En solo 24 horas, María Corina Machado no pudo subirse a un barco que la sacara de Panamá hacia Venezuela. Ni a un vuelo a la isla caribeña de Aruba que nunca despegó.

 Tampoco prosperó un último intento de volar hacia la isla de Curazao. Las puertas se cerraron una detrás de otra ante lo que era el quinto, el sexto y el séptimo intento de la opositora por volver a su país desde que en diciembre salió clandestinamente para recoger el Nobel de la Paz.

La odisea de Machado —otra— salía a la luz mientras su archienemiga Delcy Rodríguez se reunía en Nueva York con Donald Trump. Eran dos imágenes opuestas que ilustran la impensable situación en la que está sumida Venezuela desde hace ya casi nueve meses. 

Por un lado, la presidenta encargada, chavista y antiimperialista, agradeciendo y sonriendo al presidente que se llevó detenido a su jefe una madrugada de enero. Por el otro, la líder de la oposición que más lazos tiene con Washington, fracasando en su enésimo intento de participar en la supuesta transición que vive su país. El contraste era tan perfecto que es difícil creer que fuera casual.

 Nadie dice públicamente quién impide entrar a Machado. Su hija Ana Corina advirtió de que hay “muchas fuerzas de por medio”, pero no quiso entrar en detalles. El secretario de Estado, Marco Rubio, se hizo el desinformado cuando le preguntaron por los tres intentos fallidos: la llamó valiente y desvió la conversación hacia su deseo de que los ocho millones de venezolanos que están fuera regresen a su país. Washington niega que exista veto alguno, pero todos coinciden en que esto se resuelve con una llamada de la Casa Blanca. “El único que tiene el poder para hacer que no pueda entrar es Estados Unidos”, resume un veterano dirigente opositor ya retirado. “El chavismo puede pedirlo como condición, pero la decisión de aceptarla es de Washington”.

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Machado atraviesa hoy una de las situaciones más complejas de su larga carrera política. Se marchó de Venezuela hace nueve meses en una huida de película con ayuda de Estados Unidos y desde entonces los acontecimientos se han acelerado de una forma que nadie previó. 

El mismo Trump que capturó a Nicolás Maduro unas semanas después de ayudarla ahora aparece encantado de hacer tratos con Delcy Rodríguez y no muestra ninguna prisa por que se convoquen elecciones. En su breve encuentro de Nueva York, Trump le planteó a Rodríguez que Venezuela debe celebrarlas, pero no le habló de plazos, según el portal Axios. Mientras, se seguirán cerrando muchos negocios millonarios.

La opositora protagoniza una batalla contra el chavismo, pero también contra su irrelevancia. La dirigente que más lejos llegó en su apuesta por Washington —hasta regalarle al presidente estadounidense la medalla del Nobel— está siendo apartada mientras otros sectores de la oposición se sientan a hablar con el chavismo. La mesa de negociación que se instaló con el Gobierno y que ha impulsado Estados Unidos no es la suya. Tampoco son sus condiciones. “La misma fuerza que ella invocaba cuando decía ‘no podemos solos’ es la que ahora impide que ella avance en su proyecto político”, resume el analista de Crisis Group Phil Gunson. “Es una ironía del tamaño de un rascacielos”.

Machado estaba instalada en Ciudad de Panamá desde hace tres meses, cuando Estados Unidos frustró dos intentos anteriores después del sismo que asoló Venezuela el pasado 24 de junio. Dos periodistas de confianza, de ABC y NTN24, debían documentar la odisea —o el bloqueo— de su retorno, pero esas imágenes que muchos venezolanos esperan quedaron de nuevo en nada. Todo su entorno insiste en que volverá. De una u otra forma. Sola o acompañada de una delegación internacional. “Tengan la confianza de que va a pasar”, pidió su hija.

Ella misma volvió a prometerlo este sábado: “Hay muchos intereses sobre Venezuela y hay actores que pretenden postergar una situación de sumisión. Voy a regresar muy pronto y espero que podamos contar con las voces de todos ustedes elevando la urgencia de un proceso electoral y que los que estén en el exterior puedan votar”, afirmó Machado en el Foro Internacional Virtual: ¿Dónde está y a dónde va la Democracia? “En las próximas semanas se va a definir el futuro de Venezuela, confíen en el pueblo de Venezuela”, añadió.

ADVERTISEMENTPromesa incumplidaEl desgaste al que está sometida es inevitable. “Ella sistemáticamente promete volver, venir, enfrentar, confrontar, y no lo ha hecho, y llega un momento en el cual esa promesa se agota”, dice Ángel Álvarez, profesor de Ciencias Políticas. “Los venezolanos siguen hablando de su valentía y determinación, pero el problema viene cuando se pregunta sobre su capacidad de cumplir con lo que promete”, plantea Gunson. “Ahí está su talón de Aquiles y hasta el político más simpático, si no cumple, pierde apoyo”.

Su partido la espera sin condiciones. “María Corina lo que piensa lo dice y lo que dice lo hace, y dijo que iba a entrar al país y la vamos a esperar”, defiende a EL PAÍS el coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviárez, rodeado de su equipo. Asegura que los bloqueos, lejos de desmoralizar, multiplican su compromiso.

El chavismo, mientras tanto, saborea su triunfo. A Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, se le ha oído decir en más de una ocasión: “El principal problema de la oposición —y nuestra mejor ventaja— es que promete demasiadas veces cosas muy concretas que no puede cumplir”.

El oficialismo niega que le esté cerrando el paso y afirma que incluso ha dejado de temer su regreso. Que podría suponerle incluso una ventaja. “El chavismo ahorita está muy seguro de decirle que venga porque el pacto con los americanos ya fue cerrado”, dice una voz cercana al Palacio de Miraflores. “La que no quiere venir es ella, porque se va a quemar”, defiende. Esta fuente argumenta que, una vez dentro, Machado tendría que sostener la movilización durante meses sin dinero ni logística y sin nada concreto que ofrecer a un país preocupado por los apagones y por llegar a fin de mes. “Cuando la gente vea que ella llegó y no puede cambiar las cosas, va a ser peor. Por lo menos estando fuera tiene la excusa de decir: ‘Es que no me dejan”.

El chavismo, en cualquier caso, sigue cargando contra la opositora porque pretendía viajar con un pasaporte panameño, lo que para ellos significaría que renunció a su nacionalidad venezolana. No es cierto. Como millones de refugiados en el mundo, Machado puede portar un documento de viaje (emitido por razones humanitarias) que no implica un reconocimiento de la nacionalidad del país que se lo emite.

En Venezuela, todo el arco político, excepto los chavistas, cuestiona lo fundamental: a una ciudadana venezolana se le está impidiendo volver a su país. “Se está negando el ejercicio del derecho de vivir en su país”, afirma el dirigente opositor retirado, crítico con Machado, pero convencido de que debe formar parte del proceso.

La opositora sigue siendo, de lejos, la política con más apoyo. “Las encuestas arrojan cifras muy distintas de popularidad, pero sea cual sea la cifra real, la diferencia es brutal a favor de María Corina”, dice Álvarez. Esta semana, tras conocerse sus intentos frustrados de salir de Panamá, cientos de venezolanos marcharon en varias ciudades del país para pedir su regreso.

Machado se enfrenta a un dilema casi irresoluble. Para conservar su capital político, debe volver y, para volver, parece inevitable romper con Trump, y romper con Trump es justamente lo que no puede hacer. “Está a medio centímetro de esa ruptura, pero no da el paso final”, dice Gunson. “Quien fue a la Casa Blanca a entregarle su medalla del Nobel y a repetir que era Trump quien de verdad la merecía, difícilmente puede sostener ahora que es ese mismo presidente quien le cierra el paso”, reflexiona Álvarez.

Pero en Venezuela, como se ha demostrado a lo largo de su historia, todo puede cambiar de forma imprevisible. Y como dice el dicho latinoamericano: “En política no hay muertos”.

El País de España

Estos días, María Corina Machado se despierta a las 6 de la mañana en el apartamento prestado de un amigo, cerca de la costa del Pacífico, y se prepara un café fuerte.

Después, vuelve a planificar la mayor apuesta de su vida: regresar a Venezuela para impulsar nuevas elecciones.

 “No puedo liderar el proceso desde el extranjero”, dijo Machado en una rara entrevista presencial concedida el mes pasado en Ciudad de Panamá. “Ha llegado el momento de regresar”.

Desde que salió de Venezuela disfrazada en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, Machado ha pasado nueve meses en el exilio elaborando una estrategia detallada para movilizar nuevamente a su movimiento político dentro del país. Planea utilizarla para impulsar una transición democrática, incluso mientras el presidente Trump respalda firmemente al gobierno interino que ella espera reemplazar y que ha concedido a Estados Unidos un amplio acceso al petróleo venezolano.

Su plan parte de la posibilidad de contar con la libertad de movimiento que le fue negada durante el gobierno de Nicolás Maduro, cuya salida del poder en enero, tras una operación militar estadounidense, abrió el camino para que Machado pueda eventualmente regresar. Su primer intento de reingresar a Venezuela en junio fue detenido abruptamente durante el vuelo, en medio de la oposición de funcionarios de Trump, quienes temían que su regreso pudiera alterar el acuerdo alcanzado con el gobierno interino respaldado por Estados Unidos o desencadenar disturbios.

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Desde entonces, se ha establecido en Ciudad de Panamá para preparar su próximo intento.

Aunque Machado está preparada para partir en cualquier momento, la fecha de su regreso sigue siendo incierta. La llamada para regresar podría llegar en diez minutos, diez días o incluso más tiempo, afirma. Está dispuesta a entrar a Venezuela por tierra, mar o aire. Sin embargo, la ruta de regreso es menos importante que lo que planea hacer una vez que esté allí.

Machado imagina sus primeros meses recorriendo los 23 estados de Venezuela, retomando la campaña por carretera que le permitió construir un movimiento de alcance nacional que derrotó a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, de acuerdo con resultados reconocidos por Estados Unidos y otros gobiernos, pero rechazados por Caracas. Ahora quiere reactivar esa red de base para impulsar una transición democrática frente a los aliados de Maduro que actualmente gobiernan el país.

“Me veo recorriendo todo el país, llegando incluso a las comunidades más pequeñas; sentándome, escuchando a las madres, a los trabajadores, a los agricultores, a los empresarios, a los conductores, a los estudiantes, a los profesores, a los médicos, a todos”, afirmó.

La prioridad de su equipo para el “día uno” será sentar las bases para celebrar rápidamente elecciones presidenciales, en las que Machado tiene intención de participar, incluida la actualización del registro electoral. Su equipo proyecta miles de asambleas ciudadanas en toda Venezuela, donde sus aliados planean utilizar códigos QR para recopilar las ideas de los venezolanos y emplear herramientas de inteligencia artificial para convertirlas en prioridades dentro de un plan nacional de transición.

Los integrantes de su partido, Vente Venezuela, han comenzado a salir gradualmente de la clandestinidad en los últimos meses. En junio, jóvenes activistas vinculados a su movimiento organizaron concentraciones bajo el lema “Elecciones Ya” en 16 estados, como parte de un esfuerzo para reconstruir la organización territorial.

Machado y su equipo aseguran que no se están limitando a hacer campaña. También están planificando activamente un eventual gobierno: identificando personas que podrían asumir el control de las instituciones del Estado después de una transición, incluyendo áreas como educación, salud, justicia, fuerzas armadas y economía.

Mientras Trump estrecha cada vez más su relación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Machado sostiene que ella y una Venezuela democrática serían aliados naturales de Estados Unidos. Afirma que ampliaría el intercambio de inteligencia con Washington, trabajaría con agencias estadounidenses y la Guardia Costera contra el narcotráfico y coordinaría con Colombia el desmantelamiento de grupos criminales en la frontera.

Machado también ha estado buscando atraer a inversionistas extranjeros. Algunos ejecutivos que evalúan invertir en Venezuela se han puesto en contacto con ella, según integrantes de su equipo, para buscar garantías de que los acuerdos alcanzados con el gobierno actual serían respetados durante una eventual transición.

“Les he dicho a todos: Vayan a Venezuela”, afirmó. “No les estoy diciendo que esperen”.

Cuánto de esa agenda podrá llevar a cabo Machado sigue siendo incierto. Regresaría a un país donde gran parte del Estado, incluido el aparato de seguridad, mantiene una posición hostil hacia ella.

Rodríguez ha advertido que Machado tendrá que “responderle a Venezuela” por haber respaldado la incursión militar estadounidense, mientras otros altos funcionarios han insinuado que tienen “una sorpresa” preparada para ella. “La estamos esperando”, dijo en junio el ministro del Interior, Diosdado Cabello, “pero más le vale venir rápido”.

En una llamada telefónica realizada en junio, Trump le dijo a Rodríguez que no actuara contra Machado ni interfiriera si ella regresaba, según personas familiarizadas con la conversación. Sin embargo, algunos integrantes de la Casa Blanca consideran que un regreso prematuro podría provocar una confrontación y alterar el plan de transición de la administración.

Machado y sus seguidores intentan cambiar esa percepción.

“Mi presencia en Venezuela no es un desafío”, dijo Machado, quien permaneció escondida durante más de un año antes de salir del país. “Parte de mi esfuerzo ha sido explicar que es exactamente lo contrario. Es una contribución al proceso”.

Los acontecimientos recientes han afianzado aún más la alianza de Washington con Rodríguez, la antigua vicepresidenta de Maduro. Trump ha anunciado un importante acuerdo petrolero negociado con el gobierno de Rodríguez y tiene previsto reunirse con ella durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la próxima semana, lo que le dará hasta ahora su escenario internacional más destacado.

Machado se ha mostrado cada vez más directa al referirse al gobierno con el que Washington ha decidido trabajar.

“Delcy Rodríguez representa el caos”, afirma Machado. “Todo lo que ha hecho, lo ha hecho mediante la coerción”.

También sostiene que el gobierno de Rodríguez es “absolutamente incompetente, incapaz de administrar siquiera una tienda de la esquina”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la oficina de Rodríguez no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El intenso debate sobre el regreso de Machado ha puesto de manifiesto diferentes visiones sobre cómo debería salir Venezuela de más de dos décadas de un gobierno cada vez más autoritario.

El extraordinario acuerdo petrolero anunciado por Trump el mes pasado ha complicado aún más la posición de Machado. El acuerdo otorga al Pentágono una participación del 35 % en una empresa privada con derechos sobre una quinta parte de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, mediante una asociación con Alejandro Betancourt, un controvertido empresario que hizo su fortuna durante los gobiernos de los expresidentes venezolanos Hugo Chávez y Maduro.

Un funcionario de la Casa Blanca elogió las relaciones “extraordinarias” con el gobierno de Rodríguez y afirmó que estas permitieron a Trump “asegurar el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

El hecho de que el acuerdo haya sido negociado con Rodríguez dificulta que Machado pueda respaldarlo. Sin embargo, atacarlo abiertamente significaría oponerse a uno de los principales logros de política exterior de Trump.

El equipo de Machado pasó meses, a comienzos de este año, recorriendo Washington para hacer campaña ante funcionarios y legisladores estadounidenses. También viajó por Europa, donde se reunió con varios líderes europeos y con el papa León XIV, quien le ofreció una recepción y un acceso de alto nivel habitualmente reservado para jefes de Estado.

Pero esperó para regresar a Venezuela, en parte siguiendo el consejo de funcionarios de la administración estadounidense que le recomendaron esperar.

Los dos terremotos del 24 de junio, que dejaron 6.500 muertos en Venezuela, marcaron un punto de inflexión para ella.

“Se abrió un abismo en nuestro país”, dijo Machado al describir un aumento de la indignación pública ante la deficiente respuesta del gobierno. “Para mí, algo se rompió definitivamente y eso aceleró todo”.

Trump inicialmente afirmó que Machado carecía del “apoyo” y el “respeto” necesarios para dirigir el país, aunque en ocasiones ha destacado su popularidad entre los republicanos de Florida. Durante una cena privada en Doral con el secretario de Estado Marco Rubio y algunos políticos locales en marzo, Trump la llamó por teléfono y puso la llamada en altavoz, según una persona presente.

“Todo el mundo te quiere aquí”, le dijo, según un video visto por The Wall Street Journal.

