Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y dejó al menos 27 heridos tras el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de provocar pánico en la capital de rascacielos.

"Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien", aseguró a la AFP Juana Alveo, de 38 años y quien trabaja de cajera en un almacén en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El sismo se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó a la AFP que "hasta el momento" no hay reportes "de víctimas fatales".

Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hay 27 heridos leve en todo el país por el sismo, que produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

"El desastre que estamos enfrentando es grande", afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras "totalmente colapsadas", agregó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en X que su departamento "está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia".

-"Muy grande"-Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con "normalidad".

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes a unos 360 kilómetros de Ciudad de Panamá, es una de las zonas más afectadas. Ubicada en Los Santos, sus casas son principalmente de una planta.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que la localidad quedó incomunicada por tierra.

"Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo", declaró a la AFP Benjamín González, de 52 años, en la noche del viernes.

Según relata, el temblor lo sorprendió en una finca cercana a la localidad de La Miel, un pequeño poblado donde reside, a unos 40 kilómetros de Tonosí.

Cuando regresó encontró "muchas casas devastadas" y "a todo el mundo aterrorizado" en la pequeña plaza del pueblo, que se quedó sin luz.

Su vecino, David Castillo, indicó a la AFP que los moradores están de vigilia y no quieren regresar a sus viviendas porque tienen "miedo que se vuelva a repetir".

Lea también:Jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

El terremoto, que se sintió cerca de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

"Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo. Se movieron objetos de gran peso como cómodas, la cama y todos los objetos de la cocina y los animales estaban muy alterados", afirmó a la AFP Salomón Andión, de 46 años, tras bajar por segunda vez de su edificio de 15 pisos por las réplicas.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6.

Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se sintió el terremoto.

Según las autoridades, se han registrado más de 100 réplicas, incluso de 6 grados.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria.

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donó 250.000 dólares a Panamá para "atención humanitaria inmediata" y puso a disposición otros 50 millones de dólares "a través de la línea de financiamiento" para emergencias.

AFP

La jueza sudafricana Navanethem «Navi» Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 «por su labor en favor de la paz y el derecho internacional», anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

«El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo», señaló el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

«La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento», agregó.

 Con este galardón a Navi Pillay, «el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta».

«La paz requiere justicia», subrayó en su fallo el Comité, que agregó que la historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el imperio de «la ley es injusto, imprudente e inhumano», y que, por tanto, los jueces -aquellos que custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos merecen, por tanto, todo el reconocimiento.

Pero hoy, cuando estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones, atacadas, el mundo necesita personas con valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor como jueza, argumenta.

Lea también: Delcy Rodríguez anuncia aumento de remuneraciones por encima del PIB en el 2027 y descartó la dolarización 

«El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral han sido constantes a lo largo de una extensa trayectoria profesional», destacó el presidente del Comité en la lectura del anuncio.

Navi Pillay, sostuvo el Comité, ha exigido responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes nacionales, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos.

Nacida en Durban, Sudáfrica, durante el apartheid, en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay se convirtió en abogada y pionera del derecho, «enfrentándose a la profunda discriminación estructural, la segregación y la exclusión», señaló Frydnes.

Un hilo conductor une su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid con su labor como jueza en algunos de los procesos judiciales internacionales más importantes de nuestro tiempo, añadió.

La galardonada de este año «ha ampliado considerablemente el alcance y el impacto del derecho internacional», porque ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI).

Fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y, hasta hace poco, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.

En 2019 se convirtió en jueza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que Birmania (Myanmar) está acusada de genocidio.

«En históricos procesos judiciales internacionales ha demostrado que las medidas jurídicas pueden contribuir a prevenir actos de guerra y violencia», recalcó el Comité, que destacó que la jurista «también ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones del derecho internacional».

La Premio Nobel ha contribuido a definir las normas pertinentes y los principios jurídicos, ya que, cuando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda estableció que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad, así como genocidio, «su influencia fue un factor decisivo».

En ese mismo proceso, Pillay desempeñó un papel fundamental en otro avance jurídico: por primera vez, un acusado se enfrentó a cargos de incitación al genocidio exclusivamente por difundir propaganda, señaló el Comité.

EFE

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió no realizar los comicios del 29 de noviembre en Cuba y Venezuela, naciones con las que el país andino no tiene relaciones diplomáticas, lo que impide coordinar operaciones propias del proceso electoral.

En estas elecciones, los ecuatorianos deberán votar por dignidades locales como alcaldes o prefectos provinciales; pero también por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), un órgano compuesto por siete personas que tiene, entre otras funciones, el mandato de designar a quienes estarán al frente de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura o la Contraloría.

Quienes residen en el extranjero sí pueden votar por los candidatos al Cpccs.

La consejera Elena Nájera señaló que, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en La Habana, y en Caracas y Valencia «se han identificado condiciones que imposibilitan el adecuado desarrollo del proceso electoral».

Lea también: Abelardo de la Espriella se comprometió "a cazar a todos los responsables" del asesinato de Miguel Uribe Turbay

La falta de representación diplomática impide, por ejemplo, que se puedan definir los centros de votación, capacitar a los miembros de las mesas electorales y coordinar el envío y recepción de paquetes electorales y la asignación de recursos económicos, entre otros.

Por lo anterior, el pleno del Consejo decidió, por unanimidad, acoger la recomendación de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales del CNE y no realizar los comicios en esos países.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales de noviembre, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

Con información de El Nacional

Estados Unidos ha deportado a más de 500 migrantes de terceros países hacia naciones africanas desde enero de 2025, sin permitirles impugnar la expulsión ni expresar sus temores sobre dichos traslados, denunció este jueves Human Rights Watch (HRW). 

En su reciente informe, la ONG advirtió que la Administración estadounidense envía a estas personas a países con los que no tienen ningún vínculo, exponiéndolas a detenciones arbitrarias, malos tratos y violaciones al derecho internacional.

Según el informe titulado “Para asustar a la gente. Expulsiones de Estados Unidos de nacionales de terceros países a África”, los migrantes no podían ser devueltos a sus naciones de origen debido al riesgo que corrían. Por ello, Washington pactó su envío a 12 países africanos: Burundi, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana. Michael Garcia Bochenek, director interino del programa de HRW para EE. UU., afirmó que esta medida busca “causar sufrimiento humano como medio para disuadir la migración”.

La ONG reveló que varios de los gobiernos africanos receptores —que firman acuerdos con pagos millonarios por parte de EE. UU.— también incurren en graves abusos:

 Detenciones arbitrarias y abusos: Naciones como Esuatini, Ghana y Sudán del Sur encarcelaron a los expulsados bajo condiciones de maltrato.

Violación del principio de no devolución: Países como Camerún, Guinea Ecuatorial y Ghana reexpulsaron a migrantes a sus países de origen, donde corrían riesgo directo de persecución o tortura.

Peligro para la comunidad LGBTIQ+: Al menos una docena de deportados eran personas lesbianas, gais, bisexuales o transgénero enviadas a países donde se criminalizan las relaciones del mismo sexo, a pesar de que varios contaban con protección concedida en EE. UU.

Durante los traslados, los afectados denunciaron condiciones inhumanas, permaneciendo esposados de pies y manos entre 15 y 18 horas en vuelos chárter, con nula información sobre su destino.

Lea también:Keiko Fujimori crea comando militar-policial para enfrentar al crimen organizado

Entre los testimonios documentados figuran dos ciudadanos venezolanos, identificados como A. (45 años) y C. (36 años), quienes tenían protección legal contra su retorno forzado a Venezuela y terminaron deportados a Liberia.

