¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó en junio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer.

La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron más de 6.300 muertos, según el último saldo oficial.

Salvo algún hallazgo milagroso, más de 40 días después de la tragedia se consideran "desaparecidas" a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros.

Los partes oficiales han indicado la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los sismos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.

En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

"Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto", dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.

"Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando" escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.

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Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.

Fue un "error", estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. "Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000", añadió.

Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales, porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.

El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.

Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.

Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló a finales de julio de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.

Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.

Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.

Según la página "Venezuela Te Busca", unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 "quedan por localizar".

El sitio "Desaparecidos Terremoto Venezuela" data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen "sin contacto".

Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 "desaparecidos".

La fuente diplomática aplaudió la "buena voluntad" de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.

En "eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido", advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.

El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.

Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.

"Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz", lamentó este policía de 50 años.

"Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos" por recuperar de entre los escombros, afirma.

Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.

AFP

 Una reciente operación policial en el norte de Brasil reveló cómo la banda de origen venezolano Tren de Aragua estableció presencia en el país y adaptó su modelo de expansión criminal mediante alianzas, publicó el portal investigativo Insight Crime.

En junio, la policía del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, desmanteló una estructura del Tren de Aragua que operaba en Brasil y presuntamente utilizaba el estado como corredor para traficar armas hacia otras zonas del país. También estableció alianzas con grupos criminales locales para lavar dinero procedente de la minería ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Las autoridades realizaron incautaciones en Amazonas, otro estado del norte de Brasil, así como en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná, al sur y sudeste del país.

Capturaron a 13 personas y congelaron 429 millones de reales (unos US$82 millones) en cuentas bancarias y activos financieros vinculados a presuntos integrantes de la red.

Las pruebas recabadas durante la investigación indican que el Tren de Aragua trabajaba con el Comando Vermelho (CV) o Comando Rojo, la segunda organización criminal más grande de Brasil, recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos.

La alianza ilustra un método diferente para la banda venezolana. En lugar de consolidarse como un actor criminal dominante, como lo ha hecho en otros países, el Tren de Aragua parece estar aliándose con bandas locales en Brasil para ampliar su alcance y sus ganancias.

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El desmantelamiento de la red del Tren de Aragua en Brasil demuestra cómo el grupo ha ganado terreno en el país en los últimos años.

El Tren de Aragua presuntamente suministraba armas adquiridas en Estados Unidos, Colombia y Venezuela a integrantes del Comando Vermelho en Amazonas y Río de Janeiro. Con frecuencia recibía cocaína como forma de pago, que la banda luego vendía en Roraima, explicó a InSight Crime el coronel de la Policía Militar, Francisco Xavier.

En otros casos, las armas eran pagadas en efectivo, por lo que el Tren de Aragua estableció un sistema de lavado de dinero mediante empresas fachada. Según Xavier, el grupo trabajaba con la misma red que creaba empresas fachada para el Comando Vermelho.

Estos colaboradores frecuentemente operan como intermediarios, sin vínculos con organizaciones criminales específicas. “Cuando aparece un gran operador financiero [criminal], suelen prestar servicios a más de un cliente. Están en el mercado y ofrecen sus servicios a quien les contrate”, dijo a InSight Crime Anchieta Nery, director de Operaciones Integradas e Inteligencia de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp).

 La presencia del Tren de Aragua en Brasil se ha concentrado en Roraima, que limita con el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Bolívar ha sido durante años un bastión del Sindicato de Las Claritas, una banda dedicada a la minería con estrechos vínculos con el Tren de Aragua a través de su cofundador Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”.

El pequeño pueblo de Las Claritas, ubicado en el municipio Sifontes, se convirtió en un refugio para el Tren de Aragua después de que una intervención estatal expulsara al grupo de su centro de operaciones en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, en 2023.

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 La policía de Roraima afirma que el Tren de Aragua se ha expandido en Brasil desde 2018, aprovechando las olas de migrantes venezolanos que llegaban al país para afianzarse en nuevos territorios. Las actividades de lavado de dinero del grupo se extienden ahora a los estados del sur y sudeste de Brasil.

En otras partes de América Latina, el modelo de expansión del Tren de Aragua consistió en crear células y apoderarse de economías criminales locales mediante el uso de violencia extrema y la explotación de migrantes venezolanos. Sin embargo, en Brasil, el grupo ha adoptado un enfoque diferente.

Con la ola migratoria que cobró fuerza en 2015, millones de venezolanos abandonaron su país y la mayoría se asentó en Colombia, Chile y Perú. El Tren de Aragua los siguió y comenzó a obtener ganancias del tráfico de migrantes y la trata de personas.

En Chile y Perú, el grupo encontró mercados ilícitos listos para ser explotados, entre ellos la extorsión, el comercio sexual y la venta de drogas al menudeo. Había poca competencia local, fuerzas de seguridad poco preparadas y grandes diásporas venezolanas que vivían en los márgenes de la legalidad y, por tanto, eran vulnerables a la explotación.

Al principio, la expansión del Tren de Aragua en Brasil pareció seguir un patrón similar. Su presencia se concentró inicialmente en la frontera y siguió las rutas migratorias. Roraima ofrecía un centro financiero para lavar dinero y mover de contrabando mercancías y minerales extraídos en Venezuela, como ya hacían otros grupos venezolanos dedicados a la minería ilegal.

A diferencia de los otros países, donde las nuevas células del Tren de Aragua se multiplicaron y extendieron rápidamente, su avance en Brasil fue contenido, de una manera similar a lo ocurrido en el saturado mundo criminal de Medellín, Colombia, por actores del crimen organizado más grandes y poderosos: el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC). Roraima está controlado principalmente por el PCC, la organización criminal más grande y poderosa de Brasil.

En Brasil, en cambio, el Tren de Aragua parece haberse expandido como proveedor de servicios. El grupo ha aprovechado su alianza con el Comando Vermelho para operar y ampliar sus actividades en el país a través de redes, sin invertir en células armadas ni necesitar control territorial o monopolizar los mercados criminales.

“Existe una simbiosis identitaria entre el Tren de Aragua y el Comando Rojo. Los miembros de la banda venezolana incluso piden permanecer en los mismos pabellones carcelarios que el Comando Vermelho”, dijo a InSight Crime Wesley Costa de Oliveira, jefe de la Policía Civil de Roraima a cargo de la investigación.

La alianza entre el Comando Vermelho y el Tren de Aragua ha permitido a ambas organizaciones ampliar su alcance. Según Xavier, el Comando Vermelho está ganando fuerza en el norte gracias a las armas y el apoyo logístico proporcionados por la banda venezolana.

Datos de un informe de 2025 del Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP) muestran que el Comando Vermelho ha más que duplicado su presencia en la región amazónica desde 2023.

“Estamos viendo a miembros del PCC ‘romper la camiseta’ [desertar] para unirse al Comando Vermelho. Si bien el PCC sigue siendo la fuerza dominante en Roraima, el Comando Vermelho está ganando terreno y prestigio de manera significativa gracias al apoyo venezolano”, afirmó Xavier.

Con información de Insight Crime.

"Ser pobre en una zona de desastre es una tragedia en sí misma. Quizás no se te cayó la casa, pero se te cayó la vida". Con esta frase, Omar Zambrano, fundador y economista jefe de ANOVA Policy Research, retrata una dimensión poco visible de la catástrofe provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio en Venezuela.

Mientras las cámaras y la atención pública se concentraban en el devastador paisaje de las edificaciones derrumbadas a lo largo de la franja costera del estado La Guaira, otra tragedia se extendía silenciosamente entre más de cien mil personas que ya vivían en condiciones de alta vulnerabilidad en esa zona. Son ciudadanos que, sin haber perdido necesariamente su vivienda, vieron derrumbarse sus ingresos, medios de subsistencia, acceso a servicios vitales como agua, saneamiento y electricidad, así como a la educación, la salud y el transporte.

Así lo revela el estudio "Doblete sísmico: población vulnerable, distribución de daños y priorización territorial en La Guaira”, publicado el pasado 23 de julio por ANOVA Policy Research. Al cruzar la evaluación satelital de daños en edificaciones del Microsoft AI for Good Research Lab con un Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), el estudio encontró que el mapa territorial de daños físicos no coincidía con el mapa de la fragilidad social de las poblaciones del litoral guaireño.

 Esta disparidad, señala el informe, constituye un insumo determinante en el diseño de una respuesta calibrada, oportuna y pertinente para todas las víctimas de la tragedia: "Si la estrategia de política pública y la movilización de recursos de cooperación internacional atienden exclusivamente las zonas de devastación física causada por los terremotos, quedarán estructuralmente desatendidos los efectos sociales del colapso del circuito económico de La Guaira".

Omar Zambrano, coautor del estudio de ANOVA, conversó con Deutsche Welle sobre las conclusiones más relevantes de esta investigación, algunas de las políticas públicas que podrían derivarse de sus hallazgos y las debilidades estructurales del Estado venezolano para diseñar e implementar este tipo de respuestas.

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El estudio de ANOVA estima que, antes del doble sismo, 187.305 de los 310.592 habitantes de las siete parroquias de La Guaira vivían en condiciones de vulnerabilidad social. La reconstrucción, por tanto, tendrá lugar en un territorio donde la fragilidad social no es marginal, sino la condición predominante.

Para identificar prioridades y tipos de atención, los investigadores cruzaron los datos de vulnerabilidad social con los de daño físico y clasificaron los resultados en cuatro grandes cuadrantes.

En un extremo se encuentran los cuadrantes III y IV, que agrupan a los sectores de menor urgencia relativa. El cuadrante III reúne a 59.766 personas, equivalentes al 19,2 por ciento de la población. Concentrado principalmente en el corredor costero de segundas residencias turísticas, corresponde a hogares ubicados en zonas de alto daño físico, pero con una mayor capacidad para absorber pérdidas de ingresos. El cuadrante IV, por su parte, agrupa a 32.920 personas con baja vulnerabilidad y bajo daño físico.

 En el otro extremo aparece el cuadrante I, donde se produjo la tormenta perfecta. Allí se concentran 105.681 personas, equivalentes al 34 por ciento de la población analizada, con una alta vulnerabilidad social y un elevado nivel de daño físico. Según el estudio, este es el grupo de atención más urgente, ya que combina necesidades de refugio y reposición habitacional con requerimientos inmediatos de protección social.

Pero el hallazgo más llamativo del estudio se encuentra en el cuadrante II. Aquí se concentra el grupo más numeroso: 112.225 personas que habitan en zonas de alta vulnerabilidad social, pero con bajo nivel de daño físico. Representan el 36,1 por ciento de la población analizada. Para ANOVA, estas personas constituyen el grupo con mayor riesgo de ser desatendidas si la respuesta estatal se concentra exclusivamente en las viviendas destruidas.

Zambrano sostiene que, a pesar de que miles de personas de este grupo conservan su hogar, han visto desaparecer de un momento para otro sus medios de vida. "Gran parte de la fuerza laboral de La Guaira trabaja para instituciones públicas, para la gobernación, la alcaldía, el puerto o el aeropuerto. Esas cuatro instituciones están básicamente inoperativas o funcionan apenas parcialmente después del terremoto", afirma el economista.

A ello se suma el impacto del sismo en la economía informal y en las actividades vinculadas con el turismo. "Hay mucha gente que vivía del comercio informal, de las ventas en la playa o de las actividades relacionadas con el carácter turístico de la zona. Todo eso se murió", sostiene Zambrano, quien advierte que esa parte del circuito económico de La Guaira podría tardar años en recuperarse.

De acuerdo con el estudio, estos hogares vulnerables que conservaron su vivienda, pero perdieron sus medios de vida, requieren políticas urgentes de protección social y recuperación productiva diseñadas específicamente para su situación.

El primer paso, según Zambrano, debería ser levantar un registro directo de la población afectada que permita identificar quiénes perdieron sus ingresos, qué actividades económicas quedaron interrumpidas y cuáles hogares enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas. También sería necesario localizar, dentro de ese universo, a los hogares con niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Para proteger temporalmente los ingresos de los afectados, el economista propone un programa de transferencias monetarias directas, durante al menos un año, para compensar parcialmente ese deterioro económico. En el caso de los empleados públicos, plantea una política de reubicación temporal a otras tareas de la administración o del propio proceso de reconstrucción.

La recuperación también debería proteger a los negocios que sobrevivieron. Con base en la experiencia del terremoto de Haití, Zambrano advierte que una asistencia basada exclusivamente en la distribución gratuita de bienes puede terminar desplazando a comerciantes y productores locales, incapaces de competir con productos entregados sin costo. Por ello, sugiere canalizar una parte de los fondos de reconstrucción y ayuda a través de los comerciantes, transportistas, posadas, restaurantes y proveedores locales que sigan en pie.

Como lo señala el informe de ANOVA, los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias humanas y económicas no lo son. Ante eventos de magnitud semejante, la mortalidad, las pérdidas y la velocidad de recuperación dependen en buena medida de la capacidad institucional del Estado para producir información, establecer prioridades y ejecutar respuestas oportunas.

Venezuela enfrenta esta tragedia con capacidades institucionales profundamente debilitadas. La falta de estadísticas territoriales actualizadas —Venezuela no publica una encuesta de hogares confiable desde 2015— sumada al deterioro de los equipos técnicos limita el diseño y la implementación de políticas focalizadas. Zambrano lo resume de manera categórica: "Es imposible que, bajo el actual estado de las cosas, este Gobierno pueda llevar a cabo una reconstrucción efectiva bajo criterios técnicos, siguiendo la evidencia. Están navegando a ciegas."

Esta debilidad institucional, advierte Zambrano, amenaza con amplificar las consecuencias del desastre. Si las familias que conservaron sus viviendas, pero perdieron sus medios de vida, no reciben un apoyo estatal decidido e inmediato, muchas podrían desplazarse hacia otras regiones o sumarse a una nueva ola migratoria. La despoblación privaría a La Guaira de trabajadores, consumidores y emprendedores indispensables para reconstruir su economía y terminaría agravando la tragedia que las políticas públicas estaban llamadas a contener.

