Tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos el martes 3 de noviembre, expertos coinciden en que esta nueva mayoría del partido en el Congreso podrá ejercer presión sobre el gobierno republicano de Donald Trump y exigir avances en la transición democrática de Venezuela.

Aunque las decisiones sobre política exterior, diplomacia y licencias petroleras continúan bajo el control del Ejecutivo, los congresistas del bloque opositor utilizarían sus facultades para supervisar las actuaciones de la Casa Blanca en el país, intervenido desde el 3 de enero. Entre sus herramientas estaría el control sobre el manejo de los ingresos y los acuerdos petroleros con el régimen venezolano, así como la exigencia de transparencia sobre las condiciones bajo las cuales se conceden beneficios económicos.

Esta supervisión buscará condicionar cualquier alivio económico a compromisos y resultados verificables, como la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, la liberación incondicional de los presos políticos y la fijación de un cronograma electoral transparente.

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Líderes del Partido Demócrata mostraron su desacuerdo con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, en el que decenas de presuntos narcoterroristas murieron en ataques cinéticos, y con la posterior intervención que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, aunque han reconocido que el exlíder chavista debía enfrentar la justicia.

Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, calificaron de “inaceptable” el plan de Trump para gobernar Venezuela. La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez también criticó la operación estadounidense y afirmó que el único interés de Trump era tener acceso al petróleo y cambiar el régimen del país.

Entre ellos también está la exvicepresidenta Kamala Harris, quien días antes de la operación militar expresó que el mandatario estadounidense no debía intentar cambiar el régimen venezolano ni el de otros países. Tras la captura de Maduro, la también excandidata presidencial aseguró que el hecho de que sea “un dictador brutal e ilegítimo” no cambia que la acción militar haya sido “ilegal e imprudente”.

David Smilde, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane, en New Orleans, cree que todavía es “muy temprano” para determinar cuál sería la incidencia real en el país por el “tsunami azul” en Estados Unidos, impulsado principalmente por el encarecimiento de la vida, las consecuencias de la guerra con Irán y las redadas migratorias.

Sin embargo, el sociólogo menciona algunas consideraciones.

“Por un lado, los demócratas podrían reforzar el camino hacia la democracia en el país. Este año se ha visto que Trump va y viene, a veces solo habla del petróleo y del gran beneficio que hay para su país con grandes acuerdos petroleros. Ha sido Marco Rubio quien ha hablado más sobre la transición, pero no siempre. Con este giro político se reforzará el camino hacia la democracia”, expresa.

La abogada Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina, no prevé un cambio sustancial en la política de Estados Unidos hacia Venezuela ni observa que los resultados electorales en ese país limiten la capacidad de Washington para impulsar la transición democrática.

“Venezuela sigue siendo una de las pocas causas en la región que goza de apoyo bipartidista”, señaló la defensora de derechos humanos, que recordó, por ejemplo, que el senador Jared Moskowitz impulsó la Democratic Transition Strategy Act, una legislación que exige al Departamento de Estado una estrategia detallada de apoyo a una transición democrática en Venezuela.

“Guardo optimismo en el sentido de la necesidad de una transición democrática en Venezuela, elecciones libres, libertad incondicional de los presos políticos y la derogación de las normativas que hacen parte del aparato represivo. Esto es una cosa que también es producto del trabajo de años de la sociedad civil y de la propia oposición de generar un proceso pedagógico en el Congreso que hace que haya una verdadera comprensión en ambos partidos sobre eso”, manifestó.

Antonio de la Cruz, presidente de la firma de análisis político y económico Inter-American Trends, interpreta el avance demócrata como un voto de castigo en contra de Trump. Dijo que ese resultado refleja el desgaste republicano entre los votantes independientes, moderados y sectores latinos, y limita la capacidad del mandatario para imponer su agenda legislativa porque lo obligará a negociar con un Congreso que ejercerá mayores contrapesos institucionales.

Sobre Venezuela, el analista señaló que el magnate neoyorquino conserva amplias facultades para decidir sobre las sanciones, las licencias petroleras y la política diplomática, pero advirtió que la nueva mayoría demócrata en el Congreso puede fiscalizar los acuerdos con Caracas y exigir transparencia en el manejo de los ingresos petroleros.

Consideró que uno de los principales desafíos será conciliar los intereses energéticos de Washington con la democratización de Venezuela, ya que la recuperación económica no garantiza por sí sola una transición política. Asimismo, De la Cruz agregó que el Congreso puede exigir que ambos procesos avancen con compromisos, plazos y resultados verificables.

Indicó que el Congreso podrá reclamar un cronograma electoral verificable, que incluya la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de rectores electorales independientes, garantías políticas y convocatoria a un proceso electoral.

El analista recordó que los congresistas también tendrán la capacidad de fiscalizar las licencias petroleras y vincular determinados beneficios económicos con avances democráticos. “La presión bipartidista podría reducir los incentivos para prolongar el interinato. La cuestión central es que la estabilización económica no sustituya el derecho de los venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes”, afirmó.

¿Amenaza creíble de acción militar?David Smilde, por otro lado, opinó que también disminuirá la amenaza creíble que tenía el gobierno republicano de ejecutar otro operativo militar en el país. El mismo 3 de enero, Trump declaró desde Mar-a-Lago, en Florida, que su gobierno estaba preparado para ejecutar una segunda ofensiva si fuera necesario.

El mandatario advirtió asimismo a The Atlantic que Delcy Rodríguez podría “pagar un precio muy alto”, incluso mayor que el de Maduro, si no obedecía las órdenes de la Casa Blanca.

Smilde, quien durante 30 años ha estudiado la política venezolana, expresó que es muy probable que los senadores y los representantes comiencen a trabajar con la War Powers Resolution, una normativa que le otorga al Congreso estadounidense el poder de vetar cualquier acción militar.

“Es una ley que hay que invocar. Eso casi se logró después de la intervención en Venezuela, pero al final no ocurrió; ahora es muy probable que se logre referente a Irán y Venezuela. Así van a reducir esa amenaza creíble de acción militar. Veremos cómo impacta eso al gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Sentirá la misma urgencia o no de cumplir con los mandatos del gobierno de Trump?”, planteó.

Laura Dib explicó que durante este año se han presentado varias resoluciones destinadas a limitar los poderes del Ejecutivo en materia de acciones militares, pero señaló que, desde una perspectiva práctica, no cree que exista la amenaza de que Estados Unidos volverá a utilizar la fuerza en Venezuela.

En cambio, analizó que sí existe una profunda preocupación por el alcance de la colaboración militar que pueda existir entre los hermanos Rodríguez y la administración Trump, como ocurrió en la operación realizada en junio en la localidad de Las Claritas, en el estado Bolívar, sobre la que aún no se conoce el número de heridos, desplazados o fallecidos. Presuntamente, en ese ataque falleció Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, una banda delictiva designada en febrero de 2025 por el gobierno estadounidense como una organización terrorista extranjera.

La directora del Programa para Venezuela en WOLA también citó un reporte publicado por The New York Times sobre el presunto uso de drones estadounidenses en operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional en Apure, un tema del que hasta ese momento solo circularon rumores y algunos reportes de organizaciones no gubernamentales como Fundaredes.

Delcy Rodríguez, reconocida por el gobierno de Estados Unidos como presidenta interina de Venezuela | Foto: Federico Parra / AFP“Sí creo que habrá preguntas en torno a la colaboración militar, pero eso es distinto al uso de la fuerza unilateral. El control de ambas cámaras por parte de los demócratas generará mucha más presión para que el 3 de enero no ocurra en otros países, como lo que pasó en Irán o la amenaza de que se use la fuerza en Cuba”, indicó.

Dijo que la crítica sobre la incursión militar en Venezuela es “bastante uniforme” a nivel internacional porque países europeos, así como Canadá y las democracias latinoamericanas manifestaron su oposición al operativo. Mencionó que incluso WOLA calificó esto como una violación del derecho internacional.

Aclaró que esa posición no significa que se desconozca que Maduro era un líder autoritario responsable de graves violaciones de derechos humanos. “El Congreso será un contrapeso frente al desconocimiento del derecho internacional por parte de la administración Trump”, enfatizó la abogada venezolana.

El director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane reforzó el planteamiento de que los demócratas exigirán que cualquier funcionario del gobierno estadounidense rinda cuentas y que los legisladores tienen la facultad de solicitar documentos e información para, por ejemplo, aclarar la opacidad en el manejo del dinero que Estados Unidos ha pagado a Venezuela por la venta de crudo.

“Es muy opaco. Nadie sabe realmente adónde ha sido canalizado el dinero, cuánto ha sido, cuánto ha quedado en Estados Unidos, cuánto ha quedado en Venezuela”, indicó el analista, que mencionó además la “oscuridad” de los términos del contrato con North American Blue Energy Partners, que recibió la aprobación de Trump para explotar grandes reservas petroleras en el país.

“Los demócratas pueden hacer presión. A fin de cuentas, la política exterior es de competencia de la Presidencia, pero el Congreso tiene bastante poder para canalizarlo. Lo que pasa es que el gobierno de Trump ha tenido motivaciones mixtas. Por un lado, el petróleo y recursos, por otro, la democracia. A veces pasan semanas y meses sin hablar de democracia. Lo que ellos (los demócratas) pueden hacer con su poder es resaltar, reforzar y presionar para que se enfoquen en ese camino de la democracia”, reiteró.

Asimismo, Laura Cristina Dib cree que los demócratas seguirán presionando por transparencia y rendición de cuentas, y destacó que los opositores en el Congreso estadounidense se han enfocado mucho en la falta de transparencia en los negocios petroleros.

“Hay que generar mayor comprensión de la importancia de que haya transparencia en materia petrolera. Esto tiene que ver con que el pilar de soporte del gobierno autoritario en Venezuela ha sido la corrupción y, por tanto, se necesita transparencia de la mano de la democracia y el Estado de derecho. Ahí está el reto de que el foco no sea solamente en materia de industria extractiva, sino también en este otro ámbito”, expresó.

“Hay mucho interés en que haya una transición democrática y mucha crítica frente a las contradicciones de la administración de apoyar una transición mientras se hacen negocios con Alejandro Betancourt”, agredó la defensora de derechos humanos.

Los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso a partir del 3 de enero, cuando se cumpla un año de la captura de Maduro. La oposición obtuvo al menos siete escaños adicionales en el Senado, donde se prevé que cuente con 54 de los 100 puestos, aunque todavía quedan dos en disputa, en Misisipi y Alaska. En la Cámara de Representantes, según proyecciones de The New York Times, podrían superar los 250 escaños de un total de 435.

David Smilde, quien fue asesor principal para Venezuela de WOLA, añadió que el país no es un tema tan prioritario en este momento para los demócratas, que tienen otros asuntos en los que concentrar sus esfuerzos, como el alto costo de la vida en Estados Unidos.

Afirmó que, incluso antes de las elecciones de medio término, advertía sobre el riesgo de que el chavismo intente mantenerse en el poder a cualquier costo.

“No está claro que la motivación principal de Trump sea la democracia. Él ha dicho que está feliz con Delcy Rodríguez; yo daba por sentado que Rubio y Trump harían lo mejor para la democracia. Tengo temor de que sin esa presión militar los Rodríguez puedan manipular. Esto depende porque el gobierno de Trump tiene pocos logros y lo único que dice es que Venezuela ha sido un éxito”, manifestó.

La abogada añadió que los demócratas pueden contribuir en la demanda bipartidista de democracia en Venezuela y subrayó que desde WOLA han apoyado una legislación impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar para construir un fondo que permita la recuperación de activos producto de la corrupción en Venezuela. Destacó que los congresistas demócratas Darren Soto y Al Green se sumaron a esa propuesta un día antes de los comicios.

El Fondo para la Restauración de Venezuela contempla que sea financiado con el dinero y los bienes incautados por Estados Unidos a personas y entidades vinculadas con la corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro para que se utilicen en la recuperación institucional y democrática de Venezuela, en lugar de ingresar simplemente a los fondos generales del gobierno estadounidense.

“Hay que prestar atención a las acciones, más que los discursos. La legislación sobre la transición de Moskowitz es un ejemplo claro de que hay un acuerdo bipartidista”, afirmó Dib.

Antonio de la Cruz, por su parte, expresó que los demócratas pueden investigar, legislar y condicionar fondos, pero no sustituir las facultades presidenciales, e indicó que su influencia dependerá de acuerdos bipartidistas y límites constitucionales. “La supervisión puede impulsar reformas del TSJ y el CNE y exigir garantías electorales. Sin embargo, una confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca podría retrasar decisiones. El riesgo es que Venezuela quede atrapada en la disputa política estadounidense”, dijo.

David Smilde afirmó que el regreso de María Corina Machado a Venezuela dinamizó el contexto político del país y destacó que, después de su retorno, Marco Rubio ofreció una rueda de prensa en la que dio más detalles sobre aspectos de la política estadounidense hacia Venezuela de los que había abordado en los últimos meses.

Horas después de la llegada de Machado al país, el secretario de Estado estadounidense aseguró que el proceso de democratización avanzará según lo planificado. Además destacó que el interinato ha cumplido con las peticiones de Trump y que el cumplimiento de los plazos podría concretarse en menos de dos años, antes de que el republicano deba abandonar la Casa Blanca.

Afirmó que en caso de que el régimen chavista se resista a cumplir con las exigencias de Washington, el mandatario republicano podrá volver a imponer las sanciones que han sido levantadas y retirar las licencias que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, concede a determinadas empresas para realizar operaciones económicas en Venezuela. “Tengo esperanza de que continuarán cumpliendo las expectativas porque, para ser franco, es lo mejor para ellos a largo plazo”, declaró Rubio.

Un funcionario del Departamento de Estado indicó a la prensa que Venezuela debe avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y que “poco después” se debe reformar el Consejo Nacional Electoral. “No puedes tener elecciones libres que sean aceptadas por todas las partes en un país mientras esa infraestructura siga en su lugar. Necesita ser desmantelada y reemplazada”, expresó la fuente, citada por CNN en Español.

Luego, indicó que Rodríguez, reconocida por el gobierno estadounidense como presidenta interina de la República, tendrá que declarar la vacante permanente de la Presidencia de Venezuela, lo que activaría un plazo para que se realicen nuevas elecciones.

 El funcionario afirmó asimismo que el nuevo ente electoral no politizado deberá definir la fecha de las presidenciales, y subrayó que unos comicios no se pueden realizar en un país donde los partidos políticos no tienen permitido operar ni hacer campaña y sin prensa libre.

Sin embargo, aseguró que Machado cometió un error estratégico al respaldar la reelección de María Elvira Salazar, a quien la dirigente describió como una aliada leal a la causa de la libertad de Venezuela.

“En el Congreso, muchos líderes demócratas se han acercado a María Corina y han apoyado su causa; esto es político también. Ella hizo campaña muy abierta para María Elvira Salazar, una legisladora clave del sur de Florida, pero ahora eso les da licencia a los demócratas para pensar que están bien con Trump y su encanto con Delcy Rodríguez. O sea, ‘María Corina Machado no está en nuestra esquina, no nos ayudó, ¿para qué vamos a estar resteados con ella?”, analizó Smilde.

Sobre la respuesta estadounidense, Dib expresó: “Fue la primera vez que el Departamento de Estado habló de forma tan clara de cuál era la estrategia para el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral y cuáles eran los tiempos. Creo que el regreso de María Corina Machado genera presión porque produce también presión de calle. Fue muy significativo que el 25 de octubre la gente saliera a las calles sin una convocatoria masiva. Es indiscutible el liderazgo que ella tiene”.

Afirmó que Machado tenía derecho a regresar a Venezuela como cualquier ciudadana y ejercer su derecho a la libre participación y expresión. En ese sentido, agregó la abogada, el Congreso de Estados Unidos puede generar una presión positiva. “Es que hasta ahora no había sido incluida como parte de la negociación. Se habían generado algunas rupturas de canales, que son importantes para la democracia en Venezuela, y la presencia de ella en Venezuela genera presión sobre Estados Unidos de demostrar esos resultados”, dijo.

“También creo que el cambio en ambas cámaras generará presión sobre el cumplimiento de esos hitos democráticos, es decir, no se van a poder dilatar eternamente porque probablemente seguirán llamando al secretario de Estado a testificar en el Congreso, a responder preguntas sobre los vínculos opacos con empresas como Nabep, las implicaciones u ofertas para la democracia o en qué momento se convocarán elecciones”, añadió Dib.