A., trabajador del sector eólico sin antecedentes penales, fue detenido en un control rutinario a inicios de 2026. Pasó por cuatro centros de detención sin que su abogado fuera notificado y fue obligado a subir al avión bajo amenazas.

Entre tanto, C., con cinco años residiendo en EE. UU. y permiso de residencia temporal, pasó ocho meses detenido en nueve instalaciones distintas tras acudir a un control de rutina. Su hijo nació mientras estaba bajo custodia y solo ha podido conocerlo mediante videollamadas. Ambos permanecen actualmente varados en el continente africano.

El pasado 29 de septiembre, el Tribunal Supremo de EE. UU. autorizó temporalmente al Gobierno a mantener esta política, dejando en suspenso los fallos que exigían informar a los migrantes y permitirles apelar antes de ser expulsados. El alto tribunal escuchará los argumentos sobre la legalidad de la medida en diciembre, estimando una resolución definitiva para mediados de 2027. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países. HRW exige la paralización inmediata de estas expulsiones y pide a los gobiernos africanos rescindir los acuerdos suscritos con Washington.

Con información de agencias

La presidenta derechista de Perú, Keiko Fujimori, anunció este miércoles la creación del Comando Unificado, una autoridad militar y policial que dirigirá las acciones para enfrentar la creciente ola de criminalidad en el país.

Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000), con la expansión de violentos grupos criminales.

Los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.

"Hoy anuncio el establecimiento de un Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia", señaló Fujimori durante una ceremonia en el cuartel general del Ejército.

"Aquí (....) vamos a establecer un gran centro de operaciones para dirigir todas las acciones", añadió. No precisó quién dirigirá el Comando Unificado, como tampoco si las autoridades civiles formarán parte de él.

El anuncio lo hizo durante la presentación de una unidad de "Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado", integrada por 1.350 efectivos militares y policiales de élite.

"Vamos a poner a estos miserables delincuentes a disposición de la justicia y proteger a la sociedad para que sean procesados de acuerdo a ley", dijo la mandataria.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que asumió el poder el 28 de julio tras ganar las elecciones por estrecho margen, aseguró que "el pueblo peruano" la "eligió con gran esperanza, para que vuelva el orden".

Keiko Fujimori, de 51 años, prometió durante la campaña que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre, condenado por violaciones de derechos humanos.

AFP

América Latina y el Caribe crecerán en torno a un 2,2% en 2026, según un informe publicado este martes por el Banco Mundial (BM), una tasa que se mantiene estable y demuestra resiliencia en la región ante las actuales turbulencias globales, pero que resulta muy desigual por países y por ello sigue resultando insuficiente.

Según el «Panorama económico de América Latina y el Caribe» desvelado hoy ese buen promedio oculta en realidad grandes diferencias, ya que, mientras las dos mayores economías, Brasil y México, crecen con mayor pesadez (un 2,1 % y un 1,4 %, respectivamente), hay países expandiendo su PIB con mayor vigor, como El Salvador (4,5 %), Paraguay (4,7 %), Panamá (4,2 %) o República Dominicana (4,7 %).

Se destaca que las trayectorias mostradas por esos cuatro países «se basan en decisiones de política duraderas» y, en el caso de Argentina, con una previsión de crecimiento que será menos de la mitad con respecto a 2025 (un 2,1 % estimado frente al 4,5 % del año anterior), se recuerda que el país, inmerso en el agresivo plan de ajuste del Gobierno del presidente Javier Milei, se expandirá durante tres años seguidos por primera vez en casi 20 años.

 En el resto de casos, el economista jefe encargado del BM, Carlos Rodríguez-Castelán, destacó en entrevista con EFE las reformas fiscales acometidas en República Dominicana, que han permitido «impulsar los sectores manufacturero, turístico y minero» o el impulso brindado a El Salvador por «la combinación de políticas relacionadas con la seguridad ciudadana, la eliminación de trabas regulatorias y la atracción de inversión extranjera».

En el caso de Panamá, considera que haber salido de la lista de jurisdicciones no cooperantes de Estados Unidos ha sido fundamental para atraer mayor inversión, mientras que de Paraguay subrayó su matriz energética o la resiliencia de sus exportaciones agrícolas.

El informe indica también que la inflación no se ha enfriado lo suficiente en la región y que los tipos altos siguen coartando crédito e inversión, mientras que los costes de financiamiento de deuda dejan poco espacio para el gasto público en infraestructura y otros servicios, mientras persiste el problema casi generalizado de la baja productividad.

Lea también:SIN VOTOS PARA EVADIR LA AUDITORÍA?: Miles de millones desaparecidos sin rastro 

El segundo capítulo del informe pone el foco en la inteligencia artificial (IA) y apunta que puede ayudar a impulsar la productividad, pero señala que su principal cuello de botella en la región no es el acceso, sino la capacidad de absorción por parte de las empresas, que requieren desde mayor organización a trabajadores más capacitados para aprovechar a fondo la tecnología.

Rodríguez-Castelán destaca que es significativo que un 40-60 % de empresas latinoamericanas ya usen IA, pero recalca que «existe una gran dispersión entre lo que hace una empresa grande y lo que hace una pequeña».

«Las grandes empresas, por ejemplo en México, están más cerca de Estados Unidos que de otras regiones en desarrollo, porque tienen los recursos y el conocimiento técnico para usar la tecnología de forma productiva y obtener ganancias de productividad. Sin embargo, las empresas pequeñas (mexicanas) están incluso por debajo de otros países en desarrollo», asegura.

Este escenario puede aumentar pues las desigualdades, según el análisis del BM, que recomienda que los Gobiernos mejoren sus servicios digitales, ayuden a pymes a usar la tecnología y a formar empleados, además de preparar programas de apoyo para quienes puedan perder empleos por la mayor automatización.

Los riesgos para la región, desde la volatilidad de los precios de la energía a los niveles de deuda o el fenómeno de El Niño, se perfilan a la baja, según el informe, pero Rodríguez-Castelán destaca el alto nivel de incertidumbre que provoca este último por tratarse de un El Niño que se prevé aún más agresivo.

«La matriz energética de América Latina depende en casi un 50 % de la hidroeléctrica. Por eso, en contextos de sequía, algunos países, particularmente en la zona de los Andes, como Ecuador, pueden verse más afectados que otros», destaca el economista jefe encargado, que apunta por otro lado al efecto que la sequía puede tener en la producción agrícola y la seguridad alimentaria del corredor seco centroamericano. 

Con información de EFE

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el martes que el alza sostenida de los precios de productos básicos como alimentos y energía, impulsadas por las guerras en Irán y Ucrania, está siendo más persistente de lo previsto anteriormente.

Los precios globales de muchas materias primas se han mantenido elevados durante varios años, primero debido a las disrupciones en las cadenas de suministro causadas por la pandemia del covid-19 y después por las guerras en Ucrania e Irán.

"Los precios de los productos de primera necesidad, en relación con otros bienes, continúan subiendo desde hace más de un año (...) y se mantienen persistentemente elevados", señaló el FMI en un blog.

"Como resultado, la gente se enfrenta no solo a un aumento temporal de los costes de alimentos y energía, sino también a un deterioro duradero del poder adquisitivo de los productos básicos en comparación con otros artículos".

