te llevan a un sistema como éste el que quiera ser honesto tiene que irse del Poder Judicial… nadie puede vivir con $10… hasta la persona más honesta se corrompe… uno no tiene las condiciones mínimas para comer… el servicio de una casa gana más porque le dan alimentos y le pagan $100 mensuales… el que está ahí con $10 todo el mundo sabe por qué está… la moral y la ética se acabaron…” sencillo, confesó ser delincuente.

Un juez superior en Venezuela devenga máximo $15 y de primera instancia $12. No han recibido aumento en más de cuatro años; tienen seguro médico, pero como si no; carecen de condiciones mínimas de trabajo y para colmo la epidemia. Con los salarios que paga el Poder Judicial no hacen nada. Es cierto que una señora de limpieza gana más que abogados con maestrías, especializaciones y  doctorados, un día se lo cancelan en $15, entonces, afirmar que quien ocupa el cargo es para cosas malas, tiene fundamento lógico: si no hay renuncia es porque usa vías aviesas que a costa de los demás le hacen menos difícil la vida a él. No hay forma en la actualidad de verlos como probos, íntegros, la única verdad del audio es que se sabe que andan en malos pasos.

«Un juez superior en Venezuela devenga máximo $15 y de primera instancia $12. No han recibido aumento en más de cuatro años»

El refrán “la mujer del César no sólo debe serlo sino parecerlo” es especialmente aplicable a la figura del juez y más al penal.  El togado es como cualquier persona, pero al mismo tiempo muy distinto, está investido de jurisdicción, facultad de aplicar la ley en nombre del Estado a sus semejantes para nada más y nada menos decidir si es culpable o inocente, por eso enseñarse decoroso, recto, es fundamental para que se le respete.

El Tribunal Supremo de Justicia debe darle carácter urgente al aumento decente de sueldos de todo el personal a su mando y logrado, establecer un régimen disciplinario sancionatorio implacable contra los renuentes, de lo contrario sus víctimas, en legítima defensa, tendremos que empezar a difundir la historia de Sisamnes y obra de David, para que elijan limpiar casas antes que cobrar “por hacer justicia”. Busquen y contemplen el cuadro, lo expresa todo.

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El 12 de marzo de 2020 Nicolás Maduro decretó estado de alarma ante la expansión global del coronavirus.  En junio acogió esquema de flexibilización 7+7, “modelo venezolano”, que el 4 de octubre ordenó fuera “plus” para lograr la disminución de contagios y el 8 de noviembre  avisó quedaría sin efecto desde el 1° al 31 de diciembre, para tener “navidades felices” si nos cuidábamos “bien cuidaditos”.  El 3 de febrero de 2021 lo desactivó por carnavales ya que había “nivel de control mejor que en EEUU, Colombia, Europa y Brasil, que se jactan de ser lo máximo”.  El 9 de marzo declaró “cerco sanitario y flexibilización limitada y parcial” en Caracas y estados Bolívar, Miranda y La Guaira, donde según había aparecido la “variante brasilera”.  El comportamiento presidencial permite proyectar que en la Semana Santa, cuyo jueves y viernes corresponden a 1º y 2 de abril, se verá el mismo desastre de relajo social de las dos últimas fiestas.

El 9 de septiembre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) en  su segundo “Informe sobre el estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias”, precisó que la principal causa de su expansión fue el subregistro de casos (estadística no ajustada a la realidad).  Ató cualquier diseño de flexibilización a que se ampliaran las pruebas RT-PCR, mínimo 8000 diarias, de forma descentralizada, abarcando asintomáticos y con entrega de resultados en máximo 72 horas, sino entre octubre-diciembre los contagios serían 14.000 por día.  En su Boletín N° 39, noviembre, participó que la cifra de nuevos casos era la adelantada; que la epidemia estaba fuera de control;  que sus modelos matemáticos  arrojaban desde fines de octubre ascenso numérico que coincidía con aumento en la movilidad;  y que preocupaba la flexibilización total en navidad, porque el diagnóstico, imprescindible para la vigilancia epidemiológica, por razones desconocidas se había reducido.  

El 3 de enero de 2021 Maduro expresó en cadena nacional haber firmado con  Rusia un contrato para 10 millones de vacunas “que lleguen el primer trimestre.  A la batalla contra el Coronavirus le queda mucho tiempo.  Aspiramos que sea totalmente segura, pero tenemos que hablarle claro a nuestro pueblo, la mayor vacuna, la mayor medicina es el tapaboca utilizado correctamente todo el tiempo; la sanidad de las manos. Cuidarnos, se los pido de corazón, lo hago por ustedes, ya pasó la pachanga, tengo moral para exigir”.

El 6 de marzo de 2021 el Primer Mandatario fue vacunado con la Primera Combatiente,  sirvieron de  ejemplo para  mostrar la “eficacia y fe” en la Sputnik V.  Hasta el momento han llegado 100.000.   «Yo había calculado abril como el mes para la expansión de la vacunación, ojalá cumplamos, porque hay problemas en la producción,  apenas 10 países están acaparando el 90 %, entonces es clave la prevención»… la pareja está protegida.

La ACFIMAN  advirtió en el tercer Informe sobre  estado de la epidemia (febrero 2021), que “las altas tasas de movilidad registradas durante las últimas semanas anticipan un aumento de casos”.

La Academia Nacional de Medicina en su Boletín Nº 16 del 15 de marzo de 2021 alerta que de acuerdo a las últimas cifras disponibles, Venezuela solo cuenta con disponibilidad de dosis para el 38% de la población. Resalta que “lamentablemente, no están disponibles en las fuentes oficiales del MPPS el número de personas vacunadas cada día, ni la distribución geográfica, los grupos de edades, y las características de los servicios en los cuales fueron administradas, por lo tanto, no es posible conocer el cumplimiento de las metas, ni los escenarios para los próximos meses. En consecuencia, no es factible realizar las comparaciones internacionales, de especial valor para introducir mejoras en la gestión”.

Hoy prefiero sea el lector quien produzca conclusiones de este artículo, sólo recomiendo lo lean entre líneas.  Falta mucho que sacar del tintero sobre el tema, si Dios quiere daré las mías cuando esté vacunado, no creo sea antes del próximo diciembre.  Haya acuerdo o no entre las dirigencias políticas enfrentadas, para comprar las vacunas ¡cuídense! ni una ni otra  lo harán por nosotros.

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Un profesor de la universidad, cuando le preguntaban si algún nuevo material de estudio era bueno, respondía: “pal que le gusta lo malo”.  Jamás me atreví pedirle explicación acerca de lo que significaba la frase, era de esos abogados cortantes, no quería me saliera con una de las suyas.  Mi padre también la utilizaba, pero menos disipó la duda, la empleaba con sarcasmo y  quien usa la ironía como recurso frecuente de habla no aclara expresiones.  Me costó despejar la hesitación.     

Varias veces leí en Twitter  publicaciones de muchos usuarios defendiendo a la principal cadena de farmacias de Venezuela, como si fueran sus propietarios, cuando alguien denunciaba altos precios de  medicamentos o nunca tener vuelto en dólares para que se gastara todo el billete.  A quien  protestaba la mínima calificación que atribuían era  “chavista de closet”.  “Vayan a comprarle a Maduro”, aconsejaban, justificando su amenazante actitud alegando que por lo menos en ese comercio se conseguían las cosas, caras, pero se conseguían.    

Lo radical de los fanáticos de la botica me exasperó y escribí en la red social que fui a una de las sucursales buscando solución fisiológica, pera para enema, supositorios de glicerina e inyectadora tipo probeta y no tenían ni una de esas cosas elementales, me llamaron mentiroso.  ¿Qué soy, aspirante a chavista o chavista de closet? riposté, “estúpido” apareció del otro lado.  Por cierto, nadie me quita de la cabeza que esa compañía se sirve de “guerrilla comunicacional” parecida a la roja rojita, porque apenas la citas en negativo te caen como pirañas.

Otro caso.  Voy a un Centro Comercial donde reside otra cadena, de ferretería, la más grande del país.  Cargo cien dólares.  Entrando, aviso en caja que pienso gastar entre 50 a 60 y me dan visto bueno para el cambio.  Más de una hora de cola y cuando ven el billete lo rebotan.  Reclamo y aconsejan que gaste 80, me voy.  Al ir a pagar el estacionamiento entrego un dólar, no hay bolívares, el taquillero  dice que por “política de la empresa” no lo aceptan. Pido llame al supervisor… no hay solución.  Telefoneo para que me transfieran, no hay cobertura.  Al final un señor  me ayuda, “tranquilo, Yo pago, me ha pasado”.   

Otra experiencia.  Donde funcionaban primero los CADA y después los Abastos Bicentenario hay ahora bodegones iraníes.  Estoy en uno, ajetreado embolsando los productos y escucho un grito como de Tarzán:   “póngase bien el tapabocas”, no pienso es conmigo, pero sí, era el destinatario. Veo una inmensa mujer, como barloventeña, quien me repite la orden estilo militar, pero  notó que el de ella no  cubre tampoco la nariz,  le reclamo la falta de moral y fue peor. Procedo a retirarme pero me advierte que primero debo poner todo en los estantes… se formó el zafarrancho.

Necesitaba comida.  Me dirijo a otro supermercado, con gentilicio de ciudad portuguesa. Todo bien hasta que voy a la salida.  Revisan artículo por artículo con calma de tortuga, un abuso porque es sospecha de delito, después de haber cancelado son tuyos, nadie puede tocarlos.  Una botella de ginebra  la chequearon con tal fuerza que aflojaron el dispensador,  al llegar al carro había botado la mitad. Me regreso, hablo con el de seguridad y me acusa de dudar de “su” personal, condicionando el cambio a  revisar las cámaras de seguridad para determinar de quién fue la culpa, NCIS pues.  Milagro, hablo con el gerente y se da cuenta que tengo razón, listo.

