Una investigación busca esclarecer la desaparición de media tonelada de marihuana que estaba bajo resguardo de la División Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana.

 Según informó El Pitazo, el caso apunta a presuntas irregularidades en la cadena de custodia, posibles extorsiones y funcionarios policiales y judiciales bajo investigación.

 ¿Qué ocurrió con el cargamento y quiénes estarían involucrados? La investigación deberá determinar cómo desapareció la droga y establecer las responsabilidades.

Pasadas las 9 de la mañana de ste iernes, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio,  recibió a la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, en el Departamento de Estado, en Washington,.

Tras el encuentro, Rubio dijo que el Gobierno de Donald Trump la respalda. “Tiene nuestro apoyo al cien por ciento”, afirmó y explicó que el objetivo para Venezuela no es solo celebrar elecciones, sino lograr “una democracia duradera” para las futuras generaciones, en un país que que ha sufrido “un trauma muy profundo”, luego de décadas de chavismo.

“Es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en más de una generación de restaurar una democracia en su país”, dijo y agregó que el proceso cuenta con el respaldo “de los más altos niveles” del gobierno estadounidense.

“Pedimos a todos apoyar este proceso. Nosotros le pedimos a todos los elementos que están en oposición y a todos los elementos de la sociedad que participen y apoyen este proceso”, sostuvo.

Ratificó que lo que ha pasado desde que EE. UU. está en Venezuela  ha tenido logros y “va a seguir teniendo logros”, pero alertó que “una transición pacífica requerirá mucho trabajo y un poco de paciencia”.

Igualmente, reiteró que debe haber elecciones  libres y justas “lo más pronto posible”, pero con instituciones que sostengan “la estabilidad, la prosperidad y la libertad” del pueblo venezolano. 

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Por otro lado, informó que el 14 de octubre se retomarían las conversaciones.

Mientras que Figuera agradeció a Rubio y al gobierno estadounidense la oportunidad que se abrió desde el 3 de enero. 

Ratificó que la delegación de la AN del 2015 está comprometida con la reinstitucionalización de los poderes públicos, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Aseguró que trabajan para “llevar al país a un proceso de garantías políticas y civiles, en un espacio para el reencuentro y la reconciliación. No es un proceso fácil, pero es un proceso posible”, afirmó.

 Enfatizó que  el cumplimiento de la hoja de ruta, con el acompañamiento de Estados Unidos, llevará al país «al progreso», y que la inversión petrolera, junto con la reinstitucionalización, serán «dos pilares fundamentales» para generar institucionalidad y democracia. «Vamos a estar garantizando el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones», concluyó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reúne con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015. https://t.co/WRrG6zwh0Y

 Héctor Navarro, exministro de Educación y muy cercano a Hugo Chávez, aseguró que, si estuviese en la posición de Delcy Rodríguez, renunciaría a la presidencia encargada para permitir que la transición democrática en Venezuela comience de inmediato. 

En entrevista con El Nacional, dijo que tanto ella como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ganarían el respeto de Venezuela y del mundo porque “sacrificarían lo que tienen” en función de la estabilidad del país. 

“Lo haría de esa manera: construiría la transición empezándola de inmediato”, expresó.

Por otra parte, Navarro afirmó que Nicolás Maduro fue traicionado el 3 de enero y sospecha que los hermanos Rodríguez tienen algún tipo de relación con esos hechos. 

Aclaró que no está en contra de que Maduro esté preso, sino de que permanezca en una cárcel en Nueva York y no en Venezuela, aunque reconoció las deficiencias de la justicia venezolana. 

También criticó que el presidente estadounidense Donald Trump haya “designado” a Delcy Rodríguez como presidenta interina y tenga participación en las decisiones políticas que se toman en el país.

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Asimismo, denunció que los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello son aliados del “enemigo” de Venezuela.

 Afirmó que “la crisis actual de Venezuela no comienza ni siquiera con el secuestro de Nicolás Maduro, ya la crisis estaba instalada en el país, de tal manera que Maduro es un factor importante de la crisis. El ambiente permisivo hacia la corrupción, sin duda, es un factor importantísimo de la crisis”, dijo.

