Los habitantes de la ciudad de Erie, en Pensilvania (EEUU), están conmocionados a causa de un tiroteo que causó la muerte de alrededor de nueve personas, entre ellas dos niños y el atacante, según informó la policía local.

“No he visto nada igual en mis más de 28 años de carrera”, declaró Rick Lorah, jefe de Policía de Erie, a una emisora ​​de noticias local, informó CNN.

“Quiero ser franco con nuestra comunidad. Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros oficiales e investigadores han enfrentado. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos investigando son profundamente perturbadoras”, agregó el jefe policial.

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Mientras que el gobernador Josh Shapiro dijo este sábado que ofreció el “apoyo total” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde de este viernes 9 de octubre. Las víctimas podrían ser integrantes de una misma familia, según dio a entender en X el gobernador Shapiro, quien en su mensaje sobre la tragedia dijo que se le rompe el corazón “por esta familia”.

Se conoció que encontraron a dos mujeres muertas en la calle y a otras siete víctimas dentro de una casa.

Oficiales de la Policía de Erie llegaron a Perry Street, cerca de la calle 7, luego de que testigos reportaron que vieron a un hombre disparando un arma antes de entrar a una casa.

Según Univisión, los policías intentaron convencer al hombre de que se entregara, pero luego se escucharon más disparos dentro de la vivienda. La situación se prolongó por varias horas.

El sospechoso habría muerto por una herida de bala que él mismo se provocó.

Erie se ubica a orillas del lago Erie, a unos 435 kilómetros por carretera de Harrisburg, la capital del estado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este viernes con la dirigente opositora  Dinorah Figuera en la sede del Departamento de Estado, se conoció a través de la agenda pública del funcionario estadounidense.

El encuentro está programado en Washington y se produce en medio de las gestiones políticas relacionadas con la situación venezolana y los contactos entre representantes de Estados Unidos y sectores de la oposición.

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Se desconoce la agenda de la reunión, aunque hay versiones que hablan acerca de que tratarán todo lo relacionado con la mesa de diálogo.

Cabe recordar que este jueves, Juan Miguel Matheus, otro integrante de la oposición en la mesa, dijo que todos los temas de las negociaciones han sido avalados y determinados por el Departamento de Estado.

La justicia de Estados Unidos negó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenida en Nueva York mientras avanza el proceso penal en su contra.

La defensa de Flores había solicitado que fuera trasladada a arresto domiciliario, argumentando que su estado de salud se ha deteriorado durante su permanencia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y que requiere atención médica, incluida una posible intervención cardíaca.

El juez federal Alvin Hellerstein negó la petición en la audiencia que se celebró   en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York , por lo que ella sigue detenida en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.   Flores, de 69 años, compareció con auriculares de interpretación.

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Según el reporte de la periodista Maibort Petit, los defensores, Mark Donnelly y Andrés Sánchez, pidieron que esperara el juicio bajo arresto domiciliario en una residencia del área de Nueva York, con seguridad privada las 24 horas pagada por el gobierno venezolano, monitoreo GPS y otras restricciones. 

El argumento principal fue su salud cardíaca: pérdida de unos 11 kg, episodios de dolor en el pecho, arritmias, posible infarto leve en julio y la necesidad de un cateterismo u otro procedimiento, con recuperación fuera de la cárcel. También alegaron lesiones de la captura del 3 de enero de 2026.  

La fiscalía se opuso. Sostuvo que hay un riesgo de fuga extremo, peligro para la comunidad y posible manipulación de testigos, y que la atención médica se le ha ofrecido en detención. Tras los alegatos y una sesión a puerta cerrada en el despacho del juez, Hellerstein denegó la moción. 

El juez indicó que las garantías de que no huiría deben tomarse “con muchos granos de sal” porque no es ciudadana estadounidense, citó las acusaciones de narcoterrorismo e importación de grandes cantidades de cocaína, y señaló que el historial y el peligro para la comunidad —incluido lo alegado en la acusación sobre tortura y corrupción— pesan a favor de la detención. 

El director del FBI, Kash Patel, confirmó este jueves que Nicolás Maduro enfrenta una nueva acusación penal en Estados Unidos, relacionada con una presunta conspiración para cometer tortura contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

“Ahora responderán por sus crímenes”, afirmó Patel al referirse a los nuevos cargos.

De acuerdo con Patel, el FBI y otras agencias federales realizaron una investigación que derivó en una acusación supletoria contra Maduro, quien ya enfrentaba cargos relacionados con narcotráfico.

La nueva imputación también alcanza a Cilia Flores, esposa de Maduro, quien enfrenta, según el funcionario estadounidense, un cargo de conspiración para cometer tortura y un cargo de narcoterrorismo.

 Patel aseguró que, según lo alegado en la acusación, más de una docena de ciudadanos estadounidenses habrían sido sometidos a torturas mientras se encontraban bajo custodia del gobierno venezolano.

Entre los métodos de tortura que aparecen señalados se encuentran el uso de drogas, electrocución y agresiones sexuales, además de otros presuntos abusos.

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Maduro ya enfrentaba cargos por narcotráfico.

La nueva acusación se suma al expediente federal que señala a Maduro y a otros integrantes de su entorno por una presunta conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados.

El Departamento de Justicia estadounidense ya había presentado una acusación supletoria que incluía a Maduro, Cilia Flores y otros miembros de su círculo en una trama relacionada con narcotráfico y el uso de armas.

Patel también vinculó los nuevos cargos con la operación estadounidense que permitió la captura de Maduro en enero y su posterior traslado a Estados Unidos.

El director del FBI destacó que la investigación fue liderada por la oficina del organismo en Nueva York, en coordinación con otras agencias federales.

Según Patel, el caso refleja el compromiso de las autoridades estadounidenses con la rendición de cuentas, el estado de derecho y la seguridad nacional.

Las acusaciones contenidas en una acusación federal representan alegaciones de la Fiscalía. Los cargos deberán ser demostrados ante un tribunal conforme avance el proceso judicial.

