Héctor Rovaín tenía 34 años cuando entró a la cárcel y sus padres estaban vivos. Sale a los 57 sin haberlos podido enterrar. Luis Molina dejó a su hija como una bebé de tres años y ahora se encontrará con una mujer casada y un nieto por conocer. Erasmo Bolívar, igual que los otros dos, pasó 23 Navidades sin abrazar a los suyos.

Los tres eran funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), una fuerza policial que operaba en Caracas y que ya no existe. 

Fueron acusados, sin pruebas, junto con otros seis oficiales, por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, cuando una protesta convocada por la oposición intentó llegar a Miraflores y los manifestantes fueron repelidos a tiros. Balas sobre las que todavía hay dudas de dónde salieron. Ese mismo día, Hugo Chávez fue derrocado por un golpe de Estado, aunque regresó al poder 48 horas después.

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Los tres policías metropolitanos eran hasta ahora los presos políticos más antiguos de Venezuela. Con ellos se inició el contador represivo de la revolución bolivariana. Su liberación bajo medidas humanitarias se concretó en la noche del martes y la anticipó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que esta semana también serían liberadas alrededor de otras 300 personas por la misma vía.

En el caso de estos tres policías, la amnistía se les había negado dos veces: en 2007, con Chávez, y en 2026, con Delcy Rodríguez. La medida se anuncia además en medio de la consternación que han dejado las recientes muertes en prisión y las denuncias de desaparición de presos políticos, como la de Víctor Quero, cuya madre, Carmen Navas, lo buscó durante más de un año antes de morir.

La liberación se registró en un video en el que los tres aparecen arrodillados besando el suelo a la entrada del penal ubicado en el estado Lara, con sus uniformes de presos y una bolsa con sus pocas pertenencias. Gran parte de su condena la cumplieron en una institución militar, pero hace cinco años fueron trasladados a esa cárcel, a más de 300 kilómetros de sus casas —son de Caracas y La Guaira—, una decisión que dificultó las visitas y la atención de sus familiares.

“Me faltarían palabras para expresar todo lo que vivimos allí adentro, pero lo más importante es dar las gracias a todas esas personas que estuvieron pendientes de nuestro caso y que nunca nos olvidaron”, dijo Erasmo Bolívar al salir.

Este jueves deberán presentarse ante el tribunal para conocer las condiciones de su libertad. El polémico caso fue radicado en el estado Aragua, aunque los hechos ocurrieron en Caracas, una de las primeras irregularidades de un proceso plagado de ellas. 

“A todos ellos les cambió la vida después de 23 años en la cárcel”, dice la abogada y activista Yajaira Forero, esposa de Lázaro Forero, otro de los policías metropolitanos que estuvo preso y obtuvo la libertad condicional por razones de salud hace más de una década. Forero ha sido la principal vocera de la causa y este miércoles, desde una protesta por la liberación de los más de 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, no ocultó su emoción.

 “Ellos son los presos políticos con más tiempo ininterrumpido en Venezuela. Llevaban años en calabozos, en cárceles lejanas de sus casas, sin ver a sus familiares. Son años luchando por ellos, en los que cada vez que les negaron la libertad fue un dolor”, dijo.

Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín pertenecían a la extinta PM, cuerpo sustituido por la Policía Nacional Bolivariana en 2009. Fueron arrestados tras los sucesos del 11 de abril de 2002, la primera tormenta política entre el chavismo y la oposición, y el capítulo que institucionalizó la polarización en Venezuela.

 Hugo Chávez, elegido en 1999, había usado su mayoría legislativa para obtener poderes especiales a través de una Ley Habilitante y gobernar por decreto en amplísimos aspectos de la administración, eludiendo los controles parlamentarios. 

En ese contexto, cuando la oposición comenzaba a temer las intenciones autoritarias del presidente, se desencadenó una ola de protestas tras la cual se escondía una conspiración militar para deponerlo.

El 11 de abril, una manifestación multitudinaria convocada por los partidos de oposición marchó hacia el Palacio de Miraflores para exigir la renuncia de Chávez. Un grupo de activistas chavistas apostados en los alrededores disparó contra la manifestación, desatando una balacera con los efectivos policiales a cargo del orden público. El saldo fue de 19 muertos y más de 100 heridos. Chávez cayó esa noche, pero recuperó el poder dos días después.

Al retomar el control, su Gobierno decidió abrir causas judiciales contra los responsables de la crisis. Políticos, empresarios y sindicalistas fueron acusados; con el tiempo, muchos fueron amnistiados o se quedaron en el exilio. 

Los tribunales se ensañaron especialmente con Iván Simonovis, jefe de la policía de la Alcaldía de Caracas, y con los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero y Julio Rodríguez, además de los oficiales Molina, Bolívar y Rovaín.

 A todos los acusaron de romper el cordón policial para permitir el avance de la marcha y de disparar contra los pistoleros chavistas que aguardaban armados a la multitud. Fueron condenados a 30 años de cárcel.

Simonovis cumplió 15, los últimos en arresto domiciliario, antes de fugarse del país. Los comisarios recibieron hace más de una década medidas humanitarias por razones de salud: dos padecen cáncer. Marco Hurtado y Arube Pérez salieron en 2020 y 2022 tras cumplir sus penas y tiempo adicional por el retardo en la ejecución de sus libertades. Molina, Bolívar y Rovaín, 23 años después, son los últimos en salir libres de la historia del 11 de abril.

“La comunidad internacional empezó a pedir explicaciones por los muertos y heridos de ese día, y los conejillos de indias fueron los PM, no los francotiradores y pistoleros que rodeaban Miraflores. Pero la historia nos dará la razón y se hará justicia”, dice Yajaira Forero. Los policías fueron responsabilizados sin pruebas por dos de las 19 muertes. El resto permanece en total impunidad.

El caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Con los PM se construyó una narrativa para obviar las responsabilidades concretas de quienes asesinaron a 19 personas ese día”, sostiene Alfredo Romero, director de Foro Penal, organización que defendió a varias de las víctimas y llevó el expediente a instancias internacionales, “donde es que va a empezar a determinarse alguna verdad sobre el 11 de abril de 2002”.

Para Romero, el caso es un hito en el desmantelamiento de la justicia venezolana y en la deriva autoritaria del chavismo: lo ocurrido ese día sirvió de pretexto para intervenir el poder judicial y reformar las bases del Tribunal Supremo de Justicia. 

“La base esencial del soporte de este régimen ha sido el control de la justicia, presentar acciones como supuestamente legales, pero con un objetivo de control político”, señala. “Eso está muy asociado con lo que está pasando actualmente en este intento de recomposición de los actores judiciales”.

Con información de El País, de España.

Detenido el sábado en Venezuela y "deportado" a Estados Unidos, el empresario colombiano de raíces libanesas Alex Saab terminó de caer de la cima del poder venezolano, que alcanzó como intermediario y hombre de confianza del depuesto presidente Nicolás Maduro.

Otrora rescatado y protegido por Venezuela ante la persecución de Washington que lo acusa de crímenes de corrupción y lavado de dinero, ahora el propio gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez tras el derrocamiento de Maduro, lo envía a suelo estadounidense.

Bajo señalamientos de ser testaferro de Maduro a escala internacional, Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado un año después a Estados Unidos, donde afrontó un juicio por malversar fondos de un programa alimenticio venezolano que lideró como contratista preferencial del chavismo.

Quedó en libertad en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo con Venezuela a cambio de prisioneros estadounidenses. Rápidamente retomó una posición de poder como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado para atraer capital extranjero en un país sancionado.

Ahora, caído en desgracia nuevamente, afronta hasta 20 años de prisión si la justicia estadounidense lo encuentra culpable de transferir junto a su socio Álvaro Pulido, también solicitado, 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas en el extranjero controladas por ellos.

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Hijo de un empresario libanés asentado en Barranquilla, Saab comenzó como vendedor de llaveros promocionales antes de incursionar en el sector textil, con 100 almacenes que exportaban a más de 10 países, según biografías oficiales.

"Guiado por su espíritu de empresario cosmopolita, busca trasladar su capacidad emprendedora más allá de las fronteras" y se traslada a Venezuela "interesado en el ramo de la construcción", cuenta una serie en su canal en YouTube titulada "Alex Saab, agente antibloqueo".

Firmó su primer contrato en Venezuela en 2011 en el palacio presidencial de Miraflores. Entonces, Maduro era canciller y el presidente, Hugo Chávez. Un Saab joven con una pequeña cola de caballo subió a la tarima y suscribió una "alianza estratégica" para "la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas".

En el acto estaba presente el entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

"Ofrecí un sistema italiano de construcción", dijo Saab en una entrevista con el diario El Tiempo en 2017. "Luego de un año de trabajo y tocar puertas, logramos entrar y abrimos una fábrica".

"Debo ser enfático en esto", añadió. "No conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios".

Pero fue precisamente con la llegada de Maduro a la presidencia que Saab se convierte "casi inmediatamente" en "el contratista consentido" y después en su "ministro plenipotenciario en la sombra", dijo a la AFP Roberto Deniz, periodista del portal de periodismo de investigación Armando.info, que ha escrito exhaustivamente sobre el tema.

Según el periodista, de las viviendas sociales, Saab ganó un contrato para la construcción de gimnasios por 100 millones de dólares, pagados por adelantado, y de ahí uno en petróleo con una "empresa fantasmal" sin experiencia, que se terminó cayendo por el reclamo de otras compañías en el ramo.

Maduro creó en 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan de distribución de alimentos subsidiados en un momento de desabastecimiento de más de dos tercios de productos básicos.

Y Saab se convirtió en uno de los proveedores, logrando "importantes acuerdos comerciales", según su serie en YouTube. En 2018, de acuerdo a esta versión, asume "como funcionario público" la "misión" de adquirir en Rusia e Irán "alimentos, medicinas, repuestos para las refinerías y diferentes empresas".

Saab se felicitaba por ejemplo por la ruta de combustible iraní, que abrió "por instrucciones, guía y visión del presidente Nicolás Maduro", a quien en 2017 dijo no conocer.

Irán envió buques de gasolina a la otrora potencia petrolera embargada por Estados Unidos, que acribilló a Maduro con sanciones para presionar su caída.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega lo ha catalogado como "el principal testaferro del régimen" de Maduro y su familia, y aseguró que ha consignado pruebas ante "algunas autoridades".

Su arresto de 2020 fue considerado como "secuestro" por las autoridades venezolanas, que lo tildaron de "héroe" y emprendieron esfuerzos titánicos para lograr su excarcelación.

Su regreso a Venezuela en 2023, tras casi tres años de prisión, fue transmitido en directo por la televisora estatal y celebrado como una victoria diplomática.

Ahora el panorama es distinto y es el propio gobierno venezolano el que lo entrega para una nueva estancia tras las rejas en Estados Unidos, tal y como su antiguo aliado Maduro.

Con información de AFP

El caso de Víctor Hugo Quero y su muerte ocurrida hace más de 9 meses, levanta una serie de interrogantes que los especialistas comienzan a hacerse, y una de ellas es. ¿Quiénes son los responsables?

Las respuestas las asoma el abogado penalista y activista por los DD. HH., Zair Mundaray, quien afirmó en una entrevista con NTN 24, que las irregularidades comenzaron desde la detención hasta la autopsia.

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Después de meses de búsqueda infructuosa, Carmen Teresa Navas recibió la confirmación de la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero, quien permaneció desaparecido desde julio de 2024.

La madre del hombre de 51 años recorrió durante varios meses infinidad de centros de reclusión y organismos de justicia buscando información, pero no se la dieron.

Fue apenas hace unos días que el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó de la muerte y de las supuestas circunstancias en que ocurrió.

Luego, el MP anunció la exhumación del cadáver, sepultado en el cementerio Jardín La Puerta de Caracas, proceso que se extendió por más de nueve horas y se hizo en ese mismo lugar.

 Mundaray, como exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, alertó sobre irregularidades en el procedimiento. "Esto es una autopsia tardía porque, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Penitenciario, el certificado de defunción lo firma un médico normal, un médico asistencial. Esto da un dato: jamás pasó por Medicatura Forense", explicó.

Mundaray cuestionó que la exhumación se realizara inicialmente con un "médico integral comunitario" sin capacidades técnicas para una autopsia de esta naturaleza.

 "Este tipo de autopsia solo la puede hacer un antropólogo forense porque debe tomar muestras que a simple vista no se ven y deben ser analizadas microscópicamente", indicó el experto.

El caso de Quero presenta características particulares dentro de la casuística de desapariciones forzadas en Venezuela. 

A diferencia de otros casos, fue llevado ante un tribunal de terrorismo, imputado por cuatro delitos, y se le asignó un defensor público. "Fue llevado a un tribunal y fue imputado por un fiscal del Ministerio Público por el delito de terrorismo, de tenencia de explosivos, asociación para delinquir y otro delito más", detalló Mundaray.

El abogado señaló que "toda la cadena de mando de este caso involucra a Tarek William Saab, al sistema del Ministerio Público, pero también al sistema de justicia que llega hasta la Sala Penal". Mundaray enfatizó que el tribunal negó la solicitud de amnistía a Quero cuando ya había fallecido, demostrando conocimiento de su muerte.

Incluso recuerda que en febrero de 2025, Carmen Teresa Navas envió una carta al fiscal general Tarek William Saab reportando la desaparición de su hijo, sin recibir respuesta.

 “Sabían que tenía madre viva, sabían que tenían que notificarlo, pero además fue atendido por defensor público”, agregó.

Según el certificado de defunción oficial, Quero murió por tromboembolismo pulmonar, diagnóstico que Mundaray considera insuficiente sin una autopsia forense completa. "Las causales de tromboembolismo pulmonar son tan amplias que pueden ser incluso por contusiones, pueden ser por golpes en el tórax", advirtió.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señala que hay otros responsables, como el propio ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, a quien deberían destituir e investigar por este caso.

Asimismo, destaca que, como Víctor Quero fue detenido por funcionarios de la DGCIM y luego llevado al Rodeo, “estamos frente a una cadena de complicidades” entre el organismo de inteligencia militar y la dirección del penal.

