El gobierno de Donald Trump ordenó a los consulados de EE. UU. en todo el mundo suspender temporalmente los procesos para visas de inmigrante hasta nuevo aviso.

Esta pausa fue implementada mientras se realiza un "entrenamiento profundo" del personal de las sedes diplomáticas para detectar a solicitantes de visados que puedan llegar a utilizar servicios de asistencia social tras su llegada a EE. UU., dijo el Departamento de Estado.

La información fue reportada inicialmente por el Financial Times y luego confirmada por el Departamento de Estado a Reuters y a medios estadounidenses.

"Un EE.UU. más próspero implica garantizar que los solicitantes de visado no corran el riesgo de convertirse en una carga pública —según la definición establecida en la legislación y la normativa estadounidenses— ni de depender de las ayudas públicas de EE.UU. reservadas para los ciudadanos estadounidenses necesitados que reúnan los requisitos", declaró un portavoz de esa secretaría.

Se trata de "una iniciativa de capacitación global" para "garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera integral y coherente", agregó el vocero.

Las visas de inmigrante de EE. UU. son las que permiten a la larga obtener la residencia permanente legal, conocida como green card, y pueden ser solicitadas por vínculo familiar o tras ganar la lotería de visas.

El país también incluye algunas visas de trabajo.

Las entrevistas ya agendadas en los consulados fueron canceladas, y el gobierno dijo que serán reprogramadas una vez reanudados los trámites.

Esta medida no afecta a las visas para viajes de turismo o negocios, que son considerados documentos para no inmigrantes, ni las de trabajadores calificados específicos conocida como H1-B. Estos trámites se seguirán desarrollando en los consulados como de costumbre.

El Departamento de Estado no especificó hasta cuándo regirá la pausa para las visas de inmigrante.

 Esta decisión se conoce días después de que una jueza anulara una medida anterior del gobierno de Trump que cancelaba la tramitación de visas de inmigrante para los ciudadanos de 75 países, entre los que estaban Colombia, Brasil, Uruguay y Cuba.

"La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante en función de la nacionalidad del solicitante, constituye una vulneración directa" de la ley federal de inmigración y excede la autoridad del secretario de Estado, escribió la jueza en su dictamen.

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Con la nueva instrucción, no hay discriminación por nacionalidad.

En junio, otro juez estadounidense falló en contra de los esfuerzos de la administración para detener el procesamiento de solicitudes de inmigración de 39 países.

Trump ha desplegado una política migratoria más férrea que la de gobiernos anteriores, buscando disminuir la cantidad de visas emitidas y reforzando los controles sobre aquellos que se encuentran en EE.UU. de forma irregular para deportarlos.

Además, hace unos días se supo que el gobierno de Trump planea revocar las visas de extranjeros que ingresaron a EE.UU. como visitantes de corta duración y posteriormente solicitaron asilo.

"Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación de la visa", declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

Pigott señaló que la cifra de revocaciones "es dinámica" y que el proceso se hará de manera continua. Medios estadounidenses sugirieron que 200.000 visas podrían verse afectadas.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario [de Estado, Marco] Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho", afirmó Pigott en un comunicado enviado a la BBC.

El funcionario explicó que esa secretaría está coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a EE.UU. alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitaron asilo para quedarse en el país de forma permanente.

Con información de BBC

 El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita el miércoles Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella, flamante aliado de Donald Trump en su estrategia contra el narcotráfico en Latinoamérica.

El mandatario colombiano, en el poder desde el 7 de agosto, promete atacar con mano dura a los grupos narcotraficantes con la ayuda de Washington.

Pocos días después de su investidura, Trump sumó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la coalición de una veintena de países de la región para combatir a las mafias del tráfico de drogas.

El Comando Sur anunció el miércoles la llegada de su comandante, el general Francis L. Donovan, a Bogotá, "para reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas".

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Colombia "es un socio de larga data en la lucha contra los cárteles y un líder vital en la seguridad regional", agregó el comando, que desde Florida coordina las operaciones militares de Estados Unidos para América Latina y el Caribe.

De la Espriella celebró más temprano la ceremonia de ascenso de la nueva cúpula compuesta por algunos militares retirados durante el gobierno de su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro.

Petro hizo un fuerte recambio en los altos mandos de las fuerzas militares y promovió una política de paz para negociar el desarme de los principales grupos armados ilegales del país.

De la Espriella llegó al poder con la promesa de romper esos diálogos y fortalecer a las fuerzas militares de la mano de Estados Unidos tras los constantes choques entre Petro y Trump.

El 12 de agosto fueron autorizadas operaciones militares conjuntas en la guerra contra el narcotráfico.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

El general Donovan visitó este año Guatemala, Ecuador y Venezuela, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y la normalización de las relaciones diplomáticas.

El martes 25 de agosto, estaba previsto que fuera una tranquila mañana de vuelta a las clases para los niños de la localidad de Danbury (Connecticut), pero terminó siendo "siniestra".

Con este término ha calificado el senador Chris Murphy lo que está ocurriendo. Alertó en redes sociales de que "ICE arrestó a padres en las paradas de autobús escolar. Pero la cosa es aún más siniestra", advirtió.

"ICE esperó a que los niños subieran al autobús para que, al final del día, cuando estuvieran en la escuela, quedasen solos y aterrorizados por no encontrar a sus padres", escribió en un mensaje en el que añadió que se dirigía a la localidad.

Las familias con menores en edad escolar serían los objetivos de una política antiinmigración que no solo dirige sus operativos a ellas, las familias con escolares. En las últimas 48 horas se han multiplicado los arrestos a inmigrantes tanto en Danbury, como en Stamford (Connecticut).

En los videos difundidos se puede ver cómo los arrestados vestían con ropa de trabajo y cómo los agentes apuntaban hacia ellos tratando de reducirlos con lo que parece ser un artefacto taser.

En una de las secuencias, aparecen varias personas esposadas en la calle, antes de ser trasladadas en vehículos.

También se ve cómo los vecinos quedan impactados ante la escena y los agentes les tienen que decir que continúen su paso.

Y cómo uno de los vecinos que se topa con el operativo graba con su celular mientras les pide a los agentes que se identifiquen y que muestren la orden de búsqueda. El mismo vecino se dirige a los arrestados, en tono cómplice, para que recuerden no decir su nombre, no firmar nada. Y le grita a los agentes: "¡Sois unos j*** nazis!".

Ante la situación de varios arrestos concentrados en pocas horas, el alcalde Roberto Alves llegó a publicar en sus redes sociales un video en el que reconocía que "la comunidad está asustada en su día a día, les da miedo ir al trabajo, llevar a sus hijos al colegio, manejar hacia casa... Por estos operativos de ICE en el primer día de clases".

 El alcalde, quien también es el presidente estatal del Partido Demócrata, contó una anécdota muy personal y reveló que no pudo estar presente porque había viajado para celebrar el 100 cumpleaños de su abuela, pero que ya está de regreso para hacer "lo poco" que, reconocía, "podemos hacer las autoridades locales frente a operativos de ICE".

"Parece que iban simplemente seleccionando gente por su apariencia de inmigrante. Están particularmente persiguiendo a los latinos de Centro y Suramérica".

En el video que publicó en Facebook denunció que no eran operativos dirigidos, con órdenes de búsqueda. "Parece que iban simplemente seleccionando gente por su apariencia de inmigrante. Están particularmente persiguiendo a los latinos de Centro y Sur América", criticó.

En su discurso en video mostró una iniciativa local, la llamada 'Tarjeta Conoce tus Derechos', una tarjeta roja que condensa recomendaciones sobre qué hacer si se encuentran con un operativo migratorio; y recordó brevemente que hay que recordarles a los vecinos que no abran la puerta si los agentes no tienen una orden de búsqueda, que no se suban al coche ni firmen nada.

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Reconoció que la situación es grave. "Va a haber niños hoy que no encuentren a sus padres al salir de clase y necesitan nuestra ayuda (...) Tenemos que ayudar a nuestros vecinos", expresó haciendo un llamamiento a la unidad y a que la población inmigrante contribuye y son parte de la comunidad.