Vía al hogar una alcabala de las FAES.  “Estaciónese a la derecha”, 20 minutos de espera, llega el malandro, digo, el funcionario.  Pide papeles, todo en regla, listo, pienso, pero no, viene lo bueno. “Baja el vidrio trasero”, ve las bolsas y los ojos le brillan.  “Factura”, no aparece.  Comienza el matraqueo, pero al bajarme del carro estaba en el asiento.  El tipo ruega “déjanos algo que no hemos desayunado”, jajajaja, me voy.  Llego a casa, saco hielo, sirvo el trago que merecía y se fue la luz, ah y el agua.  Lo saboreo y aunque es marca de tercera me supo a gloria… por fin entendí la frase “pal que le gusta lo malo”.  Sin calidad de vida y en Dictadura, lo peor es bueno.

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El tiro impactó la cabeza. Comenzaba la noche y delincuentes  sorprendidos en fundo de Apure dispararon asegurando la huída.  Gritos, desespero, la víctima niña de ocho años.  Llegaron al hospital de San Fernando, sufre todas las carencias, es el infierno.  No hay neurocirujano en ese centro ni en el estado, había uno pero hicieron que renunciara.  La enfermera de primeros auxilios lo llamó, trabajaron juntos, era la única opción para salvarla.  En Caracas el médico, ya en cama, atendió, escuchó e interrogó, no podía excusarse… a la hora en carretera.

         El ruso, así llamaré al galeno, a las seis de la mañana estaba viendo a la pequeña.  Intervino, limpió el área lesionada para prevenir hemorragias e infección, pero hasta allí, el daño había sido muy grave, no dio esperanza.  Estuvo unos días más y  regresó a la Capital.

         A las semanas, otra vez en San Fernando porque mensualmente pasa consulta privada en esa tierra, suya porque lo vio nacer, tiene en espera a paciente por control post operatorio, sorpresa, entra aquella niña caminando normal.  No puede creerlo.  Realiza el examen de rigor. “… Sigue mi dedo con tus ojos, aprieta la mano derecha, izquierda; salta, agáchate, haz el cuatro con tus piernas…”, perfecto, un milagro.  La madre se despide dándole gracias a  José Gregorio Hernández y un abrazo a él.

         Pasa el tiempo. El ruso piensa y piensa.  En reunión familiar narra a un sacerdote lo sucedido.  “Hay que documentar el caso para presentarlo al Vaticano” dijo, pero un problema, la bendecida desapareció.  Nueva sorpresa, a los pocos días saltó a escena, como si la hubieran citado.

         La mamá nunca dudó que José Gregorio salvaría su hija y contó que esa noche de la tragedia lo vio caminar en el nosocomio con bata y cabás.  Le entregó los estudios, pero El ruso aún dudaba del milagro, no los hizo llegar al religioso de inmediato.  Arreglaba casa de campo y a eso se dedicó. Olvidó el asunto.

         Los trámites para conformar el expediente que se remitiría a la Santa Sede siguieron.  Una tarde (se alistaba para inaugurar su sitio de descanso), cuando iba a ducharse sonó el teléfono, el padre responsable del procedimiento le dijo que faltaba lo más importante, la primera tomografía.  El médico sabía la tenía pero no donde, la había buscado por todas partes y nada.  Pensaba que el resto de informes la supliría, pero no, esa prueba era fundamental.  Se paró frente al espejo del baño y como si estuviera José Gregorio lo recriminó:  “bueno, tú verás si aparece o no, a ti es a quien ayuda”.  No terminaba de vestirse y entró al cuarto la esposa, traía un CD, lo había encontrado una sobrinita curiosa en caja vieja llena de cosas  inservibles, lista para botar.  Lo saca de la funda y ve escrito PAO, el Hospital de San Fernando de Apure se llama “Pablo Acosta Ortíz”, estaba rayado, sucio, así lo metió en la computadora y al abrir:   la tomografía.  Viéndola llama al cura y da la noticia, éste llorando y riendo le contesta:   “ya lo sabía, acabo de ver a José Gregorio aquí donde estoy tomando café.”

         La historia no la supe por El ruso, vino de un gran amigo, Fernando, quien me la cuenta almorzando.  Nos reencontramos después de haber sido él operado de emergencia  para extraerle tumor maligno en el pulmón izquierdo.  Midió 2,5 centímetros.  De inmediato fue a manos del patólogo,  pero cuando fueron a analizarlo se había reducido a menos de un centímetro. Pasó a otros expertos que han concluido que el cáncer no existe.  Documentan su caso.

         Pregunté a Fernando si era devoto de José Gregorio, no, pero resaltó que hacía dos años, cuando uno de sus empleados estuvo a punto de quedar paralítico y fue sometido a delicada intervención, lo invocó, le rezó para que saliera bien.  Terminado el trance el convaleciente lo primero que le comentó fue haberlo visto, con sombrero y traje negro.  Esta persona fue de las que más rogó la ayuda del Siervo para mi amigo.

         La niña, Fernando y su empleado están vivos y sanos, son devotos. ¿Y el ruso?… ahora cuando se despide de sus pacientes o responde mensajes, utiliza la frase:  “Dios y José Gregorio Hernández te cuiden y bendigan”.   Sigue operando y dicen los que saben, sus manos son instrumento de la santidad.

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En la apertura del año judicial 2021, Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), planteó la necesidad de contar con:  “… un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en lo que el jurista Arminio Borjas advertía: una red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el Derecho…”.  Paradójico, porque con Alex Saab, colombo-venezolano detenido desde junio pasado en Cabo Verde, África, por presunto lavado de al menos 350 millones de dólares y a quien el gobierno nacional incluso ha homenajeado con conciertos en que se reclama  su libertad, los defensores han interpuesto decenas de  impugnaciones.

Los recursos son base del Estado de Derecho, “damas” a las que no se debe tocar ni con el pétalo de una rosa.  Caprichosos o incómodos hay que tolerarlos porque constituyen la única vía para corregir errores y arbitrariedades de jueces. Casos reales ayudarán a comprender.

A mediados de febrero de este año se hizo viral video en el que aparece joven propinando paliza a otro. Fue en Barquisimeto. Después de noquearlo con golpe en la mandíbula, lo pateó en la cara varias veces con toda  fuerza. La víctima fue ingresada a cuidados intensivos. El bravucón se entregó a las pocas horas.  

La opinión generalizada atribuyó al mozo pendenciero el delito de homicidio frustrado, con ensañamiento. La pregunta es: ¿Bastaría una sola sentencia para condenarlo o absolverlo, o sería justo que otros jueces pudieran revisar el fallo para confirmar si es culpable o inocente?  El próximo caso ayudará a responderla.

En  San Rafael de Atamaica, Apure, a la salida de un bar, discuten dos primos. Un conocido interviene para evitar se vayan a las manos. El mediador es asesinado a golpes por uno de los camorristas.   

En el pueblo se sabe quién lo mató, pero asombro, el fiscal del Ministerio Público asignado a la investigación, no. Presentó acusación pero ni una palabra escribió para explicar qué pasó.  Calló lo que dijeron tres testigos acerca de cómo se produjo el suceso. Le pagaron para que “trabajara” así.

El juez que decidió la causa calificó lo acontecido como homicidio en riña, falso, varias personas que presenciaron los hechos manifestaron en entrevistas que el intercesor no movió un dedo. El togado sentenció con argumento del “Chavo del 8”:  “fue sin querer queriendo”, según, con manos y pies no se podía intencionalmente matar.  Condenó a cuatro años de prisión y decretó la libertad inmediata del acusado, visto que “el TSJ no quiere hacinamiento carcelario”.

La fiscal apeló, obligada porque le habían descubierto el soborno. El recurso llegó a la Corte y ésta estableció que el Chavo, perdón, el juez incurrió en grave error, ya que con pies y manos se quita la vida a cualquiera; que incumplió la obligación que tenía de ordenar corregir la acusación para que se explanara de manera clara, precisa y circunstanciada el objeto de juicio;  y que dio libertad sobre falso supuesto, porque el TSJ jamás consideró acabar con el hacinamiento penitenciario de la forma invocada.  

El nuevo marco legal que se desea es el de la minusvalía del derecho humano a la doble instancia, el de su máxima reducción con la excusa de hacerlo “dinámico y funcional”… autoritarismo, no otra cosa se puede concluir de la propuesta de eliminar la “red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el Derecho”, expresión que se asignó al maestro Borjas, procesalista patrio de los más importantes a nivel latinoamericano, pero fuera de contexto, ya que la formuló refiriéndose a la falta de ética de algunos abogados en juicios civiles, Derecho Privado, para retardar ese tipo de proceso, no en los que está interesado el orden público.

Con manos y pies se puede matar a un hombre, también a la Justicia.  Quien tiene cultura jurídica valora y respeta a los recursos, quien no, los tilda de embrolladores.  Detrás de cada decisión debe haber uno, harán más sólido al juez probo y pondrán en flagrancia al corrupto, y cuando resulte que sean usados aviesamente, debe recordarse que al infractor caben sanciones por mala fe en el litigio.

@doctorgoitia

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En grupo jurídico de Facebook leí:  ¿Puede un juez revocar su propia decisión?  “No, a quién se le ocurre”, repetí muchas veces sustentado en lo que aprendí en mis primeros días de estudiante de Derecho, pero lo vivido con la revolución en Venezuela me hizo dudar rápido, todo es posible.  Volví a la red y había un comentario que respondía “… sí, el  TSJ dictó fallo que lo permite”.  

El 18 de noviembre de 2020, la Sala de Casación Civil (SCC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia de Marisela Valentina Godoy Estaba, dictó decisión en el expediente 2008-000191, en que se expresó:  “… resulta pertinente aplicar la excepción al principio de irrevocabilidad de las sentencias, que surge en el marco de la interpretación del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, según la cual, a fin de garantizar la Justicia, el Tribunal que se percate que el fallo por él emitido violenta la Carta Política Fundamental… puede, a pesar de la prohibición establecida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, revocar su propio fallo…”.