 Pero el OVP también coincide en que en el caso también son responsables las autoridades de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía, puesto que "en la aprobación de medidas cautelares otorgadas por la @CIDH quedó constancia de que ‘en el mes de octubre de 2025 una funcionaria de la Defensoría del Pueblo confirmó en el Ministerio Público la existencia de un expediente contra Víctor’. Se revela que está recluido en El Rodeo I y se formalizó ante este organismo la denuncia verbal por desaparición forzada”.

Por lo tanto, según el  OVP, “es primera vez en la historia del penitenciarismo venezolano que se registra una situación de esta naturaleza, y la muerte de Víctor bajo custodia del Estado tiene una cadena de responsabilidades que debe ser investigada”.  

El caso encendió alarmas entre familiares de más de 470 presos políticos que permanecen detenidos desde las protestas postelectorales. 

La exhumación se realizó con presencia de funcionarios de la Policía Científica, aunque persisten dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas y el traslado del cuerpo.

Con información de OVP y NTN24

El aterrizaje en Venezuela del primer vuelo procedente de Miami en siete años, previsto el jueves, marca el fin del aislamiento respecto a Estados Unidos, pero también la reintegración del país caribeño en el concierto aéreo mundial tras varios meses de ostracismo.

Envoy Air, filial de la poderosa American Airlines, tendrá una frecuencia diaria con Florida, donde viven unos 250.000 venezolanos, parte importante de la diáspora. La aerolínea venezolana Laser Airlines ofrecerá la misma ruta a partir del 1 de mayo.

Las relaciones aéreas con Estados Unidos se interrumpieron en mayo de 2019, tras la ruptura de relaciones diplomáticas ese mismo año. El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, no reconoció la reelección del mandatario Nicolás Maduro.

Siete años después, tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar ordenada por el propio Trump, las relaciones entre Caracas y Washington se normalizan.

Antes vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió las riendas de forma interina. Entre elogios de Trump, ha abierto los sectores petrolero y minero al capital privado.

En noviembre de 2025, Trump decretó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe, oficialmente para una operación antidrogas, que desembocó en la captura de Maduro.

Esta declaración, seguida en diciembre de una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA), propició la cancelación masiva de rutas aéreas.

En noviembre, el país operaba 105 vuelos internacionales a la semana a través de 12 aerolíneas.

Tras las medidas de Estados Unidos, la conectividad se redujo a apenas un tercio.

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Pero pese a su ubicación estratégica en la región, Venezuela ya era un país aislado: la mayoría de las grandes aerolíneas internacionales habían optado por dejar de volar a Caracas por deudas impagadas del gobierno.

Desde entonces se han reanudado muchos vuelos y actualmente el país registra cada semana unos 151 vuelos internacionales a diversos destinos.

Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), cree que restaurar la conexión aérea con Estados Unidos es el primer paso para normalizar el flujo con un mercado que, históricamente, fue el más dinámico para el país.

"La ruta entre Venezuela y Estados Unidos es una conexión natural dada las largas relaciones entre ambos países y el favoritismo del venezolano por viajar a ese país", dijo de Loaiza.

En el panorama general de conexiones internacionales, Copa Airlines encabeza la lista de frecuencias semanales con 19 vuelos hacia Panamá, importante puente hacia otros destinos.

La brasileña GOL se sumó en marzo con cuatro vuelos semanales desde Sao Paulo, la metrópoli más grande de Sudamérica.

"Las condiciones de seguridad regresaron", celebró Alberto Fajerman, asesor de la presidencia de GOL.

Los vuelos hacia Europa de momento son hacia Madrid y Estambul. Turkish Airlines opera cinco frecuencias. A Madrid vuelan la española Iberia y las aerolíneas venezolanas Estelar, Laser y Plus Ultra.

Pero aún queda mucho por recorrer para recuperar el nivel de hace una década.

"Hubo un momento en que operaban diariamente múltiples vuelos de American, Continental, United y Delta. Llegamos a tener cuatro vuelos diarios a Miami, un vuelo a Dallas, un vuelo a Nueva York", recordó la presidenta de la ALAV.

De Loaiza confía en que este retorno incentive a otras compañías estadounidenses a reactivar rutas estratégicas, especialmente la conexión con Houston, vital para la industria petrolera.

Se espera que al país lleguen empresarios e inversionistas para evaluar las oportunidades de negocio, lo que demandará vuelos directos.

Además del impacto económico, de Loaiza espera una reactivación del "turismo de nostalgia".

Más de 7,9 millones de venezolanos han migrado, según datos de la ONU. De ellos, 1,2 millones viven en Estados Unidos.

"Una de las primeras olas que esperamos es la de los venezolanos que vuelven para visitar a su familia y facilitar el viaje de sus hijos que no conocen el país", señaló.

La plena normalización de los vuelos también dependerá del avance de la retomada de los servicios consulares, advierte De Loaiza, ya que para viajar a Estados Unidos los venezolanos necesitan visa.

Con información de AFP

La combinación de mejores perspectivas para el sector petrolero y el recorte de las sanciones por parte de EE. UU. podría llevar a la economía de Venezuela a crecer incluso encima del 10%, aunque cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente bajos, publicó la agencia Bloomberg.

 “Para 2026, los analistas estamos viendo un crecimiento claramente superior al 10%, porque la actividad petrolera va a crecer por lo menos un 25%”, dijo a Bloomberg Línea el economista venezolano José Guerra, quien ha sido miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.

“El efecto que eso tiene en sí mismo, en la composición del Producto Interno Bruto, más el efecto arrastre sobre los otros sectores, da un crecimiento que va a estar entre 10 y 12%”, agregó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento para Venezuela de 4% para 2026 y de 6% para 2027, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es más optimista y estima una expansión de 6,5% en 2026.

Según Guerra, el entorno actual es favorable para la expansión económica, aunque advierte que la inflación seguirá siendo alta. Menciona que el país podría recibir alrededor de US$5.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI tiene asignado a Venezuela y “que no le entregó en septiembre del 2021 porque el país no estaba reconocido”.

“Ahora que está reconocido por el FMI, por los multilaterales, ese dinero va a entrar y además puede acceder a otras líneas de financiamiento”, afirmó Guerra.

De manera tal que, “cuando conjugas el aumento de la producción petrolera este año, el financiamiento del FMI y otras líneas de crédito del Banco Mundial, claramente te va a dar que el país tiene los recursos para financiar el crecimiento”.

La reciente flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre el futuro económico de Venezuela.

Entre febrero y abril de este año se han autorizado transacciones que previamente estaban bloqueadas.

 Desde la venta de diluyentes y la reanudación de operaciones de grandes empresas petroleras, hasta la posibilidad de realizar transacciones con el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos, así como avances hacia una reconexión con el sistema financiero internacional.

A ello se suma el restablecimiento de contactos entre el Gobierno interino venezolano y organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, luego de varios años sin relaciones formales.

El especialista en asuntos venezolanos y profesor de Macroeconomía de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez, dice que, tras años de aislamiento financiero y comercial, las nuevas licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permiten reactivar operaciones clave en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito petrolero y financiero.

Sin embargo, “aunque estas medidas representan una señal positiva, están lejos de garantizar una recuperación sostenida de la economía venezolana”, dijo Pérez. En el corto plazo, “estas decisiones pueden generar un impulso relevante. La reconexión del sector de hidrocarburos con su principal mercado histórico, Estados Unidos, podría traducirse en un aumento significativo de la producción petrolera”.

Dado el peso estructural del petróleo en la economía venezolana, este repunte podría transmitirse hacia otros sectores, particularmente los servicios, generando un aumento del producto interno bruto (PIB) en 2026 y posiblemente en los años siguientes. Sin embargo, explica que este optimismo debe matizarse con una perspectiva histórica.

“Venezuela ha atravesado uno de los colapsos económicos más profundos registrados en tiempos recientes. Entre 2014 y 2020, la economía perdió más del 70% de su tamaño. Solo entre 2016 y 2019, la contracción promedio anual fue cercana al 18%”, indicó Roberto Pérez.

A ello se suma la ausencia de cifras oficiales completas para algunos años, en los que la pandemia probablemente agudizó la caída.

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Estados Unidos suavizó este mes las sanciones contra el banco central de Venezuela, en un intento de la administración de Donald Trump por reactivar el sector petrolero del país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Bloomberg informó que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite a las instituciones financieras y a otras entidades realizar negocios con el banco central de Venezuela, junto con un pequeño número de otras instituciones del país.

Según declaró Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, antes del anuncio, la flexibilización de las sanciones contra el banco central de Venezuela daría “una verdadera profundidad al mercado cambiario”.

Previamente, la Administración Trump levantó las sanciones a la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y fue retirada de la denominada ‘Lista Clinton’.

“Valoramos la decisión del presidente Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Sobre los sectores que impulsarían la economía venezolana, el economista Guerra señala que el comercio y los servicios crecerían alrededor de 7% en 2026, impulsados por el aumento de las ventas.

También ve potencial en el sector financiero, que podría expandirse aún más si se reduce el encaje bancario porque podría favorecer la dinámica del crédito. Asimismo, prevé un crecimiento de la manufactura, especialmente en áreas vinculadas al petróleo.

“El crecimiento va a ser generalizado, obviamente asimétrico”, dice Guerra, quien considera que “indudablemente” la reducción de las sanciones por parte de EE.UU. va a contribuir a impulsar la economía.

En términos generales, explicó que el levantamiento de sanciones de Estados Unidos ha permitido mayor operatividad financiera -incluyendo transferencias, corresponsalías y acceso a divisas-, lo que ha mejorado el funcionamiento del mercado cambiario.

“Todo este levantamiento de sanciones crea un clima, digamos auspicioso, para el crecimiento económico en este año”, indicó Guerra. Añade que, aunque las sanciones petroleras no se han eliminado completamente, sí se han flexibilizado, facilitando la participación de empresas como Chevron (CVX), el regreso de Repsol y la entrada de nuevos competidores.

“La licencia 56 que emitió OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es prácticamente una eliminación de la sanción. La única diferencia es que Estados Unidos mantiene el control del petróleo (…) el dinero lo maneja el Departamento de Tesoro”, apuntó Guerra.

Guerra describe el contexto actual como uno de “expectativa favorable”, aunque aclara que las inversiones aún no se han materializado plenamente en mejoras para la población.

“El primer trimestre fue malísimo, en términos de devaluación e inflación, que fue del 650% anual en marzo”, expuso.

“Pero la tasa de devaluación de abril hasta el día de hoy es de apenas el 1,6%. Eso quiere decir que es probable que la inflación este abril esté en un dígito apenas, 3 o 4%, que para los estándares nuestros sería una buena cifra”.

Subraya que uno de los principales retos de Venezuela sigue siendo el bajo nivel salarial que, según dice, ronda entre US$100 y US$120 mensuales en promedio (sumando los bonos estatales). “El crecimiento históricamente en Venezuela toma tiempo en reflejarse en la economía.

El efecto derrame no es inmediato. Se estima que ese impacto comenzará a observarse a partir del segundo semestre, cuando la producción gane mayor impulso y sectores como la manufactura y el comercio empiecen a contratar más personal y a pagar mejores salarios”, remató Guerra.

En este contexto, el analista Roberto Pérez argumenta que cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente deprimidos, más que como evidencia de una transformación estructural.

Para el analista, “el verdadero desafío no es simplemente crecer, sino hacerlo de manera sostenida y sobre bases sólidas, como ocurrió durante gran parte del siglo previo a la debacle económica reciente”.

Para ello, considera que es fundamental garantizar la estabilidad macroeconómica, la apertura a la inversión y la consolidación de un entorno político creíble que garantice la propiedad privada. Sin estos elementos, dice Pérez, el actual repunte corre el riesgo de convertirse en un episodio de crecimiento transitorio, más que en el inicio de una nueva trayectoria de desarrollo económico.

En ese sentido, la ausencia de señales políticas claras sigue siendo un obstáculo central. Muestra de esto, añade, es que no hay definiciones sobre el calendario electoral, la independencia de las autoridades electorales, ni la participación de actores clave de la oposición.

En su opinión, tampoco existe aún una hoja de ruta clara para fortalecer instituciones clave como el Banco Central, el Tribunal Supremo de Justicia o la estatal petrolera PDVSA.

“Esta incertidumbre limita la confianza de los inversionistas y dificulta la construcción de expectativas favorables de mediano y largo plazo”, remató Pérez.

Con información de Bloomberg.

La flexibilización de las sanciones de EE. UU. devolvió la banca de Venezuela al sistema financiero global y ha abierto la puerta a una nueva etapa que podría estabilizar en el corto plazo el tipo de cambio, dijeron analistas a EFE, aunque advirtieron que una recuperación económica dependerá del fin del modelo vigente.

La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, en inglés) levantó de forma parcial las sanciones que impuso en 2017 al Banco Central de Venezuela (BCV) y a tres instituciones públicas más, al tiempo que emitió una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el Gobierno venezolano, previa autorización de Washington.

 La decisión tuvo consecuencias casi inmediatas: el regreso del país después de siete años al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y el nombramiento de un nuevo presidente del BCV, Luis Pérez, quien ya era miembro de la directiva. Su designación se dio tras la renuncia de Laura Guerra, nombrada en el cargo por Nicolás Maduro desde abril del año pasado.

Para el director de la firma consultora Aristimuño, Herrera & Asociados y del portal Banca y Negocios, César Aristimuño, esto permitirá «el reforzamiento de las reservas internacionales», ayudará a la estabilidad del sistema cambiario -cuya brecha entre el dólar oficial y el paralelo ronda casi el 30%- y generará «una mayor confianza» para las inversiones internacionales.

De hecho, el mismo viernes el FMI desbloqueó los Derechos Especiales de Giro (DEG) de Venezuela, dándole acceso a unos 4.900 millones de dólares y eso, dijo Aristimuño a EFE, lleva «las reservas internacionales a un nivel cercano a los 20.000 millones de dólares». Las reservas actuales ascienden a unos 13.700 millones de dólares.

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, prometió, antes del anuncio por parte de su organismo, que actuaría «con gran celeridad» para poder dar acceso a Venezuela a instrumentos de financiación.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo, sin embargo, que no tiene previsto un programa de endeudamiento y volvió a celebrar la reincorporación a la organización que el chavismo satanizó por años.

A juicio de Aristimuño, la vuelta del país al FMI, junto a la autorización para la celebración de contratos comerciales, apunta a permitir la renegociación de la deuda que Venezuela mantiene en default técnico desde 2017, con un monto superior a 120.000 millones de dólares.