Consideró que la combinación de esos factores —el regreso de Machado y la presión que se le genera a la administración de Trump— contribuirán de forma positiva en Venezuela. Dijo que desde su oficina, sin desconocer los avances importantes que se han registrado este año y la excarcelación de cientos de presos políticos, han criticado que hay cambios que reflejan un “autoritarismo adaptativo” sin que se hayan dado transformaciones de tono.

“Nos ha tocado a las organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, ponerle ‘apellido’ a los titulares. ¿Se suprimieron los tribunales de terrorismo? Eso no es tan así. ¿Se desbloquearon los medios de comunicación? Todavía quedan 143. ¿La Ley de Amnistía ha beneficiado a 9.000 personas? No se han podido verificar esas cifras y todavía quedan más de 300 presos políticos. Nos toca constantemente ponerle el ‘apellido’ a lo que pasa y mostrar que los cambios no han sido estructurales”, expresó.

Dinorah Figuera, representante de la oposición que negocia con el chavismo, y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio tras una reunión en Washington | Foto: Mandel NGAN / AFPEl presidente de Inter-American Trends destacó que Machado representa un liderazgo con respaldo social y capacidad de movilización dentro de Venezuela. Afirmó que su presencia en el país introduce un actor político que no depende exclusivamente de los acuerdos entre Trump y el interinato.

Planteó que la líder opositora puede ampliar la interlocución con demócratas y republicanos y exigir garantías electorales. “Su desafío es transformar la legitimidad ciudadana en poder institucional, evitando que la transición quede reducida a una negociación petrolera y geopolítica”, manifestó.

¿Qué debe ocurrir en Venezuela?El director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane y la directora del Programa para Venezuela de WOLA puntualizaron que en los próximos meses Venezuela debería avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, así como el levantamiento de las inhabilitaciones políticas.

Dib añadió que también se debe derogar el marco normativo represivo, mientras que Smilde consideró necesario que se establezca un plazo para la celebración de los comicios, lo que ayudaría a que los venezolanos despejen sus dudas en cuanto al proceso.

“Decir que la elección será el segundo semestre o a finales de 2027, o comienzos de 2028, para que la gente sepa y mida cómo avanza el proceso. Muchos pueden pensar que no será sino hasta 2030 y van a arrastrar los pies. Es lógico fijar un plazo, quizá no una fecha concreta, pero sí decir en cuál trimestre sería y continuar en la mesa de negociación, que me parece que ha sido positiva”, dijo el sociólogo.

Dib consideró que hay motivos para “tener optimismo” ante las aperturas que se han generado y la combinación entre los factores externos e internos. “Por otro lado, la evidencia también nos muestra que hasta ahora lo que tenemos es un autoritarismo adaptativo y que Venezuela no ha transitado una democracia”, reiteró.

Con información de El Nacional y agencias

La contundente victoria demócrata del martes en las elecciones de medio mandato, frente a un Partido Republicano en desbandada, entrega el control del Congreso a la izquierda estadounidense, lo que supone un serio freno para Donald Trump en los dos años que le quedan en la Casa Blanca.

A partir de que los nuevos funcionarios electos presten juramento a principios de enero, los demócratas podrán dictar la agenda legislativa, influir en el presupuesto federal e iniciar investigaciones parlamentarias sobre el presidente republicano y sus allegados.

A pesar de todo, Trump conservará un amplio margen de maniobra en numerosos temas.

Estas son las principales consecuencias del nuevo equilibrio de poderes en Washington.

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El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, había advertido antes de las votaciones que si su partido recuperaba el control de esa instancia legislativa, se daría prioridad a la lucha contra el alto costo de vida.

Para ello, Jeffries quiere "luchar para revertir los recortes a Medicaid", un programa de seguro médico para los estadounidenses de bajos ingresos que se vio mermado por una ley emblemática de Trump en 2025.

El líder demócrata también afirmó que desea hacer todo lo posible para acabar con la guerra contra Irán, "que ha disparado los precios de los combustibles para los estadounidenses", al tiempo que reafirmó la facultad constitucional del Congreso, único órgano habilitado para declarar la guerra.

Otra prioridad es poner fin a los aranceles impuestos por Trump sin la aprobación del Congreso.

Este programa se pondrá en marcha en las primeras 100 horas de su mayoría a principios de enero, aseguró.

Tras dos años acusando a Trump, a su gobierno y a sus allegados de corrupción a una escala sin precedentes en la historia del país, una de las prioridades de la nueva mayoría demócrata será además iniciar investigaciones para examinar estos casos.

"Vamos a exigir cuentas a quienes le han infligido a este país una corrupción sin precedentes", dijo el martes por la noche Jeffries, quien ahora es el favorito para asumir la presidencia de la Cámara baja.

"Llamen a sus abogados", advirtió en la red social X el representante demócrata Robert García, quien podría asumir la dirección de una importante comisión de investigación.

Las pesquisas llevadas a cabo por comisiones legislativas podrían dar lugar a citaciones para comparecer y, en última instancia, a procedimientos de "impeachment" o jucio político que podrían culminar en una destitución.

Aunque estos tendrían pocas posibilidades de éxito, debido a la mayoría de dos tercios requerida en el Senado.

"La vida se volverá bastante desagradable para los miembros más polémicos del gobierno de Trump, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent", opinó Ross Baker, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rutgers.

Sin embargo, tras haber iniciado dos procesos de "impeachment" contra Trump durante su primer mandato, los líderes demócratas parecen reacios a lanzarse a un tercer intento, que podría movilizar a su base partidaria.

- Nombramientos en vilo -Una particularidad de Estados Unidos es que los nombramientos para los cargos clave del gobierno, así como los de los jueces federales, deben ser aprobados por el Senado.

La reconquista de la mayoría en la Cámara alta permite a los demócratas, por lo tanto, bloquear las designaciones de Trump para estas posiciones cruciales.

Esta mayoría podría resultar aún más decisiva si un juez de la Corte Suprema llegara a renunciar o fallecer.

El margen de maniobra del presidente republicano para elegir a un sucesor se vería entonces ampliamente limitado.

- Límite -A pesar del cambio de balance de poder en el Congreso, Trump conserva importantes herramientas de poder.

Así, podrá utilizar su poder de veto para bloquear cualquier ley aprobada por ambas cámaras.

Este mecanismo solo podrá ser superado mediante una votación que obtenga una mayoría de dos tercios en esas dos instancias legislativas, algo de lo que los demócratas están muy lejos a pesar de su victoria.

El multimillonario republicano conserva, además, numerosas prerrogativas del poder ejecutivo, en particular su política migratoria, que ha sido objeto de fuertes críticas.

Tal como lo ha hecho desde el inicio de su segundo mandato, se espera que el octogenario continúe gobernando mediante decretos.

AFP

Tras casi un año en el exilio y siete intentos fallidos de retorno, el 25 de octubre, María Corina Machado reapareció sorpresivamente en Venezuela, en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, estado Lara. Luego de asistir a los oficios religiosos, emprendió un recorrido por carretera de más de diez horas y cerca de 400 kilómetros hasta Caracas; publicó DW.

La caravana, que atravesó los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua antes de alcanzar la capital, estuvo acompañada por multitudes entusiastas que se agolparon a su paso con banderas nacionales para aclamarla.

 Este multitudinario recibimiento, documentado por medios nacionales e internacionales, así como por innumerables testimonios y videos en redes sociales, confirma sobre el terreno lo que numerosas encuestas vienen señalando: Machado se mantiene como la figura política con mayor respaldo en el país y conserva una capacidad de convocatoria y movilización muy superior a la del resto de los actores políticos, incluidos los del interinato.

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Según el último sondeo de AtlasIntel para Bloomberg (octubre 2026), Machado alcanzó un 52 por ciento de intención de voto presidencial, 33 puntos porcentuales por encima de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, quien obtendría un 19 por ciento. En un escenario de confrontación directa entre ambas figuras, Meganálisis sitúa la intención de voto por Machado en un 84,36 por ciento, frente a un 4,95 por ciento de Rodríguez.

Sin embargo, el fenómeno de Machado no parece agotarse en la adhesión personal o carismática a su liderazgo, sino que se erige como la expresión política más visible de un descontento extendido por el país: la frustración ante las expectativas de cambio político generadas el 3 de enero, la exigencia de elecciones presidenciales y la aspiración a una mejora material de las condiciones de vida.

Los sondeos apuntan en esa dirección: el apoyo a María Corina crece en paralelo al rechazo al gobierno interino y a la demanda de elecciones. En octubre, según AtlasIntel, la desaprobación de Delcy Rodríguez aumentó a 65 por ciento, mientras la valoración positiva de Machado, pese a encontrarse fuera del país, creció ocho puntos respecto a agosto y alcanzó el 61 por ciento.

Al mismo tiempo, la exigencia de elecciones presidenciales también se había manifestado de manera sostenida durante el año. En abril, Meganálisis encontró que el 87,24 por ciento consideraba a las elecciones presidenciales como la solución de la crisis venezolana y que el 84,09 por ciento quería celebrarlas antes de terminar el año. En agosto, el 88,4 por ciento consideraba urgente que el chavismo abandonara el poder.

Las circunstancias exactas en las que Machado logró retornar a Venezuela, tras varios intentos bloqueados durante los meses anteriores, aún no están del todo claras. Sin embargo, lo que sí pudo apreciarse en las primeras reacciones de Miraflores fue un tono de descalificación y minusvaloración de las demostraciones de apoyo popular a Machado. Delcy Rodríguez las calificó de «show», mientras que Diosdado Cabello advirtió que quien regresa «debe asumir las responsabilidades de lo que dijo y lo que hizo».

Por su parte, en Washington, la noticia del retorno de la líder venezolana tampoco fue recibida con el mismo entusiasmo que despertó entre los venezolanos. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo distancia del hecho, asegurando no estar al tanto del regreso de Machado y limitándose luego a señalar: «Espero que esté a salvo», antes de añadir «pero nos está yendo muy bien en Venezuela», acotación que puede ser interpretada como una señal de que el retorno de Machado no introduciría cambios en su política hacia Venezuela.

Aún más significativa fue la reacción del secretario de Estado, Marco Rubio. En un mensaje publicado en su red social X, sostuvo que el retorno de Machado fue un «resultado directo» del proceso de conversaciones auspiciado por Estados Unidos, señalando a continuación su expectativa de que «todos los actores políticos apoyen estas conversaciones”. Aunque formulada en términos generales, esta exhortación parecía tener a Machado como destinataria principal.

Estas primeras señales fueron confirmadas por los posteriores pronunciamientos de Rubio y de un alto funcionario del Departamento de Estado, quien declaró bajo condición de anonimato. Ambos ratificaron que Washington mantiene su estrategia de transición en Venezuela.

El argumento central de Washington para justificar los tiempos y la estrategia implementada es que las elecciones no pueden celebrarse sobre la «infraestructura actual» heredada del chavismo. Por ello, la Casa Blanca le estableció a la mesa de negociación la siguiente hoja de ruta hacia los comicios: la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de fin de año, seguida por la transformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una «plataforma técnica» y apolítica. A la par, se avanzaría en garantías de apertura política: restablecimiento de partidos, libertad de prensa y retorno de los exiliados.

Solo después del cumplimiento de estos hitos, y tras declarar una «vacante permanente» en la presidencia, se abriría, según el funcionario, un lapso de seis meses para realizar unas nuevas elecciones. En principio, de cumplirse a cabalidad este cronograma secuencial de cambio institucional, el proceso electoral apuntaría hacia el segundo semestre de 2027.

Rubio considera que este plan y las negociaciones en marcha son la única vía para alcanzar de forma pacífica una democracia duradera: «No se llega a una democracia a punta de protestas callejeras». Advirtió además que cualquier intento de descarrilar el proceso «le está haciendo un gran daño a Venezuela, sea quien sea». La alternativa, para el secretario de Estado, es «la violencia y el conflicto armado dentro del país, o volver a como han sido las cosas en los últimos 20 años».

La fecha del segundo semestre de 2027 para la realización de las elecciones —derivada del cronograma de transición institucional— no puede darse como cierta ni definitiva: Washington no la ha anunciado explícitamente. Además, este calendario forma parte de una estrategia secuencial establecida por la Casa Blanca desde enero, que situó a la estabilización y la recuperación económica antes de la culminación de la transición democrática.

En consecuencia, los tiempos electorales no responden únicamente a las reformas institucionales previstas. También están vinculados con los objetivos de reactivación económica, apertura de Venezuela a la inversión estadounidense y los objetivos geopolíticos que Washington busca asegurar a largo plazo. Para ello dispone, mientras mantiene su tutela sobre el gobierno interino, de condiciones especialmente favorables para negociarlos.

De allí que el cómo y el cuándo se consideren alcanzados dichos objetivos parezcan depender exclusivamente del criterio de Washington. Muestra de ello fue la respuesta de Marco Rubio, al ser consultado sobre las críticas de Machado al acuerdo petrolero con Blue Energy: «Es su opinión… Ella no tiene que estar de acuerdo con él ni tiene que gustarle, pero creo que eso es algo aparte del tema de tener una elección y una democracia».

En este escenario de incertidumbre electoral, creciente rechazo al gobierno interino y altas expectativas ciudadanas de acelerar el cambio político, el regreso de María Corina introduce un factor de disrupción en el reloj de Washington.

Su capacidad de aglutinar y movilizar el descontento social amenaza con presionar los tiempos de un cronograma que Washington necesita mantener flexible. Machado ha sido explícita en este punto: antes de su retorno sostuvo que «es fundamental ponerle fecha ya a las elecciones presidenciales», y en una entrevista con el Financial Times, afirmó que hay tiempo más que suficiente para votar antes de julio de 2027.

Su voz, además, podría plantear ante la opinión pública nacional e internacional —con un peso político difícil de ignorar, pese a la desestimación de Rubio— serios cuestionamientos a los acuerdos económicos y geopolíticos de trascendencia nacional que se negocian con el interinato sin mayor transparencia ni legitimidad democrática, como ya han señalado otras voces reconocidas del país.

Con información de DW

El regreso de María Corina Machado, tras casi un año fuera del país, provocó la víspera escenas de entusiasmo entre seguidores que la acompañaron durante varias etapas del trayecto. En distintos puntos del país, centenares de personas salieron a las calles para darle la bienvenida y mostrar su respaldo a la principal referencia de la oposición venezolana.

“Más que de la llegada de María Corina Machado, de lo que se trata es del regreso de Venezuela a un gobierno constitucional”, estima el profesor Ricardo Hausmann de la Harvard Kennedy School, catedrático especializado en economía política internacional. “La Constitución exige convocar a elecciones cuando no está presente un presidente electo, cosa que no se ha hecho. Este proceso se ha demorado intencionalmente con los deseos del régimen actual y con la bendición de los Estados Unidos. Si hubiese un gobierno electo democráticamente, María Corina Machado sería la presidenta de Venezuela”, sostiene Hausmann.

La dirigente llega en un contexto político profundamente diferente al que dejó cuando abandonó el país. Venezuela atraviesa un proceso de conversaciones entre representantes del gobierno interino y sectores de la oposición con el objetivo de acordar una hoja de ruta hacia la normalización institucional y la celebración de elecciones democráticas.

 Para el catedrático de Harvard, el triunfo electoral de Machado no solo es incuestionable, sino que, comparado con otras elecciones en países democráticos, es notable. En efecto, en 2024, cuando se impidió que ella lanzara su candidatura, el candidato que ella avaló [Gonzalez Urrutia] terminó ganando con más votos de los que jamás sacó el general De Gaulle o ningún otro presidente francés, pero no solo francés, sino inglés, americano, argentino… en ningún lado. En Venezuela hay una mayoría aplastante para un cambio de rumbo político y lo que no se ha querido es dejar que esa mayoría política se exprese. Es muy importante, sencillamente, dejar que la mayoría política venezolana se exprese”.

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Diversas figuras opositoras celebraron la noticia. Entre ellas, justamente, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien calificó la jornada como un día especialmente significativo para los venezolanos y destacó la importancia política del regreso de la dirigente.

Aunque Machado no participa directamente en la mesa de negociaciones, su retorno podría alterar los equilibrios internos de la oposición y reforzar las demandas de quienes reclaman una definición rápida del cronograma electoral. Su partido, Vente Venezuela, ha defendido públicamente la celebración de elecciones presidenciales durante 2027.