 La falta de información pública ha llevado a activistas comunitarios a recabar toda la información posible para cuantificar las detenciones y brindar apoyo a los arrestados y sus familias.

 Según Carolina Bortolleto, de las organizaciones Greater Danbury Area Unites for Immigrants y CT Students for a Dream, en los últimos dos días se han producido más de 20 detenciones en Danbury.

En Stamford, la portavoz de la organización Standford Norwalk Unido por los Inmigrantes Marcella Branca confirmó que se han producido al menos seis detenciones.

Branca aseguró que en la mañana del martes vio a hombres con chalecos antibalas del ICE en dos vehículos frente a una parada de autobús escolar en Stamford, mientras los niños esperaban a que los recogieran.

Ante estos operativos que afectarían a escolares que acaban de empezar las clases, las escuelas públicas de la localidad hicieron público un comunicado que decía: “Queremos reiterar que las Escuelas Públicas de Stamford dan la bienvenida a todos los niños, independientemente de su raza, religión, género, discapacidad, origen socioeconómico o estatus migratorio”, declaró la portavoz, Kathleen Steinberg, en un comunicado.

“Agradecemos a nuestros colaboradores comunitarios y al personal del Centro de Bienvenida de las Escuelas Públicas de Stamford, quienes trabajan arduamente para brindar apoyo a los estudiantes y sus familias afectados por la reciente actividad del ICE”, comunicaron solidarizándose con las familias afectadas.

Protestas de calle

En uno de los escenarios de la redada masiva, el Kennedy Park, se ha organizado un acto que ha contado con la presencia de representantes políticos y organizaciones sociales.

 Acudieron el gobernador Ned Lamont, el senador Chris Murphy, la representante Jahana Hayes, la vicegobernadora Susan Bysiewicz, el alcalde de Danbury, Roberto Alves, y representantes de Danbury Unites for Immigrants (Danbury se une por los Inmigrantes).

Lamont condenó el aumento de las medidas de control y cuestionó si los operativos estaban centrados en personas que representan una amenaza para la seguridad pública.

"Recientemente hablé con el secretario Mullin y le dije: 'Estoy indignado'", declaró Lamont. "Son los primeros días de regreso a clases de nuestros hijos y hay gente patrullando alrededor de nuestros juzgados y escuelas. ¡Manténganse alejados!", pronunció en el escenario habilitado.

El gobernador afirmó que los funcionarios de Connecticut tienen autoridad limitada para impedir que los agentes federales lleven a cabo labores de control migratorio, pero aseguró que el estado continuará trabajando para proteger los derechos de los residentes y exigir responsabilidades a las autoridades federales.

El senador Murphy también condenó los arrestos multitudinarios de los últimos días. "Se están llevando a gente que está aquí legalmente, con permisos de trabajo siguiendo su proceso migratorio", criticó. "ICE debe depurar responsabilidades, y el Congreso no puede destinar un solo dólar más a ICE".

La polémica de la Casa Blanca: 'El autobús mágico de la deportación'La vuelta a las aulas, marcada por una intensificación de los operativos de ICE, coincide con una publicación reciente de la Casa Blanca en redes sociales en la que la que caricaturiza la popular serie infantil de los años 90 'El autobús mágico'.

La ilustración muestra el tradicional autobús amarillo convertido en un vehículo de deportación. En su interior aparecen varias personas esposadas, mientras que al frente se observa a la conductora del programa animado. La publicación está acompañada por la frase “Please let this be a normal field trip…” (“Por favor, que este sea un viaje escolar normal…”).

En el hilo de la publicación refieren además a una noticia reciente sobre una "operación masiva en Washington DC" que se saldó con el arresto de unos 1,328 inmigrantes en dos semanas.

Con información de Univisión

Cuatro personas murieron el martes en un ataque militar estadounidense contra un barco supuestamente dedicado al tráfico de drogas en el Caribe, informaron las autoridades.

El Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) dijo en X que el ataque estaba dirigido a un barco "que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe".

"Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", añadió.

Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.

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Las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación "Escudo del Sur", y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los carteles de la droga que operan en América Latina.

Más de 200 personas han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según un recuento de la AFP.

El gobierno de Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estén implicadas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos señalan que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

🇺🇸🚨 SOUTHCOM golpea un buque vinculado al narcotráfico en el CaribeEl 25 de agosto, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM (Comando Sur de Estados Unidos), general Francis L. Donovan, ejecutó un ataque contra un buque… pic.twitter.com/siy533pGzI

 El empresario Alex Saab no comparecerá ante un jurado federal de EE. UU. el 8 de septiembre, como estaba previsto. La causa por lavado de dinero que enfrenta en Miami fue reprogramada para el 16 de noviembre de 2026, después de que sus abogados y la Fiscalía acordaran solicitar más tiempo para examinar las pruebas y organizar sus respectivas estrategias.

La jueza Kathleen M. Williams autorizó el cambio dentro del expediente 1:26-cr-20020-KMW. La vista comenzará a las 9:00 a.m. en la División de Miami del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida, salvo que una nueva resolución modifique el cronograma.

 Antes de esa fecha, Williams encabezará una comparecencia de seguimiento por Zoom el 10 de noviembre, a las 11:00 a.m. Durante esa sesión, las partes deberán informar si están preparadas para iniciar la selección del jurado seis días después o si existen asuntos pendientes que requieran la intervención de la corte.

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El desplazamiento entre las dos fechas representa una demora de 69 días. La decisión respondió a una petición conjunta y no a una acción unilateral de la representación legal del acusado.

Al justificar la prórroga, la jueza consideró necesario conceder un margen adicional para revisar la documentación y preparar una causa financiera de alcance internacional. También estableció que ese interés prevalece temporalmente sobre el derecho del acusado y del público a una resolución rápida.

El periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 16 de noviembre quedó excluido del cómputo previsto por la Ley de Juicio Rápido. Saab aceptó esa suspensión limitada, que detiene durante ese intervalo el reloj utilizado para controlar las demoras en los procedimientos penales federales.

La exclusión no cierra el expediente ni modifica los cargos. Si surgiera otra solicitud para extender los plazos, Williams tendría que analizarla por separado y explicar las razones de cualquier demora adicional.

La causa incluye además una orden de protección para determinados materiales entregados por el Gobierno durante el intercambio de evidencia. Los documentos identificados como confidenciales solo podrán ser consultados por Saab, sus abogados y las personas autorizadas a colaborar con el equipo legal.

Las restricciones abarcan al personal de los bufetes, investigadores, consultores, expertos y posibles testigos que necesiten conocer parte del contenido. Ninguno podrá distribuirlo o revelarlo fuera del grupo aprobado por el tribunal.

La Fiscalía solicitó esas condiciones y los abogados del acusado no presentaron objeciones. La disposición tampoco convierte la información en material clasificado ni permite relacionarla automáticamente con asuntos de seguridad nacional.

Las órdenes de este tipo pueden emplearse para proteger registros bancarios, datos personales, identidades de terceros, operaciones comerciales o elementos vinculados con investigaciones que continúan abiertas. Su existencia no demuestra que las pruebas sean verdaderas, pertinentes o admisibles ante el jurado.

Hasta ahora, tampoco hay información pública que confirme una colaboración de Saab con las autoridades, conversaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad o la intención de cambiar su declaración. La coincidencia entre ambas partes para solicitar más tiempo no constituye evidencia de ninguno de esos escenarios.

El empresario colombiano y exministro venezolano se declaró no culpable de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Si fuera condenado, enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión, según el Departamento de Justicia (DOJ).

La acusación sostiene que Saab y otros participantes habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados para distribuir alimentos entre sectores vulnerables.

Los fiscales alegan que la red utilizó compañías de fachada, facturas fraudulentas y registros de embarques falsificados para desviar cientos de millones de dólares. Una parte del dinero habría sido transferida u ocultada mediante cuentas bancarias estadounidenses.