Con información de agencias

Votantes latinos de un disputado distrito electoral de Estados Unidos en el condado de Miami-Dade (Florida) cuentan cómo llegarán a las elecciones de medio mandato de noviembre, entre el respaldo y el desencanto con el presidente Donald Trump y sus reservas hacia los demócratas, especialmente frente al llamado «socialismo democrático».

«La política que él (Trump) está usando por el momento me la tengo que tragar porque lo voté», dijo a EFE Jhon Papaleo, un jubilado argentino que fue marino mercante y que votó por el republicano este segundo mandato.

«¿Y ahora qué salvación hay? Ninguna», lamenta Papaleo mientras camina por la Pequeña Habana de Miami. Agrega que en noviembre quiere un Congreso que «tenga también demócratas».

Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso en los comicios del 3 de noviembre, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado.

«Estamos sacando gente buena, trabajadora. Dividiendo la familia. ¿Cómo va a ser eso?», dijo por su parte el vendedor Jhonny Cardona, nacido en Estados Unidos, sobre las deportaciones.

El republicano reconoció que quiere votar por los «socialistas», porque los que gobiernan «no están haciendo su trabajo». «Next (Siguiente)», zanjó en inglés.

Precisó que votará por la «demócrata socialista» Angie Nixon para el Senado y dice que le dará la espalda a la congresista republicana María Elvira Salazar, que busca su reelección por el Distrito 27.

«María (Salazar), perdón, tú estás en candela (en apuros)», dice el votante de ese distrito, que se perfila como uno de los más reñidos del país y que además de la Pequeña Habana, incluye Coral Gables, Miami Beach, Key Biscayne y partes de Hialeah, todas de gran población hispana.

Nixon se enfrenta a la senadora republicana Ashley Moody, quien ocupa desde 2025 el escaño de Marco Rubio, nombrado secretario de Estado, mientras que Salazar compite con Eliott Rodríguez, ambos periodistas de origen cubano.

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El violinista cubano Enrique Cedeño cuenta que votó por el republicano «la primera vez y la segunda también», aunque le pide que acabe con la guerra con Irán.

«Tiene que quitar la guerra de allí, venir para acá (…) y que bajen los precios», expresó al reclamar que el Gobierno se enfoque en los estadounidenses ante la carestía, en momentos en que el galón de gasolina cuesta en promedio 4,06 dólares en Florida.

Otro transeúnte, Kevin, quien prefirió no revelar su apellido ni su oficio, considera que Trump ha cambiado respecto a su primer mandato. «En el primer mandato siento que sí, en este no (…). Algo cambió», dice, al recordar que antes «hablaba más de paz».

El votante cree que en el gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025) entró «mucha gente» que «no tenía que entrar». Reconoció, sin embargo, que si quienes llegan son trabajadores «beneficia al país».

Cedeño, que votará por los republicanos en las dos cámaras, ve a los demócratas como «un atraso», y a la corriente socialista, peor: «Un desastre, los socialistas es un desastre. Yo soy cubano, yo me fui de Cuba por el comunismo», dijo.

El cubano se refiere a candidatas como Nixon, quien, al igual que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pertenece a los Socialistas Democráticos de América (DSA), una organización política que se define como socialista democrática.

Mientras, la médica Nélida Cárdenas dice que votará por los demócratas, pero desconfía de los socialistas: «Nunca, nunca cumplen su palabra. Cambia cada rato».

Para el bailarín Alfredo Pérez, quien no puede votar porque no tiene la ciudadanía estadounidense, Nixon sería su candidata por sus «otros ideales», aunque marca distancia de su afiliación socialista: «Eso no lo veo bien, no me gusta».

Pérez tiene en mente una sola razón si pudiera votar: «Que todos tengamos los mismos derechos».

«Creo que los cubanos, los haitianos y la gente de todos los orígenes son quienes construyeron Estados Unidos. Nosotros hacemos grande a Estados Unidos», dice en inglés Ayana Williams, trabajadora social, que no votará este año.

Joselyn Arroyo, ayudante en un preescolar, tiene claro que sí votará y lo hará para representar a toda su familia, «que son inmigrantes».

Arroyo describe el miedo a los operativos migratorios del Gobierno Trump: «Por donde vivimos, los latinos ahora ya ni siquiera quieren ir a la tienda (…) ni al colegio, hasta tienen miedo al hospital». 

Con información de EFE

 Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos penales en Estados Unidos por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, de acuerdo con información publicada este miércoles por CNN y  Reuters.

Según CNN, fiscales federales de Nueva York estarían preparando nuevas acusaciones contra la pareja por hechos relacionados con la detención de más de una docena de ciudadanos estadounidenses que permanecieron bajo custodia venezolana durante los años en que Maduro estuvo al frente del Gobierno.

Fuentes familiarizadas con la investigación indicaron a CNN que el anuncio de los nuevos cargos podría producirse tan pronto como este jueves. Los investigadores también han considerado la posibilidad de imputar a otras personas por su presunta participación en actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses.

 Reuters, citando a un funcionario estadounidense, confirmó que Maduro y Flores son objeto de posibles nuevos cargos relacionados con la presunta tortura de estadounidenses detenidos en Venezuela y señaló que el anuncio podría producirse igualmente este jueves. La agencia precisó que la información sobre los nuevos cargos fue reportada inicialmente por CNN.

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La eventual nueva acusación se sumaría al proceso penal que ambos enfrentan actualmente en Nueva York. Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero y trasladados a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones existentes y permanecen bajo custodia en Nueva York.

Hasta el momento, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que lleva el caso, no se ha pronunciado públicamente sobre los posibles nuevos cargos.

De concretarse las nuevas imputaciones, el proceso judicial contra Maduro y Flores se ampliaría para incluir acusaciones vinculadas con el trato recibido por ciudadanos estadounidenses durante su permanencia bajo custodia en Venezuela.

Con información de CNN y Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este martes  que su relación con la administración de Delcy Rodríguez es excelente, entre otras cosas debido a que ha sacado millones de barriles de crudo del país.

Trump hizo la declaración, luego de resaltar la labor de los marineros del USS Billings durante su reciente despliegue en el Caribe.