 En las últimas semanas también se ha registrado el retorno de otros dirigentes opositores que habían abandonado el país, una señal interpretada por algunos sectores como parte del nuevo escenario abierto tras el inicio de las conversaciones políticas.

Hasta el momento, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no ha emitido una reacción oficial sobre la llegada de Machado. Su regreso se produce, sin embargo, en medio de crecientes expectativas sobre el futuro político del país y sobre el papel que la líder opositora podría desempeñar en la próxima etapa de la transición venezolana.

AFP

 La mesa de negociación política en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores, luego de que la líder de la oposición María Corina Machado exigió el retiro inmediato de esta sanción impuesta contra ella en 2023.

La tercera ronda de diálogo para una transición política en Venezuela comenzó este miércoles, horas después de que Washington retirara las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe negociador del gobierno y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

El partido Vente Venezuela de la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió que se levante la inhabilitación que le impidió estar en la boleta de la elección presidencial de 2024.

Una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró hace una semana a AFP que fue forzada a firmar la inhabilitación de Machado debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares.

Dinorah Figuera, presidenta de la comisión negociadora por parte de la oposición, dijo a la prensa que trabaja para que los puntos de la negociación conduzcan "a un proceso electoral" en Venezuela, gobernada desde hace 27 años por el chavismo.

"Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de la siglas de los partidos políticos y por supuesto que nosotros vamos a buscar una fecha" para que se realicen elecciones en el país, dijo al término de una reunión con representantes del sector de la salud.

Dijo también que habrá una renovación del Consejo Nacional Electoral y que antes de que termine 2026 estarán listas "las bases para" ir "a (...) un proceso electoral".

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Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha dicho que habrá elecciones, pero no ha dado fecha.

Las negociaciones arrancaron en agosto con el auspicio de Estados Unidos, ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas.

La renovación del TSJ, acusado de servir al chavismo gobernante con sus sentencias, y la cooperación para recuperar las reservas de oro venezolano congeladas en un banco en Londres son los principales acuerdos alcanzados hasta ahora.

Con información de Efe

En el nuevo expediente que ahora pesa contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes ahora son acusados por torturas, la justicia de Estados Unidos vuelve a mencionar al Cartel de los Soles como organización criminal,  la cual se pensaba que estaba “en el olvido” para las autoridades de ese país.

Así se puede apreciar en los extractos del expediente que ha salido a la luz pública. Estas son las claves de esta nueva acusación.

1. Maduro y Cilia  son los acusados. La Fiscalía sostiene que durante más de 25 años abusaron de cargos públicos para enriquecerse y mantenerse en el poder mediante corrupción, narcotráfico y graves violaciones de derechos humanos.

2. El Cartel de los Soles  aparece expresamente. La acusación afirma que Maduro, Flores y otros integrantes de su círculo formaban parte de lo que denomina “Cártel de los Soles” y traficaban drogas bajo la protección del Ejército, la judicatura y las fuerzas de seguridad venezolanas. 

3. La acusación apunta además a otros altos jerarcas del régimen sin identificarlos por su nombre. Habla repetidamente de “otros altos cargos”, miembros del círculo de Maduro y Flores y co-conspiradores “conocidos y desconocidos”, además de identificar como CC-1, CC-2 y CC-3 a figuras a las que atribuye narcotráfico, represión y torturas.

4. Hay tres personajes particularmente importantes bajo seudónimo. CC-1 aparece vinculado a narcotráfico, FARC y órdenes dentro de organismos venezolanos; CC-2 está asociado directamente con torturas y represión; CC-3 aparece como alto funcionario de la DGCIM implicado tanto en narcotráfico como en torturas. 

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5. La acusación sostiene que la organización trabajó con FARC, ELN, Sinaloa, Los Zetas, Norte del Valle y Tren de Aragua. También describe la utilización de aviones militares, vehículos y otras estructuras del Estado para transportar cocaína.

6. Hay acusaciones de tortura extraordinariamente concretas. La Fiscalía atribuye al sistema dirigido por Maduro secuestros, descargas eléctricas en genitales, simulaciones de ahogamiento, palizas, privación de sueño, amenazas contra hijos y familiares y otras prácticas. Sostiene además que Maduro recibía información sobre interrogatorios y, en determinados episodios, daba instrucciones sobre el trato a detenidos. 

7. La acusación llega hasta 2025. No es únicamente una reconstrucción histórica del chavismo. Afirma que la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico continuó “up to and including in or about 2025”. Los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, importación de cocaína y delitos de armas.

El pequeño grupo de venezolanos que aún tenía permiso de trabajo a través del Estatus de Protección Temporal (TPS) lo perderá a partir de este 2 de octubre. Expertos no saben con exactitud cuál es el número de estos beneficiarios, aunque calculan que rondan los 5,000. Lo que sí saben con certeza es que todos los que contaban con permiso de trabajo gracias a esta protección, ya no lo tendrán.

Quienes tenían un estatus legal gracias al TPS llevan meses en incertidumbre. Es el caso de Martina López, cuyo camino migratorio al noreste de Estados Unidos empezó hace 11 años. Ahora, asegura, vive su momento más difícil al haber perdido la protección que le otorgaba el TPS, después de esperar por más de una década que se concrete su petición de asilo, que sigue pendiente.

 “Esto me recuerda cuando en Venezuela me sentía perseguida y siento como que, si yo hice algo malo, como que incumplí la ley”, afirma en una entrevista con Noticias Telemundo, pese a que no ha hecho nada ilegal. “Soy una mujer de ley y llegué a este país huyendo de una persecución, comencé de cero”, relata.

López, quien prefiere no revelar su nombre real por miedo a sufrir consecuencias, tiene a su cargo a su padre, de 72 años, que padece diabetes e hipertensión, y es madre soltera de dos hijos. Su proceso de asilo sigue avanzando: hace unos meses recibió una llamada para asistir a su primera entrevista en más de una década.

Pese a todo, López mantiene la esperanza de que se reinstaure el TPS, porque la situación en Venezuela no ha mejorado: el régimen chavista que la perseguía sigue en el poder. “En Venezuela nada ha cambiado, la persecución sigue siendo la misma”, asegura.

Aunque el Gobierno de Donald Trump defiende que las cosas son distintas desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, los venezolanos denuncian una compleja crisis: el país afronta desde hace años graves fallas en el suministro de electricidad y agua y en otros servicios básicos, debido a la corrupción y la falta de mantenimiento. La inflación y la devaluación del bolívar reducen el poder adquisitivo. Y los dos terremotos que azotaron el país el 24 de junio han agudizado los problemas.

“Conceder de nuevo el TPS sería reconocer que Venezuela sigue en un caos y ellos (el Gobierno de Estados Unidos) han aplaudido públicamente la reacción de Delcy Rodríguez ante los terremotos”, argumenta Adelys Ferro, presidenta del Venezuelan American Caucus. “Estas son decisiones racistas, xenófobas, discriminatorias. Y a ellos no les importa Venezuela, puede haber una hecatombe nuclear”.

La crisis que ya sufría el país se agravó con los catastróficos terremotos del 24 de junio. Un mes después, el 24 de julio, la Alianza Nacional del TPS pidió formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Congreso que reasignaran el programa de protección temporal, pero por ahora, no hay respuesta.

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Este reducido grupo que hoy pierde su permiso de trabajo aún tenía protección porque en enero de 2025 hizo las gestiones para renovarlo, antes de que el Gobierno pusiera fin al Estatus de Protección Temporal del que se beneficiaron en total más de 600,000 venezolanos. Quienes no renovaron el permiso de trabajo, se quedaron sin él en septiembre de 2025, como le pasó a López.

“Una de las premisas más importantes del estatuto de protección temporal es la protección, que no sea removido del país, que no te puedan detener“, dice López, quien conoce bien la materia y ha podido continuar ejerciendo su oficio de paralegal gracias al asilo que tiene pendiente.

Muchos como ella han mantenido su petición de asilo u otros procesos migratorios que tenían en curso. “La gente juzga porque las personas no tienen documentos… pero no es fácil obtenerlos a pesar de que hagas todo lo que tengas que hacer”.

Y respecto a las alternativas migratorias a partir de ahora, “muchos ya tenían una petición de asilo y se acogieron al TPS en su momento, y los que no lo tenían pues han tratado de buscar otros beneficios migratorios”, dice Kathia Quirós, abogada de inmigración.

Quirós también recuerda que “el hecho de ser detenido por ICE no significa que me van a deportar si yo conozco mis derechos”, y recomienda no firmar una salida voluntaria del país, porque, así, las personas pueden salir bajo fianza y llevar ese proceso desde su casa, “y eso les da más tiempo para prepararse”, dice la abogada.

“La mayoría permanece en el país esperando que cambie una ley, porque no es gente que se quiere quedar, es gente que se queda porque no tiene otra opción”, concluye Quirós.

Entre lágrimas, López afirma que tiene una carpeta preparada por si la detienen. “Yo voy a luchar hasta donde tenga que luchar, hasta el final. Porque siento que ya emigré una vez… O sea, salí huyendo de un país con una profesión, me tocó comenzar de cero”, relata. “Veo a Estados Unidos como mi casa… y para mí no existe un plan B”.

Con información de Telemundo

En solo 24 horas, María Corina Machado no pudo subirse a un barco que la sacara de Panamá hacia Venezuela. Ni a un vuelo a la isla caribeña de Aruba que nunca despegó.

 Tampoco prosperó un último intento de volar hacia la isla de Curazao. Las puertas se cerraron una detrás de otra ante lo que era el quinto, el sexto y el séptimo intento de la opositora por volver a su país desde que en diciembre salió clandestinamente para recoger el Nobel de la Paz.

La odisea de Machado —otra— salía a la luz mientras su archienemiga Delcy Rodríguez se reunía en Nueva York con Donald Trump. Eran dos imágenes opuestas que ilustran la impensable situación en la que está sumida Venezuela desde hace ya casi nueve meses. 

Por un lado, la presidenta encargada, chavista y antiimperialista, agradeciendo y sonriendo al presidente que se llevó detenido a su jefe una madrugada de enero. Por el otro, la líder de la oposición que más lazos tiene con Washington, fracasando en su enésimo intento de participar en la supuesta transición que vive su país. El contraste era tan perfecto que es difícil creer que fuera casual.

 Nadie dice públicamente quién impide entrar a Machado. Su hija Ana Corina advirtió de que hay “muchas fuerzas de por medio”, pero no quiso entrar en detalles. El secretario de Estado, Marco Rubio, se hizo el desinformado cuando le preguntaron por los tres intentos fallidos: la llamó valiente y desvió la conversación hacia su deseo de que los ocho millones de venezolanos que están fuera regresen a su país. Washington niega que exista veto alguno, pero todos coinciden en que esto se resuelve con una llamada de la Casa Blanca. “El único que tiene el poder para hacer que no pueda entrar es Estados Unidos”, resume un veterano dirigente opositor ya retirado. “El chavismo puede pedirlo como condición, pero la decisión de aceptarla es de Washington”.

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Machado atraviesa hoy una de las situaciones más complejas de su larga carrera política. Se marchó de Venezuela hace nueve meses en una huida de película con ayuda de Estados Unidos y desde entonces los acontecimientos se han acelerado de una forma que nadie previó. 

El mismo Trump que capturó a Nicolás Maduro unas semanas después de ayudarla ahora aparece encantado de hacer tratos con Delcy Rodríguez y no muestra ninguna prisa por que se convoquen elecciones. En su breve encuentro de Nueva York, Trump le planteó a Rodríguez que Venezuela debe celebrarlas, pero no le habló de plazos, según el portal Axios. Mientras, se seguirán cerrando muchos negocios millonarios.

La opositora protagoniza una batalla contra el chavismo, pero también contra su irrelevancia. La dirigente que más lejos llegó en su apuesta por Washington —hasta regalarle al presidente estadounidense la medalla del Nobel— está siendo apartada mientras otros sectores de la oposición se sientan a hablar con el chavismo. La mesa de negociación que se instaló con el Gobierno y que ha impulsado Estados Unidos no es la suya. Tampoco son sus condiciones. “La misma fuerza que ella invocaba cuando decía ‘no podemos solos’ es la que ahora impide que ella avance en su proyecto político”, resume el analista de Crisis Group Phil Gunson. “Es una ironía del tamaño de un rascacielos”.

Machado estaba instalada en Ciudad de Panamá desde hace tres meses, cuando Estados Unidos frustró dos intentos anteriores después del sismo que asoló Venezuela el pasado 24 de junio. Dos periodistas de confianza, de ABC y NTN24, debían documentar la odisea —o el bloqueo— de su retorno, pero esas imágenes que muchos venezolanos esperan quedaron de nuevo en nada. Todo su entorno insiste en que volverá. De una u otra forma. Sola o acompañada de una delegación internacional. “Tengan la confianza de que va a pasar”, pidió su hija.

Ella misma volvió a prometerlo este sábado: “Hay muchos intereses sobre Venezuela y hay actores que pretenden postergar una situación de sumisión. Voy a regresar muy pronto y espero que podamos contar con las voces de todos ustedes elevando la urgencia de un proceso electoral y que los que estén en el exterior puedan votar”, afirmó Machado en el Foro Internacional Virtual: ¿Dónde está y a dónde va la Democracia? “En las próximas semanas se va a definir el futuro de Venezuela, confíen en el pueblo de Venezuela”, añadió.

ADVERTISEMENTPromesa incumplidaEl desgaste al que está sometida es inevitable. “Ella sistemáticamente promete volver, venir, enfrentar, confrontar, y no lo ha hecho, y llega un momento en el cual esa promesa se agota”, dice Ángel Álvarez, profesor de Ciencias Políticas. “Los venezolanos siguen hablando de su valentía y determinación, pero el problema viene cuando se pregunta sobre su capacidad de cumplir con lo que promete”, plantea Gunson. “Ahí está su talón de Aquiles y hasta el político más simpático, si no cumple, pierde apoyo”.

Su partido la espera sin condiciones. “María Corina lo que piensa lo dice y lo que dice lo hace, y dijo que iba a entrar al país y la vamos a esperar”, defiende a EL PAÍS el coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviárez, rodeado de su equipo. Asegura que los bloqueos, lejos de desmoralizar, multiplican su compromiso.

El chavismo, mientras tanto, saborea su triunfo. A Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, se le ha oído decir en más de una ocasión: “El principal problema de la oposición —y nuestra mejor ventaja— es que promete demasiadas veces cosas muy concretas que no puede cumplir”.

El oficialismo niega que le esté cerrando el paso y afirma que incluso ha dejado de temer su regreso. Que podría suponerle incluso una ventaja. “El chavismo ahorita está muy seguro de decirle que venga porque el pacto con los americanos ya fue cerrado”, dice una voz cercana al Palacio de Miraflores. “La que no quiere venir es ella, porque se va a quemar”, defiende. Esta fuente argumenta que, una vez dentro, Machado tendría que sostener la movilización durante meses sin dinero ni logística y sin nada concreto que ofrecer a un país preocupado por los apagones y por llegar a fin de mes. “Cuando la gente vea que ella llegó y no puede cambiar las cosas, va a ser peor. Por lo menos estando fuera tiene la excusa de decir: ‘Es que no me dejan”.

El chavismo, en cualquier caso, sigue cargando contra la opositora porque pretendía viajar con un pasaporte panameño, lo que para ellos significaría que renunció a su nacionalidad venezolana. No es cierto. Como millones de refugiados en el mundo, Machado puede portar un documento de viaje (emitido por razones humanitarias) que no implica un reconocimiento de la nacionalidad del país que se lo emite.

En Venezuela, todo el arco político, excepto los chavistas, cuestiona lo fundamental: a una ciudadana venezolana se le está impidiendo volver a su país. “Se está negando el ejercicio del derecho de vivir en su país”, afirma el dirigente opositor retirado, crítico con Machado, pero convencido de que debe formar parte del proceso.

La opositora sigue siendo, de lejos, la política con más apoyo. “Las encuestas arrojan cifras muy distintas de popularidad, pero sea cual sea la cifra real, la diferencia es brutal a favor de María Corina”, dice Álvarez. Esta semana, tras conocerse sus intentos frustrados de salir de Panamá, cientos de venezolanos marcharon en varias ciudades del país para pedir su regreso.

