El 5 de octubre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 82/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares a Jhon Jairo Cardona Reyes y Dumar Andrey Agudelo Vélez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Según la solicitud, los beneficiarios son ciudadanos colombianos y permanecerían incomunicados, en condiciones inadecuadas de detención, y sin acceso a atención médica adecuada para sus padecimientos de salud. Jhon Jairo Cardona Reyes presentaría hipertensión, problemas auditivos, dolores de cabeza, diarrea, fiebre, vómito y dolor de huesos. Dumar Andrey Agudelo Vélez tendría diarrea, vómito, mareo, dolores de cabeza, malestar general y dolor de oídos. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.

Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión valoró que, dada su condición de ciudadanos extranjeros privados de libertad en Venezuela, la incomunicación, la falta de atención médica, las condiciones inadecuadas de detención, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento. En adición, no se contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo descrita.

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Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:

a) Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias;

i. Realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados y los informes médicos a sus familiares y representantes;

ii. Facilite la comunicación regular de las personas beneficiarias con sus familiares, representantes, abogados de confianza y autoridades consulares del país del que son nacionales, dándoles pleno acceso a sus expedientes judiciales;

iii. Brinde acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada;

c) Concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; y

d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

Prensa CIDH

El presidente Abelardo de la Espriella se comprometió este miércoles «a cazar a todos los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato» hace más de un año del senador  Miguel Uribe Turbay.

De la Espriella hizo estas declaraciones en la puesta de largo del Centro de Liderazgo Valiente, que lleva el nombre de este político, que murió tiroteado con 39 años, y apuntó hacia las posibles responsabilidades de la oposición de izquierdas.

«Los voy a cazar uno a uno», aseguró el presidente en referencia «a quien ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay», un político en ascenso que estaba a punto de postularse como candidato para presidente del país.

 Argumentó en este punto que las críticas que vertió sobre él el anterior presidente, el izquierdista Gustavo Petro, fueron «la orden». Su muerte, añadió, «servía al régimen que él denunciaba».

De la Espriella recordó que después del atentado aseguró que si la víctima se hubiese recuperado, él no se hubiese presentado a las elecciones que acabó ganando. «Hubiese sido un gran presidente», agregó y propuso dar el nombre de Miguel Uribe Turbay a una plaza en Colombia.

Aprovechó además el acto para anunciar que Miguel Uribe, padre del homenajeado, será nombrado embajador de Colombia en Reino Unido.

Con información de EFE

El proyecto para reactivar el Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte, la infraestructura clave que conecta a Venezuela y Colombia a través de la Guajira, se encuentra en una fase decisiva marcada por la necesidad urgente de Colombia de mitigar un creciente déficit de gas natural.

El anuncio lo hizo el vicepresidente técnico de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas -AVPG-, Rubén Pérez, quien señaló que después de enero de este año, el sector privado colombiano principalmente cambió por completo el discurso con respecto a Venezuela. “Ellos saben, y lo han sabido siempre, la importancia del gas natural venezolano para su matriz gasista”, dijo, en entrevista con Unión Radio.

Detalló que las reservas neogranadinas se están acabando. “Hasta final de 2005, según cálculos oficiales, solo tienen 1,7 TCF trillones de pies cúbicos en reservas probadas, frente a Venezuela, que tiene aproximadamente 193 trillones de pies cúbicos”.

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Subrayó que “Colombia se queda sin gas, lo saben, y hay sectores que están bastante afectados. Hay sectores que tienen prioridad, como el termoeléctrico, el doméstico, pero hay otros sectores que se desarrollaron en este país”.

“Sabemos que tenemos un gasoducto de aproximadamente 225 kilómetros de longitud. El tramo colombiano se encuentra vandalizado en una parte, en aproximadamente 5 kilómetros y se está en proceso, haciéndose los distintos trámites necesarios ante el gobierno de Estados Unidos, al interno de Colombia, para reactivar el tramo colombiano del gasoducto”, detalló.

“Con respecto al tramo del gasoducto venezolano, se encuentra completamente mantenido, es información que manejo de muy buena fuente. Inclusive PDVSA lo utiliza como reservorio de gas para atender alguna emergencia que surja en el lado occidental del país, específicamente Maracaibo”, añadió.

Sobre la necesidad de hacer una nueva auditoría, señaló que “el Estado venezolano, desde hace unos cuatro años, ha acometido diversos proyectos para recertificar las reservas de gas venezolanas. Hay una reinterpretación de datos que se obtuvieron en los años 80, hay una empresa contratada por el Ministerio de Hidrocarburos que está haciendo ese trabajo de reinterpretación”.

“Nuestras estimaciones indican que Venezuela posee unos 193 o trillones de PCF de reservas probadas. El resto de reservas que pudieran llegar a casi unos 300 PCF son reservas que están en proceso de reevaluación y, hasta que no se asignen los campos donde se estiman que están esas reservas y se hagan estudios más profundos, no vamos a tener mayor certidumbre sobre las mismas”, precisó.

Subrayó que hasta ahorita “somos la décima reserva del mundo en materia de gas natural y la primera en Latinoamérica”.

Ante la posibilidad de construir gasoductos hacia las islas de Aruba y Curazao, señaló que “sus gobiernos han estado bastante interesados, sobre todo por las políticas de descarbonización de esas islas que se acoplan muy bien, y requieren la transición de combustibles fósiles líquidos, altamente contaminantes que se utilizaban principalmente, en las refinerías de Aruba y Curacao y en la generación eléctrica de estos pequeños países, a un combustible más amigable. Sin embargo, son refinerías muy viejas y estos serían el ancla para un negocio de gas natural licuado o gas natural vía gasoductos, las refinerías y la generación eléctrica”.

Con información de Unión Radio

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el complot para asesinar en 2021 al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.

“No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, expresó De la Espriella en X.

Los colombianos forman parte del grupo de 30 personas procesadas en Estados Unidos por el magnicidio de Moise, que comparecieron el pasado 21 de septiembre ante una corte federal de Miami después de ser extraditadas desde Haití, donde permanecían detenidas.

Durante esa audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados de oficio a los acusados y fijó las próximas comparecencias del caso.

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“Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, agregó el presidente colombiano, quien explicó que la orden fue impartida a sus ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino.

Los imputados afrontan cargos federales que incluyen conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte, delitos que pueden acarrear penas de hasta cadena perpetua.

Más de 50 personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, entre ellas la viuda de Moise y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso permanece estancado debido a la situación de inseguridad que atraviesa el país caribeño.

Según la acusación presentada en Estados Unidos, el objetivo de los conspiradores era que Christian Sanon reemplazara a Moise como presidente de Haití y que, una vez en el poder, adjudicara contratos a una empresa ubicada en Doral (Florida) vinculada a varios de los acusados.

El plan fue presentado inicialmente a los exmilitares colombianos como una operación para detener legalmente a Moise y contó, según la acusación, con el supuesto respaldo de agencias estadounidenses.