El supuesto esquema se habría extendido entre 2019 y enero de 2026. Durante ese periodo, Saab y sus colaboradores habrían obtenido acceso a petróleo perteneciente a Petróleos de Venezuela (PDVSA) para comercializarlo a través de operaciones presentadas de manera engañosa, de acuerdo con el DOJ.

Los ingresos derivados de esas ventas habrían pasado por el sistema financiero de EEUU para promover u ocultar actividades relacionadas con los contratos alimentarios. Las afirmaciones corresponden a la versión de la Fiscalía y deberán ser demostradas más allá de toda duda razonable.

El expediente abierto en 2026 es distinto del iniciado en 2019 por operaciones vinculadas con contratos de construcción y el sistema cambiario venezolano. Ese antecedente quedó cerrado luego de que el entonces presidente Joe Biden concediera clemencia a Saab en diciembre de 2023, como parte de un intercambio que permitió liberar a estadounidenses detenidos en Venezuela.

La nueva acusación lo llevó nuevamente ante la justicia federal de Miami en mayo de 2026. El cambio de fecha no representa una victoria para ninguna de las partes ni anticipa el desenlace. Mientras la Fiscalía prepara su exposición y los abogados examinan los elementos incorporados a la causa, Saab mantiene su declaración de no culpabilidad y la presunción de inocencia.

Con información de NTN24

Las autoridades de Estados Unidos, a través del ICE, arrestaron en las últimas horas a 1.328 inmigrantes ilegales en Virginia y Maryland en una amplia operación de aplicación de la ley, informó la cadena Fx News.

La información, aseguran que fuentes federales describen como una de las operaciones más exitosas de la agencia hasta la fecha. 

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Agrega que casi 400 de los arrestados tienen condenas penales o cargos pendientes, según ICE. 

En la operación también fueron capturados presuntos miembros de MS-13, Tren de Aragua y la Pandilla de la Calle 18. 

“Entre los detenidos se encuentra un nacional salvadoreño arrestado en Richmond, a quien las autoridades dicen que se le busca por una orden de captura por asesinato”, asegura el boletín.

ICE arrested more than 1,300 illegal aliens in a two-week operation across Maryland and Virginia, including about 400 with criminal convictions or pending criminal charges for crimes, including: • A Salvadoran national with a murder warrant • A Haitian national with a… pic.twitter.com/6GhzSWgS9n

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes planes para lograr la "asfixia económica" de Irán, al tiempo que advirtió de graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington.

Irán insiste de su lado en la "derrota" de Estados Unidos.

El discurso de Bessent llega casi seis meses después del inicio de una guerra contra Teherán que se ha estancado, con las conversaciones de paz paralizadas e Irán bloqueando la mayor parte del tráfico a través del crucial estrecho de Ormuz, crítico para el comercio de hidrocaburos.

"En todo el mundo, nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede completamente aislado", dijo Bessent en una rueda de prensa.

"Vamos a exigir responsabilidades a todos, y esto es la asfixia económica de este régimen", enfatizó.

Añadió que los países que no se sumen a las sanciones estadounidenses "compartirán el aislamiento" de Irán, y señaló que el presidente Donald Trump está haciendo llamadas telefónicas a líderes mundiales para pedirles que detengan sus interacciones con Teherán.

Además, Washington pondrá fin al acceso al sistema del dólar estadounidense para quienes laven dinero iraní.

"Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense. El reloj acaba de empezar a correr", dijo Bessent.

- Nadie está "por encima" -

El Departamento del Tesoro informó el lunes de que ha "adoptado determinaciones contra cinco sectores críticos -activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo- que el régimen iraní utiliza para tratar de apuntalar su economía en declive".

Ante la pregunta de si los bancos chinos que operan con Irán podrían ser objeto de sanciones, Bessent respondió que "nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses".

El jefe del Tesoro ya había declarado previamente que había comenzado un "Día D económico" para Teherán, en una columna para el Financial Times.

Estados Unidos e Israel desencadenaron la guerra en Oriente Medio con una masiva oleada de bombardeos contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó represalias iraníes en toda la región.

Trump, bajo mucha presión interna por las repercusiones económicas de la guerra, que se intensifica con las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pasó de las amenazas militares a una estrategia basada en las sanciones económicas.

"¡¡¡IRÁN ESTÁ COLAPSANDO COMPLETAMENTE!!!", escribió en su red Truth Social con su característico estilo de utilizar solo letras mayúsculas.

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Estados Unidos "ha hecho todo lo posible por poner a prueba la determinación del pueblo iraní y de los líderes del país, pero ha fracasado en todas las ocasiones. Parece que querían sufrir una nueva derrota", afirmó el ministro iraní de Economía, Ali Madanizadeh, en la televisión estatal, tras los anuncios estadounidenses.

El jerarca añadió que el país tiene un "plan de dos años" para enfrentar las medidas.

Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

La reapertura del estrecho se ha convertido en una prioridad para Estados Unidos, pero Teherán insiste en que permanecerá cerrado hasta que Washington levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, elimine las sanciones petroleras y descongele los activos iraníes en el extranjero.

Subrayando los riesgos que tiene el tránsito por Ormuz, un petrolero fue alcanzado la madrugada del martes por un "proyectil desconocido" frente a las costas de Omán, lo que provocó daños, pero no dejó víctimas, según la agencia marítima británica UKMTO.

Antes de conocerse la magnitud de las medidas estadounidenses, el vicecanciller Kazem Gharibabadi afirmó que "el relato no encaja".

"Ustedes dicen que el poder militar de Irán ha sido 'desmantelado', que el 100% de sus fábricas militares han sido 'destruidas' y que su programa nuclear ha sido 'enterrado'", señaló.

Sin embargo, agregó, la acción contra Irán requiere la movilización de "todas las instituciones y poderes" de Estados Unidos". "¿Es esto una victoria o el reconocimiento de la derrota de Estados Unidos?".

Por su parte, la cancillería iraní advirtió a los países que se abstuvieran de sumarse a la campaña económica de Estados Unidos y que quienes lo hagan tendrán que asumir "sus propias consecuencias".

Irán se enfrenta a sanciones estadounidenses e internacionales desde la revolución islámica de 1979 y ha calificado esa política como un fracaso, al tiempo que insiste en que la presión económica y las amenazas no lo obligarán a cambiar de rumbo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicó que la aplicación de nuevas sanciones económicas no implica "de ninguna manera" que ataques contra Irán queden descartados.

AFP

Grupos de venezolanos en Estados Unidos,  reunidos en la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) presentaron un informe dirigido al Congreso de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, en el que alertan sobre el creciente nivel de incertidumbre migratoria que enfrenta la comunidad venezolana en el país.

El documento, con fecha de corte del 22 de agosto, analiza el impacto de los cambios registrados desde 2025 en materia migratoria, entre ellos la terminación y los litigios relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), la reducción de determinadas vías de parole, las dificultades y demoras en las autorizaciones de empleo y el aumento de la exposición de algunos venezolanos a procesos de detención y remoción.

Las organizaciones señalan que la situación afecta especialmente a personas que permanecen dentro del sistema migratorio estadounidense con solicitudes de asilo pendientes, protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), órdenes de supervisión de ICE y otros procesos que no representan una residencia permanente, pero que mantienen a los migrantes vinculados formalmente con las autoridades.

 El informe también documenta casos recientes de venezolanos detenidos pese a contar con autorizaciones de empleo o tener procesos migratorios pendientes. 

Ante esta situación, VEPPEX y AMAVEX reclaman que las decisiones de custodia sean individualizadas y estén acompañadas de mecanismos efectivos de revisión.

Otro de los puntos abordados es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en relación con el Tren de Aragua.

Las organizaciones sostienen que la lucha contra las organizaciones criminales debe sustentarse en investigaciones y evidencias individuales y advierten contra el uso de la nacionalidad venezolana, la apariencia física, los tatuajes o asociaciones circunstanciales como sustitutos de pruebas que demuestren una vinculación criminal.