Machado se enfrenta a un dilema casi irresoluble. Para conservar su capital político, debe volver y, para volver, parece inevitable romper con Trump, y romper con Trump es justamente lo que no puede hacer. “Está a medio centímetro de esa ruptura, pero no da el paso final”, dice Gunson. “Quien fue a la Casa Blanca a entregarle su medalla del Nobel y a repetir que era Trump quien de verdad la merecía, difícilmente puede sostener ahora que es ese mismo presidente quien le cierra el paso”, reflexiona Álvarez.

Pero en Venezuela, como se ha demostrado a lo largo de su historia, todo puede cambiar de forma imprevisible. Y como dice el dicho latinoamericano: “En política no hay muertos”.

El País de España

Estos días, María Corina Machado se despierta a las 6 de la mañana en el apartamento prestado de un amigo, cerca de la costa del Pacífico, y se prepara un café fuerte.

Después, vuelve a planificar la mayor apuesta de su vida: regresar a Venezuela para impulsar nuevas elecciones.

 “No puedo liderar el proceso desde el extranjero”, dijo Machado en una rara entrevista presencial concedida el mes pasado en Ciudad de Panamá. “Ha llegado el momento de regresar”.

Desde que salió de Venezuela disfrazada en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, Machado ha pasado nueve meses en el exilio elaborando una estrategia detallada para movilizar nuevamente a su movimiento político dentro del país. Planea utilizarla para impulsar una transición democrática, incluso mientras el presidente Trump respalda firmemente al gobierno interino que ella espera reemplazar y que ha concedido a Estados Unidos un amplio acceso al petróleo venezolano.

Su plan parte de la posibilidad de contar con la libertad de movimiento que le fue negada durante el gobierno de Nicolás Maduro, cuya salida del poder en enero, tras una operación militar estadounidense, abrió el camino para que Machado pueda eventualmente regresar. Su primer intento de reingresar a Venezuela en junio fue detenido abruptamente durante el vuelo, en medio de la oposición de funcionarios de Trump, quienes temían que su regreso pudiera alterar el acuerdo alcanzado con el gobierno interino respaldado por Estados Unidos o desencadenar disturbios.

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Desde entonces, se ha establecido en Ciudad de Panamá para preparar su próximo intento.

Aunque Machado está preparada para partir en cualquier momento, la fecha de su regreso sigue siendo incierta. La llamada para regresar podría llegar en diez minutos, diez días o incluso más tiempo, afirma. Está dispuesta a entrar a Venezuela por tierra, mar o aire. Sin embargo, la ruta de regreso es menos importante que lo que planea hacer una vez que esté allí.

Machado imagina sus primeros meses recorriendo los 23 estados de Venezuela, retomando la campaña por carretera que le permitió construir un movimiento de alcance nacional que derrotó a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, de acuerdo con resultados reconocidos por Estados Unidos y otros gobiernos, pero rechazados por Caracas. Ahora quiere reactivar esa red de base para impulsar una transición democrática frente a los aliados de Maduro que actualmente gobiernan el país.

“Me veo recorriendo todo el país, llegando incluso a las comunidades más pequeñas; sentándome, escuchando a las madres, a los trabajadores, a los agricultores, a los empresarios, a los conductores, a los estudiantes, a los profesores, a los médicos, a todos”, afirmó.

La prioridad de su equipo para el “día uno” será sentar las bases para celebrar rápidamente elecciones presidenciales, en las que Machado tiene intención de participar, incluida la actualización del registro electoral. Su equipo proyecta miles de asambleas ciudadanas en toda Venezuela, donde sus aliados planean utilizar códigos QR para recopilar las ideas de los venezolanos y emplear herramientas de inteligencia artificial para convertirlas en prioridades dentro de un plan nacional de transición.

Los integrantes de su partido, Vente Venezuela, han comenzado a salir gradualmente de la clandestinidad en los últimos meses. En junio, jóvenes activistas vinculados a su movimiento organizaron concentraciones bajo el lema “Elecciones Ya” en 16 estados, como parte de un esfuerzo para reconstruir la organización territorial.

Machado y su equipo aseguran que no se están limitando a hacer campaña. También están planificando activamente un eventual gobierno: identificando personas que podrían asumir el control de las instituciones del Estado después de una transición, incluyendo áreas como educación, salud, justicia, fuerzas armadas y economía.

Mientras Trump estrecha cada vez más su relación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Machado sostiene que ella y una Venezuela democrática serían aliados naturales de Estados Unidos. Afirma que ampliaría el intercambio de inteligencia con Washington, trabajaría con agencias estadounidenses y la Guardia Costera contra el narcotráfico y coordinaría con Colombia el desmantelamiento de grupos criminales en la frontera.

Machado también ha estado buscando atraer a inversionistas extranjeros. Algunos ejecutivos que evalúan invertir en Venezuela se han puesto en contacto con ella, según integrantes de su equipo, para buscar garantías de que los acuerdos alcanzados con el gobierno actual serían respetados durante una eventual transición.

“Les he dicho a todos: Vayan a Venezuela”, afirmó. “No les estoy diciendo que esperen”.

Cuánto de esa agenda podrá llevar a cabo Machado sigue siendo incierto. Regresaría a un país donde gran parte del Estado, incluido el aparato de seguridad, mantiene una posición hostil hacia ella.

Rodríguez ha advertido que Machado tendrá que “responderle a Venezuela” por haber respaldado la incursión militar estadounidense, mientras otros altos funcionarios han insinuado que tienen “una sorpresa” preparada para ella. “La estamos esperando”, dijo en junio el ministro del Interior, Diosdado Cabello, “pero más le vale venir rápido”.

En una llamada telefónica realizada en junio, Trump le dijo a Rodríguez que no actuara contra Machado ni interfiriera si ella regresaba, según personas familiarizadas con la conversación. Sin embargo, algunos integrantes de la Casa Blanca consideran que un regreso prematuro podría provocar una confrontación y alterar el plan de transición de la administración.

Machado y sus seguidores intentan cambiar esa percepción.

“Mi presencia en Venezuela no es un desafío”, dijo Machado, quien permaneció escondida durante más de un año antes de salir del país. “Parte de mi esfuerzo ha sido explicar que es exactamente lo contrario. Es una contribución al proceso”.

Los acontecimientos recientes han afianzado aún más la alianza de Washington con Rodríguez, la antigua vicepresidenta de Maduro. Trump ha anunciado un importante acuerdo petrolero negociado con el gobierno de Rodríguez y tiene previsto reunirse con ella durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la próxima semana, lo que le dará hasta ahora su escenario internacional más destacado.

Machado se ha mostrado cada vez más directa al referirse al gobierno con el que Washington ha decidido trabajar.

“Delcy Rodríguez representa el caos”, afirma Machado. “Todo lo que ha hecho, lo ha hecho mediante la coerción”.

También sostiene que el gobierno de Rodríguez es “absolutamente incompetente, incapaz de administrar siquiera una tienda de la esquina”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la oficina de Rodríguez no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El intenso debate sobre el regreso de Machado ha puesto de manifiesto diferentes visiones sobre cómo debería salir Venezuela de más de dos décadas de un gobierno cada vez más autoritario.

El extraordinario acuerdo petrolero anunciado por Trump el mes pasado ha complicado aún más la posición de Machado. El acuerdo otorga al Pentágono una participación del 35 % en una empresa privada con derechos sobre una quinta parte de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, mediante una asociación con Alejandro Betancourt, un controvertido empresario que hizo su fortuna durante los gobiernos de los expresidentes venezolanos Hugo Chávez y Maduro.

Un funcionario de la Casa Blanca elogió las relaciones “extraordinarias” con el gobierno de Rodríguez y afirmó que estas permitieron a Trump “asegurar el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

El hecho de que el acuerdo haya sido negociado con Rodríguez dificulta que Machado pueda respaldarlo. Sin embargo, atacarlo abiertamente significaría oponerse a uno de los principales logros de política exterior de Trump.

El equipo de Machado pasó meses, a comienzos de este año, recorriendo Washington para hacer campaña ante funcionarios y legisladores estadounidenses. También viajó por Europa, donde se reunió con varios líderes europeos y con el papa León XIV, quien le ofreció una recepción y un acceso de alto nivel habitualmente reservado para jefes de Estado.

Pero esperó para regresar a Venezuela, en parte siguiendo el consejo de funcionarios de la administración estadounidense que le recomendaron esperar.

Los dos terremotos del 24 de junio, que dejaron 6.500 muertos en Venezuela, marcaron un punto de inflexión para ella.

“Se abrió un abismo en nuestro país”, dijo Machado al describir un aumento de la indignación pública ante la deficiente respuesta del gobierno. “Para mí, algo se rompió definitivamente y eso aceleró todo”.

Trump inicialmente afirmó que Machado carecía del “apoyo” y el “respeto” necesarios para dirigir el país, aunque en ocasiones ha destacado su popularidad entre los republicanos de Florida. Durante una cena privada en Doral con el secretario de Estado Marco Rubio y algunos políticos locales en marzo, Trump la llamó por teléfono y puso la llamada en altavoz, según una persona presente.

“Todo el mundo te quiere aquí”, le dijo, según un video visto por The Wall Street Journal.

Algunos funcionarios de Trump creen que Machado todavía podría ganar fácilmente unas elecciones, especialmente debido al voto de los venezolanos en el exilio, según personas familiarizadas con las conversaciones, aunque algunos tienen dudas sobre su capacidad para gobernar. En particular, existen preocupaciones sobre su capacidad para mantener unidos los restos del antiguo sistema, incluidas las Fuerzas Armadas.

Machado también quedó fuera de las conversaciones sobre la transición respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno interino y miembros de la Asamblea Nacional de 2015 controlada por la oposición, que Washington todavía reconoce como el último órgano legislativo democráticamente elegido de Venezuela.

Algunos sectores en Washington consideran que la prolongada ausencia de Machado puede ser positiva. La idea es que, si las cosas mejoran —si cesan los apagones, aumentan los salarios y mejoran las condiciones básicas— habrá menos presión para romper completamente con el sistema actual.

Algunos aliados de Machado temen que cuanto más tiempo permanezca fuera de Venezuela, más impulso pueda perder su movimiento.

“Me lo he cuestionado muchas veces”, dijo. “Obviamente, habría querido regresar hace mucho tiempo, y todo el mundo lo sabe”.

Por ahora, mantiene un perfil bajo. Al caminar con ella por las calles empedradas del histórico Casco Viejo de Ciudad de Panamá, es fácil entender por qué. Desde el vendedor de paletas en la plaza hasta los huéspedes de un hotel de cinco estrellas, es reconocida inmediatamente y rodeada de personas que buscan tomarse selfies y darle abrazos.

“La próxima vez que te vea, espero verte en Miraflores”, le dijo una persona durante una reciente salida, en referencia al palacio presidencial en Caracas.

“¿Cuándo vas a regresar?”

The Wall Street Journal

Los habitantes de San Cristóbal, una ciudad venezolana cercana a la frontera con Colombia, están hartos de los apagones diarios y aún más de que la electricidad que su estado produce se desvíe a Caracas.

Los cortes de electricidad agobian a varias regiones de Venezuela, cuando el país está urgido de aumentar la generación de energía para reflotar su sector petrolero y satisfacer la demanda de su población.

"Estoy de verdad harta, cansada y ahora veo que nosotros podríamos tener siempre luz pero hay que darle energía a la burbuja para que no se les bajen los barrios" populares a protestar, dijo irritada a AFP Josner Herrera, una secretaria de 38 años, refiriéndose a que las autoridades mantienen iluminada la capital para evitar manifestaciones.

La molestia de esta mujer aumentó cuando escuchó esta semana las denuncias de un dirigente político local.

El exdiputado opositor Heriberto Labrador dijo en un evento público que la termoeléctrica de Táchira genera unos 70 megavatios, capacidad suficiente para abastecer la demanda interna de la región, pero que gran parte se desvía al sistema interconectado nacional.

"Si sobra, pues se les da, pero aquí lo que hace falta es gobierno y que quiera lo mejor para el estado Táchira", dijo a la AFP después de hacer pública su postura.

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El político dice que hay localidades en el estado que sufren hasta 26 horas sin electricidad.

Los prolongados apagones "colapsan la actividad comercial y afectan gravemente la cadena de frío de los productores agropecuarios y ganaderos", con fuertes pérdidas, señaló.

El gobernador chavista, Freddy Bernal, con cuatro años en el cargo, evitó hablar sobre el tema cuando fue cuestionado por la prensa local.

Los cotidianos cortes de luz llevaron esta semana a pobladores a cerrar por las noches la carretera que comunica a Táchira con el estado de Barinas, con protestas en las que suenan cacerolas y bocinas de autos.

"¿Por qué tanto castigo con las quitadas de luz?", dice Irma Villasmil, de 48 años y subgerente de un banco en San Cristóbal.

"Esto es inaudito y qué burla hacia nosotros los tachirenses que venimos sufriendo años con esto y todavía tenemos los racionamientos solo porque Caracas no puede quedarse sin electricidad", señaló, al quejarse porque su nevera se ha dañado dos veces.

"Ya basta que, porque son capital, la provincia tenga que pagar los platos rotos. ¡Que injusticia!", enfatizó.

En los últimos meses, el gobierno interino de Delcy Rodríguez impulsó reformas en los sectores del petróleo y la minería, para atraer capital extranjero, pero estas industrias también consumen electricidad.

La mandataria, que gobierna bajo presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, envió al legislativo una reforma eléctrica, que aún no ha sido aprobada.

Rodríguez estableció además un convenio con Estados Unidos que le cede el 20% de las gigantescas reservas petroleras de Venezuela, además de otros contratos con grandes petroleras.

Y firmó acuerdos con empresas de electricidad trasnacionales como GE Vernova, para recuperar 5.000 megavatios en cuatro años.

Pero se trata de un gran desafío. Según el diputado opositor Ezio Angelini, Venezuela producía 20.000 megavatios promedio diarios y consumía alrededor de 12.000, antes de la llegada del chavismo al poder en 1999.

Actualmente, el país tiene una producción promedio de 12.000 megavatios y una necesidad de consumo de 14.000, dijo el parlamentario.

Durante una reciente visita a Venezuela, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió en la importancia de mejorar el sector eléctrico.

"La buena noticia es que ya existe hoy en Venezuela una enorme capacidad de generación eléctrica que no está funcionando" en infraestructuras, y  "bastante rápido" se "añadirán gigavatios de capacidad al sistema eléctrico venezolano simplemente reactivando parte de la infraestructura existente", dijo a AFP.

Sin embargo, los habitantes de Táchira y de otras regiones venezolanas se sienten desesperados.

A mediados de agosto hubo protestas en Barinas (oeste), mientras el calor y la humedad se hacían insoportables, e igualmente en Valencia, una ciudad a 170 km de Caracas.

Aunque el gobierno anunció en agosto una reducción de la jornada laboral en el sector público para "apaciguar" la crisis eléctrica, varios barrios de Caracas han empezado a sufrir los apagones.

AFP

La espera de cientos de familias en refugios temporales, a la espera de una solución habitacional, luego de un desastre natural, no surgió el 24 de junio, tras los terremotos. En Venezuela hay personas que llevan más de 10 años en esos lugares, sin que se haya solucionado el problema.

El diario El País, de España, hizo un reportaje sobre estas familias, el cual reproducimos a continuación.

 Hace unos años que Magdalena compró una vajilla que soñaba estrenar en la vivienda que pudiera otorgarle el Estado después de haberse quedado sin casa en 2012, cuando se deslizó la tierra en Catia, al oeste de Caracas, a causa de las lluvias, y su hogar se derrumbó junto con los de otras 60 familias. En ese momento fue a parar a un edificio abandonado de la avenida José Ángel Lamas, que ya era refugio de otras familias damnificadas. Algunas de ellas accedieron a una vivienda —incluso en La Guaira, que volvieron a perder después del terremoto—, pero Magdalena nunca pudo salir de ahí. En 2025, después de 13 años, murió en la espera, con su caja de platos aún sin estrenar.

Los refugiados que aún esperan por el otorgamiento de una casa por parte del Estado en Venezuela se han ido acumulando a lo largo de distintas tragedias. 

La más conocida fue el deslave en Vargas en 1999, que dio inicio a la ocupación de edificios abandonados y dejó el camino abierto para las víctimas que vendrían en los últimos 15 años: habitantes de construcciones no planificadas en barrios populares del oeste de Caracas y La Guaira, que sufrieron la caída de su casa o la declaración de inhabitabilidad a causa de las lluvias de los años que siguieron. Cientos de familias quedaron sin casa y sin una solución permanente.