El asesinato de Moise, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, dejó a Haití sumido en una prolongada crisis política y de seguridad que favoreció la expansión de las bandas armadas y agravó la crisis humanitaria, provocando además un aumento de la migración de haitianos hacia otros países, incluido Estados Unidos.

Con información de EFE

Los campesinos sienten "miedo" en la zona selvática de Colombia donde el gobierno nacional pretende realizar fumigaciones aéreas con un cuestionado herbicida sobre cultivos destinados a la producción de droga, dijo este jueves el gobernador regional.

El presidente Abelardo de la Espriella promueve una política de mano dura para combatir el narcotráfico en Colombia, el país mayor productor de cocaína del mundo.

Un juez ordenó el mes pasado suspender temporalmente el plan piloto de aplicación aérea de herbicidas sobre narcocultivos en la región amazónica de Putumayo (sur), pero el mandatario de derecha impugnó la medida y aseguró que "la fumigación va".

El anuncio "ha generado zozobra y miedo entre la población, especialmente entre los campesinos" por sus "efectos sobre la salud en el pasado", declaró el gobernador John Molina a Caracol Radio.

"Muchas madres en embarazo perdieron sus hijos, (sufrimos) contaminaciones sobre las fuentes hídricas, sobre la fauna, la flora y los cultivos lícitos", dijo.

El herbicida que se prevé usar es glufosinato de amonio, considerado como moderadamente peligroso para la salud por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Colombia suspendió en 2015 las aspersiones aéreas realizadas con glifosato, otro químico cuestionado por sus afectaciones sobre la salud y los ecosistemas.

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En la región de Putumayo, fronteriza con Ecuador, operan grupos armados ilegales que se financian con el narcotráfico y la minería ilegal.

Según el gobernador, en la zona hay más de 40.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, base de la cocaína, y unas 22.000 familias dependen de los ingresos generados por estas plantaciones.

Los campesinos "tienen la voluntad de erradicar manualmente" los cultivos ilícitos a cambio de "inversión gubernamental", dijo Molina, que mantiene conversaciones con el gobierno sobre alternativas a las fumigaciones.

La erradicación manual supone horas de trabajo por parte de los pobladores, muchas veces expuestos a ataques de grupos armados.

De la Espriella ha declarado la guerra a las mafias narcotraficantes en Colombia, una política respaldada por Estados Unidos, destino de gran parte de la droga.

AFP

Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas en un enfrentamiento en Venezuela entre la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el miércoles a la AFP la oenegé Fundaredes.

El choque, ocurrido el lunes en la localidad de Junín, cerca de la frontera con Colombia, es el primero entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el ELN desde la llegada al poder del presidente colombiano de derecha Abelardo de la Espriella.

"Nos hablan de cinco heridos y un fallecido", indicó a la AFP el director de Fundaredes Javier Tarazona, quien estuvo cinco años preso por denunciar, entre otras cosas, los movimientos de la guerrilla en la zona.

Agregó que los lesionados fueron trasladados de Junín a la cercana ciudad de Rubio, en el estado Táchira, donde fueron atendidos en una clínica local.

El ELN es uno de varios grupos armados que operan a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros entre Venezuela y Colombia.

Según Tarazona, la situación en la región ha cambiado desde la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense en enero y, sobre todo, desde la llegada al poder de De la Espriella en agosto.

A diferencia de su predecesor de izquierda Gustavo Petro (2022-2026), que había iniciado negociaciones de paz con los grupos armados, De la Espriella prometió luchar frontalmente contra el crimen organizado en el país, con el apoyo de Estados Unidos.

Su ofensiva contra los guerrilleros en la región fronteriza ha provocado "un desplazamiento importante de estos grupos (colombianos) hacia Venezuela", señaló Tarazona.

El activista señaló además "una pugna interna" en el nuevo gobierno interino de Venezuela, entre sectores "a favor de limpiar el territorio venezolano de los grupos armados" y otros "que lo siguen entendiendo como un grupo armado de protección de la revolución".

El depuesto Maduro fue acusado, durante sus años en el poder (2013-2025), de ofrecer refugio en territorio venezolano a las guerrillas colombianas.

En una reunión en Nueva York la semana pasada, Colombia y otros 14 miembros latinoamericanos de la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa de Trump, acordaron sancionar tanto a los miembros como a los simpatizantes del ELN y de otras 23 organizaciones criminales de la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes un aviso para que sus ciudadanos no viajen a la frontera entre Colombia y Venezuela "debido a la delincuencia, los secuestros, los conflictos entre grupos armados y el riesgo de detención", según un comunicado.

AFP

La megacárcel de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, entró en la etapa final de construcción. El proyecto ERON Renacer registra un avance físico del 86 % y tendrá capacidad para cerca de 2.000 personas privadas de la libertad.

 Autoridades nacionales y del departamento revisaron los trabajos pendientes y las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el complejo penitenciario, cuya construcción lleva seis años en desarrollo.

 La jornada de seguimiento contó con funcionarios del Gobierno nacional, la USPEC, el INPEC y autoridades del Magdalena. Entre los asuntos revisados estuvo la infraestructura de acceso al complejo, uno de los puntos que todavía requiere atención.

El establecimiento está conectado con un corredor que comunica el desvío de la Ruta del Sol con el sector de Estación Villa. Las autoridades buscan definir las intervenciones necesarias en esta vía y establecer responsabilidades entre las entidades involucradas.

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El proyecto fue diseñado para generar 1.974 nuevos cupos penitenciarios, con una capacidad cercana a 2.000 personas privadas de la libertad.

 Además de los espacios destinados a reclusión, el complejo contempla infraestructura para su operación y sistemas como paneles solares, de acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto.

La puesta en funcionamiento del ERON Renacer también se enmarca en la discusión nacional sobre la capacidad del sistema penitenciario.

 Precisamente, las nuevas instalaciones hacen parte del debate sobre cómo ampliar la capacidad carcelaria del país. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha planteado la construcción de varias megacárceles como uno de los componentes de su política penitenciaria.

Por ahora no existe una fecha oficial anunciada para la apertura del ERON Renacer. Antes de recibir población privada de la libertad, deben completarse los trabajos pendientes y garantizarse las condiciones de acceso, seguridad y funcionamiento.

 La visita de las autoridades busca precisamente acelerar esa última etapa. Con la obra en 86 %, el siguiente paso será completar la infraestructura y resolver los asuntos administrativos y operativos que todavía están sobre la mesa.

Noticias RCN

Andreína Zárraga, una venezolana de 35 años, pregunta por la situación de sus padres antes de hacer un trámite en una oficina de Migración Colombia en Bogotá. Le dice a la oficial en la entrada que ellos se encuentran en situación irregular. “Deberían haber entrado a Colombia con un sello en el pasaporte”, reprocha la funcionaria. 

No pueden optar por un Permiso por Protección Temporal (PPT), que desde finales de 2023 se limita a menores de edad que cursen estudios en Colombia. La única opción entonces, piensa Zárraga, es que puedan quedarse como abuelos de un niño que estudia en Bogotá. 