 Aprecié la motivación como errónea y sin trascendencia, simplemente la SCC  precisó cómputo equivocado en que se basó para declarar extemporáneo  un recurso y dictó auto que corrigió el error, quedando anulado el primero.  No hay nada extraordinario en el asunto, simple y común rectificación.  El pronunciamiento se  regó como pólvora entre abogados, la mayoría opinando -sin precisar el contexto en que se emitió- que cualquier juez podría  dejar sin efecto sus sentencias.  Volví al pensamiento de lo absurdo, pero rápido regresé a la hesitación.

En el acto de apertura del año judicial 2021, Maikel Moreno (MM) manifestó:  “… el mundo debe conocer que Venezuela tiene una Constitución que marca el camino pacífico y perfecto para escoger nuestras autoridades… la reestructuración del Poder Judicial es un hecho… instamos al Poder Legislativo a plantear las reformas urgentes para la transformación de los sistemas de leyes adjetivas y sustantivas para hacerlas más simples y más funcionales… Código Orgánico Procesal Penal, Código Penal… leyes contra el terrorismo… requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en lo que el jurista Arminio Borjas advertía: una red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el Derecho…”.

El que tenga oídos que oiga.   Dijo MM era un hecho la reestructuración del Poder Judicial;  instó al Legislativo a reformar con urgencia leyes penales y destacó que la actual Carta Magna es perfecta. 

El funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (2017) se entiende es para elaborar nueva Constitución.  MM ni la mencionó en su discurso, al contrario, resaltó que la “bicha” era impecable, por lo que lo mínimo que se puede deducir es que la “futura” es inútil.

La iniciativa de leyes en materia sustantiva penal es de la Asamblea Nacional (AN) y electores en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos en el Registro Civil y Electoral, de forma que instar al Legislativo a reformar las penales con urgencia, es mínimo una falta de respeto, quizás impulsada, pero no justificada, por la que también cometió Iris Varela cuando exigió al TSJ ordenar cárcel para los diputados de la AN que existió hasta el 2020.  El principio de coordinación de poderes no abarca estos abusos.     

El Poder Judicial tiene autonomía funcional, financiera y administrativa, pero no puede cambiarse así mismo, sólo a través de ley o vía constitucional que no altere la estructura y principios del texto fundamental, pero MM, frente al Presidente de la República y de la AN (¿lo haría sin permiso?)  anunció  que la metamorfosis estaba en marcha.

 En Argentina, desde hace dos décadas se ha estado trabajando en una corriente a la que se ha llamado “activismo judicial”, que a juro se ha querido enfrentar con otra denominada “garantismo”.  La confrontación se sustenta según en una “visión diferente del proceso”. 

Al garantismo se le critica no  preocuparse en dar justa solución al caso y preferir mantenerse fiel al marco procesal;  al activismo judicial se le aplaude anticiparse a las leyes, poco prácticas, desligadas de la realidad y morosas con la sociedad.  Ha tomado mucha fuerza en la nación sureña con el kirchnerismo y divulgado en varios países latinoamericanos como paradigma del Estado Social Constitucional de Derecho. Pudiera resumirse así: el juez en algunos supuestos (quedan a su arbitrio) puede desatender forma y fondo si asume son incompatibles con la “justicia”.

Consideré tonta la pregunta de Facebook, me equivoqué, pero corrijo y predigo que la “Sentencia Godoy” es la punta de lanza para implantar el activismo judicial en nuestro país.  No hará falta Constitución, reestructurar el Poder Judicial y reformar leyes, sólo fueron temas de un discurso sin importancia.  MM avisó lo que viene… autoritarismo en tribunales.

@doctorgoitia

Publicó “Impacto Venezuela” el 7 de febrero de 2021, artículo con mi firma, titulado “Extorsión policial plumífera”.  Narré lo que pasó a Katty en Los Teques, capital del estado Miranda en Venezuela. Fue citada y retenida por funcionarios, que le pidieron 60 pollos para no involucrarla en delito con el que nada tenía que ver. 

La idea era y es escribir sobre casos parecidos al de la humilde mujer, que conozco por vivencia propia y de abogados que comparten los suyos (así liberan en algo las frustraciones que causa trabajar la materia penal en estos tiempos), para informar acerca del desastre en que está inmerso el mal llamado sistema judicial y advertir que nadie es inatacable por el monstruo.

Buena la acogida de lo redactado. Grupos de juristas de varios países latinoamericanos difundieron el relato, pero debo confesar, hubo seguidores que mostraron desconfianza de su veracidad.  El reto consiste ahora en disipar la duda, poniéndolos en conocimiento no tan sólo de lo que pasa con gente común, en muchos sitios difícil de creer y verificar, sino de los abusos de quienes detentan el poder y de cómo algunas personas se van acostumbrando a ellos, más factible de comprobar.

Empiezo. En 2019, encargada Iris Varela del Ministerio de Servicios Penitenciarios, anunció tener listas las celdas para los principales opositores del gobierno. En diciembre de 2020, antes de ser elegida diputada, avisó que su primera acción sería pedir fueran encarcelados. El 3 de febrero de 2021, en programa de televisión, ya como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) exhortó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ordenar sus aprehensiones. Vociferó: «… donde lo vea (a Guaidó) lo pongo a la orden de la autoridad… cualquiera puede hacerlo… qué ha pasado, cuál es el motivo, por qué no lo han detenido…».

Resaltó no hacía falta decisión de ningún togado para proceder. Sacó de la cartera unas esposas y amenazó con engancharlo.  El entrevistador preguntó si podía portarlas sin autorización y respondió que sí porque era autoridad de la República. Prueba de esto en YouTube, buscando:  Iris Varela Vladimir a la 1.

El 22 de enero de 2021, Maikel Moreno, presidente del TSJ, en el acto de apertura del año judicial pidió a la AN reformar la Ley contra el Terrorismo y otras, para hacerlas «más simples».  Propuso crear «… Nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en una red enmarañada de recursos, donde generalmente queda inmerso el derecho…» (Agencia EFE-Edición América). 

El 7 de febrero de 2021 leí en Twitter (@GonzalezOtaiza) con misma fecha, y hora 6:36 a.m.:  “Mi querismodo camarada Diosdado soy fiel seguidora y socialista x covicción, como decía el comandante supremo a la patria hay q sentirla en viseras, el caso m invadieron posadita colombianos en chichiriviche y es lo poco q tengo, si usted me pudiera ayudar con fiscal en tucacas”… textual.

El 10 de febrero de 2021, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, comentó en su espacio audiovisual “Con el mazo dando”, haber denunciado por corrupción a dos alcaldes en virtud que “… de un día para otro han cambiado hasta su modo de vestir…”, no dio nombres, pero según sí los mencionó al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, no al Fiscal General, quien es el competente. Concluyó con frase filosófica “… al que le caiga le chupa, el que no tenga nada que temer puede andar tranquilo…”.

Terrible lo que está sucediendo. Desde el Poder Legislativo, esposas en manos, bravean con apresar opositores sin órdenes de jueces; el Poder Judicial reclama modificar leyes para hacerlas “sencillas y prácticas”, eliminando recursos procesales que “enredan el derecho”; el partido de la revolución pide discrecional y directamente a órganos policiales, investigaciones a funcionarios que modificaron “estilo de vida”; los ciudadanos ruegan a políticos ayuda de influencia con fiscales, en vez de fiarse en el Ministerio Público… la extorsión policial plumífera es puritica verdad, se los juro.

@doctorgoitia

Desde el 2010 Katty trabaja en un matadero de pollos en Los Teques, población del estado Miranda en Venezuela,  los últimos tiempos intermitentemente, cuando llegan, según por consecuencias de la “guerra económica”.  Es obrera, embolsa.  No ha ascendido en la empresa y peor, gana un dólar semanal, pero no renuncia porque recibe cada quincena bono de diez aves que es con lo que ha subsistido, haciendo trueque, para mantenerse con dos hijos y nieta.

Hace cinco años logró ahorrar algo de dinero.  Lo invirtió en una moto, para venderla por si se presentaba cualquier emergencia, que acaeció.  La negociación la hizo como es normal en sectores populares:  toma tu dinero, dame lo mío.  Fue pasando así por muchas manos hasta que el pasado diciembre mataron al último comprador para robársela.

Comenzaron las pesquisas y lógico, abarcaron a quien aparecía en el registro legal como dueño, y compañía.  Fueron a él y de ahí pasaron a Katty y varios.  La  buscaron en casa un lunes,  temprano, no estaba.  El “sutil” llamado a la sospechosa lo atendió su vástago adolescente a quien los gendarmes llevaron detenido a “El Paso”, centro de operaciones.  Sabían era efectivo para hacerla aparecer, de hecho, en menos de una hora se apersonó.     

Le ordenaron callar y advirtieron que si intentaba buscar ayuda los problemas serían mayores.  Salteado la interrogaron hasta que llegó la pregunta clave:   ¿dónde trabajas?… “en un matadero de pollos”.  Los ojos de los sabuesos brillaron, diciendo el de mayor rango:  “te vas, pero mañana  de madrugada estás aquí con 40”.   Desde el mediodía hasta las once de la noche la tuvieron “retenida” sin tomar agua, comer, ir al baño y parada.

 Sólo cinco consiguió, los de su nevera, pero se presentó, a fin de cuentas el que no debe no teme.  La pasaron a una oficina inmunda en el área de calabozos.  Rindió declaración pero no la soltaron, faltaban 45, sí, 45, la cuota había aumentado porque al jefe de brigada lo dejaron por fuera y no  podía permitir el “guiso”. Un grupo salió con ella a practicar  visita domiciliaria en su residencia y la de otro “sospechoso”… inútiles.  Regresaron, de nuevo a la zona de celdas;  la esposaron a silla, y sorpresa, nuevo número de plumíferos, 60, 30 en la tarde y 30 el próximo martes.  Era un acuerdo al que se había llegado entre captores y el  jefe de seguridad del matadero, compañero de graduación de los activos, quien enterado de los hechos pretendió aplicarle “operación colchón” con el convenio.