Lea también: ¿SIN VOTOS PARA EVADIR LA AUDITORÍA?: Miles de millones desaparecidos sin rastro

Los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo de las persistentes presiones sobre los precios.

La guerra en Irán, iniciada en febrero de este año, ha impulsado la inflación global y llevó al FMI a revisar al alza su previsión de este índice hasta el 4,7% a nivel mundial en 2026, frente al 4,1% del año anterior.

El FMI tiene previsto publicar la parte principal de la actualización de su Informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial la próxima semana, con nuevas cifras sobre las previsiones de crecimiento e inflación globales.

El FMI advirtió que las consecuencias de los llamados shocks de oferta se extienden mucho más allá de "unos pocos meses de mayor inflación".

AFP

El Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizará por primera vez en años algunos datos venezolanos en sus estimaciones económicas, a medida que la entidad financiera con sede en Washington intensifica su colaboración con el país, según señala Bloomberg.

La mayor cooperación con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez se produce tras la reanudación del diálogo formal en abril. Un enviado de alto nivel del FMI visitó Caracas en julio por primera vez en más de dos décadas, seguido de una visita de personal que concluyó a principios de septiembre.

De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, la evaluación que el Fondo realiza de la economía venezolana se basará ahora, al menos en parte, en datos proporcionados por el país, en lugar de solo en estimaciones del personal del organismo multilateral.

La información de periodos anteriores será una combinación de datos oficiales y estimaciones del Fondo, mientras que las cifras para 2026 y años posteriores serán proyecciones propias del Fondo, añadieron las fuentes. El próximo informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI se publicará el 13 de octubre.

En marzo, el Banco Central de Venezuela publicó datos de inflación para 2025. Esta fue la primera publicación oficial de datos de inflación desde noviembre de 2024, cuando el banco suspendió la publicación periódica. Desde marzo, ha reanudado las actualizaciones mensuales.

El intercambio de datos se produce en un momento en que Venezuela se embarca en la reestructuración de su deuda.

Lea también: CATAR habría creado un fondo especial para que Venezuela pague la deuda pendiente con el BID

Si bien el FMI ha declarado que las autoridades venezolanas no han solicitado financiamiento al organismo, el intercambio de datos por parte de un país deudor sería un paso fundamental para la denominada evaluación del Artículo IV. El FMI no ha realizado la revisión económica rutinaria de Venezuela desde 2004.

A principios de este año, el FMI señaló que proyectar las perspectivas económicas de Venezuela era difícil debido a «la falta de diálogo con las autoridades», así como a la información incompleta y a las dificultades «para conciliar los indicadores reportados con la evolución económica».

En aquel momento, el FMI afirmó que los indicadores económicos estimados debían interpretarse con cautela. Es posible que esta evaluación cambie en el informe actualizado de perspectivas económicas del organismo como resultado del intercambio de datos.

Con información de Bloomberg

BLP anunció la apertura de una oficina de representación en Venezuela, en respuesta al creciente interés de clientes e inversionistas regionales e internacionales que están evaluando oportunidades en el país. La decisión amplía la plataforma regional de la firma y refuerza su capacidad de acompañarlos con conocimiento local, estándares internacionales y ejecución cross-border.

En los últimos meses, BLP ha identificado un aumento sostenido en el interés de empresas por evaluar oportunidades de inversión en Venezuela, particularmente en sectores como energía e hidrocarburos, minería, infraestructura, telecomunicaciones, seguros, banca y finanzas y fusiones y adquisiciones. Ese interés convive con una complejidad regulatoria y de riesgo considerable, lo que hace necesaria una asesoría legal sofisticada para estructurar operaciones de manera adecuada. La apertura de esta oficina responde directamente a esa demanda.

La firma, que cuenta con 36 socios y más de 200 abogados, integra su nueva capacidad venezolana con su presencia en Centroamérica y con sus oficinas de representación en España y los Emiratos Árabes Unidos, lo que permite a sus clientes coordinar operaciones entre distintas jurisdicciones bajo un mismo estándar de servicio.

Lea también: ¿FARSANTES DEL CAMBIO?: Riesgo político de una administración temporal en Venezuela que busca eternizarse

“Nuestra decisión de establecer una oficina de representación en Venezuela responde a la demanda de nuestros clientes. Estamos viendo un interés creciente de empresas regionales e internacionales por evaluar oportunidades en el país, particularmente en sectores como energía, hidrocarburos, minería, infraestructura, telecomunicaciones, seguros, banca y finanzas, y fusiones y adquisiciones, entre otros. Es un mercado donde la oportunidad es significativa, pero también lo es la complejidad, y por eso creemos que la asesoría jurídica sofisticada será clave para quienes decidan invertir. Este es un compromiso de largo plazo, que se apoya en nuestra plataforma regional”, señaló Eduardo Calderón, socio de BLP responsable de la nueva oficina.

Como parte del equipo, Luis Palacios, director de BLP, estará basado en Venezuela y será uno de los principales puntos de contacto de la firma en el país. Palacios es abogado venezolano, graduado de la Universidad Metropolitana de Venezuela y con estudios en la Universidad de Costa Rica. Cuenta, además, con una maestría en Derecho Ambiental, Recursos Naturales y Energía de Lewis & Clark College, en Estados Unidos, y con experiencia asesorando a empresas multinacionales y regionales en asuntos ambientales, recursos naturales, energía y cumplimiento regulatorio. Es miembro fundador y tesorero de la Cámara de Empresarios Venezolano-Costarricense y miembro de la International Bar Association.

“Venezuela atraviesa cambios regulatorios y económicos relevantes en sectores estratégicos, en un entorno donde la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo siguen siendo temas centrales para cualquier inversionista. Nuestro papel es ayudar a los clientes a entender ese entorno, evaluar los riesgos con rigor y estructurar sus inversiones de forma sólida”, comentó Palacios.

La apertura en Venezuela refleja el principio que ha guiado la expansión de BLP durante la última década: acompañar a sus clientes allí donde lo requieren, fortaleciendo su plataforma regional con presencia directa en los mercados de mayor relevancia estratégica.

Nota de prensa

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes la confianza de los españoles tras el anuncio de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre, y afirmó: «Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España».

Feijóo ofreció una declaración institucional una hora después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en La Moncloa la disolución de las Cortes. El líder de la oposición aseguró que estos comicios no son como los anteriores: son para que «España le gane a Sánchez» y a lo que representa, y para que «la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado».

 Según Feijóo, los españoles deben elegir entre «un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país», entre «corrupción o decencia» y entre «decadencia o prosperidad». Sostuvo que los retos de quien gobierne tras Sánchez solo son comparables a los que España afrontó hace 50 años, tras la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia.

El dirigente popular afirmó que detrás de la convocatoria está «el miedo» a que se conozca lo que queda por saber «en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia». Calificó el adelanto como «el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo» a la alternancia y como «un comportamiento profundamente antidemocrático».

En su comparecencia, Sánchez asumió errores, defendió el trabajo de su Gobierno y llamó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la «ola ultraderechista» que recorta derechos, o que siga siendo «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».

Feijóo respondió que en ocho años de Gobierno de Sánchez «se ha levantado un muro entre españoles», con un coste de la vida «insoportable», una vivienda «inalcanzable», «inmigración descontrolada» y «más inseguridad».