Con información de DW

Terremotos como los del 24 de junio en Venezuela quiebran vidas, arrasan barrios y universos enteros. El sismo doble dejó, según cifras oficiales hasta el momento, más de 4.700 muertos. Y un balance oficial del 7 de julio informó de 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Ante las imágenes de devastación, la gran pregunta es qué tipo de construcciones pueden proteger vidas.

 En países con sismos frecuentes como Chile, por ejemplo, con cada terremoto se ha perfeccionado el conocimiento sobre esas estructuras y hoy en día el país está a la vanguardia en ingeniería antisísmica.

BBC Mundo habló con dos expertos chilenos reconocidos a nivel internacional en este tema. El ingeniero civil estructural Juan Carlos de La Llera, actualmente rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló avances en técnicas sismorresistentes utilizadas en distintas partes del mundo. Y Eduardo Kausel es profesor emérito del Departamento de Ingeniería Civil del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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Existen dos grandes filosofías para el diseño de este tipo de estructuras, y cada una tiene una respuesta diferente, señala De La Llera.

En la filosofía convencional, que es la que está en la gran mayoría de las normativas sísmicas del mundo, en un terremoto muy severo «la estructura puede sufrir daño, puede quedar esencialmente inutilizada, pero no puede colapsar, precisamente para evitar el gran problema que hemos visto en las estructuras en La Guaira en Venezuela, donde se produce el colapso y las personas quedan atrapadas y fallecen directamente por aplastamiento».

En la filosofía de diseño más moderna, en cambio, en un sismo muy severo, «el edificio esencialmente no debería sufrir daño y debería quedar incluso operativo en la mayoría de las veces».

Esta segunda opción incorpora en edificios técnicas como los aisladores sísmicos y los disipadores de energía.

De acuerdo a De La Llera, estas técnicas reducen el movimiento de una estructura durante un sismo entre 8 y 10 veces.

«Introduce en la estructura elementos que tienen dos funciones. Una es aislar la estructura del suelo, como si la hicieras colgar desde el cielo para que el suelo se mueva libremente y no le pase nada a la estructura. La otra es incorporar dentro de esa estructura elementos que absorben la energía, que es la que produce el daño en el edificio».

Los edificios sismorresistentes convencionales se refuerzan con técnicas tradicionales. Hay numerosos factores a tener en cuenta, pero De La Llera y Kausel dieron a BBC Mundo ejemplos de algunos principios básicos.

El miembro estructural de hormigón o concreto ( ya sea una viga, columna, o pared resistente) debe contener una cantidad adecuada de lo que se conoce como «enfierradura».

«Si está hecha solamente de concreto, al someterla a una carga, esta tendrá una característica frágil y se agrietará y quebrará como si fuese de vidrio. Pero al agregarle barras de fierro y someterla a esa misma carga, el material se transformará en uno que permitirá deformación, que tendrá ‘ductilidad’, la capacidad plástica para resistir la deformación sin romperse», explica Kausel.

Esa combinación de hormigón y enfierradura es lo que comúnmente se llama hormigón armado.

Kausel demuestra el concepto de enfierradura con una tiza de pizarrón. Si intentamos doblarla, la tiza se rompe. Pero si la envolvemos por ejemplo en cinta scotch, al intentar doblarla, resiste.

«Ese es el papel que hace la enfierradura que está dentro del concreto. Pueden aparecer fisuras, pero no se desarma», afirma Kausel.

Debe haber además una correcta adhesión entre el fierro y el hormigón, ya que de lo contrario los fierros se deslizarían.

Las barras deben tener el tamaño y número suficientes, además de estriaciones —una superficie áspera que da buen agarre al hormigón— y rodearse de «estribos».

«Supongamos que tenemos una columna circular. Los fierros generalmente van en la periferia, no en el centro. Pero además, cada cierto espacio, cada 30 o 40 cm, dependiendo de las normas, tiene que haber un estribo, que es un fierro circular que amarra a estos fierros».

Es esencial «confinar» el hormigón adecuadamente de esa forma, es decir, amarrar bien la enfierradura con estribos o cinturones de acero para que las barras no se «pandeen» (se desplacen lateralmente al ser comprimidas), ya que eso causaría una falla frágil, señala el experto del MIT.

«A veces le agregan al hormigón más agua de la que se debe porque es más fácil trabajarlo. Eso hace un concreto muy débil. O tiene mucha arena. O no lo trabajaron bien», señala Kausel.

«Y tiene que haber un control de calidad, tomar muestras del hormigón en distintas partes para asegurarse de que satisface las especificaciones y es resistente».

En el caso de Chile, explica, tiene códigos muy rigurosos y con muy control de calidad al respecto.

Las construcciones deben tener un corazón muy fuerte de muros estructurales en ambas direcciones, norte-sur y este-oeste.

Por ejemplo, señala Kausel que algo que es «fatal» y puede quebrar un edificio es el «primer piso no rígido o flexible», el típico a ras de suelo en el que se quitan muros para crear espacios amplios para comercios o estacionamientos.

«En un terremoto es lo primero que se rompe. Eso se vio una y otra vez en Turquía».

En Chile, agrega, si se hacen estacionamientos, «pero hay un enjambre de muros resistentes también. No está todo abierto.»

De La Llera destaca la importancia de que la losa, el elemento que separa dos pisos, esté bien conectada a los elementos perimetrales.

«Si hay conexiones que son muy débiles, eso también es muy peligroso».

En el diseño sismorresistente es clave la atención al detalle, apunta Kausel.

«Cómo usted hace la unión de las columnas con las vigas, las losas. Si no está todo bien anclado y continuo, si hay una discontinuidad que es débil, ahí se concentran los daños y eso puede propagarse por el resto del edificio».

De La Llera y su grupo patentaron numerosos avances en esta tecnología más moderna, que han aplicado en construcciones desde Perú a Nueva Zelanda.

«La gran mayoría de los edificios fueron diseñados, o co-diseñados por la empresa SIRVE, de la cual la Universidad Católica participa como dueña, dado que las tecnologías son de la universidad», señala el ingeniero.

«Lo primero que viene en un edificio es que tú excavas el suelo y generas lo que se llaman los cimientos o las fundaciones, que son como los zapatos de la estructura», explica el experto.

«En un edificio convencional a partir de esa cimentación nace toda la estructura, que está fija al suelo».

Cuando se colocan a nivel de la cimentación aisladores sísmicos, en cambio, es como si el edificio estuviera «sobre patines».

 «El dispositivo es igual que una torta de milhojas. Tiene capas de goma natural, de acero, goma, acero, goma, acero, y tú formas una torta vulcanizada, que se trabaja en temperatura y en presión. Es como un patín, muy flexible horizontalmente, pero muy rígido verticalmente, porque si fuera blando verticalmente el edificio con su peso se aplastaría».

Cuando el suelo se mueve durante un terremoto, el edificio se desliza.

«Si el edificio ‘patina’ respecto de la base, el terremoto no es capaz de introducirle energía adentro para que vibre, porque lo que produce la vibración es la energía que le transmite el movimiento del suelo».

Los aisladores sísmicos pueden colocarse incluso en edificios ya construidos. Su uso no es obligatorio en Chile, pero prácticamente todos los hospitales del país ya están aislados sísmicamente.

«En Chile se exigió esto porque tienen que quedar operativos. En Turquía en 2023 fue terrible, cayeron una cantidad enorme de hospitales y no tenían dónde recibir a los pacientes».

«En Perú también pasa con los hospitales, pero no el resto de las estructuras».

Y, explica, que en Japón es algo totalmente común en todos los edificios.

La otra técnica moderna es la de los disipadores de energía, que según explica De la Llera funcionan como el amortiguador de un auto.

Cuando hay un bache en un camino, la rueda se mueve, pero ese efecto no es transmitido a la cabina donde va el conductor porque hay un amortiguador entre la rueda y la carrocería del vehículo.

«En un edificio con disipadores de energía pasa exactamente lo mismo. Aquí el edificio está fijo al suelo, igual que en la técnica convencional. Pero cuando en un terremoto el edificio empieza a oscilar y los pisos comienzan a desplazarse unos respecto de otros, el disipador absorbe esa energía e impide que la deformación entre los pisos sea grande y el daño se reduce sustancialmente».

Kausel señala que un ejemplo de aplicación de disipadores de energía es la Torre Costanera Center en Santiago de Chile, que con 62 pisos y 300 metros de altura es el edificio más alto de Sudamérica. «Sobrevivió el Gran Terremoto del Maule de 2010 (de magnitud 8.8) sin grietas ni daño ninguno».

Es crucial realizar estudios geotécnicos del suelo antes de construir. Los suelos blandos en particular pueden causar graves problemas.

La Guaira, por ejemplo, una de las zonas más afectadas en Venezuela, «es una zona de rellenos aluviales y por lo tanto el suelo amplifica mucho el movimiento», señala De La Llera.

El ingeniero explica el efecto de un suelo blando con la analogía de un tazón lleno de gelatina.

«Piensa que el tazón representa la parte dura o firme del suelo. Si mueves el tazón, la gelatina se mueve mucho más, es decir, el movimiento se amplifica».

De la misma forma, un movimiento en la roca que puede haber sido de baja intensidad «al encontrarse con este suelo, que es como esa gelatina, produce una amplificación enorme».

Kausel explica que «cada edificio tiene una manera de vibrar como las cuerdas de un violín. Y el sismo también tiene lo que se llama frecuencias dominantes, la razón a la cual se mueve lateralmente».

«En los edificios de mucha altura», agrega, «la manera de vibrar de un lado a otro es muy lentamente».

El tiempo que tarda un edificio en esa oscilación es lo que se conoce como periodo.

Si hay una sintonización entre la frecuencia o periodo de la estructura, con la frecuencia del suelo, «produce un fenómeno muy, muy dramático, que es la resonancia, y eso hace que los edificios amplifiquen enormemente el movimiento», explica De La Llera.

Kausel señala que «en algunos casos, si el suelo no es muy malo, se puede reforzar, inyectar cemento, poner pilotes».

 Los estudios geotécnicos son fundamentales también para detectar el riesgo de un fenómeno llamado «licuefacción».

«El suelo tienes que imaginarlo como una especie de panel de abejas cuando lo miras en forma microscópica. Es una composición de sólidos, de aire y de agua», explica De La Llera.

«Imaginemos en forma sencilla que cada uno de los paneles de los elementos estuviera lleno de agua. Eso se llama un suelo que está saturado».

«Y cuando un suelo está saturado hay un momento en que el movimiento del suelo hace que la presión del agua que está dentro simplemente destruya toda la resistencia que tiene».

«Eso se llama licuefacción, y es cuando un suelo se transforma en un fluido».

Es posible bombear o extraer agua del suelo saturado para evitar este problema. Pero si hay licuefacción debajo de un edificio, «el edificio se vuelca».

Tanto De La Llera como Kausel señalan que las imágenes de edificios colapsados en Venezuela indican fallas de construcción.

«Las imágenes que yo he visto muestran algunas falencias estructurales grandes. Basta mirarlas para darse cuenta de que falta enfierradura, faltan elementos que confinen el hormigón. Eso me llamó mucho la atención», señaló De La Llera.

«Que los pisos están uno arriba de otro, eso es netamente una falla estructural».

«Lo que pasó en Venezuela es realmente una tragedia gigantesca», agrega el experto.

 Para Kausel, que haya habido dos sismos fuertes consecutivos no basta para explicar el «gigantesco daño».

«Fueron intensos, pero de magnitud bastante común en países propensos a terremotos. La duración combinada fue de 90 segundos, mucho menor que la de sismos fuertes en otras regiones del mundo.

«Para mí obviamente hay defectos de construcción».

El experto del MIT señala que dos cosas le llamaron poderosamente la atención al ver videos de Venezuela.

«La primera es que había escombros que no mostraban enfierradura ninguna, y la segunda es que en la mayoría de los edificios derrumbados sí se veía acero, pero era como espagueti. Eso no debería ser».

«Esos espaguetis deberían tener pedazos de concreto roto, pero pegado al fierro. Y no es así. Eso me indica que no había adhesión entre la enfierradura y el hormigón. Y si eso es así, entonces el fierro no ayuda a resistir».

«Eso puede haberse debido a que los fierros carecían de estrías, o que el concreto tenía mucha agua o demasiada arena, o no estaba bien compactado, lo que hace que no haya adhesión».

El uso de aisladores sísmicos y disipadores de energía debería ser más frecuente, señala De la Llera.

«En los 25 años que llevo haciendo investigación en todo este tema se ha avanzado mucho, pero es increíble que esto no sea un estándar como los frenos ABS en un auto. Nohay razón técnica para que no ocurra, económicamente hay soluciones al mismo costo y las ventajas son enormes».

Y explica que en Chile se desarrollaron muchas técnicas propias para reducir el costo de aislar viviendas sociales.

«Hace una diferencia absolutamente sustantiva. Es como tener una vacuna contra una gran enfermedad donde realmente tú sabes que estás protegido».

Vista de Santiago en la que destaca por su altura la Torre Costanera CenterKausel ofrece una reflexión final: «las normas están para ser cumplidas y no son decoración».

«Las cosas toman su tiempo, preparar los materiales, hacer los estribos como deben estar, confinar la estructura como deber ser… No se puede ignorar la realidad científica».

«Si no se construye bien, cualquier cosa puede pasar. En el sismo de 2023 en Turquía murió mucha gente y cayeron muchos edificios porque estaban mal construidos, incluso edificios nuevos de lujo se vinieron enteros abajo».

La calidad del trabajo, concluye, es fundamental.

«Como dicen en el MIT, ‘no hay sustituto para la excelencia’, y todo hay que hacerlo de la mejor manera posible».

«No se saca nada con tener en papel normas que establecen cómo hacer algo muy resistente si no se aplican y la calidad de la construcción no es buena».

Con información de BBC

Naciones Unidas lanzó un llamado urgente para recaudar casi 300 millones de dólares de ayuda para Venezuela, tras el doble terremoto de hace dos semanas, y el país pidió la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción.

Hay enormes necesidades luego de uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio, que ha causado más de 3.800 muertos y dejado a decenas de miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher el miércoles en una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros.

"Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias", dijo.