Moraima, vecina de Magdalena, sube y baja todos los días cuatro pisos de ese mismo edificio —donde permanecen 10 familias refugiadas— a pesar de su artrosis, la inestabilidad en los ligamentos y el déficit de cartílago grado 4 que no le permite flexionar las rodillas.

 Este padecimiento le obliga a usar bastón, caminar más lento de lo que puede y rogar que no se caiga nada al suelo, pues no puede agacharse. Vive con su hijo Abraham —paciente de autismo severo, que apenas obedece algunas de sus órdenes— y su hermano, que tiene una enfermedad cardíaca y renal. “Si vuelve a temblar, corra por las escaleras”, le dijo uno de los ingenieros después de evaluar el estado de las columnas tras los terremotos. “¿Pero cómo corro con mi condición?”, se pregunta.

 Desde entonces, ya la preocupación no es solamente que le asignen una vivienda, sino el estado de la que habita ahora, a la que ella llama “espacio humanizado” porque no es un apartamento, sino una especie de cubículo al que, durante los últimos 14 años, ha agregado colchones, sábanas que dividen los espacios y algunos electrodomésticos.

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Hace unos años a Moraima le llegó la aprobación de un crédito de 8.000 bolívares (unos 10 dólares) para comprar una casa. Pero, a ese precio, solo consiguió ranchos en favelas a los que no puede acceder por su discapacidad. Desde entonces, espera o un crédito más elevado o un lugar más conveniente. Sin embargo, después de varias devaluaciones, además de que el dinero no le llega, el turno en el “mercado secundario”, que es el nombre del plan de activación de créditos para viviendas de refugiados, funciona casi como una lotería. Quién sabe cuándo le vuelva a tocar.

En la misma espera permanecen 110 familias que han llegado a la Torre Pomarrosa de Catia en los últimos 16 años en condiciones que no solo tienen que ver con desastres naturales. Hay desde afectados por operativos de supuesta seguridad llamados OLP hasta trabajadores del Estado o familias en situación de calle.

Yeiker García, tiende su ropa para secarla en el patio del refugio La Posada de Catia.Maxwell BriceñoEste último es el caso de Yarcelis, una mujer de 41 años y madre de 6 hijos —uno de ellos con autismo y microcefalia—, quien vive desde hace 10 años en la torre con los dos más pequeños y su madre, quien sufre de prolapso.

Yarcelis no trabaja. Se mantiene con la ayuda que le envía su hija mayor y la madrastra de sus hijos, además de la limosna que pide. “Yo quisiera irme para donde me den porque imagínate. Con tantas cosas, a veces a uno le da depresión, porque uno a veces no tiene ni pa’comer, aunque uno tenga internet”, dice. Sin embargo, no ha intentado salir por sí misma: “Siempre he estado esperando, porque aquí dicen que si uno habla o dice algo… Le meten miedo a uno, pues. Son muchas cosas”.

La puerta del Pomarrosa se cierra con llave después de las 10 de la noche y nadie puede entrar o salir. Los vecinos comparten baño con otras 20 personas a pesar de que no llega el agua todos los días y tienen prohibido abrir las ventanas. “Nos tienen aquí como si fuéramos unas cucarachas”, dice Yarcelis.

El día del doblete sísmico, por ejemplo, las familias vivieron las réplicas encerradas. “Ellos están viviendo en unos cubículos adscritos a una institución del Estado y tienen que tener una autorización por escrito de nuestra institución para poder salir de noche o recibir visita, porque no son propietarios”, explica Marioxis Barrios, funcionaria de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos.

El Gobierno del Distrito Capital tiene en esta situación a 398 familias distribuidas entre cinco refugios —para personas damnificadas, en lugares que serían temporales— y cuatro albergues —que son invasiones permitidas por el Estado en edificios abandonados donde otrora funcionaban hoteles, aerolíneas, museos o bancos, y ahora viven personas con “casos sociales”—. Los albergues están custodiados por las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz) que creó Nicolás Maduro en 2019 para imponer control social y político en las comunidades, por lo que allí no existe la libre expresión.

En el albergue Posada de Catia, los niños que nacieron ahí juegan con una pelota que ya no rebota. Al fondo hay unos tanques de agua que usan también como piscina, y un vecino que tiene dos cochinos, un par de gallinas y unos patos que conviven junto con todos los demás. “Cuando me salga la casita, a lo mejor los mataré”, dice Raúl, quien vivía en el sector Federico Quiroz de Catia hasta 2010, cuando se le derrumbó su hogar por otra riada.

José, su vecino, llegó por el mismo motivo con su esposa embarazada. “De aquí ha salido mucha gente, pero esto se paró el 28 de julio (de 2024) por la vaina de las elecciones. Yo me imagino que en ese momento empezaron a mover otras teclas”, dice refiriéndose al fraude electoral que desató una ola de represión sostenida por parte del gobierno.

 “No sé con exactitud cuándo va a llegar mi turno, porque hay que entender que esto no puede suceder de la noche a la mañana y, gracias a Dios, no estoy debajo de un puente”, dice, sin hacer mucho más. “Estamos esperando. La única gestión que voy a hacer es cuando me digan que busque mi casa”.

Jessica es la vocera principal del albergue Casa Taller, también en Catia, donde ahora se hospedan 21 familias. “Muchas se fueron del país y solo le entregaron vivienda a dos, en los Valles del Tuy, pero yo tengo la intención de que me den vivienda en Caracas, por el trabajo de mi esposo y la enfermedad de mi hija, que tiene parotiditis crónica y sialoadenitis. Además, parece que tengo lupus, entonces irse uno comprometido con la salud a otro estado no es lo ideal”.

El lugar tiene un mes sin agua y, aun así, los baños son compartidos entre 12 personas. Sin embargo, Jessica anhela que construyan las viviendas dentro del mismo albergue: “Nos han dicho que quieren hacer aquí una Sala de Autogobierno, para que funcionen los Cupaz. Pero aquí cabemos todos”, dice.

 En julio, el gobierno de Delcy Rodríguez entregó 200 viviendas a damnificados del doblete sísmico, a tan solo tres semanas del suceso. Por eso, los refugiados de edificios como el Pomarrosa y la Casa Taller hicieron su denuncia a través de TikTok, pero la respuesta solo ha sido el anuncio de otro censo a las familias y una advertencia: “Se informa que hay refugios y albergues con particularidades donde han realizado videos y llevan a cabo acciones de desacato, los cuales no serán aceptados y serán activados bajo la acción legal”.

Los refugios y albergues en Caracas son lugares que muchos ciudadanos no saben que existen. Todos están ubicados en el Municipio Libertador —históricamente dominado por el chavismo— y la mayoría de estos edificios tienen filtraciones importantes y daños postremotos que no han sido atendidos.

 Sus habitantes no solo tienen miedo de que no se les dé respuesta, sino de que, si la exigen, sean enviados a vivir en peores condiciones de las que tienen actualmente. Por eso hay cierta anestesia en sus palabras, que hablan de esperanza aun con la mirada perdida de tanta espera. Jessica se lo deja a la fe: “Hay que tener paciencia y pedir para que nosotros salgamos beneficiados, porque no tenemos recursos para comprar una vivienda. Tenemos que confiar en Dios: llegará la oportunidad”.

El País de España

Venezuela se está convirtiendo en un importante campo de pruebas para las ambiciones hemisféricas de Donald Trump y está emergiendo como otra potencial fuente de rivalidad con China, publicó Bloomberg

Después de anunciar planes para tomar el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas de crudo de Venezuela, la administración Trump dejó claro que esto era solo el comienzo. Lo que viene es una campaña para desplazar a China y a potencias como Rusia, a las que la Casa Blanca ha denominado “actores extranjeros malignos”, en un esfuerzo por garantizar que “el dominio estadounidense en nuestro hemisferio nunca vuelva a ser cuestionado”.

 El siguiente punto en la agenda de Washington es un intento de reestructurar la deuda de Venezuela, que incluye miles de millones de dólares adeudados a China. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, declaró el miércoles que Pekín no tendrá ningún derecho sobre los ingresos provenientes de la nueva producción venezolana, cortando así uno de los canales utilizados para efectuar los pagos.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela a China se desploman en medio de la toma de control de EE. UU.Estados Unidos ha presentado su campaña como el capítulo más reciente de la “Doctrina Donroe”, incorporada a la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que sostiene el derecho unilateral de Estados Unidos a impedir que potencias rivales posean o controlen “activos estratégicamente vitales”.

Bajo ese enfoque, tomar los yacimientos petroleros venezolanos de manos de empresas chinas representa una oportunidad geopolítica para alinearlos con los intereses de Washington.

China ha reducido su exposición a Venezuela en los últimos años y Trump probablemente tendría dificultades para replicar en otros lugares la escala de sus acciones en Venezuela. Por ello, para Pekín, las implicaciones son más políticas que económicas.

Un Estados Unidos más intervencionista corre el riesgo de chocar con los intereses más amplios de China en América del Sur, afirmó Christian Reyes, analista de riesgo político radicado en Pekín y originario de Ecuador.

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“Venezuela no necesariamente constituye un precedente para la expropiación directa, pero puede ser un precedente para la exclusión mediante coerción”, afirmó. “Estados Unidos está cada vez más dispuesto a definir partes de la relación económica de la región con China como una cuestión de seguridad y a utilizar su considerable influencia para hacer cumplir esas líneas rojas”.

China enfrenta una prueba de la “Doctrina Donroe” en América LatinaLa reacción de China hasta ahora ha sido relativamente moderada. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó el jueves durante una rueda de prensa habitual en Pekín que los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela “deben ser protegidos”.

“La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el derecho internacional”, agregó. “No concierne a ningún tercero”.

A las puertas de la primera visita de Estado del presidente Xi Jinping a Estados Unidos en más de una década, prevista para este mes, funcionarios de las principales economías del mundo buscan evitar grandes enfrentamientos, incluso mientras mantienen disputas sobre asuntos que van desde los desequilibrios comerciales hasta el respaldo económico de Pekín a Teherán.

Sigue sin estar claro hasta qué punto los proyectos vinculados a China están incluidos en el acuerdo de concesión por 100 años anunciado por Washington. Las autoridades estadounidenses y venezolanas no han identificado públicamente los yacimientos incluidos en el acuerdo.

El gobierno estadounidense negoció esta semana una participación del 35 % en North American Blue Energy Partners, empresa privada del empresario venezolano Alejandro Betancourt, obteniendo acceso a 17 yacimientos petroleros locales.

El acuerdo “hace menos probable que la deuda sea pagada en el corto plazo”, afirmó Michal Meidan, jefe de investigación sobre energía china del Oxford Institute for Energy Studies.

“Será interesante ver si este tema se plantea siquiera a finales de este mes durante la reunión entre Trump y Xi, pero lo dudo”, añadió.

El comercio bilateral entre China y Venezuela alcanzó su máximo en 2012Para Pekín, Venezuela se ha convertido en una fuente de energía menos importante en los últimos años. El crudo venezolano representó apenas el 4 % del total de las importaciones de petróleo de China en 2025.

No se han registrado cargamentos venezolanos llegando a China desde que la administración Trump asumió el control de los activos tras la captura, a comienzos de este año, del entonces presidente Nicolás Maduro.

El golpe más importante podría recaer sobre los miles de millones de dólares de deuda con bancos chinos, vinculados a barriles de petróleo que no fueron entregados.

Aunque Caracas dejó de publicar información detallada sobre esas obligaciones después de su incumplimiento soberano de 2017, se estimaba que la deuda total con China ascendía a al menos 10.000 millones de dólares en 2025.

Esa cifra ya había disminuido considerablemente respecto a su máximo histórico.

China comenzó a financiar proyectos venezolanos de infraestructura y energía en 2007, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Los datos disponibles públicamente sugieren que los bancos estatales chinos habían concedido al país más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo para 2015.

A medida que las sanciones estadounidenses contra Caracas se intensificaron durante los años siguientes, China se convirtió en el mayor comprador de crudo venezolano y en su principal acreedor extranjero.

Empresas estatales, entre ellas China National Petroleum Corp. (CNPC), matriz de PetroChina Co., y China National Offshore Oil Corp., desarrollaron proyectos de petróleo y gas en la Faja del Orinoco y otras zonas del país.

Empresas privadas chinas, entre ellas Concord Resources, también invirtieron en participaciones de activos de producción.

Pero el entorno operativo se volvió cada vez más difícil a medida que la economía venezolana se deterioraba y las instalaciones de producción operaban muy por debajo de su capacidad prevista.

Estos movimientos se aceleraron después de que Estados Unidos sancionara al sector petrolero venezolano en 2019, aunque algunas empresas conjuntas chinas heredadas y personal contratado, incluidos trabajadores de CNPC, podrían permanecer todavía en Caracas.

Esto significa que las afirmaciones de que Estados Unidos está recuperando yacimientos petroleros de manos de adversarios extranjeros probablemente no tendrán un impacto enorme sobre las empresas chinas, que ya habían reducido su presencia a medida que evolucionaban las prioridades estratégicas de Pekín.

La inversión china en Venezuela se desplomó durante el gobierno de MaduroEl golpe más fuerte podría recaer sobre las refinerías chinas, que ya están sufriendo interrupciones en sus suministros procedentes de Irán.

Las procesadoras independientes de la provincia de Shandong, en particular, han dependido durante mucho tiempo del crudo pesado venezolano como materia prima para la producción de betún.

La pérdida de esos suministros ha reducido la oferta en el mercado interno de betún, contribuyendo a impulsar fuertemente al alza los precios de los contratos de futuros.

Según los analistas, para la mayoría de las empresas y acreedores chinos presentes en Venezuela, los riesgos de hacer negocios en el país ya eran ampliamente conocidos, por lo que la última convulsión no debería representar una sorpresa.

“América del Sur ha sido durante mucho tiempo una encrucijada geopolítica donde los intereses de China y Estados Unidos se cruzan y, en ocasiones, chocan”, afirmó Liao Na, fundadora de GL Consulting, una firma especializada en investigación energética.

“Dada la importancia que ambas potencias conceden a Venezuela, la fricción es prácticamente inevitable cada vez que sus intereses se superponen”.

 El "histórico" acuerdo petrolero firmado entre Washington y Caracas, que permitirá a Estados Unidos operar campos petroleros, genera dudas y suspicacias entre la población ante el hermetismo estatal, pero también esperanza por una anhelada recuperación económica.

El presidente Donald Trump informó la víspera que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

Venezuela detalló que el trato involucra 17 "campos estratégicos" y una inversión privada de 100.000 millones de dólares, destinados a revitalizar la deteriorada industria del país con las mayores reservas petroleras probadas en el mundo.

La negociación despierta inquietudes entre adeptos al chavismo, al concretarse en medio de la fuerte presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

"No sabemos a quién va a favorecer eso, si es a Venezuela o a ellos (Estados Unidos)", dice a la AFP Jesús Salazar, un trabajador de seguridad privada de 68 años. "Tengo mis dudas, pero hay que esperar a ver qué va a pasar", confiesa.

Pese a la suspicacia de algunos militantes, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ratificó este sábado su apoyo a la decisión.

"Acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos", reza un comunicado publicado por el PSUV.

Presionada por Washington, Rodríguez impulsó en los últimos meses reformas para los sectores del petróleo y la minería que abren estas industrias, otrora celosamente controladas por el Estado, al capital privado especialmente extranjero.

A la vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras que había impuesto durante la administración de Maduro.

La producción petrolera reaccionó con un aumento del 29,8% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, aún lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado.

El acuerdo busca recuperar esos picos de producción, pero analistas coinciden en que solo pasará en el largo plazo.

"El aumento de producción no se verá por lo menos (en) tres, cuatro años", estima el ingeniero Oswaldo Felizzola.

Este especialista petrolero ve con buenos ojos que Estados Unidos funja como un "garante" para las inversiones en Venezuela, que no ha logrado atraer grandes capitales en más de una década.

"Si no fuese así, esos campos no serían explotados en los próximos 10 o 15 años porque Pdvsa (Petróleos de Venezuela) no tiene los recursos económicos para hacerlo", apunta el profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración.

Una operación de tal magnitud puede acelerar la ansiada recuperación económica en Venezuela, aún golpeada por la brutal contracción de 80% que sufrió entre 2014 y 2021.

Es la esperanza de muchos venezolanos que apenas sobreviven con un salario mínimo mensual equivalente a 0,16 dólares y bonos estatales que alcanzan hasta 240 dólares mensuales, muy lejos de los 730 dólares que cuesta la canasta alimentaria, según estimaciones privadas.