Durante sus declaraciones, Trump rindió un reconocimiento a los integrantes de la embarcación, a quienes atribuyó participación en operaciones contra organizaciones del narcotráfico y en la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela.

“Quiero rendir un saludo especial a los marineros a bordo del USS Billings que acaban de regresar de su despliegue en el Caribe”, manifestó el mandatario.

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Afirmó que durante la misión los militares estadounidenses “ayudaron a diezmar a los terroristas del cártel” y entregaron 77.000 libras de ayuda vital al pueblo de Venezuela, equivalentes a aproximadamente 34.900 kilogramos.

El presidente estadounidense también se refirió directamente a la relación entre ambos países y aseguró: “Nos llevamos muy bien con Venezuela; estamos extrayendo miles de millones de dólares en petróleo”.

Las declaraciones se producen después de que el USS Billings, un buque de combate litoral de la Armada estadounidense, participara en operaciones de asistencia humanitaria en Venezuela. La embarcación formó parte de los recursos militares desplegados por Estados Unidos para apoyar las labores de ayuda tras los terremotos registrados en el país en junio.

Trump también hizo referencia al costo de las operaciones estadounidenses y afirmó que Washington ha pagado por los desplazamientos realizados en el marco de estas misiones.

“Pagamos ese viaje, ese pequeño viaje que hicimos muchas veces”, señaló.

Posteriormente, el mandatario utilizó una expresión tradicional para referirse a los beneficios obtenidos después de una victoria: “Al vencedor pertenecen los despojos, ¿verdad?”. Trump añadió que se trata de “una expresión anticuada que hemos traído de vuelta”.

AL final, pidió un aplauso para los marineros y destacó su desempeño durante el despliegue.

“Me gustaría darles un fuerte aplauso a esas personas; han hecho un trabajo fantástico, y muchas gracias”, concluyó.

Con información de agencias

Una llamada hecha por un vecino rompió el silencio en una vivienda del condado Orange, Florida. Hacía aproximadamente una semana que nadie veía a la familia latina que vivía en el lugar; cuando las autoridades llegaron para realizar una verificación de bienestar, encontraron una escena que ahora es investigada como un posible homicidio-suicidio.

Era el miércoles 30 de septiembre cuando los agentes acudieron al complejo Courtney Chase Apartment Homes, después de recibir el reporte sobre la ausencia de los habitantes de una vivienda ubicada en la cuadra 1200 de Courtney Chase Circle.

Los gemelos Carlo y Melanie Montiel Infantino, ambos de 17 años, fueron localizados en la sala de la vivienda; los dos hermanos presentaban múltiples heridas de arma blanca. Minutos después, los agentes encontraron a su padre, Iván Montiel Roa, de 63 años, sin vida en el dormitorio principal.

La disposición de los cuerpos llevó a los detectives a una primera conclusión sobre lo ocurrido. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado Orange, los investigadores creen que Iván asesinó a sus hijos y posteriormente se quitó la vida; sin embargo, esa hipótesis forma parte de una investigación que continúa abierta.

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La intervención de las autoridades no comenzó con una denuncia de violencia, sino con algo mucho más silencioso: la ausencia.

Un vecino informó que llevaba aproximadamente una semana sin ver a los venezolanos ni notar movimiento en la residencia. Ante esa preocupación, se solicitó al 911 una verificación de bienestar, procedimiento que terminó revelando la tragedia.

Hasta ese momento, no existían registros de llamadas previas por servicio o violencia doméstica en esa vivienda, según portavoces de la Oficina del Sheriff. Tampoco se tenía registro de antecedentes criminales de ninguno de los involucrados.

La falta de señales previas de violencia es uno de los elementos que ahora forman parte del contexto que las autoridades deben reconstruir. El hallazgo permitió establecer una posible secuencia de los hechos, pero dejó abiertas preguntas fundamentales.

Las autoridades no han divulgado una causa o nota que permita conocer el motivo del crimen. Tampoco se ha precisado públicamente cuándo ocurrieron exactamente las muertes, antes de que los cuerpos fueran encontrados el 30 de septiembre.

Por ahora, los detectives continúan trabajando para establecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Carlo y Melanie y, posteriormente, a la de su padre.

La vivienda donde durante días no hubo señales de la familia originaria de Venezuela se convirtió así en el punto de partida de una investigación que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de esas paredes y por qué una alerta motivada únicamente por la ausencia terminó descubriendo una tragedia familiar.

Con información de Univision

La familia de la niña venezolana asesinada el fin de semana en Chicago pidió este lunes justicia ante las autoridades de Estados Unidos, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad de connacionales en ese país.

La niña, identificada como Eddimar Paola Hernández, de 7 años, recibió varias puñaladas por la espalda, perpetradas por una mujer identificada por la policía como Shavon Gayden, de 48 años. La menor falleció poco después en un hospital.

La niña caminaba cerca del mediodía del sábado con su hermana por el vecindario de East Chatham, en el sur de Chicago, cuando una mujer la atacó sin motivos.

Gayden fue acusada de asesinato en primer grado, recogen medios locales.

De acuerdo con la concejala Michelle Harris, que representa a East Chatham, Gayden presuntamente tuvo un altercado con el personal de una tienda de telefonía móvil cercana antes de, supuestamente, agredir a la niña.

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«La muerte de mi hija no puede quedar impune. Debe haber justicia», dijo su madre, Estefany Hernández. La familia recuerda a Eddimar como una niña a la que le gustaba jugar con sus hermanos, dibujar y esperar junto a la ventana a que sus padres regresaran del trabajo, según medios locales.

El domingo, familiares y vecinos participaron en una vigilia cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

«Ella era feliz. Tenía sueños, quería ser mayor», afirmó entre lágrimas durante la vigilia su padrastro, Pedro Izquierdo.

De acuerdo con el canal 7 de ABC, que obtuvo información sobre los antecedentes penales de Gayden, esta fue arrestada en 2023 por agredir a un conductor de autobús y sentenciada a dos años de libertad condicional.

Un año después, violó su libertad condicional al agredir a dos trabajadoras de un refugio y fue sentenciada a supervisión judicial en ese caso, según los registros obtenidos por ABC.