Lea también: Pedro Sánchez anunció la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales (+Detalles) 

El líder del PP dijo que el daño del presidente es «descomunal», pero no «irreversible», y que España «puede darse otra oportunidad» mediante una «reconstrucción nacional» que recupere la confianza en las instituciones, la fortaleza de las economías familiares, la igualdad de todos los españoles y la convivencia. «No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré», afirmó. Aseguró que no tiene «una carrera por hacer» ni «una meta personal que conquistar», y que solo le mueve servir a su país para «dejar atrás esta negra etapa».

El PP proclamó «Por fin» en un video difundido en redes sociales tras el anuncio. «Por fin podremos decir lo que pensamos, daremos nuestra opinión, haremos justicia, por fin decidiremos la mayoría», señala el mensaje, que alude además a la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes: «Ceuta somos todos».

Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, también  celebró  la convocatoria de  Sánchez.

«Me alegro profundamente, porque hace mucho tiempo que las reclamamos y sobre todo las reclaman los españoles», afirmó Abascal en una entrevista en Antena 3. Advirtió que, pese a lo que indican los sondeos a favor del bloque de derechas, serán unas elecciones «muy inciertas».

El dirigente aseguró que España irá a las urnas con Ceuta «invadida» y con un candidato, Sánchez, «al servicio de los intereses de Marruecos». Insistió en que nunca confía en las encuestas, y pidió a los ciudadanos que tampoco lo hagan. Reiteró además su llamado a «no vender la piel del oso antes de cazarlo», como, según señaló, ocurrió en 2023, cuando Sánchez logró formar una mayoría de izquierdas y gobernar en coalición con Sumar.

 Abascal informó que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox se reuniría esa misma mañana para preparar su estrategia electoral. Consultado sobre si esperaba el adelanto, respondió que su partido estaba preparado «tanto para afrontar unas elecciones como para escuchar una playlist de Pedro Sánchez».

Con información de EFE

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la «ola ultraderechista» que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».

Sánchez, que informó ayer al rey del adelanto electoral, aseguró que su gobierno había tomado «medidas valientes» durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5 %, como exigen EE.UU. y la OTAN, también para construir «un mundo mejor» frente a «tiranos», «tecnooligarcas» y «genocidas».

Reconoció, sin embargo, «errores», y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia progresista para «doblegar a las élites», conquistar nuevos avances sociales y «seguir transformando» España.

El jefe del Ejecutivo abrió el viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.

Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la carestía del alquiler.

El debate parlamentario y la votación posterior de las medidas se produjo en un ambiente de protesta social creciente de grandes manifestaciones y acampadas en ciudades, la principal de ellas en Madrid, para reclamar el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible, y para que se impida el desahucio de los inquilinos que se encuentren en situación personal de precariedad socioeconómica.

Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba la legislatura, que comenzó en 2023, a pesar de las dificultades políticas.

El Gobierno, formado por una coalición de socialistas y Sumar (izquierda), carece de mayoría parlamentaria y cada vez tenía más complicado sacar adelante las leyes por falta de apoyos parlamentarios, sobre todo de Junts.

Lea también: Lula y Bolsonaro a segunda vuelta: el balotaje será el 25OCT

#URGENTE | Pedro Sánchez convoca a elecciones generales en España para el próximo 29 de noviembre. https://t.co/46vRWTRdhI

A ello se añaden las investigaciones sobre corrupción que salpican al Partido Socialista y los casos judiciales que afectan a familiares directos de Sánchez.

Aseguró hoy Sánchez que en los tres últimos años ha tenido que «lidiar con la peor oposición» de la historia democrática española, en referencia a los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), «sin ningún sentido de Estado», a la que acusó de «cuestionar hasta incluso la legitimidad» del sistema electoral.

 También le reprochó «bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país» y de «usar su poder autonómico (regional) y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie».

Por el contrario, agradeció el apoyo de otras fuerzas parlamentarias que «han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social».

No obstante, admitió que, en parte de esa mayoría social, hoy hay «insatisfacción», pues a esas personas «les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos», comentó en alusión a que la oposición votara en contra de los decretos citados sobre el alquiler de vivienda.

Por ello, emplazó a buscar, con el anticipo electoral, una mayoría progresista más amplia.

Según Sánchez, el mundo se enfrenta a una época de «grandes peligros», con «mucha tensión» debido a la emergencia climática, los cambios sociales y una inteligencia artificial «muy disruptiva».

Y a los electores españoles les toca decidir. 

Con información de EFE

El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva irán a balotaje en Brasil el 25 de octubre, después de que en la primera vuelta de las presidenciales el conservador aventajara por sorpresa al izquierdista.

Flávio Bolsonaro obtuvo 47,06% de los sufragios frente a 45,12% para Lula, con casi 100% de las urnas contabilizadas.

La estrecha diferencia confirma que Brasil sigue profundamente polarizado.

El senador, de 45 años, poco conocido hace unos meses a nivel nacional, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad y promete reducir la dependencia a las ayudas sociales del gobierno.

Flávio Bolsonaro se describe a sí mismo como "más moderado" que su controvertido padre, el expresidente Jair Bolsonaro, juzgado y condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula en las últimas presidenciales.

Al tiempo destaca que por sus venas corre "sangre Bolsonaro".

De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y ha hecho de la soberanía su bandera electoral.

El izquierdista advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula hasta la víspera de las elecciones.

Como en 2022, los sondeos subestimaron la fuerza de la derecha en los comicios que enfrentaron a Lula con el entonces presidente Jair Bolsonaro.

El senador se dijo "muy satisfecho", puesto que muchas encuestas situaban su candidatura detrás de su rival.

Obtuvo 56 millones de votos, más que su padre en 2018 y 2022.

- "Inesperado" -

Lula aceptó que el resultado fue "inesperado".

"Admito que estábamos convencidos de que íbamos a ganar en el primer turno", pero "estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo el izquierdista en un discurso en Sao Paulo.

La derecha también se reforzó en el Parlamento, especialmente con numerosos senadores bolsonaristas elegidos, como la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

"Me sorprendió [el resultado]. No creía que la diferencia a favor de la derecha fuera a ser tan grande, para mi felicidad", dijo a la AFP Wellington Carvalho, un mecánico de automóviles de 50 años en Sao Paulo que votó por Flávio Bolsonaro.

Lea también: Los brasileños votan en unas elecciones seguidas muy de cerca por Donald Trump

"Flávio es un peligro para Brasil, es un retroceso. Podemos ver todo lo que hizo su padre... Realmente acabó con Brasil", dijo Anderson de Almeida, un portero de 45 años en la capital financiera del gigante suramericano.

Para el segundo turno, el senador podría beneficiarse de los votos del puñado de candidatos menores que participaron en la primera vuelta, todos de derecha. El tercero, Augusto Cury, obtuvo 2,90% de los votos.

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó al senador por la victoria ante el "comunista" Lula y deseó que ambos empiecen "pronto" a trabajar juntos.

Trump no ha respaldado explícitamente hasta ahora a Flávio Bolsonaro pero ha dicho que sigue "muy de cerca" las elecciones.

El republicano ha utilizado aranceles y sanciones para presionar a Brasilia desde que su aliado Jair Bolsonaro fue condenado por golpismo.

En los mitines de Flávio Bolsonaro, sus simpatizantes agitaron banderas estadounidenses e imágenes de Trump.

En pocos meses, Flávio Bolsonaro logró pisar los talones a Lula en las encuestas, incluso después de que se supiera que era investigado por corrupción en la financiación de un filme biográfico sobre su padre.

Promete una férrea política contra la inseguridad, así como austeridad fiscal en medio del aumento de la deuda pública.