“Solo si tienen la custodia legal”, responde la oficial. Zárraga se angustia: su papá le contó que otros venezolanos que viajan en TransMilenio dicen que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha empezado a deportar a los indocumentados.

El presidente de Colombia anunció a finales de agosto, menos de tres semanas después de tomar posesión, que iniciaría operativos para enfrentar la migración irregular. “No solo voy a deportar a los extranjeros que cometen ilegalidades, sino también a los que han violado la norma para quedarse”, advirtió, antes de matizar que el primer grupo debía priorizarse. 

Aunque no mencionó a los venezolanos, sus palabras se interpretaron como una amenaza directa contra ellos: son casi tres millones, cerca del 90% de los inmigrantes en Colombia, y alrededor de 850.000 no tienen documentos. 

“Primero, los colombianos. Segundo, los colombianos. Y tercero, los colombianos”, enfatizó el mandatario, un eco del lema America First de Donald Trump. Sus declaraciones circularon rápidamente en redes sociales. A los pocos días, los venezolanos comenzaron a comentar que ya veían operativos de control de documentos migratorios en barrios como Bosa y Kennedy, en el sur de Bogotá.

 Zárraga defiende al nuevo presidente. “Muchos vinieron a hacer las cosas mal: tengo una fábrica de muebles y he tenido empleados venezolanos que me quisieron robar”, dice. También valora la política de seguridad del nuevo Gobierno y la respuesta a la emergencia por el terremoto que el 10 de agosto azotó al occidente de Colombia. “No es perfecto, pero es mejor que el que estaba antes”, apunta. Lo que le frustra es que De la Espriella no distinga entre los venezolanos que delinquen y los que solamente están indocumentados. “No todos somos malos, tendría que mirar caso por caso”, afirma. Considera que “estar ilegal es un delito”, pero que debería tenerse en cuenta que no hay vías para regularizarse. “Tenemos las manos atadas”, comenta, con pocas expectativas de encontrar una opción para sus padres.

A unos metros, Valeria Guzmán hace un reclamo similar. “Debería buscar maneras de regularizar a quienes estamos acá por algo bueno”, señala esta mujer de 22 años, que prefiere mantener su nombre real bajo reserva. En su caso, hace nueve años que vive en Colombia sin papeles. 

A diferencia de su mamá y su hermano, no tramitó el Permiso por Protección Temporal (PPT) con el que se regularizaron más de un millón de venezolanos. “Quería irme a Estados Unidos y no se podía si tenía un documento colombiano. Después, eso no salió y me quedé acá, pero el registro para el PPT ya estaba cerrado”, explica. No ve una diferencia sustancial entre ella y su mamá, así el presidente las separe en categorías de “malos” y “buenos” migrantes.

Durante años, Guzmán descartó buscar otras opciones para regularizarse, como un visado por estar casada con un colombiano. No quería pagar una multa que, según le dijeron, podía ser de hasta 10 millones de pesos (unos 3.000 dólares). Y, peor aún: temía que la penalidad fuera que la deportaran. 

Optó por quedarse en la irregularidad, así implicara no tener una cuenta bancaria y enfrentar dificultades para acceder a tratamientos médicos. Su postura cambió tras el anuncio de De la Espriella en agosto, apenas unas semanas después de que naciera su hija. “Le conté a mi esposo y me dijo que pagáramos lo que tuviéramos que pagar. Que no podíamos arriesgarnos, sobre todo por la bebé”, comenta.

Ya pagó una multa que, tras explicar sus circunstancias, fue de 2,5 millones de pesos (alrededor de 750 dólares). Ahora tramita un salvoconducto que le dé tiempo para postular a una visa como madre de un nacional colombiano. Está preocupada porque un requisito es acreditar que tenía un permiso de residencia vigente al momento del nacimiento de la bebé. Aunque un oficial de Migración Colombia le dijo que “no necesariamente”, sabe que hay un componente de discrecionalidad en las decisiones de la entidad. Si la rechazan, optará por un visado específico para venezolanos que el Gobierno de Gustavo Petro lanzó a finales de 2024. Cumple con el requisito de haber entrado antes de diciembre de ese año y tener un pasaporte, pero lo ve como la última alternativa. “No quiero llegar a esa opción: es solo por dos años y no da acceso a una residencia permanente”, dice.

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El interés de los venezolanos por regularizarse se ha disparado en las últimas semanas, señala por teléfono Gabriela Thiriat, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana en Bogotá. “Antes, recibíamos una solicitud de atención cada 15 días. Desde el anuncio del presidente, tenemos ocho semanales”, comenta la experta, especializada en asuntos migratorios. Aunque la Administración de Petro no logró concretar una serie de proyectos para regularizar a los indocumentados, el riesgo de ser enviado de regreso a Venezuela era mínimo.

 “La tendencia era deportar exclusivamente a quienes tuvieran antecedentes penales”, explica Thiriat, antes de matizar que hubo alguna excepción. Los venezolanos se enfocaban en otras prioridades que podían satisfacer sin necesidad de documentos, como conseguir un trabajo informal o un lugar para vivir.

Hay vacíos de información respecto a cuántas deportaciones se han llevado a cabo desde la toma de posesión de De la Espriella, el 7 de agosto. “No tenemos reportes todavía. En Colombia, no hay deportaciones en caliente como en Estados Unidos, donde llega el ICE, los ve y los manda de regreso a Venezuela. Acá los agentes tienen que abrir un proceso, que puede demorar una hora, cinco días o tres meses. Y a veces el migrante ni siquiera sabe que se lo han abierto”, explica la experta. Sin embargo, los patrullajes de Migración Colombia en los barrios donde habitan los venezolanos ya son una señal de alarma. 

“No teníamos reportes desde hace muchos años, y menos con puestos móviles de control migratorio”, señala Thiriat. Asimismo, se han incrementado las solicitudes denegadas en el sistema de refugiados, un mecanismo que está saturado desde hace años y que implica probar que el solicitante sufre algún tipo de persecución en su país de origen.

En las últimas semanas, el Gobierno se ha limitado a informar de deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales, sin hacer referencia a los irregulares. “Migración Colombia suma cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en Bogotá, desde el 7 de agosto. Todos con antecedentes de delitos, comparendos y afectaciones a la convivencia”, se lee en una publicación en Instagram del 18 de septiembre. “Migración Colombia continúa articulándose con autoridades locales, la Policía y el Ejército Nacional, en todo el país, para recuperar la seguridad en la #PatriaMilagro”, celebra, en referencia al lema del Gobierno. La entidad no ha respondido a las solicitudes de este periódico para conocer el número total de deportaciones desde el anuncio del presidente y la cantidad de ellas que son por el estatus migratorio.

Rosmel Flores, un hombre de 22 años que prefiere mantener su nombre real bajo reserva, se ha resignado a seguir sin papeles. “Pregunté en varias partes y me dicen que el PPT es solo para menores de edad. Y la visa [de venezolanos] no sirve para nada”, dice este trabajador de un lavadero de camiones en el sur de Bogotá. 