Sin embargo, Gayden no se habría presentado ante el tribunal y se emitió una orden de arresto en su contra, pero se desconoce qué ocurrió posteriormente.

Con información de ABC y AlbertoNews

La nueva ‘Coalición de Venezolanos en USA’ denunció el “sufrimiento” por las deportaciones y expresó su “indignación” por el manejo del presidente Donald Trump de la situación electoral en Venezuela, además de avisar que movilizarán el voto ante las elecciones legislativas estadounidenses.

Los activistas entregaron una carta firmada por 20 agrupaciones y 126 líderes sociales en Doral, la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos y un epicentro de las deportaciones, al congresista republicano Mario Díaz-Balart para exigirle que se “pronuncie” sobre los arrestos migratorios.

 “Nosotros, como organizaciones sin fines de lucro, definitivamente tenemos el poder de llamar al voto y, por supuesto, también queremos que vuelva al balance de poder al Congreso, definitivamente que sí”, declaró el viernes Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), ante una pregunta de EFE.

“Los que están aquí, la gran mayoría son ciudadanos y son residentes. Y vamos a salir a votar, claro que sí. Vamos a incentivar el voto, no vamos a patrocinar candidatos políticos, pero vamos a patrocinar el voto, definitivamente que sí”, agregó la activista.

“Miedo” y movimiento en la ciudad más venezolana de EE.UU.

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Villalonga advirtió de que Doral, donde 40% de la población tiene raíces de Venezuela, “también concentra una importante población de electores venezolanos”, por lo que “estas realidades respaldan la necesidad de que toda decisión migratoria se base en hechos individuales y no en estereotipos o sospechas generalizadas”.

La ciudad, en la zona metropolitana de Miami, vive con “miedo” desde hace semanas por la presencia de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que afecta a negocios y familias de ciudadanos estadounidenses, denunció Jani Méndez, de la nueva coalición, que agrupa a republicanos, demócratas e independientes.

“Porque siendo yo ciudadana, vine acá de 6 años, pequeña, también tengo miedo. Tengo miedo de que mi hermana no esté, que a mi mamá la saquen porque no tiene un estatus. Tengo mucho miedo”, manifestó Méndez.

La líder de Amavex también sostuvo que los venezolanos están “indignados” por las declaraciones de Trump del miércoles en la celebración del Mes de la Herencia Hispana, en la que afirmó que la gente en Venezuela “tiene una sonrisa en su cara”.

José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos en el Exilio Político (Veppex), lamentó que Trump insista, como lo hizo en una entrevista con la revista Time esta semana, que aún no hay condiciones para elecciones en Venezuela, pero en tanto persisten las deportaciones a ese país.

“Ese mismo tiempo prudencial que hay que esperar para desmantelar el aparato represor y para convocar a las elecciones, es el mismo tiempo que le deberían dar a los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos solicitando asilo político o buscando algún tipo de protección”, demandó.

Con información de Efe

La Guardia Costera anunció el sábado que  encontró restos de un avión médico de Bermudas y con destino a Boston que desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos.

"Los equipos de búsqueda de la Guardia Costera han descubierto un lugar de restos relacionado con la aeronave desaparecida", indicó la entidad en un comunicado.

La Guardia Costera dijo en X que había sido informada por la Administración Federal de Aviación (FAA) que el sábado más temprano se había perdido el contacto con el avión Gulfstream G100, con seis pasajeros a bordo.

La aeronave operada por Latitude Air Ambulance, con sede en Canadá, desapareció alrededor de la 01H30 de la madrugada (05H30 GMT), dijo más temprano el sábado a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

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"Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar", declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

Se espera que durante la noche continúen los operativos de búsqueda. La Guardia Costera anunció que realizará una rueda de prensa el domingo en la mañana.

AFP

 El venezolano, presunto líder del Tren de Aragua y primer fugitivo cibernético en la historia de la lista de los Diez Más Buscados del FBI, está de nuevo en suelo estadounidense tras ser capturado  el mes pasado.

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, de 50 años, también conocido como “Prometheus” y “The Engineer”, compareció el viernes ante un tribunal de Nebraska para enfrentar cargos relacionados con un esquema multimillonario de “jackpotting” de cajeros automáticos.

Se declaró no culpable de cuatro cargos federales de conspiración durante su primera comparecencia y permanecerá detenido en Nebraska a la espera del juicio, según el Departamento de Justicia (DOJ).

 El director del FBI, Kash Patel, destacó el regreso de Aguirre como el décimo fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados capturado desde el inicio de la administración Trump y el primer fugitivo cibernético en figurar en esa lista.

“Ahora está de vuelta en Estados Unidos para enfrentar la justicia”, dijo Patel. “Este FBI funciona a toda potencia, y no hay lugar en el planeta donde los criminales puedan esconderse”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confía en que la vuelta de opositores a Venezuela avance y forme parte del proceso de transición hacia la democracia del país, según explicó este viernes su portavoz Tommy Pigott en un encuentro con medios internacionales.

«Deseamos ver el retorno de las personas a Venezuela como parte de este proceso. Ya hemos visto a figuras que regresan al país y conceden entrevistas. Esperamos seguir viendo avances en este sentido«, aseguró.

Pigott evitó pronunciarse sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela, al tiempo que destacó el progreso que se está produciendo en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela: «no voy a entrar en detalles específicos sobre ese asunto ni a especular sobre sus planes de viaje«.

ADVERTISEMENTSobre la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela, el portavoz del Departamento de Estado afirmó que Washington quiere que se celebren elecciones: «Hemos sido muy claros al respecto. Pero nuestro objetivo son elecciones duraderas que consoliden la república«, agregó.

Tras reconocer que queda mucho trabajo por hacer, se mostró optimista por el camino recorrido: «Si comparamos la situación actual con la de hace un año, se ha avanzado mucho y han ocurrido muchas cosas«.

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Pigott defendió que para que haya «procesos electorales sostenibles», deben cumplirse «ciertas condiciones», entre las que citó «partidos de oposición que puedan organizarse», «una prensa libre que pueda cubrir estos comicios» e «infraestructura para celebrar las elecciones y contar los votos de manera confiable».