"Necesitamos un cambio. En el lugar donde trabajo ocurren muchos asaltos. Lo más importante es nuestra seguridad", dijo en Rio la bolsonarista Babiliana Figueira, una bombera de 40 años.

Lula, reconocido por los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de personas a principios de siglo, regresó al poder en 2023, después de ir preso por un enorme escándalo de corrupción y de que sus condenas fueran anuladas por motivos de forma.

El mandatario nunca se ha sacudido la etiqueta de "ladrón" que le puso la derecha y parte de los brasileños.

Hace cuatro años derrotó a Jair Bolsonaro por apenas 1,8 puntos porcentuales en unas elecciones tumultuosas, que degeneraron en el asalto a las sedes de poder en Brasilia por parte de simpatizantes de Bolsonaro semanas después.

Durante el tercer mandato de Lula, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del alto costo de vida y se muestran hastiados con la delincuencia.

AFP

Los brasileños votan el domingo entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, en unas elecciones que decidirán si el mayor país de América Latina se suma a la ola conservadora aupada por Donald Trump.

Desde la Amazonía hasta las tierras agrícolas del sur, los brasileños eligen entre un elenco ya conocido y muchos se decantarán por quien menos les desagrade.

Con casi 81 años, el izquierdista Lula busca un cuarto y último mandato y advierte que la soberanía de Brasil está en juego ante la presión de Trump, que dijo seguir las elecciones "muy de cerca".

Libra la batalla con el senador de derecha Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El ultraderechista designó candidato a su primógenito tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022.

La última encuesta del instituto Datafolha prevé 45% de los votos para el mandatario y 42% para el senador, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre.

Lula cuenta con su base electoral en el empobrecido noreste y entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres.

Bolsonaro lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos.

Pero entre los casi 160 millones de electores, algunos todavía sopesan su voto.

"Ya voté a Lula, pero está viejo; esta vez quería algo distinto. Pero no voy a votar a un Bolsonaro, no me gusta esa extrema derecha, así que estoy medio perdido", reconoció Joelio Camargo, un repartidor motorizado de 52 años, en un puesto de gasolina en Brasilia.

En un país polarizado, la campaña electoral se destacó por controversias y ataques personales.

Lula trató a Bolsonaro de don nadie, que "no sirve ni para ser síndico de un edificio".

Bolsonaro, que se dice más moderado que su padre, declaró que "Brasil ya no soporta" al izquierdista.

Lula, reconocido por los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de personas a principios de 2000, regresó al poder en 2023, después de ir preso por un enorme escándalo de corrupción y que sus condenas fueran anuladas por motivos de forma.

Derrotó a Jair Bolsonaro por apenas 1,8 puntos porcentuales en unas elecciones tumultuosas, que degeneraron en el asalto a las sedes de poder en Brasilia por parte de bolsonaristas.

Centenares fueron condenados por golpismo y Flávio Bolsonaro prometió amnistiarlos, así como a su padre, de ganar los comicios.

Durante el tercer mandato de Lula, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó pero los brasileños se quejan del alto costo de vida y se muestran hastiados con la delincuencia.

También se redujo drásticamente la deforestación en la Amazonía, aunque el cambio climático estuvo ausente de la campaña, pese a la multiplicación de eventos extremos como sequías e inundaciones en el país.

El cacique indígena Bepdjo Mekragnotire, de 45 años, de la aldea Bau en la Amazonía, dijo apoyar a Lula.

"Nuestra preocupación es que si Flávio gana, habrá más enemigos: más minería ilegal, más tala", afirmó a la AFP.

Bajo Jair Bolsonaro, los pueblos indígenas de Brasil sufrieron un alza de la destrucción de la selva.

Trump no ha respaldado explícitamente hasta ahora a Flávio Bolsonaro.

Pero ha utilizado aranceles y sanciones para presionar a Brasilia, desde que su aliado Jair Bolsonaro fue juzgado por golpismo.

En los mítines de Flávio Bolsonaro, algunos de sus simpatizantes agitaron banderas estadounidenses e imágenes de Trump.

En pocos meses, el discreto senador logró pisar los talones a Lula en las encuestas, incluso después de que se supiera que era investigado por corrupción en la financiación de un biopic sobre su padre.

Ha prometido mano dura contra la inseguridad, así como austeridad fiscal en medio del aumento de la deuda pública.

Carlos Roberto dos Santos, un ganadero de 62 años de Barretos, una ciudad del sureste, dijo a la AFP estar harto del gasto público descontrolado que atribuye a los gobiernos de izquierda.

"Tienen tantos programas sociales... para pagar la deuda deben subir las tasas de interés y crear nuevos impuestos. Eso afecta a todos los sectores, no sólo a la actividad agropecuaria", dijo este bolsonarista.

AFP

Los 32 miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinan este viernes la creación de un grupo voluntario de países para intentar un diálogo con Nicaragua, aislada políticamente ante la deriva autoritaria de su gobierno.

Los cancilleres o representantes ante la OEA se reúnen a partir de las 11H00 locales (15H00 GMT) en Washington para aprobar una declaración especial sobre el país centroamericano, tras semanas de negociación interna.

El borrador de la declaración final, consultado por la AFP, señala la preocupación de la región ante el "desmantelamiento continuo de la democracia representativa en Nicaragua", donde la oposición quedó vetada de participar en futuras elecciones.

El borrador propone establecer "un grupo ministerial voluntario de seguimiento", que podría reportar de nuevo a los cancilleres de la OEA en 60 días.

Nicaragua es gobernada con mano de hierro por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

La última vez que la OEA convocó una "reunión de consulta" (de urgencia) de cancilleres fue a finales de 2019, para debatir medidas contra Venezuela.

Tras la detención por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Managua se ha quedado aún más aislada en una región que además, ha protagonizado un acusado giro a la derecha.

Washington ha visto una oportunidad histórica para avanzar sus intereses en el actual ciclo político.

Lea también: Gobierno español insistirá en llevar a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, que además abandonó la organización hemisférica en noviembre de 2023.

Pero Estados Unidos y sus aliados quieren que cada miembro de la OEA  se posicione públicamente ante el régimen de Ortega y Murillo.

El secretario de Estado Marco Rubio ha ido aplicando desde hace meses una serie de sanciones contra la pareja presidencial, sus familiares y buena parte del gobierno y empresas públicas del país.

Rubio pidió hace un mes a sus socios "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esa brutal dictadura".

Aunque Nicaragua no forme parte de la OEA, está obligada a respetar la Carta Democrática Interamericana de 2001 y los compromisos en materia de derechos humanos, recuerda el borrador de la declaración.

Ese es el criterio que utiliza también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la hora de examinar la situación política y humanitaria en el país centroamericano, al que denuncia regularmente mediante informes.

Ortega y Murillo endurecieron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU.

La Iglesia católica ha sido uno de los objetivos predilectos del gobierno, que ha encarcelado y acosado a obispos y párrocos. Además, gran parte de los dirigentes sandinistas históricos han sido encarcelados o perseguidos.

Managua considera a la oposición como "traidores a la patria", que además están "al servicio"  de Washington.

El Departamento de Estado no solamente critica el balance de derechos humanos, sino la influencia china en Managua, aunque Estados Unidos es el principal socio comercial del país.

Ortega estableció relaciones con China en 2021, después de romper con Taiwán, isla que Pekín considera como parte de su territorio.

Uno de los puntos en litigio que subsiste entre los países miembros de la OEA es precisamente si hay que denunciar en la declaración final la influencia "extranjera" en la región.

