El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4.000 muertos y el número de heridos se mantuvo en casi 17.000, según un parte oficial del gobierno difundido el viernes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio golpearon en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

El doble sismo deja al menos 4.118 muertos y 16.740 heridos, detalla el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram. La cifra saltó de al menos 3.889 muertos reportados el jueves.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno contabiliza 17.907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Naciones Unidas estima que hasta unas 50.000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.

Con información de AFP

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez anunció la creación del Registro Único de Vivienda, que será implementado con las familias afectadas tras los sismos del 24 de junio.La mandataria hizo el anuncio durante una reunión con el Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios,

Informó que en la reunión efectuada con el Estado Mayor discutieron el abordaje integral de las personas que perdieron sus hogares, por lo que el registro iniciará a partir del 11 de julio “en atención a un cronograma progresivo”.

Asimismo, Rodríguez explicó que el objetivo del registro es conocer a detalle la situación de cada una de las personas que están en los Campamentos Transitorios en relación a las condiciones de su hogar.

Dijo  que será implementado el uso de dispositivos capta huella para la creación de la data.

Pidió mucho orden para garantizar la mejor atención; y destacó que "con el Plan Venezuela Renace, se trabaja para que las personas que tiene semáforo amarillo, lo más pronto posible, puedan volver a su hogar y puedan retomar una vida en mayor sosiego y tranquilidad".Indicó que, de momento, se intervienen 186 edificios y ocho mil 515 viviendas dentro del plan de recuperación de hogares. Asimismo, señaló que «los vecinos están esperando la reparación de los inmuebles para volver a sus casas».

Por otra parte, la mandataria informó que la comisión integral lleva a cabo un trabajo exhaustivo para evaluar la infraestructura de las viviendas y constatar cuáles están «aptas o no para ser ocupadas».

Insistió en que las personas que perdieron completamente su vivienda "reciben atención en los campamentos transitorios". "Pero ya abordando planes de construcción; nosotros vamos a construir de manera agresiva y muy rápida para atender a las personas que están en los campamentos".

La presidenta encargada, Delcy Rodriguez supervisó este viernes los trabajos de rehabilitación de infraestructuras en Caracas, específicamente en San Bernardino, a propósito del Plan Venezuela Renace.

Durante su intervención aseguró que 186 edificios y 8 mil 515 viviendas están siendo rehabilitadas, para permitir el retorno de las familias.

"Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios, pero ya abordando planes de construcción de vivienda”, expresó.

Asimismo, resaltó la participación de las comunidades en la rehabilitación de viviendas.

 "Estamos incorporando ya en los planes de construcción de vivienda sectores para la autoconstrucción directamente con los Consejos Comunales, con la Junta de Condominio, con las comunidades organizadas”, dijo.

Rodríguez invitó al pueblo a la unidad y a fomentar “la nueva espiritualidad de compasión, de amor, de acompañamiento, de estar allí al lado del hermano, de la hermana venezolana que lo necesite”.

Agregó que con la cooperación internacional se están revisando protocolos internacionales referentes a las construcciones en un país sísmico, “hay aquí presencia de expertos, de ingenieros internacionales que están trabajando con la comisión presidencial y con el Plan Venezuela Renace”.

El fiscal general Larry Devoe informó que acudió al cementerio La Esperanza, ubicado en el estado La Guaira, donde han sido inhumadas víctimas de los terremotos del 24 de junio que no fueron reclamadas ni identificadas.

"Realizamos una inspección al cementerio La Esperanza, en el estado La Guaira, a los fines de constatar el procedimiento aplicado para la inhumación de las personas fallecidas producto de los terribles eventos sísmicos del 24 de junio en esta entidad", dijo Devoe en sus redes sociales.

Aseguró que  el "procedimiento se viene realizando en estricto cumplimiento de las normas nacionales y en aplicación de los estándares internacionales relativos a la gestión de cadáveres en situaciones de desastre natural".

Agregó que se trata de "un trabajo articulado entre todas las instituciones involucradas".

También explicó que, "en el marco de las 5 líneas priorizadas por el Ministerio Público para la gestión de la emergencia causada por los eventos sísmicos, seguiremos desplegados para garantizar los derechos de la población y la debida respuesta institucional frente a la tragedia que enlutó a nuestro pueblo".

El dirigente opositor, Edmundo González Urrutia, planteó la creación de una comisión de contraloría permanente, técnica, independiente e internacional para supervisar la gestión de los fondos humanitarios destinados a las comunidades afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Lo hizo a través de su cuenta en X, donde publicó que para hablar de este tema se reunió con la directora de la ONG, Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.

 González propuso que la comisión cuente con la participación de Naciones Unidas a través de su mecanismo anticorrupción, en línea con la Convención de la ONU contra la Corrupción, y fue explícito sobre la razón: «La confianza hay que recuperarla, y por eso la supervisión de estos fondos no puede quedar en manos de los mismos actores que los administran», dijo.

 González hizo las siguientes preguntas: «¿A quién llega la ayuda? ¿Cuánta ayuda ha entrado? ¿Cómo se distribuye?».

Y luego advirtió: «No puede haber opacidad en este manejo porque son vidas las que están en juego».

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Sostuve una reunión con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, y respaldo la plataforma Ruta de la Ayuda para el seguimiento de la ayuda humanitaria en Venezuela.¿A quién llega la ayuda? ¿Cuánta ayuda ha entrado? ¿Cómo se distribuye? Para mí la transparencia… pic.twitter.com/kad3g18nPP

 Sostuvo además que «la transparencia no es una solicitud, sino una obligación» de los organismos multilaterales y de la OCHA, encargada de canalizar buena parte de la ayuda que llega al país.