Algunos funcionarios de Trump creen que Machado todavía podría ganar fácilmente unas elecciones, especialmente debido al voto de los venezolanos en el exilio, según personas familiarizadas con las conversaciones, aunque algunos tienen dudas sobre su capacidad para gobernar. En particular, existen preocupaciones sobre su capacidad para mantener unidos los restos del antiguo sistema, incluidas las Fuerzas Armadas.

Machado también quedó fuera de las conversaciones sobre la transición respaldadas por Estados Unidos entre el gobierno interino y miembros de la Asamblea Nacional de 2015 controlada por la oposición, que Washington todavía reconoce como el último órgano legislativo democráticamente elegido de Venezuela.

Algunos sectores en Washington consideran que la prolongada ausencia de Machado puede ser positiva. La idea es que, si las cosas mejoran —si cesan los apagones, aumentan los salarios y mejoran las condiciones básicas— habrá menos presión para romper completamente con el sistema actual.

Algunos aliados de Machado temen que cuanto más tiempo permanezca fuera de Venezuela, más impulso pueda perder su movimiento.

“Me lo he cuestionado muchas veces”, dijo. “Obviamente, habría querido regresar hace mucho tiempo, y todo el mundo lo sabe”.

Por ahora, mantiene un perfil bajo. Al caminar con ella por las calles empedradas del histórico Casco Viejo de Ciudad de Panamá, es fácil entender por qué. Desde el vendedor de paletas en la plaza hasta los huéspedes de un hotel de cinco estrellas, es reconocida inmediatamente y rodeada de personas que buscan tomarse selfies y darle abrazos.

“La próxima vez que te vea, espero verte en Miraflores”, le dijo una persona durante una reciente salida, en referencia al palacio presidencial en Caracas.

“¿Cuándo vas a regresar?”

The Wall Street Journal

Los habitantes de San Cristóbal, una ciudad venezolana cercana a la frontera con Colombia, están hartos de los apagones diarios y aún más de que la electricidad que su estado produce se desvíe a Caracas.

Los cortes de electricidad agobian a varias regiones de Venezuela, cuando el país está urgido de aumentar la generación de energía para reflotar su sector petrolero y satisfacer la demanda de su población.

"Estoy de verdad harta, cansada y ahora veo que nosotros podríamos tener siempre luz pero hay que darle energía a la burbuja para que no se les bajen los barrios" populares a protestar, dijo irritada a AFP Josner Herrera, una secretaria de 38 años, refiriéndose a que las autoridades mantienen iluminada la capital para evitar manifestaciones.

La molestia de esta mujer aumentó cuando escuchó esta semana las denuncias de un dirigente político local.

El exdiputado opositor Heriberto Labrador dijo en un evento público que la termoeléctrica de Táchira genera unos 70 megavatios, capacidad suficiente para abastecer la demanda interna de la región, pero que gran parte se desvía al sistema interconectado nacional.

"Si sobra, pues se les da, pero aquí lo que hace falta es gobierno y que quiera lo mejor para el estado Táchira", dijo a la AFP después de hacer pública su postura.

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El político dice que hay localidades en el estado que sufren hasta 26 horas sin electricidad.

Los prolongados apagones "colapsan la actividad comercial y afectan gravemente la cadena de frío de los productores agropecuarios y ganaderos", con fuertes pérdidas, señaló.

El gobernador chavista, Freddy Bernal, con cuatro años en el cargo, evitó hablar sobre el tema cuando fue cuestionado por la prensa local.

Los cotidianos cortes de luz llevaron esta semana a pobladores a cerrar por las noches la carretera que comunica a Táchira con el estado de Barinas, con protestas en las que suenan cacerolas y bocinas de autos.

"¿Por qué tanto castigo con las quitadas de luz?", dice Irma Villasmil, de 48 años y subgerente de un banco en San Cristóbal.

"Esto es inaudito y qué burla hacia nosotros los tachirenses que venimos sufriendo años con esto y todavía tenemos los racionamientos solo porque Caracas no puede quedarse sin electricidad", señaló, al quejarse porque su nevera se ha dañado dos veces.

"Ya basta que, porque son capital, la provincia tenga que pagar los platos rotos. ¡Que injusticia!", enfatizó.

En los últimos meses, el gobierno interino de Delcy Rodríguez impulsó reformas en los sectores del petróleo y la minería, para atraer capital extranjero, pero estas industrias también consumen electricidad.

La mandataria, que gobierna bajo presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, envió al legislativo una reforma eléctrica, que aún no ha sido aprobada.

Rodríguez estableció además un convenio con Estados Unidos que le cede el 20% de las gigantescas reservas petroleras de Venezuela, además de otros contratos con grandes petroleras.

Y firmó acuerdos con empresas de electricidad trasnacionales como GE Vernova, para recuperar 5.000 megavatios en cuatro años.

Pero se trata de un gran desafío. Según el diputado opositor Ezio Angelini, Venezuela producía 20.000 megavatios promedio diarios y consumía alrededor de 12.000, antes de la llegada del chavismo al poder en 1999.

Actualmente, el país tiene una producción promedio de 12.000 megavatios y una necesidad de consumo de 14.000, dijo el parlamentario.

Durante una reciente visita a Venezuela, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió en la importancia de mejorar el sector eléctrico.

"La buena noticia es que ya existe hoy en Venezuela una enorme capacidad de generación eléctrica que no está funcionando" en infraestructuras, y  "bastante rápido" se "añadirán gigavatios de capacidad al sistema eléctrico venezolano simplemente reactivando parte de la infraestructura existente", dijo a AFP.

Sin embargo, los habitantes de Táchira y de otras regiones venezolanas se sienten desesperados.

A mediados de agosto hubo protestas en Barinas (oeste), mientras el calor y la humedad se hacían insoportables, e igualmente en Valencia, una ciudad a 170 km de Caracas.

Aunque el gobierno anunció en agosto una reducción de la jornada laboral en el sector público para "apaciguar" la crisis eléctrica, varios barrios de Caracas han empezado a sufrir los apagones.

AFP

La espera de cientos de familias en refugios temporales, a la espera de una solución habitacional, luego de un desastre natural, no surgió el 24 de junio, tras los terremotos. En Venezuela hay personas que llevan más de 10 años en esos lugares, sin que se haya solucionado el problema.

El diario El País, de España, hizo un reportaje sobre estas familias, el cual reproducimos a continuación.

 Hace unos años que Magdalena compró una vajilla que soñaba estrenar en la vivienda que pudiera otorgarle el Estado después de haberse quedado sin casa en 2012, cuando se deslizó la tierra en Catia, al oeste de Caracas, a causa de las lluvias, y su hogar se derrumbó junto con los de otras 60 familias. En ese momento fue a parar a un edificio abandonado de la avenida José Ángel Lamas, que ya era refugio de otras familias damnificadas. Algunas de ellas accedieron a una vivienda —incluso en La Guaira, que volvieron a perder después del terremoto—, pero Magdalena nunca pudo salir de ahí. En 2025, después de 13 años, murió en la espera, con su caja de platos aún sin estrenar.

Los refugiados que aún esperan por el otorgamiento de una casa por parte del Estado en Venezuela se han ido acumulando a lo largo de distintas tragedias. 

La más conocida fue el deslave en Vargas en 1999, que dio inicio a la ocupación de edificios abandonados y dejó el camino abierto para las víctimas que vendrían en los últimos 15 años: habitantes de construcciones no planificadas en barrios populares del oeste de Caracas y La Guaira, que sufrieron la caída de su casa o la declaración de inhabitabilidad a causa de las lluvias de los años que siguieron. Cientos de familias quedaron sin casa y sin una solución permanente.

Moraima, vecina de Magdalena, sube y baja todos los días cuatro pisos de ese mismo edificio —donde permanecen 10 familias refugiadas— a pesar de su artrosis, la inestabilidad en los ligamentos y el déficit de cartílago grado 4 que no le permite flexionar las rodillas.

 Este padecimiento le obliga a usar bastón, caminar más lento de lo que puede y rogar que no se caiga nada al suelo, pues no puede agacharse. Vive con su hijo Abraham —paciente de autismo severo, que apenas obedece algunas de sus órdenes— y su hermano, que tiene una enfermedad cardíaca y renal. “Si vuelve a temblar, corra por las escaleras”, le dijo uno de los ingenieros después de evaluar el estado de las columnas tras los terremotos. “¿Pero cómo corro con mi condición?”, se pregunta.

 Desde entonces, ya la preocupación no es solamente que le asignen una vivienda, sino el estado de la que habita ahora, a la que ella llama “espacio humanizado” porque no es un apartamento, sino una especie de cubículo al que, durante los últimos 14 años, ha agregado colchones, sábanas que dividen los espacios y algunos electrodomésticos.

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Hace unos años a Moraima le llegó la aprobación de un crédito de 8.000 bolívares (unos 10 dólares) para comprar una casa. Pero, a ese precio, solo consiguió ranchos en favelas a los que no puede acceder por su discapacidad. Desde entonces, espera o un crédito más elevado o un lugar más conveniente. Sin embargo, después de varias devaluaciones, además de que el dinero no le llega, el turno en el “mercado secundario”, que es el nombre del plan de activación de créditos para viviendas de refugiados, funciona casi como una lotería. Quién sabe cuándo le vuelva a tocar.

En la misma espera permanecen 110 familias que han llegado a la Torre Pomarrosa de Catia en los últimos 16 años en condiciones que no solo tienen que ver con desastres naturales. Hay desde afectados por operativos de supuesta seguridad llamados OLP hasta trabajadores del Estado o familias en situación de calle.

Yeiker García, tiende su ropa para secarla en el patio del refugio La Posada de Catia.Maxwell BriceñoEste último es el caso de Yarcelis, una mujer de 41 años y madre de 6 hijos —uno de ellos con autismo y microcefalia—, quien vive desde hace 10 años en la torre con los dos más pequeños y su madre, quien sufre de prolapso.

Yarcelis no trabaja. Se mantiene con la ayuda que le envía su hija mayor y la madrastra de sus hijos, además de la limosna que pide. “Yo quisiera irme para donde me den porque imagínate. Con tantas cosas, a veces a uno le da depresión, porque uno a veces no tiene ni pa’comer, aunque uno tenga internet”, dice. Sin embargo, no ha intentado salir por sí misma: “Siempre he estado esperando, porque aquí dicen que si uno habla o dice algo… Le meten miedo a uno, pues. Son muchas cosas”.

La puerta del Pomarrosa se cierra con llave después de las 10 de la noche y nadie puede entrar o salir. Los vecinos comparten baño con otras 20 personas a pesar de que no llega el agua todos los días y tienen prohibido abrir las ventanas. “Nos tienen aquí como si fuéramos unas cucarachas”, dice Yarcelis.

El día del doblete sísmico, por ejemplo, las familias vivieron las réplicas encerradas. “Ellos están viviendo en unos cubículos adscritos a una institución del Estado y tienen que tener una autorización por escrito de nuestra institución para poder salir de noche o recibir visita, porque no son propietarios”, explica Marioxis Barrios, funcionaria de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos.

El Gobierno del Distrito Capital tiene en esta situación a 398 familias distribuidas entre cinco refugios —para personas damnificadas, en lugares que serían temporales— y cuatro albergues —que son invasiones permitidas por el Estado en edificios abandonados donde otrora funcionaban hoteles, aerolíneas, museos o bancos, y ahora viven personas con “casos sociales”—. Los albergues están custodiados por las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz) que creó Nicolás Maduro en 2019 para imponer control social y político en las comunidades, por lo que allí no existe la libre expresión.

En el albergue Posada de Catia, los niños que nacieron ahí juegan con una pelota que ya no rebota. Al fondo hay unos tanques de agua que usan también como piscina, y un vecino que tiene dos cochinos, un par de gallinas y unos patos que conviven junto con todos los demás. “Cuando me salga la casita, a lo mejor los mataré”, dice Raúl, quien vivía en el sector Federico Quiroz de Catia hasta 2010, cuando se le derrumbó su hogar por otra riada.

José, su vecino, llegó por el mismo motivo con su esposa embarazada. “De aquí ha salido mucha gente, pero esto se paró el 28 de julio (de 2024) por la vaina de las elecciones. Yo me imagino que en ese momento empezaron a mover otras teclas”, dice refiriéndose al fraude electoral que desató una ola de represión sostenida por parte del gobierno.

 “No sé con exactitud cuándo va a llegar mi turno, porque hay que entender que esto no puede suceder de la noche a la mañana y, gracias a Dios, no estoy debajo de un puente”, dice, sin hacer mucho más. “Estamos esperando. La única gestión que voy a hacer es cuando me digan que busque mi casa”.

Jessica es la vocera principal del albergue Casa Taller, también en Catia, donde ahora se hospedan 21 familias. “Muchas se fueron del país y solo le entregaron vivienda a dos, en los Valles del Tuy, pero yo tengo la intención de que me den vivienda en Caracas, por el trabajo de mi esposo y la enfermedad de mi hija, que tiene parotiditis crónica y sialoadenitis. Además, parece que tengo lupus, entonces irse uno comprometido con la salud a otro estado no es lo ideal”.

El lugar tiene un mes sin agua y, aun así, los baños son compartidos entre 12 personas. Sin embargo, Jessica anhela que construyan las viviendas dentro del mismo albergue: “Nos han dicho que quieren hacer aquí una Sala de Autogobierno, para que funcionen los Cupaz. Pero aquí cabemos todos”, dice.

 En julio, el gobierno de Delcy Rodríguez entregó 200 viviendas a damnificados del doblete sísmico, a tan solo tres semanas del suceso. Por eso, los refugiados de edificios como el Pomarrosa y la Casa Taller hicieron su denuncia a través de TikTok, pero la respuesta solo ha sido el anuncio de otro censo a las familias y una advertencia: “Se informa que hay refugios y albergues con particularidades donde han realizado videos y llevan a cabo acciones de desacato, los cuales no serán aceptados y serán activados bajo la acción legal”.

Los refugios y albergues en Caracas son lugares que muchos ciudadanos no saben que existen. Todos están ubicados en el Municipio Libertador —históricamente dominado por el chavismo— y la mayoría de estos edificios tienen filtraciones importantes y daños postremotos que no han sido atendidos.

 Sus habitantes no solo tienen miedo de que no se les dé respuesta, sino de que, si la exigen, sean enviados a vivir en peores condiciones de las que tienen actualmente. Por eso hay cierta anestesia en sus palabras, que hablan de esperanza aun con la mirada perdida de tanta espera. Jessica se lo deja a la fe: “Hay que tener paciencia y pedir para que nosotros salgamos beneficiados, porque no tenemos recursos para comprar una vivienda. Tenemos que confiar en Dios: llegará la oportunidad”.

El País de España

Venezuela se está convirtiendo en un importante campo de pruebas para las ambiciones hemisféricas de Donald Trump y está emergiendo como otra potencial fuente de rivalidad con China, publicó Bloomberg

Después de anunciar planes para tomar el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas de crudo de Venezuela, la administración Trump dejó claro que esto era solo el comienzo. Lo que viene es una campaña para desplazar a China y a potencias como Rusia, a las que la Casa Blanca ha denominado “actores extranjeros malignos”, en un esfuerzo por garantizar que “el dominio estadounidense en nuestro hemisferio nunca vuelva a ser cuestionado”.

 El siguiente punto en la agenda de Washington es un intento de reestructurar la deuda de Venezuela, que incluye miles de millones de dólares adeudados a China. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, declaró el miércoles que Pekín no tendrá ningún derecho sobre los ingresos provenientes de la nueva producción venezolana, cortando así uno de los canales utilizados para efectuar los pagos.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela a China se desploman en medio de la toma de control de EE. UU.Estados Unidos ha presentado su campaña como el capítulo más reciente de la “Doctrina Donroe”, incorporada a la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que sostiene el derecho unilateral de Estados Unidos a impedir que potencias rivales posean o controlen “activos estratégicamente vitales”.

Bajo ese enfoque, tomar los yacimientos petroleros venezolanos de manos de empresas chinas representa una oportunidad geopolítica para alinearlos con los intereses de Washington.