Aunque la visa sí le permitiría quedarse, perdió su pasaporte y no tiene dinero para pagar ese trámite y el de los apostillados de antecedentes penales. “Mi abuela y mi tía me dicen que saque algo. Pero, ¿qué voy a sacar? Si me quieren mandar a Venezuela, que me manden. ¿Qué más hace uno?”, comenta. No tiene miedo. “Normal, hay que confiar en Dios”, apunta.

Tiene claro que no va a regresar por voluntad propia. “Acá uno está tranquilo. Puedo ver la televisión en mi casa y sé que no se va a ir el agua o la luz. Y puedo comer tres veces al día o incluso cinco”, valora. En su trabajo, señala, son casi todos venezolanos. Se aseguran de que las canastillas de los pollos en los camiones queden sin ningún rastro de sangre, baba o piel. “Entiendo que deporten a los que roban. ¿Pero por qué a los que hacemos las cosas bien? No veo la necesidad”, dice. 

“Trabajamos, pagamos arriendo, uno no vive en la calle”, agrega. No cree que alguien lo extrañaría si lo deportan. “Hay clientes fijos que me buscan, pero van a lavar su carro igual. Quizá me extrañen dos lavadas y ya”, afirma. Tampoco su novia. “Un mes y ya”, evalúa. La excepción es su abuela, que se hizo cargo de él tras la muerte de su mamá en la adolescencia. “Obvio que ella sí”.

Con información de El País

En un sector comercial del barrio Laureles, en el occidente de Medellín, la Dirección de Investigación Judicial de la Policía (Dijín) de Colombia capturó a un señalado cabecilla de una peligrosa organización delincuencial de Caracas, publicó la revista Semana.

Su nombre es Cleiver Windeiker Rondón Gutiérrez, alias “El CLeiver”, presunto cabecilla de la estructura Cota 905, una banda del occidente de la capital venezolana que comete acciones criminales bajo órdenes del Tren de Aragua.

Según informó la Dijín, gracias a las labores de seguimiento e intercambio de información con agencias policiales venezolanas y de otros países, se logró ubicar en Medellín a esta persona, quien era requerida por las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela mediante notificación roja de Interpol.

Documentos judiciales conocidos por SEMANA indican que Rondón Gutiérrez hacía parte de esa banda que durante el 6, 7, 8, 9 y 10 de julio de 2021 sembró el terror en los sectores La Parroquia de La Vega, El Paraíso, El Valle, conocidos como Cota 905.

Durante esos días, en esa zona, la banda delincuencial irrumpió con armas cortas, largas, realizó detonaciones y sometió a extorsiones a la población, incluso con algunos secuestros.

En ese entonces, las autoridades identificaron a 48 integrantes de la banda, bajo el liderazgo de Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias el Vampi.

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“Se evidenció que los mencionados sujetos, aparte de la cantidad de delitos cometidos, se encargan de la distribución y tráfico de drogas, además de que cuentan con armamento de guerra como granadas, ametralladora M2, fusiles de alto calibre (lanzacohetes), R15, M4, M16, FAL, FAB, .50, AK-47 y municiones de diversos calibres, acotando a su vez que el nivel de despliegue en esa zona es considerable, con una narcodistribución de 32 garitas”, documentó sobre esa banda la justicia venezolana.

 Se mencionó que esa banda usaba autos robados para trasladar a personas secuestradas a una casa que ellos controlaban, con el fin de pedirles grandes sumas de dinero.

Fuentes oficiales le dijeron a SEMANA que están investigando si Rondón Gutiérrez llegó a la ciudad para hacer conexiones con bandas criminales locales y llevar a cabo actividades ilegales.

Tras ser detenido, Rondón Gutiérrez fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que se lleven a cabo los trámites legales y diplomáticos correspondientes para su proceso de extradición.

Con información de Semana

En la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, abogó para que en Venezuela se concrete una transición pronta y segura.

Restrepo leyó un discurso escrito por el presidente Abelardo de la Esprella, centrado en que la defensa de los derechos humanos debe mantenerse al margen de intereses políticos y aplicarse de manera coherente a todos los países.

Sostuvo que el sistema internacional de protección de los derechos humanos debe actuar con seriedad y exigencia.

“Nuestro deber consiste en evitar que la política debilite la defensa de los derechos humanos. Si queremos que el sistema sea respetado, tiene que ser serio, tiene que ser coherente y exigente con todos”, expresó.

 Restrepo señaló que Colombia busca promover una defensa de los derechos humanos que sea “creíble”, al tiempo que destacó la importancia de que las naciones mantengan una posición consecuente frente a estos principios.

En ese contexto, el vicepresidente colombiano manifestó la expectativa de su país respecto a la situación política venezolana y expresó su respaldo a una salida democrática.

“En este sentido confiamos en una transición democrática en Venezuela, pronta, segura y profunda”, afirmó ante la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes la militarización de la ciudad caribeña de Santa Marta, ante la ola de ataques a comercios y vehículos que desató una banda del narcotráfico.

La arremetida se produjo después de que el mandatario anunciara la muerte a manos de los militares de un jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y 12 de sus colaboradores.

Surgida de los antiguos paramilitares que combatieron a las guerrillas, esa organización impone el terror en Santa Marta, un turístico puerto de unos 580.000 habitantes, y en sus alrededores.

Este martes varias zonas de la ciudad lucieron desiertas tras los rumores de un "paro armado" impuesto en represalia por las ACSN, que mediante amenazas paralizan el comercio y la circulación de vehículos.

"Se siente la tensión, el no saber qué va a pasar mañana (...), mucha incertidumbre", dijo bajo condición de anonimato una científica que vive en Santa Marta.

"Es la primera vez que pasa algo así de esta magnitud (...) Todo está cerrado" y el transporte público no está funcionando, agregó.

Las ACSN se financian del narcotráfico y la extorsión. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

En un recorrido por Santa Marta el martes, un equipo de la AFP vio un camión de carga con su cabina en llamas en plena carretera, mientras bomberos intentaban apagar el incendio.

Un bus carbonizado se veía también en una calle de otro sector de la ciudad, donde decenas de negocios permanecieron cerrados.

En redes sociales circularon videos de hombres armados recorriendo las calles en moto y disparando contra comercios abiertos.

"Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores", dijo el martes De la Espriella en una declaración en video.

El presidente ordenó que la ciudad fuera "militarizada".

En el poder desde agosto, De la Espriella ha prometido doblegar con apoyo de Estados Unidos e Israel a los grupos ilegales que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

"El que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente", advirtió y agregó que tres personas habían sido detenidas por estos hechos.

El mandatario viajó a Santa Marta la noche del martes y al llegar realizó un recorrido por algunas calles, según un video publicado en sus redes.

La ciudad recibe a cientos de miles de visitantes cada año, atraídos principalmente por sus playas paradisíacas.