 González Urrutia destacó que pequeñas ONG y empresas privadas venezolanas ya enviaron su rendición de cuentas a Transparencia Venezuela con base en el Manual de Transparencia para el manejo de la ayuda humanitaria, un esfuerzo que contrasta con la opacidad que aún prevalece entre algunos organismos multilaterales.

Insistió en que las compras, contratos, proveedores y licitaciones vinculados a la respuesta humanitaria deben ser públicos: «Las tragedias no pueden convertirse en un negocio porque se trata de vidas humanas». El combate al lavado de dinero, añadió, requiere «fiscales anticorrupción, auditorías periódicas y expertos independientes en el seguimiento de los fondos».

Por su parte, Mercedes de Freitas subrayó que «la recuperación pasa por la transición».

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

🚨 NUEVO SISMO SE SINTIÓ EN LA CAPITAL Caraqueños salen de sus trabajos hacia la calle tras el fuerte sismo de magnitud 3.9 con epicentro en Naiguatá que se sintió en la ciudad capital este viernes 10 de julio a las 10:53am. pic.twitter.com/Ww6qGvsunN

Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.

Al menos 3.889 personas han fallecido tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio y 16.740 ha resultado heridas, según el balance oficial de este jueves.

Asimismo, 17.907 se encuentran sin vivienda, mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6.462.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. 

📸 EVACÚAN EDIFICIOS EN CARACAS TRAS EL SISMO REGISTRADO ESTE 10JULCaraqueños evacuaron de forma preventiva varios edificios luego del sismo registrado la mañana de este 10 de julio. Funvisis informó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,9. pic.twitter.com/HcZma3bxyf

Con información de EFE

Sobrevivientes del terremoto increparon al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, durante recorrido por una zona devastada en La Guaira.

El video se conoció a través de Instagram y fue difundido por un medio noruego.

  Maduro Guerra bajó a La Guaira y mientras estaba en el urbanismo Hugo Chávez, construido por la Misión Vivienda, se le acercaron varios de los afectados.

 Moraima Antón es una de esas personas, quien recorrió las ruinas de lo que fue su vivienda y aseguró que las edificaciones presentaban graves deficiencias estructurales. "Estos edificios estaban muy mal construidos. Nunca debieron haber sido construidos", expresó mientras señalaba el lugar donde varias personas perdieron la vida.

Por su parte, Damely Díaz, relató que su hija de seis años permaneció sepultada durante cuatro días tras el colapso del edificio. La mujer sostuvo que las fallas en la construcción contribuyeron a la muerte de la menor y pidió que los responsables respondan ante la justicia.

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Fue mientras los vecinos ofrecían estas declaraciones a un equipo de periodistas noruegos, que un convoy oficial llegó al sector con Maduro Guerra. 

En ese momento, varios vecinos manifestaron su indignación y lo increparon por la tragedia. Según el reportaje, Damely Díaz le gritó: "No solo perdí una cocina, perdí una hija. Tú eres responsable de todo esto y tienes que pagar por ello", mientras otros residentes también expresaron consignas de rechazo y reclamaron respuestas por el colapso de las edificaciones.

🗣️ FAMILIAS DE LA GUAIRA MOLESTAS CON EL GOBIERNOEl canal noruego TV2 grabó el momento en que habitantes del urbanismo Hugo Chávez, en La Guaira, confrontan a Nicolás Maduro Guerra y Jorge Arreaza: "todos ustedes tienen que ir presos. Esto fue una irresponsabilidad y por eso… pic.twitter.com/653KAHV93V

Un total de 17.128 personas reciben atención integral y resguardo en los 89 campamentos transitorios desplegados en el territorio nacional, como parte de las políticas de protección social que garantizan condiciones de vida dignas a las familias afectadas.

En este sentido, el ministro de Educación,  Héctor Rodríguez, destacó a través de su canal de Telegram el compromiso del Ejecutivo con el bienestar del pueblo: «Balance de atención en los campamentos transitorios al 10 de julio. Continuamos trabajando para garantizar espacios dignos y la mejor atención posible a las familias afectadas».

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El despliegue de estos centros cuenta con una capacidad instalada total de 24.280 cupos, distribuidos estratégicamente para asegurar la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos. La atención se focaliza actualmente en tres entidades principales:

Caracas: Registra 40 campamentos activos con una ocupación de 5.456 personas.

La Guaira: Cuenta con 26 campamentos, 5 de ellos en proceso de ampliación, albergando a 10.391 personas.

Miranda: Dispone de 23 campamentos, atendiendo a 1.281 personas.

Estaban a solo 30 minutos de Venezuela. Tras dos terremotos gemelos que sacudieron el país el 24 de junio, siete estadounidenses de la empresa estadounidense Strategic Response Partners volaban desde Miami para rescatar a los supervivientes. Venían con sierras lo suficientemente fuertes como para romper hormigón y acero y décadas de experiencia combinada salvando vidas tras desastres naturales.

Entonces su piloto recibió un mensaje del control de tráfico aéreo venezolano. Su permiso de aterrizaje había sido revocado. Sin explicación.

El equipo se quedó atónito. Ya habían esperado cuatro días agonizantes a que la burocracia venezolana aprobara permisos para su entrada. Luego dieron la vuelta hacia la República Dominicana, donde esperaron 15 horas a que contactos diplomáticos les dieran autorización para intentarlo de nuevo.

Cuando llegaron a una base militar fuera del epicentro del terremoto costero el 30 de junio, se habían perdido las últimas horas cruciales para encontrar supervivientes entre los escombros.