El portavoz del Departamento de Estado afirmó que «el sector petrolero» es un ejemplo que ayudará a conducir a «una transición democrática».

«Lo que vimos en el sector petrolero —desde esa perspectiva— fue un acuerdo con una empresa privada, no con las autoridades interinas ni con el gobierno interino. Sin embargo, la privatización permite que los ingresos beneficien realmente al pueblo venezolano«, explicó.

Respecto a Cuba, Pigott aseguró que Estados Unidos quiere «ver una Cuba donde el pueblo cubano pueda ser libre, feliz y próspero».

Aunque lamentó que «el régimen no está tomando las medidas necesarias para que eso suceda», insistió en que ese sigue siendo el «compromiso» de Estados Unidos. 

COn información de Efe

 David Rivera,   exrepresentante estadounidense, fue sentenciado este viernes a 10 años de prisión federal por su participación en una campaña secreta de lobby de $50 millones en nombre del gobierno venezolano durante la primera administración de Donald Trump.

Rivera, excongresista por Florida y amigo de larga data del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue sentenciado en un tribunal federal del centro de Miami, después de que un jurado lo declarara culpable en mayo de todos los cargos, tras un juicio que se prolongó durante siete semanas.

Rivera permanecía bajo custodia federal sin derecho a fianza desde que el jurado emitió el veredicto de culpabilidad el 1 de mayo. Su sentencia había sido programada inicialmente para el 20 de julio, pero posteriormente fue trasladada al 2 de octubre.

  Rivera enfrentaba una pena máxima prevista por la ley de hasta 60 años de prisión federal, así como una posible sentencia de decomiso de activos por $20 millones.

Los miembros del jurado declararon culpable a Rivera de todos los cargos federales, incluido no haberse registrado como agente extranjero ante el Departamento de Justicia y conspiración para cometer lavado de dinero.

La consultora política Esther Nuhfer, quien fue juzgada junto con Rivera, también fue declarada culpable de todos los cargos.

Los fiscales señalaron que Rivera y Nuhfer trabajaron secretamente en nombre del gobierno de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018, mediante un contrato multimillonario firmado con la empresa de Rivera.

Después de que Rivera fuera declarado culpable, el jurado también determinó que varias propiedades de su propiedad en Doral y los Cayos de Florida serían decomisadas por el gobierno.

Los fiscales dijeron que Rivera trabajó en secreto para influir en la política de EEUU hacia VenezuelaRivera fue acusado formalmente en una acusación de 11 cargos que fue revelada en 2022. Los fiscales alegaron que la entonces canciller venezolana, Delcy Rodríguez, reclutó a Rivera para utilizar sus conexiones republicanas adquiridas durante su etapa en el Congreso con el objetivo de persuadir a la administración Trump de suavizar su postura hacia Venezuela y aliviar las sanciones.

Los fiscales afirmaron que Rivera y Nuhfer intentaron influir en importantes figuras políticas, entre ellas Rubio y el congresista republicano de Texas Pete Sessions, sin revelar que Rivera tenía un contrato de consultoría con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

«Mientras el dinero siguiera llegando, no les importaba de dónde venía», dijo el fiscal Roger Cruz a los miembros del jurado durante sus argumentos finales.

Los fiscales argumentaron que Rivera y Nuhfer mantuvieron el acuerdo en secreto porque revelar su existencia podría haber perjudicado la reputación política de Rivera como anticomunista.

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Entre las pruebas presentadas durante el juicio se encontraban mensajes de un grupo de chat cifrado llamado «MIA», que, según los fiscales, Rivera creó junto al empresario venezolano de medios Raúl Gorrín, quien era su principal enlace con el gobierno de Maduro.

De acuerdo con los mensajes mostrados al jurado, los integrantes utilizaban palabras clave para referirse a sus actividades.

Maduro era llamado «el conductor del autobús», Sessions era identificado como «Sombrero», Rodríguez como «La dama de rojo», mientras que millones de dólares eran denominados «melones».

«Todo se trataba de La Luz», dijo Cruz durante sus argumentos finales, en referencia a la palabra española «luz», que, según los fiscales, Rivera y otras personas utilizaban al hablar sobre los pagos provenientes de Caracas.

Los fiscales también acusaron a Rivera y a sus asociados de intentar ocultar su trabajo una vez que este comenzó a ser objeto de escrutinio, incluso mediante la modificación de fechas de documentos y la creación de acuerdos ficticios.

Según los fiscales, uno de esos acuerdos fue utilizado para justificar una transferencia bancaria de $3,75 millones a una empresa del sur de Florida que se encargaba del mantenimiento del lujoso yate de Gorrín.

La campaña de lobby incluyó la organización de reuniones para Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas.

Posteriormente, Sessions intentó organizar una reunión entre Rodríguez y el director ejecutivo de ExxonMobil y aceptó entregar una carta de Maduro al entonces presidente Donald Trump, después de una reunión secreta celebrada en Caracas.

La defensa de Rivera sostuvo que intentaba sacar a Maduro del poderLos abogados de Rivera sostuvieron durante el juicio que su cliente actuó de buena fe y que creía que su trabajo no tenía que ser divulgado bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act, FARA).

La defensa argumentó que el contrato de tres meses y $50 millones con la empresa de consultoría de Rivera estaba relacionado con esfuerzos para lograr el regreso de ExxonMobil a Venezuela y que constituía un trabajo comercial que, en términos generales, estaría exento de los requisitos de registro como agente extranjero.

Los abogados de Rivera también argumentaron que sus reuniones con Rubio y Sessions ocurrieron después de que terminara el acuerdo de consultoría y que tenían como objetivo reemplazar a Maduro por un liderazgo venezolano más favorable a Estados Unidos.

«Estaba trabajando en todos los frentes posibles para sacar a Nicolás Maduro», dijo el abogado defensor Ed Shohatdurante los argumentos finales. «No había una sola palabra en los chats sobre normalizar las relaciones».