El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya necesitaban ayuda.

Justo antes del doble sismo, este plan solo había obtenido 115 millones de dólares, pero con un nuevo flujo de contribuciones ahora suma 300 millones.

Fletcher indicó que todavía faltan 627 millones de dólares para hacer frente a "necesidades urgentes" en el devastado país caribeño.

A la vez, durante la reunión virtual de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, reclamó la liberación de fondos de su país congelados en el extranjero.

"Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizarlos en la recuperación", dijo Gil.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reclamó más tarde por el oro de las reservas internacionales de Venezuela que está depositado en el Banco de Inglaterra.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", declaró en referencia a los lingotes valorados en unos 1.900 millones de dólares.

También pidió recursos al Fondo Monetario Internacional, donde Venezuela tiene 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente.

Los fondos venezolanos están congelados desde hace años por el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, y llevado a Nueva York acusado de narcotráfico.

Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, asumió entonces el gobierno de manera interina.

Naciones Unidas ha estimado que los terremotos provocaron daños por unos 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos internacionales de rescate han terminado en su mayoría los intentos por encontrar sobrevivientes, pero las familias aún escarban entre las ruinas en un intento por recuperar los cuerpos.

En el sector Caraballeda de La Guaira, tres familias se sentaron el miércoles en una esquina a la espera de donaciones, luego de caminar algunos kilómetros en busca de comida y agua.

Los jefes de familia son trabajadores informales y con el terremoto se quedaron sin sustento y sin dinero.

"No sé hasta cuándo vamos a estar así. Por lo menos hoy nos dieron algo de arroz, espaguetis y unas sardinas, y aquí vamos juntando cositas para llevar", comentó a la AFP Stefani Garate, de 26 años, quien solía vender dulces de coco en la playa.

Génesis Ramírez, de 34 años, peluquera, busca a sus sobrinas entre los escombros de un edificio.

"¿Cómo no voy a tener esperanza cuando de este mismo edificio sacaron a un niño de meses con vida? ¿Cómo puedo perder la fe? No la puedo perder. Hasta que uno no ve el cuerpo, uno no pierde la fe. Esto ha sido muy duro, es horrible, horrible. Nadie viene a ayudarnos, tenemos muchos muertos acá todavía", se lamentó.

Casi una docena de retroexcavadoras trabaja para retirar los escombros de los edificios del complejo de viviendas OPP, donde varias torres se derrumbaron por completo.

Solo algunos familiares siguen allí, aferrados a la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Hay muchas moscas y el olor a cuerpos en descomposición impregna el aire. Una mujer llora desconsolada sobre una bolsa negra.

"Ahora lo que queda es rescate de cuerpos", dice un militar.

Con información de AFP

La propia incapacidad chavista, tan evidente desde las 6.04 pm del Día de San Juan, ha facilitado que Estados Unidos pueda capitalizar la tragedia para reforzar su posición en el país criollo después de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero. 

“La administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos”, aseguró un vocero del Departamento de Estado. El propio Marco Rubio está convencido de que no es el momento adecuado.

Estas son las claves para entender por qué la Casa Blanca obstaculiza de forma sorprendente el regreso de María Corina Machado a su país, aunque la líder democrática piensa todo lo contrario: “En un momento de ausencia total del Estado, mi presencia estabiliza”, aseguró a un grupo de periodistas.

Distintas versiones se han publicado estos días sobre los dos intentos fallidos para regresar a Caracas. 

La realidad es que durante el primero, en el que María Corina intentaba llegar desde Virginia, Estados Unidos, a Curazao, no fue la compañía aérea la que ordenó a su piloto regresar a su base cuando ya volaban desde una hora antes. Fue un funcionario del gobierno de Estados Unidos quien presionó a la aerolínea para que el avión regresara, como así fue, a su puerto de salida, según confirmaron fuentes políticas a este diario.

La medida marca el grado de suspicacia que Washington tiene al regreso de Machado a un país donde no solo se vive un duelo nacional provocado por la tragedia. 

El grado de conmoción solo es equiparable con la indignación ante lo que consideran una gestión muy deficiente del chavismo 3.0.

La encuesta llevada a cabo por AtlasIntel para Bloomberg así lo confirma: la desaprobación contra los hermanos Rodríguez por su gestión desde el doble terremoto ha crecido más de 20 puntos desde febrero, situándose en un 65,4%. La aprobación de Delcy estaría en un 24%, que no obstante supera en un punto a sus fuerzas armadas, las otras grandes señaladas tras la tragedia.

Muy por encima se sitúa Machado, que ha consolidado una imagen positiva en el 53% de los encuestados. 

Fuentes consultadas por este diario dan por hecho que la Nobel de la Paz no se va a conformar con los dos intentos fallidos (el segundo fue desde Panamá) y que va a buscar “todas las opciones posibles para entrar cuanto antes”. La pulseada con Washington no ha acabado y el equipo opositor busca vías de acuerdo para tener vía libre hacia Venezuela.

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La líder opositora cuenta sobre el terreno con un enorme capital humano, incluidos los 600.000 voluntarios que trabajaron durante las elecciones para preservar el voto y dar a conocer al país y al mundo la paliza electoral que el diplomático Edmundo González Urrutia infligió a Maduro. 

De hecho, en lo que fuera su comando de campaña ya funciona un centro de acopio, dirigido por su mano derecha en Vente Venezuela, el antiguo preso político Henry Alviárez.

En Caracas, el gobierno revolucionario quiso aprovechar la pulseada entre Washington y su gran enemiga para fortalecer a la pequeña de los Rodríguez con una rueda de prensa internacional, pero el tiro salió por la culata. 

Las evidencias mostradas por los reporteros dieron más coraje a la jefa del gobierno de facto, que acudió a las manoseadas “matrices mediáticas generadas en laboratorio” para explicar el cúmulo de errores y desidia.

La presidenta encargada del gobierno de facto intentó convencer, sin éxito, de que el gobierno respondió con emergencia y prontitud a los dos terremotos. Que los protocolos se activaron y que los organismos del Estado, incluidos los militares, salieron al rescate del pueblo venezolano. Miles de testimonios, recogidos por los ciudadanos y trasladados a las redes sociales, demuestran todo lo contrario.

 Para empezar, nadie en la sociedad venezolana cree la cifra de víctimas a cuentagotas que el gobierno aporta cada día. La última ha ascendido hasta 2645 muertos y 12.666 heridos, pero los cálculos de forenses y los mensajes que intercambian las fuerzas de Seguridad del Estado los elevan al menos hasta 10.000.

Con información de La Nación

Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela este miércoles 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400 muertos y miles de heridos y damnificados, han llamado la atención de los científicos.

De acuerdo a físicos, geólogos y expertos en sismología, los dos terremotos consecutivos que afectaron la zona norte del país caribeño, y que estuvieron separados por tan solo 39 segundos, configurarían lo que se conoce como «doblete sísmico».

Este fenómeno es especialmente inusual.

La secuencia más típica es que haya un terremoto principal, seguido de una serie de réplicas de menor intensidad. Pero lo ocurrido en Venezuela fue diferente.

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En términos simples, un «doblete sísmico» ocurre cuando se dan dos terremotos principales, pero el segundo no puede ser considerado una mera réplica del primero, ya sea porque ambos movimientos telúricos poseen una intensidad similar o porque sus epicentros son cercanos entre sí.

Y esto es precisamente lo que pasó en Venezuela. El primer terremoto, que se produjo en la zona de la costa central a las 18:04, tuvo una magnitud 7,2 y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

El segundo terremoto ocurrió 39 segundos después, a solo 45 kilómetros, con epicentro cerca del municipio de Yumare. Ese sismo fue incluso más potente que el anterior, llegando a una magnitud de 7,5.

«Entendemos que estamos ante un doblete sísmico: dos terremotos que ocurrieron muy cerca tanto en el tiempo como en el espacio», explica a BBC Mundo William Barnhart, coordinador adjunto del Programa de Riesgos Sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

«El segundo fue aproximadamente tres veces más potente que el primero y es muy probable que el sismo de magnitud 7,2 haya desencadenado el de magnitud 7,5», agrega.

El factor de tiempo que separa ambos sismos también es relevante, aunque sobre eso hay menos consenso científico.

Algunos investigadores señalan que, para que se configure el «doblete» el segundo terremoto debe sucederse en un periodo posterior corto, del orden de segundos, minutos, horas o días.

Otros, sin embargo, afirman que el segundo evento puede ocurrir incluso años después del primero y que lo clave es su vinculación física.

Para que se configure un «doblete sísmico» ambos terremotos deben estar, además, vinculados a un mismo proceso de ruptura tectónica, donde uno favorece o desencadena la ocurrencia del otro.

El primer terremoto provoca una redistribución de los esfuerzos tectónicos que se acumulan por años e incluso siglos.

Ese movimiento puede ser suficiente para desencadenar un segundo terremoto en una falla o zona que ya estaba a su límite de ruptura.

«Si hay una falla que se rompe cercana a otra que está a punto de romperse, entonces se puede disparar la ruptura y adelantarse años o décadas», afirma Antonio Villaseñor, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, España.

«Esta suele ser la explicación: que hay un terremoto que ocurre naturalmente y da la casualidad de que hay una zona que está también cercana a la ruptura y es esta perturbación la que genera que la segunda falla se rompa también», agrega.

El investigador, que ha estudiado particularmente la zona de Venezuela y el Caribe, afirma que hay muchos elementos que requieren ser estudiados con mayor información para entender qué fue lo que pasó.

«Queda mucho por aclarar sobre el primer terremoto, sobre todo. El segundo está claro, el segundo es un típico mecanismo de desgarro normal y corriente. Pero el primero todavía queda por desentrañar en qué falla se generó y qué mecanismo tuvo», recalca.

Para los expertos, lo que ocurrió en Venezuela era esperable.

El país está ubicado en una zona especialmente sensible. Justo donde ocurrieron los terremotos, confluyen dos placas tectónicas, la del Caribe y la sudamericana, lo que hace que sea un área sísmicamente activa.

El último terremoto de una magnitud similar en esa área se dio hace más de 100 años, el 29 de octubre de 1900, por lo que los científicos venían hace un tiempo esperando un movimiento telúrico fuerte.

«Lo que ha ocurrido no es sorprendente porque esa zona del norte de Venezuela está en el límite de placas y no muy frecuentemente, pero periódicamente, se producen terremotos grandes», dice Villaseñor.

«Esta zona ya tenía el potencial de generar terremotos de estas magnitudes», agrega Marisol Monterrubio Velasco, física computacional e investigadora de los procesos sísmicos del Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el segundo y mayor de los dos terremotos ocurridos este miércoles se desencadenó por una «falla de deslizamiento superficial», justamente cercana al límite de ambas placas.

Un deslizamiento superficial se da cuando las fallas o fracturas en estas placas se mueven horizontalmente.

La zona donde ocurrieron los sismos forma parte de un sistema de fallas.

Se trata de una especie de red de fracturas tectónicas que son las que se encargan de absorber el movimiento entre ambas placas.

Entre ellas, están las fallas de Boconó, El Pilar y San Sebastián.

De acuerdo a la USGS, los dos terremotos ocurridos en Venezuela «probablemente indican un proceso complejo de interacción y ruptura».

Si bien este tipo de eventos es poco frecuente, tiene precedentes históricos tanto en la región como en el resto del mundo.

Uno de los casos más conocidos es el doble terremoto ocurrido en Ometepec, estado de Guerrero, en México, en 1982.

El 7 de junio de ese año, un terremoto de magnitud 6,9 fue seguido 4 horas después por uno de magnitud 7,0.

Mucho más reciente es el «doblete sísmico» que afectó también a Venezuela en 2025, cuando el occidente del país caribeño fue golpeado por dos terremotos consecutivos.

Los sismos tuvieron su epicentro cerca de Mene Grande, en el estado Zulia, aunque fueron de mucha menor intensidad, rodeando los 6,2 de magnitud.

De todas formas, se reportó la muerte de una persona, centenares de heridos y damnificados.

Uno de los casos paradigmáticos para el estudio científico de este fenómeno ocurrió dos años antes en Turquía y Siria.

El 6 de febrero de 2023, los dos terremotos más fuertes ocurridos en casi un siglo en esa región -de magnitud 7,8 y 7,7- estuvieron separados por 9 horas.

De acuerdo a expertos como los sismólogos Luca Dal Zilio y Jean-Paul Ampuero, que estudiaron el evento y que han divulgado estudios en revistas del grupo Nature, ambos hitos estuvieron vinculados a la ruptura de fallas cercanas pero distintas dentro del mismo sistema tectónico, siendo el segundo favorecido por el primero.

Un «doblete sísmico» puede aumentar el potencial de daños.

Cuando dos terremotos de alta magnitud ocurren de manera sucesiva, el primero puede debilitar edificios e infraestructura, haciendo que el segundo pueda destruirlos completamente.

Tras los sismos de este miércoles, edificios completos quedaron hechos escombros en ciudades como Caracas y La Guaira.

Esto es precisamente lo que ha tenido un impacto significativo en el alto número de muertos que ya se han registrado, cifra que las autoridades prevén que siga aumentando.

El nivel destructor de los sismos también se explica por la superficialidad en que se dieron.

De acuerdo al USGS, los terremotos ocurrieron a 22 y 10 km de profundidad, es decir, muy cerca de la superficie, lo que aumenta su potencial de daño.

Monterrubio explica que otro factor relevante para entender el poder destructor de estos terremotos es que gran parte de Caracas está asentada sobre sedimentos aluviales y depósitos blandos, que amplifican las ondas sísmicas.

Villaseñor afirma, de hecho, que hay zonas en Venezuela en que se puede predecir la potencia de daño que puede tener un sismo. El antecedente es el terremoto de 1967, que también afectó parte de la capital y dejó en evidencia que zonas con mayor sedimento, tendieron a amplificar la energía sísmica, y por tanto, enfrentaron mayor devastación.

Otro factor clave es la vulnerabilidad de la infraestructura venezolana.

«El terremoto no destruye, lo que destruye es el edificio que se cae. Los terremotos son fenómenos naturales y convivimos con ellos, con las infraestructuras que tenemos», dice Monterrubio.