"Si nos hubieran dejado entrar antes, realmente podríamos haber ayudado a salvar vidas", dijo Michael Saavedra, un bombero corpulento de Miami Beach de 1,96 metros y director del equipo. "Imagina entrar en el partido cuando quedan cuatro minutos. Sin planes, sin coaching, sin ayuda alguna. ¡Boom, vamos!"

Recordó haber sacado el cuerpo cubierto de polvo de una mujer que había mostrado signos de haber permanecido viva durante días en una bolsa de aire bajo escombros antes de morir.

"Es desgarrador", dijo Saavedra.

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Steve Slepcevic, director ejecutivo de Strategic Response Partners, ha gestionado desastres naturales en Haití, Chile y México. Se sorprendió por la respuesta del gobierno venezolano, así como por la construcción deficiente que provocó el derrumbe de los edificios.

"En más de 35 años, esto es, con diferencia, lo peor que he vivido nunca", dijo Slepcevic, que había viajado aquí desde su casa en San Diego.

Los retrasos reflejan los obstáculos burocráticos y políticos que los grupos de rescate de Venezuela y de todo el mundo dicen haber enfrentado tras los terremotos más poderosos del país en más de un siglo. 

El gobierno venezolano informó el jueves que al menos 3.900 personas murieron y casi 17.000 resultaron heridas. Pero 30.000 personas están desaparecidas y se espera que el número de muertos aumente a medida que los rescatadores lleguen con maquinaria para levantar losas de hormigón y acero retorcido.

 El desastre ha expuesto lo que los críticos califican como la disfunción duradera del gobierno autoritario y no electo de la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, respaldado por la administración Trump. Fue vicepresidenta hasta que Estados Unidos derrocó al exlíder Nicolás Maduro en una redada militar el 3 de enero.

Desde entonces, Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez por su cooperación y ha dicho que Estados Unidos está dispuesto a ayudar al país rico en petróleo, que está acosado. John Barrett, que dirige la Embajada de EE.UU. en Caracas, dijo esta semana a los periodistas que el gobierno de Rodríguez "ha cumplido plenamente con nuestras solicitudes para avanzar en esta masiva respuesta humanitaria."

La mayoría de los venezolanos no están de acuerdo.

Una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg publicada el viernes reveló que dos tercios de los venezolanos rechazaron la gestión del desastre por parte del gobierno. La valoración de desaprobación de Rodríguez subió 5 puntos porcentuales hasta el 63%.

Venezolanos y equipos de rescate extranjeros afirmaron que la respuesta al terremoto se ha visto empañada por una mala coordinación, injerencias políticas y esfuerzos caóticos de rescate que costaron vidas.

 "Mi país no está preparado para esto. No tenemos a nadie más que a este gobierno a quien culpar", dijo Junior Figueredo, un detective de 23 años, que un día reciente esperó para entrar en una morgue al aire libre en un puerto del estado de La Guaira para examinar una fila de cuerpos en descomposición. Figueredo esperaba identificar los cuerpos de cuatro mujeres de su familia, incluyendo a su madre y su hermana, que murieron cuando se derrumbó un complejo de viviendas estatales de 12 plantas.

Los equipos de rescate afirman que desperdiciaron horas esperando para recibir su equipo y equipaje en el saturado aeropuerto de Valencia, a dos horas en coche del desastre. Algunos dijeron que se vieron obligados a hacerse fotos con Rodríguez, que luego se publicaron en sus redes sociales.

Héctor Méndez, veterano de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca de México, se indignó cuando un periodista estatal le pidió que le diera amables palabras a Rodríguez.

"No soy político, soy un rescatador", dijo Méndez en comentarios que se hicieron virales en las redes sociales. Méndez dijo que le dijo al periodista "que se fuera al infierno".

Algunos voluntarios venezolanos de rescate dijeron que la policía y los militares intentaron extorsionarles para que los sujetaran para que pasaran los controles. En los lugares del desastre, cientos de guardias nacionales y policías permanecían de brazos cruzados, sujetando sus rifles y vigilando los puestos de control, dejando a los residentes preguntándose por qué no cogían palas para ayudar a encontrar supervivientes.

En una comunidad arrasada, venezolanos enfadados y sin hogar habían golpeado a un agente acusado de robar dinero a supervivientes. "Todo lo que hacen es robarnos, incluso en medio de una tragedia", dijo la jubilada Vayamin Delgado, quien dijo que la policía saqueó su casa dañada.

Sin coordinación centralizada, los equipos de rescate del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos que lograron entrar en los primeros días se encontraron corriendo de barrio en barrio sin servicio telefónico ni traductores.

Las carreteras alrededor de las devastadas ciudades costeras del Caribe estaban saturadas de tráfico interrumpido, dificultando a los primeros intervinientes y a la maquinaria pesada necesaria para mover los escombros.

En una rara rueda de prensa, Rodríguez rechazó las críticas a la respuesta al terremoto de su gobierno, calificándolas de "narrativas mediáticas para generar caos."

 Dijo que su gobierno actuó con rapidez y dio la bienvenida a la ayuda de más de 30 países. Y el sábado, entregó medallas a más de 300 rescatistas estadounidenses y les dio las gracias en un evento retransmitido por la televisión nacional. Barrett dijo que los equipos estadounidenses pudieron ayudar a salvar a seis supervivientes.

"Cada vez que un avión aterrizaba con rescatadores, daba esperanza al pueblo venezolano", dijo Rodríguez. Añadió que los rescatistas estadounidenses y los miembros de las fuerzas armadas venezolanas "eran vistos como un solo equipo."