"Si quieren el petróleo de acá, de Venezuela, tienen que pagarlo al costo que está, porque no es que Venezuela les va a regalar el petróleo", sostiene Carlos Baco.

Este trabajador público de 74 años espera que con estos ingresos petroleros, la economía mejore. Su bolsillo no ha sentido el efecto del aumento de la producción en los últimos meses.

"Hasta el momento no se ha visto nada, el consumo y la comida más cara (...) suben el dólar y suben los artículos, sube todo, el transporte, todo. Esto es imposible aquí", relata.

- Más dudas que certezas -

Delcy Rodríguez, quien calificó como "histórico" el acuerdo, adelantó que se prevén ingresos de 204.000 millones de dólares en tributos, pero no precisó ganancias por otros conceptos como las regalías.

Los escuetos detalles compartidos por las autoridades de Venezuela y Estados Unidos impiden medir correctamente su impacto.

Un aluvión de comentarios inundó las redes sociales con opiniones mixtas y alegatos que pasan por la pérdida de la soberanía, escasas ganancias y costos políticos.

Para el analista Elías Ferrer, la mera existencia de las inversiones es una buena noticia, a pesar de las condiciones.

"Sin lugar a dudas esto es mejor que antes, porque antes ese petróleo no se estaba explotando, si nadie lo está explotando, nadie está pagando regalías y nadie se beneficia de eso", comenta.

Estados Unidos impone las condiciones de la negociación, pero el beneficio para Venezuela dependerá de la implementación del acuerdo.

"¿Podría ser mejor que este acuerdo? Muy probablemente sí", añade Ferrer.

"Si todo se hace bien (...) será una gran oportunidad para Venezuela de ver resurgir su sector petrolero", opina la abogada Dolores Dobarro, exviceministra venezolana de Energía.

A casi ocho meses de la caída de Nicolás Maduro, la sensación para muchos venezolanos es agridulce. Celebran su captura y una brisa de libertad, pero sienten que la crisis que pulverizó salarios y obligó a millones a migrar continúa.

Marbelis Daliz y su esposo Arlindo Da Silva tienen una tienda de repostería donde lidian con una asfixiante inflación y cortes eléctricos por el colapso de los servicios, males crónicos del país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

"Después del 3 de enero tuvimos una expectativa y una felicidad que decíamos ya, Venezuela cambió", cuenta Marbelis a la AFP mientras prepara con prisa una pavlova para un cliente con el temor de que un apagón la deje a oscuras.

Pero "lamentablemente la realidad nos aplastó", añade.

Sus ganancias apenas cubren los costos, pero se niega a rendirse. "La economía es un desastre", afirma esta repostera de 54 años, aunque aún no pierde las esperanzas de un cambio real.

La economía venezolana sufre desde 2019 una dolarización de facto ante la descomunal devaluación de su moneda.

Con la tutela estadounidense del país, muchos esperaban una lluvia de dólares, pero la inflación anual en bolívares se acerca al 575%.

También es alta la inflación en dólares, pero no hay cifra oficial para 2026. El año pasado fue de 35%.

A los venezolanos los siguen "matando los aumentos de precios", cuenta Zaida Mujica, una activista social de 61 años.

Tenía "muchas esperanzas" sobre lo que haría Estados Unidos tras derrocar a Maduro. Pero "se llevaron al dictador y no a la dictadura (...) No ha pasado nada que beneficie al pueblo", lamentó.

Tras la caída de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos y nueva legislación para la minería, con el objeto de atraer inversión externa.

Pero el venezolano de a pie sigue atado a precarios salarios en un país donde la canasta alimentaria se ubicó en julio en más de 700 dólares, según el centro de estudios Cendas.

Rodríguez ajustó en abril en 240 dólares el ingreso de los trabajadores del gobierno, pero el salario mínimo es de apenas 130 bolívares mensuales, unos centavos de dólar.

La producción diaria de petróleo de Venezuela aumentó casi 29,8% desde enero, según cifras oficiales.

"Un cambio político era importantísimo, necesario, pero no es suficiente para generar estabilidad y crecimiento macroeconómicos", dice José Manuel Puente, académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

El experto considera que mientras el país mantenga "la inflación más alta del mundo" no habrá bienestar.

Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro tras bombardear Caracas y zonas aledañas, Javier Chacón y su esposa Delia, ambos costureros de 44 años, celebraron puertas adentro, temerosos de la represión que marcó sus 13 años de mandato.

"Lógicamente pensamos que iba a haber un cambio", cuenta Javier a la AFP en Quinta Crespo, un mercado popular de Caracas. Pero todavía "estamos sobreviviendo", asegura.

Para colmo de males, dos terremotos el 24 de junio que dejaron más de 6.500 muertos y cientos de edificios en ruinas agravaron la situación, en especial en La Guaira, destino turístico vecino de Caracas que fue devastado.

El apartamento de Carmen Ramírez, comerciante de 40 años que vende artículos de aseo en una plaza de Caracas, sufrió daños.

"Tienes que salir y seguir luchando", se consuela mientras acomoda su mercancía en la parte trasera de su camioneta que usa como vitrina y almacén.

- "El monstruo sigue vivo" -

Marbelis Daliz palpa un cambio: la pérdida del miedo luego de una época de silencio marcada por arrestos masivos tras la reelección de Maduro en 2024, que la oposición denunció como un fraude.

En su local impregnado por el olor de pasteles de cambur recién horneados celebra que ahora la gente se atreve a protestar.

"Yo no me atrevía ni a colocar un post sobre política en Instagram, ahora sí, ahora pongo ¡qué chévere que Maduro se fue!", señala.

Desde hace meses, maestros, trabajadores de la salud, familiares de presos políticos e incluso militantes de izquierda se manifiestan en plazas públicas.

Además, se inició un diálogo político entre el gobierno interino y un sector opositor auspiciado por Washington con miras a una transición democrática.

Sin embargo, para venezolanos como Jerry Ostos, expreso político de 56 años liberado en marzo, el miedo sigue latente. El gobierno "sigue manteniendo presos por opinar distinto", señala.

Purgó dos años de cárcel por mostrar una pancarta con un mensaje contra Maduro y debe presentarse a tribunales cada mes porque el expediente por magnicidio sigue abierto.

El gobierno dice haber excarcelado a 1.046 presos políticos desde enero, pero según la ONG Foro Penal casi 400 siguen tras las rejas.

"El monstruo todavía está vivo", dice Ostos.

AFP

Luego de días de escarbar entre los escombros en Colombia, casi dos meses en el caso de Venezuela, ambos países apenas están cerrando la primera etapa tras la tragedia que representan los sismos que sacudieron sus territorios. 

Ahora comienza el proceso de reconstrucción, lo que no estará exento de obstáculos para ofrecer soluciones habitacionales y de servicios básicos.

El desafío requiere tener en cuenta las experiencias previas y de países vecinos, todos en peligro de enfrentar un desastre natural similar. Pero el riesgo sísmico no es la única similitud para los países de una región marcada por la desigualdad socioeconómica.

Los desastres naturales del pasado mostraron que la atención a las víctimas que quedaron sin hogar puede incluso profundizar esas diferencias estructurales.

“La reconstrucción debe tener en cuenta el cierre de brechas entre departamentos y municipios con poca capacidad institucional y fiscal”, dijo a CNN el economista Jhorland Ayala García, investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República de Colombia. “Si los recursos de reconstrucción no tienen en cuenta las brechas preexistentes, entonces se pueden profundizar desigualdades históricas”, advirtió.

La organización Save The Children, con operaciones desplegadas en varias de las zonas más afectadas de Colombia y que también trabaja atendiendo la crisis en Vevnezuela, comentó esa problemática.

“El terremoto está relevando las diferentes Colombias que hay en una misma Colombia. Es un país demasiado inequitativo”, declaró a CNN María Mercedes Liévano, directora ejecutiva de la ONG en el país.

“En ciudades como Cali, la respuesta fue más inmediata, con mayor capacidad de articulación. En algunos territorios muy afectados. principalmente el Chocó, Valle del Cauca o Buenaventura, la ayuda ha sido más difícil, exacerbando necesidades profundas que ya venía presentando”, agregó.

Tanto la interrupción de las telecomunicaciones que impidió elevar una alerta temprana sobre la situación, como la posterior demora en llegar, hizo que la primera asistencia se concentre en los lugares acceso, como las cabeceras departamentales “Poco a poco se van dando cuenta de que había comunidades totalmente aisladas. Hay lugares donde solo se llega en lancha o la infraestructura vial no es buena. Además, hay temas de violencia, presencia de actores armados”, explicó Liévano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó más de 127.000 viviendas averiadas y 26.000 destruidas. En cuanto a infraestructura y servicios, hay más de 300 centros de salud afectados, 3.200 centros educativos y 4.000 centros comunitarios.

Liévano destacó que la tragedia “va a interrumpir el acceso a educación a 390.000 niños y niñas”, que en muchos casos podrían tener una interrupción prolongada por la destrucción en las escuelas. Para muchos, la educación virtual no es viable por la falta de medios.

Niños miran una escuela destruida por el terremoto en la comunidad indígena de Unión Chocó, cerca de Istmina, en Colombia.Niños miran una escuela destruida por el terremoto en la comunidad indígena de Unión Chocó, cerca de Istmina, en Colombia. Germán Membache Peña/UGC/via Reuters“Cuando se pierde la escuela, que actúa como espacio seguro, tenemos que garantizar que la tragedia no interrumpa el acceso seguro a la educación”, dijo. “(Los niños) tienen que recuperar rutinas, sentir seguridad. Es triste que sean tantas sedes educativas y es triste las condiciones en las que estaban”, añadió. También, dijo que la niñez tiene afectaciones “no siempre tan visibles”, sobre todo en el plano emocional, y advirtió los riesgos del proceso de reunificación familiar, ya que en ocasiones menores que perdieron a sus padres pueden ser entregados a personas sin tener confirmado el parentesco.

En el plano sanitario, los campamentos de refugiados y las montañas de escombro siempre son un posible foco infeccioso o de condiciones insalubres, lo que requiere atención inmediata para evitar profundizar una crisis humanitaria.

“El sistema de salud de Buenaventura está totalmente colapsado, operando más allá de su capacidad”, dijo Liévano.

El historiador Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá y experto en gestión urbana, habló sobre los desafíos de la atención a los damnificados: “La reconstrucción es una tarea muy grande que enfrenta hoy un vacío. El Gobierno aún no es consciente de ello, está penando con sus ritmos de siempre, es muy lento reconstruyendo”.

Desde una perspectiva regional, analizó: “El problema que tenemos en América Latina es que la gran mayoría de los estados, y Colombia no es la excepción, son tremendamente ineficaces. Primero, hay una incompetencia: buena parte de las instituciones estatales llevan décadas sin ser reformadas, el estado fue desmantelado y prácticamente no tiene capacidad de hacer. El otro problema es que muchos de los contratos públicos son asignados para obtener sobornos, en la medida en que la corrupción es el sistema. Son los dos grandes riesgos”.

El Gobierno de Colombia anunció el viernes el Plan Milagro de Reconstrucción, con una primera fase abocada a la “reacción inmediata y el diagnóstico definitivo de las afectaciones”. También dijo que la reconstrucción se realizará bajo el programa Vivienda Milagro, que contempla la articulación con la Cámara Colombiana de la Construcción para identificar los proyectos de vivienda social que se encuentren en condiciones de entrega inmediata.

 El Ministerio de Vivienda afirmó que el plan “tendrá un componente especial para las familias rurales, con el fin de que la reconstrucción no se concentre únicamente en los centros urbanos y pueda responder a las características productivas, sociales y territoriales de las familias campesinas”.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica y el lunes anunció que la reconstrucción costará unos US$ 9.5000 millones, aunque todavía no hay detalles sobre de dónde saldrán los fondos del paquete fiscal, para tener un cuadro sobre cuánto aportaría el Gobierno Nacional, cuánto las entidades territoriales y cuánto provendrá de cooperación, banca multilateral y el sector privado.

Flórez enfatizó que la atención de la emergencia requiere otro tipo de herramientas más allá de los ministerios, a los que criticó por su lentitud en procesos de contratación y riesgo de corrupción. Como ejemplo positivo en el país, mencionó el antecedente del terremoto de 1999, cuando se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), que atendió 32 zonas de intervención bajo gerencias específicas. “Con todos los defectos, funcionó relativamente bien. El asunto es que el Gobierno no ha asumido cuál es el nuevo instrumento que sea eficaz y salga de una burocracia anquilosada”, comentó.

 El investigador, que hizo hincapié en los problemas de la construcción informal para la población que no tiene acceso a créditos, dijo que “apenas se está conociendo el tamaño de la destrucción en viviendas campesinas y en escuelas del campo”, y afirmó que un programa de largo aliento no solo debería atender las viviendas dañadas, sino toda aquella que no tiene recaudos antisísmicos, lo que requeriría inversiones aún mayores y de largo plazo, una decisión que recae en un Gobierno que prometió austeridad fiscal.

“Parece paradójico, pero es la inercia que hay en el mundo”, dijo Flórez. “El criterio con el que se pretende reformar los estados que se habían extendido mucho es que el sector privado podía hacerlo mejor, pero en Colombia una parte es ordeñador del Estado, viven de las rentas públicas. No son un sector capitalista de riesgos, no es el caso que produzcan beneficios. Se le pide muy poco a la hora de entregar obras”, apuntó.

La trabajadora social anticipó que las ciudades volverán a mostrar una mejor capacidad de respuesta por la posibilidad de articularse en contraste con los pueblos alejados. “El abandono histórico es de décadas, allí va a ser más difícil. Se requiere una respuesta que supere la respuesta inmediata”.

Si la ayuda demora en llegar, o si lo hace con soluciones de corto plazo, hay altas posibilidades de que las comunidades vuelvan a instalarse en viviendas de materiales precarios y seguir expuestos a una nueva tragedia.

Liévano volvió a Colombia en los últimos días ya que todavía seguía en Venezuela atendiendo la situación por el doble terremoto del 24 de junio que dejó más de 6.400 muertos. “Cada país tiene sus propios retos. Lo que podemos aprender del caso venezolano es la importancia de actuar lo más pronto posible, articular esfuerzos y entender que las necesidades se van a ir profundizando después del shock inmediato”, explicó.

 Además, con lo observado en La Guaira y lo que ya está registrando en Colombia, pidió poner especial atención a las mujeres embarazadas. “Es un grupo que suele quedar por fuera de la atención, con riesgos grandes de mortalidad”, indicó.

La tragedia en Venezuela, con diferente magnitud, se concentró en un estado del país, mientras que en Colombia el impacto se repartió en varios departamentos, lo que grafica que la emergencia no siempre tiene las mismas características.

El lunes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó 48 nuevos apartamentos en Caracas a familias afectadas y tiene la meta de llegar a 4.000 para fin de año, aunque va en 335, según datos del Ministerio de Vivienda.

Entre las 59.000 edificaciones que no se desplomaron y fueron evaluadas por las autoridades, más de 24.000 no están habitables.

 La urbanista Zulma Bolívar, docente de la Universidad Central de Venezuela que en los últimos días estuvo en La Guaria, contó a CNN que en varias zonas se nota el avance de la remoción de escombros y que hay presencia de expertos de países como Chile y Nueva Zelanda especializados en infraestructura, pero destacó: “Seguimos viendo la punta del iceberg en términos de la posible recuperación”.

Sobre las lecciones que se actualizan y acumulan tras cada tragedia, la investigadora afirmó: “Tenemos que ser más estrictos en el cumplimiento de la normativa de desarrollo urbano, que la gestión de riesgo tiene que estar incorporado a la gestión de la ciudad; que la respuesta inmediata no existe si no estamos organizados, estar preparados para un evento que no sabes cuándo va a suceder”.

Bolívar también habló sobre la necesidad de no repetir errores del pasado. “El término reconstrucción es algo que no deberíamos utilizar, no queremos reconstruir lo que no estaba hecho. Hay que saber dónde no debías construir, saber que esos avisos técnicamente habían estado sobre el tapete y no se tomó la debida cuenta, que hubieran podido evitar o disminuir la dimensión de la catástrofe. Es uno de los grandes aprendizajes”, subrayó.