   Insistió en que el 3 de enero hubo una traición, "porque la principal función de un soldado es defender al país y resulta que entraron los helicópteros armados de otro país, se llevaron al comandante en jefe de la Fuerza Armada y no hubo respuesta". Después salió la información de que se dieron unas órdenes, pero obviamente hubo una traición. Si fue simplemente un error de cálculo, el oficial responsable de ese error de cálculo debía estar preso, sometido a un consejo de investigación, porque no puede ser que se equivoque de una manera tan flagrante", dijo.

Y sobre cómo está el chavismo en este momento, expresó: “¿Quiénes son los chavistas? Porque el que se haya metido a ministro o a cualquier función pública y de la noche a la mañana haya aparecido con un realero, ese no es chavista. Es un bandido”.

Con información de El Nacional

"¡Queremos luz!, ¡Queremos luz!". El grito acompañado de quema de neumáticos, humo y el estruendo de cacerolas resuena cada noche en barrios y autopistas de Venezuela, donde aumentan las protestas contra el racionamiento eléctrico.

La crisis de demanda tiene lugar en un momento en que el país necesita más electricidad para aumentar su producción petrolera, que se abre a la inversión de grandes transnacionales nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

El oeste de Venezuela llevaba años con cortes de luz que duraban de tres a cuatro horas por día. Pero ahora el país con las mayores reservas petroleras del mundo vive los peores racionamientos de su historia.

Ocurren tras años de desinversión, corrupción y malos manejos del sector eléctrico.

"Las personas andan malhumoradas, andan molestas, andan estresadas. Se les nota en la cara el descontento que hay", señala Daiwuin Terán, dueño de un expendio de víveres en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste), una de las regiones donde las petroleras han puesto la mirada.

Como muchos venezolanos, este comerciante de 49 años cree que el malestar de la población está calentando al país.

"No sé a qué están jugando con la luz porque el problema de la luz puede ser el estallido que ellos no quieren", agrega.

A inicios de semana hubo protestas espontáneas por la noche en varios estados. En una se cortó el paso en la autopista que conecta el oeste del país con Caracas. Manifestantes quemaron troncos y neumáticos viejos causando una kilométrica fila de vehículos.

En el estado andino de Táchira el martes trancaron una carretera tras cuatro días sin electricidad.

Las protestas se multiplican en todo el país.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, criticó el jueves la "violencia" como respuesta a los apagones.

"Ese no es el camino. Yo no he visto que quemar un caucho incorpore ni siquiera 10 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional", dijo.

En Caracas no hay racionamientos, pero sufre constantes fluctuaciones de voltaje. Crece el temor de otro apagón nacional como sucedió en 2019.

El cansancio es evidente en Alexander Montesuma, cocinero en una escuela en Guacara, en el central estado Carabobo, una zona industrial venida a menos a 160 km de la capital. "Esto es un agotamiento catastrófico", asegura.

"Aquí la luz no se iba. Y ahora es cada ratico tres y hasta cuatro veces, que ya no podemos comprar carne ni pollo porque todo eso se está dañando", relata Jaqueline Jiménez, vecina de Montesuma.

El consumo de electricidad se disparó en las últimas semanas por las altas temperaturas.

La demanda alcanzó a finales de septiembre un pico de 16.400 megavatios, el más alto desde 2017, según Rodríguez.

Expertos indican que el país genera en promedio unos 12.000 megavatios.

"Estamos cansados, estamos hartos", grita una manifestante en Maracaibo. "Basta de apagones", "No a los apagones", "¿Cómo se educa a un país que no duerme?", se lee en pancartas usadas en otra manifestación.

Los racionamientos, aplicados en promedio de siete a 12 horas por día, se volvieron tema obligatorio entre dirigentes políticos tanto de oposición como oficialistas.

"Necesitamos respuestas", clama Alexander Ramírez, panadero de 44 años que debe trasladar los hornos de un local a otro con electricidad para hornear pan.

Isaac Antonio Bracho, paciente renal de 73 años, se dializa desde hace seis meses y debe descansar tanto como pueda antes de sus sesiones, pero los apagones nocturnos lo obligan a pasar horas en vela en el patio porque su casa se convierte en un sauna.

Sin electricidad no puede encender el acondicionador de aire. Cuando le toca ir a diálisis suele quedarse dormido en la máquina. "Estamos mal, estamos mal, mal", dice este militar retirado de Maracaibo, ventilándose con un plato de cartón mientras el sudor le recorre el torso.