El informe también expresa preocupación por las remociones de migrantes hacia terceros países. En particular, solicita mayor transparencia sobre los acuerdos que permiten estos traslados y sobre las garantías legales y humanitarias disponibles para las personas afectadas.

Entre los casos analizados figura el acuerdo mediante el cual Liberia aceptó recibir hasta 1.200 nacionales de terceros países durante un período de 12 meses. VEPPEX y AMAVEX solicitan conocer las bases jurídicas de estos procedimientos, las condiciones de recepción y los mecanismos utilizados para evaluar individualmente los riesgos antes de ejecutar una remoción.

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Como parte de sus recomendaciones, las organizaciones plantean tres acciones inmediatas.

Al Congreso de Estados Unidos, solicitan exigir a DHS e ICE información periódica y desagregada sobre las detenciones de venezolanos, así como realizar audiencias de supervisión sobre detención, permisos de trabajo, solicitudes de asilo pendientes, TPS, CAT, withholding of removal y órdenes de supervisión.

A DHS, ICE y USCIS, piden garantizar la continuidad documental y laboral cuando las interrupciones sean consecuencia de demoras gubernamentales, además de aplicar criterios individualizados en las decisiones de custodia.

Al Departamento de Estado, reclaman información al Congreso sobre los acuerdos de remoción hacia terceros países, las garantías ofrecidas por las naciones receptoras y los mecanismos utilizados para determinar los riesgos individuales de cada persona trasladada.

VEPPEX y AMAVEX aclaran que su informe no sostiene que toda detención migratoria sea ilegal ni que tener un trámite pendiente otorgue inmunidad frente a la aplicación de las leyes migratorias.

Su planteamiento central es que los cambios implementados desde 2025 han reducido o vuelto más inestables algunas de las protecciones, autorizaciones laborales y herramientas documentales de las que dependen miles de venezolanos mientras sus procesos migratorios permanecen abiertos.

Las organizaciones sostienen que la aplicación de las leyes migratorias puede realizarse de manera efectiva sin apartarse del debido proceso, la evaluación individual, la protección contra la tortura y el derecho de las personas a cumplir con las exigencias establecidas por el propio sistema migratorio estadounidense.

Finalmente, VEPPEX y AMAVEX anunciaron que los hechos relacionados con el vuelo de deportación del 24 de junio de 2026 serán abordados en un informe especial separado. Ese documento examinará la cronología de los acontecimientos, la documentación disponible, testimonios, condiciones de traslado y recepción, así como las cuestiones jurídicas vinculadas con el caso.

Con información de Alberto News

Una jueza federal estadounidense anuló  la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente en Estados Unidos impuesta en enero a 75 países, asestando otro golpe a la agenda antiinmigratoria de Donald Trump.

En su fallo, Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York, declaró que la política era "contraria a la ley" y que excedía la "autoridad legal" del secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida, vigente desde el 21 de enero, suspendía la tramitación de visas de inmigrante, a diferencia de las visas de no inmigrante que permiten la entrada temporal al país, y afectaba, entre otras, a las solicitudes de ciudadanos de Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

El Departamento de Estado había justificado la decisión alegando que los inmigrantes de estos países representaban "un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas".

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Sin embargo, Vargas dictaminó que se había ordenado indebidamente a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando se había determinado que éste cumplía con los demás requisitos.

El fallo emitido el viernes revoca cualquier denegación de visa basada únicamente en esta política.

El gobierno puede apelar la decisión judicial.

Desde su regreso al poder, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también ha restringido significativamente la entrada legal de extranjeros.

Varias de sus medidas más emblemáticas han sido anuladas por los tribunales.

A principios de junio, un juez federal anuló la tasa de 100.000 dólares para las visas de trabajo, comúnmente utilizadas en el sector tecnológico.

A finales de junio, la Corte Suprema anuló un decreto emitido por Trump el primer día de su segundo mandato que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, con el objetivo de acabar con lo que él consideraba un incentivo para la inmigración ilegal.

AFP

  El ejército de Estados Unidos anunció este lunes que llevó a cabo un ataque contra una presunta embarcación utilizada para el tráfico de drogas en el océano Pacífico, en el que murieron dos personas.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) señaló en una publicación en X que el ataque, realizado el domingo, tuvo como objetivo una embarcación "que operaba a lo largo de rutas de narcotráfico establecidas en el Pacífico oriental".

"Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", añadió.

"Esta operación es un recordatorio claro y contundente de que SOUTHCOM está llevando la lucha directamente a los cárteles", indicó el comando.

Las imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.

El presidente Donald Trump sostiene que Washington está, en la práctica, en guerra con los cárteles de la droga que operan desde América Latina.

Más de 200 personas han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según un recuento de la AFP.

El gobierno de Trump no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estén implicadas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos señalan que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

🇺🇸 ATAQUE LETAL CONTRA EMBARCACIÓN VINCULADA AL NARCOTRÁFICO EN EL PACÍFICO ORIENTAL El @Southcom informó que el 23Ago la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental realizó un ataque contra una embarcación de bajo perfil que, según inteligencia confirmada, participaba en… pic.twitter.com/JCjF6IS36z

AFP

“Venezuela debe celebrar elecciones dentro del próximo año y María Corina Machado, tener la posibilidad de regresar al país y competir en esos comicios”, así lo afirmó el senador Rick Scott, republicano por el estado de la Florida, en entrevista para el Diario de las Américas.

“En el próximo año necesitan tener elecciones”, afirmó al ser consultado sobre el plazo que considera razonable para que los venezolanos vuelvan a las urnas.

 El legislador federal, quien respalda una resolución bipartidista en el Senado para promover elecciones libres y justas en Venezuela, admitió que el proceso podría producirse antes, aunque señaló que se necesita tiempo para organizar unos comicios que cumplan con las condiciones necesarias.

“Ojalá fuese más temprano, pero se necesita organización para hacer elecciones libres y justas”, afirmó.

Resumió esas condiciones en tres puntos: la liberación de los presos políticos, el fin de la presión sobre los actores políticos y la existencia de un sistema electoral que garantice una competencia libre y justa.

“Primero, no presos políticos. Segundo, no presión. Tercero, un sistema de elecciones que sean justas y libres”, sostuvo.

A esas garantías añadió una condición que coloca a María Corina Machado en el centro de su planteamiento. Todos los candidatos deben poder participar y contar con posibilidades reales de ganar.

“Necesitan todos los candidatos, incluyendo a María Corina Machado, que esté en Venezuela, y que todos tengan oportunidades para ganar la elección”, afirmó.

Scott insistió particularmente en la importancia de que la dirigente opositora pueda regresar al país.

“Es muy importante para mí que María Corina Machado esté en Venezuela”, apuntó. La líder opositora permanece fuera de Venezuela después de haber sido impedida de participar en las elecciones presidenciales de 2024 y de pasar posteriormente a la clandestinidad ante la persecución del régimen que entonces encabezaba Nicolás Maduro.

Machado salió del país a finales de 2025 para viajar a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Para Scott, su eventual regreso debe estar acompañado de garantías de seguridad y de la posibilidad de participar en la vida política del país. Esa posición abre además una interrogante sobre las negociaciones que actualmente mantienen sectores de la oposición con representantes del oficialismo.

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Ante la pregunta sobre la participación de Dinorah Figuera en ese proceso de “diálogo”, el noveno que se realiza sobre la situación en Venezuela desde 2017, en lugar de María Corina Machado.

“No sé por qué es Dinorah Figuera y no María Corina Machado”, sentenció Scott.

La declaración refleja una de las dudas planteadas por el senador estadounidense sobre la composición de las conversaciones, en las que Figuera participa como representante de sectores opositores frente al régimen encargado de Delcy Rodríguez.

Scott, sin embargo, no cuestionó la participación de Figuera en el diálogo.

“Esta es una oportunidad para Dinorah Figuera”, dijo, al tiempo que expresó su expectativa de que las conversaciones puedan conducir a un acuerdo que desemboque en elecciones libres y justas y permita el regreso de Machado.