China ha reducido su exposición a Venezuela en los últimos años y Trump probablemente tendría dificultades para replicar en otros lugares la escala de sus acciones en Venezuela. Por ello, para Pekín, las implicaciones son más políticas que económicas.

Un Estados Unidos más intervencionista corre el riesgo de chocar con los intereses más amplios de China en América del Sur, afirmó Christian Reyes, analista de riesgo político radicado en Pekín y originario de Ecuador.

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“Venezuela no necesariamente constituye un precedente para la expropiación directa, pero puede ser un precedente para la exclusión mediante coerción”, afirmó. “Estados Unidos está cada vez más dispuesto a definir partes de la relación económica de la región con China como una cuestión de seguridad y a utilizar su considerable influencia para hacer cumplir esas líneas rojas”.

China enfrenta una prueba de la “Doctrina Donroe” en América LatinaLa reacción de China hasta ahora ha sido relativamente moderada. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó el jueves durante una rueda de prensa habitual en Pekín que los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela “deben ser protegidos”.

“La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el derecho internacional”, agregó. “No concierne a ningún tercero”.

A las puertas de la primera visita de Estado del presidente Xi Jinping a Estados Unidos en más de una década, prevista para este mes, funcionarios de las principales economías del mundo buscan evitar grandes enfrentamientos, incluso mientras mantienen disputas sobre asuntos que van desde los desequilibrios comerciales hasta el respaldo económico de Pekín a Teherán.

Sigue sin estar claro hasta qué punto los proyectos vinculados a China están incluidos en el acuerdo de concesión por 100 años anunciado por Washington. Las autoridades estadounidenses y venezolanas no han identificado públicamente los yacimientos incluidos en el acuerdo.

El gobierno estadounidense negoció esta semana una participación del 35 % en North American Blue Energy Partners, empresa privada del empresario venezolano Alejandro Betancourt, obteniendo acceso a 17 yacimientos petroleros locales.

El acuerdo “hace menos probable que la deuda sea pagada en el corto plazo”, afirmó Michal Meidan, jefe de investigación sobre energía china del Oxford Institute for Energy Studies.

“Será interesante ver si este tema se plantea siquiera a finales de este mes durante la reunión entre Trump y Xi, pero lo dudo”, añadió.

El comercio bilateral entre China y Venezuela alcanzó su máximo en 2012Para Pekín, Venezuela se ha convertido en una fuente de energía menos importante en los últimos años. El crudo venezolano representó apenas el 4 % del total de las importaciones de petróleo de China en 2025.

No se han registrado cargamentos venezolanos llegando a China desde que la administración Trump asumió el control de los activos tras la captura, a comienzos de este año, del entonces presidente Nicolás Maduro.

El golpe más importante podría recaer sobre los miles de millones de dólares de deuda con bancos chinos, vinculados a barriles de petróleo que no fueron entregados.

Aunque Caracas dejó de publicar información detallada sobre esas obligaciones después de su incumplimiento soberano de 2017, se estimaba que la deuda total con China ascendía a al menos 10.000 millones de dólares en 2025.

Esa cifra ya había disminuido considerablemente respecto a su máximo histórico.

China comenzó a financiar proyectos venezolanos de infraestructura y energía en 2007, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Los datos disponibles públicamente sugieren que los bancos estatales chinos habían concedido al país más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo para 2015.

A medida que las sanciones estadounidenses contra Caracas se intensificaron durante los años siguientes, China se convirtió en el mayor comprador de crudo venezolano y en su principal acreedor extranjero.

Empresas estatales, entre ellas China National Petroleum Corp. (CNPC), matriz de PetroChina Co., y China National Offshore Oil Corp., desarrollaron proyectos de petróleo y gas en la Faja del Orinoco y otras zonas del país.

Empresas privadas chinas, entre ellas Concord Resources, también invirtieron en participaciones de activos de producción.

Pero el entorno operativo se volvió cada vez más difícil a medida que la economía venezolana se deterioraba y las instalaciones de producción operaban muy por debajo de su capacidad prevista.

Estos movimientos se aceleraron después de que Estados Unidos sancionara al sector petrolero venezolano en 2019, aunque algunas empresas conjuntas chinas heredadas y personal contratado, incluidos trabajadores de CNPC, podrían permanecer todavía en Caracas.

Esto significa que las afirmaciones de que Estados Unidos está recuperando yacimientos petroleros de manos de adversarios extranjeros probablemente no tendrán un impacto enorme sobre las empresas chinas, que ya habían reducido su presencia a medida que evolucionaban las prioridades estratégicas de Pekín.

La inversión china en Venezuela se desplomó durante el gobierno de MaduroEl golpe más fuerte podría recaer sobre las refinerías chinas, que ya están sufriendo interrupciones en sus suministros procedentes de Irán.

Las procesadoras independientes de la provincia de Shandong, en particular, han dependido durante mucho tiempo del crudo pesado venezolano como materia prima para la producción de betún.

La pérdida de esos suministros ha reducido la oferta en el mercado interno de betún, contribuyendo a impulsar fuertemente al alza los precios de los contratos de futuros.

Según los analistas, para la mayoría de las empresas y acreedores chinos presentes en Venezuela, los riesgos de hacer negocios en el país ya eran ampliamente conocidos, por lo que la última convulsión no debería representar una sorpresa.

“América del Sur ha sido durante mucho tiempo una encrucijada geopolítica donde los intereses de China y Estados Unidos se cruzan y, en ocasiones, chocan”, afirmó Liao Na, fundadora de GL Consulting, una firma especializada en investigación energética.

“Dada la importancia que ambas potencias conceden a Venezuela, la fricción es prácticamente inevitable cada vez que sus intereses se superponen”.

 El "histórico" acuerdo petrolero firmado entre Washington y Caracas, que permitirá a Estados Unidos operar campos petroleros, genera dudas y suspicacias entre la población ante el hermetismo estatal, pero también esperanza por una anhelada recuperación económica.

El presidente Donald Trump informó la víspera que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

Venezuela detalló que el trato involucra 17 "campos estratégicos" y una inversión privada de 100.000 millones de dólares, destinados a revitalizar la deteriorada industria del país con las mayores reservas petroleras probadas en el mundo.

La negociación despierta inquietudes entre adeptos al chavismo, al concretarse en medio de la fuerte presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

"No sabemos a quién va a favorecer eso, si es a Venezuela o a ellos (Estados Unidos)", dice a la AFP Jesús Salazar, un trabajador de seguridad privada de 68 años. "Tengo mis dudas, pero hay que esperar a ver qué va a pasar", confiesa.

Pese a la suspicacia de algunos militantes, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ratificó este sábado su apoyo a la decisión.

"Acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos", reza un comunicado publicado por el PSUV.

Presionada por Washington, Rodríguez impulsó en los últimos meses reformas para los sectores del petróleo y la minería que abren estas industrias, otrora celosamente controladas por el Estado, al capital privado especialmente extranjero.

A la vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras que había impuesto durante la administración de Maduro.

La producción petrolera reaccionó con un aumento del 29,8% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, aún lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado.

El acuerdo busca recuperar esos picos de producción, pero analistas coinciden en que solo pasará en el largo plazo.

"El aumento de producción no se verá por lo menos (en) tres, cuatro años", estima el ingeniero Oswaldo Felizzola.

Este especialista petrolero ve con buenos ojos que Estados Unidos funja como un "garante" para las inversiones en Venezuela, que no ha logrado atraer grandes capitales en más de una década.

"Si no fuese así, esos campos no serían explotados en los próximos 10 o 15 años porque Pdvsa (Petróleos de Venezuela) no tiene los recursos económicos para hacerlo", apunta el profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración.

Una operación de tal magnitud puede acelerar la ansiada recuperación económica en Venezuela, aún golpeada por la brutal contracción de 80% que sufrió entre 2014 y 2021.

Es la esperanza de muchos venezolanos que apenas sobreviven con un salario mínimo mensual equivalente a 0,16 dólares y bonos estatales que alcanzan hasta 240 dólares mensuales, muy lejos de los 730 dólares que cuesta la canasta alimentaria, según estimaciones privadas.

"Si quieren el petróleo de acá, de Venezuela, tienen que pagarlo al costo que está, porque no es que Venezuela les va a regalar el petróleo", sostiene Carlos Baco.

Este trabajador público de 74 años espera que con estos ingresos petroleros, la economía mejore. Su bolsillo no ha sentido el efecto del aumento de la producción en los últimos meses.

"Hasta el momento no se ha visto nada, el consumo y la comida más cara (...) suben el dólar y suben los artículos, sube todo, el transporte, todo. Esto es imposible aquí", relata.

- Más dudas que certezas -

Delcy Rodríguez, quien calificó como "histórico" el acuerdo, adelantó que se prevén ingresos de 204.000 millones de dólares en tributos, pero no precisó ganancias por otros conceptos como las regalías.

Los escuetos detalles compartidos por las autoridades de Venezuela y Estados Unidos impiden medir correctamente su impacto.

Un aluvión de comentarios inundó las redes sociales con opiniones mixtas y alegatos que pasan por la pérdida de la soberanía, escasas ganancias y costos políticos.

Para el analista Elías Ferrer, la mera existencia de las inversiones es una buena noticia, a pesar de las condiciones.

"Sin lugar a dudas esto es mejor que antes, porque antes ese petróleo no se estaba explotando, si nadie lo está explotando, nadie está pagando regalías y nadie se beneficia de eso", comenta.

Estados Unidos impone las condiciones de la negociación, pero el beneficio para Venezuela dependerá de la implementación del acuerdo.

"¿Podría ser mejor que este acuerdo? Muy probablemente sí", añade Ferrer.

"Si todo se hace bien (...) será una gran oportunidad para Venezuela de ver resurgir su sector petrolero", opina la abogada Dolores Dobarro, exviceministra venezolana de Energía.

A casi ocho meses de la caída de Nicolás Maduro, la sensación para muchos venezolanos es agridulce. Celebran su captura y una brisa de libertad, pero sienten que la crisis que pulverizó salarios y obligó a millones a migrar continúa.

Marbelis Daliz y su esposo Arlindo Da Silva tienen una tienda de repostería donde lidian con una asfixiante inflación y cortes eléctricos por el colapso de los servicios, males crónicos del país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

"Después del 3 de enero tuvimos una expectativa y una felicidad que decíamos ya, Venezuela cambió", cuenta Marbelis a la AFP mientras prepara con prisa una pavlova para un cliente con el temor de que un apagón la deje a oscuras.

Pero "lamentablemente la realidad nos aplastó", añade.

Sus ganancias apenas cubren los costos, pero se niega a rendirse. "La economía es un desastre", afirma esta repostera de 54 años, aunque aún no pierde las esperanzas de un cambio real.

La economía venezolana sufre desde 2019 una dolarización de facto ante la descomunal devaluación de su moneda.

Con la tutela estadounidense del país, muchos esperaban una lluvia de dólares, pero la inflación anual en bolívares se acerca al 575%.

También es alta la inflación en dólares, pero no hay cifra oficial para 2026. El año pasado fue de 35%.

A los venezolanos los siguen "matando los aumentos de precios", cuenta Zaida Mujica, una activista social de 61 años.

Tenía "muchas esperanzas" sobre lo que haría Estados Unidos tras derrocar a Maduro. Pero "se llevaron al dictador y no a la dictadura (...) No ha pasado nada que beneficie al pueblo", lamentó.

Tras la caída de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos y nueva legislación para la minería, con el objeto de atraer inversión externa.

Pero el venezolano de a pie sigue atado a precarios salarios en un país donde la canasta alimentaria se ubicó en julio en más de 700 dólares, según el centro de estudios Cendas.

Rodríguez ajustó en abril en 240 dólares el ingreso de los trabajadores del gobierno, pero el salario mínimo es de apenas 130 bolívares mensuales, unos centavos de dólar.

La producción diaria de petróleo de Venezuela aumentó casi 29,8% desde enero, según cifras oficiales.

"Un cambio político era importantísimo, necesario, pero no es suficiente para generar estabilidad y crecimiento macroeconómicos", dice José Manuel Puente, académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

El experto considera que mientras el país mantenga "la inflación más alta del mundo" no habrá bienestar.

Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro tras bombardear Caracas y zonas aledañas, Javier Chacón y su esposa Delia, ambos costureros de 44 años, celebraron puertas adentro, temerosos de la represión que marcó sus 13 años de mandato.

"Lógicamente pensamos que iba a haber un cambio", cuenta Javier a la AFP en Quinta Crespo, un mercado popular de Caracas. Pero todavía "estamos sobreviviendo", asegura.

Para colmo de males, dos terremotos el 24 de junio que dejaron más de 6.500 muertos y cientos de edificios en ruinas agravaron la situación, en especial en La Guaira, destino turístico vecino de Caracas que fue devastado.

El apartamento de Carmen Ramírez, comerciante de 40 años que vende artículos de aseo en una plaza de Caracas, sufrió daños.

"Tienes que salir y seguir luchando", se consuela mientras acomoda su mercancía en la parte trasera de su camioneta que usa como vitrina y almacén.

- "El monstruo sigue vivo" -

Marbelis Daliz palpa un cambio: la pérdida del miedo luego de una época de silencio marcada por arrestos masivos tras la reelección de Maduro en 2024, que la oposición denunció como un fraude.

En su local impregnado por el olor de pasteles de cambur recién horneados celebra que ahora la gente se atreve a protestar.

"Yo no me atrevía ni a colocar un post sobre política en Instagram, ahora sí, ahora pongo ¡qué chévere que Maduro se fue!", señala.

Desde hace meses, maestros, trabajadores de la salud, familiares de presos políticos e incluso militantes de izquierda se manifiestan en plazas públicas.

Además, se inició un diálogo político entre el gobierno interino y un sector opositor auspiciado por Washington con miras a una transición democrática.

Sin embargo, para venezolanos como Jerry Ostos, expreso político de 56 años liberado en marzo, el miedo sigue latente. El gobierno "sigue manteniendo presos por opinar distinto", señala.

Purgó dos años de cárcel por mostrar una pancarta con un mensaje contra Maduro y debe presentarse a tribunales cada mes porque el expediente por magnicidio sigue abierto.

El gobierno dice haber excarcelado a 1.046 presos políticos desde enero, pero según la ONG Foro Penal casi 400 siguen tras las rejas.

"El monstruo todavía está vivo", dice Ostos.

AFP

Luego de días de escarbar entre los escombros en Colombia, casi dos meses en el caso de Venezuela, ambos países apenas están cerrando la primera etapa tras la tragedia que representan los sismos que sacudieron sus territorios. 

Ahora comienza el proceso de reconstrucción, lo que no estará exento de obstáculos para ofrecer soluciones habitacionales y de servicios básicos.

El desafío requiere tener en cuenta las experiencias previas y de países vecinos, todos en peligro de enfrentar un desastre natural similar. Pero el riesgo sísmico no es la única similitud para los países de una región marcada por la desigualdad socioeconómica.

Los desastres naturales del pasado mostraron que la atención a las víctimas que quedaron sin hogar puede incluso profundizar esas diferencias estructurales.

“La reconstrucción debe tener en cuenta el cierre de brechas entre departamentos y municipios con poca capacidad institucional y fiscal”, dijo a CNN el economista Jhorland Ayala García, investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República de Colombia. “Si los recursos de reconstrucción no tienen en cuenta las brechas preexistentes, entonces se pueden profundizar desigualdades históricas”, advirtió.

La organización Save The Children, con operaciones desplegadas en varias de las zonas más afectadas de Colombia y que también trabaja atendiendo la crisis en Vevnezuela, comentó esa problemática.

“El terremoto está relevando las diferentes Colombias que hay en una misma Colombia. Es un país demasiado inequitativo”, declaró a CNN María Mercedes Liévano, directora ejecutiva de la ONG en el país.

“En ciudades como Cali, la respuesta fue más inmediata, con mayor capacidad de articulación. En algunos territorios muy afectados. principalmente el Chocó, Valle del Cauca o Buenaventura, la ayuda ha sido más difícil, exacerbando necesidades profundas que ya venía presentando”, agregó.