La presidenta interina, que gobierna bajo presión de Washington, dijo que está previsto incorporar al sistema 7.400 megavatios en los próximos años mediante acuerdos con multinacionales. Anticipó también la recuperación de otros 1.300 antes de que termine 2026.

Durante una visita a Caracas en septiembre, el secretario de energía estadounidense Chris Wright dijo a la AFP que hay un plan a cinco años para recuperar el sistema eléctrico.

"La electricidad se ha convertido en el principal cuello de botella para la recuperación económica de Venezuela", advierte Alejandro Grisanti, de la firma Ecoanalítica.

"Paradójicamente, el propio crecimiento puede agravar el déficit eléctrico y terminar frenando la recuperación", señala Grisanti, que considera que la demanda aumentará más rápido que la capacidad de generación.

AFP

La líder opositora venezolana en el exilio, María Corina Machado, pidió celebrar elecciones presidenciales el próximo año, al tiempo que reconoció que existen «diferencias» con Estados Unidos sobre los plazos para una transición democrática en un país que cuenta con algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, publicó Financial Times.

Existe «más que suficiente tiempo» para preparar unas elecciones antes de julio, declaró Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz del año pasado, en una entrevista con Financial Times.

 También pidió «transparencia» en la gestión de los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano, cuya administración está bajo la supervisión de Washington.

«El Gobierno de Estados Unidos y el pueblo venezolano coinciden en que la única manera de hacer que esto sea sostenible y constituya una verdadera victoria es convertir a Venezuela en una democracia estable», afirmó Machado.

Machado, quien actualmente se encuentra en Panamá, no ha regresado a Venezuela desde que salió del país en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. A comienzos de enero, fuerzas especiales estadounidenses arrestaron al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, de carácter autoritario, durante una dramática operación nocturna.

La Administración de Donald Trump ha manifestado que desea una transición política, pero no ha establecido un calendario para la celebración de elecciones. Machado sigue siendo la política más popular de Venezuela, aunque Washington respaldó a Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro y actualmente ejerce como presidenta encargada.

«Las cosas podrían avanzar más rápido y de manera sostenida, sin ningún riesgo de inestabilidad en el país», afirmó Machado. «Creo que donde existe una evaluación diferente es en el ritmo, en los plazos. Yo digo que creo que podemos avanzar y que estamos preparados».

Maduro y su esposa, Cilia Flores —quien también fue arrestada—, permanecen encarcelados en Nueva York a la espera de un juicio por cargos de narcotráfico, que ambos han negado. Esta semana, las autoridades estadounidenses añadieron cargos relacionados con una presunta conspiración para cometer torturas. Se espera que el juicio comience el próximo año.

Algunos sectores de la oposición venezolana se han mostrado cada vez más frustrados con el enfoque de Estados Unidos, incluido un acuerdo reciente para entregar el control de una parte de las vastas reservas petroleras del país a una empresa privada respaldada por el Pentágono.

Washington administra los ingresos procedentes de las ventas de petróleo venezolano desde enero, pero la Administración Trump no ha revelado cuánto dinero ha recaudado ni cuánto ha desembolsado.

Al preguntársele si le gustaría ver una mayor transparencia, Machado respondió: «Por supuesto, y creo que eso es algo que el pueblo venezolano también está exigiendo».

Añadió que sería posible impulsar inversiones a gran escala con un Gobierno «legítimo».

Sin embargo, Machado corre el riesgo de quedar marginada si rompe abiertamente con la Administración Trump. Según informó su equipo, en los últimos meses ha realizado al menos siete intentos fallidos de regresar a Venezuela, después de que viajes en barcos y aviones fueran cancelados a última hora por motivos que no han sido explicados.

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«Es evidente que el régimen no quiere que regrese», afirmó Machado.

No obstante, rechazó las sugerencias de que Washington estuviera bloqueando su retorno. «El secretario de Estado [Marco Rubio] ha dicho, tanto pública como privadamente, que tengo el derecho absoluto de regresar a Venezuela», señaló.

«Creo que Estados Unidos entiende que mi presencia en Venezuela sería una señal contundente de que el plan de transición está funcionando», añadió.

Machado afirmó que respaldaría una propuesta para celebrar elecciones el 24 de julio, fecha del nacimiento de Simón Bolívar, prócer de la independencia venezolana.