La represión política en Nicaragua tiene "repercusiones en materia de seguridad que tienen que ver con el crimen transnacional o la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos, pero no podemos caracterizar esto como una amenaza a la paz y la seguridad", explicó a la AFP una fuente diplomática cercana a las discusiones en la OEA.

"Esto es algo muy complicado, porque una vez que se define de esa manera, se está invitando al uso de la fuerza militar", añadió.

AFP

Bajo financiamiento, poca infraestructura y la falta de acuerdos políticos son los principales frenos que ven los inversionistas extranjeros para aumentar la producción tanto de gas como de petróleo en Venezuela, un país rico en ambos rubros, advirtieron  representantes de empresas de estos sectores.

El gobierno venezolano ha concretado recientemente acuerdos con empresas nacionales y extranjeras para desarrollar campos de gas y ampliar la exportación, tras años de estatización que frenaron el desarrollo del sector durante el chavismo en el poder.

 La presidenta interina Delcy Rodríguez asegura que Venezuela avanza para consolidarse como «potencia gasífera», una promesa repetida de su predecesor Nicolás Maduro, capturado en una operación militar estadounidense en enero.

Pero estas intenciones chocan con las deficiencias de la industria local para aprovechar buena parte del gas que hoy se quema y ventea a la atmósfera, plantearon empresarios y ejecutivos reunidos en Caracas.

Francisco Martínez, coordinador mánager de Cardón IV, operado por la empresa española Repsol, explicó que es necesario mejorar la infraestructura del sistema de transporte del gas.

Martínez destacó que Cardón IV genera actualmente 580 millones de pies cúbicos de gas diarios, «un tercio de lo que se produce en el país».

«Se puede recuperar producción, pero si el transporte hasta las plantas de procesamiento no está en la condición adecuada, no voy a lograr el objetivo final», acotó durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela (VIOGS 2026).

Lea también:¿CAJEROS HACKEADOS, CRIPTOMONEDAS Y ORO?: EE. UU. ubica en Venezuela al nuevo cerebro del Tren de Aragua

Erwin Hernández, director general de Hidrocarburos del Grupo Valesco, recalcó que de las 118 plantas compresoras de gas en Monagas (este), solo funcionan 35. Esto impide su aprovechamiento en el estado, considerado epicentro nacional de producción de gas natural.

El gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que conecta a Venezuela y Colombia, es uno de los proyectos con más años de retraso. Según analistas en el foro, su paralización obedece a falta de acuerdos políticos entre gobiernos.

«Debe ser reparado y reabierto lo más pronto posible», exhortó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, la asociación colombiana del sector.

El proyecto requiere una licencia OFAC y una inversión mínima de 66 millones de dólares, estimó Sandra Conde, directora de transporte y gas de CAF Banco de Desarrollo, aunque acotó las dificultades del país para obtener financiamiento externo.

«Difícilmente» se podrán incorporar volúmenes de gas en el país antes de terminar 2026, afirmó el presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, Luis Alberto Terrero.

Sostuvo que los proyectos internos arrancarán a finales del primer semestre de 2027.

AFP

THE OBJECTIVE ha tenido acceso en exclusiva a una carta manuscrita redactada desde prisión por Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, exjefe de la inteligencia y contrainteligencia militar del régimen chavista. La misiva fue enviada durante su estancia en el centro penitenciario de Estremera, donde permaneció recluido entre 2021 y 2023. En el escrito, Carvajal confirma que en las operaciones de compraventa de material bélico entre España y Venezuela se cobraban comisiones de manera sistemática.

Esta revelación sale a la luz en un contexto en el que el exmilitar buscaba adquirir documentación confidencial sobre la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Morodo.

 Dicha causa judicial concluyó con la condena por delito fiscal de Raúl Morodo, quien fuera embajador de España en Caracas durante el mandato de Zapatero, a raíz de cobros irregulares procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. 

Según ha revelado en exclusiva este periódico, El Pollo solicitó estos archivos a un antiguo alto cargo de la administración chavista, apelando a la urgencia de la transacción. «La letrada me estuvo planteando tu proposición. Te comento que no tendría problemas en comprar el documento del caso Morodo, porque realmente lo necesito y es urgente», arranca la carta redactada de su propio puño y letra.

No obstante, a renglón seguido, el antiguo responsable de los servicios secretos añade una precisión determinante: «De eso me interesa algún soporte siempre y cuando se pueda deslindar del contrato de compra de armas a España por parte de Venezuela. Aunque los dos sabemos que tanto el comprador como el vendedor siempre cobran comisiones, no quiero ni debo exponer secretos de Estado que van implícitos en esa negociación, como las capacidades y tecnologías de esos equipos».

El origen de esta controversia se remonta a 2004, cuando el entonces ministro de Defensa español, José Bono, suscribió un acuerdo bilateral con Hugo Chávez para el suministro de 12 aviones militares y ocho embarcaciones de guerra por un importe global de 1.700 millones de euros, tal y como cuenta Álvaro Nieto en el libro Conexión Caracas-Moncloa. 

Aquellas negociaciones contaron con la mediación activa de Raúl Morodo, embajador en Caracas y persona de estrecha confianza de Bono, con quien mantenía una relación de amistad fraguada en su etapa de militancia común en el Partido Socialista Popular (PSP).

Aquel acuerdo bilateral encendió inmediatamente las alarmas diplomáticas en Washington. Las autoridades norteamericanas contemplaban con profunda inquietud los movimientos del régimen bolivariano y efectuaron una protesta formal ante el Ejecutivo español. La razón técnica estribaba en que las aeronaves objeto del contrato integraban un software con tecnología de origen estadounidense cuya licencia prohibía taxativamente la reventa o transferencia a terceros países sin autorización expresa de la Casa Blanca.

 Lea también: ¿QUÉ SE TRAEN ENTRE MANOS?: Gobierno encargado admite el uso abusivo de la Ley contra el Odio

Aunque en una primera instancia José Bono restó trascendencia a las advertencias de Estados Unidos, la presión diplomática terminó por bloquear la operación original. Ante la imposibilidad de obtener las licencias de exportación requeridas por Washington, el Gobierno español se vio forzado a retirar del paquete de venta las 12 aeronaves. Paralelamente, los astilleros tuvieron que rediseñar el equipamiento de los ocho buques de guerra —cuatro patrulleros y cuatro unidades de vigilancia oceánica— para sustituir los componentes bajo propiedad intelectual estadounidense y evitar así una fuga tecnológica hacia el régimen venezolano. Tras estos ajustes estructurales, la cuantía final del contrato armamentístico se renegoció en 1.207 millones de euros.

Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, tras su ruptura con el régimen y posterior huida del país en 2017, entregó a la CIA y a Interpol un expediente que ponía en entredicho las cifras oficiales presentadas por los gobiernos. 

La documentación revelaba que las arcas públicas venezolanas habían desembolsado en realidad un montante de 1.249 millones de euros por el citado material naval. La divergencia de 42 millones de euros entre el coste real de la adjudicación y la suma transferida por Caracas obedecía al pago de mordidas canalizadas a través de una firma intermediaria denominada Rebazve Holding.

La afloración de este desfase patrimonial motivó la apertura de diligencias judiciales en los tribunales españoles. Al tratarse formalmente de un convenio directo entre Estados, la normativa prohibía la intervención de comisionistas o agentes privados en la transacción. 