Entre sus atractivos se encuentra el Parque Nacional Tayrona, un bosque seco rodeado de aguas cristalinas, y la Sierra Nevada de Santa Marta, una cadena de altas montañas junto al mar consideradas sagradas por los pueblos indígenas de la zona.

La policía reforzó su presencia el martes en los sectores comerciales de la ciudad con unidades antiextorsión y de fuerzas especiales, dijo un vocero de la institución a la AFP.

Tropas del ejército se desplegaron a lo largo de la carretera que une a la ciudad con La Guajira.

El Ministerio de Defensa colombiano informó en X que aviones caza Kfir sobrevolaron "puntos estratégicos y la zona urbana de Santa Marta" para apoyar las operaciones de seguridad en la zona

AFP

Las autoridades consiguieron controlar parcialmente un incendio que desde hace un día y medio amenaza una de las joyas turísticas de Colombia, el pueblo andino de Villa de Leyva, que el lunes amaneció cubierto por el humo.

"Ayer pudimos contener durante toda la noche todos los focos (...) cerca a las casas", dijo Carlos Amaya, gobernador del departamento de Boyacá, el lunes a Caracol Radio.

Según autoridades regionales, en un día y medio, cerca de 300 hectáreas de bosque y páramo han sido arrasadas por el fuego, que ha llegado a las puertas de este de pueblo de arquitectura colonial y pisos de piedra, visitado cada año por cerca de un millón de turistas.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo la víspera que el fuego, visible desde la plaza central del pueblo, había sido controlado en un 50%.

Dos hoteles campestres en las laderas del cerro San Marcos evacuaron a sus clientes el domingo en la mañana y uno fue alcanzado parcialmente por llamas que fueron contenidas.

Colombia mantiene cerca de una veintena de conflagraciones activas, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Los incendios forestales en la cordillera de Los Andes cercana al Ecuador se intensifican en la época seca del año por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos documentados hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

Una decena de incendios también están activos en el vecino Ecuador, donde bomberos combaten uno que el lunes cumple su quinto día sin extinguirse en un cerro de la capital, Quito.

El Niño aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y lluvias. Desencadena desde inundaciones hasta sequías extremas.

AFP

No es nuevo decir que el gobierno de Gustavo Petro, que salió del poder hace un mes y medio, dejó la olla raspada y hasta se llevó la olla y la cuchara. Entes de control, oposición y medios de comunicación hemos denunciado el derroche y las irregularidades de la pasada administración en todo el Ejecutivo: desde la joya de la corona, Ecopetrol, hasta la entidad descentralizada más pequeña adscrita a un ministerio. 

Sin embargo, un caso que desnuda el comportamiento del expresidente Petro es lo que hizo en su propia “casa”, es decir, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), publicó eldiario El Colombiano.

En medio de la discusión en el Congreso sobre el presupuesto general, el nuevo director del Dapre, el paisa Carlos Ríos –gerente de la campaña De la Espriella y hombre de confianza del mandatario– asistió a una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en donde se estaba discutiendo el dinero que necesita cada entidad. Ríos denunció públicamente lo que encontró en la Presidencia, advirtiendo que apenas sería la punta del iceberg.

Uno de los datos más reveladores es que en los cuatro años de Petro la contratación en el Dapre se disparó un 595% a través de OPS (contratos de prestación de servicios). Y solo el último año de mandato, es decir, desde mediados de 2025 hasta hace un par de meses, los contratos crecieron 228%: de $9.500 millones a $31.300 millones en plena campaña. La planta de personal también aumentó: de los 844 cargos con los que cerró el gobierno de Iván Duque se pasó a 1.019, un crecimiento del 20,7%.

“Eso demuestra que este ‘contratadero’ que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral y por eso nosotros hemos empezado a reducir particularmente toda esa contratación y hemos parado la contratación del Dapre”, dijo Ríos en la Cámara.

La instrucción del alto funcionario es denunciar las irregularidades y al mismo tiempo reducir el gasto. En línea con la promesa de campaña de recortar el Estado, Ríos recibió la instrucción del presidente De la Espriella de “dar ejemplo” desde Presidencia. En 2026, el presupuesto del Dapre fue de aproximadamente $1,81 billones. 

Para 2027, el nuevo gobierno presentó un presupuesto cercano a $904.000 millones, una reducción cercana al 50%. “La nueva administración revisará la contratación y el gasto: contrato por contrato, necesidad por necesidad y peso por peso”, señalan. Además, en marzo de 2026 se habían planteado necesidades presupuestales cercanas a $4,2 billones.

Frente a esa estimación, el presupuesto presentado para 2027 es aproximadamente 78,5% menor. “Con los recursos que tenemos vamos a funcionar. Vamos a pasar de $4,1 billones que se tenía presupuestado en el gobierno anterior a $904.000 millones”, dijo Ríos.

“La decisión es que el Dapre le cueste menos a los colombianos y funcione con mayor eficiencia”, agrega una funcionaria extraoficialmente. “(...) Si hubiera ganado la otra propuesta para el país (Iván Cepeda), ¿cuánto nos costaría el Dapre a los colombianos?”, cuestiona.

Los funcionarios dicen que no habrá hallazgos guardados ni irregularidades documentadas que se queden dentro del Dapre y que están armando denuncias “con relevancia penal” para radicar en la Fiscalía. Lo mismo con los hallazgos fiscales y disciplinarios en Contraloría y Procuraduría.

Hay que recordar que el Dapre no es solo una entidad administrativa de la Presidencia sino que de ella dependen otras entidades, fondos y consejerías que pueden tener menos controles o filtros que un ministerio y que manejan billones de pesos.

Bastaría con mencionar la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), que en el gobierno pasado fue saqueada. Pero hay otras que están bajo la sombrilla de Presidencia: la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); la Agencia para la Renovación del Territorio (ART); la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia); la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas; el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social; el Fondo Colombia en Paz (FCP) y el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz).

Sobre estos dos últimos hay un capítulo aparte, pues es una de las entidades adscritas en donde más encontraron líos de contratación, conocidos por este diario.

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Ríos y su equipo acudirán a una auditoría forense para conocer la dimensión de la “caja negra”. Desde ya, identificaron que el Fondo Paz –creado en 1997 por Ernesto Samper– y el Fondo Colombia en Paz –creado en 2017 por Juan Manuel Santos tras la firma del acuerdo con las Farc– tuvieron contratos y gastos presuntamente injustificados en el gobierno Petro. Para este año, el Fondo Colombia en Paz tiene presupuesto de $1,1 billones y creó una planta transitoria de 149 cargos.

El espectro contractual de ese Fondo es tan amplio que puede ser usado para hacer vías, construir edificios o incluso actividades recreativas en el marco de la política de “paz total”. El problema fue cómo lo hicieron.