Con información de The Wall Street Journal.

Los devastadores terremotos en Venezuela han reducido hasta cuatro puntos las previsiones independientes de crecimiento para este año, que oscilaban entre un 4 % y un 8 %, y han sacudido el proceso económico que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

Desde el 24 de junio, cuando ocurrieron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 3.811 muertos y 16.740 heridos, las prioridades son otras, entre ellas dar una solución a las más de 17.900 personas que se quedaron sin vivienda y que se encuentran, en su mayoría, en campamentos transitorios.

 En ese sentido, el país que se encaminaba hacia un prometedor futuro, tras años de crisis, tiene el reto de recuperar la infraestructura afectada y reconstruir las zonas devastadas.

La catástrofe ha eclipsado una nueva era económica marcada por una apertura de sectores estratégicos como el petrolero, el corazón de la economía venezolana, el minero y el eléctrico al capital privado y extranjero, así como por el regreso del país al mundo occidental y al sistema financiero internacional.

 Esa apertura ya había dado resultados como la firma de acuerdos con energéticas estadounidenses y europeas, en plenos acercamientos con el Gobierno de Donald Trump, que ha seguido muy de cerca la gestión de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta que asumió el cargo tras la captura del chavista.

Ahora esa estrecha colaboración, impensable hasta enero pasado, está enfocada en estos momentos en las consecuencias del desastre.

Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, la mayor patronal venezolana, dijo a EFE que, si bien los principales centros agrícolas, industriales, turísticos y comerciales, así como los campos petroleros, están fuera del epicentro del desastre, la tragedia igual trastoca la economía nacional y retrasa los planes.

«La economía se pone en modo tragedia», afirmó el dirigente empresarial, quien prevé que la catástrofe se lleve por delante dos o tres puntos del producto interno bruto (PIB).

 El doble terremoto causó daños en edificios residenciales y corporativos, comercios, hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, industrias, carreteras, puentes y en el principal aeropuerto internacional del país, el Simón Bolívar, en La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la región devastada.

Una primera evaluación de la agencia espacial estadounidense NASA indica que el doble terremoto podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos.

El Gobierno venezolano cifra en 190 los edificios colapsados.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima de manera preliminar en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos.

Capozzolo propone que haya planes de reconstrucción en alianza con el sector privado para ayudar a que el país se levante «lo más rápido posible», lo que considera que requerirá financiamiento internacional.

La presidenta encargada ha informado de conversaciones con países como EE.UU. y Brasil e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para el proceso de recuperación. Además, ha pedido el apoyo del PNUD para impulsar programas de vivienda.

Rodríguez anunció recientemente la creación de un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y de una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- para donaciones internacionales.

Para el economista Asdrúbal Oliveros, el proceso económico que se inició este año «sigue», pero «afectado por la reconstrucción y sus demandas».

Caracas tiene ahora que «tratar de resolver los daños a la infraestructura, la atención a los damnificados y hacer frente a los problemas logísticos».

El experto indicó que si previamente se esperaba un crecimiento de entre un 5 y un 8 %, es probable que ahora oscile entre el 2 y el 4 %.

Además, prevé que haya «mayores presiones inflacionarias porque el Gobierno va a tratar de ejecutar más gasto para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción».

Pero si bien esta coyuntura «cambia un poco la hoja de ruta, eso no significa que se hayan abandonado los objetivos iniciales» ni que EE. UU. «esté abandonando lo que se ha planteado con Venezuela».

Para el Gobierno estadounidense, agregó Oliveros, la energía «sigue siendo clave».

Washington ya aclaró la semana pasada que su plan «permanece intacto».

Con información de EFE

Con miles de damnificados buscando un techo, la reforma a la Ley de Alquileres genera alarma. Los propietarios temen que la emergencia termine abriendo la puerta a mayor intervención sobre la propiedad privada.

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El gobierno encargado de Delcy Rodríguez quiere acceder a miles de millones de dólares de Venezuela bloqueados en el exterior para financiar la reconstrucción tras los terremotos, pero esos recursos no están retenidos por casualidad: permanecen atrapados entre sanciones, litigios, graves denuncias de corrupción y una cuestionada legitimidad internacional sobre las autoridades del régimen chavista.

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El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas subió a al menos 3.889 muertos y mantuvo el número de heridos en casi 17.000, según un parte oficial del gobierno difundido el jueves.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron además 17.907 personas sin viviendas, de acuerdo con el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.

El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

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La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Kozack.

Con información de AFP

Los aeropuertos ubicados en varios estados de Venezuela activaron un plan de contingencia operativa para reanudar de forma progresiva los vuelos comerciales y mantener la conectividad del país, tanto a nivel nacional como internacional, tras las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a causa del doble sismo del pasado 24 de junio.

En entrevista para Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, informó que las diferentes aerolíneas que operaban habitualmente en Maiquetía se han incorporado de manera paulatina a este esquema de emergencia, que inicialmente priorizó el ingreso de equipos e insumos humanitarios antes de abrir paso al flujo regular de pasajeros.

En ese sentido, indicó que para suplir la demanda y garantizar la movilización de los usuarios se habilitó el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Carabobo con rutas comerciales hacia Panamá, Bogotá, Punta Cana, Madrid y Tenerife a través de distintas líneas aéreas.

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Mientras tanto, señaló que el Aeropuerto Internacional “José Antonio Anzoátegui” en Barcelona mantiene salidas programadas con destino a Madrid, Bogotá, Medellín, Santo Domingo y Miami; el Aeropuerto Internacional del Caribe “Santiago Mariño” en Porlamar conecta de forma directa con Barbados, Puerto España y Bogotá.