Tanto la interrupción de las telecomunicaciones que impidió elevar una alerta temprana sobre la situación, como la posterior demora en llegar, hizo que la primera asistencia se concentre en los lugares acceso, como las cabeceras departamentales “Poco a poco se van dando cuenta de que había comunidades totalmente aisladas. Hay lugares donde solo se llega en lancha o la infraestructura vial no es buena. Además, hay temas de violencia, presencia de actores armados”, explicó Liévano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó más de 127.000 viviendas averiadas y 26.000 destruidas. En cuanto a infraestructura y servicios, hay más de 300 centros de salud afectados, 3.200 centros educativos y 4.000 centros comunitarios.

Liévano destacó que la tragedia “va a interrumpir el acceso a educación a 390.000 niños y niñas”, que en muchos casos podrían tener una interrupción prolongada por la destrucción en las escuelas. Para muchos, la educación virtual no es viable por la falta de medios.

Niños miran una escuela destruida por el terremoto en la comunidad indígena de Unión Chocó, cerca de Istmina, en Colombia.Niños miran una escuela destruida por el terremoto en la comunidad indígena de Unión Chocó, cerca de Istmina, en Colombia. Germán Membache Peña/UGC/via Reuters“Cuando se pierde la escuela, que actúa como espacio seguro, tenemos que garantizar que la tragedia no interrumpa el acceso seguro a la educación”, dijo. “(Los niños) tienen que recuperar rutinas, sentir seguridad. Es triste que sean tantas sedes educativas y es triste las condiciones en las que estaban”, añadió. También, dijo que la niñez tiene afectaciones “no siempre tan visibles”, sobre todo en el plano emocional, y advirtió los riesgos del proceso de reunificación familiar, ya que en ocasiones menores que perdieron a sus padres pueden ser entregados a personas sin tener confirmado el parentesco.

En el plano sanitario, los campamentos de refugiados y las montañas de escombro siempre son un posible foco infeccioso o de condiciones insalubres, lo que requiere atención inmediata para evitar profundizar una crisis humanitaria.

“El sistema de salud de Buenaventura está totalmente colapsado, operando más allá de su capacidad”, dijo Liévano.

El historiador Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá y experto en gestión urbana, habló sobre los desafíos de la atención a los damnificados: “La reconstrucción es una tarea muy grande que enfrenta hoy un vacío. El Gobierno aún no es consciente de ello, está penando con sus ritmos de siempre, es muy lento reconstruyendo”.

Desde una perspectiva regional, analizó: “El problema que tenemos en América Latina es que la gran mayoría de los estados, y Colombia no es la excepción, son tremendamente ineficaces. Primero, hay una incompetencia: buena parte de las instituciones estatales llevan décadas sin ser reformadas, el estado fue desmantelado y prácticamente no tiene capacidad de hacer. El otro problema es que muchos de los contratos públicos son asignados para obtener sobornos, en la medida en que la corrupción es el sistema. Son los dos grandes riesgos”.

El Gobierno de Colombia anunció el viernes el Plan Milagro de Reconstrucción, con una primera fase abocada a la “reacción inmediata y el diagnóstico definitivo de las afectaciones”. También dijo que la reconstrucción se realizará bajo el programa Vivienda Milagro, que contempla la articulación con la Cámara Colombiana de la Construcción para identificar los proyectos de vivienda social que se encuentren en condiciones de entrega inmediata.

 El Ministerio de Vivienda afirmó que el plan “tendrá un componente especial para las familias rurales, con el fin de que la reconstrucción no se concentre únicamente en los centros urbanos y pueda responder a las características productivas, sociales y territoriales de las familias campesinas”.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica y el lunes anunció que la reconstrucción costará unos US$ 9.5000 millones, aunque todavía no hay detalles sobre de dónde saldrán los fondos del paquete fiscal, para tener un cuadro sobre cuánto aportaría el Gobierno Nacional, cuánto las entidades territoriales y cuánto provendrá de cooperación, banca multilateral y el sector privado.

Flórez enfatizó que la atención de la emergencia requiere otro tipo de herramientas más allá de los ministerios, a los que criticó por su lentitud en procesos de contratación y riesgo de corrupción. Como ejemplo positivo en el país, mencionó el antecedente del terremoto de 1999, cuando se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), que atendió 32 zonas de intervención bajo gerencias específicas. “Con todos los defectos, funcionó relativamente bien. El asunto es que el Gobierno no ha asumido cuál es el nuevo instrumento que sea eficaz y salga de una burocracia anquilosada”, comentó.

 El investigador, que hizo hincapié en los problemas de la construcción informal para la población que no tiene acceso a créditos, dijo que “apenas se está conociendo el tamaño de la destrucción en viviendas campesinas y en escuelas del campo”, y afirmó que un programa de largo aliento no solo debería atender las viviendas dañadas, sino toda aquella que no tiene recaudos antisísmicos, lo que requeriría inversiones aún mayores y de largo plazo, una decisión que recae en un Gobierno que prometió austeridad fiscal.

“Parece paradójico, pero es la inercia que hay en el mundo”, dijo Flórez. “El criterio con el que se pretende reformar los estados que se habían extendido mucho es que el sector privado podía hacerlo mejor, pero en Colombia una parte es ordeñador del Estado, viven de las rentas públicas. No son un sector capitalista de riesgos, no es el caso que produzcan beneficios. Se le pide muy poco a la hora de entregar obras”, apuntó.

La trabajadora social anticipó que las ciudades volverán a mostrar una mejor capacidad de respuesta por la posibilidad de articularse en contraste con los pueblos alejados. “El abandono histórico es de décadas, allí va a ser más difícil. Se requiere una respuesta que supere la respuesta inmediata”.

Si la ayuda demora en llegar, o si lo hace con soluciones de corto plazo, hay altas posibilidades de que las comunidades vuelvan a instalarse en viviendas de materiales precarios y seguir expuestos a una nueva tragedia.

Liévano volvió a Colombia en los últimos días ya que todavía seguía en Venezuela atendiendo la situación por el doble terremoto del 24 de junio que dejó más de 6.400 muertos. “Cada país tiene sus propios retos. Lo que podemos aprender del caso venezolano es la importancia de actuar lo más pronto posible, articular esfuerzos y entender que las necesidades se van a ir profundizando después del shock inmediato”, explicó.

 Además, con lo observado en La Guaira y lo que ya está registrando en Colombia, pidió poner especial atención a las mujeres embarazadas. “Es un grupo que suele quedar por fuera de la atención, con riesgos grandes de mortalidad”, indicó.

La tragedia en Venezuela, con diferente magnitud, se concentró en un estado del país, mientras que en Colombia el impacto se repartió en varios departamentos, lo que grafica que la emergencia no siempre tiene las mismas características.

El lunes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó 48 nuevos apartamentos en Caracas a familias afectadas y tiene la meta de llegar a 4.000 para fin de año, aunque va en 335, según datos del Ministerio de Vivienda.

Entre las 59.000 edificaciones que no se desplomaron y fueron evaluadas por las autoridades, más de 24.000 no están habitables.

 La urbanista Zulma Bolívar, docente de la Universidad Central de Venezuela que en los últimos días estuvo en La Guaria, contó a CNN que en varias zonas se nota el avance de la remoción de escombros y que hay presencia de expertos de países como Chile y Nueva Zelanda especializados en infraestructura, pero destacó: “Seguimos viendo la punta del iceberg en términos de la posible recuperación”.

Sobre las lecciones que se actualizan y acumulan tras cada tragedia, la investigadora afirmó: “Tenemos que ser más estrictos en el cumplimiento de la normativa de desarrollo urbano, que la gestión de riesgo tiene que estar incorporado a la gestión de la ciudad; que la respuesta inmediata no existe si no estamos organizados, estar preparados para un evento que no sabes cuándo va a suceder”.

Bolívar también habló sobre la necesidad de no repetir errores del pasado. “El término reconstrucción es algo que no deberíamos utilizar, no queremos reconstruir lo que no estaba hecho. Hay que saber dónde no debías construir, saber que esos avisos técnicamente habían estado sobre el tapete y no se tomó la debida cuenta, que hubieran podido evitar o disminuir la dimensión de la catástrofe. Es uno de los grandes aprendizajes”, subrayó.

Como ejemplo, también dijo que la gobernanza podría plantear una nueva división política de las parroquias en alcaldías “para que haya un control mayor sobre el espacio”, y también reconocer las diferencias entre el este y el oeste de la región, para no aplicar los mismos parámetros.

Sobre la posible disposición de las autoridades a aplicar las recomendaciones de los expertos, comentó: “La academia observa, evalúa e investiga el deber ser de las cosas, las buenas prácticas. Al final, quien toma la decisión es el Estado nacional. (…) La emergencia a veces mata lo importante. El tema vivienda, reubicación, refugios temporales es la prioridad. Pero hay que ver cada una de las decisiones que se tomen no vayan a ser obstáculos a futuro para posibles potencialidades que tenga la zona, que por la premura no las tomes en consideración. Hay que darse el tiempo para un diagnóstico integral del desastre”, dijo.

El Gobierno espera tener a fines de septiembre, con ayuda de expertos de la ONU, un plan oficial de reconstrucción que marque la hoja de ruta.

“Hay experiencias latinoamericanas para bien y para mal”, dijo el historiador Flórez. En el caso de Chile, afirmó que tiene “un nivel menos pavoroso de corrupción”, mientras que sobre México destacó que “ya está entre las 10 economías más grandes del mundo y tiene recursos considerables”.

“El lío es que mientras señalamos a Venezuela con el dedo, no vemos que en Colombia también hay problemas gravísimos. Me preocupa que no estamos aprendiendo las lecciones”, agregó, al hablar de los terremotos y otros desastres ambientales que el país enfrentó décadas atrás.

“La capacidad de aprendizaje para hacer más eficiente al estado es peligrosamente reducida, hay altísimas probabilidades de que cada tragedia natural que ocurra provoque destrozos así. (…) Se dejó al Estado sin muelas, sin colmillos. No puede actuar de manera eficaz, todo debe subcontratarlo”, agregó.

Con información de CNN

¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó en junio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer.

La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron más de 6.300 muertos, según el último saldo oficial.

Salvo algún hallazgo milagroso, más de 40 días después de la tragedia se consideran "desaparecidas" a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros.

Los partes oficiales han indicado la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los sismos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.

En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

"Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto", dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.

"Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando" escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.

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Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.

Fue un "error", estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. "Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000", añadió.

Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales, porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.

El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.

Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.

Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló a finales de julio de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.

Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.

Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.

Según la página "Venezuela Te Busca", unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 "quedan por localizar".

El sitio "Desaparecidos Terremoto Venezuela" data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen "sin contacto".

Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 "desaparecidos".

La fuente diplomática aplaudió la "buena voluntad" de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.

En "eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido", advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.

El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.

Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.

"Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz", lamentó este policía de 50 años.

"Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos" por recuperar de entre los escombros, afirma.

Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.

AFP

 Una reciente operación policial en el norte de Brasil reveló cómo la banda de origen venezolano Tren de Aragua estableció presencia en el país y adaptó su modelo de expansión criminal mediante alianzas, publicó el portal investigativo Insight Crime.

En junio, la policía del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, desmanteló una estructura del Tren de Aragua que operaba en Brasil y presuntamente utilizaba el estado como corredor para traficar armas hacia otras zonas del país. También estableció alianzas con grupos criminales locales para lavar dinero procedente de la minería ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Las autoridades realizaron incautaciones en Amazonas, otro estado del norte de Brasil, así como en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná, al sur y sudeste del país.

Capturaron a 13 personas y congelaron 429 millones de reales (unos US$82 millones) en cuentas bancarias y activos financieros vinculados a presuntos integrantes de la red.

Las pruebas recabadas durante la investigación indican que el Tren de Aragua trabajaba con el Comando Vermelho (CV) o Comando Rojo, la segunda organización criminal más grande de Brasil, recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos.

La alianza ilustra un método diferente para la banda venezolana. En lugar de consolidarse como un actor criminal dominante, como lo ha hecho en otros países, el Tren de Aragua parece estar aliándose con bandas locales en Brasil para ampliar su alcance y sus ganancias.

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El desmantelamiento de la red del Tren de Aragua en Brasil demuestra cómo el grupo ha ganado terreno en el país en los últimos años.

El Tren de Aragua presuntamente suministraba armas adquiridas en Estados Unidos, Colombia y Venezuela a integrantes del Comando Vermelho en Amazonas y Río de Janeiro. Con frecuencia recibía cocaína como forma de pago, que la banda luego vendía en Roraima, explicó a InSight Crime el coronel de la Policía Militar, Francisco Xavier.

En otros casos, las armas eran pagadas en efectivo, por lo que el Tren de Aragua estableció un sistema de lavado de dinero mediante empresas fachada. Según Xavier, el grupo trabajaba con la misma red que creaba empresas fachada para el Comando Vermelho.

Estos colaboradores frecuentemente operan como intermediarios, sin vínculos con organizaciones criminales específicas. “Cuando aparece un gran operador financiero [criminal], suelen prestar servicios a más de un cliente. Están en el mercado y ofrecen sus servicios a quien les contrate”, dijo a InSight Crime Anchieta Nery, director de Operaciones Integradas e Inteligencia de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp).

 La presencia del Tren de Aragua en Brasil se ha concentrado en Roraima, que limita con el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Bolívar ha sido durante años un bastión del Sindicato de Las Claritas, una banda dedicada a la minería con estrechos vínculos con el Tren de Aragua a través de su cofundador Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”.

El pequeño pueblo de Las Claritas, ubicado en el municipio Sifontes, se convirtió en un refugio para el Tren de Aragua después de que una intervención estatal expulsara al grupo de su centro de operaciones en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, en 2023.

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 La policía de Roraima afirma que el Tren de Aragua se ha expandido en Brasil desde 2018, aprovechando las olas de migrantes venezolanos que llegaban al país para afianzarse en nuevos territorios. Las actividades de lavado de dinero del grupo se extienden ahora a los estados del sur y sudeste de Brasil.

En otras partes de América Latina, el modelo de expansión del Tren de Aragua consistió en crear células y apoderarse de economías criminales locales mediante el uso de violencia extrema y la explotación de migrantes venezolanos. Sin embargo, en Brasil, el grupo ha adoptado un enfoque diferente.

Con la ola migratoria que cobró fuerza en 2015, millones de venezolanos abandonaron su país y la mayoría se asentó en Colombia, Chile y Perú. El Tren de Aragua los siguió y comenzó a obtener ganancias del tráfico de migrantes y la trata de personas.

En Chile y Perú, el grupo encontró mercados ilícitos listos para ser explotados, entre ellos la extorsión, el comercio sexual y la venta de drogas al menudeo. Había poca competencia local, fuerzas de seguridad poco preparadas y grandes diásporas venezolanas que vivían en los márgenes de la legalidad y, por tanto, eran vulnerables a la explotación.

Al principio, la expansión del Tren de Aragua en Brasil pareció seguir un patrón similar. Su presencia se concentró inicialmente en la frontera y siguió las rutas migratorias. Roraima ofrecía un centro financiero para lavar dinero y mover de contrabando mercancías y minerales extraídos en Venezuela, como ya hacían otros grupos venezolanos dedicados a la minería ilegal.

A diferencia de los otros países, donde las nuevas células del Tren de Aragua se multiplicaron y extendieron rápidamente, su avance en Brasil fue contenido, de una manera similar a lo ocurrido en el saturado mundo criminal de Medellín, Colombia, por actores del crimen organizado más grandes y poderosos: el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC). Roraima está controlado principalmente por el PCC, la organización criminal más grande y poderosa de Brasil.

En Brasil, en cambio, el Tren de Aragua parece haberse expandido como proveedor de servicios. El grupo ha aprovechado su alianza con el Comando Vermelho para operar y ampliar sus actividades en el país a través de redes, sin invertir en células armadas ni necesitar control territorial o monopolizar los mercados criminales.

“Existe una simbiosis identitaria entre el Tren de Aragua y el Comando Rojo. Los miembros de la banda venezolana incluso piden permanecer en los mismos pabellones carcelarios que el Comando Vermelho”, dijo a InSight Crime Wesley Costa de Oliveira, jefe de la Policía Civil de Roraima a cargo de la investigación.

La alianza entre el Comando Vermelho y el Tren de Aragua ha permitido a ambas organizaciones ampliar su alcance. Según Xavier, el Comando Vermelho está ganando fuerza en el norte gracias a las armas y el apoyo logístico proporcionados por la banda venezolana.