«Buena parte de todo lo que se está haciendo tiene también como trasfondo el tema energético y minero», apuntó este economista, a propósito del interés de Estados Unidos en el petróleo y el oro venezolanos.

El escenario, según los analistas, está servido para un despegue económico, lo que impactará en el corto plazo en la brecha cambiaria con una tendencia a reducirse.

Aristimuño estima que para mediados de año la diferencia cambiaria sea del 10%.

Pero para que la economía venezolana mejore, aún falta un cambio en el manejo de la política económica del Banco Central, caracterizado principalmente por un mercado cambiario subsidiado, apuntan los analistas.

El director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, advierte que el impacto del aligeramiento de las sanciones «terminaría siendo muy bajo» con un escenario de un «Banco Central sin sanciones, pero con el mismo consejo directivo».

Por tanto, Grisanti planteó, entre otras, un cambio en la gerencia actual, al indicar que se debe nombrar a alguien con un perfil técnico para ocupar este puesto, lejos de la afinidad ideológica.

En ese sentido, señaló que, hasta la fecha, todos los cambios que ha hecho Delcy Rodríguez en su Gobierno son del «círculo más cerrado del chavismo», de personas «más cercanas a ella y menos cercanas» a Maduro, encarcelado en EE. UU. tras su captura en enero pasado.

«Lo ideal sería que ese nuevo equipo (…) tenga independencia de criterio y pueda ejecutar acciones conjuntamente con el Tesoro de Estados Unidos», añadió este experto en conversación con EFE, e insistió en que los cambios para las inversiones petroleras y mineras han avanzado muy rápido, pero lo referido a la venta y compra de divisas «se ha dado mucho más lento».

A juicio de Grisanti, el dólar subsidiado desde 2003 no tiene efectos «positivos» sobre la inflación en el país, que cerró 2025 en más de 400 %.

«Venezuela cayó en una hiperinflación por esa política (…) Entonces, el haber mantenido estos tres meses (de Gobierno encargado) la venta de dólares subsidiados para mí ha sido una muy mala señal», agregó.

Con información de EFE

La modificación del régimen de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela amplía considerablemente el margen de maniobra del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. 

Las autoridades estadounidenses han levantado la sanción contra el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras tres entidades financieras estatales: el Banco de Venezuela (antiguo Santander, nacionalizado por Hugo Chávez y el que posee la mayor cantidad de clientes en el país), el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. Estas instituciones concentran la nómina pública nacional.

 Entre las operaciones autorizadas están todo tipo de transferencias y el uso de billeteras digitales.

 Además, facilita las operaciones en los mercados de cambio de divisas al autorizar el ingreso de dólares al país.  

También permite los servicios bancarios de pago y de cuentas corresponsales denominados en dólares estadounidenses, los servicios relacionados con el cobro, envío o recepción de fondos y remesas, así como el pago de salarios, pensiones, anualidades, nóminas y otros beneficios laborales.

Esta es la medida más importante para apuntalar la agenda de reconstrucción que Washington ha trazado sobre Venezuela tras la intervención militar, y se esperaba desde hace días. 

Resultaba una acción necesaria y complementaria a las licencias previas —11 en total desde enero de 2026, sumando las dos emitidas este martes— que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) había otorgado sobre los sectores petrolero, gasífero, eléctrico y minero. Aquellas disposiciones permitieron el comercio de crudo y oro bajo el control de Estados Unidos; sin embargo, el dinero producto de esas ventas permanecía trabado por otras sanciones.

La nueva medida sobre el BCV implica, además, la reconexión con el sistema financiero internacional, un espacio del que Venezuela estuvo vetada por casi una década. Dicho aislamiento llevó a las entidades bancarias a una política de sobrecumplimiento en la vigilancia de transacciones hechas por venezolanos, estuvieran vinculados al Gobierno o no, lo que impuso severas restricciones a la operación de empresas y particulares.

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La licencia al BCV podría ser clave para la agilización del mercado cambiario en un momento en que la escasez de divisas ha acelerado el índice de precios.

 Venezuela cerró 2025 con una inflación cercana al 500% que ha seguido creciendo en lo que va de 2026; para algunos economistas, este escenario sitúa al país al borde de una nueva hiperinflación.

La demanda de dólares continúa superando la oferta disponible, lo que ha presionado el tipo de cambio fuera del mercado oficial. La reconexión con la banca internacional facilitaría la entrada de divisas y ampliaría la participación de más instituciones en el mercado cambiario.

 El levantamiento de sanciones era, asimismo, un requisito para el reconocimiento de Venezuela y el acceso a créditos de recuperación ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 Para ello, también sería imperativo que el organismo recupere su independencia frente al Ejecutivo. El Banco Central de Venezuela está presidido actualmente por Laura Guerra Angulo, tía de Nicolás Maduro Guerra e hijo del mandatario depuesto por Estados Unidos y encarcelado en Nueva York.

En la licencia 56, también emitida este martes, se ha otorgado una autorización amplia a las empresas para participar en negociaciones y licitaciones relativas a contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. Esta disposición podría facilitar acuerdos para proporcionar bienes y servicios destinados a la infraestructura eléctrica y otros sectores estratégicos donde se requieren grandes inversiones.

Con información de El País

Bajo la sombra del ataque militar de EE. UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ensaya una apertura política en un escenario de claroscuros, donde la movilización ciudadana y la liberación selectiva de presos políticos conviven con una estructura represiva que, según analistas consultados por EFE, se mantiene.

Si bien el Gobierno interino de Delcy Rodríguez proclama un mensaje de «reconciliación y perdón» que ha permitido a dirigentes opositores salir de la clandestinidad y a trabajadores retomar las protestas de calles, aún quedan secuelas del férreo control social impuesto tras las elecciones de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador entre denuncias opositoras de fraude.

 Un ejemplo de ello fue una marcha de sindicalistas que este jueves exigían un aumento de salario mínimo mensual y que la Policía bloqueó cuando intentaban llegar al Palacio presidencial de Miraflores.

Los agentes golpearon con cascos, escudos y piedras a los manifestantes, que fueron rociados con gas pimienta, al tiempo que 10 periodistas, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), fueron agredidos. No se trata de un hecho aislado, pues ya son más de 80 las agresiones computadas por este gremio en el primer trimestre del año.

Tampoco la amnistía, iniciativa anunciada como una muestra de reconciliación, ha dado los frutos esperados.

Aunque ya son 8.000 los amnistiados en virtud de una ley promovida por Rodríguez para los presos políticos de los 27 años del Gobierno chavista, la anulación de sus causas no oculta la vigencia de un sistema de justicia y de una institucionalidad que, coinciden expertos, es abiertamente afín al chavismo y responde a órdenes políticas.

En Venezuela permanecen tras las rejas más de 480 presos políticos, contabiliza la ONG Foro Penal, que reportó una detención durante la marcha del jueves.

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Con este trasfondo, la activista del colectivo de derechos humanos Surgentes Martha Lía Grajales dijo a EFE que después del 3 de enero se registra en el país no «una apertura del espacio democrático», «sino apenas una rendija», que, consideró, «es pequeña».

La también abogada, quien estuvo detenida durante una semana en agosto del año pasado acusada de «incitación al odio» y «conspiración» tras protestar en favor de presos políticos frente a la ONU en Caracas, se muestra cauta y dice que mientras se mantengan las «estructuras» que han permitido la «persecución política» en el país, la represión «es una amenaza».

En opinión del director de la ONG Provea, Oscar Murillo, quienes se manifiestan o se oponen a lo establecido actualmente están en riesgo, ya que, a su juicio, no existe «hasta ahora, desde el punto de vista legal o jurídico, un avance concreto, creíble, de que se esté desmontando precisamente el aparato represivo».

Ambos coinciden en que para que haya un verdadero espacio democrático, deben derogarse leyes, como la que regula a las ONG, la ley contra el odio que ha permitido la encarcelación de personas por difundir mensajes en redes sociales, así como una reestructuración de los cuerpos de seguridad y de justicia.

Señalan igualmente que debe darse la liberación de todos los presos políticos «sin condiciones» y la convocatoria a comicios con un nuevo árbitro electoral y con la plena garantía de que todos los partidos puedan participar.

Grajales opina que la persecución desatada en 2024, cuando más de 2.000 personas, según ONG, fueron detenidas en medio de la crisis postelectoral, «ha disminuido», pero «no ha desaparecido».

«Yo siento que es como un perro rabioso que todavía está con ganas de morder, pero que en este momento tiene un bozal y una correa por una, digamos, acción externa que lo mantiene contenido, ¿no? Que en este caso sería el Gobierno de Estados Unidos», añade Grajales, al advertir que «en la medida en que esa presión externa disminuya o no se ejerza, podría nuevamente desatarse».

Alertó, en ese sentido, que el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Miguel Ángel Suárez, fue perseguido tras encabezar la marcha opositora del pasado 12 de febrero, en tanto que sindicalistas que participaron, un mes después, en una protesta para exigir el alza de los salarios fueron hostigados.

«Yo creo que en esta etapa, Venezuela lo que necesita es que se garantice el disenso. Que pueda garantizarse la pluralidad», concluye, por su parte, Murillo. 

Con información de EFE

Haciendo una especie de mea culpa, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, admitió este miércoles que "se han cometido errores", en materia económica, y que la crisis que Venezuela atraviesa desde hace ha sido generada en gran parte por las sanciones.

Pero, ¿en qué consisten estos anuncios?

El principal anuncio de la mandataria fue un aumento salarial el 1 de mayo, aunque no dio detalles al respecto.

Sin embargo, sobre este tema, dijo que los anteriores aumentos salariales fueron inflacionarios, porque se emitieron sin tener el respaldo de dinero que se necesitaba. 

Por ello, aseguró que el aumento del 1 de mayo será "responsable".

Ordenó la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la Constituyente Laboral y de Seguridad Social que está en curso, con participación del Estado, del sector privado, de los trabajadores y los pensionados.

La Constituyente Laboral la había anunciado Nicolás Maduro en diciembre del año pasado, días antes de su captura, aunque Rodríguez le da la vuelta y añade que este proceso se vuelque a conseguir mejoras para los trabajadores y pensionados.

En segundo lugar, pidió construir una nueva institucionalidad del Estado que se traduce en que sea  “un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional", por lo cual aprovechó para promulgar la Ley de Facilitación de Trámites y llamó a los venezolanos profesionales que se fueron del país a que regresen al país, a contribuir con estos cambios.

Seguidamente, Rodríguez anunció la creación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, para que se definan cuáles son estratégicos y cuáles no.

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Asimismo, la mandataria propuso instalar inmediatamente el Consejo Nacional de Economía Productiva, para recibir propuestas de reformas en materia tributaria, con miras a tener un sistema más competitivo y un modelo tributario más eficiente.

En este caso también dijo que la comisión tendría una participación importante del sector privado.

Otro anuncio de Rodríguez tiene que ver con la recuperación de activos y recursos bloqueados, que son de Venezuela.

En este caso, dijo que se destinarán inmediatamente a rehabilitar la infraestructura básica (electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales) y la inversión productiva que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores.

En sexto lugar, pidió repensar la protección social, para cuidar mejor a los jóvenes y a los abuelos y abuelas.

Finalmente, convocó a una multitudinaria peregrinación por el fin de las sanciones contra Venezuela desde el 19 de abril al primero de mayo.

Como en una de esas películas experimentales que en los años setenta abusaban de la técnica de la pantalla partida, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablaron la semana pasada en Estados Unidos con unas pocas horas de diferencia. 

La primera lo hizo en Miami, en un foro de inversión auspiciado por el fondo soberano de Arabia Saudí. La segunda, en Houston, en una influyente conferencia mundial sobre la industria energética.

 Rodríguez, sujeta aún a sanciones por el Tesoro de Estados Unidos, participó por videoconferencia. Una visita suya al país que capturó el pasado 3 de enero a su jefe, Nicolás Maduro, pareció a última hora improbable. Machado, que lleva unos meses haciendo lobby en Estados Unidos, acudió en persona a Texas y se dio un baño de masas ante centenares de personas, entre ellas muchos venezolanos en el exilio.

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La coincidencia habló de hasta qué punto el futuro de Venezuela se decide más en Washington que en Caracas, y de cómo ese futuro se articula en torno a dos prioridades que no necesariamente coinciden: la estabilidad que busca la Casa Blanca y la transición democrática que reclama la oposición. Y en ese cruce de intereses se mueve María Corina Machado.

La líder con más respaldo popular del país catapultó su fama cuando salió de Venezuela de forma clandestina y cinematográfica para recoger su Nobel de la Paz en Noruega el pasado mes de diciembre. 

Después de un año y medio en la clandestinidad —tras las elecciones que, según las actas, ganó su candidato Edmundo González— y casi tres décadas aguardando un cambio, parecía que algo, por fin, iba a moverse. 

Así que cuando el 3 de enero, las tropas de élite estadounidenses entraron en el refugio de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la opositora, de 58 años, pensó que había llegado su momento. Pero la idea de Donald Trump era otra.

​​Trump habla elogiosamente de Machado —valora que en su primer cara a cara esta le hiciera entrega de su Nobel de la Paz—, la ha recibido ya dos veces en el Despacho Oval y su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha visto con ella este martes. 

Pero también ha legitimado a Rodríguez como presidenta y se deshace en halagos hacia ella, destacando lo “bien” que se trabaja con ella y con lo que queda del chavismo, súbitamente solícito con los intereses de Washington.

María Corina Machado lleva semanas moviéndose por Washington con una mezcla de urgencia y cálculo. En estos meses, la venezolana ha tenido varias reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con 17 senadores, 27 miembros del Congreso y diplomáticos de 51 países. 

La agenda ha sido frenética, pero el resultado es más incierto. Su prioridad es volver a Venezuela cuanto antes —en febrero llegó a decir que retornaría en “pocas semanas”— y presionar para convocar unas nuevas elecciones en las que, según las encuestas, ella arrasaría. Pero Trump, en un desayuno que tuvieron el pasado 6 de marzo, le pidió paciencia y le aconsejó que no volviese por ahora, según reveló The New York Times.