«Bolívar es el libertador de Venezuela y una figura que une a nuestra nación y a muchos otros países de la región, así que creo que es una fecha hermosa», expresó Machado.

Una encuesta realizada este mes por la firma local Meganálisis proyectó que Machado obtendría el 61,2 % de los votos, frente al 3,1 % de Delcy Rodríguez.

«La presencia de Estados Unidos es lo que mantiene a Rodríguez en su puesto y hace que avance en una determinada dirección», afirmó Machado.

Los simpatizantes de Machado han organizado marchas durante las últimas semanas para exigir su regreso a Venezuela.

«Los venezolanos queremos que regrese y defienda nuestros derechos», declaró Rina Palma en Caracas, donde miles de personas corearon consignas a favor de celebrar «elecciones ya».

«María Corina se enfrenta a un verdadero dilema: regresar sin contar con el respaldo de Trump y resolver las cosas sobre la marcha, o enfrentarse al país que está tomando las decisiones en Venezuela», afirmó Edward Rodríguez, analista político venezolano.

A comienzos de esta semana, Trump describió a Machado como «una mujer muy destacada». También hizo referencia a que ella le regaló su medalla del Premio Nobel durante el encuentro que ambos mantuvieron en enero. Es conocido el interés del mandatario estadounidense por obtener ese reconocimiento.

Machado afirmó que el premio tuvo un «efecto único de unidad» en el país, al llegar «quizás en una de las horas más oscuras» de la represión que atraviesa Venezuela.

«Fue como una inyección de fuerza, porque sentimos que no estábamos solos», expresó.

Con información de Financial Times

El partido Vente Venezuela exigió este jueves el levantamiento «de inmediato» de la inhabilitación política de su líder,  María Corina Machado, luego de la denuncia pública de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara César Siero, quien reveló haber sido coaccionada para firmar las sentencias que inhabilitaron a Machado y a otros dirigentes opositores.

Según Vente, el testimonio de César Siero, difundido el 6 de octubre, «confirma las razones de nuestro reclamo» y revela «hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo»: detener y castigar a familiares para someter la voluntad de una persona, en este caso una magistrada.

El partido sostuvo que la inhabilitación de Machado, «ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta», se ratificó mediante una decisión que, según la exmagistrada, solo se obtuvo porque se usó a sus familiares como rehenes, lo que, afirmó, confirma «graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación».

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Vente recordó que, en 2015, la Contraloría General de la República impuso a Machado una inhabilitación de un año, por una supuesta omisión administrativa relacionada con unos tickets de alimentación, que le impidió competir en las parlamentarias de ese año. En 2023, tras ganar las primarias opositoras, la Contraloría anunció una nueva inhabilitación por 15 años, «sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso» y que nunca fue notificada formalmente. La sanción fue ratificada en enero de 2024 por la Sala Político-Administrativa del TSJ, de la que formaba parte César Siero, precisamente cuando debía decidir si Machado podía competir por la Presidencia.

El partido calificó las inhabilitaciones como «una forma de fraude electoral anticipado»: «no era necesario falsificar el resultado de una elección si antes podían eliminar de la papeleta el nombre de la candidata que podía ganarla».

Vente señaló que todo ello ocurrió después del Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023 entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Democrática de Venezuela, cuyo objetivo era «fijar reglas claras para las elecciones presidenciales de 2024» a cambio de alivio de sanciones de EE. UU. Para el partido, constituye «un grave precedente de incumplimiento de pactos» por parte del chavismo, hoy con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y «una clara advertencia a garantes y mediadores».

Vente reiteró que Machado «debe regresar a Venezuela con plenas garantías de libertad y seguridad», y que el país necesita desmontar las estructuras que han permitido usar tribunales, organismos de inteligencia e instituciones del Estado bajo «una lógica mafiosa y gangsteril». La reconstrucción republicana, afirmó, exige «un cambio de gobierno, independencia de los poderes públicos, justicia para las víctimas y garantías de no repetición», y debe comenzar con la convocatoria a una elección presidencial.

César Siero, quien integró la Sala Político Administrativa del TSJ, publicó un video en YouTube en el que relató que sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos el 15 de diciembre de 2023 por funcionarios de la DGCIM, en el caso conocido como «Operación Brazalete Blanco», y desaparecidos. Ese mismo día vencía el lapso para interponer las demandas de revisión de inhabilitaciones previstas en el Acuerdo de Barbados, y Machado fue la última en presentar la suya.