Datos de un informe de 2025 del Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP) muestran que el Comando Vermelho ha más que duplicado su presencia en la región amazónica desde 2023.

“Estamos viendo a miembros del PCC ‘romper la camiseta’ [desertar] para unirse al Comando Vermelho. Si bien el PCC sigue siendo la fuerza dominante en Roraima, el Comando Vermelho está ganando terreno y prestigio de manera significativa gracias al apoyo venezolano”, afirmó Xavier.

Con información de Insight Crime.

"Ser pobre en una zona de desastre es una tragedia en sí misma. Quizás no se te cayó la casa, pero se te cayó la vida". Con esta frase, Omar Zambrano, fundador y economista jefe de ANOVA Policy Research, retrata una dimensión poco visible de la catástrofe provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio en Venezuela.

Mientras las cámaras y la atención pública se concentraban en el devastador paisaje de las edificaciones derrumbadas a lo largo de la franja costera del estado La Guaira, otra tragedia se extendía silenciosamente entre más de cien mil personas que ya vivían en condiciones de alta vulnerabilidad en esa zona. Son ciudadanos que, sin haber perdido necesariamente su vivienda, vieron derrumbarse sus ingresos, medios de subsistencia, acceso a servicios vitales como agua, saneamiento y electricidad, así como a la educación, la salud y el transporte.

Así lo revela el estudio "Doblete sísmico: población vulnerable, distribución de daños y priorización territorial en La Guaira”, publicado el pasado 23 de julio por ANOVA Policy Research. Al cruzar la evaluación satelital de daños en edificaciones del Microsoft AI for Good Research Lab con un Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), el estudio encontró que el mapa territorial de daños físicos no coincidía con el mapa de la fragilidad social de las poblaciones del litoral guaireño.

 Esta disparidad, señala el informe, constituye un insumo determinante en el diseño de una respuesta calibrada, oportuna y pertinente para todas las víctimas de la tragedia: "Si la estrategia de política pública y la movilización de recursos de cooperación internacional atienden exclusivamente las zonas de devastación física causada por los terremotos, quedarán estructuralmente desatendidos los efectos sociales del colapso del circuito económico de La Guaira".

Omar Zambrano, coautor del estudio de ANOVA, conversó con Deutsche Welle sobre las conclusiones más relevantes de esta investigación, algunas de las políticas públicas que podrían derivarse de sus hallazgos y las debilidades estructurales del Estado venezolano para diseñar e implementar este tipo de respuestas.

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El estudio de ANOVA estima que, antes del doble sismo, 187.305 de los 310.592 habitantes de las siete parroquias de La Guaira vivían en condiciones de vulnerabilidad social. La reconstrucción, por tanto, tendrá lugar en un territorio donde la fragilidad social no es marginal, sino la condición predominante.

Para identificar prioridades y tipos de atención, los investigadores cruzaron los datos de vulnerabilidad social con los de daño físico y clasificaron los resultados en cuatro grandes cuadrantes.

En un extremo se encuentran los cuadrantes III y IV, que agrupan a los sectores de menor urgencia relativa. El cuadrante III reúne a 59.766 personas, equivalentes al 19,2 por ciento de la población. Concentrado principalmente en el corredor costero de segundas residencias turísticas, corresponde a hogares ubicados en zonas de alto daño físico, pero con una mayor capacidad para absorber pérdidas de ingresos. El cuadrante IV, por su parte, agrupa a 32.920 personas con baja vulnerabilidad y bajo daño físico.

 En el otro extremo aparece el cuadrante I, donde se produjo la tormenta perfecta. Allí se concentran 105.681 personas, equivalentes al 34 por ciento de la población analizada, con una alta vulnerabilidad social y un elevado nivel de daño físico. Según el estudio, este es el grupo de atención más urgente, ya que combina necesidades de refugio y reposición habitacional con requerimientos inmediatos de protección social.

Pero el hallazgo más llamativo del estudio se encuentra en el cuadrante II. Aquí se concentra el grupo más numeroso: 112.225 personas que habitan en zonas de alta vulnerabilidad social, pero con bajo nivel de daño físico. Representan el 36,1 por ciento de la población analizada. Para ANOVA, estas personas constituyen el grupo con mayor riesgo de ser desatendidas si la respuesta estatal se concentra exclusivamente en las viviendas destruidas.

Zambrano sostiene que, a pesar de que miles de personas de este grupo conservan su hogar, han visto desaparecer de un momento para otro sus medios de vida. "Gran parte de la fuerza laboral de La Guaira trabaja para instituciones públicas, para la gobernación, la alcaldía, el puerto o el aeropuerto. Esas cuatro instituciones están básicamente inoperativas o funcionan apenas parcialmente después del terremoto", afirma el economista.

A ello se suma el impacto del sismo en la economía informal y en las actividades vinculadas con el turismo. "Hay mucha gente que vivía del comercio informal, de las ventas en la playa o de las actividades relacionadas con el carácter turístico de la zona. Todo eso se murió", sostiene Zambrano, quien advierte que esa parte del circuito económico de La Guaira podría tardar años en recuperarse.

De acuerdo con el estudio, estos hogares vulnerables que conservaron su vivienda, pero perdieron sus medios de vida, requieren políticas urgentes de protección social y recuperación productiva diseñadas específicamente para su situación.

El primer paso, según Zambrano, debería ser levantar un registro directo de la población afectada que permita identificar quiénes perdieron sus ingresos, qué actividades económicas quedaron interrumpidas y cuáles hogares enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas. También sería necesario localizar, dentro de ese universo, a los hogares con niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Para proteger temporalmente los ingresos de los afectados, el economista propone un programa de transferencias monetarias directas, durante al menos un año, para compensar parcialmente ese deterioro económico. En el caso de los empleados públicos, plantea una política de reubicación temporal a otras tareas de la administración o del propio proceso de reconstrucción.

La recuperación también debería proteger a los negocios que sobrevivieron. Con base en la experiencia del terremoto de Haití, Zambrano advierte que una asistencia basada exclusivamente en la distribución gratuita de bienes puede terminar desplazando a comerciantes y productores locales, incapaces de competir con productos entregados sin costo. Por ello, sugiere canalizar una parte de los fondos de reconstrucción y ayuda a través de los comerciantes, transportistas, posadas, restaurantes y proveedores locales que sigan en pie.

Como lo señala el informe de ANOVA, los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias humanas y económicas no lo son. Ante eventos de magnitud semejante, la mortalidad, las pérdidas y la velocidad de recuperación dependen en buena medida de la capacidad institucional del Estado para producir información, establecer prioridades y ejecutar respuestas oportunas.

Venezuela enfrenta esta tragedia con capacidades institucionales profundamente debilitadas. La falta de estadísticas territoriales actualizadas —Venezuela no publica una encuesta de hogares confiable desde 2015— sumada al deterioro de los equipos técnicos limita el diseño y la implementación de políticas focalizadas. Zambrano lo resume de manera categórica: "Es imposible que, bajo el actual estado de las cosas, este Gobierno pueda llevar a cabo una reconstrucción efectiva bajo criterios técnicos, siguiendo la evidencia. Están navegando a ciegas."

Esta debilidad institucional, advierte Zambrano, amenaza con amplificar las consecuencias del desastre. Si las familias que conservaron sus viviendas, pero perdieron sus medios de vida, no reciben un apoyo estatal decidido e inmediato, muchas podrían desplazarse hacia otras regiones o sumarse a una nueva ola migratoria. La despoblación privaría a La Guaira de trabajadores, consumidores y emprendedores indispensables para reconstruir su economía y terminaría agravando la tragedia que las políticas públicas estaban llamadas a contener.

Con información de DW

Terremotos como los del 24 de junio en Venezuela quiebran vidas, arrasan barrios y universos enteros. El sismo doble dejó, según cifras oficiales hasta el momento, más de 4.700 muertos. Y un balance oficial del 7 de julio informó de 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Ante las imágenes de devastación, la gran pregunta es qué tipo de construcciones pueden proteger vidas.

 En países con sismos frecuentes como Chile, por ejemplo, con cada terremoto se ha perfeccionado el conocimiento sobre esas estructuras y hoy en día el país está a la vanguardia en ingeniería antisísmica.

BBC Mundo habló con dos expertos chilenos reconocidos a nivel internacional en este tema. El ingeniero civil estructural Juan Carlos de La Llera, actualmente rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló avances en técnicas sismorresistentes utilizadas en distintas partes del mundo. Y Eduardo Kausel es profesor emérito del Departamento de Ingeniería Civil del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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Existen dos grandes filosofías para el diseño de este tipo de estructuras, y cada una tiene una respuesta diferente, señala De La Llera.

En la filosofía convencional, que es la que está en la gran mayoría de las normativas sísmicas del mundo, en un terremoto muy severo «la estructura puede sufrir daño, puede quedar esencialmente inutilizada, pero no puede colapsar, precisamente para evitar el gran problema que hemos visto en las estructuras en La Guaira en Venezuela, donde se produce el colapso y las personas quedan atrapadas y fallecen directamente por aplastamiento».

En la filosofía de diseño más moderna, en cambio, en un sismo muy severo, «el edificio esencialmente no debería sufrir daño y debería quedar incluso operativo en la mayoría de las veces».

Esta segunda opción incorpora en edificios técnicas como los aisladores sísmicos y los disipadores de energía.

De acuerdo a De La Llera, estas técnicas reducen el movimiento de una estructura durante un sismo entre 8 y 10 veces.

«Introduce en la estructura elementos que tienen dos funciones. Una es aislar la estructura del suelo, como si la hicieras colgar desde el cielo para que el suelo se mueva libremente y no le pase nada a la estructura. La otra es incorporar dentro de esa estructura elementos que absorben la energía, que es la que produce el daño en el edificio».

Los edificios sismorresistentes convencionales se refuerzan con técnicas tradicionales. Hay numerosos factores a tener en cuenta, pero De La Llera y Kausel dieron a BBC Mundo ejemplos de algunos principios básicos.

El miembro estructural de hormigón o concreto ( ya sea una viga, columna, o pared resistente) debe contener una cantidad adecuada de lo que se conoce como «enfierradura».

«Si está hecha solamente de concreto, al someterla a una carga, esta tendrá una característica frágil y se agrietará y quebrará como si fuese de vidrio. Pero al agregarle barras de fierro y someterla a esa misma carga, el material se transformará en uno que permitirá deformación, que tendrá ‘ductilidad’, la capacidad plástica para resistir la deformación sin romperse», explica Kausel.

Esa combinación de hormigón y enfierradura es lo que comúnmente se llama hormigón armado.

Kausel demuestra el concepto de enfierradura con una tiza de pizarrón. Si intentamos doblarla, la tiza se rompe. Pero si la envolvemos por ejemplo en cinta scotch, al intentar doblarla, resiste.

«Ese es el papel que hace la enfierradura que está dentro del concreto. Pueden aparecer fisuras, pero no se desarma», afirma Kausel.

Debe haber además una correcta adhesión entre el fierro y el hormigón, ya que de lo contrario los fierros se deslizarían.

Las barras deben tener el tamaño y número suficientes, además de estriaciones —una superficie áspera que da buen agarre al hormigón— y rodearse de «estribos».

«Supongamos que tenemos una columna circular. Los fierros generalmente van en la periferia, no en el centro. Pero además, cada cierto espacio, cada 30 o 40 cm, dependiendo de las normas, tiene que haber un estribo, que es un fierro circular que amarra a estos fierros».

Es esencial «confinar» el hormigón adecuadamente de esa forma, es decir, amarrar bien la enfierradura con estribos o cinturones de acero para que las barras no se «pandeen» (se desplacen lateralmente al ser comprimidas), ya que eso causaría una falla frágil, señala el experto del MIT.

«A veces le agregan al hormigón más agua de la que se debe porque es más fácil trabajarlo. Eso hace un concreto muy débil. O tiene mucha arena. O no lo trabajaron bien», señala Kausel.

«Y tiene que haber un control de calidad, tomar muestras del hormigón en distintas partes para asegurarse de que satisface las especificaciones y es resistente».

En el caso de Chile, explica, tiene códigos muy rigurosos y con muy control de calidad al respecto.

Las construcciones deben tener un corazón muy fuerte de muros estructurales en ambas direcciones, norte-sur y este-oeste.

Por ejemplo, señala Kausel que algo que es «fatal» y puede quebrar un edificio es el «primer piso no rígido o flexible», el típico a ras de suelo en el que se quitan muros para crear espacios amplios para comercios o estacionamientos.

«En un terremoto es lo primero que se rompe. Eso se vio una y otra vez en Turquía».

En Chile, agrega, si se hacen estacionamientos, «pero hay un enjambre de muros resistentes también. No está todo abierto.»

De La Llera destaca la importancia de que la losa, el elemento que separa dos pisos, esté bien conectada a los elementos perimetrales.

«Si hay conexiones que son muy débiles, eso también es muy peligroso».

En el diseño sismorresistente es clave la atención al detalle, apunta Kausel.

«Cómo usted hace la unión de las columnas con las vigas, las losas. Si no está todo bien anclado y continuo, si hay una discontinuidad que es débil, ahí se concentran los daños y eso puede propagarse por el resto del edificio».

De La Llera y su grupo patentaron numerosos avances en esta tecnología más moderna, que han aplicado en construcciones desde Perú a Nueva Zelanda.

«La gran mayoría de los edificios fueron diseñados, o co-diseñados por la empresa SIRVE, de la cual la Universidad Católica participa como dueña, dado que las tecnologías son de la universidad», señala el ingeniero.

«Lo primero que viene en un edificio es que tú excavas el suelo y generas lo que se llaman los cimientos o las fundaciones, que son como los zapatos de la estructura», explica el experto.

«En un edificio convencional a partir de esa cimentación nace toda la estructura, que está fija al suelo».

Cuando se colocan a nivel de la cimentación aisladores sísmicos, en cambio, es como si el edificio estuviera «sobre patines».

 «El dispositivo es igual que una torta de milhojas. Tiene capas de goma natural, de acero, goma, acero, goma, acero, y tú formas una torta vulcanizada, que se trabaja en temperatura y en presión. Es como un patín, muy flexible horizontalmente, pero muy rígido verticalmente, porque si fuera blando verticalmente el edificio con su peso se aplastaría».

Cuando el suelo se mueve durante un terremoto, el edificio se desliza.

«Si el edificio ‘patina’ respecto de la base, el terremoto no es capaz de introducirle energía adentro para que vibre, porque lo que produce la vibración es la energía que le transmite el movimiento del suelo».

Los aisladores sísmicos pueden colocarse incluso en edificios ya construidos. Su uso no es obligatorio en Chile, pero prácticamente todos los hospitales del país ya están aislados sísmicamente.

«En Chile se exigió esto porque tienen que quedar operativos. En Turquía en 2023 fue terrible, cayeron una cantidad enorme de hospitales y no tenían dónde recibir a los pacientes».

«En Perú también pasa con los hospitales, pero no el resto de las estructuras».

Y, explica, que en Japón es algo totalmente común en todos los edificios.

La otra técnica moderna es la de los disipadores de energía, que según explica De la Llera funcionan como el amortiguador de un auto.

Cuando hay un bache en un camino, la rueda se mueve, pero ese efecto no es transmitido a la cabina donde va el conductor porque hay un amortiguador entre la rueda y la carrocería del vehículo.

«En un edificio con disipadores de energía pasa exactamente lo mismo. Aquí el edificio está fijo al suelo, igual que en la técnica convencional. Pero cuando en un terremoto el edificio empieza a oscilar y los pisos comienzan a desplazarse unos respecto de otros, el disipador absorbe esa energía e impide que la deformación entre los pisos sea grande y el daño se reduce sustancialmente».

Kausel señala que un ejemplo de aplicación de disipadores de energía es la Torre Costanera Center en Santiago de Chile, que con 62 pisos y 300 metros de altura es el edificio más alto de Sudamérica. «Sobrevivió el Gran Terremoto del Maule de 2010 (de magnitud 8.8) sin grietas ni daño ninguno».

Es crucial realizar estudios geotécnicos del suelo antes de construir. Los suelos blandos en particular pueden causar graves problemas.