Asimismo, el Aeropuerto de Barquisimeto habilitó operaciones hacia Panamá con el respaldo de dos aerolíneas; el Aeropuerto de Maracaibo (Zulia) activó vuelos comerciales hacia Panamá y el Aeropuerto de Puerto Ordaz funciona como puente de interconexión hacia Boa Vista (Brasil).

En ese orden de ideas, Herrera hizo un llamado a la ciudadanía y a los usuarios a comprender la complejidad de la contingencia actual. «Son alternativas que se han tomado para tener al país conectado y movilizado frente a lo que está sucediendo. Sabemos que no es cómodo ni sencillo, pero es una situación compleja de emergencia», destacó tras instar a la empatía, a la solidaridad y a la conciencia durante esta contingencia.

Con información de VTV

«La situación previa a los sismos fue una situación de largo plazo por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años. Esa situación ha empeorado significativamente luego de los terremotos. Y efectivamente, la escasez esencial de servicios esenciales en los momentos inmediatamente después de los terremotos fue crítica»

Así lo denunció el director del Departamento de Emergencias en  Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Ciro Ugarte, quien reconoció este jueves que la escasez de servicios esenciales en el sistema de salud venezolano fue «crítica» en los momentos inmediatamente posteriores a los terremotos del 24 de junio.

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Detalló que los hospitales se vieron desbordados: salas con capacidad para 50 camas llegaron a atender a más de 200 pacientes, y fue necesario habilitar espacios no previstos para la atención de trauma y urgencias.

 «Encontramos que muchos de esos servicios de salud no tenían los elementos esenciales para responder. De tal manera que la respuesta rápida de ayuda internacional complementó aquellos esfuerzos nacionales», añadió.

Ugarte informó que la respuesta se ha ido fortaleciendo con la movilización de equipos médicos de emergencia internacionales con capacidad quirúrgica, de hospitalización y atención de urgencias, pero advirtió que aún persisten retos sanitarios que se van atendiendo conforme pasan los días.

Con información de Monitoreamos y OMS

Tras los terremotos del 24 de junio de 2026 surgieron dudas sobre si los inquilinos o arrendatarios deben seguir pagando el alquiler. La respuesta es que no existe una suspensión general del pago de los cánones de arrendamiento.

 En Venezuela no se ha dictado ningún decreto que suspenda esa obligación y el exhorto de la Defensoría del Pueblo al respecto no tiene ese efecto jurídico, recordó la ONG Acceso a la Justicia.

La regla general sigue siendo que el alquiler debe pagarse. La excepción ocurre únicamente cuando el terremoto provoca daños que impiden utilizar el inmueble o hacen insegura su ocupación. En esos casos puede operar la figura del caso fortuito prevista en el Código Civil, lo que explicamos en ocho preguntas y respuestas.

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El Código Civil considera caso fortuito aquellos hechos de la naturaleza imprevisibles e inevitables que hacen imposible cumplir una obligación. Los terremotos constituyen uno de esos supuestos.

Cuando el inmueble alquilado queda inhabitable como consecuencia del doblete sísmico, el inquilino ya no puede disfrutar de la vivienda por una causa completamente ajena a su voluntad. En ese caso, el artículo 1.272 del Código Civil libera al arrendatario de la obligación de pagar el alquiler mientras exista esa imposibilidad de uso.

El hecho de que haya ocurrido un terremoto no significa, por sí solo, que desaparezca la obligación de pagar el canon de arrendamiento.

Si la vivienda permanece habitable y puede utilizarse normalmente, el contrato continúa produciendo todos sus efectos y el inquilino debe seguir pagando el alquiler en las condiciones pactadas. 

La inexistencia de un decreto que suspenda los pagos confirma que no existe una exoneración general para todos los contratos de arrendamiento. Como antecedente de este tipo de medidas hay que recordar un decreto acordado por el Gobierno nacional en tiempos de la pandemia de Covid-19 en el que se acordó un aplazamiento o diferimiento de la obligación de pagar los cánones de arrendamiento tanto de viviendas como de locales comerciales, aunque las circunstancias eran distintas, puesto que los inmuebles no se encontraban afectados.

Cuando el apartamento o la casa (también aplicaría para un local comercial)  no presentan daños aparentes, pero el edificio sí sufrió afectaciones estructurales, la situación debe ser evaluada por los organismos competentes.

Si Protección Civil determina que el edificio no es habitable, el contrato puede suspenderse e incluso extinguirse dependiendo de la gravedad de los daños. Mientras el inmueble no pueda ocuparse de forma segura, el inquilino no está obligado a pagar el alquiler.

Cuando el inmueble alquilado quedó inhabitable a consecuencia de los terremotos, el inquilino tampoco está obligado a seguir pagando el canon de arrendamiento porque ya no puede disfrutar del bien arrendado.

En este supuesto, la imposibilidad de cumplir deriva de una causa extraña no imputable al arrendatario, por lo que el Código Civil lo exonera de responsabilidad.

Si el inmueble presenta grietas u otros daños después de los terremotos, lo recomendable es documentar inmediatamente la situación mediante fotografías y videos, registrar la fecha en que aparecieron y notificar tanto al propietario como a la junta de condominio para que puedan realizarse las inspecciones correspondientes.

Las reparaciones urgentes por daños menores pueden ser realizadas por el inquilino o arrendatario  siempre que exista acuerdo con el propietario para descontar posteriormente esos gastos del alquiler.