Según su relato, el 22 de diciembre de 2023, una semana después de las detenciones, la abogada asistente del presidente de la Sala, que es además su hija, le llevó las decisiones para que las firmara. «Teniendo a mis hermanos y a mi cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, las de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas», afirmó. El 26 de enero de 2024, la presidenta del TSJ le pidió firmarlas por segunda vez, y en esa ocasión se publicaron extractos: Machado y Henrique Capriles quedaron inhabilitados, y otros dirigentes, habilitados.

La exmagistrada aseguró que fue presionada para renunciar el 22 de enero de 2024, y que volvió a renunciar el 5 de febrero, tras ser interrogada por el fiscal general. Sostuvo además que los hechos atribuidos a sus familiares «no ocurrieron» y calificó el caso como «una narrativa construida» para criminalizarlos y presionarla. El 1 de octubre de 2026, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo condenó a su hermano Guillermo Enrique a 12 años de prisión por conspiración, y a Guillermo Henry y a Diana Victoria a tres años por encubrimiento.

El dirigente opositor, Edmundo González, criticó la petición del gobierno de Delcy Rodríguez para que los venezolanos ahorren energía.

A través de sus redes sociales, González informó que se reunió  el equipo de "@LaRepublica_tvy la @ddhhenaccion , para conocer DatAvenger, una iniciativa para recoger y documentar reportes ciudadanos sobre las fallas eléctricas en todo el país".

Dijo que el balance “de septiembre registró interrupciones de una duración promedio de siete horas y cuarenta minutos”.

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Denunció que “detrás de ese dato hay familias que pierden alimentos comprados con esfuerzo, trabajadores que dejan de percibir ingresos y personas cuya salud depende de equipos eléctricos o medicamentos refrigerados. Me preocupa profundamente lo que significa vivir cada día con esa incertidumbre”.

González reconoció “la importancia de este trabajo. Documentar las fallas permite hacer visible lo que padecen las comunidades, dimensionar el problema y exigir respuestas. Cada registro amplía la evidencia y da voz a quienes las sufren”.

Fijó posición acerca del “llamado del régimen a ahorrar energía, los ciudadanos han planteado una pregunta legítima” y al respecto la respuesta es “¿Cómo vamos a ahorrar algo que no tenemos?”.

Finalmente, el dirigente dijo: “Pedir más sacrificios a quienes pasan horas sin electricidad y trasladarles la responsabilidad por las fallas agrava el abuso que ya padecen”.

Los testimonios contenidos en la nueva acusación presentada este jueves contra  Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores describen patrones de tortura, desaparición forzada y represión a la disidencia similares a los recogidos en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.

De acuerdo con una comparación de CNN entre el documento de la fiscalía de EE. UU. y los informes de la ONU, la acusación amplía las conclusiones que contienen estos expedientes.

En uno de los señalamientos más resaltantes del escrito de 35 páginas, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber tenido una participación personal y directa en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y tortura.

 La misión de la ONU había dicho en su informe de 2020 que tenía “motivos razonables” para creer que el entonces presidente venezolano y otros altos funcionarios “no solo tenían conocimiento de los crímenes, sino que contribuyeron con ellos mediante la coordinación de actividades y el suministro de recursos para la ejecución de los planes y políticas bajo los cuales se cometieron”.

La Misión comenzó a trabajar en 2019, pero su trabajo abarca la documentación de casos desde el primer semestre de 2014, cuando ocurrieron las primeras grandes manifestaciones contra Maduro, que un año antes había sustituido al fallecido Hugo Chávez en la presidencia del país sudamericano. Los primeros hallazgos detallados del equipo de la ONU fueron publicados en 2020.

Barry Pollack, abogado de Maduro, dijo que su cliente niega el nuevo cargo -conspiración para cometer tortura- y dijo que espera con interés su próxima comparencia. Maduro también se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El gobierno de Venezuela siempre ha rechazado las conclusiones de los informes de la ONU, pero los señalamientos recogidos por el equipo de la Fiscalía se suman a las historias de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes han descrito, tanto en informes como en entrevistas con la prensa, una aceitada maquinaria represiva a gran escala en contra de la disidencia que, en última instancia, procuraba mantener a la pareja presidencial en el poder.