La Guaira, por ejemplo, una de las zonas más afectadas en Venezuela, «es una zona de rellenos aluviales y por lo tanto el suelo amplifica mucho el movimiento», señala De La Llera.

El ingeniero explica el efecto de un suelo blando con la analogía de un tazón lleno de gelatina.

«Piensa que el tazón representa la parte dura o firme del suelo. Si mueves el tazón, la gelatina se mueve mucho más, es decir, el movimiento se amplifica».

De la misma forma, un movimiento en la roca que puede haber sido de baja intensidad «al encontrarse con este suelo, que es como esa gelatina, produce una amplificación enorme».

Kausel explica que «cada edificio tiene una manera de vibrar como las cuerdas de un violín. Y el sismo también tiene lo que se llama frecuencias dominantes, la razón a la cual se mueve lateralmente».

«En los edificios de mucha altura», agrega, «la manera de vibrar de un lado a otro es muy lentamente».

El tiempo que tarda un edificio en esa oscilación es lo que se conoce como periodo.

Si hay una sintonización entre la frecuencia o periodo de la estructura, con la frecuencia del suelo, «produce un fenómeno muy, muy dramático, que es la resonancia, y eso hace que los edificios amplifiquen enormemente el movimiento», explica De La Llera.

Kausel señala que «en algunos casos, si el suelo no es muy malo, se puede reforzar, inyectar cemento, poner pilotes».

 Los estudios geotécnicos son fundamentales también para detectar el riesgo de un fenómeno llamado «licuefacción».

«El suelo tienes que imaginarlo como una especie de panel de abejas cuando lo miras en forma microscópica. Es una composición de sólidos, de aire y de agua», explica De La Llera.

«Imaginemos en forma sencilla que cada uno de los paneles de los elementos estuviera lleno de agua. Eso se llama un suelo que está saturado».

«Y cuando un suelo está saturado hay un momento en que el movimiento del suelo hace que la presión del agua que está dentro simplemente destruya toda la resistencia que tiene».

«Eso se llama licuefacción, y es cuando un suelo se transforma en un fluido».

Es posible bombear o extraer agua del suelo saturado para evitar este problema. Pero si hay licuefacción debajo de un edificio, «el edificio se vuelca».

Tanto De La Llera como Kausel señalan que las imágenes de edificios colapsados en Venezuela indican fallas de construcción.

«Las imágenes que yo he visto muestran algunas falencias estructurales grandes. Basta mirarlas para darse cuenta de que falta enfierradura, faltan elementos que confinen el hormigón. Eso me llamó mucho la atención», señaló De La Llera.

«Que los pisos están uno arriba de otro, eso es netamente una falla estructural».

«Lo que pasó en Venezuela es realmente una tragedia gigantesca», agrega el experto.

 Para Kausel, que haya habido dos sismos fuertes consecutivos no basta para explicar el «gigantesco daño».

«Fueron intensos, pero de magnitud bastante común en países propensos a terremotos. La duración combinada fue de 90 segundos, mucho menor que la de sismos fuertes en otras regiones del mundo.

«Para mí obviamente hay defectos de construcción».

El experto del MIT señala que dos cosas le llamaron poderosamente la atención al ver videos de Venezuela.

«La primera es que había escombros que no mostraban enfierradura ninguna, y la segunda es que en la mayoría de los edificios derrumbados sí se veía acero, pero era como espagueti. Eso no debería ser».

«Esos espaguetis deberían tener pedazos de concreto roto, pero pegado al fierro. Y no es así. Eso me indica que no había adhesión entre la enfierradura y el hormigón. Y si eso es así, entonces el fierro no ayuda a resistir».

«Eso puede haberse debido a que los fierros carecían de estrías, o que el concreto tenía mucha agua o demasiada arena, o no estaba bien compactado, lo que hace que no haya adhesión».

El uso de aisladores sísmicos y disipadores de energía debería ser más frecuente, señala De la Llera.

«En los 25 años que llevo haciendo investigación en todo este tema se ha avanzado mucho, pero es increíble que esto no sea un estándar como los frenos ABS en un auto. Nohay razón técnica para que no ocurra, económicamente hay soluciones al mismo costo y las ventajas son enormes».

Y explica que en Chile se desarrollaron muchas técnicas propias para reducir el costo de aislar viviendas sociales.

«Hace una diferencia absolutamente sustantiva. Es como tener una vacuna contra una gran enfermedad donde realmente tú sabes que estás protegido».

Vista de Santiago en la que destaca por su altura la Torre Costanera CenterKausel ofrece una reflexión final: «las normas están para ser cumplidas y no son decoración».

«Las cosas toman su tiempo, preparar los materiales, hacer los estribos como deben estar, confinar la estructura como deber ser… No se puede ignorar la realidad científica».

«Si no se construye bien, cualquier cosa puede pasar. En el sismo de 2023 en Turquía murió mucha gente y cayeron muchos edificios porque estaban mal construidos, incluso edificios nuevos de lujo se vinieron enteros abajo».

La calidad del trabajo, concluye, es fundamental.

«Como dicen en el MIT, ‘no hay sustituto para la excelencia’, y todo hay que hacerlo de la mejor manera posible».

«No se saca nada con tener en papel normas que establecen cómo hacer algo muy resistente si no se aplican y la calidad de la construcción no es buena».

Con información de BBC

Naciones Unidas lanzó un llamado urgente para recaudar casi 300 millones de dólares de ayuda para Venezuela, tras el doble terremoto de hace dos semanas, y el país pidió la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción.

Hay enormes necesidades luego de uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio, que ha causado más de 3.800 muertos y dejado a decenas de miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher el miércoles en una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros.

"Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias", dijo.

El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya necesitaban ayuda.

Justo antes del doble sismo, este plan solo había obtenido 115 millones de dólares, pero con un nuevo flujo de contribuciones ahora suma 300 millones.

Fletcher indicó que todavía faltan 627 millones de dólares para hacer frente a "necesidades urgentes" en el devastado país caribeño.

A la vez, durante la reunión virtual de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, reclamó la liberación de fondos de su país congelados en el extranjero.

"Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizarlos en la recuperación", dijo Gil.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reclamó más tarde por el oro de las reservas internacionales de Venezuela que está depositado en el Banco de Inglaterra.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", declaró en referencia a los lingotes valorados en unos 1.900 millones de dólares.

También pidió recursos al Fondo Monetario Internacional, donde Venezuela tiene 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente.

Los fondos venezolanos están congelados desde hace años por el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, y llevado a Nueva York acusado de narcotráfico.

Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, asumió entonces el gobierno de manera interina.

Naciones Unidas ha estimado que los terremotos provocaron daños por unos 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos internacionales de rescate han terminado en su mayoría los intentos por encontrar sobrevivientes, pero las familias aún escarban entre las ruinas en un intento por recuperar los cuerpos.

En el sector Caraballeda de La Guaira, tres familias se sentaron el miércoles en una esquina a la espera de donaciones, luego de caminar algunos kilómetros en busca de comida y agua.

Los jefes de familia son trabajadores informales y con el terremoto se quedaron sin sustento y sin dinero.

"No sé hasta cuándo vamos a estar así. Por lo menos hoy nos dieron algo de arroz, espaguetis y unas sardinas, y aquí vamos juntando cositas para llevar", comentó a la AFP Stefani Garate, de 26 años, quien solía vender dulces de coco en la playa.

Génesis Ramírez, de 34 años, peluquera, busca a sus sobrinas entre los escombros de un edificio.

"¿Cómo no voy a tener esperanza cuando de este mismo edificio sacaron a un niño de meses con vida? ¿Cómo puedo perder la fe? No la puedo perder. Hasta que uno no ve el cuerpo, uno no pierde la fe. Esto ha sido muy duro, es horrible, horrible. Nadie viene a ayudarnos, tenemos muchos muertos acá todavía", se lamentó.

Casi una docena de retroexcavadoras trabaja para retirar los escombros de los edificios del complejo de viviendas OPP, donde varias torres se derrumbaron por completo.

Solo algunos familiares siguen allí, aferrados a la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Hay muchas moscas y el olor a cuerpos en descomposición impregna el aire. Una mujer llora desconsolada sobre una bolsa negra.

"Ahora lo que queda es rescate de cuerpos", dice un militar.

Con información de AFP

La propia incapacidad chavista, tan evidente desde las 6.04 pm del Día de San Juan, ha facilitado que Estados Unidos pueda capitalizar la tragedia para reforzar su posición en el país criollo después de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero. 

“La administración Trump está únicamente centrada en continuar avanzando en nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos”, aseguró un vocero del Departamento de Estado. El propio Marco Rubio está convencido de que no es el momento adecuado.

Estas son las claves para entender por qué la Casa Blanca obstaculiza de forma sorprendente el regreso de María Corina Machado a su país, aunque la líder democrática piensa todo lo contrario: “En un momento de ausencia total del Estado, mi presencia estabiliza”, aseguró a un grupo de periodistas.

Distintas versiones se han publicado estos días sobre los dos intentos fallidos para regresar a Caracas. 

La realidad es que durante el primero, en el que María Corina intentaba llegar desde Virginia, Estados Unidos, a Curazao, no fue la compañía aérea la que ordenó a su piloto regresar a su base cuando ya volaban desde una hora antes. Fue un funcionario del gobierno de Estados Unidos quien presionó a la aerolínea para que el avión regresara, como así fue, a su puerto de salida, según confirmaron fuentes políticas a este diario.

La medida marca el grado de suspicacia que Washington tiene al regreso de Machado a un país donde no solo se vive un duelo nacional provocado por la tragedia. 

El grado de conmoción solo es equiparable con la indignación ante lo que consideran una gestión muy deficiente del chavismo 3.0.

La encuesta llevada a cabo por AtlasIntel para Bloomberg así lo confirma: la desaprobación contra los hermanos Rodríguez por su gestión desde el doble terremoto ha crecido más de 20 puntos desde febrero, situándose en un 65,4%. La aprobación de Delcy estaría en un 24%, que no obstante supera en un punto a sus fuerzas armadas, las otras grandes señaladas tras la tragedia.

Muy por encima se sitúa Machado, que ha consolidado una imagen positiva en el 53% de los encuestados. 

Fuentes consultadas por este diario dan por hecho que la Nobel de la Paz no se va a conformar con los dos intentos fallidos (el segundo fue desde Panamá) y que va a buscar “todas las opciones posibles para entrar cuanto antes”. La pulseada con Washington no ha acabado y el equipo opositor busca vías de acuerdo para tener vía libre hacia Venezuela.

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La líder opositora cuenta sobre el terreno con un enorme capital humano, incluidos los 600.000 voluntarios que trabajaron durante las elecciones para preservar el voto y dar a conocer al país y al mundo la paliza electoral que el diplomático Edmundo González Urrutia infligió a Maduro. 

De hecho, en lo que fuera su comando de campaña ya funciona un centro de acopio, dirigido por su mano derecha en Vente Venezuela, el antiguo preso político Henry Alviárez.

En Caracas, el gobierno revolucionario quiso aprovechar la pulseada entre Washington y su gran enemiga para fortalecer a la pequeña de los Rodríguez con una rueda de prensa internacional, pero el tiro salió por la culata. 

Las evidencias mostradas por los reporteros dieron más coraje a la jefa del gobierno de facto, que acudió a las manoseadas “matrices mediáticas generadas en laboratorio” para explicar el cúmulo de errores y desidia.

La presidenta encargada del gobierno de facto intentó convencer, sin éxito, de que el gobierno respondió con emergencia y prontitud a los dos terremotos. Que los protocolos se activaron y que los organismos del Estado, incluidos los militares, salieron al rescate del pueblo venezolano. Miles de testimonios, recogidos por los ciudadanos y trasladados a las redes sociales, demuestran todo lo contrario.

 Para empezar, nadie en la sociedad venezolana cree la cifra de víctimas a cuentagotas que el gobierno aporta cada día. La última ha ascendido hasta 2645 muertos y 12.666 heridos, pero los cálculos de forenses y los mensajes que intercambian las fuerzas de Seguridad del Estado los elevan al menos hasta 10.000.

Con información de La Nación

Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela este miércoles 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400 muertos y miles de heridos y damnificados, han llamado la atención de los científicos.

De acuerdo a físicos, geólogos y expertos en sismología, los dos terremotos consecutivos que afectaron la zona norte del país caribeño, y que estuvieron separados por tan solo 39 segundos, configurarían lo que se conoce como «doblete sísmico».

Este fenómeno es especialmente inusual.

La secuencia más típica es que haya un terremoto principal, seguido de una serie de réplicas de menor intensidad. Pero lo ocurrido en Venezuela fue diferente.

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En términos simples, un «doblete sísmico» ocurre cuando se dan dos terremotos principales, pero el segundo no puede ser considerado una mera réplica del primero, ya sea porque ambos movimientos telúricos poseen una intensidad similar o porque sus epicentros son cercanos entre sí.

Y esto es precisamente lo que pasó en Venezuela. El primer terremoto, que se produjo en la zona de la costa central a las 18:04, tuvo una magnitud 7,2 y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

El segundo terremoto ocurrió 39 segundos después, a solo 45 kilómetros, con epicentro cerca del municipio de Yumare. Ese sismo fue incluso más potente que el anterior, llegando a una magnitud de 7,5.

«Entendemos que estamos ante un doblete sísmico: dos terremotos que ocurrieron muy cerca tanto en el tiempo como en el espacio», explica a BBC Mundo William Barnhart, coordinador adjunto del Programa de Riesgos Sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

«El segundo fue aproximadamente tres veces más potente que el primero y es muy probable que el sismo de magnitud 7,2 haya desencadenado el de magnitud 7,5», agrega.

El factor de tiempo que separa ambos sismos también es relevante, aunque sobre eso hay menos consenso científico.

Algunos investigadores señalan que, para que se configure el «doblete» el segundo terremoto debe sucederse en un periodo posterior corto, del orden de segundos, minutos, horas o días.

Otros, sin embargo, afirman que el segundo evento puede ocurrir incluso años después del primero y que lo clave es su vinculación física.

Para que se configure un «doblete sísmico» ambos terremotos deben estar, además, vinculados a un mismo proceso de ruptura tectónica, donde uno favorece o desencadena la ocurrencia del otro.

El primer terremoto provoca una redistribución de los esfuerzos tectónicos que se acumulan por años e incluso siglos.

Ese movimiento puede ser suficiente para desencadenar un segundo terremoto en una falla o zona que ya estaba a su límite de ruptura.

«Si hay una falla que se rompe cercana a otra que está a punto de romperse, entonces se puede disparar la ruptura y adelantarse años o décadas», afirma Antonio Villaseñor, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, España.

«Esta suele ser la explicación: que hay un terremoto que ocurre naturalmente y da la casualidad de que hay una zona que está también cercana a la ruptura y es esta perturbación la que genera que la segunda falla se rompa también», agrega.

El investigador, que ha estudiado particularmente la zona de Venezuela y el Caribe, afirma que hay muchos elementos que requieren ser estudiados con mayor información para entender qué fue lo que pasó.

«Queda mucho por aclarar sobre el primer terremoto, sobre todo. El segundo está claro, el segundo es un típico mecanismo de desgarro normal y corriente. Pero el primero todavía queda por desentrañar en qué falla se generó y qué mecanismo tuvo», recalca.

Para los expertos, lo que ocurrió en Venezuela era esperable.

El país está ubicado en una zona especialmente sensible. Justo donde ocurrieron los terremotos, confluyen dos placas tectónicas, la del Caribe y la sudamericana, lo que hace que sea un área sísmicamente activa.

El último terremoto de una magnitud similar en esa área se dio hace más de 100 años, el 29 de octubre de 1900, por lo que los científicos venían hace un tiempo esperando un movimiento telúrico fuerte.

«Lo que ha ocurrido no es sorprendente porque esa zona del norte de Venezuela está en el límite de placas y no muy frecuentemente, pero periódicamente, se producen terremotos grandes», dice Villaseñor.

«Esta zona ya tenía el potencial de generar terremotos de estas magnitudes», agrega Marisol Monterrubio Velasco, física computacional e investigadora de los procesos sísmicos del Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el segundo y mayor de los dos terremotos ocurridos este miércoles se desencadenó por una «falla de deslizamiento superficial», justamente cercana al límite de ambas placas.