Pero los extorsionadores no se dieron cuenta que Katty portaba un celular.  Aprovechando que almorzaban pudo comunicarse con juez jubilado a quien en pasada época le sirvió como doméstica.  De alguna manera tenía que enfrentar la jauría de polizontes.  El togado contactó al supervisor de regiones quien a su vez lo hizo con el comisario de área.  Ayudaron.  El número 1 local se dirigió a donde estaba privada de libertad y gritó su nombre, la ayudó que era apellido Rico, igual que el del Director Nacional de policía.  Brincaron los guapos como corderos.

La pasaron a otro piso y hasta café le dieron.  El acta que  era garantía del botín, en minutos apareció y se firmó.  Saliendo le ofrecieron disculpas por el “error”.  Un  funcionario, de los “buenos”, le hizo saber su solidaridad reprochando el abuso, pero lo justificó aclarando no fue la única a quien se le pidió vacuna;  el “malo” no volvió a verla, estuvo cabizbajo, asustado, porque a final de la tarde tendría  que rendir cuentas con sus compinches.

Refieren con preocupación abogados y víctimas sobre la modalidad delictiva que está aconteciendo, consistente en que al averiguarse el delito se hurga en el entorno para saber quién posee ciertos recursos económicos, luego se entrevista a cualquiera que lo menciona, sin ver con el asunto, para tener la excusa de citarlo y perturbarle la existencia como a Katy, con amenaza de cárcel si no paga. Los directivos saben del desastre… el caos los absorbe.

Se desató el sálvese quien pueda, cuiden sus pollos.

@doctorgoitia

La resolución del conflicto social que origina el delito no se duda debe estar en manos del Estado, en distintas sería vendetta.  Es asunto complejo su resolución.  La víctima aspira a toda costa el desagravio inmediato del daño y en mayor proporción al sufrido.  El victimario quiere libertad, al precio que sea.  El Ministerio Público, que no Vindicta Pública como mal se le llama en sinónimo que traduce venganza pública, inaceptable, acusa aunque es parte de buena fe.  El juez aplica el Derecho, mas fallas y vicios hacen que muchas veces lo haga torcido.

El conflicto de intereses que genera el delito suscita situaciones espinosas e inimaginables.  Los jueces están para zanjarlas, pero cuando carecen de sapiencia, no son autónomos o la instancia encargada de fijar criterio jurídico es inepta y aviesa al establecerlo, la cosa se complica.  Algunos casos reales pueden servir para demostrar la importancia del conocimiento, la independencia y respeto cuando se imparte justicia.

Conocimiento.  En accidente murió niño por arrollamiento.  Se decretó la aplicación del procedimiento ordinario por homicidio culposo y dictó contra el chofer medida de presentación, acreditado no hubo exceso de velocidad ni consumo de licor u otras sustancias ilícitas.  La semana siguiente el mismo sujeto (tampoco ingirió alcohol ni drogas) estuvo envuelto en suceso donde motorizado colisionó contra la parte trasera de su vehículo, resultando éste fallecido y lesionado el parrillero.  Lo privaron de libertad atribuyéndole homicidio intencional a título de dolo eventual y lesiones culposas. Grave e inexcusable error porque con un solo acto, concurso ideal, se tipificaron ilícitos que se excluyen en razón de la intencionalidad.

Independencia. Varios universitarios compartían en sitio nocturno, una muchacha guindó el morral en silla de mesa contigua, que minutos después fue ocupada por terceros entre quienes había funcionario que cargaba bolso idéntico. Saliendo del establecimiento, sin intención, tomó el equivocado y en la calle fue interceptada por el policía.  Le explicó el error, no entendió, las cosas pasaron a mayores, sacó su arma y la puso en la cabeza de uno de los estudiantes, la joven lo agarró tratando de salvarlo, pero no, lo mató y a ella le voló dos dedos.  Privativa por homicidio calificado y lesiones graves, que sólo duró tres meses porque el responsable era escolta de diputado chavista de la Asamblea Nacional, con influencias en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ordenaran al juez concederle libertad.  

Respeto.  Alguien dio la instrucción que en estados fronterizos con Colombia se detuviera personas que transportaran pacas de alimentos, así fuera una.  Se llegó al extremo en Apure de condenar a un campesino a 14 años de prisión por contrabando de 24 kilogramos de arroz.  Un magistrado de la Corte de Apelaciones hizo la observación a sus colegas sobre la grave realidad y planteó la urgencia de precedente que la hiciera cesar, argumentando que era normal que la gente de caseríos comprara por cantidades, ya que se abastecían así en razón de las largas distancias con centros poblados e inclemencia de la temporada de lluvias.  Pronto les tocó conocer de recurso contra  privativa de libertad por contrabando, extracción de hidrocarburos y asociación para delinquir, en perjuicio de tres trabajadores que llevaban 250 litros de combustible para el tractor del fundo en que laboraban, y se pronunciaron revocándola con fundamento en el principio de proporcionalidad, advirtiendo que las cárceles se llenarían de inocentes. El gobernador encolerizó; dos de los firmantes se “arrepintieron” y el convencido debió ir a Caracas a denunciar al mandatario regional y Comandante de la Policía por amenazas contra su vida y libertad.  Con cara bien lavada el TSJ después dictó sentencia donde prácticamente plagió los argumentos del perseguido disidente.

El producto de la función jurisdiccional son las decisiones.  Es tiempo de comenzar a analizarlas, interactuar con ellas como se hace con noticias en redes. La justicia debe ser abierta, transparente, criticable y porqué no, juzgable, cuando deja de lado los parámetros de conocimiento, independencia y respeto.    

@doctorgoitia     

En el 2007 Milagros De Armas, de las herederas del dueño del bloque editorial periodístico más importante de Venezuela para ese momento, comenzó a ser  juzgada por el homicidio de Andreína María Gómez Guevara, joven estudiante.  El 2 de junio de 2008, Esaúl José Olivar Linares, Juez  46 de Control de Caracas, hizo cesar la prisión preventiva de la imputada por presentación ante el tribunal cada ocho días y prohibición de salida del país.  La decisión nunca llegó a ejecutarse.  El togado fue destituido de inmediato, rumoreándose había recibido soborno.  El tema a tratar no es este  caso específico, sí lo que empezó a ocurrir a partir de él. 

Para la época del crimen Ramón Eladio Aponte Aponte era Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).  Como coronel de la Guardia Nacional llegó a Fiscal General Militar y su actuación en el caso conocido como “Los Paracachitos” (2004), persecución que adelantó contra 56 presuntos paramilitares que intentarían matar a Hugo Chávez, lo llevó en 2005 a la máxima instancia judicial, monopolizando un poder que sólo Maikel Moreno ha superado.  Hoy vive en Estados Unidos después de huir a Costa Rica en el 2012 a causa de problemitas con sus camaradas y por otorgar credencial a Walid Makled, narcotraficante.  

Al llegar a la Sala de Casación, “Doble A”, como lo llamaban sus secuaces, sin reparo puso a dedo como jueces a muchos.  Olivar Linares tuvo la “suerte” de ingresar al Poder Judicial de manos de su amigo, pero éste le defenestró sin consideración por no haberle consultado sobre asunto tan importante como el de De Armas.  El magistrado aprovechó la situación para instruir de palabra a los presidentes de circuitos penales, ordenar a los jueces consultar con ellos antes de su publicación, todo fallo que comportara libertad, hubo resistencia, que culminó con renuncias y jubilaciones “especiales”.  Para garantizar la efectividad del mandato se autonombró Presidente de Circuito en los estados  Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Miranda, Zulia y Área Metropolitana de Caracas, llegando al abuso de serlo simultáneamente en tres.

Las funciones del Presidente de Circuito, de acuerdo al artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, son administrativas y no deben  interferir en la autonomía y jerarquía de los jueces.  Aponte violentó la norma y con ello sentó las bases para acabar con el principio de independencia.  Gracias a él el sistema funciona así:   el Presidente del TSJ o quien pueda filtrarse en su esfera de  dominio, designa al Presidente de Circuito y éste a su vez postula a los jueces de la región, de forma que el del medio controlará al de abajo y dará cuenta al de arriba del más insignificante pronunciamiento, en el entendido que los dos bajos de la estructura están clarísimos en que nada pueden hacer sin autorización de quien los favoreció con el cargo.

Doce años han transcurrido y ninguno de los que vino después de Aponte ha movido un dedo para acabar con la mafiosa práctica, contrariamente la han perfeccionado y aplican para todo.  Da vergüenza oír en las audiencias a quienes parodian de jueces, si dan libertad, entregan un vehículo, decretan cualquier medida y no se diga absuelvan, advertir a los abogados:  “… hay que esperar a que el Presidente del Circuito me autorice dictarla…”.

El artículo 255 de la Constitución  prevé que el ingreso a la carrera judicial y ascenso de jueces se hará  por concursos de oposición públicos (no han sido convocados en diez años), es como se avala la independencia decisoria…  el que obtiene así el puesto no debe nada a nadie, sólo responde a su conciencia.     

Venezuela está afectada por una infección nosojudicial:   Aponte Aponte y sucesores, focos emisores; presidentes de circuitos y jueces, medios transmisores; ciudadanos, receptores. Los que ahora obedecen lo indebido cuando les toque mandar exigirán igual sumisión, no se puede esperar nada diferente. Las consecuencias de lo que creó Ramón Eladio se sufrirán por generaciones sino se acaba con el círculo vicioso del que fue pionero.  Esta es la historia de cómo se inicio la destrucción de la autonomía para sentenciar.

 @doctorgoitia

El psicólogo estadounidense Leon Festinger (1919-1989) es el autor de la Teoría de la Disonancia Cognitiva. Cuando la creencia o actitud del individuo entra en conflicto con lo que hace, puede ignorar las razones que demuestran su mal proceder o llegar al extremo de aceptar la mentira como verdad.