El juicio incluyó testimonios de Rubio, Sessions y un destacado lobista de Washington, quienes declararon que solo se enteraron posteriormente del contrato de consultoría que Rivera mantenía con la filial de PDVSA.

Rivera ocupó un período en el Congreso, después de ser elegido en 2010, y anteriormente había desempeñado un cargo de alto nivel en la Legislatura de Florida.

Rivera y Rubio compartieron una vivienda en Tallahassee cuando ambos trabajaban en el gobierno estatal, y posteriormente Rubio se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

Con información de agencias

Debido a la situación en que se encuentra la aceptación de Donald Trump en los Estados Unidos, los congresistas demócratas dan por ganadas las elecciones de noviembre, por lo cual emitieron un documento en el cual proponen al mandatario varios puntos relacionados con Venezuela.

Este documento lo dio a conocer el corresponsal de ABC en EE. UU., David Alandete, quien en sus redes sociales dijo que, según el escrito: “Los demócratas apuntan a tutela militar de EE. UU. de las explotaciones petroleras de Betancourt”.

Señala que “los demócratas, ante la posibilidad de ganar la Cámara en las elecciones, amplían la ofensiva contra el pacto petrolero de Trump con la empresa de Betancourt. Exigen vía legislativa a Rubio y Hegseth los contratos, las concesiones de Washington y las garantías sobre el destino de los ingresos”.

Destaca que el documento lo “firman los principales demócratas de cuatro comisiones de la Cámara, junto con Joaquín Castro. La petición abarca política exterior, supervisión del Gobierno, recursos naturales y energía. Fijan el 14 de octubre como fecha límite para responder”.

Dijo que, según esta carta, “hubo una reunión a puerta cerrada el 14 de septiembre y altos funcionarios no despejaron las dudas de congresistas de ambos partidos. Tampoco entregaron los acuerdos ni se comprometieron a facilitarlos”.

Por lo tanto, “los demócratas quieren comprobar qué compromisos acompañan a esa participación: préstamos, garantías a inversores y posibles pérdidas públicas si el negocio fracasa. También preguntan si militares estadounidenses protegerán los activos en Venezuela”.

La carta refiere a las investigaciones por blanqueo y corrupción que afectan a Betancourt en Estados Unidos, España y Suiza, y una supuesta intervención de funcionarios de EE. UU. en el procedimiento suizo. No equivalen a una condena.

Asimismo, “reclaman los registros de reuniones, llamadas y comunicaciones de Betancourt y representantes de la empresa con Trump o su Administración desde enero de 2025. También quieren conocer quiénes eran los accionistas antes del acuerdo”.

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Otra pregunta central que se hacen los demócratas es: ¿qué compromisos democráticos obtuvo Washington a cambio?  Y piden detalles sobre elecciones, presos políticos y derechos humanos, y garantías de que el petróleo beneficiará a los venezolanos".

Alandene concluye que, “si los demócratas recuperan la Cámara en noviembre, desde enero podrán dirigir comisiones y promover citaciones de documentos y testigos”.

🇻🇪 Muy, muy revelador documento. Los demócratas apuntan a tutela militar de EE.UU. de las explotaciones petroleras de Betancourt.Los demócratas, ante la posibilidad de ganar la Cámara en las elecciones, amplían la ofensiva contra el pacto petrolero de Trump con la empresa de… pic.twitter.com/vJaFmyw1qk

 Un venezolano que recibió un disparo de un agente de inmigración en Texas fue sometido este jueves a una cirugía en la que le extrajeron la bala que llevó alojada cerca de su columna desde el 20 de septiembre, reportaron sus abogados.

Wilber Garcés, de 28 años, resultó herido en la espalda durante una operación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, cuando trabajaba como repartidor en su vehículo. El miércoles ya había quedado bajo detención criminal federal, tras una audiencia donde un juez le negó la fianza.

"Hoy (jueves) fue operado y se encuentra en recuperación", informó en una nota de prensa el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), organización civil que forma parte de su equipo legal.

El hecho se suma a otros incidentes recientes registrados durante operativos migratorios impulsados por el presidente republicano Donald Trump, criticados por legisladores demócratas y organizaciones humanitarias por el uso de la fuerza.

La fiscalía acusó penalmente a Garcés de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal, delitos castigados con hasta 20 años de cárcel. Garcés había estado bajo custodia de ICE y luego pasó a una prisión federal.

"Estos son cargos que el gobierno suele utilizar como represalia contra personas que se han resistido, protestado o han sido agredidas por el ICE. Existen numerosos ejemplos de esto", aseguró su abogada Kate Lincoln-Goldfinch, en sus redes sociales.

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El juez federal de Texas Dustin Howell negó la fianza a Garcés, por riesgo de fuga, y por "las pruebas en vídeo que muestran al acusado huyendo de un control de tráfico y atropellando a un agente del orden público con su vehículo durante su intento de fuga".

Según el testimonio de los agentes involucrados, Garcés huyó de una primera intervención, golpeando a uno de ellos con el espejo retrovisor de su auto. Cuando logran alcanzarlo, el agente con las iniciales L.G. dijo que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó.

El acusado asegura que había pedido a los agentes que le permitieran estacionar su auto en un lugar seguro antes de entregarse, pero se lo negaron, lo embistieron y luego se produjo el disparo que le alcanzó por la espalda.

"El testimonio del investigador del gobierno plantea serias dudas. Según él, L.G., el agente que disparó, no llevaba cámara corporal. D.F., el otro agente que persiguió a Wilber, apagó su cámara a mitad del encuentro, antes de hablar con su compañero, por lo que no tenemos constancia de la conversación. El público se queda sin un relato completo de cómo terminó esto en un tiroteo", consideró la organización TCRP.

AFP

   En una entrevista concedida a la revista TIME, el  presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en Venezuela habrá elecciones, aunque consideró que todavía es demasiado pronto para establecer una fecha debido a la situación que atraviesa el país.

Trump fue consultado sobre la reunión que sostuvo recientemente con la presidenta encargada , Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sobre si le planteó la necesidad de convocar elecciones.