Un deslizamiento superficial se da cuando las fallas o fracturas en estas placas se mueven horizontalmente.

La zona donde ocurrieron los sismos forma parte de un sistema de fallas.

Se trata de una especie de red de fracturas tectónicas que son las que se encargan de absorber el movimiento entre ambas placas.

Entre ellas, están las fallas de Boconó, El Pilar y San Sebastián.

De acuerdo a la USGS, los dos terremotos ocurridos en Venezuela «probablemente indican un proceso complejo de interacción y ruptura».

Si bien este tipo de eventos es poco frecuente, tiene precedentes históricos tanto en la región como en el resto del mundo.

Uno de los casos más conocidos es el doble terremoto ocurrido en Ometepec, estado de Guerrero, en México, en 1982.

El 7 de junio de ese año, un terremoto de magnitud 6,9 fue seguido 4 horas después por uno de magnitud 7,0.

Mucho más reciente es el «doblete sísmico» que afectó también a Venezuela en 2025, cuando el occidente del país caribeño fue golpeado por dos terremotos consecutivos.

Los sismos tuvieron su epicentro cerca de Mene Grande, en el estado Zulia, aunque fueron de mucha menor intensidad, rodeando los 6,2 de magnitud.

De todas formas, se reportó la muerte de una persona, centenares de heridos y damnificados.

Uno de los casos paradigmáticos para el estudio científico de este fenómeno ocurrió dos años antes en Turquía y Siria.

El 6 de febrero de 2023, los dos terremotos más fuertes ocurridos en casi un siglo en esa región -de magnitud 7,8 y 7,7- estuvieron separados por 9 horas.

De acuerdo a expertos como los sismólogos Luca Dal Zilio y Jean-Paul Ampuero, que estudiaron el evento y que han divulgado estudios en revistas del grupo Nature, ambos hitos estuvieron vinculados a la ruptura de fallas cercanas pero distintas dentro del mismo sistema tectónico, siendo el segundo favorecido por el primero.

Un «doblete sísmico» puede aumentar el potencial de daños.

Cuando dos terremotos de alta magnitud ocurren de manera sucesiva, el primero puede debilitar edificios e infraestructura, haciendo que el segundo pueda destruirlos completamente.

Tras los sismos de este miércoles, edificios completos quedaron hechos escombros en ciudades como Caracas y La Guaira.

Esto es precisamente lo que ha tenido un impacto significativo en el alto número de muertos que ya se han registrado, cifra que las autoridades prevén que siga aumentando.

El nivel destructor de los sismos también se explica por la superficialidad en que se dieron.

De acuerdo al USGS, los terremotos ocurrieron a 22 y 10 km de profundidad, es decir, muy cerca de la superficie, lo que aumenta su potencial de daño.

Monterrubio explica que otro factor relevante para entender el poder destructor de estos terremotos es que gran parte de Caracas está asentada sobre sedimentos aluviales y depósitos blandos, que amplifican las ondas sísmicas.

Villaseñor afirma, de hecho, que hay zonas en Venezuela en que se puede predecir la potencia de daño que puede tener un sismo. El antecedente es el terremoto de 1967, que también afectó parte de la capital y dejó en evidencia que zonas con mayor sedimento, tendieron a amplificar la energía sísmica, y por tanto, enfrentaron mayor devastación.

Otro factor clave es la vulnerabilidad de la infraestructura venezolana.

«El terremoto no destruye, lo que destruye es el edificio que se cae. Los terremotos son fenómenos naturales y convivimos con ellos, con las infraestructuras que tenemos», dice Monterrubio.

La experta agrega que, en ese sentido, el contexto político y social de Venezuela tiene un impacto en las consecuencias que pueden tener este tipo de desastres.

«Y Venezuela ha pasado por una decadencia económica importante por lo que seguramente el tema de las infraestructuras no es el más crucial en la agenda política».

Con información de BBC

El presidente Donald Trump y los nuevos líderes de Venezuela han presentado su insólita alianza como un éxito rotundo.

Trump dijo la semana pasada que Venezuela “se ha convertido en un país feliz» gracias a todo el dinero proveniente del nuevo comercio con Estados Unidos.

Liberada de las sanciones estadounidenses, Delcy Rodríguez, la presidenta venezolana elegida por él mismo, ha estado viajando por el mundo y mostrando sus reuniones con líderes globales.

Pero detrás de este relato de éxito, los socios venezolanos de Trump enfrentan dificultades cada vez mayores para satisfacer las distintas expectativas del pueblo venezolano, los inversionistas extranjeros y los funcionarios estadounidenses.

Estas tensiones revelan el desafío fundamental del plan de enorme control de Washington para crear un protectorado rico en recursos en Venezuela tras la captura de su anterior líder, Nicolás Maduro, en enero.

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La supervisión de Estados Unidos ha comenzado a abordar lo peor de la corrupción crónica del país bajo el mandato de Maduro, pero aún no ha supuesto una diferencia para los venezolanos de a pie. Para la mayoría, la vida sigue siendo tan difícil como lo era antes del ataque de Estados Unidos.

La inflación anual, aunque está bajando, sigue siendo la más alta del mundo con un 524 por ciento. Los salarios han aumentado, pero siguen en niveles bajos.

Y la moneda de Venezuela, el bolívar, ha seguido desplomándose desde que Rodríguez asumió el poder.

En los mercados de cambio no oficiales que utiliza la mayoría de los venezolanos, un dólar cuesta un cuarto más que el tipo de cambio oficial establecido por el gobierno. Esta brecha ha alimentado la inflación y ha fomentado la fuga de capitales.

“Que vengan aquí por tres meses sin guardaespaldas y luego vayan a un mercado para que vean si esto ha mejorado”, dijo Álvaro Espinoza, de 56 años, un joyero de Los Teques, una ciudad dormitorio en las afueras de la capital, Caracas, refiriéndose a los funcionarios estadounidenses.

El lento ritmo de la recuperación económica está poniendo a prueba la paciencia de los venezolanos con Rodríguez.

Su índice de aprobación cayó al 25 por ciento en mayo, la tercera caída mensual consecutiva, según una encuesta en línea realizada por la empresa brasileña AtlasIntel para Bloomberg News.

Las autoridades estadounidenses afirman que los cambios económicos en Venezuela están dando resultados, pero que se necesita más tiempo.

“Estamos tratando de normalizar ese lugar”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una entrevista con Fox News el mes pasado. “Por primera vez en más de una década, la riqueza del país realmente está beneficiando al pueblo de Venezuela, pero aún queda mucho por hacer”.

La cooperación entre los dos gobiernos está generando una recuperación económica tras una prolongada recesión durante el mandato de Maduro, señaló un portavoz del Departamento de Estado en comentarios enviados por correo electrónico. Citó la inflación mensual de Venezuela en mayo, que registró su tasa más baja desde 2024.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos está enfocado en asegurar el petróleo venezolano para los intereses estadounidenses. Para mantener el flujo de petróleo, Rubio dice que está aplicando una estrategia más amplia para estabilizar la economía venezolana y, a la larga, crear las condiciones para unas nuevas elecciones.

Esto ha llevado a los funcionarios estadounidenses a adentrarse en la laberíntica y distorsionada economía del país, que durante décadas ha favorecido la especulación monetaria sobre la inversión productiva, según personas cercanas al gobierno venezolano y ejecutivos bancarios y empresariales.

Tomar el control de las finanzas de Venezuela ha hecho que, por ahora, se concentre el flujo de dólares en un puñado de empresas venezolanas y sus propietarios con cuentas bancarias en Estados Unidos. La mayor parte de esos dólares termina acumulándose en esas cuentas, en lugar de activar la economía venezolana, dijeron personas familiarizadas con el flujo de dinero.

Las demostraciones de poder de Estados Unidos sobre Venezuela están provocando un descontento cada vez mayor dentro del partido político de Rodríguez.

Recientemente, aviones militares estadounidenses aterrizaron en la embajada de Estados Unidos en Caracas y el gobierno de Trump obligó al gobierno venezolano a entregar a uno de los principales confidentes de Maduro, sin el debido proceso, para que enfrentara cargos de corrupción en Miami.

Varios miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, actualmente en el poder en el país, calificaron en privado estas acciones de humillantes, lo que provocó discusiones sobre el respaldo a un candidato alternativo a Rodríguez en caso de que se convocaran nuevas elecciones.

Los miembros del partido gobernante y la mayoría de las demás personas entrevistadas para este artículo abordaron temas delicados bajo condición de anonimato.

El proyecto de Trump para liberar la riqueza natural de Venezuela ha generado un gran interés entre los inversionistas, pero pocos acuerdos vinculantes.

El gobierno de Trump ha eliminado las sanciones personales contra Rodríguez, pero ha mantenido en gran medida las sanciones económicas más amplias contra Venezuela. En cambio, ha otorgado exenciones especiales a las empresas interesadas en hacer negocios allí.

Esta estrategia ha ayudado al gobierno de Trump a mantener a Rodríguez bajo control y a evitar una reacción negativa de los opositores de la presidenta en el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, la incertidumbre sobre las sanciones ha hecho que los inversionistas se muestren cautelosos. Seis meses después de que Rodríguez asumiera el cargo, varias grandes corporaciones han firmado acuerdos preliminares de inversión, pero ninguna empresa se ha comprometido públicamente a inyectar capital significativo en Venezuela.

Los esfuerzos de Rodríguez por aumentar la producción petrolera también están ejerciendo presión sobre la deteriorada red eléctrica del país. El gobierno debe, en la práctica, elegir entre destinar los escasos recursos a mantener el suministro eléctrico en sus yacimientos petroleros o en los hogares venezolanos.

Los cortes de energía eléctrica se han agravado significativamente este año, lo que ha profundizado el descontento popular con Rodríguez. Los expertos en electricidad afirman que el principal problema es una sequía que ha reducido la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, las crecientes demandas de la industria petrolera están intensificando la presión sobre la red eléctrica.

El gobierno de Rodríguez ha pedido a las empresas petroleras que generen su propia energía y ha buscado inversión extranjera para reconstruir la red eléctrica. Pero las sanciones de Estados Unidos y una escasez mundial de equipamientos de energía, causada por la construcción de centros de datos, han entorpecido estos esfuerzos.

Los venezolanos, frustrados, salen cada vez más a expresarse en las calles. Durante los primeros cinco meses de este año, hubo alrededor de 20 protestas diarias, aproximadamente el triple que en los primeros cinco meses de 2025, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un grupo de monitoreo sin fines de lucro.

Tras bastidores, Rodríguez ha estado realizando esfuerzos concertados para mejorar su situación política.

Ha transmitido a funcionarios estadounidenses los riesgos de mantener a su gobierno bajo un estricto control económico, argumentando que las restricciones financieras frenan la inversión y el crecimiento, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Rodríguez ha presionado para que se reduzcan las restricciones sobre cómo su gobierno recibe y maneja los ingresos petroleros. También ha presionado para que se eliminen las sanciones de Estados Unidos, dijeron las fuentes.

Algunos altos funcionarios estadounidenses, incluido Rubio, se han mostrado receptivos a los argumentos de Rodríguez, agregaron. Sin embargo, las preocupaciones por la corrupción han mantenido un enfoque selectivo respecto a la flexibilización de las sanciones, dijeron las fuentes.

Con el apoyo de Estados Unidos, Venezuela está vendiendo más petróleo, su principal exportación, y a precios más altos. Las exportaciones de petróleo aumentaron por tercer mes consecutivo en mayo.

En los primeros cinco meses de este año ingresaron a la economía venezolana alrededor de 5,5 millardos de dólares, lo que representa un aumento del 44 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, según el Banco Central de Venezuela.

“Tuvimos una gran victoria en Venezuela”, dijo Trump en un discurso el sábado, refiriéndose al ataque militar en Caracas que terminó con el arresto de Maduro. “Venezuela se ha convertido en un país feliz, porque nunca han ganado tanto dinero como el que están ganando ahora”.

Sin embargo, solo una fracción del dinero del petróleo de Venezuela se queda realmente en el país, y mucho menos llega a los ciudadanos comunes, según economistas y personas cercanas al gobierno venezolano.

Las razones son complejas, pero en última instancia se derivan de la política que Venezuela ha mantenido por décadas para controlar el tipo de cambio de su moneda.

En pocas palabras, las personas y empresas con buenos contactos que reciben los escasos dólares a la baja tasa de cambio oficial pueden obtener ganancias al revender esos fondos a la tasa de cambio no oficial, más alta, a personas excluidas del sistema monetario formal.

La facilidad con la que se lleva a cabo esta especulación reduce el incentivo para realizar inversiones como construir una fábrica o contratar trabajadores.

Las diferencias entre las distintas tasas de cambio ayudan a explicar por qué los miles de millones de dólares que han fluido a Venezuela desde la caída de Maduro han generado, hasta ahora, un beneficio económico relativamente limitado, según personas cercanas al gobierno venezolano y varios ejecutivos de empresas del país.

Bajo el modelo actual, los comerciantes de petróleo envían el dinero por el crudo venezolano a una cuenta de Citibank en Estados Unidos que el Tesoro de Estados Unidos mantiene en nombre del gobierno venezolano.

Esos dólares se distribuyen entre los bancos más grandes de Venezuela, los cuales venden la moneda fuerte a sus clientes. Luego, los bancos entregan los ingresos en bolívares al gobierno venezolano, que utiliza la moneda nacional para pagar salarios y deudas.

Pero el colapso del valor del bolívar hace que a las empresas y personas que reciben dólares les resulte atractivo mantenerlos en cuentas bancarias en el extranjero o revenderlos a la tasa de cambio no oficial.

El gobierno de Rodríguez también se ha beneficiado de las distorsiones monetarias.

El gobierno cambia dólares por bolívares en bancos privados a una tasa de cambio más débil y luego calcula sus pagos a trabajadores y proveedores utilizando una tasa de cambio más fuerte. El viernes, por ejemplo, el gobierno recibió 692 bolívares por cada dólar, pero gastó solo 607 de ellos, lo que le ayudó a financiar el presupuesto.

Los que salen perdiendo en esta especulación cambiaria son los venezolanos de a pie, cuyos salarios se ven mermados por la inflación y la devaluación de la moneda.

Los tres bancos privados más grandes de Venezuela —Banesco, Banco Mercantil y BBVA Provincial— no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Bajo el mandato de Maduro, la riqueza petrolera del país se repartía entre un grupo de oligarcas aliados, familiares y generales. Hoy en día, este sistema ha sido reemplazado por una nueva red, más formal, de grandes bancos y sus clientes corporativos.

Pero el resultado final sigue siendo un club financiero cerrado que hace poco por mejorar la situación económica de la mayoría de los venezolanos, según ejecutivos del mundo empresarial y bancario.

“Quitaron un peón, pero la estructura sigue ahí”, dijo Tiotiste Herrera, una jueza retirada de Caracas, refiriéndose a Maduro. “Persisten los mismos problemas. Incluso han empeorado”.

Con información de The New York Times

El juicio por uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela, que involucra al exzar del petróleo Tareck El Aissami, antiguo colaborador de Nicolás Maduro, avanza marcado por denuncias de abusos, según familiares y abogados de los acusados.

El llamado caso PDVSA Cripto se refiere a una trama que implica a exfuncionarios, banqueros, empresarios y la estatal Petróleos de Venezuela, que entre 2019 y 2023 habrían utilizado criptomonedas para desviar fondos públicos.

Además de El Aissami, que enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión, otras 63 personas se sientan en el banquillo.

Las autoridades venezolanas cifran el daño patrimonial en 5.550 millones de dólares. Pero la ONG Transparencia Venezuela, que sigue el caso, lo estima en 16.900 millones de dólares.

En la audiencia del 12 de junio, El Aissami y el resto de los imputados negaron las acusaciones en su contra, según una minuta redactada por abogados defensores proporcionada a la AFP.

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El juicio, al que la prensa no tiene acceso, comenzó el 20 de abril, dos años después de la detención de El Aissami, quien fue ministro de Petróleo y vicepresidente de Maduro, y también desempeñó altos cargos durante la presidencia de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

El proceso había comenzado en 2023 con una ola de arrestos, pero quedó congelado hasta después de la caída de Maduro, capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses acusado de narcotráfico.