EL COLOMBIANO conoció dos contratos del Fondo Paz que serán denunciados por el Gobierno por lo que sería su evidente desviación. El primero tiene como objeto contractual “prestar servicios de consultoría para el análisis histórico y normativo de derecho comparado sobre las dinámicas del conflicto armado, criminalidad y negociaciones a partir de 1997”. Según fuentes, los entregables son mínimos y, en cambio, “solo en ese contrato se gastaron $351 millones”, dice una funcionaria.

El otro contrato bajo la lupa, que tuvieron que suspender, es también del Fondo Paz para contratar infraestructura pública construida en un predio privado por $100 millones. “Es un convenio para la adecuación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y nos toca hacer la verificación de los avances porque hay demoras en la entrega”, agrega.

En julio de ese año, distintas veedurías ciudadanas radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría alegando bloqueos mediante fallas de plataforma y devoluciones reiteradas de proyectos por parte de funcionarios para luego sugerir soluciones informales a cambio de dinero, denuncias que llegaron a hablar de la existencia de un “mercado clandestino de viabilidades”, en el que las decisiones técnicas dependerían de pagos privados.

En ese mismo mes, este periódico reveló el papel del lobista David Trespalacios Swagger, cercano a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quien se encargaba de recibir y gestionar los pagos de una presunta red de corrupción que recibía pagos en efectivo y en cuentas de ahorro para mover contratos en el Gobierno. Semana reveló, con chats, testimonios y consignaciones, que unos “empresarios” le alcanzaron a entregar más de $600 millones; sus tentáculos llegaban hasta el Fondo Colombia en Paz.

La gota que derramó el vaso en la relación de Swagger con las hermanas Guerrero fue que él llegó al Fondo Colombia en Paz literalmente con una bolsa de dinero en efectivo para gestionar proyectos y contratos a nombre de Juliana, según dos fuentes distintas. Guerrero le reclamó y le dijo al entonces presidente Petro que ya no tenían ningún tipo de vínculo.

 El diagnóstico de Ríos y su equipo en Presidencia toca también una fibra jurídicamente delicada. Cerca del 90% de los empleos del Dapre son de libre nombramiento y remoción, es decir, cargos de confianza cuya provisión y retiro dependen directamente de quien dirige la entidad. En paralelo, durante la administración anterior se constituyeron cuatro organizaciones sindicales.

Ríos ha dicho que respetará “plenamente” el derecho de asociación sindical, pero también ha dejado claro que aplicará “el régimen jurídico de los cargos de libre nombramiento y remoción”.

Además, como no hubo empalme, están encontrando cada día información nueva. Según la Procuraduría, el informe de empalme del gobierno pasado, que es obligatorio, fue radicado ante ese organismo el 1 de septiembre. La nueva administración tiene hasta el 12 de octubre para formular sus observaciones. Según Ríos, están volcados a recabar “a fondo” los líos en contratos, ejecución presupuestal, fondos, personal y manejo de recursos públicos.

 Con información de El Colombiano

 La justicia francesa condenó este viernes a hasta 10 años de prisión a 13 miembros de una red que obligaba a prostituirse a mujeres que reclutaban en Colombia con la promesa de un empleo en la limpieza o en la hostelería.

La organización alojaba a las jóvenes en apartamentos y hoteles alquilados en el sur de Francia y en España, les confiscaba sus pasaportes y las obligaba a pagar un "derecho de entrada" de 1.500 euros (1.719 dólares).

Las mujeres debían firmar además un "reglamento interior" que preveía un régimen de castigos y multas, y estaban obligadas a pagar por todo: alimentos, preservativos e incluso cocaína rosa que la red les alentaba a consumir.

Por estos hechos, un tribunal de Marsella, en el sureste de Francia, condenó a 13 personas, entre ellas seis colombianos, a penas de entre dos años de prisión condicional hasta 10 años de cárcel.

La mayor condena fue para el líder de la red, Alejandro Lara Quesada, un hombre de 38 años que fue expulsado en 2007 de la Legión Extranjera francesa y que, durante el juicio, aseguró que las mujeres eran "tratadas como princesas".

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"Quieren hacernos creer en el Paradise Club, donde las chicas supuestamente tendrían libertad de elección, pero la realidad es que solo recuperan migajas y son tratadas como mercancía", sostuvo el miércoles la fiscal.

Según el testimonio de las víctimas, varios hombres las vigilaban en los apartamentos y cuando salían a la calle. Algunas denunciaron actos de violencia e incluso una violación por miembros de la red.

AFP

La situación judicial de Alex Saab sumó un nuevo elemento después de que el empresario colombiano aceptara cargos por lavado de activos ante tribunales de Estados Unidos. De acuerdo con información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, agentes federales estadounidenses e investigadores colombianos avanzan en una pesquisa relacionada con un supuesto esquema de lavado de oro venezolano y colombiano, mientras se revisan movimientos de dinero y posibles rutas utilizadas para sacar el metal del país.

Según reseña el portal Infobae, el nuevo caso se suma al proceso que llevó a Saab a declararse culpable por operaciones relacionadas con las Cajas Clap y con negocios de petróleo venezolano. Según el reporte periodístico, fuentes cercanas al caso consideran que las investigaciones podrían tener implicaciones para personas de su círculo más cercano.

Según estableció el diario, investigadores han documentado un comportamiento que relacionaría la salida ilegal de oro colombiano con millonarias operaciones de lavado. Parte de la información habría llegado a la Embajada de Estados Unidos en Colombia y a la Presidencia de la República durante el gobierno de Gustavo Petro.

El informe citado señala que se registraron caídas millonarias en los ingresos asociados al oro colombiano, mientras que, paralelamente, aumentaron las salidas ilegales del metal.

El propio Petro se refirió al asunto durante una alocución en diciembre de 2025. En esa intervención, aseguró que cerca de 71 toneladas de oro, equivalentes según sus cálculos a unos 3.500 millones de dólares, salían de Colombia sin tributar en el país y que esos recursos eran objeto de lavado mediante la adquisición de bienes raíces en el exterior.

Ese antecedente forma parte de las líneas que ahora estarían siendo revisadas por investigadores, aunque el reporte no establece que toda esa cantidad de oro esté directamente relacionada con Saab.

Dentro de la información recopilada aparece también la relación de Saab con Venezuela. El documento citado por el medio señala que, después de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, antes de la extracción de Nicolás Maduro, el Gobierno venezolano habría expedido decretos destinados a reducir el porcentaje de regalías cobradas por ese país por el ingreso de oro.

Un investigador consultado por la Unidad Investigativa señaló que Saab era entonces ministro de Industria de Venezuela y que no se descarta que hubiera sostenido reuniones con dos funcionarios colombianos para abordar la compra de oro por parte de Venezuela.

La afirmación corresponde a una versión entregada por un investigador al medio y no constituye, por sí misma, una prueba de que Saab haya participado en operaciones ilegales relacionadas con el metal.