Las pesquisas económico-financieras acreditaron que la firma Rebazve percibió los fondos en una cuenta bancaria radicada en Suiza para, posteriormente, redistribuir los importes entre diversos beneficiarios. Entre los receptores de estas transferencias figuraban Javier Salas, que ostentó la presidencia del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y Antonio Rodríguez-Andín, expresidente de la Compañía Trasatlántica Española.

En las fases iniciales de la instrucción, la Justicia imputó diversos delitos económicos a Salas, Rodríguez-Andín y Juan Pedro Gómez Jaén, quien ocupaba la presidencia del astillero público Navantia cuando se cerró el pacto. A pesar de los indicios, tras varios años de indagaciones, la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento del procedimiento judicial con el argumento de que las partidas correspondientes a las comisiones no se detrajeron de fondos del Tesoro público español. 

El auto de archivo, dictado el 12 de enero de 2021, dio por probado que existió el abono de 42 millones de euros en concepto de comisiones ilegales, señalando que al menos 12 millones recalaron en poder de Salas y Rodríguez-Andín. El importe restante fue transferido a ciudadanos de nacionalidad venezolana a través de un entramado societario offshore cuyas rutas bancarias se perdieron en diferentes jurisdicciones internacionales sin que se pudiera precisar la identidad final de los receptores.

El exjefe de los espías chavistas compró documentos sobre Zapatero antes de ir a EEUUEl exjefe de los espías chavistas compró documentos sobre Zapatero antes de ir a EEUUTeresa GómezDurante su proceso de extradición a Estados Unidos en 2021, Hugo Carvajal se ofreció a colaborar con los magistrados de la Audiencia Nacional y manifestó poseer información sobre esta trama irregular. En sus declaraciones, el antiguo responsable de la inteligencia militar llegó a señalar directamente a los exministros españoles Miguel Ángel Moratinos y José Bono como hipotéticos destinatarios de la red de corruptelas, si bien en aquel momento no aportó ningún soporte documental que respaldara sus acusaciones. Según ha confirmado ahora THE OBJECTIVE, la negativa del militar a entregar dichas pruebas a la Justicia española se debió al temor fundado de incurrir en un nuevo tipo penal: la revelación de secretos de Estado vinculados al equipamiento estratégico de las Fuerzas Armadas.

Por esta razón, El Pollo Carvajal optó por acotar su estrategia defensiva y centrarse prioritariamente en los documentos que vinculaban al expresidente Rodríguez Zapatero con las actividades del caso Morodo.

 Según confirman fuentes solventes conocedoras de la negociación a THE OBJECTIVE, la transacción económica planteada por Carvajal en la carta no quedó en una simple intención preliminar. El exmilitar llegó a hacer efectiva la compra de los archivos que guardaba el antiguo dirigente chavista con el propósito de armar una base probatoria sólida frente a las autoridades judiciales. Aunque Carvajal conocía desde dentro los engranajes del régimen bolivariano, requería de evidencias documentales cotejables para dotar de solidez legal a sus testimonios. Las mismas fuentes confirman que parte de este material probatorio ha sido entregado posteriormente a los fiscales e investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Con información de The Objective

 La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrada por más de veinte exjefes de Estado y de Gobierno de la región, emitió una declaración en la que expresan su “grave preocupación” por el debilitamiento de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el continente.

En el documento, los firmantes ratifican su adhesión a los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana, adoptada de manera unánime por los países de la OEA en 2001. Según el texto, la Carta representa “una clara evolución del patrimonio intelectual del Sistema Interamericano”, al consolidar la democracia como un derecho fundamental de los pueblos que los gobiernos están obligados a garantizar.

  “La vigencia y fuerza de la Carta Democrática Interamericana… es interpretación auténtica tanto de la Carta de la Organización de los Estados Americanos como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala el comunicado.

Lea también: ELECCIONES DIVIDIDAS Y CALLE EL 7 DE OCTUBRE: atención a la ruta del PSUV

IDEA advierte que en varios países de la región se observa una “subordinación de la Administración de Justicia por los gobiernos”, lo que abre espacio a desviaciones democráticas y a la imposición de un “derecho penal del enemigo”.

Los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son mencionados como ejemplos “que nos llenan de vergüenza”, debido a que el ejercicio de la soberanía popular se encuentra “restringido o retrasado”. Asimismo, alertan sobre una “deriva hacia el autoritarismo electoral” en otras naciones del hemisferio.

> “Unas deficiencias que no se pueden atribuir a la Carta Democrática Interamericana, sino más bien a la clara falta de voluntad política y de un compromiso transparente por parte de nuestros líderes”, afirma el texto.

Llamado a respetar la democracia como derechoLos exmandatarios también respaldan la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente su Opinión Consultiva sobre la prohibición de la reelección presidencial indefinida, acompañada por el Grupo IDEA.

El comunicado advierte que las desaplicaciones de la Carta son responsabilidad de gobernantes que, “al ser electos por una mayoría circunstancial”, creen disponer de un poder que pueden sobreponer a la nación y a los ciudadanos.

La declaración concluye reafirmando que la convivencia democrática debe sustentarse en “la confianza, la autoridad contenida y ejemplarizante, y la legitimidad forjada desde la moral democrática”.

Entre los exjefes de Estado que suscriben el documento se encuentran Guillermo Lasso, Mauricio Macri, Óscar Arias, José María Aznar, Carlos Mesa, Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, Vicente Fox, Eduardo Frei, Julio María Sanguinetti, Álvaro Uribe, Mariano Rajoy, entre otros.

Con información de Diario de las Américas

Los recortes presupuestarios amenazan con dejar sin ayuda a casi 8,3 millones de refugiados y desplazados, alerta este martes la ONU, que pide a los donantes "un apoyo urgente de inmediato".

"No se puede reducir indefinidamente la protección sin provocar un hundimiento de los sistemas. Por debajo de un determinado umbral, los servicios no solo llegan a menos gente, sino que pueden dejar de funcionar totalmente, dejando a los más vulnerables sin la protección que necesitan", advirtió Dominique Hyde, directora de relaciones exteriores del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En un informe, la agencia explica que su capacidad para proteger y asistir a los refugiados se ha visto "socavada por una agravación del déficit de financiación", que la obliga "a reducir sus programas esenciales".

De 2024 a 2025, los fondos disponibles de la agencia pasaron de los 5.200 millones de dólares a 3.900 millones, debido a un descenso de las contribuciones.

Lea también: Audiencia Nacional de España rastrea mensajes entre Delcy Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama

A finales de julio de 2026, el ACNUR solo había recibido el 32% de los 8.500 millones de dólares que necesita para este año, mientras que el número de personas a las que tiene que atender está a un nivel "históricamente alto".

Con esta situación, cerca de 8,3 millones de personas están en riesgo de quedarse sin ayuda, advierte la agencia.

"Cuando se para el registro, los centros de acogida cierran o los servicios de protección de la infancia desaparecen, los mismos riesgos de los que la gente había huido -violencia, explotación y abusos- resurgen en las zonas de desplazados", señaló Dominique Hyde.

- Países bajo presión -La agencia pone ejemplos de países "bajo presión" como Chad, donde los retrasos hacen que 319.000 refugiados no tengan los documentos necesarios para acceder a los servicios y los expone a riesgos de detención.

Por falta de apoyo, añade el ACNUR, hasta 200.000 mujeres y niñas corren el riesgo de perder el acceso a espacios seguros y a programas de prevención en este país.