La experta agrega que, en ese sentido, el contexto político y social de Venezuela tiene un impacto en las consecuencias que pueden tener este tipo de desastres.

«Y Venezuela ha pasado por una decadencia económica importante por lo que seguramente el tema de las infraestructuras no es el más crucial en la agenda política».

Con información de BBC

El presidente Donald Trump y los nuevos líderes de Venezuela han presentado su insólita alianza como un éxito rotundo.

Trump dijo la semana pasada que Venezuela “se ha convertido en un país feliz» gracias a todo el dinero proveniente del nuevo comercio con Estados Unidos.

Liberada de las sanciones estadounidenses, Delcy Rodríguez, la presidenta venezolana elegida por él mismo, ha estado viajando por el mundo y mostrando sus reuniones con líderes globales.

Pero detrás de este relato de éxito, los socios venezolanos de Trump enfrentan dificultades cada vez mayores para satisfacer las distintas expectativas del pueblo venezolano, los inversionistas extranjeros y los funcionarios estadounidenses.

Estas tensiones revelan el desafío fundamental del plan de enorme control de Washington para crear un protectorado rico en recursos en Venezuela tras la captura de su anterior líder, Nicolás Maduro, en enero.

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La supervisión de Estados Unidos ha comenzado a abordar lo peor de la corrupción crónica del país bajo el mandato de Maduro, pero aún no ha supuesto una diferencia para los venezolanos de a pie. Para la mayoría, la vida sigue siendo tan difícil como lo era antes del ataque de Estados Unidos.

La inflación anual, aunque está bajando, sigue siendo la más alta del mundo con un 524 por ciento. Los salarios han aumentado, pero siguen en niveles bajos.

Y la moneda de Venezuela, el bolívar, ha seguido desplomándose desde que Rodríguez asumió el poder.

En los mercados de cambio no oficiales que utiliza la mayoría de los venezolanos, un dólar cuesta un cuarto más que el tipo de cambio oficial establecido por el gobierno. Esta brecha ha alimentado la inflación y ha fomentado la fuga de capitales.

“Que vengan aquí por tres meses sin guardaespaldas y luego vayan a un mercado para que vean si esto ha mejorado”, dijo Álvaro Espinoza, de 56 años, un joyero de Los Teques, una ciudad dormitorio en las afueras de la capital, Caracas, refiriéndose a los funcionarios estadounidenses.

El lento ritmo de la recuperación económica está poniendo a prueba la paciencia de los venezolanos con Rodríguez.

Su índice de aprobación cayó al 25 por ciento en mayo, la tercera caída mensual consecutiva, según una encuesta en línea realizada por la empresa brasileña AtlasIntel para Bloomberg News.

Las autoridades estadounidenses afirman que los cambios económicos en Venezuela están dando resultados, pero que se necesita más tiempo.

“Estamos tratando de normalizar ese lugar”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una entrevista con Fox News el mes pasado. “Por primera vez en más de una década, la riqueza del país realmente está beneficiando al pueblo de Venezuela, pero aún queda mucho por hacer”.

La cooperación entre los dos gobiernos está generando una recuperación económica tras una prolongada recesión durante el mandato de Maduro, señaló un portavoz del Departamento de Estado en comentarios enviados por correo electrónico. Citó la inflación mensual de Venezuela en mayo, que registró su tasa más baja desde 2024.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos está enfocado en asegurar el petróleo venezolano para los intereses estadounidenses. Para mantener el flujo de petróleo, Rubio dice que está aplicando una estrategia más amplia para estabilizar la economía venezolana y, a la larga, crear las condiciones para unas nuevas elecciones.

Esto ha llevado a los funcionarios estadounidenses a adentrarse en la laberíntica y distorsionada economía del país, que durante décadas ha favorecido la especulación monetaria sobre la inversión productiva, según personas cercanas al gobierno venezolano y ejecutivos bancarios y empresariales.

Tomar el control de las finanzas de Venezuela ha hecho que, por ahora, se concentre el flujo de dólares en un puñado de empresas venezolanas y sus propietarios con cuentas bancarias en Estados Unidos. La mayor parte de esos dólares termina acumulándose en esas cuentas, en lugar de activar la economía venezolana, dijeron personas familiarizadas con el flujo de dinero.

Las demostraciones de poder de Estados Unidos sobre Venezuela están provocando un descontento cada vez mayor dentro del partido político de Rodríguez.

Recientemente, aviones militares estadounidenses aterrizaron en la embajada de Estados Unidos en Caracas y el gobierno de Trump obligó al gobierno venezolano a entregar a uno de los principales confidentes de Maduro, sin el debido proceso, para que enfrentara cargos de corrupción en Miami.

Varios miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, actualmente en el poder en el país, calificaron en privado estas acciones de humillantes, lo que provocó discusiones sobre el respaldo a un candidato alternativo a Rodríguez en caso de que se convocaran nuevas elecciones.

Los miembros del partido gobernante y la mayoría de las demás personas entrevistadas para este artículo abordaron temas delicados bajo condición de anonimato.

El proyecto de Trump para liberar la riqueza natural de Venezuela ha generado un gran interés entre los inversionistas, pero pocos acuerdos vinculantes.

El gobierno de Trump ha eliminado las sanciones personales contra Rodríguez, pero ha mantenido en gran medida las sanciones económicas más amplias contra Venezuela. En cambio, ha otorgado exenciones especiales a las empresas interesadas en hacer negocios allí.

Esta estrategia ha ayudado al gobierno de Trump a mantener a Rodríguez bajo control y a evitar una reacción negativa de los opositores de la presidenta en el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, la incertidumbre sobre las sanciones ha hecho que los inversionistas se muestren cautelosos. Seis meses después de que Rodríguez asumiera el cargo, varias grandes corporaciones han firmado acuerdos preliminares de inversión, pero ninguna empresa se ha comprometido públicamente a inyectar capital significativo en Venezuela.

Los esfuerzos de Rodríguez por aumentar la producción petrolera también están ejerciendo presión sobre la deteriorada red eléctrica del país. El gobierno debe, en la práctica, elegir entre destinar los escasos recursos a mantener el suministro eléctrico en sus yacimientos petroleros o en los hogares venezolanos.

Los cortes de energía eléctrica se han agravado significativamente este año, lo que ha profundizado el descontento popular con Rodríguez. Los expertos en electricidad afirman que el principal problema es una sequía que ha reducido la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, las crecientes demandas de la industria petrolera están intensificando la presión sobre la red eléctrica.

El gobierno de Rodríguez ha pedido a las empresas petroleras que generen su propia energía y ha buscado inversión extranjera para reconstruir la red eléctrica. Pero las sanciones de Estados Unidos y una escasez mundial de equipamientos de energía, causada por la construcción de centros de datos, han entorpecido estos esfuerzos.

Los venezolanos, frustrados, salen cada vez más a expresarse en las calles. Durante los primeros cinco meses de este año, hubo alrededor de 20 protestas diarias, aproximadamente el triple que en los primeros cinco meses de 2025, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un grupo de monitoreo sin fines de lucro.

Tras bastidores, Rodríguez ha estado realizando esfuerzos concertados para mejorar su situación política.

Ha transmitido a funcionarios estadounidenses los riesgos de mantener a su gobierno bajo un estricto control económico, argumentando que las restricciones financieras frenan la inversión y el crecimiento, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Rodríguez ha presionado para que se reduzcan las restricciones sobre cómo su gobierno recibe y maneja los ingresos petroleros. También ha presionado para que se eliminen las sanciones de Estados Unidos, dijeron las fuentes.

Algunos altos funcionarios estadounidenses, incluido Rubio, se han mostrado receptivos a los argumentos de Rodríguez, agregaron. Sin embargo, las preocupaciones por la corrupción han mantenido un enfoque selectivo respecto a la flexibilización de las sanciones, dijeron las fuentes.

Con el apoyo de Estados Unidos, Venezuela está vendiendo más petróleo, su principal exportación, y a precios más altos. Las exportaciones de petróleo aumentaron por tercer mes consecutivo en mayo.

En los primeros cinco meses de este año ingresaron a la economía venezolana alrededor de 5,5 millardos de dólares, lo que representa un aumento del 44 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, según el Banco Central de Venezuela.

“Tuvimos una gran victoria en Venezuela”, dijo Trump en un discurso el sábado, refiriéndose al ataque militar en Caracas que terminó con el arresto de Maduro. “Venezuela se ha convertido en un país feliz, porque nunca han ganado tanto dinero como el que están ganando ahora”.

Sin embargo, solo una fracción del dinero del petróleo de Venezuela se queda realmente en el país, y mucho menos llega a los ciudadanos comunes, según economistas y personas cercanas al gobierno venezolano.

Las razones son complejas, pero en última instancia se derivan de la política que Venezuela ha mantenido por décadas para controlar el tipo de cambio de su moneda.

En pocas palabras, las personas y empresas con buenos contactos que reciben los escasos dólares a la baja tasa de cambio oficial pueden obtener ganancias al revender esos fondos a la tasa de cambio no oficial, más alta, a personas excluidas del sistema monetario formal.

La facilidad con la que se lleva a cabo esta especulación reduce el incentivo para realizar inversiones como construir una fábrica o contratar trabajadores.

Las diferencias entre las distintas tasas de cambio ayudan a explicar por qué los miles de millones de dólares que han fluido a Venezuela desde la caída de Maduro han generado, hasta ahora, un beneficio económico relativamente limitado, según personas cercanas al gobierno venezolano y varios ejecutivos de empresas del país.

Bajo el modelo actual, los comerciantes de petróleo envían el dinero por el crudo venezolano a una cuenta de Citibank en Estados Unidos que el Tesoro de Estados Unidos mantiene en nombre del gobierno venezolano.

Esos dólares se distribuyen entre los bancos más grandes de Venezuela, los cuales venden la moneda fuerte a sus clientes. Luego, los bancos entregan los ingresos en bolívares al gobierno venezolano, que utiliza la moneda nacional para pagar salarios y deudas.

Pero el colapso del valor del bolívar hace que a las empresas y personas que reciben dólares les resulte atractivo mantenerlos en cuentas bancarias en el extranjero o revenderlos a la tasa de cambio no oficial.

El gobierno de Rodríguez también se ha beneficiado de las distorsiones monetarias.

El gobierno cambia dólares por bolívares en bancos privados a una tasa de cambio más débil y luego calcula sus pagos a trabajadores y proveedores utilizando una tasa de cambio más fuerte. El viernes, por ejemplo, el gobierno recibió 692 bolívares por cada dólar, pero gastó solo 607 de ellos, lo que le ayudó a financiar el presupuesto.

Los que salen perdiendo en esta especulación cambiaria son los venezolanos de a pie, cuyos salarios se ven mermados por la inflación y la devaluación de la moneda.

Los tres bancos privados más grandes de Venezuela —Banesco, Banco Mercantil y BBVA Provincial— no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Bajo el mandato de Maduro, la riqueza petrolera del país se repartía entre un grupo de oligarcas aliados, familiares y generales. Hoy en día, este sistema ha sido reemplazado por una nueva red, más formal, de grandes bancos y sus clientes corporativos.

Pero el resultado final sigue siendo un club financiero cerrado que hace poco por mejorar la situación económica de la mayoría de los venezolanos, según ejecutivos del mundo empresarial y bancario.

“Quitaron un peón, pero la estructura sigue ahí”, dijo Tiotiste Herrera, una jueza retirada de Caracas, refiriéndose a Maduro. “Persisten los mismos problemas. Incluso han empeorado”.

Con información de The New York Times

El juicio por uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela, que involucra al exzar del petróleo Tareck El Aissami, antiguo colaborador de Nicolás Maduro, avanza marcado por denuncias de abusos, según familiares y abogados de los acusados.

El llamado caso PDVSA Cripto se refiere a una trama que implica a exfuncionarios, banqueros, empresarios y la estatal Petróleos de Venezuela, que entre 2019 y 2023 habrían utilizado criptomonedas para desviar fondos públicos.

Además de El Aissami, que enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión, otras 63 personas se sientan en el banquillo.

Las autoridades venezolanas cifran el daño patrimonial en 5.550 millones de dólares. Pero la ONG Transparencia Venezuela, que sigue el caso, lo estima en 16.900 millones de dólares.

En la audiencia del 12 de junio, El Aissami y el resto de los imputados negaron las acusaciones en su contra, según una minuta redactada por abogados defensores proporcionada a la AFP.

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El juicio, al que la prensa no tiene acceso, comenzó el 20 de abril, dos años después de la detención de El Aissami, quien fue ministro de Petróleo y vicepresidente de Maduro, y también desempeñó altos cargos durante la presidencia de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

El proceso había comenzado en 2023 con una ola de arrestos, pero quedó congelado hasta después de la caída de Maduro, capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses acusado de narcotráfico.

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Las audiencias transcurren en el Palacio de Justicia de Caracas con fuertes restricciones de acceso.

Familiares de los procesados hacen fila desde la madrugada para obtener uno de los únicos cuatro cupos otorgados a parientes directos. Los abogados deben entrar a la sala sin bolígrafos, relojes, teléfonos o maletines.

En su primera comparecencia, el 8 de mayo, El Aissami, de 51 años, apareció debilitado y en silla de ruedas, luego de dos años sin que se supiera públicamente de su paradero y estado.

El exfuncionario se aferra en cada audiencia a una carpeta repleta de documentos para refutar las acusaciones en su contra, según sus abogados. También narraron que ha pedido "perdón porque se siente responsable de que gente inocente" haya sido involucrada.

Testigos en una audiencia a principios de junio dijeron a la AFP que El Aissami dijo a su defensa sentirse "cerca de la muerte" por falta de atención médica tras una cirugía.

Abogados afirmaron que responsabilizó a la jueza Alejandra Romero, a cargo de la causa, de "prestarse" a violaciones de derechos humanos y subrayaron que su cliente "necesita ser operado de un testículo de manera urgente".

El Aissami, como la mayoría de los imputados, está recluido en El Rodeo 1, una cárcel a las afueras de Caracas denunciada como centro de tortura por familiares de detenidos y oenegés.