El 3 de enero, Nicolás Maduro expresó en cadena nacional:  “… Firmamos con Rusia un contrato para las primeras 10 millones de dosis, para que lleguen el primer trimestre. A la batalla contra el Coronavirus le queda mucho tiempo. Tenemos dos investigaciones en manos de la OMS, la fórmula DR-10 y las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández, vamos a empezar a producir en enero masivamente. Aspiramos que esta vacuna sea totalmente segura, pero tenemos que hablarle claro a nuestro pueblo, la mayor vacuna, la mayor medicina es el tapaboca utilizado correctamente todo el tiempo; la sanidad de las manos; ahora la cuarentena radical de 7 días, para cortar la cadena de contagio que se creó con las navidades. Veníamos de una reducción sostenida desde mediados de septiembre hasta la última semana de noviembre cuando entramos en una meseta de casos activos que se habían mantenido con poca variación durante el mes y las dos primeras semanas de diciembre cuando comienza un incremento lento a partir de la tercera semana, que se mantiene en la última. Tenemos un método, el 7+7. Cuidarnos, se los pido de corazón, lo hago por ustedes, ya pasó la pachanga, tengo moral para exigir…”.

No comentó temas que la nación tiene derecho a conocer, como inventario de medicamentos, probados, para tratar el padecimiento; camas disponibles en servicios de urgencia; nivel de ocupación de unidades de cuidado intensivo; número de pruebas RT-PCR y resultados; personal de salud disponible y situación de sobrecarga laboral; determinación de nuevas cepas. Sí ordenó la proyección de dos videos para alardear que en comparación con su gobierno, los de Estados Unidos y Colombia fueron ineptos en el control de la COVID-19.

Insistió en los descubrimientos patrios de la molécula DR-10 y de las “gotas milagrosas”, haciendo saber que se producirían al máximo de inmediato, pero sin aclarar que son medicinas naturales que podrían ayudar a pacientes con síntomas leves, pero inocuas en cuadros clínicos complicados.

El 8 de noviembre el Presidente anunció la suspensión del 7+7 (nadie está al tanto de sus bases científicas) entre el 1° y 31 de diciembre, que pudo ser sólo un presagio si hubiera reparado en que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en Boletín N° 39 de noviembre, participó que la cifra de nuevos casos entre octubre-diciembre 2020 sería 14.000 diarios sino se aumentaban urgentemente las pruebas RT-PCR a mínimo 8.000 diarias; que la epidemia no estaba controlada como sugerían reportes oficiales; que sus modelos matemáticos arrojaban desde fines de octubre ascenso numérico que coincidía con aumento en la movilidad de las personas; y que preocupaba el armisticio temporal con la enfermedad, porque el diagnóstico, imprescindible para la vigilancia epidemiológica, por motivos desconocidos se había reducido.

El 13 de diciembre alertó estaba “… pensando en apretar la mano en la flexibilización decembrina y en el 7 + 7 en enero…” calmando la alarma con la buena nueva de que para abril 2020 se empezaría a solucionar de fondo la crisis con la inmunización masiva en alianza con la Federación Rusa. Compró 10 millones de Sputnik V, pero incoherentemente comenzando el 2021 lanzó la perla de que a la batalla contra el Coronavirus le quedaba mucho tiempo y tenía que “hablarle claro a nuestro pueblo”, en el sentido que las vacunas más seguras eran el tapabocas y lavarse las manos.

«Es la disociación cognitiva de Maduro, que le quita toda moral para exigir nada porque la pachanga la formó él «

Si la epidemia estaba controlada desde septiembre por qué decretar una flexibilización amplia en el mes del año de mayor contacto físico colectivo; por qué arriesgar tanto permitiendo la grosera indisciplina social que reinó en Navidad, si con el 7+7, DR-10, “gotas milagrosas” y Sputnik V, pronto se estaría en la élite de países  que superaron el virus. Es la disociación cognitiva de Maduro, que le quita toda moral para exigir nada porque la pachanga la formó él.   

@doctorgoitia

“… Estamos pensando desde ya en apretar la mano en la flexibilización decembrina y en el 7 + 7 en enero, estoy pensando en un arranque radical de 14 días…” anunció Nicolás Maduro el 13 de diciembre, agregando que en alianza con la Federación Rusa, en abril se iniciaría la inmunización masiva con vacunas Sputnik V. 

Lo de ajustar el relajo en que se convirtió su “flexibilización segura”, difícil, 24 y 31 están encima; lo del 7 + 7 con rigor de 14 días en enero, contradictorio, serán dos semanas de encierro y el método que calificó como más exitoso en el mundo,  parte de una sí y una no;  lo de la vacuna, “amanecerá y veremos”, quiera Dios Putin no se “haga el sueco” si se le pide crédito para adquirirla o deje en larga cola de espera aún pagándolas, su país tiene 146 millones de habitantes y lógico es que la producción vaya primero a ellos (son dos dosis por individuo).

 El coronavirus ataca con más fuerza, el descuido estatal y ciudadano lo permitieron.  Holanda impuso el 14 de diciembre un cierre nacional de cinco semanas.  El 16 de diciembre Gran Bretaña implementó restricciones de alto nivel, que durarán hasta bien entrado enero.  Italia ha prohibido la movilidad interna entre el 21 de diciembre y 6 de enero, al extremo de extenderla a la salida de municipios, 25 y 26 de diciembre, y 1° de enero;  cuarentena a quienes regresen del extranjero en esas fechas.  En Sudáfrica el 16 de diciembre se ordenó el cierre de playas de zonas turísticas y toque de queda nocturno.   En Venezuela se decidió esperar hasta enero;  se confía en los rusos, en el 7 + 7 y DR-10.  Para Maduro “… las predicciones macabras se estrellaron contra un poderoso sistema de salud…”.

El 9 de septiembre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su segundo “Informe sobre el estado actual de la epidemia de la Covid-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias”, advirtió que cualquier diseño de flexibilización debía estar atado a que se aumentaran urgentemente las pruebas RT-PCR a mínimo 8000 diarias,  sino entre octubre-diciembre los contagios serían 14.000 diarios.   El 8 de noviembre el Ejecutivo decretó la suspensión temporal del 7 + 7 desde el 1° al 31 de diciembre, acomodamiento para tener navidades felices, “si nos cuidamos bien cuidaditos”.

            La Academia, en su Boletín N° 39 de noviembre 2020, participó que la cifra de nuevos casos  era la proyectada en su segundo informe;  que la epidemia no estaba controlada como sugerían reportes oficiales;  que sus modelos matemáticos  arrojaban desde fines de octubre ascenso numérico que coincidía con aumento en la movilidad de las personas;  y que preocupaba la flexibilización total en navidad, porque el diagnóstico, imprescindible para la vigilancia epidemiológica, por razones desconocidas se había reducido.   

Muchos de quienes detentan el poder creen saberlo todo (Síndrome de Hubris).  Gobiernan apelando llanamente al mando, es la falacia.   La buena fe de las autoridades para proteger la salud pública se presume, pero no las exime -ni aún en estado de alarma-  de justificar los motivos que impulsan sus decisiones.  Explicar por qué se adopta una medida de regencia es el sustento del principio constitucional que atañe a la responsabilidad por error, usurpación o abuso de funcionarios públicos.  

El quid de la cuestión es que la discrecionalidad en emergencia sanitaria no puede ser arbitrariedad.   Jamás se han dado las razones científicas de por qué el 7 + 7 es efectivo para controlar los contagios y menos de arrinconarlo por 31 días de tanto contacto físico colectivo.  Se divulgan descubrimientos milagrosos que destruyen el virus con plantas y nadie tiene acceso a ellos.  Se ilusiona con la vacuna rusa para abril, pero se utiliza el condicionante  “si todo sale bien”.   Tienen a la nación del timbo al tambo y eso es ilícito.   

A un músico, en juerga pidieron una canción, no la sabía y dijo:  “Intentaré, la autopsia dirá en qué fallé”, todos rieron, mal cantó y nada pasó… ojalá la historia tuviera adaptación a la pandemia.    

La crisis financiera mundial de 2008 y drástica caída de los precios petroleros obligaron a Hugo Chávez a dictar el 25 de marzo de 2009 el Decreto Nº 39146, “Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional”. Los triunfos electorales que mantuvieron en el poder aún con el paro de 2002 y referéndum de 2004, los logró gracias a las misiones sociales, pero invirtiendo en ellas hasta el último céntimo habido en arcas del SENIAT y PDVSA.  Sin dinero, populismo y clientelismo no rinden frutos.

“El país no está para fiestas, hay que trabajar y trabajar”, alertó el Comandante, anfitrión desde 1999 del mayor guateque izquierdista latinoamericano.  Mandó a eliminar lo innecesario y execrar el consumismo. Luis Tascón (1968-2010), tristemente célebre por arruinar la vida de millones de personas que en 2003 firmaron en favor del revocatorio presidencial, publicando sus nombres en lista utilizada para segregarlos y perseguirlos, captó de inmediato la oportunidad de recuperar la confianza del líder comunista -disminuida por  diferencias con sectores del oficialismo- impulsando desde la Asamblea Nacional roja rojita, un proyecto legislativo que cuadraba a la perfección con el empeño fariseo del “supremo” de comenzar a dar el ejemplo poniendo tope a los sueldos de altos funcionarios.

El 12 de enero de 2011 entró en vigencia la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público. Objetivo: fijar límites a sueldos y demás beneficios laborales.  De estricto orden público.  Aplicable también a personal de alto nivel y dirección, de cualquier origen y ramas del Poder Público nacional, estadal  y municipal.

Máximo doce salarios mínimos cobrarían mensual el Presidente; Vicepresidente; diputados; magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ);  Fiscal, Contralor y Procurador General: Defensor Público y del Pueblo; rectores del Consejo Nacional Electoral. Diez, los viceministros;  superintendentes; Director Ejecutivo de la Magistratura; presidentes de institutos autónomos y empresas del estado. Ocho, los gobernadores; legisladores, contralores y procuradores estadales. Siete, los alcaldes. Cinco, los concejales; síndicos y procuradores municipales.  Incrementos de paga mínima no afectarían la escala.