A esa cautela en Washington se suma una advertencia desde Caracas. Delcy Rodríguez aseguró que si Machado vuelve, “tendrá que responder ante Venezuela” por haber —según la acusación el chavismo— alentado la intervención estadounidense que puso fin al Gobierno de Maduro.

“María Corina ha tenido un paso bastante exitoso por Washington, pero no ha conseguido pulsar el botón que necesitaba: que Trump le dé el permiso de volver a Venezuela”, advierte el ensayista Moisés Naim, uno de los venezolanos más influyentes de Washington. “La prioridad para el Gobierno de Estados Unidos en esta crisis es evitar el caos; impedir que un vacío de poder desemboque en una crisis de ingobernabilidad. Por eso son tan cautelosos con ese regreso”.

Según varios medios estadounidenses, sus constantes apariciones han generado cierta frustración en el entorno de Trump, donde algunos consideran que está anteponiendo su agenda a los objetivos del presidente de estabilizar el país y abrirlo a intereses estadounidenses. Según publicó The Wall Street Journal, en la Casa Blanca creen que Machado no se beneficia al insistir en la transición democrática o al atacar a Rodríguez en televisión.

 Algunos gestos en Washington han descolocado a Machado y su entorno. Uno de los más recientes fue la decisión de Trump de invitar al opositor Enrique Márquez a su discurso sobre el Estado de la Unión. La aparición estuvo cargada de simbolismo, pues se interpretó como un apoyo del presidente a otros actores que podrían liderar la oposición al chavismo. Horas después del evento, Magalli Meda, una de las colaboradoras más cercanas a Machado, difundió una caricatura en la que la líder opositora aparecía relegada a un segundo plano mientras Trump sacaba de la chistera, como un mago, a Márquez.

Machado no es la protagonista, como ella esperaba, pero está muy presente. “Sería un error decir que está completamente aislada”, matiza Geoff Ramsey, experto en Venezuela e investigador senior no residente del Atlantic Council. “Machado conserva aliados en el Congreso, apoyos dentro del propio entorno de Trump y una red internacional activa”, afirma. Pero parte de ese desplazamiento tiene que ver con quién ejerce el poder real hoy en Venezuela. Y de las divisiones en la Casa Blanca.

“Algunos sectores desconfían de impulsar elecciones competitivas a corto plazo por el riesgo de desestabilización, mientras otros advierten del costo político enorme de normalizar relaciones sin exigir reformas”, explica Ramsey. 

Figuras como Marco Rubio, con fuerte base en Florida y buena relación con Machado, empujan en esa dirección. En paralelo, lobbies económicos —petrolero, minero y financiero, sobre todo— presionan por una normalización, aunque “prefieren entenderse con quienes realmente tienen poder”, es decir, los hermanos Rodríguez. A esos grupos de presión, indica una fuente de Washington, les conviene este impasse, siempre que el chavismo esté a las órdenes de la Casa Blanca.

Mientras tanto, el calendario corre. Machado sigue defendiendo la necesidad de fijar desde ya una fecha electoral y su entorno teme que, sin presión, esa promesa se diluya. Pero la Casa Blanca juega a otro ritmo, condicionada por sus propias prioridades. “Ahora Trump está luchando por su supervivencia política, no piensa en Venezuela, precisamente”, argumenta Naím.

Las elecciones, coinciden cualquier analista al que se le pregunte por Venezuela, llegarán. La cuestión es cuándo. Y qué papel tendrá en ellas María Corina Machado.

Con información de El País

Cuando Cilia Flores entró a la sala del piso 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se escuchó un murmullo generalizado. 

Fue un impulso que ninguno de los presentes pudo reprimir a pesar de las serias advertencias que hizo en la víspera uno de los funcionarios del U.S. Marshalls Service, el servicio de alguaciles de Estados Unidos, minutos antes de que comenzara la segunda comparecencia de ella y de su esposo, el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, en un caso de juicio por cargos de narcoterrorismo: “No whispering” (no murmurar).

Siempre con una sonrisa, Flores dio pasos cortos, estrechó las manos de los representantes legales de Maduro y se sentó al lado de Mark Donelly, su abogado defensor. Cuando los primeros murmullos cesaron, apareció su esposo, menos sonriente aunque igualmente cordial. Vestía el traje color caqui de los presidiarios encima de una franela de color anaranjado.

El hombre que condujo a Venezuela entre 2013 y 2026 lucía más delgado, pero no demacrado. No tenía Nicolás Maduro la actitud desafiante de la noche que llegó a Nueva York, cuando alzaba los pulgares y decía “Happy New Year” delante de las cámaras de varios teléfonos celulares. Mientras caminaba hacia su asiento, Maduro miró brevemente a la concurrencia, asintió, dio los buenos días y luego estrechó la mano de su abogado Barry Pollack.

“Estás muy elegante”, le dijo Maduro.

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Maduro y su esposa, que se han declarado inocentes de los cargos imputados, estaban sentados de espaldas al público, compuesto en su inmensa mayoría por representantes de la prensa acreditada en Nueva York y periodistas llegados de otras ciudades de Estados Unidos. 

Parte de esa delgadez de Maduro podía notarse en su cuello, mucho más esbelto si se compara con las fotos tomadas durante sus años como presidente de Venezuela. 

“Lo verán en la sala del tribunal”, había dicho poco antes Pollack mientras llegaba a la corte y en respuesta a dos preguntas de CNN sobre los comentarios de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra —quien había asegurado a principios de semana que su padre se mantenía “con mucho ánimo y con mucha fuerza”— y sobre las condiciones de detención en el Centro Metropolitano de Brooklyn.

Pollack también descartó los informes periodísticos que sugieren que Maduro podría estar sufriendo problemas de ansiedad, que, supuestamente, grita con frecuencia desde su celda que ha sido secuestrado y que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.

 “Yo no estoy allí por las noches, pero no le daría mucha credibilidad a eso”, dijo. El Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) no ha dado detalles de las condiciones de detención del depuesto mandatario.

A diferencia de la primera audiencia, Maduro y Flores permanecieron en silencio y atentos a la traducción simultánea provista por el tribunal. A veces tomaban nota, otras se limitaban a escuchar mirando a sus abogados, al juez, algún punto de la sala, o se movían en la silla para cambiar de posición.

Desde sus lugares, siempre sentados, siguieron el intenso debate sobre si el Gobierno de Venezuela debe pagar o no los gastos de la defensa de la pareja (el juez Hellerstein prometió emitir pronto una decisión sobre si ordenará al Gobierno de Trump permitir que el país sudamericano pague los honorarios). 

También escucharon al magistrado designado por el expresidente Bill Clinton rechazar de momento la propuesta de la defensa de desestimar el caso por esa situación irresuelta de los fondos. Pero también la afirmación del juez de que probablemente considerará que el derecho a contratar al abogado de la elección de ambos prevalece sobre los asuntos invocados por los fiscales para oponerse a que el gobierno de Venezuela se haga cargo de los honorarios.

Fue un debate que el público siguió tomando notas, en silencio, o simplemente escuchando lo que cada una de las partes aportaba para intentar convencer a Hellerstein.

 Al abogado venezolano Pedro Rojas le habría encantado estar presente físicamente en la sala, pero no se lo permitieron, según comprobó CNN. Rojas fue conducido a una segunda sala y siguió la audiencia a través de un monitor, según contó a la salida de audiencia.

No era su plan original. Para evitar volver a reaccionar como en la primera audiencia, Rojas le dijo a CNN que tomaría notas para llevar una minuta detallada de lo que estaba ocurriendo. 

“Ya me advirtieron que no lo volviera a hacer, así que agradezco que al menos me permitan estar. Quiero ser uno más de los que ayuden a reconstruir Venezuela. Hoy está pagando alguien que le ha hecho mucho daño al país”.

En la primera audiencia celebrada tras la captura de la pareja, Rojas decidió increpar a Maduro porque le resultó intolerable, según dijo, que el gobernante denunciara haber sido secuestrado y ser el presidente de Venezuela. 

Entonces gritó: “Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano y a los Estados Unidos de Norteamérica”. Las crónicas periodísticas de la primera audiencia reseñaron la respuesta de Maduro: “¡Soy un presidente secuestrado! ¡Un prisionero de guerra!”.

“Fue un instinto, era el sentimiento de un país, un sentimiento genuino. Siempre he sido respetuoso de la ley estadounidense”, dijo a CNN este jueves.

El abogado de Cilia Flores apenas intervino en la audiencia. Pero hacia el final de la sesión tomó la palabra para solicitar que se atienda un padecimiento cardíaco de su clienta, que describió como un prolapso de la válvula mitral.

De acuerdo con la Clínica Mayo, se trata de una enfermedad de las válvulas cardíacas que afecta a la válvula entre las cavidades izquierdas del corazón. Por esa razón, Donelly solicitó que se le practique un ecocardiograma a Flores.

Al terminar la sesión, Flores y Maduro se levantaron de sus sillas y repitieron el ritual de la entrada. La exprimera dama de Venezuela besó a Donelly, a una de las asistentes de Pollack y se retiró dando pasos cortos. Maduro estrechó la mano de sus representantes legales y nunca se volteó a ver a los asistentes. Ambos desaparecieron detrás de una puerta lateral hasta la próxima audiencia, que aún no tiene fecha.

Con información de CNN

Este 26 de marzo, la defensa del derrocado presidente Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.

El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.

Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.

"Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

"Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió el también diputado.

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De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un "prisionero de guerra" en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados "terroristas" por Washington.

Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

"Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección", escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede "costear de otro modo un abogado".

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que "incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica".

Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.

Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.

Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.

Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

Con información de AFP

El general Gustavo González López fue nombrado  como nuevo ministro de Defensa de Venezuela, una posición en la que reemplaza a Vladimir Padrino López, quien desde 2014 encabezaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

La designación de González López fue anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien suma decenas de cambios en el gabinete y las Fuerzas Armadas desde que asumió el cargo. 

Rodríguez tomó la jefatura del Estado a principios de enero, luego del operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, esta designación ha ocasionado reacciones contrarias en la oposición y entre ONG y activistas por los DD. HH., puesto que el general ha sido acusado de violar los derechos humanos desde sus inicios al frente de organismos de seguridad del Estado.

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La salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa es una buena noticia para Venezuela.Gustavo González López no es “un melón”, su paso por el Ministerio de Defensa debe ser transitorio. pic.twitter.com/3F2E4DwdDv

González López es un militar con una larga trayectoria en instituciones de seguridad venezolanas, en particular en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

 Debido a su paso por ese organismo, que en varias ocasiones ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos, algunas organizaciones no gubernamentales descalifican el nombramiento de González López como nuevo ministro de Defensa.

“La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela”, dijo en X la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), se expresó en la misma línea en un pronunciamiento enviado a CNN.

 “Designar a Gustavo González López es mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias. Esta decisión, junto a la aplicación selectiva de la ley de amnistía, muestra que el régimen está decidido a perpetuar las prácticas abusivas del pasado”, dijo.

CNN contactó a los ministerios de Defensa y de Comunicación e Información de Venezuela para pedir comentarios sobre estos señalamientos y está en espera de respuesta.

En 2017 ordené imputar a Gustavo González López por delitos contra los DDHH: las OLP en la que hubo cientos de ejecuciones extrajudiciales; torturas y desapariciones forzadas en el SEBIN. Fue ascendido por @NicolasMaduro y el TSj impidió la imputación.https://t.co/KlC2BEFByZ

González López nació el 2 de noviembre de 1960, dicen registros del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).

Entró a las Fuerzas Armadas cuando tenía poco más de 20 años, de acuerdo con la agencia Reuters. Tras el anuncio de su nombramiento, Padrino lo felicitó en un mensaje en sus redes sociales y dijo que ambos estudiaron juntos en la Academia Militar del Ejército.

González López fue titular del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), dicen registros de Estados Unidos. 

Esta área fue creada en 2013, durante los primeros meses de gobierno de Nicolás Maduro, quien llegó a la presidencia tras la muerte del presidente Hugo Chávez, y fue suprimida con un decreto de Delcy Rodríguez publicado el 9 de febrero, con el argumento de reorganizar el funcionamiento del Ministerio para el Despacho de la Presidencia.

 El militar también fue director del SEBIN en dos ocasiones: la primera, de febrero de 2014 a octubre de 2018; la segunda, de abril de 2019 a octubre de 2024.

Durante la segunda mitad de 2024, de acuerdo con Reuters, González López comenzó a trabajar con Rodríguez como jefe de relaciones estratégicas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), luego de que Maduro había encargado a la entonces vicepresidenta supervisar el sector energético del país.

Ya este año, después de la captura de Maduro y de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada, ella lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial, según un decreto publicado el 5 de enero.

González López está sancionado tanto por Estados Unidos como por la UE por las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al SEBIN durante el período en el que él fue su titular.

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) datan de 2015.  De hecho, fue uno de los primeros militares venezolanos sancionados por Estados Unidos. 

 La OFAC informó entonces que, con base en un decreto del entonces presidente Barack Obama, decidió sancionar a González López y otras personas con bloqueo de bienes y prohibir su entrada a Estados Unidos por considerarlas responsables del deterioro de los derechos humanos en Venezuela.

En su decreto de esa época, Obama dijo que en Venezuela había “erosión de las garantías de los derechos humanos, persecución de oponentes políticos, reducción de la libertad de prensa, uso de violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a las protestas antigubernamentales, así como detenciones arbitrarias y detención de manifestantes”.

Las sanciones de la UE llegaron dos años después. En 2017, la UE informó que decidió sancionar a González López y otras personas con impedirles la entrada a los países del bloque debido a su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y actos contra la democracia en Venezuela.

En reiteradas ocasiones, el gobierno de Venezuela ha rechazado este tipo de medidas y negado que las autoridades violen los derechos humanos en el país.

Ahora, pese a los señalamientos y las sanciones en su contra, González López llega al Ministerio de la Defensa de Venezuela, donde estará al frente de unos 343.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el dato más reciente.

Para el analista Imdat Oner, académico de la Universidad Internacional de Florida, la llegada de González López a esa posición muestra que la presidenta encargada de Venezuela no hará esfuerzos significativos en materia de democracia y apertura política. Rodríguez, por su parte, asegura que en Venezuela la democracia y el diálogo político se encuentran fortalecidos.