Si el inmueble fue destruido totalmente y el contrato termina por esa causa, el propietario debe devolver íntegramente el depósito en garantía, ya que este solo puede utilizarse para cubrir daños atribuibles al inquilino o cánones pendientes, no para reparar daños ocasionados por un terremoto.

Los daños estructurales ocasionados por los terremotos corresponden a la comunidad de propietarios a través del fondo de reserva del condominio. En los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela, esa responsabilidad recae sobre el Estado.

La legislación venezolana protege a los arrendatarios frente a desalojos arbitrarios. En el contexto de la emergencia ocasionada por los terremotos, el derecho a la vivienda debe prevalecer, por lo que los desalojos forzosos resultan contrarios al marco legal vigente.

Con información de Acceso a la Justicia

Con el objetivo de fortalecer las líneas estratégicas de colaboración entre ambas naciones, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, evaluó una agenda de cooperación con el subsecretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (EEUU), Luke Lindberg.

El encuentro se centró en coordinar esfuerzos para la atención de las fases de recuperación tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, destacando el apoyo brindado por las instancias internacionales estadounidenses.

En la reunión de trabajo participaron, por parte de los EEUU, John M. Barrett, encargado de Negocios ante Venezuela; y Ryan Shrum, funcionario sénior de la Oficina de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria del Departamento de Estado.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades venezolanas, entre ellas el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y el presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez.

El subsecretario Lindberg, quien además lidera políticas de bioseguridad y cooperación internacional en materia agrícola, revisó junto a las autoridades venezolanas los avances en la gestión de asistencia humanitaria, a fin de consolidar mecanismos de trabajo binacional que faciliten la recuperación de las zonas afectadas por los sismos.  

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Mientras tanto, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Juan José Ramírez, sostuvo un encuentro técnico con especialistas internacionales en ingeniería sísmica y resiliencia estructural, como parte de la Gran Misión Venezuela Renace.

 Este equipo de expertos cuenta con una destacada trayectoria global en el diseño de construcciones sismorresistentes y en la evaluación técnica de edificaciones existentes.

Su experiencia internacional incluye una participación activa en complejas labores de reconstrucción tras desastres naturales en naciones como Haití y Nueva Zelanda, lo que aporta un altísimo valor metodológico a la contingencia nacional.

Ramírez destacó que el objetivo central de esta alianza es sumar capacidades científicas y de vanguardia a los esfuerzos institucionales que ejecuta el Estado.

Con este respaldo técnico, se prevé acelerar y optimizar las tareas de diagnóstico, estabilización y reconstrucción segura de las infraestructuras estratégicas del país, para consolidar obras de alta resiliencia ante futuros eventos naturales.

Con información de VTV

Pocas horas después de la impactante operación militar de EE. UU. en la que fue capturado Nicolás Maduro el 3 de enero, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo con una declaración no menos controvertida: «Vamos a dirigir el país [Venezuela] hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata».

Siete meses más tarde, Estados Unidos lidera los esfuerzos internacionales para ayudar a Venezuela tras el doble terremoto que sacudió ese país el pasado 24 de junio y que causó más de 3.500 muertes y dejó a decenas de miles de personas sin hogar.

Menos de un día después del doble sismo, Washington ya había anunciado que iba a destinar US$150 millones para ayudar a atender la emergencia en Venezuela y que enviaría a más de 250 personas, entre ellos bomberos entrenados en rescates bajo estructuras colapsadas, médicos, paramédicos, ingenieros especializados en evaluación de riesgos en edificaciones.

Adicionalmente, a través del Comando Sur, EE. UU. ha destinado aviones de transporte, helicópteros, buques de la Armada y maquinaria pesada para hacer frente a la tragedia venezolana.

Pero sus funcionarios, liderados por el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, y el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, John Barrett, también se han reunido con las autoridades venezolanas, entre ellas con el miembro más polémico del gabinete de la presidenta interina, Delcy Rodríguez: el ministro de Interior, Diosdado Cabello, a quien Washington acusa de narcoterrorista y por el que ofrece una recompensa de US$25 millones, lo que ha generado controversia.

Estos elementos, unidos a las «excelentes» relaciones con la presidenta interina de las que suele presumir Trump, así como la supuesta negativa de Washington al regreso a Venezuela de la líder de la oposición, María Corina Machado, están generando dudas sobre el papel que EE. UU. está jugando en la actual emergencia que vive Venezuela.

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En un video que se hizo viral en los días siguientes al doble sismo, se ve a un hombre con un casco amarillo celebrando la llegada de las fuerzas estadounidenses mientras en el fondo se aprecia el sobrevuelo de un helicóptero MV-22B Osprey.

«Bravo. Vamos. Llegaron los gringos, papá, la ayuda humanitaria», grita el hombre a la cámara con acento venezolano mientras detrás de él se ve una camioneta militar venezolana en la que se están montando varios uniformados.

Uno de ellos se acerca y lo saluda. Es un hombre rubio que viste un uniforme de campaña que en el hombro lleva lo que parece ser el parche de la Fuerza Delta, la unidad de operaciones especiales del Ejército de EE. UU.

El hombre del casco lo saluda y le dice: «¡Bienvenido a Venezuela!».

Luego de la catástrofe, EE. UU. ha sido -con diferencia- el país que más recursos ha destinado a Venezuela.

Hasta este 8 de julio, Washington había destinado más de US$386 millones en ayuda al país.