“Esperamos un gran éxito y después elecciones libres y justas y el regreso de María (Corina)”, sostuvo.

El senador también fue consultado sobre la permanencia de figuras centrales del chavismo, entre ellas Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, en el escenario político venezolano.

Scott no consideró que la presencia de esos dirigentes deba frenar las conversaciones. Su énfasis estuvo en que el diálogo produzca resultados concretos.

“Gracias a todos quienes tienen negociaciones con Delcy Rodríguez, pero necesito un resultado”, afirmó.

Para el senador, ese resultado debe traducirse en garantías políticas y próximas elecciones en las que todos los participantes puedan competir por igual.

El senador reconoció que alcanzar ese objetivo será difícil, pero respaldó a quienes participan en las conversaciones con la expectativa de que puedan conducir a una salida electoral.

“Es difícil, pero gracias a muchas personas que trabajan muy duro se podrá hacer elecciones libres y justas”, anticipó.

Scott no estableció una fecha concreta para los comicios, pero sí fijó un horizonte temporal con miras al próximo año.

“Ojalá fuese más temprano”, reiteró, aunque insistió en que organizar unas elecciones con garantías requiere tiempo.

Su planteamiento coloca 2027 como el período en el que espera que los venezolanos puedan volver a las urnas bajo condiciones que permitan una competencia efectiva y que los resultados sean respetados.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 terminaron con una disputa sobre los resultados. La oposición demostró que Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por Machado, obtuvo la mayoría de los votos, mientras que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó los resultados oficiales y declaró “ganador” al dictador, que fue depuesto y extraído del país por las fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero de este año.

Scott no detalló quién debería organizar los próximos comicios ni cómo debería estructurarse el calendario electoral. Su planteamiento se concentra en las condiciones que, a su juicio, deben existir antes de que los venezolanos regresen a las urnas.

Dentro de esas garantías, el senador otorga especial importancia a la situación de Machado y a su posibilidad de regresar al país y competir.

“Es importante la seguridad para toda la gente de Venezuela”, afirmó Scott, que aseguró que las conversaciones representan una oportunidad, en su opinión, el valor de esas conversaciones dependerá de los resultados que produzcan.

La situación migratoria de los venezolanos que permanecen en Estados Unidos también fue abordada por el senador federal. Scott defendió “la protección de los venezolanos venerables que se encuentran en el país” y aseguró que trabaja para ayudarlos.

“Muchos venezolanos están sufriendo. La política de fronteras abiertas de la administración del presidente Biden y los demócratas permitió que los ilegítimos como Maduro, Díaz-Canel, Castro y Ortega se aprovecharan de México y utilizaran la inmigración como arma abriendo sus cárceles y enviando a criminales peligrosos a EEUU, como el tren de Aragua”, continuó. “Pero es muy importante la protección a los venezolanos venerables y yo trabajo muy duro para la protección de los venezolanos venerables”.

“Tengo nueve oficinas en la Florida para ayudar a los venezolanos venerables y es importante llamar a mi oficina o visitarme en mi sitio web”, advirtió.

Diario de las Américas

Los nuevos aranceles estadounidenses del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a varios productos canadienses entraron en vigor este sábado tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Ottawa.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, prometió que su país igualará los aranceles de Estados Unidos "dólar por dólar para proteger a nuestros trabajadores y empresas", después de que los negociadores informaron que Washington y Ottawa no habían logrado cerrar un pacto.

Durante toda la semana, el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, estuvo en Washington en un intento por frenar esta crisis comercial entre los dos vecinos, cuya relación se ha deteriorado desde el inicio de la segunda presidencia de Trump.

Pero los negociadores cerraron sus reuniones el viernes sin un acuerdo, lo que dio paso a la implementación a las 00H01 locales (04H01 GMT) de las nuevas tarifas.

La falta de un acuerdo definitivo supuso la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50%, que afectan a mercancías por valor de unos 20.000 millones de dólares, lo que representa el 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos.

Los productos afectados abarcan desde palos de hockey hasta cemento.

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"Pese a la oferta de Estados Unidos para que Canadá recibiera un mejor trato que cualquier otro exportador en nuestro mercado, nuevas demandas y retrocesos en otros compromisos de Canadá han alterado el frágil equilibrio alcanzado en los últimos días", dijo el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Esta noche, Canadá se negó a cerrar el acuerdo comercial bajo los términos pactados a principios de esta semana", añadió Greer.

Greer aseguró que el gobierno estadounidense ofreció gravámenes más bajos en sectores específicos como el acero y el aluminio, el automovilístico y el maderero, a cambio de concesiones por parte de Canadá, las cuales no detalló.

- "Trato discriminatorio" -Greer indicó que Canadá mantenía sus "represalias prolongadas" contra Estados Unidos, incluidas prohibiciones sobre ciertos bienes y servicios estadounidenses.

Los líderes regionales de Canadá dijeron que Washington se mostró especialmente molesto por el retiro del alcohol y el vino estadounidenses de las tiendas.

La Casa Blanca alegó un "trato discriminatorio" de Canadá contra productos alcohólicos, automovilísticos y lácteos de Estados Unidos, a pesar de que Carney había pedido el miércoles a las provincias volver a surtir bebidas alcohólicas provenientes de su vecino.

"Los cambios de última hora en los términos propuestos por Estados Unidos eran injustos, antieconómicos y ponían en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo", dijo el líder en el texto, en el que explicó la negativa de Ottawa a firmar el acuerdo.

Carney también precisó que si bien Washington y Ottawa lograron "avances importantes" en las últimas semanas, esto "no fue suficiente para cumplir nuestros objetivos en beneficio de los canadienses".

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Canadá solicitó concesiones adicionales que Estados Unidos no podía otorgar.

No obstante, añadió que las conversaciones fueron francas, que no estuvieron marcadas por la hostilidad y que por el momento, no hay más reuniones programadas.

- "Más difícil" -Ryan Majerus, exfuncionario de Comercio de Estados Unidos, declaró a la AFP que "si Canadá acordó imponer también aranceles de represalia, eso hará mucho más difícil rebajar la tensión" y agregó que "ambas partes se verán sometidas a una presión considerable en los próximos días para encontrar una salida".

Christopher Padilla, exfuncionario estadounidense que actualmente trabaja para Brunswick Group, dijo a la AFP que existe "mucha esperanza entre las empresas de ambos lados" de alcanzar un acuerdo que permita "pasar página a dieciocho meses muy difíciles en la relación entre Estados Unidos y Canadá".

Los nuevos recargos aduaneros de Estados Unidos, anunciados en julio, iban a entrar en vigor el miércoles pasado, pero Trump otorgó tres días adicionales a la luz del progreso en las conversaciones.

Más temprano el viernes, el republicano había expresado su confianza al asegurar que Estados Unidos "debería poder llegar a un acuerdo con Canadá", al resaltar su "buena relación" con Carney.

Ottawa buscaba un alivio de los aranceles de Trump, que han golpeado la economía canadiense con pérdida de empleos y tensionado la otrora próspera relación comercial entre ambos socios.

Carney también dijo que el país necesita diversificarse y reducir su dependencia de Estados Unidos, que ostenta casi el 70% de las exportaciones de Canadá.

Luego de estas infructuosas negociaciones, Estados Unidos y Canadá todavía deben ponerse de acuerdo sobre las revisiones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC, que Trump se negó a renovar el mes pasado y que comparten con México.

AFP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió este jueves que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de «presión económica máxima» contra Teherán, y puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de «bloqueo» y sanciones da resultados.

«Daré una rueda de prensa el lunes para decir qué vamos a hacer exactamente (…). No estoy seguro de por qué el petróleo ha subido por esto, porque, por ahora, y esto queda a discreción del presidente, si estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente no habrá una reanudación cinética a gran escala», dijo Bessent en una entrevista en el canal CNBC.