“Al nombrar a González López, un oficial militar del sector de inteligencia con una historia documentada de abusos a los derechos humanos, ella claramente está apuntando a una fase de consolidación en la que la estabilidad se mantiene a través del miedo y la intimidación más que con reformas”, dijo Oner a CNN.

Con información de CNN

La presencia de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, ha terminado de perfilar una estrategia internacional de alianzas con la derecha y la extrema derecha global. 

Machado, que ha sido aclamada como una heroína por la diáspora venezolana en Santiago de Chile esta semana, ha recibido las llaves de la ciudad y se ha convertido en protagonista permanente de noticias.

 La opositora se ha sentido en familia en el entorno convocado por el presidente chileno, su nuevo aliado, cuyos actos protocolarios de asunción del cargo han servido para reunir a una parte importante del liderazgo conservador emergente de América Latina y de otras latitudes.

Además de Kast, la líder venezolana ha intercambiado complicidad y fotografías con dirigentes de Vox, el partido ultraconservador español. 

Ha recibido un nuevo respaldo del presidente argentino, Javier Milei, su aliado político, y de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández. También ha departido con miembros del grupo parlamentario nacionalista y euroescéptico Patriotas por Europa. Ha conversado, además, con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de prisión por sedición.

El propio Flavio Bolsonaro publicó una foto con Machado en su cuenta de X con un mensaje que resume el fervor que la líder venezolana despierta en esta generación de liderazgos de ultraderecha: “La ganadora del Premio Nobel de la Paz es siempre una inspiración para nosotros, que luchamos contra los retrocesos y el autoritarismo de las izquierdas”.

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“No se puede negar que muchos de estos partidos han respaldado, de forma entusiasta, la lucha que hoy lidera María Corina”, objeta el politólogo y escritor Miguel Martínez Meucci, académico de la Universidad Simón Bolívar, quien resta importancia a esta circunstancia y propone una revisión del vocablo “ultra” empleado para designar algunos de estos líderes.

 “La visión política de María Corina es la de un liberalismo clásico amplio, centrado en la defensa de los derechos individuales, la democracia liberal-representativa, la economía de mercado y un nivel óptimo de cooperación público-privada”.

Machado, una política de formación liberal muy inspirada en los valores estadounidenses, ya había inscrito desde hace tiempo su estrategia de proyección internacional dentro del campo del pensamiento conservador. Lo ha hecho de forma categórica, sin fisuras. 

Durante muchos años, y a lo largo de sucesivas administraciones, ha sido una de las interlocutoras privilegiadas de Washington en los temas relacionados con Venezuela.

La dirigente opositora mantiene importantes vínculos con políticos del Partido Republicano, con el movimiento MAGA y con el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos.

 Antes del ataque militar a Irán —uno de los aliados más importantes del régimen chavista en estas décadas— la dirigente venezolana sostuvo conversaciones sobre alianzas estratégicas de mediano y largo plazo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con su canciller conservador, Gideon Saar. Algunas de estas posiciones han generado rechazo en Europa.

“No ubico a María Corina dentro de los confines del pensamiento conservador global actual; no creo que esa sea necesariamente su marca ideológica”, afirma Francisco Suniaga, politólogo y escritor.

 “Las circunstancias imponen a los aliados en muchas ocasiones”, razona. “La izquierda global le ha regateado muchas cosas a la causa de la democracia venezolana, y a María Corina en particular, y la oposición venezolana ha buscado el apoyo de todo el mundo: de los dos grandes partidos españoles, de Estados Unidos, de América Latina, de Europa”, añade. Para Suniaga, la causa de la democracia en Venezuela no puede negarse ningún apoyo. “Es algo que no se puede permitir. Recibir ese y otros apoyos me parece lógico, político y racional”, afirma.

Machado tuvo nuevas palabras de reproche en Santiago de Chile para el gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez. “Hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia —la reconquista de la democracia en Venezuela— y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas y cada gobierno tomará su decisión: si está del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela”.

 Sus reproches han causado cierto malestar en España, uno de los países que más facilidades ha puesto —con permisos de residencia casi automáticos— a los venezolanos que han huido de su país. España es además el refugio de Edmundos González o Leopoldo López, que escapó gracias al trabajo de la diplomacia española. Los críticos de Machado le han reprochado su señalamiento, al tiempo que han cuestionado su silencio ante el trato y las amenazas de deportación con los que sus aliados —de Trump a Kast— maltratan a la diáspora venezolana.

Los señalamientos de Machado al comportamiento de España, sin embargo, están dirigidas exclusivamente al Gobierno de Sánchez. El tono con el rey Felipe VI es otro. En Santiago de Chile, la líder venezolana sostuvo una conversación en tono cálido y cordial con el monarca. “Muy agradecida y emocionada por el encuentro con Su Majestad, convencido promotor de la unión iberoamericana y de sus lazos históricos y culturales. Los venezolanos sabemos que no estamos solos; gracias por su confianza”, dijo.

“No creo que se trate de una cuestión ideológica”, afirma Jesús Seguías, analista político y director de la firma Dataincorp. “Tiene que ver, sobre todo, con la necesidad que tiene María Corina de no desaparecer del radar, de no estar fuera de la jugada política. No quedar opacada con las relaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, el buen momento que se vive con Delcy Rodríguez”, analiza. 

Seguías afirma que, luego del Nobel de la Paz, Machado se ha convertido en una referencia para muchos de estos activistas conservadores del momento. “Para ellos es importante retratarse con Machado, y para ella también es importante retratarse con ellos, seguir en el tope noticioso. En el juego con los Estados Unidos, ella está afuera por el momento. Este es un esfuerzo para mantenerse”, asegura.

Más allá del plano internacional, en lo relativo a la política interna, María Corina Machado ha hecho nuevos esfuerzos por mantener su discurso, sus alianzas y sus objetivos en el centro político —como ya viene haciendo desde 2023—. Ha vuelto a invocar la necesidad de concretar un Acuerdo Nacional y mantiene relaciones normalizadas con actores de la oposición venezolana con los que había polemizado en el pasado.

“Regresaré en el contexto de un gran acuerdo nacional”, aseguró Machado, quien el 1 de marzo anunció su retorno a Venezuela en “pocas” semanas para una “transición indetenible”. “Mi retorno está focalizado en continuar una lucha cívica. Y no debe confundirse civismo con debilidad”, ha dicho esta semana.

El matiz que adquieren sus discursos más recientes puede tener su origen en Washington. Según ha publicado The New York Times, Donald Trump le habría aconsejado a Machado que tenga “paciencia” ante su interés en regresar. Por ahora se impone la agenda económica, la de la estabilización.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez y el chavismo buscan acuerdos con sectores democráticos del país para estabilizar el estatus quo, con concesiones destinadas a rebajar la presión internacional y aislar a Machado y sus demandas democráticas.

 En sus aproximaciones a la sociedad civil opositora, los dirigentes chavistas han hecho saber a sus interlocutores que Machado será siempre una línea roja que haría imposible cualquier acuerdo político de carácter democratizador. Pero la popularidad de María Corina Machado, sin embargo, sigue siendo arrolladora entre la población.

Con información de El País

 El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela después de siete años implica que ambos países vuelven a reconocer formalmente sus canales oficiales de diálogo y cooperación. 

Esto puede incluir el intercambio de representantes diplomáticos, la reapertura de embajadas y la coordinación en asuntos políticos, económicos y consulares. El objetivo desde Washington ha sido claro: abrir todos los espacios para aprovechar al máximo el petróleo venezolano.

Para los venezolanos en EE.UU. tendría efectos directos en materia de servicios consulares.

El paso marca el inicio de una nueva etapa de comunicación entre Washington y Caracas tras años de ruptura y tensiones.

El Departamento de Estado anunció que este restablecimiento busca facilitar esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela.

El anuncio se produjo después de la visita de dos días a Venezuela del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y en medio de contactos diplomáticos iniciados tras una operación militar estadounidense en enero en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro.

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas estaban rotas desde 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump. En ese momento, Estados Unidos reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino del país.

En respuesta, el Gobierno de Maduro rompió relaciones con Estados Unidos y ambos países cerraron sus embajadas. El personal diplomático estadounidense se trasladó entonces a la vecina Colombia.

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Tras la ruptura en 2019 y el cierre de embajadas, muchos venezolanos en la diáspora quedaron sin acceso directo a trámites como renovación de pasaportes, registros civiles o asistencia legal.

Con la reanudación de los vínculos, puede haber la reapertura de las misiones diplomáticas y consulares, lo que permitiría restablecer esos servicios para la comunidad venezolana en Estados Unidos.

La eventual reapertura de embajadas y consulados también permitiría que Caracas vuelva a tener funcionarios diplomáticos en territorio estadounidense capaces de brindar asistencia a sus ciudadanos, algo que ha estado limitado durante años por la ausencia de representación oficial, en un contexto en el que hasta ahora muchos trámites han debido realizarse a través de otros países.

Según el Departamento de Estado, las conversaciones entre ambos países se centran en “ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

La administración Trump también ha intensificado la presión sobre los leales a Maduro que siguen en el poder para que acepten su visión para el futuro del país.

El Gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, confirmó el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares y expresó su disposición a avanzar en “una nueva etapa de diálogo constructivo”.

“El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”, indicó el Gobierno venezolano en un comunicado.

Rodríguez afirmó en la televisión estatal que estas medidas “fortalecerán las relaciones entre nuestros dos países”.

El restablecimiento de relaciones viene tras un proceso de acercamiento tras la deposición de Maduro. 

A finales de enero fue designada la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas, mientras que el venezolano Félix Plasencia fue designado representante diplomático ante Estados Unidos.

Desde entonces, Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Burgum y el secretario de Energía, Chris Wright.

Las visitas se centraron principalmente en el potencial petrolero y minero de Venezuela y en impulsar la inversión extranjera como parte del plan gradual del Gobierno para recuperar la estabilidad del país.

Trump ha elogiado en varias oportunidades a Delcy Rodríguez y esta semana la definió como “presidenta electa” (que no lo es) y la describió como una “persona maravillosa”.

Delcy Rodríguez, por su parte, ha llamado a Trump “amigo y socio” y ha celebrado la nueva agenda de cooperación entre ambos países.

Delcy Rodríguez se reunió con el secretario del Interior de EE.UU. para la cooperación de su país en sectores como la energía.Trump afirmó que Venezuela generará más ingresos gracias al petróleo que se extrae y se refina en partes de Estados Unidos.

“Estamos extrayendo cientos de millones de barriles de petróleo. Están yendo a Houston y a varios otros lugares donde se están refinando, y les estamos enviando de vuelta mucho más dinero del que han ganado en muchos años”, dijo Trump.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció a principios de marzo nuevos contratos para suministrar petróleo a Estados Unidos. Venezuela, con una de las mayores reservas de crudo del mundo, aprobó en enero una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversionistas extranjeros.

En el contexto de la guerra con Irán y las afectaciones al suministro de petróleo en el mundo, contar con el influjo venezolano es una ventaja para EE.UU.

El jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en X —al respecto de la crisis energética por la guerra— que el Gobierno de Trump “continuará impulsando el dominio energético estadounidense y aprovechando el petróleo recién descubierto en Venezuela”.

En paralelo, Washington explora cooperación con Venezuela en el sector minero.

Burgum dijo que el Gobierno encargado de Rodríguez aseguró garantizar la seguridad de las empresas mineras interesadas en invertir o regresar al país.

Según el funcionario, compañías estadounidenses —incluidas algunas que operaron en el país hace décadas— podrían evaluar reabrir proyectos mineros si avanzan cambios regulatorios impulsados por el Gobierno venezolano.

El secretario del Interior destacó además una reforma reciente a la legislación de hidrocarburos en Venezuela que, según dijo, busca mejorar la transparencia, reducir la burocracia y crear condiciones para el retorno del capital extranjero.

A pesar del potencial económico, expertos advierten que el sector minero venezolano enfrenta desafíos importantes. Entre ellos mencionan la falta de datos geológicos suficientes, la escasez de mano de obra calificada, la presencia de crimen organizado, la falta de inversiones y un entorno político volátil.

Desde la ofensiva militar estadounidense, el Gobierno de Trump ha presionado al Gobierno venezolano para que implemente cambios estructurales, incluida la apertura del sector petrolero a empresas extranjeras. Pero un panorama electoral para un cambio de régimen no ha estado hasta ahora sobre la mesa.

El Gobierno encargado de Rodríguez aprobó una ley de amnistía que ha permitido la liberación de políticos, activistas y abogados, reconociendo que la administración ha mantenido a cientos de personas en prisión por motivos políticos.

El presidente Trump ha sorprendido a muchos venezolanos al decidir colaborar con Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, en lugar de con la oposición política tras el derrocamiento del exmandatario.

Mientras tanto, la principal líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció que regresará a Venezuela en las próximas semanas y que se celebrarán elecciones en el país.

En medio de esta etapa de cambios políticos, el exfiscal general Tarek William Saab presentó su renuncia tras casi una década en el cargo y fue nombrado de inmediato defensor del pueblo encargado. 

Según analistas consultados por CNN, el movimiento representa un cambio significativo dentro de la estructura de poder: aunque el nuevo cargo tiene menor visibilidad política, le otorga inmunidad mientras ejerza sus funciones, de acuerdo con la Constitución venezolana.

Su salida del Ministerio Público ocurre en medio de una reconfiguración institucional impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ha sido interpretada por algunos expertos como parte de una disputa por el control de instituciones clave del Estado.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas es un cambio significativo en una relación históricamente adversa entre Washington y Caracas y abre un nuevo capítulo en el vínculo entre ambos países mientras el petróleo sigue siendo el eje de la relación. Los cambios políticos profundos que muchos en Venezuela esperan aún están por verse.

Con información de CNN

Hiowanka Ávila insiste en que la libertad de su hermano se concretará por voluntad política y no en un tribunal. Henryberth Rivas fue vinculado a un supuesto plan de magnicidio contra el depuesto presidente de Venezuela, un caso excluido de la amnistía recién promulgada.

Unos 200 presos políticos salieron de prisión desde la aprobación de la amnistía el 19 de febrero, según el parlamentario redactor de la ley. Oenegés como Foro Penal dice no obstante que ha podido verificar solo 120 y sostiene que aún quedan poco más de 500 tras las rejas.

La histórica ley fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas salieron de prisión, informó la ONG Foro Penal.