Varias demandas se intentaron contra la ley en 2011 y 2012, el TSJ ni las miró.  El 16 de agosto de 2017 la Sala Constitucional dio la sorpresita mediante fallo 686, resolvió una, interpuesta el 21 de marzo de 2017 por Neidy Carmen Rosal González, legisladora del estado Carabobo, quien impugnó sólo dos artículos.

Juan José Mendoza Jover (ponente) y compañía, sentenciaron calificando la unificación de sueldos para cargos de alto nivel como “drástica rebaja de la remuneración”, violatoria del principio de progresividad.  Alegaron que  establecer un tabulador modificable únicamente al comienzo del ejercicio fiscal, vulneraba el ingreso monetario justo que debían tener dada la magnitud de sus responsabilidades.  Adujeron que no podían permitir la disminución de su calidad de vida y dignidad de subsistencia familiar.  Anularon íntegro el instrumento.

Si la meta de la revolución es alcanzar el “Socialismo del siglo XXI”, el salario debe ser igualitario.  Es clasismo justificar el favorecimiento de una élite burocrática, con argumentos que amparan más a la desposeída mayoría trabajadora sustento popular del proceso con que se enamoró hace dos décadas a los venezolanos de buena fe.

Interesante sería conocer el monto del paquete salarial que recibe un magistrado de los que dejaron sin efecto la ley, el del pueblo se sabe.  Democrático se publique en Gaceta Oficial lo que devengan altos funcionarios.  Hay decisiones judiciales cuyos efectos trascienden para bien o mal por años. La comentada mantendrá largo tiempo su nefasta secuela de discriminación… se basó en falacias del “hombre de paja”.  O vivimos bien  todos o pasamos hambre todos, eso quería el “eterno”, cúmplase.

@doctorgoitia

Según el Código Orgánico Procesal Penal, con cálculo sensato, en primera instancia un juicio con detenido debería durar año y medio. Si hay apelación, cuatro meses serían suficientes para que la Corte resolviera.  De haber casación, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cinco meses tendría que estar listo.  Decidir si una persona es culpable o reafirmar su inocencia es labor entonces que podría culminar en dos años y poco más.

El proceso a Afiuni duró 11 años.  Se inició un 10 de Diciembre de 2009.  En primera instancia dilató 10, varios jueces conocieron.  Con el último, Manuel Bognanno, el debate comenzó el 29 de abril de 2015 y acabó el 21 de marzo de 2019;  lo mantuvo paralizado arbitrariamente desde el 31 de enero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019 (un año y 22 días), inventando la corrupción sin dinero (los medios la calificaron de “espiritual”) con fallo del 16 de mayo de 2019, confirmado el 5 de octubre de 2019 por Zulay Salazar, Mariana Oliveros y Adriana López, integrantes de la Sala Accidental 10 de la Corte de Caracas, que  el 4 de noviembre de 2020 ratificó la Sala de Casación Penal del TSJ con ponencia de Elsa Gómez, aprobada por Maikel Moreno, Yanina Karabin y Juan Ibarra.  Francia Coello no firmó por “motivos “justificados”, lo que hace entender estuvo de acuerdo con sus similares.

En el recurso contra la sentencia de la Sala Accidental 10, se alegó que convalidó:  primero, la atrofia injustificada del debate entre el 31 de enero de 2018 y 22 de febrero de 2019, hecho objetivo demostrable con el cómputo que hizo Bognanno (en ese período sólo dio 13 días de despacho, uno por mes);  segundo, la ilogicidad de haberse condenado a María de Lourdes aduciendo que el expediente del banquero Eligio Cedeño llegó a sus manos de manera legal, ya que la circunstancia no era congruente para probar el delito que se le atribuyó;  y lo neurálgico, la tipificación de la corrupción propia sin prueba de que en el ejercicio de sus funciones solicitara o recibiera dinero, servicios, valores o cualquier dádiva por omitir o hacer algo justo o injusto. 

El TSJ desestimó la impugnación por “manifiestamente infundada”. Para minimizar las denuncias repitió como loro que la única  intención de la Defensa fue “atacar un fallo que le resultó desfavorable”, jajajajaja ¡por supuesto!  No ofreció  un razonamiento estructural para sustanciar su veredicto.  Adjetivó con dolo los alegatos de “confusos, por la ausencia, de coherencia y claridad”.   

A Afiuni, un señor de apellido Bognanno y unas señoras de apellidos Salazar, Oliveros y López, la hallaron culpable de corrupción propia sin que acreditaran recibió dinero o promesa de beneficio económico por haber decretado medida cautelar al banquero Eligio Cedeño.  Después otros, los que “saben”, de apellidos Gómez, Moreno, Karabín, Ibarra y Coello, les dieron la razón, desmeritando a la Defensa por supuesta “ausencia de técnica recursiva”.

La máxima instancia judicial de una nación existe fundamentalmente para evitar los exabruptos jurídicos. Condenar sin determinarse lo que llamamos los abogados “elementos del tipo”, es una acción que no pueden dejar pasar los togados de alzada y menos de casación.  En Derecho hay cuestiones tajantes:  sin muerto no hay homicidio; sin daños físicos no hay lesiones; sin droga no hay narcotráfico.

Sin dinero u otro bien o utilidad que se dé o jure a un funcionario por hacer o dejar de hacer algo relativo a su trabajo, no hay corrupción propia.  La Defensa fue minuciosa en este planteamiento y aunque no lo hubiera sido, la Sala de Casación Penal tenía la obligación constitucional de ir al fondo del asunto, so riesgo de amparar, como ocurrió, réspice que expone a Venezuela ante el mundo como el único país donde se castiga el placer espiritual.

Cumplida está la orden que dio Hugo Chávez el 11 de diciembre de 2009.  11 años se entretuvieron haciéndolo, es el promedio que tarda imponer una pena por ilícito que no existe.  Con esta entrega culmina “Lo que sé del caso Afiuni”, había que dejarlo escrito, porque como dicen por ahí, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan.

@doctorgoitia

El 16 de mayo de 2019, Manuel Antonio Bognanno Palmares publicó la condenatoria contra Afiuni.  El 21 de marzo de 2019, en la audiencia final, se le requirió la interrupción del acto por haberlo paralizado sin motivo desde el 31 de enero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019 (un año y 22 días)… se hizo el sordo.  Sentencia del cafre:  cinco años de prisión por corrupción propia, aunque no probó que en el ejercicio de sus funciones solicitara o recibiera  dinero, servicios, valores o cualquier dádiva por omitir o hacer algo justo o injusto. Inventó la “corrupción espiritual”.

Culminando junio de 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, estuvo en Venezuela y pidió al gobierno la liberación de varios presos políticos, entre ellos Afiuni.  El 4 de julio de 2019, Linet Villamizar Márquez, sustituyendo a Bognanno (se desconoce el por qué) libró notificación en la que expresó:  “… este Tribunal acuerda el cese de la medida cautelar establecida en el artículo 242.3 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a la causa seguida contra María Lourdes Afiuni Mora…”. 

La “liberación plena” tomó por sorpresa al equipo de defensa.  Supimos de ella el 5 de julio por llamadas de periodistas para preguntar sobre su veracidad.  Al día siguiente se supo era falsa.  En perjuicio de María de Lourdes recaía su  presentación ante el tribunal cada dos meses;  prohibición de salida del país y de declarar a medios de comunicación. Sólo cesó la primera. Lo increíble fue que el pedimento para deponerlas provino del Ministerio Público.

Las fiscales Marianella Briceño y Marlene Hernández reclamaron el cese de todas las medidas, pero la juez Villamizar, con abuso de poder, sólo dejó sin efecto la presentación personal.  Estando el expediente en la Corte constituía grave falta  jurídica que un tribunal inferior emitiera pronunciamiento en el asunto, pero lo hicieron.  A Bachelet, a la comunidad internacional se le quiso engañar, difícil, este tipo de argucias es de tontos.

La apelación contra el grotesco fallo de Bognanno estaba en trámite.  Las fiscales no la contestaron, lógico, no sostuvieron exigencia sancionatoria en el cierre de la audiencia oral,  manifestaron ignorar lo sucedido en el proceso y para más, después demandaron la desaparición de las cautelares.   Se asignó su conocimiento  a la Sala 10 de la Corte de Caracas, una de cuyas integrantes, Leivis Azuaje, debió inhibirse por  haber ordenado cárcel a Afiuni en 2009.

Se denunció en el recurso violación de norma relativa a la concentración.  El artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal impone concluir el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles.  A mayor tiempo de parálisis, mayor posibilidad que el juez olvide lo declarado por testigos y expertos, y el contenido y relación entre documentos, lo que dará mucha probabilidad a que dicte una decisión contraria a Derecho por falta de motivación, ilogicidad o contradicción.  Se arguyó también que debía absolverse porque el Ministerio Público no tuvo pretensión de condena.   Por último se adujo que la corrupción propia exigía un intercambio ilícito de ventajas entre las partes del cohecho y el mismo no quedó demostrado, al punto que no se pudo estimar el quantum del beneficio recibido o prometido a la acusada. 

El 5 de octubre de 2019, Zulay Salazar, Mariana Oliveros y Adriana López, confirmaron la “espiritual” sentencia.  Dijeron  no se  violentó el principio de concentración ya que Bognanno podía suspender el debate cuantas veces deseara y por ende dar despacho sólo 13 días en un año y dos meses;  calificaron de insignificante torpeza que las fiscales no exigieran sanción, porque instaron al togado a que decidiera (como si no fuera su obligación);  establecieron que  la corrupción propia abarcaba todo tipo de beneficios, sin excluir los emocionales.  Un paso más en el cumplimiento de la orden dada por el Comandante aquel 11 de diciembre de 2009, sólo faltaba el remate de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

@doctorgoitia

El 21 de marzo de 2019 se realizó la última audiencia de debate en el juicio contra Afiuni.  Manuel Antonio Bognanno Palmares condenó por corrupción propia. Basamos las conclusiones en la imposibilidad que se configurara el cohecho. La Fiscalía no probó que solicitara o recibiera dinero, servicios, valores o cualquier dádiva por omitir o hacer algo justo o injusto relacionado con la medida cautelar que decretó a Eligio Cedeño.