Uno de los detenidos, el banquero Carmelo De Grazia, declaró que, antes de El Rodeo 1, estuvo en calabozos en Caracas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el cuerpo que lo arrestó.

Allí permaneció en una "celda de castigo denominada la tumba" con solo una rendija para respirar, de acuerdo con su testimonio del 20 de mayo, señalaron abogados.

De Grazia relató también que agentes armados lo obligaron a quitarse el uniforme de reo y a ponerse traje y corbata frente a una computadora. En una videollamada, dijo, lo forzaron a vender sus acciones de Compass Bank, un banco corresponsal de la venezolana Bancamiga.

"Esto ha sido un robo, aquí nunca ha habido interés de hacer justicia", declaró a periodistas Marianna Parra, esposa del banquero. "Aquí se está tratando de tapar la verdad", agregó.

Los acusados se quejan de la imposición de audiencias por videoconferencia con fallas técnicas.

"La conexión es pésima, el audio es deficiente, la imagen es pixelada", describieron abogados sobre una de las audiencias de la semana pasada transmitidas desde El Rodeo 1.

Indicaron que la jueza justifica la celebración de audiencias telemáticas "para garantizar la seguridad de los detenidos", tras un accidente previo del vehículo de traslado desde prisión.

En la audiencia del lunes, la jueza dejó constancia de que no se cuenta con medios para videograbar el juicio, aunque sí se registra el audio.

#ATENCIÓN Termina la audiencia de hoy en el caso PDVSA-CRIPTO, la "juez" ha decidido las nulidades interpuestas y las solicitudes de revisión de medidas. Todo fue declarado SIN LUGAR, ha dicho que @TarekWiliamSaab y su organización de fiscales no torturó, no extorsionó, y que…

Con información de AFP

El líder de la organización criminal Tren de Aragua, Niño Guerrero, prófugo de la justicia y abatido en una operación estadounidense en Venezuela anunciada el viernes, tejió su poder en una cárcel venezolana, desde donde expandió su influencia a varios países.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, murió a los 42 años en el sur de Venezuela, informaron el presidente Donald Trump y autoridades venezolanas.

Nacido en la ciudad de Maracay, a unos 100 kilómetros de Caracas, era apenas un adolescente sin terminar el bachillerato cuando inició sus actividades delictivas. Para 2010 ya había cometido robos, asesinatos y secuestros.

Cayó entonces en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, de donde viene el nombre de la organización. Se fugó, pero dos años después fue recapturado.

A partir de entonces, empezó a construir el Tren de Aragua, que se convertiría en uno de los grupos criminales más poderosos de América Latina. En 2025, el gobierno de Trump la declaró "organización terrorista".

Era "un tipo de gran inteligencia criminal", explicó a la AFP Luis Izquiel, abogado y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela.

El académico atribuyó el liderazgo de Guerrero "no tanto por su ferocidad, ni por su inhumanidad en el accionar delictivo, sino porque era un individuo con un cerebro criminal que logró expandir los tentáculos del Tren de Aragua y fortalecerlos".

Ronna Rísquez, autora del libro "El Tren Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina", dijo a la AFP que Guerrero tenía una gran devoción por la iglesia evangélica.

Esta religiosidad le ganó simpatía con algunos grupos, incluso fuera de prisión. Dentro de Tocorón, era percibido por algunos reos como un salvador.

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En la prisión de Tocorón, donde construyó una base de operaciones llena de lujos, Niño Guerrero se convirtió en un auténtico "pran", acrónimo de "peso rematado, asesino nato" que usan los delincuentes para describir al líder de una pandilla, señaló Izquiel.

Vivía en una casa de dos pisos dentro del penal donde recibía todo tipo de visitantes. Tenía piscina, campo de béisbol, discoteca, restaurantes y hasta un zoológico, documentó Rísquez en su investigación.

Guerrero imponía su ley dentro y fuera de la cárcel, manejaba armas y dinero y se le atribuyen crímenes atroces en varios países, como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia.

Según Ríquez el Tren de Aragua desarrolló una capacidad estratégica para operar. "Tenían cerebro para inversiones y para su portafolio criminal bien particular".

Se fugó de Tocorón en 2023, cuando el gobierno venezolano realizó varios operativos para terminar con los "pranes", especialmente en esa cárcel.

En 2025 fue inculpado por un tribunal de Nueva York junto con otros 69 presuntos miembros del Tren de Aragua por haber ordenado, dirigido y facilitado actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos.

Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

El paradero de Guerrero se desconocía oficialmente hasta este viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había muerto en "un ataque rápido y letal" llevado a cabo por fuerzas estadounidenses, en una operación "coordinada estrechamente" en Venezuela.

Trump difundió en redes sociales un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de una edificación rodeada de vegetación antes de que se produjera una explosión, que levantó una gran nube de humo.

Las autoridades venezolanas confirmaron poco después que Guerrero había sido "neutralizado" en el selvático estado Bolívar en "enfrentamientos con integrantes" de "estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona.

Para Izquiel se trata de una excelente noticia para los países donde opera el Tren de Aragua, porque Guerrero era un jefe vertical. "Es un duro golpe", apuntó.

El Tren de Aragua, formado en 2014 y con operativa en ocho países sudamericanos según información de inteligencia, es diferente a otras organizaciones criminales en las que el cabecilla muerto es sustituido rápidamente por segundos mandos.

Estados Unidos señala como lugarteniente de Guerrero a Johan Petrica, viejo compañero en Tocorón, como la conexión del Tren de Aragua en Bolívar, una rica zona minera. También identifica a Juancho, un excapataz de minas legales de origen colombiano, que tenía liderazgo entre los trabajadores y que luego se convirtió en un "pran".

Ambos operaban en La Claritas, donde hay importantes yacimientos de oro y donde el gobierno venezolano desplegó esta semana un importante operativo militar.

Con información de AFP

Una escuela vacía con cuadernos aún abiertos sobre las mesas, un bar desierto con su mesa de billar y minas artesanales a cielo abierto sin actividad. Una gran operación militar en el sur de Venezuela contra grupos criminales deja pueblos y minas fantasmas de donde todos huyen.

Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, en especial en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas o guerrillas.

El lunes el ejército se desplegó alrededor de Las Claritas, en una zona de explotación aurífera del estado de Bolívar (sureste) en manos de dos jefes mediáticos, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores de la temible pandilla venezolana Tren de Aragua, según fuentes locales.

Periodistas de la AFP vieron el jueves allí una decena de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas. También había vehículos del Sebin (servicio de inteligencia).

La operación ocurre cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y tras pocas semanas de aprobarse, bajo presión de Estados Unidos, una nueva ley de minería destinada a atraer inversores privados y, sobre todo, extranjeros.

El lunes "venía por aquí caminando y me pasó un grillo silbando por las orejas y cuando escuché me dije eso son los ninjas", bromea José Guzmán, minero artesanal de 68 años, que sigue trabajando para pagarse "un plato de espaguetis y mortadela" al día.

"Le dije a la gente que nos están atacando y hubo una explosión y después a poco rato como a los dos segundos, fueron dos más", relata.

Según una decena de testimonios recogidos por la AFP, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura el jueves.

ONG venezolanas denuncian enfrentamientos. Las autoridades, y en particular la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el cargo desde la captura de Maduro en enero, guardan silencio sobre la operación.

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Muchos trabajadores saludan la acción militar.

"No se imaginan el maltrato (infligido por los tipos) a la población. Era un régimen de terror. Tenías que pagar y pagar una y otra vez. Los que no pagaban, eran ¡fuera! o peor", dice un minero artesanal bajo condición de anonimato.

"Había malandros armados por todas partes. Espero que el ejército haga operaciones en tierra y ¡Bam-Bam!", añade.

Un mototaxista que transporta material para un minero afirma que su uniforme de trabajo tenía que pagárselo a los mafiosos en 200 dólares.

"Teníamos que pagar un gramo de oro (120 dólares) cada semana. Cuando pagas tanto, nunca descansas. Espero que no vuelvan para que podamos vivir con dignidad. Es todo lo que pedimos", confía.

En Brisas de Cuyuní, un área con kilómetros y kilómetros de minas, no se respira riqueza. En una zona deforestada, la pista de tierra serpentea entre los campamentos. Hay casas de madera cubiertas con plásticos y también balsas donde los mineros sacan el barro con largas mangueras.

El barro se mezcla con detergente en polvo y luego baja por unos toboganes cubiertos de alfombras que absorben el mineral y que serán "lavadas" con agua y mercurio para extraer el oro.

Los toboganes, a veces inmensos, dan la impresión de que ha comenzado la construcción de decenas de puentes sobre lagos.

Con la intervención del ejército, "esto prácticamente está abandonado", afirma Antonio Figuera, de 47 años, minero artesanal mientras barre un antiguo café. Es "prácticamente un pueblo fantasma".

El lugar estaba lleno de pequeños comercios. Luego del despliegue militar "se lo llevaron todo, todos los bienes de valor".

Ahora es un ir y venir de motos que transportan a veces a tres adultos y un niño, o cargadas de bultos.

Un hombre en una moto arrastra un techo de zinc colocado sobre una llanta vieja para no dañarlo. Otros arrastran largos tubos que se mueven por la carretera.

"Nos quedamos aquí porque no queremos que nos saqueen", afirman dos mujeres de un pequeño restaurante. Este flagelo ya ha comenzado.

Francisco, su esposa y su hija trabajan para tratar de recuperar algo de oro. "No tengo ni un dólar. Nada de ahorros. Tengo que pagar un transporte para la familia y nuestras cosas. Espero que tengamos suerte", se consuela frente a un montón de barro.

"Si nos vamos a la ciudad, el hambre nos va a matar", dice por su parte Rafael, minero artesanal de 53 años.

Alexis Pérez, de 52 años, aguarda aburrido junto a la balsa donde vive y trabaja. "Esperando a ver qué dice el gobierno, si nos van a dejar trabajar o si ellos van a tomar de una buena vez esta zona".

Se prevé que el gobierno otorgue nuevas licencias a multinacionales. Tres grandes empresas operaban aquí en los años 2000, antes de que el presidente Hugo Chávez suprimiera las concesiones.

Mientras tanto, Alexis permite una visita a su "morada", donde suele pasar dos semanas antes de regresar a Las Claritas con su familia: una cama de madera bajo un mosquitero colocada sobre la tierra convertida en barro por la lluvia, una mesa artesanal con un cepillo de dientes y unas tijeras.

Afuera, dos botas de caucho colocadas al revés sobre unos trozos de madera "para que no se metan las culebras".

Por lo general, trabaja unas 12 horas por día y le da para "medio mantenerse". "La vida de mina es dura, es trabajo duro, hay peligro" cuenta. Pero existe "la esperanza de agarrar algo".

Con información de AFP

Madres piden libertad para sus hijos que consideran presos políticos, trabajadores petroleros exigen mejoras laborales, adultos mayores claman pensiones justas. Las protestas resurgen en una Venezuela ya sin la mano severa del derrocado Nicolás Maduro.

El miedo se propagó por las calles tras la represión, con arrestos masivos, que siguió a la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Las conversaciones en espacios públicos se vieron limitadas.

La libertad de expresión vuelve de a poco y el miedo parece disminuir, después de la captura de Maduro en enero durante una incursión estadounidense.

La caída del líder chavista de 63 años marcó "un antes y un después", considera el activista Diego Casanova durante una de las manifestaciones que reviven en Venezuela.

Con un megáfono, frente a la fiscalía en Caracas, aviva una concentración de una treintena de personas.

Un grupo de mujeres corea junto a él "¡No hay libertad!". Alzan fotos de sus familiares presos y carteles con mensajes que piden cerrar "todos los centros de tortura".

Policías miran impasibles, otros toman fotos con sus celulares. Sus escudos antimotines reposan a un costado cerca de sus motos de alta cilindrada.

Tras la caída de Maduro, asumió el poder Delcy Rodríguez, su exvicepresidenta, que gobierna bajo la presión de Washington.

"No han dejado de tener ese apetito voraz por la persecución", dice Casanova, pero "saben que hay un costo político mucho más alto en este momento, y eso también lo entiende la población".

Gases lacrimógenos, perdigones, tanquetas blindadas... La represión durante el gobierno de Maduro registró centenares de muertos. Las protestas de 2024 se sofocaron a punta de arrestos masivos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), las manifestaciones subieron un 144% en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2025.

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Rodríguez tomó las riendas de una Venezuela que, según el presidente Donald Trump, está bajo el mando de Estados Unidos.

La captura de Maduro "generó una serie de posibilidades, pero también generó muchos interrogantes", explica a AFP Danny Socorro, director de la escuela de Psicología de la privada Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Por temor, Nely Molina se abstuvo de protestar durante meses. Para esta jubilada de 76 años "las cosas han cambiado un poco" desde que Maduro se encuentra preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

En otra protesta en Caracas, Molina se queja de su pensión "de hambre" con un centenar de ancianos enflaquecidos. La crisis económica es uno de los principales motores de las marchas, según el OVCS.

"Tenemos más libertad para protestar, para gritar, para decir lo que nosotros queremos", reconoce la jubilada.

Un puñado de policías observa la escena a pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, fuertemente custodiado y de acceso restringido.

Los adultos mayores exigen con carteles "democracia" y "justicia".

Durante otra manifestación de familiares de presos políticos, Dilsia Caro, de 50 años, rememora: "Si usted salía a la calle a protestar, usted sabe que se lo llevaban preso".

Caro exige ver libre a su esposo Noel Flores, de 48 años, detenido por un supuesto magnicidio contra Maduro.

Dice no tener miedo, aunque todavía rige un estado de conmoción que puede llevarla a prisión por disentir.

En las inmediaciones del Rodeo I, una cárcel cercana a Caracas, acampan familiares de presos por razones políticas que piden su liberación.

Caro reza y reza en vigilias que superan los cien días continuos, similares a la que ocurre frente al Helicoide, denunciado como "centro de torturas" y que Rodríguez prometió cerrar.

La huelga de hambre de un grupo de mujeres durante casi seis días en febrero terminó con la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Se esperaban liberaciones masivas, pero según la oenegé Foro Penal, unos 400 opositores siguen presos.