Según la acusación de la Fiscalía, la pareja gobernó sobre un sistema que se asentó en la violencia contra la oposición política, las detenciones arbitrarias y la tortura de detenidos, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos.

La acusación describe que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela sufrieron descargas eléctricas, asfixia, golpizas, secuestro, aislamiento prolongado en celdas de castigo y tortura psicológica, así como amenazas de hacerles daño o matar a sus familiares, incluidos niños.

Según la investigación de la ONU, estos métodos de tortura también han sido utilizados para obtener confesiones forzadas que incriminen a otras personas.

Los testimonios de tres presuntas víctimas no identificadas en el escrito ofrecen una mirada perturbadora al interior del aparato represivo del gobierno venezolano.

Uno de ellos aparece identificado como “víctima 7”, quien denuncia haber sido detenido en enero de 2022 cuando ingresaba a Venezuela. Pasó ocho meses y medio en prisión y, según la acusación, le negaron la alimentación y le inyectaron una sustancia que le causó convulsiones.

Un segundo estadounidense, a quien llamaron “víctima 8”, dijo que, tras ser detenido en agosto de 2023, cuando viajaba a Venezuela para visitar a familiares, funcionarios de la inteligencia militar del país sudamericano lo atacaron hasta provocarle una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia hasta la sede de esa organización con un arma en la boca y le aplicaron descargas eléctricas, según dice la acusación.

Uno de sus captores le habría dicho, según los fiscales, que continuaba con vida porque, al descubrir que era ciudadano estadounidense, un alto funcionario consideró que podía servir para un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

Entre 2022 y 2025 Venezuela y Estados Unidos llevaron a cabo negociaciones que culminaron en la liberación de varios prisioneros. En octubre de 2022 Caracas liberó a seis ciudadanos estadounidenses ejecutivos de Citgo a cambio de que el gobierno de Joe Biden otorgara el perdón presidencial a dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico, una situación que se repitió en diciembre de 2023 cuando Alex Saab también obtuvo la clemencia del Ejecutivo de Washington, mientras el régimen chavista dejaba en libertad a diez estadounidenses detenidos. En enero de 2025 el enviado especial de EE.UU., Richard Grenell negoció la libertad de otras seis personas a cambio de la reanudación de vuelos de deportación hacia Venezuela desde el país norteamericano.

Un tercer estadounidense, mencionado como “víctima 9”, narra que fue detenido alrededor del 29 de enero de 2025, cuando agentes llegaron a su vivienda buscando a otra persona, y permaneció detenido durante un año. Luego de ser detenido, lo llevaron encapuchado al sótano de lo que describió como un cuerpo policial y golpeado durante 48 horas. Por ello, de acuerdo con la Fiscalía, sufrió una lesión permanente en un ojo.

Los cargos contra Maduro y Flores, que deberán ser probados en un juicio que comenzaría en junio de 2027, detallan también el supuesto papel de los funcionarios venezolanos no identificados que habrían participado en las torturas. El gobierno de Venezuela aún no había reaccionado a estas nuevas acusaciones, como sí lo hizo tras su comparecencia del pasado 5 de enero, cuando se declaró inocente de cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se refirió inmediatamente a eso, mientras anunciaba el inicio de la Navidad para el 1 de noviembre.

Con información de CNN

La líder en el exilio de la oposición, María Corina Machado, ha decidido intervenir en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Lo ha hecho con un respaldo público a la congresista republicana María Elvira Salazar, que busca un cuarto mandato en la Cámara de Representantes por el Distrito 27 de Florida.

 El pronunciamiento, difundido a través de un video, llega en un momento particularmente delicado para la legisladora cubanoamericana, enfrentada a Donald Trump por sus críticas a la ofensiva migratoria de la Casa Blanca y con una contienda electoral cada vez más igualada en Miami.

“Hoy quiero reconocer y manifestar nuestro respaldo a María Elvira Salazar”, afirmó Machado en la grabación, en la que describió a la congresista como “una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”. La dirigente destacó el compromiso de Salazar con la oposición al chavismo y agradeció su respaldo durante los últimos años. 