Rodríguez gobierna bajo presión de Donald Trump, que se ha mostrado satisfecho con su trabajo hasta ahora.

La amnistía no es automática -debe ser tramitada ante un tribunal- y Foro Penal la calificó de excluyente. Aunque abarca los 27 años del chavismo, limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.

Excluye, por ejemplo, el asalto a un fuerte militar en 2017, la incursión marítima denominada Operación Gedeón en 2020 y el supuesto intento de magnicidio con drones en 2018 --el caso de Henryberth Rivas.

"Es un tema de voluntad política. El caso dron es totalmente político y se va a resolver de manera política, porque no hay otra", dijo a la AFP Ávila, que duerme en un campamento instalado afuera de la cárcel Rodeo I, donde está su hermano, desde hace dos meses, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones previo a la amnistía.

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"El número de presos y perseguidos que pueden quedar al margen de la aplicación de la ley de amnistía es imposible de determinar", dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

Las excepciones de la ley no toman en consideración las condiciones del proceso judicial, que expertos denuncian plagado de irregularidades.

Delcy Rodríguez pidió incluso una reforma profunda al sistema judicial, aunque expertos critican la falta de pasos más contundentes. La mandataria ha dicho que la amnistía es un paso hacia una "Venezuela más democrática, más justa, más libre".

La ley contempla el análisis de solicitudes de amnistía de casos particulares excluidos de la ley. La decisión recae en los mismos tribunales que lo juzgaron en primer lugar.

"No creemos que tenemos jueces", indicó Juan Luis González, abogado de un militar acusado del asalto en 2017. "Estas personas deciden por instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, no conforme a la ley del derecho".

La Asamblea Nacional creó una comisión para hacer seguimiento a las solicitudes. Su presidente, el diputado y exvicepresidente Jorge Arreaza, explicó a la AFP que los casos militares "son muy complicados".

"Lamentablemente, en muchos de los casos, hay situaciones que son difíciles de defender", indicó.

La comisión ha recibido hasta ahora más de 9.000 solicitudes de amnistía.

Andreína Baduel tiene a su hermano Josnars en prisión, vinculado al caso Gedeón.

Introdujo la solicitud de amnistía escéptica. Hay miedo de la influencia en el proceso del poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, ministro del Interior.

"El régimen no tiene real disposición de cambiar las cosas", indicó. La amnistía "depende de que haya transparencia, de que haya una real voluntad política de hacer las cosas distintas".

Su padre, el general Raúl Baduel, fue clave en el retorno al poder de Hugo Chávez (1999-2013) tras el golpe que sufrió en 2002, y fue su ministro de Defensa de 2006 a 2007. Pero, caído posteriormente en desgracia, murió en la cárcel en 2021.

La abogada Jackeline Sandoval clama la inocencia de su esposo Rolando Guevara y sus hermanos Juan y Otoniel, presos desde hace más de 20 años por el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004.

La corte de derechos humanos de la OEA pidió también su liberación.

Sandoval indicó que solicitará la amnistía solo ante la comisión parlamentaria. "Acudiré no directamente al tribunal porque sería nuevamente perder el tiempo, como lo he perdido durante 21 años a la hora de tomar acciones dentro del país", acotó.

Con información de AFP

Dos meses después de la operación estadounidense que derivó en su captura, la figura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, se ha ido desvaneciendo en el país, que bajo la tutela de EE.UU. ha priorizado la economía frente a la política en su proceso hacia una transición democrática, dijeron a EFE analistas.

 Maduro aparece en mensajes en las redes sociales oficiales y en algunas vallas en las calles de Caracas, principalmente, mientras se han ido espaciando las marchas para reclamar su retorno.

«#Losqueremosdevuelta», es la frase que se repite en publicaciones con la imagen de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en los que hoy se advertía: «Han transcurrido 60 días de su secuestro».

Entretanto, Venezuela ha dado pasos hacia una apertura con la reforma a la ley de hidrocarburos y la aprobación de una amnistía, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.

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Para la investigadora Mariana Bacalao, Venezuela «ha vivido una secuencia de ‘si no lo veo, no lo creo’, con cambios que antes del 3 de enero eran simplemente inimaginables» y esa dinámica ha dejado a la población con «expectativa, pero también con una profunda incertidumbre sobre el rumbo político del país», además de percibirse «dos ejes avanzando a velocidades muy distintas».

«Uno que se mueve con rapidez: las dinámicas diplomáticas Miraflores-Washington, los incentivos a la inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero, y anuncios para la reactivación económica. Y otro mucho más lento: la recuperación plena de derechos y libertades, el desmontaje del sistema de represión y la lucha contra la corrupción», describió.

El país bajo el gobierno encargado de Delcy Rodríguez pasó del anuncio de liberaciones de presos políticos a aprobar en un tiempo breve una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, compuesta por 35 artículos, para atraer inversionistas a un sector señalado como prioritario en la estrategia de Donald Trump.

También se dio vía libre a una Ley de Amnistía para presos políticos que ha permitido otorgar la libertad plena a 6.071 personas, según el Parlamento. Las cifras reflejan la magnitud de las detenciones que organizaciones no gubernamentales vinculan con motivos políticos, aunque las autoridades las atribuyen a delitos comunes.

 En ese sentido, Bacalao señala que Venezuela vive hoy «nuevas oportunidades, avances visibles en lo externo y económico, pero incertidumbre en lo político e institucional».

EE.UU., opinó el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, ha mostrado que su estrategia jerarquiza la economía «muy por encima de la política», pero vista desde «los intereses americanos» y de la oferta de campaña que Trump hizo a sus aliados.

El plan de la Casa Blanca —consideró— parte del «control y desarrollo del sector energético», para avanzar hacia el de minerales, buscar una mejora del marco legal y del perfil de inversión hasta llegar a una estabilización económica.

Este lunes, el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó que ese poder prepara una reforma a la ley de minería para atraer a grandes empresas y consideró prioritaria la recuperación económica tras «un período muy prolongado de sanciones».

En este escenario, León identifica como «grandes jugadores» a Delcy Rodríguez, en quien ve la «bisagra que trata de mantener el orden interno y avanzar», y a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, a quien reconoce un «liderazgo importante, sólido, fuerte, mayoritario frente a la población».}

También incluye al «jugador militar», al advertir que ese sector «no permitiría un cambio que (lo) ponga en peligro» ni a su patrimonio ni a su libertad, en una realidad que, según sostiene, «requiere negociación y sacrificios de todas las partes».

Por su parte, Bacalao considera que un eventual retorno de Machado, quien prevé volver pronto al país tras su salida en diciembre, «sería un termómetro», ya que «si puede entrar y ejercer sus derechos políticos sin restricciones, actuaría como una señal», pero advirtió que de lo contrario podría afectar la «credibilidad» del interinato y «poner en duda» su disposición para un «proceso de democratización».

Con información de Efe

A pocos días de que se cumplan dos meses desde la captura de Nicolás Maduro, por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos, el diario The New Yoyk Times publico un reportaje acerca de cómo fueron los últimos díasel mandatario en el poder, el cual reproducimos a continuación.

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 Una flota de buques de guerra y aviones de combate estadounidenses se desplegaba de manera amenazante frente a las aguas de Venezuela, mientras el Pentágono ya había ideado planes para capturar o matar al líder del país.

Pero al terminar el año 2025, el presidente Nicolás Maduro parecía sorprendentemente relajado, celebrando la Nochevieja con un pequeño grupo de familiares y amigos en su casa de Caracas, la capital, según varias personas cercanas a él, entre ellas un invitado a la fiesta.

Compartieron platos tradicionales venezolanos como hallacas y pan de jamón. Escucharon gaitas y las animadas canciones navideñas venezolanas.

Al día siguiente, como de costumbre, Maduro envió saludos a sus altos funcionarios. “Feliz Año Nuevo para usted y su familia”, rezaba un mensaje visto por The New York Times.

Estados Unidos amenazó con atacar Venezuela si Maduro no dimitía. Aun así, personas cercanas a él dijeron que, en repetidas ocasiones, afirmó que el gobierno de Donald Trump no se atrevería a atacar Caracas.

Maduro sabía que había espías que trabajaban en su contra y temía una traición desde dentro de sus filas. Sin embargo, a finales de diciembre, les dijo a sus amigos y aliados que aún estaba a tiempo de negociar un acuerdo para mantenerse en el poder o abandonar el cargo cuando él decidiera, según dijeron.

Para el entorno de Maduro, una incursión estadounidense parecía descabellada, dijeron personas cercanas a él. Cuando las explosiones sacudieron la base militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, el 3 de enero, algunos miembros de su círculo pensaron que se trataba de un golpe de Estado y no de un ataque estadounidense.

Fue un notable error de cálculo por parte de Maduro, un autócrata que había burlado a sus oponentes una y otra vez durante sus 13 años de gobierno, manteniéndose en el poder a pesar de las derrotas electorales, las protestas masivas, los complots armados y los intentos de asesinato.

Maduro ya había sido informado de que debía dimitir por un multimillonario brasileño que se había reunido con el secretario de Estado, Marco Rubio, según personas familiarizadas con el intercambio. Pero Maduro hizo caso omiso de la advertencia, sin comprender la urgencia.

Su interpretación errónea de las intenciones del gobierno de Trump tuvo profundas consecuencias: provocó el primer ataque extranjero en suelo venezolano en más de un siglo, llevó a Maduro y a su esposa a una cárcel de Brooklyn y cambió el curso de la historia de su país.

 También contribuyó a redefinir el papel de Estados Unidos en América Latina, marcando el comienzo de una nueva e impredecible era de diplomacia armada.

Este relato de las últimas semanas de la presidencia de Maduro se basa en entrevistas con una decena de sus altos funcionarios, amigos y aliados. La mayoría habló con él en los días previos al ataque estadounidense y varios estuvieron en contacto apenas unas horas antes.

Sus versiones fueron confirmadas por entrevistas con personas próximas a Trump y otras figuras clave, incluida Delcy Rodríguez, la sustituta de Maduro, quien ha establecido una alianza forzada con Estados Unidos. No estaban autorizados a hablar públicamente.

Durante todo el enfrentamiento con la Casa Blanca, Maduro siguió consumido por el desafío y la arrogancia, un hombre que había sobreestimado sus propios poderes y subestimado la determinación de sus adversarios, dijeron algunos de sus colaboradores más cercanos.

 Al igual que el autócrata en decadencia de la novela de Gabriel García Márquez “El general en su laberinto”, Maduro, de 63 años, vio cómo su poder se desvanecía al no poder sortear la crisis económica y política que se agravaba ante él.

“Después de años en el poder, uno termina sobreestimando su capacidad”, dijo Juan Barreto, un exfuncionario del gobierno que en su día fue aliado de Maduro. “Terminas solo escuchando a la gente que te quiere complacer”.

Trump intentó derrocar sin éxito al hombre fuerte de Venezuela durante su primer mandato, sancionando a la industria petrolera del país y reconociendo a un líder de la oposición como presidente. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca el pasado enero, consideró que Venezuela era un asunto pendiente, según funcionarios estadounidenses.

Trump empezó a advertir de una “invasión” por parte de una mortífera banda venezolana que operaba bajo la dirección de Maduro, a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que eso no era cierto. Su gobierno endureció las sanciones y luego empezó a volar barcos en el Caribe, diciendo que su objetivo eran los traficantes de drogas.

Venezuela quedó efectivamente sitiada.

Trump y Maduro tuvieron la oportunidad de resolver el conflicto el 21 de noviembre, día en que ambos dirigentes mantuvieron su única conversación directa conocida. Trump habló cordialmente con Maduro por teléfono entre 5 y 10 minutos, según cuatro personas familiarizadas con la llamada.

“Tienes una voz fuerte”, le dijo Trump a Maduro en tono jocoso, según esas personas.

Maduro le respondió bromeando y, a través de un traductor, le dijo a Trump que estaría aún más impresionado si alguna vez lo viera en persona, debidamente duchado y vestido, dijeron tres de los presentes.

Trump invitó a Maduro a Washington, una propuesta que el presidente venezolano rechazó cortésmente, temiendo una trampa, según esas fuentes. Maduro, en cambio, propuso reunirse en un lugar neutral fuera de Estados Unidos, a lo que Trump se negó.

La llamada terminó sin acuerdos concretos ni amenazas, dijeron las tres personas. Pero los dos líderes se marcharon con conclusiones muy distintas, lo que desencadenó una cadena de malentendidos que culminó en el espectacular ataque estadounidense.

Maduro pensó que sus bromas habían conquistado al presidente estadounidense, conocido por su estilo de comunicación desenfadado, según personas familiarizadas con la conversación. El líder venezolano, dijeron, pensó que había ganado tiempo para negociar un acuerdo y reforzó su creencia de que el despliegue militar estadounidense en el Caribe era una táctica de presión para forzar un acuerdo.

Trump pensó lo contrario, dijo un funcionario estadounidense familiarizado con la llamada.

 El presidente hizo la llamada esperando que Maduro expusiera un plan específico para abandonar el poder, dijo el funcionario. Pero la indiferencia de Maduro indicó a Trump que el líder venezolano no lo estaba tomando en serio, lo que contribuyó a la decisión de Trump de utilizar la fuerza.

Pocos días después, Maduro recibió una advertencia: tenía que irse de inmediato.

El mensaje fue transmitido a Maduro en persona por Joesley Batista, un multimillonario brasileño con negocios tanto en Estados Unidos como en Venezuela, quien se había reunido recientemente con Rubio, según tres personas familiarizadas con los intercambios.

Rubio había dejado claro a Batista que Estados Unidos quería que el líder venezolano llegara a un acuerdo y abandonara el país. Pero cuando Maduro lo oyó, lo interpretó como un ultimátum, se enfadó ante la idea de abandonar el poder y desestimó la amenaza, según esas fuentes.

Batista y el abogado de Maduro declinaron hacer comentarios y el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a preguntas detalladas. Un alto funcionario estadounidense dijo que Maduro tuvo múltiples oportunidades de llegar a un acuerdo y dimitir.

En lugar de capitular, Maduro salió a la calle para transmitir control. Empezó a hacer apariciones casi diarias, no programadas, en actos públicos, bailando, cantando y coreando eslóganes en un inglés exagerado y pidgin.