Fallas en los servicios públicos, mejoras salariales, elecciones presidenciales... la lista de reclamos es larga ante la debacle de un país que empujó a unos ocho millones de sus ciudadanos a migrar.

Y la represión pasó a "formas más sofisticadas, selectivas y menos visibles", según el OVCS. Activistas han reportado breves detenciones arbitrarias durante las manifestaciones.

Casanova pega con cinta adhesiva papeles en la acera frente a la fiscalía. "En este momento torturan a un preso político", se lee en uno.

"El aparato represivo se mantiene" y eso, confiesa, "nos mantiene alerta".

Con información de AFP

Con un dólar que sube a diario, protestas semanales por salarios y un chavismo que retiene el control gubernamental, Venezuela cumple cinco meses sin Nicolás Maduro y una realidad que para muchos no ha cambiado, pese a la operación militar que sacó del poder al líder chavista y que, en opinión de Donald Trump, ha traído alegría a los venezolanos.

Tras el impacto inicial de la operación estadounidense del pasado 3 de enero, los venezolanos no ven un alivio económico pese a la participación de Washington en áreas como el petróleo y la minería, mientras que el destino político del país -bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez- sigue siendo una incógnita.

 Y aunque la flexibilización de las sanciones estadounidenses ha permitido sellar acuerdos petroleros con inversionistas y ha facilitado el retorno del país a organismos como el Fondo Monetario Internacional, los anuncios económicos van por un carril ajeno al bolsillo de la gente y el bienestar real sigue ausente, según testimonios recogidos por EFE.

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Las garantías, libertades y la democracia, en opinión de la ciudadanía, también son una deuda pendiente.

«Este es un Gobierno de transición que, hasta ahora, favorece a los intereses de los Estados Unidos (…). El pueblo no ha alcanzado plenamente ni su libertad ni su democracia», indicó Luis Laguado, de 79 años y jubilado de la Universidad Simón Rodríguez, de Caracas.

Laguado participaba el viernes pasado en una protesta por pensiones dignas ante un «insuficiente» aumento de las bonificaciones para pensionados y trabajadores activos, establecidas en 70 y 240 dólares mensuales, respectivamente, según lo anunciado a finales de abril por Rodríguez.

En Venezuela, la canasta básica alimentaria supera los 700 dólares mensuales y su costo se encarece cada mes al ritmo de una devaluación constante. Tan solo en los primeros cinco meses de este año, la moneda nacional se devaluó 45 %, más de la mitad de todo lo registrado durante el 2025, cuando se depreció un 8 %. Hasta abril, el país acumulaba una inflación de 90 %.

Lejos de las proyecciones optimistas sobre un repunte económico y el anuncio de reestructuración de una deuda externa estimada en hasta 170.000 millones de dólares y hasta del comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta alegría del pueblo venezolano, para Laguado la realidad se mide en la calle y sigue siendo «muy grave».

«El único que baila es él, pensando que en noviembre va a ganar las elecciones con el voto de los ciudadanos latinos», apuntó.

 La misma apreciación la tiene el vendedor de café Ronny Oropeza, de 66 años. «No creo que haya mejorado nada, todo lo contrario, ha empeorado porque el dólar sigue subiendo», lamentó.

Oropeza señala que Trump está «mal informado», y advirtió que la realidad es que los venezolanos «económicamente» están «peor» que en enero y políticamente no saben «qué es lo que va a pasar».

Son 151 días sin Maduro y las demandas para una nueva convocatoria a elecciones se intensifican bajo la premisa del artículo 234 de la Constitución, que establece las faltas temporales o absolutas del presidente de la República.

La Carta Magna establece que dichas faltas se suplirán por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Pero el Legislativo, controlado por el chavismo, guarda silencio y la Administración de Rodríguez ha dejado en segundo lugar el debate, mientras mantiene el respaldo de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que también le es afín y que legitimó su nombramiento, eludiendo la fijación de plazos electorales y dejando en manos «de otros órganos del Estado» la calificación jurídica de la ausencia de Maduro.

Bajo este escenario, la oposición mayoritaria, liderada por la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia, propusieron una negociación política con el Gobierno de Rodríguez y bajo el acompañamiento de Estados Unidos a fin de lograr elecciones.

Rodríguez no se ha pronunciado y la gente en la calle está expectante.

«Siempre y cuando esas negociaciones no sean como las que hubieron en el 2017, 2015, 2016, 2018, 2019 está bien», comenta Oropeza, en referencia a los diálogos fracasados que para aquel entonces mantuvieron otros líderes de la oposición.

Entretanto, la figura de Maduro ha quedado relegada en el Gobierno, aunque los chavistas de base lo recuerdan constantemente.

«Hay afiches y personas reflexionando sobre por qué dejamos que se llevaran a nuestro presidente», dice Alexander Harrington, un trabajador de la alcaldía de Caracas, que reconoció que la situación económica es «compleja» entre un supuesto «auge» de negocios y el bolsillo de la gente.

«Yo creo que es una equivocación pensar que el Gobierno norteamericano va a traer prosperidad para Venezuela», remarca.

Con información de Efe

Cuando los aviones Osprey del Ejército de Estados Unidos cruzaron el cielo de Caracas el pasado 23 de mayo en un —quizá innecesario— simulacro militar, algo que llevaba meses fermentando en silencio terminó de salir a la luz.

 Las bases chavistas que durante 27 años sostuvieron la revolución bolivariana —los colectivos, los cuadros de partido, los movimientos populares— se están revolviendo contra el nuevo orden que ha impuesto Washington en Venezuela. Las quejas y las advertencias de los aliados chavistas son cada vez más abiertas y duras, aunque sigue sin estar claro si son suficientes para poner en aprietos a Delcy Rodríguez.

 Las reacciones ante la tutela de Estados Unidos sobre el país desde la intervención militar del 3 de enero, en la que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, han pasado del desconcierto a la indignación. 

El antiguo enemigo del chavismo, el imperialismo estadounidense, ahora es un aliado que marca los ritmos del país, hace maniobras militares y hasta anuncia los viajes internacionales de la presidenta encargada. Y las bases que durante décadas gritaron “Yankee go home” no saben muy bien qué hacer con eso.

El malestar se fragua en silencio desde el 3 de enero, pero hace unas semanas, una guerrilla de influencers chavistas comenzó a levantar la bandera de la traición.

Dos propagandistas acérrimos del chavismo, Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, y el argentino Diego Suárez, conocido como Michelo, le subieron el volumen a la queja: quienes están en el poder hoy, decían, cooperaron con el encarcelamiento de Maduro y Flores en Nueva York. Sembraban dudas ante el sapo que más le está costando tragar al chavismo tras la caída de su líder: la batuta estadounidense.

Cuando el ruido en redes parecía haberse rebajado, el propio gobierno venezolano entregó a Alex Saab —el colaborador más cercano de Maduro, convertido en héroe y mártir del antiimperialismo tras años de campaña en su favor— a la justicia estadounidense. 

El empresario colombiano es ahora una pieza en manos de Washington que podría ser clave en el proceso abierto contra Maduro. Ante la enorme polémica que suscitó la entrega, la presidenta encargada zanjó con una única defensa: que cada decisión tomada desde el 3 de enero ha sido por “el interés de la nación”.

El fin de semana pasado, el malestar encontró su imagen. Dos aviones militares estadounidenses aterrizaron en Caracas —la misma ciudad que habían bombardeado cinco meses antes— en lo que el canciller Yvan Gil presentó como un “simulacro de evacuación de emergencia”. 

A bordo venía el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, seguido por una veintena de marines vestidos de camuflaje. En las calles, pudieron verse algunas pancartas con el viejo grito de “Yankee go home” y hubo tres protestas pequeñas, pero significativas: para muchos chavistas, ver esos aviones en el cielo de Caracas con el permiso del propio gobierno fue una obscenidad.

 Una de las protestas del sábado, convocada por Comunes, una corriente de organizaciones de base de izquierda, derivó en una recogida de firmas contra el simulacro que en pocos días sumó más de 5.000 adhesiones. 

“La mayoría ha sido chavista de base, de las estructuras del chavismo”, señala Antonio González, sociólogo y parte de este frente. Para él, lo que está en juego es el nervio central de la revolución: “Hay un sentimiento nacionalista que fue la gran coordenada del chavismo y que su liderazgo ya no está respondiendo”.

González suma a ese agravio la reforma a la ley de hidrocarburos, negociada a la medida de los intereses de Donald Trump. Para el sociólogo, un gobierno que no ha sido electo por el pueblo no tiene fuerza para plantarse ante Washington. “La pérdida de soberanía popular nos ha llevado a la pérdida de la soberanía nacional”.

 La salida, dice, son elecciones libres. “La extracción de Maduro duró 40 minutos y los aviones del simulacro estuvieron unas cuatro horas en el país, pero nos va a tomar décadas sacar a Estados Unidos”.

Nadie en la Asamblea Nacional quiso dar explicaciones. La periodista y exfuncionaria chavista Mary Pili Hernández le exigió al Parlamento —comandado por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada— que aclarara por qué los diputados no habían autorizado la maniobra, como obliga la Constitución para cualquier misión militar extranjera en el país.

 “¿En qué momento la AN autorizó el ejercicio militar estadounidense en Caracas, en el que estuvo hasta el jefe del Comando Sur?”, escribió en sus redes. Nadie respondió. Ni la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ni la opositora. Todos hicieron silencio.

Desde los sectores más ideológicos del chavismo también llegaron críticas. Elías Jaua, que fue vicepresidente de Hugo Chávez y ministro de Maduro, agradeció en un comunicado los gestos de rechazo del día del simulacro y vaticinó el inicio de una “resistencia cívica”. Tal vez el 23 de mayo, escribió, pase a la historia “no como el día en que el ocupante extranjero se atrevió a realizar ejercicios militares en suelo patrio, sino como el día en que inició la resistencia cívica que nos conducirá a recuperar nuestra independencia nacional”. Era la segunda vez en pocos días que a Jaua se le relacionaba con críticas a la cúpula chavista.

Incluso dentro del chavismo en el poder, los amagos de protesta tras el simulacro se colaron, aunque en sordina. El diputado Jorge Arreaza —exministro de Chávez y de Maduro— no hizo declaraciones ni firmó comunicados. Se limitó a publicar en sus redes una imagen de la bandera venezolana, el mismo gesto que había usado cuando Trump amenazó con convertir a Venezuela en el estado 51 de la Unión. Fue suficiente para que otros lo leyeran como una toma de posición.

La furia crece entre los colectivos y organizaciones de base, los mismos a los que Maduro llamó el año pasado a tomar las armas si Estados Unidos osaba entrar a Venezuela. Ahora con ellos dentro, un dirigente de estas organizaciones que prefiere no ser identificado, se desahoga cada día a través de WhatsApp y amenaza con movilizaciones. “Te puedes imaginar la indignación”, dice. 

“Esto no fue un simulacro, fue una invasión, una demostración de fuerza e intimidación hacia un rival con las manos atadas y con un fusil en la cabeza”, reclama. Los grupos de los que forma parte están llenos de publicaciones en las que Delcy Rodríguez aparece como una traidora. “Los líderes que deberían ser los primeros en impedir esto son los primeros en prestarse al hecho”, denuncia. “El pueblo de Bolívar y Chávez está siendo atropellado vilmente en su cara”.

Con información de El País.

En la televisión, en murales callejeros, en carteles de obras en ejecución y hasta en juguetes repartidos en barrios pobres. El rostro de Nicolás Maduro reinó en Venezuela por años. Pero ahora, meses después de su caída, el nuevo gobierno lo borra poco a poco.

"El inicio de una nueva etapa" fue el sugestivo eslogan elegido por el aparato propagandista de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para celebrar en abril sus primeros 100 días de gestión.

Atrás quedaron los llamados para liberar a Maduro lanzados inmediatamente después de ser capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses junto a su esposa Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York acusados de narcotráfico.

En esos días, fueron colocados enormes carteles en autopistas con la imagen de la pareja y la frase "Los queremos de vuelta". Siguieron nutridas manifestaciones para clamar por su liberación.

Ahora, esas marchas pararon e incluso la presidenta interina pronuncia discursos sin mencionarlo.

Una Delcy Rodríguez pragmática y bajo fuerte presión de Washington se centró en impulsar reformas sobre la explotación de hidrocarburos y minería favorables a Estados Unidos.

También impulsó una amnistía para excarcelar a presos políticos.

Maduro no solo desapareció de la televisión oficial y los discursos, se esfuma del reparto del poder en Venezuela. Rodríguez destituyó a buena parte de los ministros nombrados por su antecesor.

"Hemos visto cómo la figura del expresidente Nicolás Maduro ha venido siendo retirada de los espacios públicos", constata Eduardo Valero Castro, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Esto tiene que ver con "una nueva intencionalidad en la política venezolana de acuerdo a los esquemas de alianzas que existen a nivel continental entre Venezuela y los Estados Unidos", agrega.

Rodríguez asegura, no obstante, haber sido leal a Maduro "hasta el último segundo", al responder públicamente a quienes la acusan de traicionarlo y plegarse a los intereses de Estados Unidos.

"Quienes desde la mezquindad, desde la irracionalidad dicen lo que dicen de mí, les voy a decir algo: 'Es irrelevante frente a lo que corresponde defender a Venezuela'", dijo en abril.

Décadas de retórica antimperialista quedaron en el pasado.

Antiguas figuras del chavismo expresaron su malestar ante las reformas de Rodríguez, mientras Trump celebra la buena relación bilateral y dice controlar los negocios energéticos del país con las mayores reservas petroleras del mundo.

"Comuniqué a lo interno que esto nos convertía en un vulgar protectorado de Estados Unidos", dijo el exdiputado Mario Silva, miembro del ala más radical del chavismo, en una "reflexión" pública.

"Ninguna presión puede justificar la colaboración con un agresor", escribió Silva en una "carta abierta" dirigida al poderoso ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Cabello fue recientemente increpado por un invitado a su programa televisivo "Con el mazo dando" por la "débil campaña" sobre Maduro.