La ha canalizado a través de distintas organizaciones no gubernamentales como la Federación Internacional de la Cruz Roja y de dependencias de la ONU como Unicef o el Programa Mundial de Alimentos «proporcionando ayuda médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y sanidad, refugios, protección y logística», según señaló en una nota de prensa el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado asegura haber entregado «más de 400 toneladas métricas de ayuda de primera necesidad -kits de refugio, kits de higiene, cubetas, lonas y juegos de cocina-, beneficiando a unas 70.000 personas. Estos suministros, financiados por Estados Unidos, brindaron alivio inmediato a comunidades de toda Venezuela», señala el comunicado.

Además, anuncia el establecimiento de un «puente humanitario aéreo» en el que participarán el Departamento de Estado, Amazon y Airlink, una ONG que sirve de enlace entre los sectores aeronáutico y humanitario para hacer frente a desastres.

La idea es realizar vuelos semanales para el envío de ayuda humanitaria desde Miami directamente a Maiquetía, el aeropuerto de Caracas, donde un centro logístico de ayuda del Programa Mundial de Alimentos la recibirá y la entregará a las ONG que se encargarán de distribuirla sobre el terreno.

En ese esfuerzo, el Departamento de Estado se encargará de coordinar con el gobierno de Venezuela, Airlink organizará los envíos de acuerdo con las prioridades del momento y Amazon transportará la ayuda de forma gratuita a Venezuela.

Pero la asistencia de EE. UU. ha ido más allá de las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas y sobrevivientes o de la aportación de ayuda humanitaria.

Washington se insertó desde el primer día en el centro de la gestión de la crisis y, de hecho, al día siguiente del doble sismo, fuerzas del Comando Sur estaban en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía -que no solamente es el más importante de Venezuela, sino que está ubicado en Vargas, el estado más golpeado por los sismos- para evaluar los daños que había sufrido y ponerlo a funcionar a la brevedad para atender la emergencia.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses asumieron el control del tráfico aéreo en el aeródromo, así como la logística de la ayuda humanitaria que llega a Maiquetía, según explicó este martes el general Donovan durante una rueda de prensa virtual.

Washington también realizó una movilización masiva de recursos que incluían aviones C-17 de la Fuerza Aérea para transportar equipos de búsqueda y rescate, y maquinaria para el movimiento de carga; helicópteros CH-47 Chinook del Ejército para transportar personal y suministros; aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines; y buques de la Armada para brindar apoyo a las operaciones en tierra y transportar suministros.

Uno de estos barcos, el USS Fort Lauderdale, había participado en el bloqueo marítimo que derivó en la operación de captura de Maduro y ahora, en medio de la catástrofe, se convirtió en el primer barco de la Armada de EE.UU. en atracar en un puerto de Venezuela en décadas.

Para inicios de julio, el Comando Sur informó que había casi 2.000 tropas estadounidenses participando en las operaciones de ayuda.

Aunque los rescatistas estadounidenses ya se marcharon de Venezuela, Donovan dijo que las fuerzas de su país seguirán allí hasta que «ya no seamos necesarios». Indicó que están centrados en ayudar en la gestión del aeropuerto y el puerto marítimo, en proporcionar transporte aéreo y terrestre, así como maquinaria pesada y logística.

Y es que la logística es, precisamente, una de las mayores fortalezas de EE.UU.

«Estados Unidos posee una capacidad logística tal que no creo que exista ningún otro país con una capacidad comparable. Creo que ni siquiera China», señala Charles Scawthorn, un ingeniero estructural con gran experiencia internacional en la gestión de desastres causados por terremotos, a BBC Mundo.

Scawthon añade que, dada la cercanía geográfica con Venezuela, «creo que la gran aportación de EE.UU. será la logística: el transporte de alimentos, materiales de construcción y maquinaria pesada».

Los US$380 millones que ha aportado para la emergencia en Venezuela ubican claramente a EE. UU. a la cabeza de todos los esfuerzos internacionales para ayudar a ese país.

Hasta este miércoles, la web Ruta de Ayuda, elaborada por la ONG Transparencia Venezuela, ubicaba a Washington como el primer donante con US$300 millones, seguido por China con US$14,7 millones y, en tercer lugar, Italia con US$10,8 millones.

Pero esa notable contribución no ha salvado a EE. UU. de críticas.

En declaraciones a The New York Times, Javier Corrales, profesor de ciencias políticas en el Amherst College, señaló -por ejemplo- que resulta difícil considerar la ayuda estadounidense como generosa si se considera que desde la captura de Maduro el gobierno de Trump asumió el control de los ingresos petroleros de Venezuela, que son muchas veces superiores.

De acuerdo con estimaciones publicadas por el Council on Foreign Relations, las ventas de petróleo venezolano durante los primeros cuatro meses de 2026 fueron de casi 100 millones de barriles, con un valor aproximado de unos US$8.000 millones.

Sin embargo, hasta la fecha el gobierno estadounidense no ha informado con exactitud sobre cuánto petróleo se ha vendido, cuánto dinero se ha generado y qué ha ocurrido con esos recursos.

«Cuando tú analizas, dados los montos y las proporciones, tampoco es que esa ayuda sea una cosa exorbitante. Más bien es una cosa muy pequeña para la magnitud de las necesidades», dice Carmen Beatriz Fernández, consultora política de la firma Datastrategia, a BBC Mundo.

A pesar de esto, en general, el volumen de la ayuda estadounidense no ha sido un asunto especialmente polémico.

De hecho, una encuesta realizada en los días siguientes al terremoto, a la que tuvo acceso BBC Mundo, muestra a EE.UU. como el actor internacional en el que los venezolanos tienen más confianza en que va a contribuir a la gestión de la crisis y a la reconstrucción tras los terremotos.