Cuando se leyó el dispositivo del fallo estábamos dos defensores, dos fiscales que sólo abrieron la boca para decir no sabían nada del caso, y de   público el “Cunaguaro”;  María de Lourdes y su mamá se habían retirado.  El felino, amigo de un integrante de la familia Afiuni-Mora, compareció a casi todos los actos del largo proceso.  No lo conocía, se me acercó y  preguntó  cómo se podía llamar la corrupción sin pago. Recordó que en una rueda de prensa Luisa Ortega Díaz declaró que el delito de Afiuni consistió en el placer que sintió por el escape de Cedeño.  Fuimos a almorzar.

Sorbiendo la primera ginebra, el ocelote dijo:  “si la vaina fue por placer entonces es espiritual”.  Lo apoyé, escribió la idea en Twitter y rápido envió el mensaje.  La noticia se difundió en minutos. Según algunos amigos al Dr. Alberto Arteaga Sánchez se le ocurrió la expresión años antes, lo desconozco, pero sí sé que quien la pensó para que medio mundo supiera lo sucedido, fue el “Cunaguaro”.

El equipo de Defensa aclaró a la prensa que a Afiuni no se le había sancionado por “corrupción espiritual” sino por corrupción propia.  A las pocas horas me di cuenta no tenía sentido la explicación.  Bognanno operó con intención desviada, eso había que calificarlo sin tecnicismos. El término era  exacto para la dimensión del exabrupto jurídico.

           El 16 de mayo de 2019 se publicó el texto íntegro de la sentencia.  Se lee de ella:  “… debe considerarse el aseguramiento de la acusada de no correr ningún riesgo al momento de hacer el hecho descrito, ya que en apariencia se encontraba ejerciendo una función propia de su investidura, lo que le transmitía seguridad y eficacia en su ejecución -Tesis que ha sido sostenida por la acusada y sus defensas… y ello le permitió con absoluta tranquilidad planear y organizar en uso de las formulas procedimentales el hecho, lo cual solo fue posible omitiendo abiertamente el procedimiento establecido y las formas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal para generar… la utilidad descrita al ciudadano ELIGIO CEDEÑO…” folio 309 de la pieza 32 del expediente. Nunca precisó cuál procedimiento o fórmula legal se omitió.

La deficiencia sintáctica en la redacción de Bognanno deja mucho que pensar de su capacidad como abogado y ejecutante de felonías.  Convirtió lo que se le ordenó hacer en motivo de burla masiva, pero no contento con la torta puso otra  mayor con la inmensa locura de manifestar que al juez que cumplía sus funciones con convicción y eficiencia, se le facilitaba planificar el decreto de medidas de coerción previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, para que los únicos favorecidos fueran los acusados.  El absurdo criterio de este “Carnelutti” los hace sospechosos a todos  (inclusive él) y seguros culpables si los enjuicia.

          La guinda de la desaguisada decisión se expresó así: “… la condena complementaria a que hace alusión el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, con relación a multa de hasta el cincuenta por ciento del beneficio recibido o prometido, en el desarrollo del debate su estimación no quedo procesada razón por la cual este Juzgado exime de imponer la misma…” folios 310 y 311 de la pieza 32 del expediente.  Cafre, admitió no haber podido estimar lo cobrado o prometido y aun así condenó.

Los togados jamás dejan de interpretar leyes.  El cohecho no lo determina el análisis de la norma, sí el dolo de obtener con éste, correcto o no, un provecho económico indebido, por acción u omisión, además, toda decisión favorece y desfavorece, quien lo desconoce no sabe Derecho.  La apetencia deliberada por lo malo, propia o proveniente de presión jerárquica, es la corrupción espiritual… pecado supremo y eterno.   

@doctorgoitia  

Redactar un artículo de opinión en primera persona está reservado para escritores de trayectoria.  Los nóveles deben hacerlo en tercera;  utilizar el “Yo” o “Nosotros” es falta de humildad y de respeto hacia el lector.  Infringiré la regla no porque me crea con prestigio en el género periodístico, sino porque conozco a María de Lourdes desde 1983, cuando  estudiábamos Derecho;  ejercimos como jueces en la misma época  y  soy uno de sus abogados.  

La idea inicial fue desarrollar el tema del pronunciamiento de la Sala de Casación Penal que desestimó el recurso de casación interpuesto por la Defensa de Afiuni y confirmó la decisión en su contra por corrupción propia, pero proceso tan polémico, accidentado y extenso como el que se le siguió, merece más profundidad.  La intención es narrar y analizar  desde mi óptica qué pasó para que se produjera uno de los mayores exabruptos jurídicos en la historia judicial de Venezuela.  Requeriré tiempo.

La tragedia comenzó un 10 de diciembre de 2011 cuando fue detenida en la sede del tribunal que tenía asignado.  El día siguiente, Día del Juez, Chávez en cadena nacional informó que había otorgado medida de libertad condicional a Eligio Cedeño, banquero. Pidió para ella 30 años de cárcel.  En la transmisión se vio a Luisa Ortega Díaz asintiendo el abuso de poder, que ejecutaría  sin compasión.

Me incorporo a la Defensa en marzo de 2019.  Mi relato abarcará 19 meses de 11 años que duró el proceso, pocos, pero fueron en los que más quedó al descubierto la conspiración condenatoria.  Conocía de su causa Manuel Antonio Bognanno Palmares.  Mantuvo paralizado el juicio sin motivo desde el 31 de enero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019.  Se adujo la interrupción.  El 15 de febrero de 2019 se solicitó cómputo de días hábiles transcurridos entre esas fechas, que sólo proveyó cuando se interpuso amparo en su contra. 

Sin vergüenza (separado), el 18 de marzo de 2019 dijo:   “…  una Certificación de Días de Despacho revela haber transcurridos entre el 31 de enero 2018 hasta el 22 de febrero 2019, trece (13) días hábiles, se concluye que la presente causa no se encuentra interrumpida…” folio 312 de la pieza 32 del expediente.

En el entendido que los jueces están obligados a despachar de lunes a viernes y que los de juicio deben velar porque el debate dure el menor número de días consecutivos posibles, para mantener vigente el contenido de los medios probatorios con los que decidirán, el “pequeño” retraso de Bognanno en cualquier Poder Judicial hubiera producido su destitución:  en 13 meses laboró 13 días, es decir, uno por mes.    

 El 21 de marzo de 2019 se realizó la audiencia final.  Bajo absurdas medidas de seguridad entramos a la sala siete personas:  dos defensores, dos fiscales, María de Lourdes, su mamá y un amigo.  Se nos trató como  delincuentes.  Esbirros revisaron todo; cosméticos, bolígrafos y lentes, con detalle, según portaban cámaras escondidas.  Bognanno no permitió el uso de la tablet donde estaban mis apuntes.  Pretendió que las partes pasaran de inmediato a las conclusiones, no pudo, se le recordó la incidencia de interrupción y tuvo que considerarla.  Las fiscales expresaron no tener argumentos que aportar, desconocían la materia por la larga  inactividad.

 Las conclusiones fueron lapidarias.  Se le dijo a Bognanno que optara por una salida digna declarando la interrupción;  se le conminó a que absolviera porque no podía haber corrupción  sin prueba de haberse recibido dinero o beneficio económico indebido.  El Ministerio Público  reconoció no tener  pretensión (después exhortó el cese de  las medidas cautelares que pesaban sobre María de Lourdes).   Bognanno avisó que en media hora sentenciaría, a los cinco minutos estaba de vuelta con el fallo. 

“Jueza Afiuni condenada por corrupción espiritual”, noticia que recorrió el mundo en minutos.  Increíble.  No fue un término que utilizaron sus abogados.  Luisa Ortega Díaz en una de las rueda de prensa que dio para cumplir el mandado de su jefe, explicó que la corrupción consistió en el placer que sintió al otorgar la medida cautelar.  Esto lo recordó el “Cunaguaro”, él divulgó la expresión.

@doctorgoitia

Con el triunfo de la Revolución Americana en 1783 surgió sin dubitación la necesidad de un gobierno nacional.  El reto:  fundar uno diferente al monárquico combatido. Las 13 colonias que enfrentaron a Inglaterra pronunciaron su independencia el 4 de julio de 1776, pero estuvieron sin Constitución hasta 1787, cuando se elaboró, entrando en vigencia en 1788.  Es la segunda más antigua (lidera la británica de 1215), pero la primera codificada.  

Sabios los padres de esa patria, entendieron que ni acuerdo de unión  ni ley elemental bastaban para que perdurara, era imperioso erigir un pacto supremo, con capacidad de minimizar los traumas generados por las inevitables confrontaciones que surgen en la edificación de la institucionalidad.

Resultó una Carta Magna de siete artículos.  El Congreso se encargaría de desarrollar sus principios. La inteligencia jurídica consistió en vincularla a la dinámica social y política a través de la figura de la enmienda (27 hasta el momento) -de sencilla incorporación a su texto- para mantenerla cónsona con la realidad.

Respecto al Poder Judicial previó en la Sección 1 de su Artículo III “… se conferirá a un Tribunal Supremo y a otros tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en el futuro…” sólo los creó, reglas y detalles se asignaron al Legislativo. 

En 1801 John Marshall (1755-1835) fue postulado por el Presidente John Adams para presidir el máximo juzgado.  Thomas Jefferson (republicano) había ganado las elecciones y semanas antes de entrar a la Casa Blanca el Congreso dictó leyes que permitieron el nombramiento de importante número de jueces federalistas.  La mayoría asumió los cargos, no así William Marbury y otros, quienes pidieron al nuevo Secretario de Estado, James Madison, les entregara sus designaciones, que negó.