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Las audiencias transcurren en el Palacio de Justicia de Caracas con fuertes restricciones de acceso.

Familiares de los procesados hacen fila desde la madrugada para obtener uno de los únicos cuatro cupos otorgados a parientes directos. Los abogados deben entrar a la sala sin bolígrafos, relojes, teléfonos o maletines.

En su primera comparecencia, el 8 de mayo, El Aissami, de 51 años, apareció debilitado y en silla de ruedas, luego de dos años sin que se supiera públicamente de su paradero y estado.

El exfuncionario se aferra en cada audiencia a una carpeta repleta de documentos para refutar las acusaciones en su contra, según sus abogados. También narraron que ha pedido "perdón porque se siente responsable de que gente inocente" haya sido involucrada.

Testigos en una audiencia a principios de junio dijeron a la AFP que El Aissami dijo a su defensa sentirse "cerca de la muerte" por falta de atención médica tras una cirugía.

Abogados afirmaron que responsabilizó a la jueza Alejandra Romero, a cargo de la causa, de "prestarse" a violaciones de derechos humanos y subrayaron que su cliente "necesita ser operado de un testículo de manera urgente".

El Aissami, como la mayoría de los imputados, está recluido en El Rodeo 1, una cárcel a las afueras de Caracas denunciada como centro de tortura por familiares de detenidos y oenegés.

Uno de los detenidos, el banquero Carmelo De Grazia, declaró que, antes de El Rodeo 1, estuvo en calabozos en Caracas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el cuerpo que lo arrestó.

Allí permaneció en una "celda de castigo denominada la tumba" con solo una rendija para respirar, de acuerdo con su testimonio del 20 de mayo, señalaron abogados.

De Grazia relató también que agentes armados lo obligaron a quitarse el uniforme de reo y a ponerse traje y corbata frente a una computadora. En una videollamada, dijo, lo forzaron a vender sus acciones de Compass Bank, un banco corresponsal de la venezolana Bancamiga.

"Esto ha sido un robo, aquí nunca ha habido interés de hacer justicia", declaró a periodistas Marianna Parra, esposa del banquero. "Aquí se está tratando de tapar la verdad", agregó.

Los acusados se quejan de la imposición de audiencias por videoconferencia con fallas técnicas.

"La conexión es pésima, el audio es deficiente, la imagen es pixelada", describieron abogados sobre una de las audiencias de la semana pasada transmitidas desde El Rodeo 1.

Indicaron que la jueza justifica la celebración de audiencias telemáticas "para garantizar la seguridad de los detenidos", tras un accidente previo del vehículo de traslado desde prisión.

En la audiencia del lunes, la jueza dejó constancia de que no se cuenta con medios para videograbar el juicio, aunque sí se registra el audio.

#ATENCIÓN Termina la audiencia de hoy en el caso PDVSA-CRIPTO, la "juez" ha decidido las nulidades interpuestas y las solicitudes de revisión de medidas. Todo fue declarado SIN LUGAR, ha dicho que @TarekWiliamSaab y su organización de fiscales no torturó, no extorsionó, y que…

Con información de AFP

El líder de la organización criminal Tren de Aragua, Niño Guerrero, prófugo de la justicia y abatido en una operación estadounidense en Venezuela anunciada el viernes, tejió su poder en una cárcel venezolana, desde donde expandió su influencia a varios países.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, murió a los 42 años en el sur de Venezuela, informaron el presidente Donald Trump y autoridades venezolanas.

Nacido en la ciudad de Maracay, a unos 100 kilómetros de Caracas, era apenas un adolescente sin terminar el bachillerato cuando inició sus actividades delictivas. Para 2010 ya había cometido robos, asesinatos y secuestros.

Cayó entonces en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, de donde viene el nombre de la organización. Se fugó, pero dos años después fue recapturado.

A partir de entonces, empezó a construir el Tren de Aragua, que se convertiría en uno de los grupos criminales más poderosos de América Latina. En 2025, el gobierno de Trump la declaró "organización terrorista".

Era "un tipo de gran inteligencia criminal", explicó a la AFP Luis Izquiel, abogado y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela.

El académico atribuyó el liderazgo de Guerrero "no tanto por su ferocidad, ni por su inhumanidad en el accionar delictivo, sino porque era un individuo con un cerebro criminal que logró expandir los tentáculos del Tren de Aragua y fortalecerlos".

Ronna Rísquez, autora del libro "El Tren Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina", dijo a la AFP que Guerrero tenía una gran devoción por la iglesia evangélica.

Esta religiosidad le ganó simpatía con algunos grupos, incluso fuera de prisión. Dentro de Tocorón, era percibido por algunos reos como un salvador.

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En la prisión de Tocorón, donde construyó una base de operaciones llena de lujos, Niño Guerrero se convirtió en un auténtico "pran", acrónimo de "peso rematado, asesino nato" que usan los delincuentes para describir al líder de una pandilla, señaló Izquiel.

Vivía en una casa de dos pisos dentro del penal donde recibía todo tipo de visitantes. Tenía piscina, campo de béisbol, discoteca, restaurantes y hasta un zoológico, documentó Rísquez en su investigación.

Guerrero imponía su ley dentro y fuera de la cárcel, manejaba armas y dinero y se le atribuyen crímenes atroces en varios países, como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia.

Según Ríquez el Tren de Aragua desarrolló una capacidad estratégica para operar. "Tenían cerebro para inversiones y para su portafolio criminal bien particular".

Se fugó de Tocorón en 2023, cuando el gobierno venezolano realizó varios operativos para terminar con los "pranes", especialmente en esa cárcel.

En 2025 fue inculpado por un tribunal de Nueva York junto con otros 69 presuntos miembros del Tren de Aragua por haber ordenado, dirigido y facilitado actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos.

Washington ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

El paradero de Guerrero se desconocía oficialmente hasta este viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había muerto en "un ataque rápido y letal" llevado a cabo por fuerzas estadounidenses, en una operación "coordinada estrechamente" en Venezuela.

Trump difundió en redes sociales un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de una edificación rodeada de vegetación antes de que se produjera una explosión, que levantó una gran nube de humo.

Las autoridades venezolanas confirmaron poco después que Guerrero había sido "neutralizado" en el selvático estado Bolívar en "enfrentamientos con integrantes" de "estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona.

Para Izquiel se trata de una excelente noticia para los países donde opera el Tren de Aragua, porque Guerrero era un jefe vertical. "Es un duro golpe", apuntó.

El Tren de Aragua, formado en 2014 y con operativa en ocho países sudamericanos según información de inteligencia, es diferente a otras organizaciones criminales en las que el cabecilla muerto es sustituido rápidamente por segundos mandos.

Estados Unidos señala como lugarteniente de Guerrero a Johan Petrica, viejo compañero en Tocorón, como la conexión del Tren de Aragua en Bolívar, una rica zona minera. También identifica a Juancho, un excapataz de minas legales de origen colombiano, que tenía liderazgo entre los trabajadores y que luego se convirtió en un "pran".

Ambos operaban en La Claritas, donde hay importantes yacimientos de oro y donde el gobierno venezolano desplegó esta semana un importante operativo militar.

Con información de AFP

Una escuela vacía con cuadernos aún abiertos sobre las mesas, un bar desierto con su mesa de billar y minas artesanales a cielo abierto sin actividad. Una gran operación militar en el sur de Venezuela contra grupos criminales deja pueblos y minas fantasmas de donde todos huyen.

Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, en especial en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas o guerrillas.

El lunes el ejército se desplegó alrededor de Las Claritas, en una zona de explotación aurífera del estado de Bolívar (sureste) en manos de dos jefes mediáticos, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores de la temible pandilla venezolana Tren de Aragua, según fuentes locales.

Periodistas de la AFP vieron el jueves allí una decena de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas. También había vehículos del Sebin (servicio de inteligencia).

La operación ocurre cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y tras pocas semanas de aprobarse, bajo presión de Estados Unidos, una nueva ley de minería destinada a atraer inversores privados y, sobre todo, extranjeros.

El lunes "venía por aquí caminando y me pasó un grillo silbando por las orejas y cuando escuché me dije eso son los ninjas", bromea José Guzmán, minero artesanal de 68 años, que sigue trabajando para pagarse "un plato de espaguetis y mortadela" al día.

"Le dije a la gente que nos están atacando y hubo una explosión y después a poco rato como a los dos segundos, fueron dos más", relata.

Según una decena de testimonios recogidos por la AFP, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura el jueves.

ONG venezolanas denuncian enfrentamientos. Las autoridades, y en particular la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el cargo desde la captura de Maduro en enero, guardan silencio sobre la operación.

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Muchos trabajadores saludan la acción militar.

"No se imaginan el maltrato (infligido por los tipos) a la población. Era un régimen de terror. Tenías que pagar y pagar una y otra vez. Los que no pagaban, eran ¡fuera! o peor", dice un minero artesanal bajo condición de anonimato.

"Había malandros armados por todas partes. Espero que el ejército haga operaciones en tierra y ¡Bam-Bam!", añade.

Un mototaxista que transporta material para un minero afirma que su uniforme de trabajo tenía que pagárselo a los mafiosos en 200 dólares.

"Teníamos que pagar un gramo de oro (120 dólares) cada semana. Cuando pagas tanto, nunca descansas. Espero que no vuelvan para que podamos vivir con dignidad. Es todo lo que pedimos", confía.

En Brisas de Cuyuní, un área con kilómetros y kilómetros de minas, no se respira riqueza. En una zona deforestada, la pista de tierra serpentea entre los campamentos. Hay casas de madera cubiertas con plásticos y también balsas donde los mineros sacan el barro con largas mangueras.

El barro se mezcla con detergente en polvo y luego baja por unos toboganes cubiertos de alfombras que absorben el mineral y que serán "lavadas" con agua y mercurio para extraer el oro.

Los toboganes, a veces inmensos, dan la impresión de que ha comenzado la construcción de decenas de puentes sobre lagos.

Con la intervención del ejército, "esto prácticamente está abandonado", afirma Antonio Figuera, de 47 años, minero artesanal mientras barre un antiguo café. Es "prácticamente un pueblo fantasma".

El lugar estaba lleno de pequeños comercios. Luego del despliegue militar "se lo llevaron todo, todos los bienes de valor".

Ahora es un ir y venir de motos que transportan a veces a tres adultos y un niño, o cargadas de bultos.

Un hombre en una moto arrastra un techo de zinc colocado sobre una llanta vieja para no dañarlo. Otros arrastran largos tubos que se mueven por la carretera.

"Nos quedamos aquí porque no queremos que nos saqueen", afirman dos mujeres de un pequeño restaurante. Este flagelo ya ha comenzado.

Francisco, su esposa y su hija trabajan para tratar de recuperar algo de oro. "No tengo ni un dólar. Nada de ahorros. Tengo que pagar un transporte para la familia y nuestras cosas. Espero que tengamos suerte", se consuela frente a un montón de barro.

"Si nos vamos a la ciudad, el hambre nos va a matar", dice por su parte Rafael, minero artesanal de 53 años.

Alexis Pérez, de 52 años, aguarda aburrido junto a la balsa donde vive y trabaja. "Esperando a ver qué dice el gobierno, si nos van a dejar trabajar o si ellos van a tomar de una buena vez esta zona".

Se prevé que el gobierno otorgue nuevas licencias a multinacionales. Tres grandes empresas operaban aquí en los años 2000, antes de que el presidente Hugo Chávez suprimiera las concesiones.

Mientras tanto, Alexis permite una visita a su "morada", donde suele pasar dos semanas antes de regresar a Las Claritas con su familia: una cama de madera bajo un mosquitero colocada sobre la tierra convertida en barro por la lluvia, una mesa artesanal con un cepillo de dientes y unas tijeras.

Afuera, dos botas de caucho colocadas al revés sobre unos trozos de madera "para que no se metan las culebras".

Por lo general, trabaja unas 12 horas por día y le da para "medio mantenerse". "La vida de mina es dura, es trabajo duro, hay peligro" cuenta. Pero existe "la esperanza de agarrar algo".

Con información de AFP

Madres piden libertad para sus hijos que consideran presos políticos, trabajadores petroleros exigen mejoras laborales, adultos mayores claman pensiones justas. Las protestas resurgen en una Venezuela ya sin la mano severa del derrocado Nicolás Maduro.

El miedo se propagó por las calles tras la represión, con arrestos masivos, que siguió a la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Las conversaciones en espacios públicos se vieron limitadas.

La libertad de expresión vuelve de a poco y el miedo parece disminuir, después de la captura de Maduro en enero durante una incursión estadounidense.

La caída del líder chavista de 63 años marcó "un antes y un después", considera el activista Diego Casanova durante una de las manifestaciones que reviven en Venezuela.

Con un megáfono, frente a la fiscalía en Caracas, aviva una concentración de una treintena de personas.

Un grupo de mujeres corea junto a él "¡No hay libertad!". Alzan fotos de sus familiares presos y carteles con mensajes que piden cerrar "todos los centros de tortura".

Policías miran impasibles, otros toman fotos con sus celulares. Sus escudos antimotines reposan a un costado cerca de sus motos de alta cilindrada.

Tras la caída de Maduro, asumió el poder Delcy Rodríguez, su exvicepresidenta, que gobierna bajo la presión de Washington.

"No han dejado de tener ese apetito voraz por la persecución", dice Casanova, pero "saben que hay un costo político mucho más alto en este momento, y eso también lo entiende la población".

Gases lacrimógenos, perdigones, tanquetas blindadas... La represión durante el gobierno de Maduro registró centenares de muertos. Las protestas de 2024 se sofocaron a punta de arrestos masivos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), las manifestaciones subieron un 144% en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2025.

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Rodríguez tomó las riendas de una Venezuela que, según el presidente Donald Trump, está bajo el mando de Estados Unidos.

La captura de Maduro "generó una serie de posibilidades, pero también generó muchos interrogantes", explica a AFP Danny Socorro, director de la escuela de Psicología de la privada Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Por temor, Nely Molina se abstuvo de protestar durante meses. Para esta jubilada de 76 años "las cosas han cambiado un poco" desde que Maduro se encuentra preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

En otra protesta en Caracas, Molina se queja de su pensión "de hambre" con un centenar de ancianos enflaquecidos. La crisis económica es uno de los principales motores de las marchas, según el OVCS.

"Tenemos más libertad para protestar, para gritar, para decir lo que nosotros queremos", reconoce la jubilada.

Un puñado de policías observa la escena a pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, fuertemente custodiado y de acceso restringido.

Los adultos mayores exigen con carteles "democracia" y "justicia".

Durante otra manifestación de familiares de presos políticos, Dilsia Caro, de 50 años, rememora: "Si usted salía a la calle a protestar, usted sabe que se lo llevaban preso".

Caro exige ver libre a su esposo Noel Flores, de 48 años, detenido por un supuesto magnicidio contra Maduro.

Dice no tener miedo, aunque todavía rige un estado de conmoción que puede llevarla a prisión por disentir.

En las inmediaciones del Rodeo I, una cárcel cercana a Caracas, acampan familiares de presos por razones políticas que piden su liberación.

Caro reza y reza en vigilias que superan los cien días continuos, similares a la que ocurre frente al Helicoide, denunciado como "centro de torturas" y que Rodríguez prometió cerrar.

La huelga de hambre de un grupo de mujeres durante casi seis días en febrero terminó con la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Se esperaban liberaciones masivas, pero según la oenegé Foro Penal, unos 400 opositores siguen presos.

Fallas en los servicios públicos, mejoras salariales, elecciones presidenciales... la lista de reclamos es larga ante la debacle de un país que empujó a unos ocho millones de sus ciudadanos a migrar.

Y la represión pasó a "formas más sofisticadas, selectivas y menos visibles", según el OVCS. Activistas han reportado breves detenciones arbitrarias durante las manifestaciones.

Casanova pega con cinta adhesiva papeles en la acera frente a la fiscalía. "En este momento torturan a un preso político", se lee en uno.

"El aparato represivo se mantiene" y eso, confiesa, "nos mantiene alerta".

Con información de AFP