"Nuestro objetivo principal es que Cilia y Nicolás regresen", respondió.

Las críticas de Silva provocaron fuertes reacciones de muchos de sus copartidarios que las consideraron inapropiadas, lo que muestra fracturas en el chavismo que por décadas trató de mostrarse unido.

"Queremos que hablen más de él, porque no se está haciendo, no se está tomando en cuenta", dijo a la AFP Ana María Pino, militante de 64 años, durante una marcha para exigir el fin de las sanciones estadounidenses.

Alquímedes Ríos, miembro de un consejo comunal afín al chavismo, cree que sí se ha "luchado" para pedir el retorno del mandatario depuesto.

"Nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez sigue negociando, sigue dialogando para que nuestro presidente Nicolás Maduro regrese", declaró a la AFP.

"¿Que no se ha hecho lo suficiente? Puede ser, pero sí hemos estado luchando para que eso sea posible", sopesó.

Para Juan García, un pescador de 21 años del costero estado Sucre (oriente), Rodríguez enfrenta una "situación muy compleja". "Se está actuando con la diplomacia, porque por las malas no lo vamos a traer" de vuelta, consideró.

Según el politólogo Jesús Castillo-Molleda, Maduro no representa estabilidad a lo interno del chavismo.

Con el reconocimiento de Washington a Rodríguez como presidenta encargada, el partido de gobierno "se ve obligado en aceptar esta realidad" tutelada por Estados Unidos para sobrevivir, dijo Castillo-Molleda.

Y "si la economía mejora con Delcy Rodríguez, Maduro será olvidado más rápido", estimó.

Mientras la imagen de Maduro se borra, el chavismo apuesta a un eslogan: "Delcy, avanza, tú tienes mi confianza".

Con información de AFP

Héctor Rovaín tenía 34 años cuando entró a la cárcel y sus padres estaban vivos. Sale a los 57 sin haberlos podido enterrar. Luis Molina dejó a su hija como una bebé de tres años y ahora se encontrará con una mujer casada y un nieto por conocer. Erasmo Bolívar, igual que los otros dos, pasó 23 Navidades sin abrazar a los suyos.

Los tres eran funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), una fuerza policial que operaba en Caracas y que ya no existe. 

Fueron acusados, sin pruebas, junto con otros seis oficiales, por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, cuando una protesta convocada por la oposición intentó llegar a Miraflores y los manifestantes fueron repelidos a tiros. Balas sobre las que todavía hay dudas de dónde salieron. Ese mismo día, Hugo Chávez fue derrocado por un golpe de Estado, aunque regresó al poder 48 horas después.

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Los tres policías metropolitanos eran hasta ahora los presos políticos más antiguos de Venezuela. Con ellos se inició el contador represivo de la revolución bolivariana. Su liberación bajo medidas humanitarias se concretó en la noche del martes y la anticipó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que esta semana también serían liberadas alrededor de otras 300 personas por la misma vía.

En el caso de estos tres policías, la amnistía se les había negado dos veces: en 2007, con Chávez, y en 2026, con Delcy Rodríguez. La medida se anuncia además en medio de la consternación que han dejado las recientes muertes en prisión y las denuncias de desaparición de presos políticos, como la de Víctor Quero, cuya madre, Carmen Navas, lo buscó durante más de un año antes de morir.

La liberación se registró en un video en el que los tres aparecen arrodillados besando el suelo a la entrada del penal ubicado en el estado Lara, con sus uniformes de presos y una bolsa con sus pocas pertenencias. Gran parte de su condena la cumplieron en una institución militar, pero hace cinco años fueron trasladados a esa cárcel, a más de 300 kilómetros de sus casas —son de Caracas y La Guaira—, una decisión que dificultó las visitas y la atención de sus familiares.

“Me faltarían palabras para expresar todo lo que vivimos allí adentro, pero lo más importante es dar las gracias a todas esas personas que estuvieron pendientes de nuestro caso y que nunca nos olvidaron”, dijo Erasmo Bolívar al salir.

Este jueves deberán presentarse ante el tribunal para conocer las condiciones de su libertad. El polémico caso fue radicado en el estado Aragua, aunque los hechos ocurrieron en Caracas, una de las primeras irregularidades de un proceso plagado de ellas. 

“A todos ellos les cambió la vida después de 23 años en la cárcel”, dice la abogada y activista Yajaira Forero, esposa de Lázaro Forero, otro de los policías metropolitanos que estuvo preso y obtuvo la libertad condicional por razones de salud hace más de una década. Forero ha sido la principal vocera de la causa y este miércoles, desde una protesta por la liberación de los más de 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, no ocultó su emoción.

 “Ellos son los presos políticos con más tiempo ininterrumpido en Venezuela. Llevaban años en calabozos, en cárceles lejanas de sus casas, sin ver a sus familiares. Son años luchando por ellos, en los que cada vez que les negaron la libertad fue un dolor”, dijo.

Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín pertenecían a la extinta PM, cuerpo sustituido por la Policía Nacional Bolivariana en 2009. Fueron arrestados tras los sucesos del 11 de abril de 2002, la primera tormenta política entre el chavismo y la oposición, y el capítulo que institucionalizó la polarización en Venezuela.

 Hugo Chávez, elegido en 1999, había usado su mayoría legislativa para obtener poderes especiales a través de una Ley Habilitante y gobernar por decreto en amplísimos aspectos de la administración, eludiendo los controles parlamentarios. 

En ese contexto, cuando la oposición comenzaba a temer las intenciones autoritarias del presidente, se desencadenó una ola de protestas tras la cual se escondía una conspiración militar para deponerlo.

El 11 de abril, una manifestación multitudinaria convocada por los partidos de oposición marchó hacia el Palacio de Miraflores para exigir la renuncia de Chávez. Un grupo de activistas chavistas apostados en los alrededores disparó contra la manifestación, desatando una balacera con los efectivos policiales a cargo del orden público. El saldo fue de 19 muertos y más de 100 heridos. Chávez cayó esa noche, pero recuperó el poder dos días después.

Al retomar el control, su Gobierno decidió abrir causas judiciales contra los responsables de la crisis. Políticos, empresarios y sindicalistas fueron acusados; con el tiempo, muchos fueron amnistiados o se quedaron en el exilio. 

Los tribunales se ensañaron especialmente con Iván Simonovis, jefe de la policía de la Alcaldía de Caracas, y con los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero y Julio Rodríguez, además de los oficiales Molina, Bolívar y Rovaín.

 A todos los acusaron de romper el cordón policial para permitir el avance de la marcha y de disparar contra los pistoleros chavistas que aguardaban armados a la multitud. Fueron condenados a 30 años de cárcel.

Simonovis cumplió 15, los últimos en arresto domiciliario, antes de fugarse del país. Los comisarios recibieron hace más de una década medidas humanitarias por razones de salud: dos padecen cáncer. Marco Hurtado y Arube Pérez salieron en 2020 y 2022 tras cumplir sus penas y tiempo adicional por el retardo en la ejecución de sus libertades. Molina, Bolívar y Rovaín, 23 años después, son los últimos en salir libres de la historia del 11 de abril.

“La comunidad internacional empezó a pedir explicaciones por los muertos y heridos de ese día, y los conejillos de indias fueron los PM, no los francotiradores y pistoleros que rodeaban Miraflores. Pero la historia nos dará la razón y se hará justicia”, dice Yajaira Forero. Los policías fueron responsabilizados sin pruebas por dos de las 19 muertes. El resto permanece en total impunidad.

El caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Con los PM se construyó una narrativa para obviar las responsabilidades concretas de quienes asesinaron a 19 personas ese día”, sostiene Alfredo Romero, director de Foro Penal, organización que defendió a varias de las víctimas y llevó el expediente a instancias internacionales, “donde es que va a empezar a determinarse alguna verdad sobre el 11 de abril de 2002”.

Para Romero, el caso es un hito en el desmantelamiento de la justicia venezolana y en la deriva autoritaria del chavismo: lo ocurrido ese día sirvió de pretexto para intervenir el poder judicial y reformar las bases del Tribunal Supremo de Justicia. 

“La base esencial del soporte de este régimen ha sido el control de la justicia, presentar acciones como supuestamente legales, pero con un objetivo de control político”, señala. “Eso está muy asociado con lo que está pasando actualmente en este intento de recomposición de los actores judiciales”.

Con información de El País, de España.

Detenido el sábado en Venezuela y "deportado" a Estados Unidos, el empresario colombiano de raíces libanesas Alex Saab terminó de caer de la cima del poder venezolano, que alcanzó como intermediario y hombre de confianza del depuesto presidente Nicolás Maduro.

Otrora rescatado y protegido por Venezuela ante la persecución de Washington que lo acusa de crímenes de corrupción y lavado de dinero, ahora el propio gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez tras el derrocamiento de Maduro, lo envía a suelo estadounidense.

Bajo señalamientos de ser testaferro de Maduro a escala internacional, Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado un año después a Estados Unidos, donde afrontó un juicio por malversar fondos de un programa alimenticio venezolano que lideró como contratista preferencial del chavismo.

Quedó en libertad en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo con Venezuela a cambio de prisioneros estadounidenses. Rápidamente retomó una posición de poder como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado para atraer capital extranjero en un país sancionado.

Ahora, caído en desgracia nuevamente, afronta hasta 20 años de prisión si la justicia estadounidense lo encuentra culpable de transferir junto a su socio Álvaro Pulido, también solicitado, 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas en el extranjero controladas por ellos.

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Hijo de un empresario libanés asentado en Barranquilla, Saab comenzó como vendedor de llaveros promocionales antes de incursionar en el sector textil, con 100 almacenes que exportaban a más de 10 países, según biografías oficiales.

"Guiado por su espíritu de empresario cosmopolita, busca trasladar su capacidad emprendedora más allá de las fronteras" y se traslada a Venezuela "interesado en el ramo de la construcción", cuenta una serie en su canal en YouTube titulada "Alex Saab, agente antibloqueo".

Firmó su primer contrato en Venezuela en 2011 en el palacio presidencial de Miraflores. Entonces, Maduro era canciller y el presidente, Hugo Chávez. Un Saab joven con una pequeña cola de caballo subió a la tarima y suscribió una "alianza estratégica" para "la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas".

En el acto estaba presente el entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

"Ofrecí un sistema italiano de construcción", dijo Saab en una entrevista con el diario El Tiempo en 2017. "Luego de un año de trabajo y tocar puertas, logramos entrar y abrimos una fábrica".

"Debo ser enfático en esto", añadió. "No conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios".

Pero fue precisamente con la llegada de Maduro a la presidencia que Saab se convierte "casi inmediatamente" en "el contratista consentido" y después en su "ministro plenipotenciario en la sombra", dijo a la AFP Roberto Deniz, periodista del portal de periodismo de investigación Armando.info, que ha escrito exhaustivamente sobre el tema.

Según el periodista, de las viviendas sociales, Saab ganó un contrato para la construcción de gimnasios por 100 millones de dólares, pagados por adelantado, y de ahí uno en petróleo con una "empresa fantasmal" sin experiencia, que se terminó cayendo por el reclamo de otras compañías en el ramo.

Maduro creó en 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan de distribución de alimentos subsidiados en un momento de desabastecimiento de más de dos tercios de productos básicos.

Y Saab se convirtió en uno de los proveedores, logrando "importantes acuerdos comerciales", según su serie en YouTube. En 2018, de acuerdo a esta versión, asume "como funcionario público" la "misión" de adquirir en Rusia e Irán "alimentos, medicinas, repuestos para las refinerías y diferentes empresas".

Saab se felicitaba por ejemplo por la ruta de combustible iraní, que abrió "por instrucciones, guía y visión del presidente Nicolás Maduro", a quien en 2017 dijo no conocer.

Irán envió buques de gasolina a la otrora potencia petrolera embargada por Estados Unidos, que acribilló a Maduro con sanciones para presionar su caída.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega lo ha catalogado como "el principal testaferro del régimen" de Maduro y su familia, y aseguró que ha consignado pruebas ante "algunas autoridades".

Su arresto de 2020 fue considerado como "secuestro" por las autoridades venezolanas, que lo tildaron de "héroe" y emprendieron esfuerzos titánicos para lograr su excarcelación.

Su regreso a Venezuela en 2023, tras casi tres años de prisión, fue transmitido en directo por la televisora estatal y celebrado como una victoria diplomática.

Ahora el panorama es distinto y es el propio gobierno venezolano el que lo entrega para una nueva estancia tras las rejas en Estados Unidos, tal y como su antiguo aliado Maduro.

Con información de AFP

El caso de Víctor Hugo Quero y su muerte ocurrida hace más de 9 meses, levanta una serie de interrogantes que los especialistas comienzan a hacerse, y una de ellas es. ¿Quiénes son los responsables?

Las respuestas las asoma el abogado penalista y activista por los DD. HH., Zair Mundaray, quien afirmó en una entrevista con NTN 24, que las irregularidades comenzaron desde la detención hasta la autopsia.

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Después de meses de búsqueda infructuosa, Carmen Teresa Navas recibió la confirmación de la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero, quien permaneció desaparecido desde julio de 2024.

La madre del hombre de 51 años recorrió durante varios meses infinidad de centros de reclusión y organismos de justicia buscando información, pero no se la dieron.

Fue apenas hace unos días que el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó de la muerte y de las supuestas circunstancias en que ocurrió.

Luego, el MP anunció la exhumación del cadáver, sepultado en el cementerio Jardín La Puerta de Caracas, proceso que se extendió por más de nueve horas y se hizo en ese mismo lugar.

 Mundaray, como exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, alertó sobre irregularidades en el procedimiento. "Esto es una autopsia tardía porque, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Penitenciario, el certificado de defunción lo firma un médico normal, un médico asistencial. Esto da un dato: jamás pasó por Medicatura Forense", explicó.

Mundaray cuestionó que la exhumación se realizara inicialmente con un "médico integral comunitario" sin capacidades técnicas para una autopsia de esta naturaleza.

 "Este tipo de autopsia solo la puede hacer un antropólogo forense porque debe tomar muestras que a simple vista no se ven y deben ser analizadas microscópicamente", indicó el experto.