 “Por favor, por favor, por favor: sí paz, no guerra”, repetía la voz grabada de Maduro mientras bailaba al ritmo de música electrónica en el palacio presidencial el 21 de noviembre, el día de su llamada con Trump.

Cuando le mostraron a Trump un video de Maduro bailando, el presidente estadounidense se mostró visiblemente molesto, según una persona familiarizada con el asunto. Trump vio aquella escena del líder venezolano como una burla, lo que inclinó aún más la balanza hacia una incursión militar, añadió la persona.

La presión estadounidense se sumó a las divisiones internas que ya asolaban el gobierno de Maduro, dijeron algunas personas cercanas a él.

Las desavenencias tenían su origen en la decisión de Maduro de ignorar los resultados de las elecciones de 2024, que había perdido de manera contundente, lo que lo despojó de toda legitimidad restante y profundizó su aislamiento internacional.

Las amenazas de Estados Unidos hicieron que Maduro dependiera aún más de los partidarios de la línea dura de su Partido Socialista. Esa facción atrincherada, liderada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, pedía una mayor represión interna para mantenerse en el poder y un mayor control estatal sobre la economía.

Al mismo tiempo, Maduro desconfiaba cada vez más de su vicepresidenta Rodríguez, más pragmática, dijeron algunas personas cercanas a él. Ella estaba estrechando su control sobre el erario nacional, dejando de lado a sus rivales e impulsando la liberalización económica. Terminó ocupando simultáneamente los cargos de vicepresidenta, ministra de Petróleo y ministra de Finanzas.

Algunas personas dijeron que Maduro había considerado despedirla, pero sabía que necesitaba la experiencia de Rodríguez en gestión para mantener a flote la economía sitiada, añadieron.

Maduro también se sentía acorralado por sus alianzas internacionales, sobre todo por la carga económica que suponía proporcionar ayuda a Cuba, dijeron algunas de las personas. La importadora estatal de energía de Cuba recibió unos 2000 millones de dólares en petróleo venezolano durante los 11 primeros meses del año pasado, en virtud de acuerdos que no proporcionaron dinero al gobierno de Maduro, según datos internos de la empresa estatal venezolana.

Maduro comprendió que sus lazos con La Habana —uno de los principales adversarios de Trump— complicaban sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con Washington, dijeron esas personas. Pero no estaba dispuesto a poner fin a las entregas de petróleo, pues las consideraba una cuestión de honor y lealtad al fundador del partido gobernante, Hugo Chávez, protegido de Fidel Castro.

 Esa alianza comenzó a deshacerse desde el ataque estadounidense: a medida que la sucesora de Maduro canceló los envíos de petróleo a Cuba, destituyó a aliados cubanos de altos cargos y puso fin a los vuelos comerciales a la isla.

Todas las personas entrevistadas para este artículo coinciden en que Maduro nunca se planteó seriamente dimitir, a pesar de las amenazas de Estados Unidos, los consejos de intermediarios como Turquía y Catar y, finalmente, los sutiles llamamientos de algunos de sus propios funcionarios y familiares.

Algunos dicen que Maduro mantuvo su compromiso de preservar el legado revolucionario de Chávez. Con el tiempo, algunas personas dijeron que Maduro llegó a ver ese legado en términos muy limitados: mantener a su Partido Socialista en el poder a cualquier costo.

Otros dicen que la idea de dejar atrás a familiares y amigos que habían trabajado con él durante décadas pesaba mucho sobre Maduro. Esas personas dijeron que él consideraba el exilio una forma de traición.

Mientras otros insisten en que Maduro simplemente juzgó mal los riesgos que Trump estaba dispuesto a correr para destituirlo.

Maduro, según personas cercanas a él, estaba preparado para que el gobierno de Trump intensificara su campaña militar y comprendía que el enfrentamiento podría costarle la vida. Pero pensaba que el resultado más probable era un ataque estadounidense contra instalaciones petrolíferas venezolanas o lugares relacionados con el tráfico de drogas.

Nunca pensó que Trump organizaría un ataque de gran envergadura contra Caracas, dijeron esas personas, y mucho menos el despliegue de 150 aviones que participaron en la operación estadounidense del 3 de enero.

Y Maduro confiaba en que sus Fuerzas Armadas, equipadas con armamento chino y ruso valorado en miles de millones de dólares, podrían infligir bajas letales, lo que haría que un ataque resultara políticamente desagradable para Trump.

Después de todo, incluso la operación estadounidense de 1989 para capturar a Manuel Noriega, entonces presidente de Panamá, un país mucho más pequeño, dejó a 26 estadounidenses muertos, señalaron miembros del círculo íntimo de Maduro en conversaciones con él.

Maduro parecía satisfecho con los informes optimistas de sus generales sobre el estado de las defensas antiaéreas del país, según sus allegados, aunque las instalaciones militares eran en gran medida aldeas Potemkin: estructuras más aparentes que reales.

Maduro, dijeron, también se sintió alentado por las declaraciones de los presidentes políticos de izquierda de Colombia y Brasil, quienes denunciaron el belicismo estadounidense. Creía que el riesgo de desestabilizar la región y ponerla en contra de Estados Unidos disuadiría a Trump.

El presidente venezolano seguía confiando en la lealtad de su equipo de seguridad y su círculo íntimo, pero cada vez le preocupaban más los esfuerzos estadounidenses por infiltrarse en el gobierno y en el ejército. Un amigo íntimo recordó que Maduro le llamó a finales de diciembre para decirle que temía ser traicionado y le pidió que no respondiera a llamadas ni mensajes de números desconocidos, porque había espías que trabajaban contra él.

A pesar de la bravuconería escenificada en los actos públicos, Maduro comprendió que se enfrentaba a una nueva amenaza. Redujo las reuniones sociales y canceló las apariciones previstas. La mayoría de sus emisiones casi diarias en la radio y la televisión locales eran mensajes pregrabados presentados como discursos en vivo.

Dos días después de hablar con Trump a finales de noviembre, Maduro rompió con su costumbre de celebrar su cumpleaños con una gran fiesta; en su lugar, tuvo una celebración mucho más pequeña con su familia en el complejo militar de Fuerte Tiuna.

Para evitar ser detectado por satélites o aviones espía, Maduro pasó más tiempo bajo la protección de un pequeño contingente de sus 1400 efectivos de la Guardia Presidencial, dijeron algunas personas cercanas a él.

Pero la decisión, tomada para ocultar su ubicación, dejó en última instancia al líder venezolano con menos protección frente a una incursión estadounidense, añadieron.

El 10 de diciembre, Estados Unidos intensificó drásticamente el conflicto al detener un petrolero que transportaba petróleo venezolano, iniciando un bloqueo parcial que paralizó la principal fuente de ingresos del país.

El bloqueo paralizó los buques cisterna de Venezuela y obligó a las empresas petroleras a redirigir el combustible a instalaciones de almacenamiento limitadas. Algunas empresas empezaron a cerrar pozos. La industria petrolera del país se acercaba al colapso.

En reuniones oficiales y conversaciones personales, Maduro mantuvo la calma, según personas que hablaron con él en diciembre, convencido de que aún era posible un acuerdo con Estados Unidos.

La decisión de Estados Unidos de calificar a Maduro de “narcoterrorista”, quien dirigía dos cárteles de la droga, desconcertó al presidente venezolano, dijeron estas personas. Para Maduro, la descripción que hizo el gobierno de Trump de él como un capo que supervisaba personalmente el envío de criminales y drogas a Estados Unidos para matar a estadounidenses era una exageración y debía esconder una exigencia más pragmática, según algunas de esas personas.

Hasta el final, Maduro se negó a aceptar que Trump le considerara personalmente como el problema principal, dijeron estas personas. En su lugar, pensó que solo necesitaba encontrar un botín económico que Trump realmente quisiera.

Pero a mediados de diciembre, la situación económica de Venezuela era tan precaria que Maduro empezó a plantearse su propia salida. Dijo a una persona que podría ofrecer elecciones anticipadas, ya en 2026, y hacerse a un lado en favor de otro candidato del partido gobernante.

 Washington, sin embargo, insistió en su dimisión inmediata.

El 23 de diciembre, la Casa Blanca hizo su última oferta. A petición de Washington, el gobierno de Turquía dijo a Maduro que Estados Unidos no le perseguiría ni se centraría en su riqueza si se exiliaba, según una persona familiarizada con el asunto. (Un funcionario turco dijo que no se habló de Turquía como posible destino).

Maduro rechazó la oferta, según el funcionario estadounidense, lo que puso en marcha los preparativos finales para el atentado. La operación estaba prevista inicialmente para el último fin de semana de diciembre, pero se pospuso por varias razones, entre ellas las inusuales lluvias en Caracas.

El 30 de diciembre, Rodríguez se reunió con Maduro para intentar transmitirle la magnitud del inminente colapso económico precipitado por el bloqueo estadounidense, según tres personas familiarizadas con la reunión. Maduro desestimó sus preocupaciones, dijeron las personas.

Para entonces, el gobierno de Trump había identificado a Rodríguez como alguien con quien podrían trabajar, pero no hay indicios de que ella estuviera al corriente del plan militar del Pentágono.

 Maduro parecía decidido a resistir la presión estadounidense. Preveía recurrir a una estrategia de resistencia popular, abandonar la producción de petróleo y apostar por el autoabastecimiento alimentario si era necesario, según una de las personas.

En lugar de ello, durante la madrugada del 3 de enero, aviones militares estadounidenses atravesaron las fronteras de Venezuela, atacaron cuatro bases militares, redujeron a los escoltas presidenciales y lo capturaron a él y a su esposa, Cilia Flores, en una operación que dejó más de 100 cubanos y venezolanos muertos.

En el momento del ataque estadounidense, Rodríguez, como muchos otros altos funcionarios, estaba de vacaciones en la isla de Margarita, conocida por sus playas caribeñas, restaurantes e imponentes villas de la élite venezolana. Minutos después de la captura de Maduro, recibió una llamada.

Funcionarios estadounidenses le comunicaron que el Pentágono iniciaría inmediatamente una serie más amplia de bombardeos contra Venezuela si se negaba a cooperar. Tras exigir y obtener pruebas de que Maduro seguía con vida, Rodríguez aceptó.

Voló a Caracas en un jet privado y asumió lo que declaró que era el papel temporal de presidenta interina.

Dos días después, Maduro compareció ante un juez estadounidense en Nueva York para la lectura de cargos por narcotráfico. “Soy el presidente de Venezuela”, dijo, “y me considero un prisionero de guerra”.

Con información de The New York Times

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es un primer paso para empezar a desmontar la represión sistemática que ha sufrido el pueblo venezolano, aseguró este viernes la ONG Provea, al hacer un análisis de la normativa que entró en vigencia tras su redacción por parte de la Asamblea Nacional.

 Pero la organización aclara que “hay que decir también, sin ambigüedad, que no es una buena ley. Es objetable desde muchos puntos de vista. Sobre todo, es en exceso restrictiva, por las amplias excepciones que, salvo lo dispuesto en el artículo 9.1 de la ley, van más allá de lo exigido por la Constitución. También es indebidamente limitativo el artículo 7, que establece el requisito de ponerse a derecho”.

Critica que “se mantuvo la referencia a la violencia en casi todos los hechos comprendidos por la amnistía (art. 8), lo cual descalifica muchas acciones realizadas en ejercicio legítimo de reclamo y defensa de derechos”.

Señala que, "por el alcance limitado del artículo 8, muchos perseguidos políticos quedarán fuera de la amnistía".

Por ello, dice que “debió incluirse una disposición general que abarcara otras situaciones enmarcadas en la persecución sistemática que condujo a prisión, procesamiento o exilio a muchas personas”.

Provea destaca también que en la ley “se corrigieron algunos errores que estaban en el proyecto original y hay añadidos importantes, como el artículo 24 de la CRBV en el epígrafe del Principio de Interpretación”.

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Asimismo, lamenta que “algunas de las observaciones formuladas desde nuestra organización en los espacios de consulta no fueran incorporadas. Propusimos, por ejemplo, incluir disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República, por ser contrarias al derecho humano a la participación política”.

También recomendaron “a la Asamblea Nacional incluir garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentran en el exterior, incluyendo la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias”.

Igualmente, plantearon "incorporar la restitución de bienes incautados y el levantamiento inmediato de las prohibiciones de enajenar y gravar. Asimismo, establecer la reincorporación a sus puestos de trabajo para quienes fueron despedidos por los hechos objeto de la amnistía.

Estas y otras consideraciones de las organizaciones de la sociedad civil apuntaban, precisamente, a reforzar el espíritu de paz y reconciliación que debe tener una norma de esta naturaleza".

Provea asevera que “el país atraviesa un complejo, frágil y delicado momento político luego de la incursión militar de EE.UU. en Venezuela el día 3 de enero de 2026”.

Pero, paradójicamente, este hecho de fuerza que viola la Carta de las Naciones Unidas en un clima de resquebrajamiento de los consensos posterior a la II Guerra Mundial, ha generado la posibilidad de una apertura económica y también cambios de reordenamiento político interno, pero advertimos que aún no existe una ruta clara hacia la reinstitucionalización democrática que revierta décadas de impunidad y desigualdad. Tampoco se constatan anuncios responsables de medidas que apunten a mejorar la calidad de vida de la población”.

En ese sentido, y en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, desde Provea “insistimos en que hay un camino largo, necesario e impostergable, que es necesario recorrer para el ejercicio del derecho a la verdad, a una investigación transparente y expedita, a la determinación de los responsables de violaciones a derechos humanos de los perseguidos o presos por motivos políticos, a la reparación integral y, en especial, a las garantías de no repetición”.

La ONG alerta de que “existe un riesgo real de que no se desmonte el aparato represivo del Estado ni el marco normativo que le dio sustento, y que las víctimas de violaciones de derechos humanos no encuentren verdad, justicia, ni reparación”.

La organización considera “pertinente que las organizaciones defensoras de derechos humanos, en articulación con los movimientos sociales y demás actores políticos, educativos, culturales y religiosos, mantengan la exigencia de las reformas legales e institucionales necesarias para desmontar las estructuras represivas que hicieron posibles tantas privaciones arbitrarias de la libertad, pues de nada sirve acordar ahora un buen número de liberaciones si se deja intacto el aparato represivo que las llevó a cabo y que en cualquier momento podría ser utilizado de nuevo. Ello debe ir acompañado de una voluntad real de las autoridades de tolerar la crítica, las opiniones disidentes y el reclamo legítimo de derechos”.