El secretario especificó que Washington busca imponer «la mayor campaña coordinada de aislamiento económico en la historia del mundo» contra Irán, para lo que EE. UU. acudirá a sus propios aliados con la disyuntiva del «con nosotros» o «contra nosotros», y empleará «toda su capacidad y fuerza» contra aquellos que hagan negocios con Teherán.

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Bessent especificó que EE. UU. sancionará la transferencia de dinero o la compra de petróleo a Irán, detalló que algunos países «están realizando transferencias de barco a barco en el mar» y urgió a sus «aliados y el resto del mundo» a que «tomen una decisión».

«Vamos a aplastar la economía de este régimen asesino, lo que limitará su capacidad de proyectar poder a través de sus representantes. Significará que no podrán pagar a los militares y tendrán una inflación considerable, tanto alimentaria como general, en Irán», abundó.

En ese sentido, Bessent expresó confianza en que la combinación del «bloqueo» y «las sanciones más duras de la historia» darán resultados, poniendo dos ejemplos: «Funcionó en Venezuela una vez que impusimos el bloqueo, está funcionando en Cuba ahora mismo, y va a funcionar en Irán: vamos a derrumbar este régimen«, sostuvo.

Las declaraciones se producen después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara la víspera una nueva ofensiva económica contra Irán que calificó como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país, con la que busca cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

Con información  EFE

Los dos nuevos acuerdos energéticos firmados por Venezuela con empresas estadounidenses dan continuidad a la apertura de su sector petrolero al capital privado, aunque analistas advierten que el regreso de las compañías extranjeras será lento y que todavía persisten dudas sobre la seguridad de las inversiones.

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, que visitó esta semana Houston, la capital petrolera de EE. UU., confirmó un contrato con la productora Hunt Oil para recuperar la producción de dos campos de petróleo y gas en el este del país y una alianza con SLB, la mayor compañía de servicios petroleros del mundo, para realizar un estudio integrado de yacimientos.

El convenio con Hunt adopta el modelo de contrato de participación productiva, un esquema que Venezuela comenzó a utilizar durante el gobierno de Nicolás Maduro y que posteriormente fue modificado con la reforma de la legislación energética.

"No diría que esto representa una nueva apertura", explicó a EFE Bob Fryklund, estratega jefe de exploración y producción de S&P Global.

Sin embargo, Hunt es una de las primeras productoras independientes estadounidenses que firma uno de estos contratos, por lo que el acuerdo sí constituye "un nuevo paso" dentro de un proceso que ya estaba en marcha, agregó.

El contrato contempla la recuperación de la producción en Caro y Carisito, dos campos petroleros y gasíferos ya existentes en el este de Venezuela.

Fryklund destacó que el proyecto no supone, por ahora, la exploración de nuevas reservas. Buena parte de las compañías que actualmente negocian con Venezuela buscan rehabilitar antiguos descubrimientos o desarrollar proyectos costa afuera.

"Desde el punto de vista de la exploración de petróleo y gas, estos son proyectos de rehabilitación", señaló el experto, quien subrayó que la exploración de nuevos campos permanece prácticamente paralizada.

La alianza con SLB podría acelerar ese proceso al aportar equipos, tecnología y conocimientos para reacondicionar pozos y modernizar una infraestructura deteriorada tras años de falta de inversión, añadió Fryklund.

La empresa, anteriormente conocida como Schlumberger, ya trabajó en Venezuela y es una de las líderes mundiales del sector.

Pese a estos avances, el país necesita inversiones de gran escala en instalaciones petroleras, oleoductos, sistemas de transporte y electricidad. "El viaje está comenzando, pero no es un tren bala; es un tren local con muchas paradas", resumió Fryklund.

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S&P Global calcula que Venezuela podría tardar al menos hasta 2030 en superar de manera sostenida los 1,5 millones de barriles diarios, debido al deterioro de la infraestructura y al tiempo necesario para reactivar los campos.

La producción alcanzó en julio un promedio de 1,2 millones de barriles diarios, casi un 30 % más que los 924.000 registrados en enero. Pese al aumento, continúa muy por debajo de los máximos de alrededor de 3,5 millones de barriles diarios registrados durante la década de 1990.

Venezuela también deberá competir por capital con decenas de países que ofrecen oportunidades petroleras con condiciones más previsibles.

Kirk Edwards, presidente de la petrolera texana Latigo Petroleum, consideró que el reducido número de compañías estadounidenses que han concretado acuerdos evidencia la cautela que todavía despierta el país.

Según Edwards, las empresas comparan las oportunidades venezolanas con proyectos en Estados Unidos y otros mercados que ofrecen mayor rentabilidad y seguridad jurídica. A ello se suma el recuerdo de las nacionalizaciones realizadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

Fryklund coincidió en que todavía deben mejorar la transparencia, el Estado de derecho, la posibilidad de repatriar las ganancias y la seguridad del personal. Venezuela, recordó, se encontraba entre los cinco países peor valorados por S&P Global en materia de riesgo para la industria y, aunque ha comenzado a mejorar, aún necesita cambios para garantizar las inversiones.

La visita de Henao a Houston se produce en medio del impulso del Gobierno de Donald Trump para que empresas estadounidenses inviertan en Venezuela, tras la captura de Maduro durante una intervención militar y la flexibilización de las sanciones al sector energético.

La producción venezolana alcanzó en julio un promedio de 1,2 millones de barriles diarios, un aumento de casi el 30 % frente a los 924.000 registrados en enero.

Con información de EFE

Más de 500.000 barriles de petróleo venezolano están llegando cada día a Estados Unidos , un volumen que significa aproximadamente la mitad de la producción actual de Venezuela, notificó   el subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit.

Venezuela elevó su producción de petróleo a 1.117 millones de barriles diarios en julio, según la OPEP. La cifra ha sido difundida en el transcurso de un evento energético que se presentó en Houston y refleja el peso que adquirió de nuevo el mercado estadounidense para el crudo de Venezuela.

Según Haustveit, los envíos se están manteniendo en los últimos meses y tienen como destino refinerías de los Estados Unidos diseñadas exclusivamente para procesar este tipo de petróleo.

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“En los últimos meses, hemos visto que más de 500.000 barriles, aproximadamente la mitad de la producción venezolana, se exportan a Estados Unidos a las refinerías construidas específicamente para ese crudo”, afirmó el subsecretario.

Haustveit calculó que la producción petrolera de Venezuela está actualmente cerca de 1,25 millones de barriles por día. Según esas cifras, los envíos a Estados Unidos son una proporción significativa del crudo que se extrae de territorio venezolano.

Este dato está acompañado por una proyección de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la empresa estatal, mencionó que la producción puede llegar a los 1,245 millones de barriles al día, esto al cierre de agosto. También indicó que las exportaciones venezolanas aumentaron 19,7 % durante este año.

 La relación comercial de igual forma ve el flujo en sentido contrario. Haustveit detalló que Estados Unidos está enviando a Venezuela más de 100.000 barriles al día de Nafta, usados ​​como diluyente para facilitar el procesamiento y la comercialización de los crudos que más pesos tienen.

El funcionario defendió este intercambio entre ambos países y de igual forma resaltó la compatibilidad entre las características del petróleo venezolano y la infraestructura de las refinerías de su país. De igual forma, sostuvo que Washington va a respetar los contratos relacionados con la actividad energética.

Esta es una excelente alianza energética. La distancia tiene sentido. Es un mercado abierto. “Se está creando valor real para ambas partes”, sostuvo Haustveit en el encuentro que tuvo lugar en Houston.

Con información de agencias

Varias compañías petroleras independientes de Estados Unidos esperan firmar en los próximos días contratos de producción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según tres representantes de la industria familiarizados con los planes. El acuerdo representa un avance para los esfuerzos de la administración de Donald Trump por impulsar la producción petrolera en la golpeada nación sudamericana.

Una ceremonia de firma en la que participarán varios productores estadounidenses más pequeños y Petróleos de Venezuela estaba prevista para la noche de este martes en Houston, según las fuentes, quienes solicitaron mantener el anonimato debido a que los detalles del evento no han sido divulgados públicamente.