“Cuando otros han dudado, tú te has mantenido firme en tu posición. Cuando otros han guardado silencio, tú has alzado la voz”, señaló. La legisladora agradeció el gesto, que su campaña incorporó entre los apoyos a su reelección del próximo 3 de noviembre.

 La relación entre ambas dirigentes viene de lejos. Salazar ha defendido durante años la causa democrática venezolana, y recientemente ha interpelado a altos funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio sobre el rumbo de la transición tras la captura de Maduro. La congresista también estuvo presente en la entrega del premio Nobel de la Paz a Machado el pasado mes de diciembre en Oslo.

El pronunciamiento llega apenas dos semanas después de que Salazar protagonizara un enfrentamiento con el presidente. El 17 de septiembre, la congresista publicó un video en el que advirtió que los operativos migratorios de su Administración habían ido “demasiado lejos” y que numerosos hispanos que contribuyeron a su victoria electoral de 2024 se sentían traicionados. Trump respondió cuestionando sus posiciones y posteriormente compartió en Truth Social publicaciones que la calificaban de traidora e incluso reclamaban sustituirla por otro candidato republicano.

Machado, por su parte, ha expresado que ha sido impedida de regresar a Venezuela hasta siete veces, y publicó recientemente una columna en el New York Post (uno de los diarios favoritos del magnate), titulada Por qué debo regresar a Venezuela y por qué el pueblo debe votar, en otro intento por recibir el apoyo de Washington para una vuelta que sigue sin fecha confirmada.

Una encuesta de TulchinResearch realizada en septiembre entre 600 posibles votantes situó a Salazar con el 47% de intención de voto y al demócrata Eliott Rodríguez con el 46%, una diferencia de apenas un punto porcentual, cuando la republicana se impuso en el Distrito 27 por más de 20 puntos. La jurisdicción en disputa tiene una población mayoritariamente hispana, cercana al 75%, y comprende comunidades cubanas, venezolanas y de otros países latinoamericanos, que en las últimas semanas se han visto atemorizadas por los operativos migratorios en el sur de Florida. El ICE detuvo a 50.925 personas en agosto, la cifra mensual más alta registrada por la agencia.

Salazar se ha movido casi siempre entre grises en materia migratoria. Hace dos años fue una firme defensora de destinar miles de millones de dólares al ICE y a la Patrulla Fronteriza, pero ahora busca marcar distancias con los aspectos más agresivos de esa misma ofensiva, en momentos en que parte de su electorado le reprocha no haber alzado la voz a tiempo ante la arremetida de las autoridades migratorias.

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El respaldo de Machado ha provocado interpretaciones contrapuestas en el escenario político estadounidense. En un debate de Telemundo 51, el analista demócrata Marco Frieri lo vinculó con la necesidad de la dirigente venezolana de mantener interlocutores entre quienes ejercen el poder en Washington, aunque cuestionó los resultados de la política republicana hacia Venezuela. El analista republicano Andrés Malavé, por el contrario, celebró el pronunciamiento como un reconocimiento a los aliados de Machado dentro del partido de Trump.

Las críticas también han llegado desde el ámbito académico. Orlando J. Pérez, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte de Texas en Dallas y especialista en política latinoamericana, calificó la decisión de “políticamente desacertada y estratégicamente contraproducente”. El politólogo cuestionó que Machado se arriesgara a enemistarse con los demócratas por un respaldo que, a su juicio, difícilmente influirá en el resultado electoral. También recordó que Eliott Rodríguez ha defendido la causa democrática venezolana y podría convertirse en un aliado de la oposición en el Congreso.

En la misma línea se pronunció Debbie Mucarsel-Powell, excongresista demócrata por Florida de origen ecuatoriano y excandidata al Senado estadounidense, quien advirtió de que la intromisión electoral de Machado “corre el riesgo de socavar la coalición bipartidista que ha apoyado al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia”. Mucarsel-Powell defendió que el respaldo de Washington a la causa venezolana debe mantenerse al margen de las disputas partidistas. “Espero que, en Venezuela, los líderes se guíen por el mismo principio”, concluyó.

Con información de El País

¿Adiós al dólar y bienvenida la reingeniería total del Estado? Delcy Rodríguez sacudió a Fedecámaras con anuncios que prometen reestructurar el gobierno, abrir sectores clave a los privados, pero manteniendo firme el bolívar.  