Públicamente, piden “el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU a fin de que asesore técnicamente a la instancia social que, en interlocución con las autoridades, desarrolle estas iniciativas de auténtica liberalización política”.

Exhorta "a la Asamblea Nacional a que asuma un compromiso público y concreto, con plazos claros, para avanzar en una agenda legislativa que modifique o derogue leyes inconstitucionales que afectan a la sociedad venezolana, como son:

*Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en Venezuela. *Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. *Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. *Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. *Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. *Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. 

Solicita  a la “Asamblea Nacional a mantener el espíritu de amplitud que permitió a las organizaciones de derechos humanos participar en la discusión del Proyecto de Ley de Amnistía. El respeto a las voces de la sociedad civil venezolana debe ser un pilar para la necesaria reinstitucionalización del país”.

Anuncia que en "PROVEA seguimos registrando y denunciando el uso excesivo de la legislación antiterrorista y la negación sistemática de las garantías procesales como instrumentos para brindar una aparente «legalidad» a los abusos, tal y como lo definió un grupo de relatores especiales del sistema universal, en una comunicación enviada al gobierno nacional el 13 de septiembre de 2022. 

Este uso desmesurado e irresponsable de un tipo penal tan complejo y delicado de demostrar, como es el terrorismo, debe cesar, y dejar de ser usado como instrumento de criminalización contra la sociedad civil por parte del sistema judicial".

La ONG insiste en “la imperiosa necesidad de reforma profunda del sistema de justicia y, en particular, en la transformación institucional basada en la carrera judicial y en el ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público con base en el mérito profesional y la integridad, mediante concursos de oposición públicos, lo cual contribuiría a establecer un verdadero Estado de Derecho, con jueces independientes que puedan controlar al gobierno y dejar sin efecto medidas abusivas de las autoridades y fiscales ajenos a toda persecución indebida”.

Partiendo de la crisis institucional del sistema de administración de justicia, reconocida incluso por las autoridades encargadas en la apertura del año judicial 2026, la reestructuración del sistema judicial venezolano debe erigirse como prioridad para garantizar efectivamente el acceso a la justicia y desarrollar los derechos humanos contemplados en nuestra carta magna.

Afirma que existen responsabilidades personales que deben asumir el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. 

Y debido a que hay méritos, la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, debe evaluar su posible remoción, tal y como establecen la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Defensoría del Pueblo.   Se deben revisar también las actuaciones de la Defensa Pública y de los magistrados del TSJ.

Provea sostiene que el “andamiaje institucional del sistema de justicia no puede seguir siendo un instrumento para la persecución y para avalar las continuas violaciones a la constitución. No habrá confianza ni estabilidad con un sistema de justicia apartado de sus obligaciones”.

Con información de Provea

Un añó despuñés de que Nicolás Maduro llegó al poder comenzaron las protestas, básicamente estudiantiles en todo el país, y desde entonces, y hasta el 2017, sobre todo, el aparataje montado por el Gobierno se encargó de desestimular las manifestaciones, hasta casi desaparecerlas por comeplero.

La ONG Provea, en un trabjo especial publicado en su página web, hace un resumen de estos años y cuenta cómo el gobierno de Maduro acudió a todos los mecanismos para infundir miedo a protestar.

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Comenzando el año 2014 la sensibilidad por la violencia ocupó los titulares del país. El 07 de enero Mónica Spears, de 29 años, actriz reconocida a nivel nacional, y su pareja, Thomas Henry Berry, de 39 años, fueron asesinados dentro de su automóvil, en un intento de asalto mientras regresaban de un viaje vacacional por el país hacía la capital.

 Lo simbólico del crimen conmocionó la opinión pública y las redes sociales.

Menos de un mes después las protestas por inseguridad darían inicio a una ola de conflictividad en todo el país. 

El 04 de febrero estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA), núcleo San Cristóbal realizaron una manifestación en el Parque Botánico de esa casa de estudios denunciando el intento de abuso sexual contra una compañera.

La protesta se desarrolló de manera pacífica durante el día, pero en horas de la tarde se registraron enfrentamientos entre funcionarios de la Policía del Táchira y los manifestantes.

 Dos estudiantes, Junior Sanabria Casanova y Anthony Yordenis Omaña, fueron detenidos, mientras según el director de Politáchira, seis funcionarios sufrieron heridas tras ser impactados por objetos contundentes.

 Los estudiantes retuvieron a una persona, Keith Moises Arellano, que tomaba fotografías vestido de civil y portaba documentación que lo acreditaba como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Por su parte, el vicerrector de la ULA Alfonso Sánchez, denunció que en su actuación los funcionarios habrían violado la autonomía universitaria y causado destrozos en las instalaciones de la casa de estudios. 

La detención de los estudiantes generó el 05 de febrero de 2014 nuevas protestas de universitarios, tanto en San Cristóbal como en las ciudades de Mérida y Maracaibo. 

Ese día los jóvenes Sanabria y Omaña fueron puestos en libertad, pero acusados de los delitos de desacato a la autoridad, daños a la propiedad, resistencia al arresto y alteración del orden público. Omaña requirió 14 puntos de sutura en la cabeza por heridas de golpes con objetos contundentes, presumiblemente propinadas con las cachas de pistolas de los agentes policiales que lo detuvieron.

El 06 de febrero un grupo de personas protestó frente a la casa del gobernador del estado Táchira. Según declaraciones de la entonces primera dama de la entidad, Karla Jiménez de Vielma, “Llegaron estudiantes encapuchados, diciendo vulgaridades, reventaron las cámaras de seguridad, desinstalaron 6 cámaras de seguridad y lanzaron bolsas con contenido desconocido. No entendemos porque están manifestando”.

Varias personas fueron detenidas por los hechos: Patricia Josefina Sarmiento (18) y Gerard Alejandro Rosales (20); mientras que la fiscalía imputó ante un tribunal a dos adolescentes de 16 y 17 años, también presuntamente vinculados con la protesta violenta. El 07 de febrero de 2014 se convocó a una manifestación en los tribunales de la ciudad para acompañar la presentación de los acusados por el ataque al gobernador. En la misma fueron detenidos Leonardo Manrique, Reinaldo Manrique y Jesús Gómez.

La detención de los estudiantes y su privación de libertad en una cárcel conocida por sus niveles de peligrosidad estimuló la solidaridad de varias casas de estudio a nivel nacional, las cuales realizaron movilizaciones entre el 09 y el 11 de febrero de 2014, algunas de ellas reprimidas, realizando convocatorias para el 12.02.2014, con motivo de celebrarse el día de la juventud.

Ese día Provea registró movilizaciones masivas en 16 estados del país solicitando la libertad de los detenidos, mientras que el llamado del Ejecutivo Nacional movilizó a personas en 4 estados de Venezuela. 

En dicha fecha se registraron las primeras personas asesinadas por la actuación de presuntos funcionarios policiales y paramilitares. Estos crímenes y la propia respuesta del Ejecutivo, acusando de manera irresponsable de las muertes a los propios manifestantes, escalaron peligrosamente el conflicto a una situación de violencia y violación generalizada a los derechos humanos.

A las acciones represivas de los cuerpos de seguridad se sumó la actuación de grupos paramilitares y de civiles armados, quienes en clara coordinación con cuerpos militares y policiales, agredieron a manifestantes en todo el país.

En el marco de las protestas de 2014, se experimentó un peligroso incremento en la actuación de estos actores en labores de contención y represión de manifestaciones. Si bien, en años anteriores las organizaciones de derechos humanos del país habían registrado la participación de estos grupos en la dispersión de protestas, en 2014 su capacidad de despliegue en varias ciudades del país en diferentes momentos y su actuación en coordinación con organismos policiales y militares, constituyeron un punto de inflexión y un indicador importante del crecimiento de estos grupos.

Entre los meses de febrero y abril de 2014, Provea registró e individualizó un total de 854 heridos y lesionados en el contexto de las protestas. Del total, 138 fueron heridos de bala, 330 fueron heridas causadas por perdigones, 72 personas resultaron lesionadas debido a golpes, 34 personas fueron heridas por objetos contundentes y 280 heridos y lesionados fueron electrocutados, apuñalados, arrollados y sufrieron lesiones de diversa índole.

En el ciclo de protestas de 2014 se contabilizaron 3.127 detenciones arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país. La cifra incluyó en su mayoría a personas que participaban en protestas, pero también a transeúntes que aún sin tener vinculación con las mismas, fueron detenidos y presentados a las órdenes de Tribunales.

Adicionalmente, las conductas de criminalización, represión y violación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y mayo de 2014, tomaron una nueva dimensión y se amplificaron con la ejecución de ataques generalizados y sistemáticos a población civil dentro de zonas residenciales por ejercer el derecho a manifestar. Esto fue reportado en al menos 14 estados del país donde se realizaron protestas en rechazo a las políticas de gobierno.

En principio, estos ataques se desarrollaron como una extensión de los actos de represión y detención de manifestantes que llevaron a cabo de forma sistemática los cuerpos de seguridad del Estado, desde que se iniciaron las protestas anti-gubernamentales en avenidas y calles públicas. 

Poco después, pasaron a configurarse en un patrón de acciones de intimidación, acoso y agresión igualmente sistemáticas contra los habitantes y residentes de barrios y urbanizaciones, casas y edificios, hacia cuyas adyacencias se confinaron las manifestaciones y se cerraron vías de acceso, como consecuencia del riesgo de ser atacados o detenidos por salir a manifestar.

En los 4 estados donde se enfocó la documentación se contabilizaron 204 ataques a zonas residenciales, entre los meses de febrero y mayo del año 2014. El estado Táchira ocupó el primer lugar con 73 ataques registrados en 38 residencias, urbanizaciones y pueblos; Lara fue el segundo con 59 ataques a 33 residencias y urbanizaciones; Zulia estuvo en el tercer lugar con 49 ataques a 22 residencias, barrios y urbanizaciones; y le siguió Bolívar con 23 ataques en 12 residencias y urbanizaciones. En promedio cada una de estas zonas fue objeto de al menos 2 ataques.

Finalmente, entre los meses de febrero y mayo de 2014, 43 personas perdieron la vida en distintos sucesos ocurridos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país. Esta cifra representó un aumento de 323% en comparación con la registrada durante los 12 meses del año 2013, cuando fallecieron 13 personas en manifestaciones a consecuencia de la actuación de los cuerpos de seguridad y de agentes no estatales.

28 personas fueron asesinadas con disparos efectuados con armas de fuego, un ciudadano fue asesinado a golpes, seis personas murieron al colisionar con barricadas y/o guayas colocadas en vías públicas, tres por hechos señalados como accidentes, dos luego de ser arrolladas por vehículos y otras dos en circunstancias aún no aclaradas.

La respuesta que las instituciones del Estado venezolano dieron a las protestas realizadas entre febrero y mayo de 2014, reflejaron la ausencia de una cultura democrática que permitieran generar condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica, y garantizar al mismo tiempo el mantenimiento del orden público con apego a la Constitución Nacional, a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos.

Las altas cifras de violaciones a la integridad de manifestantes y el reiterado empleo excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos armados del Estado, dieron cuenta de la magnitud de la represión ejercida en 4 meses de manifestaciones. Desde el Ejecutivo se alentó la represión ejercida al felicitar públicamente a los componentes que participaron en acciones de dispersión a manifestantes pacíficos.

La conflictividad en 2014 tuvo como respuesta estatal una profundización de la lógica represiva sobre el control territorial y las zonas de exclusión.

El ex alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, emitió un decreto que declaró a Caracas “zona libre de fascismo”, y desde entonces ninguna manifestación opositora pudo transitar libremente por el municipio y, menos aún, acercarse a las sedes de las instituciones del Estado. El TSJ reforzó esta exclusión al decidir que estaba prohibido manifestar ante el CNE, alegando “razones de seguridad”.

Desde 2014 la gestión de Maduro aceleró la construcción del andamiaje anti-protestas.

En medio del conflicto que se desarrollaba en las calles para exigir su salida del poder, lanzó el “Comando Popular Antigolpe” con el que abrió la puerta a la participación “institucionalizada” de civiles en labores de contención de manifestaciones; inteligencia para-policial y seguridad ciudadana.

Finalizada la ola de protestas conocida como la “Salida”, inmediatamente se crearon nuevas figuras represivas que se sumarían a las Milicias obreras; campesinas; estudiantiles y vecinales. Las “Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia” (BEGV) ahora GOES; la Fuerza Choque, adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), y el “Sistema Popular de Protección para la Paz” (SP3) fueron algunas de las instancias creadas entre 2014 y 2015 para hacer frente al descontento social y afianzar los mecanismos de control.

 En enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa publicó en Gaceta Oficial No. 40.589, la resolución número 008610 mediante la cual se dan atributos a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para realizar labores de control de orden público en el contexto de manifestaciones.

Esta medida, violatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 68, 329 y 332 y apartada del estándar internacional que señala que sólo los cuerpos policiales deben ser los responsables del control del orden interno; se dictó en un contexto de amplia represión por parte de efectivos de las FANB en las manifestaciones públicas. La Resolución 008610 no hizo diferenciación sobre los cuerpos militares que podrán actuar en manifestaciones públicas para el control del orden interno, sino que dejó abierta la posibilidad para que cualquier miembro de esta institución participe en estas operaciones, lo que podría incluir al Ejército o la Armada, en abierto desconocimiento a lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna.

Más recientemente, figuras como la “Red de Articulación y Acción Sociopolítica” (RAAS) o las “Cuadrillas de Paz”, han añadido nuevos riesgos para quienes protestan o disienten del proyecto autoritario de Maduro.

En los últimos años el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha estado severamente amenazado por violaciones del derecho a la vida; integridad y libertad personal realizados por agentes del Estado, lo que muestra la inexistencia de una política democrática de control del orden público.

Desde mayo de 2016 Venezuela estuvo sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, que entre otros aspectos, usurpó las funciones del parlamento venezolano elegido en 2015, al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), calificándolas como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”.

Además, el “Estado de Excepción” que brindó una “legalidad” paralela a la Constitución al gobierno de Maduro, estableció la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.

El gobierno de Maduro ha reforzado la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental, erosionando definitivamente las garantías para los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas.

Prensa Provea