Como ejemplo, también dijo que la gobernanza podría plantear una nueva división política de las parroquias en alcaldías “para que haya un control mayor sobre el espacio”, y también reconocer las diferencias entre el este y el oeste de la región, para no aplicar los mismos parámetros.

Sobre la posible disposición de las autoridades a aplicar las recomendaciones de los expertos, comentó: “La academia observa, evalúa e investiga el deber ser de las cosas, las buenas prácticas. Al final, quien toma la decisión es el Estado nacional. (…) La emergencia a veces mata lo importante. El tema vivienda, reubicación, refugios temporales es la prioridad. Pero hay que ver cada una de las decisiones que se tomen no vayan a ser obstáculos a futuro para posibles potencialidades que tenga la zona, que por la premura no las tomes en consideración. Hay que darse el tiempo para un diagnóstico integral del desastre”, dijo.

El Gobierno espera tener a fines de septiembre, con ayuda de expertos de la ONU, un plan oficial de reconstrucción que marque la hoja de ruta.

“Hay experiencias latinoamericanas para bien y para mal”, dijo el historiador Flórez. En el caso de Chile, afirmó que tiene “un nivel menos pavoroso de corrupción”, mientras que sobre México destacó que “ya está entre las 10 economías más grandes del mundo y tiene recursos considerables”.

“El lío es que mientras señalamos a Venezuela con el dedo, no vemos que en Colombia también hay problemas gravísimos. Me preocupa que no estamos aprendiendo las lecciones”, agregó, al hablar de los terremotos y otros desastres ambientales que el país enfrentó décadas atrás.

“La capacidad de aprendizaje para hacer más eficiente al estado es peligrosamente reducida, hay altísimas probabilidades de que cada tragedia natural que ocurra provoque destrozos así. (…) Se dejó al Estado sin muelas, sin colmillos. No puede actuar de manera eficaz, todo debe subcontratarlo”, agregó.

Con información de CNN

¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó en junio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer.

La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron más de 6.300 muertos, según el último saldo oficial.

Salvo algún hallazgo milagroso, más de 40 días después de la tragedia se consideran "desaparecidas" a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros.

Los partes oficiales han indicado la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los sismos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.

En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

"Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto", dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.

"Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando" escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.

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Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.

Fue un "error", estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. "Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000", añadió.

Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales, porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.

El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.

Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.

Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló a finales de julio de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.

Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.

Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.

Según la página "Venezuela Te Busca", unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 "quedan por localizar".

El sitio "Desaparecidos Terremoto Venezuela" data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen "sin contacto".

Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 "desaparecidos".

La fuente diplomática aplaudió la "buena voluntad" de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.

En "eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido", advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.

El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.

Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.

"Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz", lamentó este policía de 50 años.

"Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos" por recuperar de entre los escombros, afirma.

Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.

AFP

 Una reciente operación policial en el norte de Brasil reveló cómo la banda de origen venezolano Tren de Aragua estableció presencia en el país y adaptó su modelo de expansión criminal mediante alianzas, publicó el portal investigativo Insight Crime.

En junio, la policía del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, desmanteló una estructura del Tren de Aragua que operaba en Brasil y presuntamente utilizaba el estado como corredor para traficar armas hacia otras zonas del país. También estableció alianzas con grupos criminales locales para lavar dinero procedente de la minería ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Las autoridades realizaron incautaciones en Amazonas, otro estado del norte de Brasil, así como en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná, al sur y sudeste del país.

Capturaron a 13 personas y congelaron 429 millones de reales (unos US$82 millones) en cuentas bancarias y activos financieros vinculados a presuntos integrantes de la red.

Las pruebas recabadas durante la investigación indican que el Tren de Aragua trabajaba con el Comando Vermelho (CV) o Comando Rojo, la segunda organización criminal más grande de Brasil, recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos.

La alianza ilustra un método diferente para la banda venezolana. En lugar de consolidarse como un actor criminal dominante, como lo ha hecho en otros países, el Tren de Aragua parece estar aliándose con bandas locales en Brasil para ampliar su alcance y sus ganancias.

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El desmantelamiento de la red del Tren de Aragua en Brasil demuestra cómo el grupo ha ganado terreno en el país en los últimos años.

El Tren de Aragua presuntamente suministraba armas adquiridas en Estados Unidos, Colombia y Venezuela a integrantes del Comando Vermelho en Amazonas y Río de Janeiro. Con frecuencia recibía cocaína como forma de pago, que la banda luego vendía en Roraima, explicó a InSight Crime el coronel de la Policía Militar, Francisco Xavier.

En otros casos, las armas eran pagadas en efectivo, por lo que el Tren de Aragua estableció un sistema de lavado de dinero mediante empresas fachada. Según Xavier, el grupo trabajaba con la misma red que creaba empresas fachada para el Comando Vermelho.

Estos colaboradores frecuentemente operan como intermediarios, sin vínculos con organizaciones criminales específicas. “Cuando aparece un gran operador financiero [criminal], suelen prestar servicios a más de un cliente. Están en el mercado y ofrecen sus servicios a quien les contrate”, dijo a InSight Crime Anchieta Nery, director de Operaciones Integradas e Inteligencia de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp).

 La presencia del Tren de Aragua en Brasil se ha concentrado en Roraima, que limita con el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Bolívar ha sido durante años un bastión del Sindicato de Las Claritas, una banda dedicada a la minería con estrechos vínculos con el Tren de Aragua a través de su cofundador Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”.

El pequeño pueblo de Las Claritas, ubicado en el municipio Sifontes, se convirtió en un refugio para el Tren de Aragua después de que una intervención estatal expulsara al grupo de su centro de operaciones en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, en 2023.

Los perfiles detrás del crimen organizado en América LatinaSiga de cerca las noticias sobre los narcotraficantes, combatientes y líderes de pandillas más notorios de la región, de la mano de la fuente más confiable de la región sobre crimen organizado. Suscríbase a nuestro boletín semanal.

 La policía de Roraima afirma que el Tren de Aragua se ha expandido en Brasil desde 2018, aprovechando las olas de migrantes venezolanos que llegaban al país para afianzarse en nuevos territorios. Las actividades de lavado de dinero del grupo se extienden ahora a los estados del sur y sudeste de Brasil.

En otras partes de América Latina, el modelo de expansión del Tren de Aragua consistió en crear células y apoderarse de economías criminales locales mediante el uso de violencia extrema y la explotación de migrantes venezolanos. Sin embargo, en Brasil, el grupo ha adoptado un enfoque diferente.

Con la ola migratoria que cobró fuerza en 2015, millones de venezolanos abandonaron su país y la mayoría se asentó en Colombia, Chile y Perú. El Tren de Aragua los siguió y comenzó a obtener ganancias del tráfico de migrantes y la trata de personas.

En Chile y Perú, el grupo encontró mercados ilícitos listos para ser explotados, entre ellos la extorsión, el comercio sexual y la venta de drogas al menudeo. Había poca competencia local, fuerzas de seguridad poco preparadas y grandes diásporas venezolanas que vivían en los márgenes de la legalidad y, por tanto, eran vulnerables a la explotación.

Al principio, la expansión del Tren de Aragua en Brasil pareció seguir un patrón similar. Su presencia se concentró inicialmente en la frontera y siguió las rutas migratorias. Roraima ofrecía un centro financiero para lavar dinero y mover de contrabando mercancías y minerales extraídos en Venezuela, como ya hacían otros grupos venezolanos dedicados a la minería ilegal.

A diferencia de los otros países, donde las nuevas células del Tren de Aragua se multiplicaron y extendieron rápidamente, su avance en Brasil fue contenido, de una manera similar a lo ocurrido en el saturado mundo criminal de Medellín, Colombia, por actores del crimen organizado más grandes y poderosos: el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC). Roraima está controlado principalmente por el PCC, la organización criminal más grande y poderosa de Brasil.

En Brasil, en cambio, el Tren de Aragua parece haberse expandido como proveedor de servicios. El grupo ha aprovechado su alianza con el Comando Vermelho para operar y ampliar sus actividades en el país a través de redes, sin invertir en células armadas ni necesitar control territorial o monopolizar los mercados criminales.

“Existe una simbiosis identitaria entre el Tren de Aragua y el Comando Rojo. Los miembros de la banda venezolana incluso piden permanecer en los mismos pabellones carcelarios que el Comando Vermelho”, dijo a InSight Crime Wesley Costa de Oliveira, jefe de la Policía Civil de Roraima a cargo de la investigación.

La alianza entre el Comando Vermelho y el Tren de Aragua ha permitido a ambas organizaciones ampliar su alcance. Según Xavier, el Comando Vermelho está ganando fuerza en el norte gracias a las armas y el apoyo logístico proporcionados por la banda venezolana.

Datos de un informe de 2025 del Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP) muestran que el Comando Vermelho ha más que duplicado su presencia en la región amazónica desde 2023.

“Estamos viendo a miembros del PCC ‘romper la camiseta’ [desertar] para unirse al Comando Vermelho. Si bien el PCC sigue siendo la fuerza dominante en Roraima, el Comando Vermelho está ganando terreno y prestigio de manera significativa gracias al apoyo venezolano”, afirmó Xavier.

Con información de Insight Crime.

"Ser pobre en una zona de desastre es una tragedia en sí misma. Quizás no se te cayó la casa, pero se te cayó la vida". Con esta frase, Omar Zambrano, fundador y economista jefe de ANOVA Policy Research, retrata una dimensión poco visible de la catástrofe provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio en Venezuela.

Mientras las cámaras y la atención pública se concentraban en el devastador paisaje de las edificaciones derrumbadas a lo largo de la franja costera del estado La Guaira, otra tragedia se extendía silenciosamente entre más de cien mil personas que ya vivían en condiciones de alta vulnerabilidad en esa zona. Son ciudadanos que, sin haber perdido necesariamente su vivienda, vieron derrumbarse sus ingresos, medios de subsistencia, acceso a servicios vitales como agua, saneamiento y electricidad, así como a la educación, la salud y el transporte.

Así lo revela el estudio "Doblete sísmico: población vulnerable, distribución de daños y priorización territorial en La Guaira”, publicado el pasado 23 de julio por ANOVA Policy Research. Al cruzar la evaluación satelital de daños en edificaciones del Microsoft AI for Good Research Lab con un Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), el estudio encontró que el mapa territorial de daños físicos no coincidía con el mapa de la fragilidad social de las poblaciones del litoral guaireño.

 Esta disparidad, señala el informe, constituye un insumo determinante en el diseño de una respuesta calibrada, oportuna y pertinente para todas las víctimas de la tragedia: "Si la estrategia de política pública y la movilización de recursos de cooperación internacional atienden exclusivamente las zonas de devastación física causada por los terremotos, quedarán estructuralmente desatendidos los efectos sociales del colapso del circuito económico de La Guaira".

Omar Zambrano, coautor del estudio de ANOVA, conversó con Deutsche Welle sobre las conclusiones más relevantes de esta investigación, algunas de las políticas públicas que podrían derivarse de sus hallazgos y las debilidades estructurales del Estado venezolano para diseñar e implementar este tipo de respuestas.

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El estudio de ANOVA estima que, antes del doble sismo, 187.305 de los 310.592 habitantes de las siete parroquias de La Guaira vivían en condiciones de vulnerabilidad social. La reconstrucción, por tanto, tendrá lugar en un territorio donde la fragilidad social no es marginal, sino la condición predominante.

Para identificar prioridades y tipos de atención, los investigadores cruzaron los datos de vulnerabilidad social con los de daño físico y clasificaron los resultados en cuatro grandes cuadrantes.

En un extremo se encuentran los cuadrantes III y IV, que agrupan a los sectores de menor urgencia relativa. El cuadrante III reúne a 59.766 personas, equivalentes al 19,2 por ciento de la población. Concentrado principalmente en el corredor costero de segundas residencias turísticas, corresponde a hogares ubicados en zonas de alto daño físico, pero con una mayor capacidad para absorber pérdidas de ingresos. El cuadrante IV, por su parte, agrupa a 32.920 personas con baja vulnerabilidad y bajo daño físico.

 En el otro extremo aparece el cuadrante I, donde se produjo la tormenta perfecta. Allí se concentran 105.681 personas, equivalentes al 34 por ciento de la población analizada, con una alta vulnerabilidad social y un elevado nivel de daño físico. Según el estudio, este es el grupo de atención más urgente, ya que combina necesidades de refugio y reposición habitacional con requerimientos inmediatos de protección social.

Pero el hallazgo más llamativo del estudio se encuentra en el cuadrante II. Aquí se concentra el grupo más numeroso: 112.225 personas que habitan en zonas de alta vulnerabilidad social, pero con bajo nivel de daño físico. Representan el 36,1 por ciento de la población analizada. Para ANOVA, estas personas constituyen el grupo con mayor riesgo de ser desatendidas si la respuesta estatal se concentra exclusivamente en las viviendas destruidas.

Zambrano sostiene que, a pesar de que miles de personas de este grupo conservan su hogar, han visto desaparecer de un momento para otro sus medios de vida. "Gran parte de la fuerza laboral de La Guaira trabaja para instituciones públicas, para la gobernación, la alcaldía, el puerto o el aeropuerto. Esas cuatro instituciones están básicamente inoperativas o funcionan apenas parcialmente después del terremoto", afirma el economista.

A ello se suma el impacto del sismo en la economía informal y en las actividades vinculadas con el turismo. "Hay mucha gente que vivía del comercio informal, de las ventas en la playa o de las actividades relacionadas con el carácter turístico de la zona. Todo eso se murió", sostiene Zambrano, quien advierte que esa parte del circuito económico de La Guaira podría tardar años en recuperarse.

De acuerdo con el estudio, estos hogares vulnerables que conservaron su vivienda, pero perdieron sus medios de vida, requieren políticas urgentes de protección social y recuperación productiva diseñadas específicamente para su situación.

El primer paso, según Zambrano, debería ser levantar un registro directo de la población afectada que permita identificar quiénes perdieron sus ingresos, qué actividades económicas quedaron interrumpidas y cuáles hogares enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas. También sería necesario localizar, dentro de ese universo, a los hogares con niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Para proteger temporalmente los ingresos de los afectados, el economista propone un programa de transferencias monetarias directas, durante al menos un año, para compensar parcialmente ese deterioro económico. En el caso de los empleados públicos, plantea una política de reubicación temporal a otras tareas de la administración o del propio proceso de reconstrucción.

La recuperación también debería proteger a los negocios que sobrevivieron. Con base en la experiencia del terremoto de Haití, Zambrano advierte que una asistencia basada exclusivamente en la distribución gratuita de bienes puede terminar desplazando a comerciantes y productores locales, incapaces de competir con productos entregados sin costo. Por ello, sugiere canalizar una parte de los fondos de reconstrucción y ayuda a través de los comerciantes, transportistas, posadas, restaurantes y proveedores locales que sigan en pie.

Como lo señala el informe de ANOVA, los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias humanas y económicas no lo son. Ante eventos de magnitud semejante, la mortalidad, las pérdidas y la velocidad de recuperación dependen en buena medida de la capacidad institucional del Estado para producir información, establecer prioridades y ejecutar respuestas oportunas.

Venezuela enfrenta esta tragedia con capacidades institucionales profundamente debilitadas. La falta de estadísticas territoriales actualizadas —Venezuela no publica una encuesta de hogares confiable desde 2015— sumada al deterioro de los equipos técnicos limita el diseño y la implementación de políticas focalizadas. Zambrano lo resume de manera categórica: "Es imposible que, bajo el actual estado de las cosas, este Gobierno pueda llevar a cabo una reconstrucción efectiva bajo criterios técnicos, siguiendo la evidencia. Están navegando a ciegas."

Esta debilidad institucional, advierte Zambrano, amenaza con amplificar las consecuencias del desastre. Si las familias que conservaron sus viviendas, pero perdieron sus medios de vida, no reciben un apoyo estatal decidido e inmediato, muchas podrían desplazarse hacia otras regiones o sumarse a una nueva ola migratoria. La despoblación privaría a La Guaira de trabajadores, consumidores y emprendedores indispensables para reconstruir su economía y terminaría agravando la tragedia que las políticas públicas estaban llamadas a contener.

Con información de DW

Terremotos como los del 24 de junio en Venezuela quiebran vidas, arrasan barrios y universos enteros. El sismo doble dejó, según cifras oficiales hasta el momento, más de 4.700 muertos. Y un balance oficial del 7 de julio informó de 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Ante las imágenes de devastación, la gran pregunta es qué tipo de construcciones pueden proteger vidas.