La pesquisa también busca establecer el recorrido de los recursos. De acuerdo con la misma fuente, en Colombia agencias de inteligencia siguen movimientos de millones de dólares y pagos mediante criptomonedas. Inicialmente, esas operaciones se asociaban con el tráfico de cocaína, pero los investigadores intentan determinar si también fueron utilizadas para efectuar pagos relacionados con oro ilegal.

Otra de las líneas que estaría bajo verificación apunta a varios inmuebles ubicados cerca del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela. Según el investigador citado, se intenta establecer si esos lugares fueron utilizados como centros de acopio de lingotes de oro que posteriormente salían en vuelos chárter hacia otros países.

La investigación también contempla operaciones en Colombia. Las autoridades estarían verificando la actividad de varias oficinas que se presentan como exportadores mayoristas y que, según la versión entregada al medio, podrían estar relacionadas con el envío al exterior de oro de procedencia ilegal.

Por ahora, estos elementos hacen parte de una investigación en curso. La información disponible no establece que las oficinas, inmuebles o personas mencionadas hayan sido judicialmente responsables de esas actividades.

El reporte también incorpora a Shadi Nain, hijo mayor de Saab, dentro de los antecedentes que interesan a las autoridades estadounidenses.

Según fuentes conocedoras del caso, agencias federales tienen documentada desde hace años su presunta aparición dentro del circuito de blanqueo de recursos venezolanos relacionado con las Cajas Clap.

El medio recordó que desde 2017 había identificado a Shadi Nain como titular de cuentas con importantes saldos en bancos de Suiza, entidades que posteriormente quedaron bajo el radar del FBI.

Además, su nombre aparece relacionado con Safire y con Group Grand Limited, empresa señalada en el reporte como una pieza central del entramado comercial de las Cajas Clap, el programa de alimentos de Venezuela.

De acuerdo con la investigación periodística, ese entramado habría permitido movilizar millones de dólares a través de países como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia.

Saab aceptó cargos por lavado de activos en Estados Unidos

El nuevo capítulo se conoce después de que Álex Saab aceptara cargos por lavado de activos en Estados Unidos. De acuerdo con la información suministrada, el delito podría implicarle una pena de hasta 20 años de prisión, aunque su colaboración con las autoridades podría reducir considerablemente la condena.

La aceptación de los cargos se produjo en el marco del proceso que también involucra operaciones vinculadas con las Cajas Clap y con negocios petroleros de Venezuela.

El reporte del medio señala que algunos sectores del régimen venezolano se preguntan por qué Saab pasó, en menos de tres meses, de ser considerado una ficha relevante del Gobierno de Maduro a declararse culpable y colaborar con la justicia estadounidense.

Entre las explicaciones mencionadas por fuentes cercanas al caso está la situación de su antiguo protector, Nicolás Maduro, pero el nuevo elemento que concentra la atención de los investigadores es la posible conexión con operaciones relacionadas con el oro.

La pesquisa deberá determinar si los movimientos financieros, las rutas de exportación, los posibles centros de acopio y los pagos mediante criptomonedas que están siendo rastreados corresponden efectivamente a una estructura dedicada al lavado de oro venezolano y colombiano y qué relación, si alguna, existe con Saab y su círculo cercano.

Con información de El Tiempo e Infobae

Las autoridades colombianas han puesto en marcha en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, su primer operativo migratorio para identificar y devolver a extranjeros en situación irregular desde la llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella.

Los operativos, desarrollados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta en coordinación con la Policía Nacional y Migración Colombia, buscan reforzar los controles y verificar los antecedentes de ciudadanos extranjeros en el municipio en línea con lo prometido por el presidente.

 Desde que De la Espriella anunció que los migrantes en situación irregular serían identificados y deportados, aumentó la llegada de venezolanos a los puntos de atención de Migración Colombia, donde buscan conocer las opciones que tienen para permanecer legalmente en el país.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, aclaró que las medidas no están dirigidas contra la población venezolana en general, sino que, según dijo, buscan combatir la delincuencia y a quienes vulneran la tranquilidad de los ciudadanos.

«La instrucción de la administración municipal no es atacar a las personas venezolanas. Es sí atacar a los delincuentes, a esas personas que se han dejado en libertad, a las personas que vienen a afectar la seguridad ciudadana», enfatizó el funcionario.

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Hasta el momento, un total de 10 extranjeros en situación irregular detectados en Cúcuta han sido expulsados. Entre ellos, las autoridades detectaron a una persona que tenía una solicitud activa en Venezuela por el delito de homicidio, lo que permitió su salida del país tras la verificación de sus antecedentes.

 El funcionario reiteró que la Alcaldía de Cúcuta mantiene garantías para los migrantes que ingresan a la ciudad de manera regular para trabajar, hacer compras o realizar otras actividades, siempre que cumplan con los requisitos legales, en una frontera caracterizada por un alto flujo de personas.

Los operativos consisten en recorridos por calles, parques y establecimientos comerciales, donde las autoridades solicitan la documentación a los extranjeros y verifican su situación y sus antecedentes.

El más reciente tuvo lugar este martes, cuando agentes se desplegaron en una zona céntrica de la ciudad para pedir documentación.

Con información de Efe

 El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció que impugnará las decisiones judiciales que frenan su política de mano dura contra el crimen, tras tres fallos en su contra en el último mes.

El abogado multimillonario lleva a cabo una ofensiva con bombardeos y redadas contra las poderosas mafias que se financian con el narcotráfico en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

En el último mes, distintos jueces ordenaron al gobierno suspender los bombardeos si hay información de presencia de menores, retirar videos de cadáveres de redes y frenar pruebas de aspersión aérea de narcocultivos.

"Las decisiones judiciales se respetan, y las órdenes vigentes se cumplen (...) pero eso no significa renunciar a controvertirlas", dijo en una alocución tras la seguidilla de reveses judiciales en poco más de un mes de mandato.

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El presidente acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos con música de guerra en redes, que siempre cierra al grito de "¡Viva Cristo rey!".

Promete doblegar a los carteles del país con mano de hierro y la ayuda de Estados Unidos, su principal socio militar.

La oposición, colectivos de defensa de derechos humanos y de libertad de prensa critican sus métodos.

Una fundación de defensa de derechos humanos denunció amenazas de muerte anónimas tras interponer la acción judicial para frenar las pruebas de aspersión aérea de narcocultivos con un cuestionado herbicida.

AFP

  Una avioneta con cinco personas a bordo desapareció este domingo en una zona montañosa de Colombia, informó la autoridad investigadora de accidentes aéreos.

El vuelo de la Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC), organización privada que brinda salud y servicios humanitarios en zonas remotas del país, partió de la localidad selvática de Condoto hacia Bogotá, la capital.

Despegó a las 09H09 locales, según el rastreador de vuelos Flight Radar, y perdió contacto a los catorce minutos de vuelo.

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"Se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá", dice el comunicado de la entidad sobre la desaparición del vuelo con cuatro pasajeros y un piloto.

Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda en el terreno de difícil acceso, con desplazamiento de equipos de búsqueda e investigadores.