 La ministra de Petróleo de Venezuela tiene previsto asistir, al igual que el responsable de exploración de PDVSA, señaló una de las fuentes. Otra persona indicó que la ceremonia podría ser aplazada hasta la mañana del miércoles.

La Casa Blanca, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, no tendría una participación formal en la ceremonia del martes. Sin embargo, el evento ocurre después de que altos funcionarios de la administración estadounidense viajaran a Caracas a finales de abril para concretar memorandos de entendimiento que sentaron las bases para acuerdos formales de producción en Venezuela, país que posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo.

La firma representa una señal de avance después de que el esfuerzo de la administración Trump para impulsar nuevos desarrollos petroleros en Venezuela, iniciado tras la operación estadounidense que capturó al exlíder Nicolás Maduro en enero, se ralentizara durante los últimos meses.

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A pesar del impulso generado por los mayores precios del crudo, las negociaciones se han estancado en torno a aspectos clave, como los mecanismos para resolver disputas. Al mismo tiempo, las autoridades en Caracas tuvieron que hacer frente a un devastador par de terremotos ocurridos en junio que dejó miles de muertos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el mes pasado nuevas regulaciones que ofrecen condiciones fiscales más favorables a las compañías petroleras internacionales.

Las firmas de estos contratos se producen después de que la administración Trump renovara la presión sobre Rodríguez para que PDVSA suscribiera acuerdos con empresas estadounidenses, según una fuente de la industria familiarizada con las negociaciones.

Estos esfuerzos incluyeron contactos del secretario de Estado, Marco Rubio, para analizar cómo un aumento de los ingresos petroleros podría ayudar al país a recuperarse después del devastador terremoto ocurrido a comienzos de este verano, explicó la fuente.

“Existe un reconocimiento renovado por parte de Delcy de que aumentar la producción petrolera es el camino para reconstruir después de los terremotos y lograr lo que su gobierno quiere para las personas que están sufriendo a causa de los terremotos”, afirmó la fuente.

David Goldwyn, director de la consultora internacional de energía Goldwyn Global Strategies, señaló que las inversiones de productores petroleros independientes y la ampliación de la producción en campos existentes probablemente serán “la principal fuente de crecimiento de la nueva producción petrolera de Venezuela durante los próximos dos años”.

“Mientras las grandes petroleras esperan para ver cómo se resuelve la situación política y si pueden seleccionar los mejores activos, las compañías independientes pueden reducir los riesgos de sus proyectos en un período corto de tiempo”, explicó Goldwyn.

Sin embargo, esas inversiones probablemente solo permitirán aumentar la producción petrolera venezolana en unos 300.000 barriles diarios durante el próximo año, una cifra muy inferior al incremento de millones de barriles que las autoridades de Caracas y Washington esperan alcanzar, indicó Goldwyn.

“La producción incremental es todo lo que veremos hasta que mejore el marco regulatorio, se restablezca el suministro eléctrico y el panorama político sea más claro”, afirmó.

Con información de Político

Los venezolanos radicados en Miami iniciaron una campaña para solicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considere nuevamente la aplicación de una protección migratoria de Salida Forzosa Diferida (DED) por 18 meses para ciudadanos venezolanos elegibles.

El Movimiento Nacidos del Pavimento y la Coalición Internacional por Venezuela promueve la iniciativa que lanzó  una campaña de 30 días con la etiqueta #MasAllaDelTPS, con el objetivo de llevar la petición ante las autoridades de Washington.

La campaña reúne a dirigentes políticos, líderes comunitarios y representantes de la diáspora venezolana en Estados Unidos, quienes buscan respaldo para que la Casa Blanca evalúe nuevamente esta medida migratoria.

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 Los promotores recuerdan que Trump ya concedió DED a determinados ciudadanos venezolanos en 2021 y sostienen que una nueva protección de 18 meses permitiría a miles de familias contar con tiempo adicional para organizar su futuro mientras esperan condiciones que hagan posible un eventual retorno a Venezuela.

La Salida Forzosa Diferida (DED) permite a determinados ciudadanos de un país permanecer temporalmente en Estados Unidos y evita su expulsión durante el período establecido por la medida.

Con la campaña, las organizaciones esperan movilizar a la comunidad venezolana en Estados Unidos y presentar ante las autoridades estadounidenses la solicitud de una nueva protección migratoria para los venezolanos que cumplan con los requisitos establecidos.

Con información de agencias

Cientos de personas han muerto en el año transcurrido desde que el Ejército de Estados Unidos comenzó a bombardear embarcaciones que acusaba de transportar drogas frente a las costas caribeñas y pacíficas de América Latina. 

Ahora, la administración Trump dice que busca extender esa campaña letal a tierra, buscando acuerdos que pondrían a las fuerzas estadounidenses en territorio de naciones aliadas en toda la región.

El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, anunció la semana pasada durante una visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio, siguiendo el ejemplo de Ecuador, que lanzó misiones similares con EE. UU. en marzo. Sin embargo, Guatemala ha negado haber alcanzado tal acuerdo.

Será “como vieron con los ataques a las embarcaciones de drogas”, dijo Hegseth durante un ejercicio militar en la selva de Panamá. “El mismo efecto en tierra. Así que estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha (a las organizaciones terroristas designadas) en tierra”.

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La expansión marca una nueva fase en la campaña de la administración Trump para presionar a los gobiernos de América Latina a alinearse con sus prioridades de seguridad y afirmar lo que llama “la dominación estadounidense sobre el hemisferio occidental”.

Los votantes de la región están adoptando cada vez más a líderes alineados con Trump, lo que da a Washington socios más dispuestos. Pero los críticos advierten que la ampliación de la campaña militar estadounidense pone en riesgo a civiles y podría provocar una reacción contra EE.UU. que perdure más allá de la administración republicana.

“Lo que está ocurriendo es un intento de legitimar el uso creciente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región”, dijo Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue. “Proyecta poder, demuestra superioridad militar y permite a Washington imponer su agenda. Esto no es cooperación, es obviamente una relación muy asimétrica”.

De ataques unilaterales contra embarcaciones a operaciones conuntas en tierraEl Ejército de EE.UU. ha operado en América Latina durante generaciones, suministrando armas, inteligencia y entrenamiento a aliados para combatir el narcotráfico, dejando a la vez un legado conflictivo de apoyo a golpes militares y dictaduras.

Pero desde que Trump regresó al poder en enero de 2025, Washington ha adoptado su enfoque más intervencionista en la región en décadas.

Imágenes parecen mostrar el barco pesquero ecuatoriano “La Negra Francisca Duarte II” en llamas el 17 de marzo de 2026, horas después de que supuestamente fuera atacado con drones cargados de explosivos frente a las Islas Galápagos. Las imágenes fueron grabadas por otra tripulación pesquera que pasaba por la zona. 

Su administración ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, ha enviado fuerzas estadounidenses a Venezuela para capturar a su presidente e involucrado a agentes de la CIA en redadas contra laboratorios de drogas en México. Ha matado a más de 200 personas en más de 60 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, ofreciendo pocas pruebas de que los objetivos fueran “narcoterroristas” y generando preguntas sobre la legalidad de los ataques.

Pero operaciones de combate sostenidas de EE.UU. junto a fuerzas locales serían “nuevas y diferentes”, dijo William LeoGrande, especialista en América Latina de la American University, poniendo a prueba sensibilidades profundamente arraigadas sobre la soberanía nacional y la presencia de tropas estadounidenses.

Hegseth ofreció pocos detalles sobre cómo serían las operaciones conjuntas con Colombia, Guatemala y Honduras. Pero en Colombia, donde el aliado de Trump, Abelardo de la Espriella, asumió la presidencia este mes, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses participen en ataques contra grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, el último gran grupo guerrillero de Colombia. Hegseth dijo que De la Espriella había solicitado una mayor participación militar de EE.UU.