En Sudán, decenas de miles de supervivientes de violencia sexual y niños "en gran peligro" podrían perder el acceso a servicios de protección esenciales.

Ante la disminución de sus recursos, la agencia indicó haber "tenido que tomar medidas difíciles de priorización para preservar sus actividades más cruciales".

Los recortes hacen que incluso las actividades "consideradas prioritarias por ACNUR se vean ahora afectadas" y además ponen en peligro los esfuerzos para limitar la dependencia de la ayuda humanitaria.

Por ejemplo, en Irak, cerca de 350.000 refugiados y solicitantes de asilo se podrían quedar sin acceso a oportunidades de inclusión económica.

Y en Siria, 162.500 personas desplazadas dentro del país y refugiadas que regresaron del exterior no recibirán ninguna ayuda financiera, por falta de fondos.

En Afganistán, las asignaciones para la reintegración solo han beneficiado a 175 hogares en lo que va de año, en comparación con 5.300 en 2024, alerta ACNUR, que "exhorta a los donantes y socios a prestar un apoyo urgente de inmediato".

AFP

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza secreta sobre la supuesta financiación irregular del PSOE, rastrea una serie de mensajes intercambiados entre Delcy Rodríguez, y el empresario Víctor de Aldama, publicó el diario El Mundo.

En una de esas conversaciones, que viene revelando EL MUNDO, ambos negocian la compraventa de barcos de petróleo y otro tipo de operaciones millonarias en el país. 

Lea también:VIEJOS AMIGOS, ¿NUEVAS RIVALIDADES?: Encuentro Delcy-Trump desata guerra política interna y externa 

“Ahora ya entendemos el pasillo de Delcy para saludar a Pedro Sánchez”, reflexionan fuentes populares tras constatar esos mensajes la relación fluida que mantenía la mandataria venezolana con Aldama, condenado junto a José Luis Ábalos y Koldo García en el caso mascarillas.

El mismo razonamiento expuso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un chat interno del partido: “Esto ayuda a entender el paseíllo de Delcy”, escribió, según ha podido saber este periódico. La referencia apela a la imagen que ofreció la presidenta encargada de Venezuela el pasado martes, cuando en la Asamblea General de la ONU recorrió prácticamente toda la sala en que se celebraba la cumbre para saludar, ante todos, al jefe del Ejecutivo español, Sánchez, y pedirle “poder seguir hablando sobre la situación en Venezuela”.

Los mensajes revelados por EL MUNDO reflejan la relación de confianza que mantenía Rodríguez con Aldama, quien a su vez tenía contacto con Ábalos, exministro de Sánchez y que ocupó puestos de relevancia en La Moncloa y en el PSOE. 

La mandataria venezolana y el empresario del caso Koldose se felicitaban los cumpleaños y se contaban sus problemas de salud, y además él trasladaba a Rodríguez información sobre el Gobierno español.

“Sánchez fingió no conocer a Delcy cuando ella le quiso plantar dos besos en la ONU”, comentan fuentes populares, y argumentan que “todo en el presidente del Gobierno es una gran mentira”, pues “dijo no conocer a Aldama pese a las fotos juntitos” y que “Ábalos era un desconocido para él”.

“La realidad es que Sánchez está conectado con todos ellos y no hay actuación judicial o revelación periodística que rebaje la implicación del presidente del Gobierno en ninguna de las tramas”, sentencian en el principal partido de la oposición.

Con información de El Mundo

El papa León XIV llamó este domingo a los obispos franceses a "perseverar" en la prevención y reparación de las agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia, horas antes de reunirse con siete víctimas en Lourdes, en el suroeste de Francia.

Aclamado durante dos días por cientos de miles de fieles en París, el pontífice estadounidense-peruano vive en este importante centro de peregrinación católico la etapa más difícil de su viaje a Francia, con las agresiones sexuales en la agenda.

La Iglesia en Francia se ve sacudida desde hace años por las revelaciones de violencia sexual en su seno. En 2021, un informe encargado por obispos y monjas estimó en hasta 330.000 el número de victimas menores desde 1950.

"En los últimos años, han afrontado con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores (...) Es necesario perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia", aseguró ante la Conferencia Episcopal Francesa en un encuentro a puerta cerrada, según el Vaticano.

Antes de entrar a la asamblea donde los obispos se suelen reunir, León XIV oró un instante ante la fotografía de la escultura "El niño que llora", que se ubicó en ese lugar hace cinco años para no olvidar las agresiones sexuales, constató un periodista de AFP.

Tras el demoledor informe de 2021, el entonces papa Francisco expresó su "inmenso dolor" y llamó a la Iglesia francesa a "emprender un camino de redención". Los obispos crearon entonces una instancia independiente destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Pero los escándalos continuaron.

Las acusaciones de violencia sexual salpicaron también al difunto abate Pierre, una figura popular en Francia y símbolo de la lucha contra la exclusión, y se denunciaron agresiones en colegios católicos, como el de Betharram, en el suroeste del país.

La diócesis de Lourdes decidió incluso recubrir por completo los mosaicos de la fachada de una de sus basílicas elaborados por Marko Rupnik, un sacerdote esloveno acusado de agresiones sexuales, para permitir a las víctimas volver al santuario.

- "Tiene que hacerse justicia" -

Las palabras de León XIV eran muy esperadas por los fieles, máxime cuando el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo todavía no se había pronunciado al respecto desde que llegó a Francia el viernes.

"No hay que ponerse una venda en los ojos", estimó Paul, que prefiere no dar su apellido y para quien "tiene que hacerse justicia". "El papa está ahí también para manifestar esta justicia", agregó este hombre de 31 años.

Sin referirse explícitamente a la cuestión, León XIV llamó durante su homilía ante 150.000 personas en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes a someterse "humildemente a la mirada purificadora del Señor" para "sanar" los "dolorosos extravíos" cometidos.

A partir de las 16H00 GMT, el sumo pontífice se reunirá con las siete víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia en Francia, pero este formato, que ya usó durante su visita a España donde pidió "verdad, justicia y reparación", generó malestar.

Los colectivos de víctimas criticaron no ser recibidos y las siete personas invitadas advirtieron incluso en un comunicado que "dialogar no significa avalar", "ser recibidas no significa renunciar" a las "exigencias".

Preguntado por estas críticas, el arzobispo de París, Laurent Ulrich, subrayó al medio Franceinfo que el papa iba a manifestar "una consideración por las personas" y "no simplemente hacia un problema".

Su penúltima jornada en Francia también estuvo marcada por un nuevo baño de masas a bordo de su papamóvil, entre vítores y aplausos, y una misa multitudinaria, como ya ocurrió en París viernes y sábado. Hasta el punto que la prensa dominical en este país laico titulaba: "Dichoso como un papa en Francia" o "Que la alegría perdure".

"Cuando vemos el enorme entusiasmo, nos decimos que la fe católica no está perdida en Francia. Está renaciendo", dijo a AFP Xavier Courau, un joven de 16 años junto a un grupo de un centenar de estudiantes de Burdeos.

León XIV es el tercer jefe de la Iglesia católica, después de Juan Pablo II (1983 y 2004) y Benedicto XVI (2008), en visitar la gruta y el santuario de Lourdes como papa. Personalmente, ya lo hizo con 19 y 29 años, como Robert Francis Prevost.

El lunes, el pontífice concluirá su viaje en Metz, una ciudad del noreste que Francia disputó con Alemania durante las dos guerras mundiales, para lanzar un discurso sobre paz y la Unión Europea.

AFP