Los accidentes aéreos en Colombia suelen estar relacionados con problemas técnicos, junto al complejo relieve montañoso y las condiciones climáticas tropicales del país.

La zona montañosa donde la pequeña aeronave tipo Cessna activó la emergencia alcanza los 4.250 metros de altitud.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se reunió con familiares de sus connacionales presos en Venezuela y habilitó un espacio de atención  y el compromiso de la defensa y protección de los privados de libertad.

En la redes sociales de la Cancillería se conoció que la reunión se llevó a cabo el 10 de septiembre en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, donde los funcionarios   escucharon las preocupaciones de las familias sobre la situación de los detenidos, en medio de los reclamos por una mayor intervención de las autoridades para garantizar sus derechos.

Básicamente, se abordó la situación de cerca de 20 ciudadanos colombianos que permanecen privados de libertad en Venezuela, varios de ellos detenidos después de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, señaló que los casos presentan especial preocupación debido a que los detenidos no tendrían cargos imputados ni un proceso judicial vigente, situación que, según explicó, podría representar una vulneración de normas internacionales.

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 La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando”, expresó  Roa Arboleda.

Entre tanto, los familiares indicaron que han hecho reclamos en distintas ocasiones, buscando respuestas concretas y mayores acciones diplomáticas para lograr la liberación de sus seres queridos y garantizar sus derechos mientras permanecen detenidos en Venezuela.

“La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando”, expresó el viceministro de Asuntos Migratorios,… pic.twitter.com/Dwce4elSmp

Hace una semana, Delcy Rodríguez, presidenta encargada en Venezuela, hizo una invitación especial a todos los empresarios colombianos: volver a su país. Era un llamado con una noticia, pues la persona más rica de Colombia, el empresario Jaime Gilinski, estaba a su lado, anunciando una multimillonaria inversión en la industria petrolera del país con mayores reservas de crudo del mundo. “Es una buena señal”, dijo Rodríguez.

Días antes, en llave con el norteamericano Donald Trump, había revelado que una empresa norteamericana explotará un quinto de esas reservas. “El interés demostrado de invertir en Venezuela, por parte de un grupo tan serio como el que pertenece el señor Jaime, es una gran muestra de la confianza que existe en el país, en las leyes del país”, añadió Rodríguez. Y es que el plan de los empresarios colombianos que decidan aceptar la invitación de Caracas pasa por esas dos palabras claves: confianza y petróleo.

 La primera es clave para los empresarios colombianos, que la terminaron de perder en los últimos años, bajo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y las expropiaciones del chavismo. Ahora ven con curiosidad el dinero que están invirtiendo en una economía muy frágil los Gilinski y los empresarios aliados de la Casa Blanca. Son señales interesantes para los dueños del capital, pero no suficientes para sentirse convencidos.

“Aún no veo una actitud decidida de los empresarios colombianos para meterse a invertir, y esa falta de certeza que tienen es por las reglas de juego. ¿Cuál es mi seguridad jurídica si voy allá? Muchos fueron expropiados en Venezuela y algunos no han sido compensados aún“, explica Javier Díaz, presidente ejecutivo de la colombiana Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). Es una falta de certeza que va de lo económico a lo político, en una Venezuela no tiene claro incluso si volverá a tener elecciones democráticas o no, pues tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han retrasado esa posibilidad.

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Trump escogió a NABEP, dirigida por el polémico venezolano Alejandro Betancourt, un hombre investigado por lavado de activos. De hecho, JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, aún incluye a Venezuela entre las economías de muy alto riesgo para invertir.

Aun con esos riesgos, del lado colombiano ha invertido Jaime Gilinski, un respetado empresario que encabeza los bancos Lulo y GNB, la cadena alimenticia Nutresa o la industria de plásticos Rimax. El banquero, conocido por su creatividad y arrojo al hacer negocios, ha dicho que la petrolera de la que es el accionista más grande, GeoPark, tiene la capacidad de hacer toda la inversión en un campo del llamado cinturón del Orinoco, una zona de crudos densos, lo que los hace costosos de sacar y refinar.

“A Gilinski siempre se le ha visto como un hombre que sabe y le gusta tomar riesgos, y que tiene una mirada de largo plazo en los negocios”, explica Díaz, de Analdex, sobre el colombiano que sí se lanzó al agua y una apuesta que, según algunos expertos, podría llegar a tardar una década en ser rentable.

“En Venezuela, la oportunidad está particularmente en la recuperación de la industria energética y en la cadena de bienes y servicios que esa recuperación necesita”, dice Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol). Explica que las cifras de la OPEP dan razones para ese apetito empresarial: Venezuela, en solo un semestre, aumentó su producción de crudo en un 34,6%, de 830.000 diarios en enero de 2026 a 1.117.000 en julio.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella está decidido a aprovechar la oportunidad. Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, ya ha demostrado su interés en el país vecino, y su embajador de Venezuela, el empresario Jorge Jaller, ha hecho eco de ello. “¿Se necesita valentía y coraje para hacerlo [invertir en Venezuela]? Sí, pero es que a nosotros nunca nos ha tocado fácil”, dijo hace unas semanas en el principal congreso empresarial del país. “Mi invitación para la empresas y también para Ecopetrol es ver la oportunidad tan grande que existe en Venezuela. No tenemos 2.200 kilómetros que nos separan, son 2.200 kilómetros que nos unen”, dijo luego al diario El Colombiano.

Luis Felipe Quintero, presidente de la Cámara de Comercio Colombovenezolana, señala que Venezuela ha dado varios pasos para intentar recuperar la confianza, especialmente en el sector energético: aprobó una ley de hidrocarburos y otra de minería, y está trabajando en una ley eléctrica. “Adicionalmente, se han flexibilizado las sanciones contra Venezuela que venían del Departamento de Estado de Estados Unidos”, dice, para señalar las causas del que llama “un ambiente más optimista”.

Los especialistas también mencionan que ese camino a la confianza se abrió con el acuerdo de protección de inversiones que firmaron en 2023 Nicolás Maduro y el gobierno de Gustavo Petro. “Colombia es el único país que tiene ese acuerdo de protección”, dice Quintero. Pese a ello, con la excepción notable de Gilinski, las empresas que se han acercado a Venezuela no han llevado aún su capital allá. Pero puede que las demás fotos vengan pronto. 

“Se están moviendo con un alto grado de confidencialidad, pero uno se entera de que igual están explorando las posibilidades”, dice el directivo gremial sobre la mezcla entre optimismo y cautela. “Estamos viendo una gran oportunidad de trabajo conjunto con Venezuela”, decía este jueves Juan Esteban Mejía, gerente de Asuntos Corporativos y Talento de Grupo Argos, una de las mayores empresas de infraestructura del país, en un simposio del centro de pensamiento ANIF. Al fin y al cabo, pese a lo golpeada de su economía, se trata de un mercado de 28 millones de habitantes con un sector privado desarbolado, en el que, si se logra construir esa confianza, pueden crecer las empresas del otro lado de la frontera.

Con información de El País de España