“Tenemos una muy buena relación. Estamos trayendo a las grandes compañías petroleras”, respondió Trump, quien destacó el papel de las empresas estadounidenses en la industria energética venezolana.

 Al ser preguntado directamente sobre si desea que se celebren elecciones en Venezuela, el mandatario estadounidense respondió afirmativamente.

“Sí. Creo que ahora es demasiado pronto. Está demasiado reciente”, señaló Trump, al ser consultado sobre la posibilidad de establecer un plazo para los comicios.

El presidente estadounidense agregó que hablaría con Rodríguez sobre el tema y reiteró: “Habrá elecciones”, aunque evitó precisar cuándo podrían celebrarse.

Trump también vinculó la situación política venezolana con el proceso de recuperación de la industria petrolera. Según explicó, empresas como Exxon y Chevron, junto con otras grandes compañías del sector, están avanzando en operaciones en Venezuela.

“Se está ganando mucho dinero por parte de nosotros, pero también se está ganando mucho dinero por parte de Venezuela”, afirmó.

La entrevista de Trump con TIME fue realizada el 28 de septiembre en la Casa Blanca y publicada este 1 de octubre de 2026.

Senadores demócratas están cuestionando la legalidad y conveniencia del plan del Pentágono para adquirir una participación en una empresa petrolera venezolana, sentando las bases para una posible investigación sobre el acuerdo, publicó The Wall Street Journal.

El acuerdo del Pentágono para obtener una participación en North American Blue Energy Partners (NABEP) —el segundo mayor productor de petróleo de Venezuela— se encuentra sobre una base legal cuestionable y socava los esfuerzos del país latinoamericano por avanzar hacia una transición democrática, señalaron cuatro senadores demócratas de alto rango en una carta enviada a los principales funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.

 Estados Unidos presentó a comienzos de septiembre los planes para que el Pentágono adquiera una participación pasiva del 35 % en NABEP, empresa que está destinada a recibir el control de 17 bloques petroleros que, según se ha informado, contienen unos 65.000 millones de barriles de petróleo. Venezuela afirma contar con 300.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, más que cualquier otro país.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Estado obtendría derechos preferenciales para comprar 20 % de la producción al costo.

Desde que derrocó al dirigente Nicolás Maduro en enero, Trump ha presionado a la industria petrolera estadounidense para que reactive los campos petroleros de Venezuela. El presidente ha calificado el acuerdo con NABEP como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

Los legisladores, entre ellos la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire y principal representante de su partido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exigieron a la administración Trump que entregue el texto y las condiciones del acuerdo antes de que sea finalizado.

También solicitaron conocer la justificación legal para utilizar la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono con el fin de adquirir una participación accionaria en una empresa petrolera extranjera, y preguntaron cómo el Departamento de Estado pagaría por la producción de la compañía petrolera.

La administración Trump ha señalado que el acuerdo reduciría los costos de combustible para los estadounidenses y que el petróleo sería utilizado para reforzar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que actualmente se encuentra en sus niveles más bajos desde 1982.

“Es poco probable que el acuerdo propuesto reduzca los elevados costos de energía para los estadounidenses y existe el riesgo de que socave la transición del pueblo venezolano para alejarse de una dictadura”, señalaron los senadores en una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y al secretario de Energía, Chris Wright.

Trabajadores portuarios en Houston cargan piezas para plataformas de perforación en un buque de carga que, según North American Blue Energy Partners, se dirigirá a Venezuela.

Otros tres legisladores —el senador Jack Reed, demócrata por Rhode Island y principal representante de su partido en el Comité de Servicios Armados del Senado; el senador Martin Heinrich, demócrata por Nuevo México y principal demócrata del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado; y la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts y miembro de mayor rango de su partido en el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos— también firmaron la carta.

Los demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una carta similar a la administración.

Los legisladores suelen preparar el terreno para investigaciones del Congreso mediante cartas en las que solicitan información a agencias, empresas u otras partes involucradas. Sin embargo, cualquier investigación futura probablemente comenzaría después de las elecciones de medio mandato de noviembre y dependería del resultado electoral de los demócratas.

Como integrantes del partido minoritario, los legisladores actualmente no presiden los comités involucrados ni tienen autoridad para convocar audiencias públicas o emitir citaciones.

En su carta, los senadores pidieron a Rubio, Hegseth y Wright que explicaran el proceso de evaluación utilizado por la administración y proporcionaran información sobre si miembros de la familia de Trump o sus donantes podrían beneficiarse del acuerdo.

También expresaron dudas sobre la capacidad del productor petrolero venezolano, dirigido por el empresario Alejandro Betancourt, para aumentar rápidamente la producción hasta los niveles sugeridos por la administración Trump.

Por su parte, NABEP se ha movido rápidamente para conseguir 60 plataformas de perforación, 30 calderas de vapor que generan vapor caliente para desplazar petróleo pesado y decenas de otros equipos pesados. La empresa espera que estos recursos le permitan más que duplicar su producción, hasta alcanzar 500.000 barriles diarios para finales de 2028.

“No está claro”, señalaron los legisladores, “por qué el público estadounidense debería apoyar este intento de involucrar a Estados Unidos con una empresa petrolera extranjera relativamente desconocida que carece de la capacidad o credibilidad para desarrollar yacimientos petroleros de la magnitud descrita y cuyo liderazgo ha enfrentado investigaciones penales internacionales”.

Los senadores señalaron que Betancourt, quien nunca ha sido acusado de un delito, ha “enfrentado múltiples investigaciones por lavado de dinero en España, Suiza y Estados Unidos”.

Rubio ha afirmado que Betancourt no está actualmente bajo investigación en Estados Unidos.

The Wall Street Journal informó que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono estructuraría su inversión en NABEP mediante penny warrants, instrumentos que permitirían a Estados Unidos obtener una participación accionaria en la empresa sin realizar una inversión significativa de capital.