 En países con sismos frecuentes como Chile, por ejemplo, con cada terremoto se ha perfeccionado el conocimiento sobre esas estructuras y hoy en día el país está a la vanguardia en ingeniería antisísmica.

BBC Mundo habló con dos expertos chilenos reconocidos a nivel internacional en este tema. El ingeniero civil estructural Juan Carlos de La Llera, actualmente rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló avances en técnicas sismorresistentes utilizadas en distintas partes del mundo. Y Eduardo Kausel es profesor emérito del Departamento de Ingeniería Civil del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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Existen dos grandes filosofías para el diseño de este tipo de estructuras, y cada una tiene una respuesta diferente, señala De La Llera.

En la filosofía convencional, que es la que está en la gran mayoría de las normativas sísmicas del mundo, en un terremoto muy severo «la estructura puede sufrir daño, puede quedar esencialmente inutilizada, pero no puede colapsar, precisamente para evitar el gran problema que hemos visto en las estructuras en La Guaira en Venezuela, donde se produce el colapso y las personas quedan atrapadas y fallecen directamente por aplastamiento».

En la filosofía de diseño más moderna, en cambio, en un sismo muy severo, «el edificio esencialmente no debería sufrir daño y debería quedar incluso operativo en la mayoría de las veces».

Esta segunda opción incorpora en edificios técnicas como los aisladores sísmicos y los disipadores de energía.

De acuerdo a De La Llera, estas técnicas reducen el movimiento de una estructura durante un sismo entre 8 y 10 veces.

«Introduce en la estructura elementos que tienen dos funciones. Una es aislar la estructura del suelo, como si la hicieras colgar desde el cielo para que el suelo se mueva libremente y no le pase nada a la estructura. La otra es incorporar dentro de esa estructura elementos que absorben la energía, que es la que produce el daño en el edificio».

Los edificios sismorresistentes convencionales se refuerzan con técnicas tradicionales. Hay numerosos factores a tener en cuenta, pero De La Llera y Kausel dieron a BBC Mundo ejemplos de algunos principios básicos.

El miembro estructural de hormigón o concreto ( ya sea una viga, columna, o pared resistente) debe contener una cantidad adecuada de lo que se conoce como «enfierradura».

«Si está hecha solamente de concreto, al someterla a una carga, esta tendrá una característica frágil y se agrietará y quebrará como si fuese de vidrio. Pero al agregarle barras de fierro y someterla a esa misma carga, el material se transformará en uno que permitirá deformación, que tendrá ‘ductilidad’, la capacidad plástica para resistir la deformación sin romperse», explica Kausel.

Esa combinación de hormigón y enfierradura es lo que comúnmente se llama hormigón armado.

Kausel demuestra el concepto de enfierradura con una tiza de pizarrón. Si intentamos doblarla, la tiza se rompe. Pero si la envolvemos por ejemplo en cinta scotch, al intentar doblarla, resiste.

«Ese es el papel que hace la enfierradura que está dentro del concreto. Pueden aparecer fisuras, pero no se desarma», afirma Kausel.

Debe haber además una correcta adhesión entre el fierro y el hormigón, ya que de lo contrario los fierros se deslizarían.

Las barras deben tener el tamaño y número suficientes, además de estriaciones —una superficie áspera que da buen agarre al hormigón— y rodearse de «estribos».

«Supongamos que tenemos una columna circular. Los fierros generalmente van en la periferia, no en el centro. Pero además, cada cierto espacio, cada 30 o 40 cm, dependiendo de las normas, tiene que haber un estribo, que es un fierro circular que amarra a estos fierros».

Es esencial «confinar» el hormigón adecuadamente de esa forma, es decir, amarrar bien la enfierradura con estribos o cinturones de acero para que las barras no se «pandeen» (se desplacen lateralmente al ser comprimidas), ya que eso causaría una falla frágil, señala el experto del MIT.

«A veces le agregan al hormigón más agua de la que se debe porque es más fácil trabajarlo. Eso hace un concreto muy débil. O tiene mucha arena. O no lo trabajaron bien», señala Kausel.

«Y tiene que haber un control de calidad, tomar muestras del hormigón en distintas partes para asegurarse de que satisface las especificaciones y es resistente».

En el caso de Chile, explica, tiene códigos muy rigurosos y con muy control de calidad al respecto.

Las construcciones deben tener un corazón muy fuerte de muros estructurales en ambas direcciones, norte-sur y este-oeste.

Por ejemplo, señala Kausel que algo que es «fatal» y puede quebrar un edificio es el «primer piso no rígido o flexible», el típico a ras de suelo en el que se quitan muros para crear espacios amplios para comercios o estacionamientos.

«En un terremoto es lo primero que se rompe. Eso se vio una y otra vez en Turquía».

En Chile, agrega, si se hacen estacionamientos, «pero hay un enjambre de muros resistentes también. No está todo abierto.»

De La Llera destaca la importancia de que la losa, el elemento que separa dos pisos, esté bien conectada a los elementos perimetrales.

«Si hay conexiones que son muy débiles, eso también es muy peligroso».

En el diseño sismorresistente es clave la atención al detalle, apunta Kausel.

«Cómo usted hace la unión de las columnas con las vigas, las losas. Si no está todo bien anclado y continuo, si hay una discontinuidad que es débil, ahí se concentran los daños y eso puede propagarse por el resto del edificio».

De La Llera y su grupo patentaron numerosos avances en esta tecnología más moderna, que han aplicado en construcciones desde Perú a Nueva Zelanda.

«La gran mayoría de los edificios fueron diseñados, o co-diseñados por la empresa SIRVE, de la cual la Universidad Católica participa como dueña, dado que las tecnologías son de la universidad», señala el ingeniero.

«Lo primero que viene en un edificio es que tú excavas el suelo y generas lo que se llaman los cimientos o las fundaciones, que son como los zapatos de la estructura», explica el experto.

«En un edificio convencional a partir de esa cimentación nace toda la estructura, que está fija al suelo».

Cuando se colocan a nivel de la cimentación aisladores sísmicos, en cambio, es como si el edificio estuviera «sobre patines».

 «El dispositivo es igual que una torta de milhojas. Tiene capas de goma natural, de acero, goma, acero, goma, acero, y tú formas una torta vulcanizada, que se trabaja en temperatura y en presión. Es como un patín, muy flexible horizontalmente, pero muy rígido verticalmente, porque si fuera blando verticalmente el edificio con su peso se aplastaría».

Cuando el suelo se mueve durante un terremoto, el edificio se desliza.

«Si el edificio ‘patina’ respecto de la base, el terremoto no es capaz de introducirle energía adentro para que vibre, porque lo que produce la vibración es la energía que le transmite el movimiento del suelo».

Los aisladores sísmicos pueden colocarse incluso en edificios ya construidos. Su uso no es obligatorio en Chile, pero prácticamente todos los hospitales del país ya están aislados sísmicamente.

«En Chile se exigió esto porque tienen que quedar operativos. En Turquía en 2023 fue terrible, cayeron una cantidad enorme de hospitales y no tenían dónde recibir a los pacientes».

«En Perú también pasa con los hospitales, pero no el resto de las estructuras».

Y, explica, que en Japón es algo totalmente común en todos los edificios.

La otra técnica moderna es la de los disipadores de energía, que según explica De la Llera funcionan como el amortiguador de un auto.

Cuando hay un bache en un camino, la rueda se mueve, pero ese efecto no es transmitido a la cabina donde va el conductor porque hay un amortiguador entre la rueda y la carrocería del vehículo.

«En un edificio con disipadores de energía pasa exactamente lo mismo. Aquí el edificio está fijo al suelo, igual que en la técnica convencional. Pero cuando en un terremoto el edificio empieza a oscilar y los pisos comienzan a desplazarse unos respecto de otros, el disipador absorbe esa energía e impide que la deformación entre los pisos sea grande y el daño se reduce sustancialmente».

Kausel señala que un ejemplo de aplicación de disipadores de energía es la Torre Costanera Center en Santiago de Chile, que con 62 pisos y 300 metros de altura es el edificio más alto de Sudamérica. «Sobrevivió el Gran Terremoto del Maule de 2010 (de magnitud 8.8) sin grietas ni daño ninguno».

Es crucial realizar estudios geotécnicos del suelo antes de construir. Los suelos blandos en particular pueden causar graves problemas.

La Guaira, por ejemplo, una de las zonas más afectadas en Venezuela, «es una zona de rellenos aluviales y por lo tanto el suelo amplifica mucho el movimiento», señala De La Llera.

El ingeniero explica el efecto de un suelo blando con la analogía de un tazón lleno de gelatina.

«Piensa que el tazón representa la parte dura o firme del suelo. Si mueves el tazón, la gelatina se mueve mucho más, es decir, el movimiento se amplifica».

De la misma forma, un movimiento en la roca que puede haber sido de baja intensidad «al encontrarse con este suelo, que es como esa gelatina, produce una amplificación enorme».

Kausel explica que «cada edificio tiene una manera de vibrar como las cuerdas de un violín. Y el sismo también tiene lo que se llama frecuencias dominantes, la razón a la cual se mueve lateralmente».

«En los edificios de mucha altura», agrega, «la manera de vibrar de un lado a otro es muy lentamente».

El tiempo que tarda un edificio en esa oscilación es lo que se conoce como periodo.

Si hay una sintonización entre la frecuencia o periodo de la estructura, con la frecuencia del suelo, «produce un fenómeno muy, muy dramático, que es la resonancia, y eso hace que los edificios amplifiquen enormemente el movimiento», explica De La Llera.

Kausel señala que «en algunos casos, si el suelo no es muy malo, se puede reforzar, inyectar cemento, poner pilotes».

 Los estudios geotécnicos son fundamentales también para detectar el riesgo de un fenómeno llamado «licuefacción».

«El suelo tienes que imaginarlo como una especie de panel de abejas cuando lo miras en forma microscópica. Es una composición de sólidos, de aire y de agua», explica De La Llera.

«Imaginemos en forma sencilla que cada uno de los paneles de los elementos estuviera lleno de agua. Eso se llama un suelo que está saturado».

«Y cuando un suelo está saturado hay un momento en que el movimiento del suelo hace que la presión del agua que está dentro simplemente destruya toda la resistencia que tiene».

«Eso se llama licuefacción, y es cuando un suelo se transforma en un fluido».

Es posible bombear o extraer agua del suelo saturado para evitar este problema. Pero si hay licuefacción debajo de un edificio, «el edificio se vuelca».

Tanto De La Llera como Kausel señalan que las imágenes de edificios colapsados en Venezuela indican fallas de construcción.

«Las imágenes que yo he visto muestran algunas falencias estructurales grandes. Basta mirarlas para darse cuenta de que falta enfierradura, faltan elementos que confinen el hormigón. Eso me llamó mucho la atención», señaló De La Llera.

«Que los pisos están uno arriba de otro, eso es netamente una falla estructural».

«Lo que pasó en Venezuela es realmente una tragedia gigantesca», agrega el experto.

 Para Kausel, que haya habido dos sismos fuertes consecutivos no basta para explicar el «gigantesco daño».

«Fueron intensos, pero de magnitud bastante común en países propensos a terremotos. La duración combinada fue de 90 segundos, mucho menor que la de sismos fuertes en otras regiones del mundo.

«Para mí obviamente hay defectos de construcción».

El experto del MIT señala que dos cosas le llamaron poderosamente la atención al ver videos de Venezuela.

«La primera es que había escombros que no mostraban enfierradura ninguna, y la segunda es que en la mayoría de los edificios derrumbados sí se veía acero, pero era como espagueti. Eso no debería ser».

«Esos espaguetis deberían tener pedazos de concreto roto, pero pegado al fierro. Y no es así. Eso me indica que no había adhesión entre la enfierradura y el hormigón. Y si eso es así, entonces el fierro no ayuda a resistir».

«Eso puede haberse debido a que los fierros carecían de estrías, o que el concreto tenía mucha agua o demasiada arena, o no estaba bien compactado, lo que hace que no haya adhesión».

El uso de aisladores sísmicos y disipadores de energía debería ser más frecuente, señala De la Llera.

«En los 25 años que llevo haciendo investigación en todo este tema se ha avanzado mucho, pero es increíble que esto no sea un estándar como los frenos ABS en un auto. Nohay razón técnica para que no ocurra, económicamente hay soluciones al mismo costo y las ventajas son enormes».

Y explica que en Chile se desarrollaron muchas técnicas propias para reducir el costo de aislar viviendas sociales.

«Hace una diferencia absolutamente sustantiva. Es como tener una vacuna contra una gran enfermedad donde realmente tú sabes que estás protegido».

Vista de Santiago en la que destaca por su altura la Torre Costanera CenterKausel ofrece una reflexión final: «las normas están para ser cumplidas y no son decoración».

«Las cosas toman su tiempo, preparar los materiales, hacer los estribos como deben estar, confinar la estructura como deber ser… No se puede ignorar la realidad científica».

«Si no se construye bien, cualquier cosa puede pasar. En el sismo de 2023 en Turquía murió mucha gente y cayeron muchos edificios porque estaban mal construidos, incluso edificios nuevos de lujo se vinieron enteros abajo».

La calidad del trabajo, concluye, es fundamental.

«Como dicen en el MIT, ‘no hay sustituto para la excelencia’, y todo hay que hacerlo de la mejor manera posible».

«No se saca nada con tener en papel normas que establecen cómo hacer algo muy resistente si no se aplican y la calidad de la construcción no es buena».

Con información de BBC

Naciones Unidas lanzó un llamado urgente para recaudar casi 300 millones de dólares de ayuda para Venezuela, tras el doble terremoto de hace dos semanas, y el país pidió la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción.

Hay enormes necesidades luego de uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio, que ha causado más de 3.800 muertos y dejado a decenas de miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher el miércoles en una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros.

"Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias", dijo.

El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya necesitaban ayuda.

Justo antes del doble sismo, este plan solo había obtenido 115 millones de dólares, pero con un nuevo flujo de contribuciones ahora suma 300 millones.

Fletcher indicó que todavía faltan 627 millones de dólares para hacer frente a "necesidades urgentes" en el devastado país caribeño.

A la vez, durante la reunión virtual de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, reclamó la liberación de fondos de su país congelados en el extranjero.

"Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizarlos en la recuperación", dijo Gil.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reclamó más tarde por el oro de las reservas internacionales de Venezuela que está depositado en el Banco de Inglaterra.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", declaró en referencia a los lingotes valorados en unos 1.900 millones de dólares.

También pidió recursos al Fondo Monetario Internacional, donde Venezuela tiene 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente.

Los fondos venezolanos están congelados desde hace años por el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, y llevado a Nueva York acusado de narcotráfico.

Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, asumió entonces el gobierno de manera interina.

Naciones Unidas ha estimado que los terremotos provocaron daños por unos 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos internacionales de rescate han terminado en su mayoría los intentos por encontrar sobrevivientes, pero las familias aún escarban entre las ruinas en un intento por recuperar los cuerpos.

En el sector Caraballeda de La Guaira, tres familias se sentaron el miércoles en una esquina a la espera de donaciones, luego de caminar algunos kilómetros en busca de comida y agua.

Los jefes de familia son trabajadores informales y con el terremoto se quedaron sin sustento y sin dinero.

"No sé hasta cuándo vamos a estar así. Por lo menos hoy nos dieron algo de arroz, espaguetis y unas sardinas, y aquí vamos juntando cositas para llevar", comentó a la AFP Stefani Garate, de 26 años, quien solía vender dulces de coco en la playa.

Génesis Ramírez, de 34 años, peluquera, busca a sus sobrinas entre los escombros de un edificio.

"¿Cómo no voy a tener esperanza cuando de este mismo edificio sacaron a un niño de meses con vida? ¿Cómo puedo perder la fe? No la puedo perder. Hasta que uno no ve el cuerpo, uno no pierde la fe. Esto ha sido muy duro, es horrible, horrible. Nadie viene a ayudarnos, tenemos muchos muertos acá todavía", se lamentó.

Casi una docena de retroexcavadoras trabaja para retirar los escombros de los edificios del complejo de viviendas OPP, donde varias torres se derrumbaron por completo.

Solo algunos familiares siguen allí, aferrados a la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Hay muchas moscas y el olor a cuerpos en descomposición impregna el aire. Una mujer llora desconsolada sobre una bolsa negra.

"Ahora lo que queda es rescate de cuerpos", dice un militar.

Con información de AFP