Los afectados accionaron ante la Corte invocando su competencia originaria, según ellos podía conocer autónomamente, sin requisito de apelación previa.  Marshall, ponente, calificó la retención de documentos como violatoria de derechos adquiridos;  reconoció que los tribunales podían intervenir para hacer cesar daños que sufrieran ciudadanos por actuaciones del Poder Ejecutivo;  y declaró contraria a la Constitución la Ley de Organización Judicial de los EEUU en lo concerniente a la facultad que daba a la Corte para emitir órdenes directas de conducta a funcionarios públicos.

“… Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla a cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria…” argumentó el jurista. La jurisdicción originaria sólo procedía en los casos en que embajadores, ministros, cónsules extranjeros o alguna provincia fuere parte del proceso, de manera que aceptar la discrecionalidad para atribuir conocimiento distinto, hacía inútil la norma fundamental. La petición de Marbury se rechazó. La Corte se declaró único órgano para decidir sobre la inconstitucionalidad de leyes.

Han dicho estudiosos que Marshall escogió la más controvertible de las interpretaciones:  tratar un tema de inconstitucionalidad no planteado;  pero nadie duda que el fallo afianzó con soldadura la fuerza de la Carta Magna y sometió los poderes Ejecutivo y Legislativo a su valor normativo, además de  dar al Judicial una  legitimidad que lo ha hecho quizás el más respetado del mundo.

Previo a ser aprobada en referéndum la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez la ensalzó diciendo sería la mejor de la historia (ha habido más de 20).  Era necesario para él que el pueblo se enamorara de ella.  El ardid de seducción:  venderla como esperanza de progreso para muchas generaciones.  Logrado el matrimonio, el celestino apodó “bicha” a la esposa.  Ninguna pareja es feliz tildándose así.  El divorcio se anunció en 2017, pero “por ahora”  la Asamblea Nacional Constituyente no ha logrado se haga efectivo,  la misión de presentar  al país una nueva le ha quedado grande.  Quiera Dios aparezca alguien que como Marshall haga respetar la actual o próxima, si es que no salen con una “sorpresita”.  

@doctorgoitia

Decía Benjamín Franklin:  “El primer grado de la locura consiste en creerse uno sabio;  el segundo, en proclamarlo; el tercero, en desdeñar el consejo”.

El 12 de marzo Nicolás Maduro decretó estado de alarma ante la expansión global del coronavirus;  el 14 anunció cuarentena radical en 7 estados y el 16 la  extendió al resto;  el 11 de abril la prorrogó un mes y el 12 de mayo otro.  En junio acogió esquema de flexibilización 5+10 (5 días de trabajo y 10 de confinamiento) pero el 8 lo modificó a 7+7, “modelo venezolano”, que el 4 de octubre ordenó fuera “plus” para lograr la disminución de contagios, lo que permitiría celebrar el 24 de diciembre con medidas especiales y el 31 con pernil… “navidades felices con pandemia”.

El 9 de septiembre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, publicó su segundo “Informe sobre el estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias”. Precisó que la principal causa de su expansión fue el subregistro de casos (estadística no ajustada a la realidad).  Ató cualquier diseño de flexibilización a que se ampliaran urgentemente las pruebas RT-PCR, mínimo 8000 diarias, de forma descentralizada, abarcando asintomáticos y con entrega en máximo 72 horas, sino entre octubre-diciembre los contagios serían 14.000 por día.  Pidió en tono de ruego la escucharan.  No ha sucedido.

El 24 de octubre el Presidente dio la noticia de que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) había descubierto la molécula TR10, efectiva 100 por ciento sin efectos secundarios para el tratamiento de la COVID-19.  Hizo saber que presentó a la OMS los resultados y que luego de su verificación se procedería con alianzas internacionales a la producción y aporte masivo del remedio. Según, la iniciativa que originó el hallazgo fue de Rafael Lacava, Gobernador del estado Carabobo, quien dio a los expertos el nombre de la planta medicinal a  analizar. 

El 27 de octubre la Academia expresó no sabía de revista científica reconocida que reseñara la investigación del IVIC; que el descubrimiento de un agente con potencial activo contra cualquier patógeno no significaba se hubiera logrado el medicamento sanador;  y que la OMS no era competente para registrar y fijar las condiciones de uso de fármacos, sino el Instituto Nacional de Higiene.  Exhortó al Gobierno “… a no publicar información equívoca o crear falsas expectativas en la población sobre la disponibilidad de tratamientos contra la COVID-19…”.

  Sobre el 7+7, Maduro criticó el “silencio mediático”.  Censuró a las agencias de prensa de países desarrollados por no dar a conocer la forma como se combinó cuarentena y flexibilización para lograr disminuir los contagios comunitarios. 

BBC News la calificó de “peculiar”.  En artículo del 29 de junio destacó que la única parecida se implementó en Israel, 10+4, pero a diferencia de la criolla surgió de estudio del Instituto Weizmann (de los más renombrados en investigación multidisciplinaria) que le asignó  fundamento biológico-matemático:   el virus tiene latencia, entres días no da síntomas ni se transmite, de manera que si la persona sale cuatro la afección se manifiesta  estando en los 10 de casa y el foco de contaminación será controlable fácilmente.  Delcy Rodríguez participó en su momento que se adoptó por recomendaciones del IVIC y la Comisión Presidencial para la Atención, Prevención y Control de la COVID-19, pero nunca explicó el sustento. 

Complejo el dilema para la nación.  Sumergida en la mayor crisis de su historia debe optar entre asumir que el terrible mal está cediendo y desaparecerá pronto con la TR10 o cuidarse por sí sola de la contaminación porque tiene motivos para creer se desarrolla en plenitud.  Dios quiera haya prevalecido la ética en los generadores de la disyuntiva;  Dios quiera se imponga la verdad lo más pronto posible;  Dios quiera después del 6 de diciembre no se den excusas para justificar una pandemia en diferido…  no habría “navidades”, menos “felices”.  

@doctorgoitia  

Juana, obrera del Poder Judicial, para sobrevivir se dedica a vender comida como muchas venezolanas en este tiempo de pandemia y letal crisis económica.   Labor fuerte… caminar y caminar para hallar alimentos a menor precio;  conseguir gas;  falta de agua y luz.  La ayuda su nieto Evaristo de 16 años -sufre moderado trastorno del desarrollo intelectual- repartiendo las viandas con instrucciones precisas, remachadas porque las olvida.  Los clientes saben de su padecimiento pero aún así una le prestó $50.  Tratando de “protegerse” le entregó el billete envuelto en nota que decía:  “pagar 15 de junio 2020”.

Llegó agosto con el compromiso incumplido.  La acreedora se presentó en la casa de la yaya a buscar al deudor.  No estaba y sin explicar qué hizo partió advirtiendo que la cuestión la iba a resolver más tarde la policía.  Al llegar el adolescente se supo todo, Juana agradeció a Dios, no era grave.  Entrando la noche la mujer regresó.  La abuela quiso saldar la deuda pero le objetaron el monto, por la mora no eran $50 sino 100, la  tildaron de alcahueta.  “Vaya y busque 50 más que están en la cocina para acabar con este peo y si soy alcahueta ésta es ladrona”, ordenó a una sobrina.  La otra se ofendió y  marchó; en un minuto funcionarios de la FAES apuntaron sus armas por las ventanas, entraron a la fuerza en el inmueble, revisaron como locos y “decomisaron” dólares, celulares y tablet.   No hubo queja, nadie se atreve, el miedo manda.

Cuando se creía terminado el asunto le llegó a Juana una boleta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sin fecha, sello, firma y menos motivos de comparecencia.   Debía acudir ante la Unidad de “Victimas Especiales”, encargada de investigar amenazas de muerte. Le “recomendaron” hacerlo en menos de 24 horas.

Como en Venezuela nadie es mocho la citada planteó la situación a un juez a quien limpiaba la oficina.   El togado dio a un funcionario el nombre de la fémina que procuró el préstamo.  Se enteró era administrativa en la FAES y pareja de un comisario del CICPC… empezaba a aclararse el misterio.  Cuando mencionó al intermediario las irregularidades de la citación, le contestó que ellos no podían reparar en esas tonterías para que alguien declarara.  El letrado le echó en cara que hacía poco, asustado, le había pedido asesoramiento por dar una libertad basándose malamente en oficio de tribunales sin firma ni sello, vicios que era los que quería entendiera; recibió como respuesta que su auxilio no sirvió porque el “criterio jurídico” que seguían en el Cuerpo era  comunicarse con el tribunal para verificar la validez o no de la comunicación.  

Juana y familia abandonaron unos días el hogar, las acosaban.  Su amigo le redactó denuncia.  Tuvo suerte, asignaron fiscal que se trasladó hasta el CICPC.  Constató no se inició formalmente ningún procedimiento, de forma que se violentó la norma del Código Orgánico Procesal Penal que establece que los órganos de policía de investigaciones penales deben actuar bajo la dirección del Ministerio Público y participarle sus diligencias dentro de las 12 horas siguientes.   

El procedimiento exigía su presencia en la sede de “Víctimas Especiales”, fue bien acompañada.  La recibió una dama, “jefa” la llamaban, “hubieras hablado antes conmigo y nos evitamos este malentendido”, susurró cariñosamente.  Firmó un acta y salió. Dos meses sometida por abusadores con chapa.  Ya en su cama, viendo televisión, apareció la imagen de Tarek William Saab, lo entrevistaba Ernesto Villegas y anunciaba: «… es momento de una reestructuración de la FAESy de todos los cuerpos policiales…”.  Rió, con razón, corrió el riesgo de ir presa por una deuda, prohibido en el país pero muy posible que ocurra.

Juana sigue “por ahora” como siempre, aseando tribunales y cocinando.  Su retoño continúa llevando los almuerzos, pero está encima de él, de a dónde va, qué amistades tiene, le revisa hasta la cartera, por cierto, usa de esas que tienen compartimiento secreto, donde encontró hace poco un papel que tenía escrito “pagar 15 de junio 2020” y adentro $50, los de la discordia, hubieran podido estar allí toda la vida, Evaristo pensó los había botado.

@doctorgoitia