Los demócratas afirmaron que la legislación que creó esa oficina del Pentágono no le otorga la facultad de adquirir participaciones accionarias en empresas petroleras privadas y que el acuerdo es incompatible con su autoridad para proporcionar préstamos y garantías destinados a respaldar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Muchas personas involucradas en el proceso democrático de Venezuela han criticado el acuerdo. Señalan que les preocupa que este vincule a Estados Unidos con el actual gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el gobierno de Maduro.

“El plan solo crea nuevos riesgos de corrupción tanto para Estados Unidos como para Venezuela, al tiempo que parece recompensar el tipo de operaciones en beneficio propio que contribuyeron a deteriorar el sector petrolero venezolano en primer lugar”, afirmaron los legisladores en la carta.

“Estas acciones socavan, a largo plazo, la credibilidad de Estados Unidos en Venezuela y en toda la región”.

Un ciudadano venezolano herido de bala por un agente de inmigración en Texas fue denunciado por el gobierno federal de agresión y otros cargos penales, que podrían acarrearle hasta 20 años de cárcel, informó el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

 Unos trabajadores cubren grafitis pintados en el lugar donde un ciudadano venezolano fue baleado y herido durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Austin, Texas, el 21 de septiembre de 2026Unos trabajadores cubren grafitis pintados en el lugar donde un ciudadano venezolano fue baleado y herido durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Austin, Texas, el 21 de septiembre de 2026 © Ronaldo Schemidt / AFP/ArchivosEl hecho se suma a otros incidentes recientes registrados durante operativos migratorios impulsados por el presidente republicano Donald Trump, criticados por legisladores demócratas y organizaciones humanitarias por el uso de la fuerza.

Wilber Garcés, de 28 años, quien permanece detenido y aún lleva una bala alojada cerca de la columna, compareció el martes ante un tribunal federal de Texas donde la fiscalía lo acusó de agresión, resistencia, obstrucción y entorpecimiento a la autoridad.

Según documentos judiciales, el 20 de septiembre, agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Remoción (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Garcés luego de que un juez de inmigración emitiera una orden final de deportación en su contra.

Garcés se desplazaba en su vehículo mientras trabajaba como repartidor. De acuerdo con la denuncia, durante la detención entregó su licencia de conducir a los agentes, quienes le pidieron que estacionara y saliera del vehículo, órdenes que él presuntamente ignoró.

Según sus acusadores, Garcés reanudó la marcha y golpeó a uno de los agentes con su espejo retrovisor. Los agentes lo alcanzaron y uno de ellos, identificado con las iniciales L.G., aseguró que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó su arma.

El ICE y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estudian el caso.

Autoridades locales, organizaciones humanitarias y congresistas del Partido Demócrata han reclamado una pesquisa independiente.

"De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal", detalló el Departamento de Justicia.

 Garcés permanece recluido en un centro para migrantes en Texas. En una comunicación telefónica con la prensa, aseguró que pidió a los agentes de ICE que le permitieran aparcar su auto en un lugar seguro antes de entregarse. Según su versión, intentó desplazarse para hacerlo, pero los agentes se lo impidieron, chocaron su vehículo y luego recibió el disparo.

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"Para sorpresa de sus abogados, Wilber Garcés compareció ante un tribunal federal tras ser acusado de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal. Sus abogados se enteraron de esta comparecencia debido a una reunión previamente programada que tuvieron con él esta mañana, a la cual no asistió", dijo en un comunicado el equipo liderado por la abogada Kate Lincoln-Goldfinch.

La defensa de Garcés ha solicitado que sea liberado y llevado a un hospital. Este miércoles está prevista en San Antonio una audiencia para resolver un pedido de habeas corpus.

"Nueve días después de recibir un disparo de ICE, Wilber aún tiene una bala alojada en la espalda. Los médicos afirman que corre grave peligro debido a ello", sostuvo el comunicado.

"En lugar de darle la atención médica que necesita para salvarse, el DHS y el gobierno están jugando con su vida. Este es otro ejemplo que demuestra la indiferencia del gobierno, así como no se preocupó por Lorenzo Salgado Araujo (mexicano), asesinado en Houston, ni por Joan Sebastián Guerrero (colombiano), un joven padre asesinado en Maine", ambos casos en incidentes con agentes de ICE este año, detallaron los abogados.

AFP

 La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, insistió este miércoles en su petición de libertad bajo fianza y aseguró que sus problemas de salud han empeorado en prisión.

De acuerdo con las actas judiciales, los abogados de Flores alegan que, desde que fue detenida, ha registrado «una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular», ha sufrido un episodio de 30 minutos de «intensa opresión torácica», tras el que no se le realizaron análisis clínicos y, además, ha perdido mucho peso y dos molares.

 También destacan que, previo a su detención, su afección cardíaca era «estable» y se controlaba con una única inyección mensual, y vinculan sus nuevos problemas de salud a la operación militar estadounidense del pasado 3 enero en la que ella y el depuesto presidente de Venezuela fueron capturados.

Cilia Flores vuelve a pedir libertad bajo fianza por el deterioro de su salud en Estados UnidosFotografía de archivo del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. EFE/Miguel GutiérrezMaduro y Flores fueron detenidos durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York. Aquel día, indican, la ex primera dama llegó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) con heridas en la frente y otras lesiones y que pasó sus primeros tres meses en prisión en régimen de aislamiento.

Según los defensores de Flores, el equipo médico del MDC ha planteado practicarle un cateterismo y ella ha solicitado más información sobre este procedimiento, aunque, afirman, que «(La prisión) dista mucho de ser un lugar ideal para recuperarse de una intervención cardíaca».

La defensa responde así a la oposición de la Fiscalía a que el tribunal conceda a Flores la libertad condicional. El Gobierno argumenta que existe un riesgo de fuga «extremo» y que representa un «peligro para el público».

Sus abogados rechazan la posibilidad de huida al tratarse de una mujer de 69 años, «con una afección cardíaca no tratada que se enfrenta a un procedimiento invasivo y, probablemente, a una intervención posterior».

Además, refutan que Flores podría «comprar su libertad», recordando que «no dispone de fondos para sufragar su defensa», algo que «ha expresado bajo pena de perjurio en una declaración jurada».

El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.

Ambos han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana.

De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de cuarenta años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.

Efe