“En cualquier lugar donde trafiques drogas o amenaces al pueblo estadounidense o a nuestros socios, eres un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda”, dijo Hegseth, equiparando a los narcotraficantes con los grupos extremistas islámicos que dominaron las prioridades de seguridad nacional de EE.UU. durante décadas.

El sábado, tras un ataque con drones del ELN contra tropas, De la Espriella prometió que los rebeldes “pagarán un alto precio”.

Ecuador ha surgido como el caso más claro de participación militar directa de EE. UU., lanzando redadas conjuntas con Washington a pesar de que los votantes rechazaron abrumadoramente las bases militares extranjeras en un referéndum en noviembre de 2025. Una investigación del diario The New York Times encontró que un ataque a un supuesto laboratorio de drogas en marzo, en cambio, destruyó una finca ganadera.

El impulso para extender tales acuerdos ha ganado mayor tracción entre los aliados ideológicos de Trump en la región: líderes conservadores elegidos en los últimos meses con promesas de tomar medidas agresivas contra el crimen.

 Human Rights Watch advierte por presuntos abusos en Ecuador durante operaciones militares conjuntas con EE.UU.

Guatemala destaca como una excepción. Su gobierno progresista ha trabajado estrechamente con Washington en materia de seguridad a pesar de las diferencias políticas. Pero el presidente Bernardo Arévalo ha negado haber acordado operaciones conjuntas antidrogas, diciendo que serían ilegales sin la aprobación del Congreso.

Honduras, Colombia y Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Hegseth.

Un caso notablemente atípico en la nueva alianza antinarcóticos de EE.UU. es México, una fuente y punto de tránsito importante para el fentanilo y otras drogas que ingresan a Estados Unidos. La presidenta progresista Claudia Sheinbaum ha cooperado estrechamente con Washington en materia de seguridad, pero ha resistido la creciente presión para que el Ejército estadounidense participe en la lucha contra los carteles en suelo mexicano.

“En última instancia, Estados Unidos tendrá que definir qué significa ‘operaciones conjuntas’ en cada uno de estos países. Puede descubrir bastante rápido que esto es algo con lo que la mayoría de los gobiernos —incluso los gobiernos de derecha— se sienten bastante incómodos”, dijo Adam Isacson, analista de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Observadores cuestionan si un enfoque más militarizado produciría ganancias de seguridad duraderas. Shifter dijo que la campaña puede servir en parte como una demostración de fuerza, basándose en la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras la administración Trump busca compensar reveses en política exterior en otros lugares, incluido Oriente Medio.

Otros advierten que la estrategia corre el riesgo de causar víctimas civiles, particularmente en Colombia, donde los grupos armados operan entre la población civil y a menudo funcionan como autoridades de facto en áreas fuera del alcance del Estado. En lugar de derrotar a esos grupos, los ataques militares probablemente los obligarán a adaptarse, dijo Jeremy McDermott, codirector de la organización investigativa InSight Crime, con sede en Colombia.

“Estados Unidos bombardea un campamento del ELN en Colombia o en Venezuela, ¿cuál es la primera cosa que va a hacer el ELN? Van a desmantelar todos sus campamentos y se van a trasladar a los pueblos y ciudades”, dijo.

A largo plazo, dicen los expertos, una mayor participación militar de EE.UU. podría poner a prueba hasta dónde están dispuestos los votantes a anteponer la seguridad a la soberanía, lo que podría limitar incluso a los aliados más cercanos de Trump.

“Todos estos presidentes, sin importar cuán a la derecha estén, enfrentan presión para hacer algo respecto a la seguridad y para demostrar que persiguen a los ‘malos’ que hacen sentir insegura a la gente. Hay un amplio consenso en eso”, dijo Isacson. “Pero también saben que solo hay tanta soberanía que pueden ceder antes de que la opinión pública comience a volverse en su contra”.

Con información de CNN

 Una coalición de estados de Estados Unidos reclamará unos 200.000 millones de dólares en concepto de daños a Meta cuando comience el martes un juicio contra la compañía, a la que acusan de diseñar intencionalmente Facebook e Instagram para que sean adictivas en los niños.

Meta afirmó anteriormente en documentos judiciales que las sanciones económicas podrían ascender a 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor de mercado total, que ronda los 1,5 billones.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todas sus aplicaciones, la empresa se defenderá en un juicio de seis semanas que arrancará este 18 de agosto con los alegatos iniciales en Oakland, cerca de San Francisco.

Si el gigante de las redes sociales pierde el caso, los estados pedirán a un juez que obligue a la mayor red social del mundo a modificar sus dos aplicaciones principales, además de imponerle una sanción económica.

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"No hemos solicitado 1,4 billones de dólares", declaró un abogado de los estados durante una audiencia celebrada el jueves, considerando que Meta calculó esa cifra astronómica "para causar impacto".

La indemnización reclamada es en realidad de unos 193.000 millones de dólares, añadió.

En 2023, una coalición de estados ya había demandado a Meta por diseñar presuntamente funciones adictivas para niños en sus aplicaciones e infringir leyes estatales.

Los fiscales que representan a California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey intentarán demostrar ahora que Meta violó leyes federales y estatales relativas a la seguridad y la privacidad de los menores en línea.

Meta "rechaza categóricamente estas acusaciones" y confía en que "las pruebas demostrarán su compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes", declaró un portavoz de la compañía a la AFP.

AFP

 El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) volvió a recordar por medio de sus canales oficiales el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de 13 países.

 Esta medida impacta a miles de personas originarias de Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Burma, Somalia y Etiopía. 

Como consecuencia directa de esta decisión, los ciudadanos de dichas naciones deben abandonar el territorio estadounidense para evitar un proceso formal de deportación.

“Salgan o serán deportados”: fin del TPS para migrantes de VenezuelaA través de sus redes sociales, el DHS advirtió: “La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva para los siguientes países. Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”.

 El gobierno estadounidense busca gestionar esta transición mediante un programa denominado de autodeportación. Según el informe oficial, este plan representa “una oportunidad histórica para que los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos reciban viaje libre de costo”.

La oferta incluye la condonación total de cualquier multa que los individuos acumularon durante su estancia por presencia ilegal. Además, el Departamento de Seguridad Interior otorga un “bono de salida de US$2600 para facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otra nación en la que tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home”.

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben completar el trámite digital. El programa establece que, “una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, el ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”. Esta estrategia apunta a agilizar la salida voluntaria de quienes perdieron su cobertura migratoria temporal.

 La situación afecta de forma particular a la comunidad venezolana. El Estatus de Protección Temporal para los venezolanos en Estados Unidos nació inicialmente el 8 de marzo de 2021, tras la primera designación oficial del DHS. 

Posteriormente, las autoridades otorgaron una renovación y extensión en 2023, la cual permitió a miles de ciudadanos permanecer de manera regular en el país. Ahora, con el cierre del programa, el escenario legal cambia de forma drástica para ellos.

Las autoridades estadounidenses instan a los afectados a utilizar la aplicación oficial CBP Home para procesar su retorno. El proceso exige una verificación de antecedentes y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la agencia.

 Aquellos que ignoren este llamado o decidan permanecer en suelo estadounidense tras el vencimiento de sus plazos enfrentarán procedimientos de deportación ejecutados por las fuerzas de seguridad migratoria.

El gobierno enfatiza que esta vía de salida voluntaria es el mecanismo oficial para evitar complicaciones legales y obtener el beneficio económico prometido. La medida marca un cambio significativo en la política migratoria para estas 13 naciones.

Por qué el 2 de octubre de 2026 es una fecha clave para venezolanos con TPSNo obstante, hay un grupo de venezolanos cuya protección temporal finaliza en octubre próximo. 

De acuerdo con una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), los beneficiarios del TPS que recibieron documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés), Formularios I-797 de Notificaciones de Acción y Formularios I-94 relacionados con el TPS y “emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, conservarán su autorización de empleo y su documentación será válida hasta el 2 de octubre de 2026, de conformidad con la orden del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitida el 30 de mayo de 2025.

Con información de La Nación