El caso de Quero presenta características particulares dentro de la casuística de desapariciones forzadas en Venezuela. 

A diferencia de otros casos, fue llevado ante un tribunal de terrorismo, imputado por cuatro delitos, y se le asignó un defensor público. "Fue llevado a un tribunal y fue imputado por un fiscal del Ministerio Público por el delito de terrorismo, de tenencia de explosivos, asociación para delinquir y otro delito más", detalló Mundaray.

El abogado señaló que "toda la cadena de mando de este caso involucra a Tarek William Saab, al sistema del Ministerio Público, pero también al sistema de justicia que llega hasta la Sala Penal". Mundaray enfatizó que el tribunal negó la solicitud de amnistía a Quero cuando ya había fallecido, demostrando conocimiento de su muerte.

Incluso recuerda que en febrero de 2025, Carmen Teresa Navas envió una carta al fiscal general Tarek William Saab reportando la desaparición de su hijo, sin recibir respuesta.

 “Sabían que tenía madre viva, sabían que tenían que notificarlo, pero además fue atendido por defensor público”, agregó.

Según el certificado de defunción oficial, Quero murió por tromboembolismo pulmonar, diagnóstico que Mundaray considera insuficiente sin una autopsia forense completa. "Las causales de tromboembolismo pulmonar son tan amplias que pueden ser incluso por contusiones, pueden ser por golpes en el tórax", advirtió.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señala que hay otros responsables, como el propio ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, a quien deberían destituir e investigar por este caso.

Asimismo, destaca que, como Víctor Quero fue detenido por funcionarios de la DGCIM y luego llevado al Rodeo, “estamos frente a una cadena de complicidades” entre el organismo de inteligencia militar y la dirección del penal.

 Pero el OVP también coincide en que en el caso también son responsables las autoridades de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía, puesto que "en la aprobación de medidas cautelares otorgadas por la @CIDH quedó constancia de que ‘en el mes de octubre de 2025 una funcionaria de la Defensoría del Pueblo confirmó en el Ministerio Público la existencia de un expediente contra Víctor’. Se revela que está recluido en El Rodeo I y se formalizó ante este organismo la denuncia verbal por desaparición forzada”.

Por lo tanto, según el  OVP, “es primera vez en la historia del penitenciarismo venezolano que se registra una situación de esta naturaleza, y la muerte de Víctor bajo custodia del Estado tiene una cadena de responsabilidades que debe ser investigada”.  

El caso encendió alarmas entre familiares de más de 470 presos políticos que permanecen detenidos desde las protestas postelectorales. 

La exhumación se realizó con presencia de funcionarios de la Policía Científica, aunque persisten dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas y el traslado del cuerpo.

Con información de OVP y NTN24

El aterrizaje en Venezuela del primer vuelo procedente de Miami en siete años, previsto el jueves, marca el fin del aislamiento respecto a Estados Unidos, pero también la reintegración del país caribeño en el concierto aéreo mundial tras varios meses de ostracismo.

Envoy Air, filial de la poderosa American Airlines, tendrá una frecuencia diaria con Florida, donde viven unos 250.000 venezolanos, parte importante de la diáspora. La aerolínea venezolana Laser Airlines ofrecerá la misma ruta a partir del 1 de mayo.

Las relaciones aéreas con Estados Unidos se interrumpieron en mayo de 2019, tras la ruptura de relaciones diplomáticas ese mismo año. El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, no reconoció la reelección del mandatario Nicolás Maduro.

Siete años después, tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar ordenada por el propio Trump, las relaciones entre Caracas y Washington se normalizan.

Antes vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió las riendas de forma interina. Entre elogios de Trump, ha abierto los sectores petrolero y minero al capital privado.

En noviembre de 2025, Trump decretó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe, oficialmente para una operación antidrogas, que desembocó en la captura de Maduro.

Esta declaración, seguida en diciembre de una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA), propició la cancelación masiva de rutas aéreas.

En noviembre, el país operaba 105 vuelos internacionales a la semana a través de 12 aerolíneas.

Tras las medidas de Estados Unidos, la conectividad se redujo a apenas un tercio.

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Pero pese a su ubicación estratégica en la región, Venezuela ya era un país aislado: la mayoría de las grandes aerolíneas internacionales habían optado por dejar de volar a Caracas por deudas impagadas del gobierno.

Desde entonces se han reanudado muchos vuelos y actualmente el país registra cada semana unos 151 vuelos internacionales a diversos destinos.

Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), cree que restaurar la conexión aérea con Estados Unidos es el primer paso para normalizar el flujo con un mercado que, históricamente, fue el más dinámico para el país.

"La ruta entre Venezuela y Estados Unidos es una conexión natural dada las largas relaciones entre ambos países y el favoritismo del venezolano por viajar a ese país", dijo de Loaiza.

En el panorama general de conexiones internacionales, Copa Airlines encabeza la lista de frecuencias semanales con 19 vuelos hacia Panamá, importante puente hacia otros destinos.

La brasileña GOL se sumó en marzo con cuatro vuelos semanales desde Sao Paulo, la metrópoli más grande de Sudamérica.

"Las condiciones de seguridad regresaron", celebró Alberto Fajerman, asesor de la presidencia de GOL.

Los vuelos hacia Europa de momento son hacia Madrid y Estambul. Turkish Airlines opera cinco frecuencias. A Madrid vuelan la española Iberia y las aerolíneas venezolanas Estelar, Laser y Plus Ultra.

Pero aún queda mucho por recorrer para recuperar el nivel de hace una década.

"Hubo un momento en que operaban diariamente múltiples vuelos de American, Continental, United y Delta. Llegamos a tener cuatro vuelos diarios a Miami, un vuelo a Dallas, un vuelo a Nueva York", recordó la presidenta de la ALAV.

De Loaiza confía en que este retorno incentive a otras compañías estadounidenses a reactivar rutas estratégicas, especialmente la conexión con Houston, vital para la industria petrolera.

Se espera que al país lleguen empresarios e inversionistas para evaluar las oportunidades de negocio, lo que demandará vuelos directos.

Además del impacto económico, de Loaiza espera una reactivación del "turismo de nostalgia".

Más de 7,9 millones de venezolanos han migrado, según datos de la ONU. De ellos, 1,2 millones viven en Estados Unidos.

"Una de las primeras olas que esperamos es la de los venezolanos que vuelven para visitar a su familia y facilitar el viaje de sus hijos que no conocen el país", señaló.

La plena normalización de los vuelos también dependerá del avance de la retomada de los servicios consulares, advierte De Loaiza, ya que para viajar a Estados Unidos los venezolanos necesitan visa.

Con información de AFP

La combinación de mejores perspectivas para el sector petrolero y el recorte de las sanciones por parte de EE. UU. podría llevar a la economía de Venezuela a crecer incluso encima del 10%, aunque cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente bajos, publicó la agencia Bloomberg.

 “Para 2026, los analistas estamos viendo un crecimiento claramente superior al 10%, porque la actividad petrolera va a crecer por lo menos un 25%”, dijo a Bloomberg Línea el economista venezolano José Guerra, quien ha sido miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.

“El efecto que eso tiene en sí mismo, en la composición del Producto Interno Bruto, más el efecto arrastre sobre los otros sectores, da un crecimiento que va a estar entre 10 y 12%”, agregó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento para Venezuela de 4% para 2026 y de 6% para 2027, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es más optimista y estima una expansión de 6,5% en 2026.

Según Guerra, el entorno actual es favorable para la expansión económica, aunque advierte que la inflación seguirá siendo alta. Menciona que el país podría recibir alrededor de US$5.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI tiene asignado a Venezuela y “que no le entregó en septiembre del 2021 porque el país no estaba reconocido”.

“Ahora que está reconocido por el FMI, por los multilaterales, ese dinero va a entrar y además puede acceder a otras líneas de financiamiento”, afirmó Guerra.

De manera tal que, “cuando conjugas el aumento de la producción petrolera este año, el financiamiento del FMI y otras líneas de crédito del Banco Mundial, claramente te va a dar que el país tiene los recursos para financiar el crecimiento”.

La reciente flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre el futuro económico de Venezuela.

Entre febrero y abril de este año se han autorizado transacciones que previamente estaban bloqueadas.

 Desde la venta de diluyentes y la reanudación de operaciones de grandes empresas petroleras, hasta la posibilidad de realizar transacciones con el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos, así como avances hacia una reconexión con el sistema financiero internacional.

A ello se suma el restablecimiento de contactos entre el Gobierno interino venezolano y organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, luego de varios años sin relaciones formales.

El especialista en asuntos venezolanos y profesor de Macroeconomía de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez, dice que, tras años de aislamiento financiero y comercial, las nuevas licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permiten reactivar operaciones clave en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito petrolero y financiero.

Sin embargo, “aunque estas medidas representan una señal positiva, están lejos de garantizar una recuperación sostenida de la economía venezolana”, dijo Pérez. En el corto plazo, “estas decisiones pueden generar un impulso relevante. La reconexión del sector de hidrocarburos con su principal mercado histórico, Estados Unidos, podría traducirse en un aumento significativo de la producción petrolera”.

Dado el peso estructural del petróleo en la economía venezolana, este repunte podría transmitirse hacia otros sectores, particularmente los servicios, generando un aumento del producto interno bruto (PIB) en 2026 y posiblemente en los años siguientes. Sin embargo, explica que este optimismo debe matizarse con una perspectiva histórica.

“Venezuela ha atravesado uno de los colapsos económicos más profundos registrados en tiempos recientes. Entre 2014 y 2020, la economía perdió más del 70% de su tamaño. Solo entre 2016 y 2019, la contracción promedio anual fue cercana al 18%”, indicó Roberto Pérez.

A ello se suma la ausencia de cifras oficiales completas para algunos años, en los que la pandemia probablemente agudizó la caída.

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Estados Unidos suavizó este mes las sanciones contra el banco central de Venezuela, en un intento de la administración de Donald Trump por reactivar el sector petrolero del país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Bloomberg informó que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite a las instituciones financieras y a otras entidades realizar negocios con el banco central de Venezuela, junto con un pequeño número de otras instituciones del país.

Según declaró Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, antes del anuncio, la flexibilización de las sanciones contra el banco central de Venezuela daría “una verdadera profundidad al mercado cambiario”.

Previamente, la Administración Trump levantó las sanciones a la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y fue retirada de la denominada ‘Lista Clinton’.

“Valoramos la decisión del presidente Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Sobre los sectores que impulsarían la economía venezolana, el economista Guerra señala que el comercio y los servicios crecerían alrededor de 7% en 2026, impulsados por el aumento de las ventas.

También ve potencial en el sector financiero, que podría expandirse aún más si se reduce el encaje bancario porque podría favorecer la dinámica del crédito. Asimismo, prevé un crecimiento de la manufactura, especialmente en áreas vinculadas al petróleo.

“El crecimiento va a ser generalizado, obviamente asimétrico”, dice Guerra, quien considera que “indudablemente” la reducción de las sanciones por parte de EE.UU. va a contribuir a impulsar la economía.

En términos generales, explicó que el levantamiento de sanciones de Estados Unidos ha permitido mayor operatividad financiera -incluyendo transferencias, corresponsalías y acceso a divisas-, lo que ha mejorado el funcionamiento del mercado cambiario.

“Todo este levantamiento de sanciones crea un clima, digamos auspicioso, para el crecimiento económico en este año”, indicó Guerra. Añade que, aunque las sanciones petroleras no se han eliminado completamente, sí se han flexibilizado, facilitando la participación de empresas como Chevron (CVX), el regreso de Repsol y la entrada de nuevos competidores.

“La licencia 56 que emitió OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es prácticamente una eliminación de la sanción. La única diferencia es que Estados Unidos mantiene el control del petróleo (…) el dinero lo maneja el Departamento de Tesoro”, apuntó Guerra.

Guerra describe el contexto actual como uno de “expectativa favorable”, aunque aclara que las inversiones aún no se han materializado plenamente en mejoras para la población.

“El primer trimestre fue malísimo, en términos de devaluación e inflación, que fue del 650% anual en marzo”, expuso.

“Pero la tasa de devaluación de abril hasta el día de hoy es de apenas el 1,6%. Eso quiere decir que es probable que la inflación este abril esté en un dígito apenas, 3 o 4%, que para los estándares nuestros sería una buena cifra”.

Subraya que uno de los principales retos de Venezuela sigue siendo el bajo nivel salarial que, según dice, ronda entre US$100 y US$120 mensuales en promedio (sumando los bonos estatales). “El crecimiento históricamente en Venezuela toma tiempo en reflejarse en la economía.

El efecto derrame no es inmediato. Se estima que ese impacto comenzará a observarse a partir del segundo semestre, cuando la producción gane mayor impulso y sectores como la manufactura y el comercio empiecen a contratar más personal y a pagar mejores salarios”, remató Guerra.

En este contexto, el analista Roberto Pérez argumenta que cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente deprimidos, más que como evidencia de una transformación estructural.

Para el analista, “el verdadero desafío no es simplemente crecer, sino hacerlo de manera sostenida y sobre bases sólidas, como ocurrió durante gran parte del siglo previo a la debacle económica reciente”.

Para ello, considera que es fundamental garantizar la estabilidad macroeconómica, la apertura a la inversión y la consolidación de un entorno político creíble que garantice la propiedad privada. Sin estos elementos, dice Pérez, el actual repunte corre el riesgo de convertirse en un episodio de crecimiento transitorio, más que en el inicio de una nueva trayectoria de desarrollo económico.

En ese sentido, la ausencia de señales políticas claras sigue siendo un obstáculo central. Muestra de esto, añade, es que no hay definiciones sobre el calendario electoral, la independencia de las autoridades electorales, ni la participación de actores clave de la oposición.

En su opinión, tampoco existe aún una hoja de ruta clara para fortalecer instituciones clave como el Banco Central, el Tribunal Supremo de Justicia o la estatal petrolera PDVSA.

“Esta incertidumbre limita la confianza de los inversionistas y dificulta la construcción de expectativas favorables de mediano y largo plazo”, remató Pérez.

Con información de Bloomberg.