Según el sondeo, el 75% de los consultados tenían confianza en Washington, mientras solamente un 11% no la tenía. La confianza en la Unión Europea se ubicaba en el 59%, en la ONU era el 48%, mientras que en China llegaba a un 39% (la misma proporción que no confiaba en ese país).

El mayor ruido en torno a la actuación de Estados Unidos parece haberse centrado en dos elementos distintos, pero vinculados. El primero de ellos han sido los encuentros públicos de Donovan y Barrett con Diosdado Cabello.

La publicación en medios y redes sociales de fotos de Cabello saludando y conversando animadamente con los altos funcionarios estadounidenses ha generado dudas y malestar en redes sociales.

«Nos vemos en las mesas de votación el martes 3 de noviembre y verán el abrazo del voto latino en EE.UU. Grandes discursos que no quieren socialismo, comunismo, narcotráfico y terrorismo en EE.UU pero se abrazan y alaban a los mayores capos y representantes del continente americano. Vergüenza», escribió el analista político Esteban Gerbasi en un mensaje en X.

En la publicación advertía sobre los efectos negativos que podrían tener estas imágenes para el gobierno de Trump en las elecciones de mitad de periodo., y acompañaba el mensaje de la foto de Barrett conversando y colocándole la mano sobre el brazo a Cabello.

Las fotografías se tomaron en el contexto de los encuentros que los representantes estadounidenses mantuvieron con las autoridades venezolanas con el objetivo de coordinar la asistencia humanitaria para responder a la emergencia causada por los terremotos.

Sin embargo, fueron interpretadas de distinta forma: en algunos casos como reflejo de la emergencia en curso; en otros, como una muestra de un acercamiento del gobierno de EE. UU. hacia el chavismo, que indicaría que EE. UU. no tiene planes reales de impulsar una transición democrática en Venezuela.

«Lo que sorprende es la imagen. Sorprende quizá la cordialidad del momento. Eso es lo que la gente cuestiona, pero evidentemente Estados Unidos está asumiendo esa postura muy pragmática [de dialogar con las autoridades venezolanas, incluido Cabello], pero eso no necesariamente quiere decir que es la postura definitiva», señala Carmen Beatriz Fernández.

«Esas imágenes crean cortocircuito en una población que está muy sensible y, además, muy indignada ante la inacción del gobierno durante las primeras horas tras los sismos», agrega.

El malestar causado por las fotos con Cabello se explica en parte debido a los altos niveles de rechazo que él tiene en buena parte de la población venezolana.

Según la encuesta realizada a finales de junio, el 9% de los consultados tienen una valoración positiva de Cabello y un 73% tienen una valoración negativa.

Fernández considera «muy precipitado» llegar a la conclusión de que esas fotografías anuncian que no habrá transición debido a un entendimiento entre el chavismo y el gobierno de Trump.

«No lo veo así. Creo que EE.UU. está teniendo una respuesta rápida en el marco de una catástrofe y eso implica tener las cabras dentro del corral. Es algo que tiene sentido. Además de que ya se entienden con esas autoridades. No es que son enemigos de esas autoridades, todo lo contrario», señala.

El segundo elemento que ha hecho ruido sobre la actuación de EE.UU. son las informaciones que apuntan a que el gobierno de Trump está molesto con las solicitudes de la líder opositora, María Corina Machado, para que se le permita volver a Venezuela, de donde salió en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Con información de BBC

“El BCV anunció que comenzará a combinar las intervenciones tradicionales con ventas de divisas en efectivo”, informó el economista y miembro de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, en su cuenta en X.

Según el experto, el BCV “retomó el uso del tipo de cambio promedio de las mesas cambiarias como referencia para sus intervenciones”.

Esto explicaría “la depreciación que ha venido mostrando el tipo de cambio oficial y prevé inyectar más de 1.869 millones de dólares durante julio, uno de los mayores montos de los últimos años”.

Grisanti dijo que, desde hace días, la firma Ecoanalítica había desmentido que el BCV quisiera volver al esquema de cupos, para optar por la venta en efectivo de dólares: “Sostuvimos que el camino sería exactamente el contrario: más oferta de divisas, mayor disponibilidad de efectivo y continuidad en la normalización del mercado cambiario”, agregó.

 Afirmó que, de esta forma, el banco “ha permitido que la brecha cambiaria se reduzca a niveles por debajo de 20%, su nivel más bajo desde 2024, cuando Venezuela operó, en la práctica, muy cerca de una unificación cambiaria”.

Para el especialista, “quizá la señal más importante ha pasado desapercibida. En los últimos días, las mesas de cambio del sistema financiero han venido operando con mucha mayor libertad y, más importante aún, el BCV ha respetado los precios que de ellas resultan, sin anular operaciones como ocurría anteriormente”.

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A su juicio, “ese es, probablemente, el indicio más claro de que las autoridades están avanzando hacia una mayor normalización del mercado cambiario. Nuestros mejores deseos para que esa postura se mantenga y se profundice”.

Sin embargo, sostiene que, "el siguiente paso para completar esa normalización no es aumentar las intervenciones, sino permitir que el sistema financiero venda libremente las divisas que recibe en todos los segmentos del mercado". Un mercado más profundo, con mayor oferta y menor segmentación, contribuiría de forma mucho más eficiente a estabilizar el tipo de cambio y reducir la inflación".

Sostiene además que “como complemento a esa estrategia, seguimos proponiendo la eliminación —o al menos la suspensión temporal— del IGTF sobre las transacciones en dólares, para incentivar que el efectivo permanezca dentro del sistema financiero y no vuelva a salir de la banca”.