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LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE AMPLÍA EL EXPEDIENTE CONTRA NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES. EL EXGOBERNANTE VENEZOLANO FUE IMPUTADO POR DELITOS DE TORTURA GRAVE CONTRA CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES DETENIDOS EN VENEZUELA, UNA ACUSACIÓN QUE ABRE UN NUEVO FRENTE PENAL MÁS ALLÁ DEL NARCOTRÁFICO.

La presidenta Delcy Rodríguez asistió este jueves a la instalación de la 82 Asamblea Anual de Fedecámaras, que se desarrolla en Caracas hasta este 9 de octubre, donde hizo una serie de anuncios, entre ellos que las remuneraciones de los trabajadores serán por encima del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero, la mandataria también descartó la dolarización de Venezuela, porque "no es el camino hacia el crecimiento". "Es consolidar y fortalecer la moneda nacional (...) La soberanía monetaria es esencial para el crecimiento económico", expresó.

Aseguró que, gracias a la alianza entre el sector público y privado,  la economía de Venezuela  ha crecido de manera continua.  

"El camino que hemos recorrido juntos ha llevado a Venezuela a 22 trimestres consecutivos de crecimiento", dijo la mandataria. 

Señaló que, según proyecciones de la CEPAL, el país liderará el crecimiento en América Latina por tercer año consecutivo, gracias al esfuerzo conjunto de los sectores público, privado y los trabajadores.

 Entre otras cosas, la mandataria anunció que  la recaudación tributaria no petrolera aumentó 22,6% y aprovechó para adelantar que "los ajustes de las remuneraciones deberán superar el crecimiento del PIB a partir de 2027". 

Asimismo, afirmó que, tras los terremotos, hay un crecimiento del 6,5% , y una disminución de la brecha cambiaria de un 11%. T

ambién  agradeció al sector privado por la respuesta inmediata luego de los sismos y reconoció el trabajo en conjunto que viene ejecutando el sector público y privado, para lograr acuerdos y consensos desde 2021, en aras de mejorar la economía nacional. 

Por otra parte, anunció que "viene una reforma tributaria en el país", tras escuchar a todos los sectores de Venezuela para armonizar la carga fiscal. 

Aseguró que a partir de 2027 el país va a experimentar un crecimiento a nivel de empleos y remuneraciones. 

Se refirió a los acuerdos petroleros con Estados Unidos y dijo que "se han firmado 61", pero que se alistan otros  44 acuerdos más.

 Igualmente, informó que en los próximos meses se hará una "reingeniería" del gobierno nacional para el rediseño institucional. Además de que se trabaja en la clasificación de activos, con el objetivo de separar bienes estratégicos de los no estratégicos, para el saneamiento jurídico que facilite la inversión.

Un gran jurado federal de Nueva York imputó  Nicolás Maduro y Cilia Flores por cinco delitos que abarcan desde el narcotráfico y el narcoterrorismo hasta la tortura y el uso de armas. La acusación sostiene que actuaron con la ayuda de al menos otros tres altos jerarcas chavistas, identificados únicamente con los nombres clave de CC-1, CC-2 y CC-3, cuyas identidades permanecen bajo secreto de sumario.

Durante más de 25 años, Maduro y Cilia utilizaron el poder del Estado venezolano para enriquecerse, facilitar el tráfico de cocaína, proteger a sus aliados y aplastar a quienes podían poner en peligro su permanencia en el poder, según ese tribunal. 

Para ello, según una nueva acusación presentada este jueves y que ya avanzó ABC el miércoles, se sirvieron de militares, policías, agentes de inteligencia, jueces y otros altos jerarcas del régimen. Cuando la corrupción y el dinero no les bastaban, llegaban la detención, el secuestro y la tortura.

Es el retrato que ofrece la nueva acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Son 30 páginas que amplían considerablemente el caso contra Maduro y su esposa tras la detención del 3 de enero y que incorporan ahora un cargo específico de conspiración para cometer torturas. 

El escrito sostiene que ambos presidieron un sistema de represión que recurrió a descargas eléctricas, simulaciones de ahogamiento, palizas, privación de sueño, aislamiento y amenazas de matar o violar a familiares de los detenidos. Entre las víctimas hubo también ciudadanos estadounidenses.

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La acusación está firmada por el fiscal federal James M. McDonald y mantiene a Maduro y Flores como los dos acusados identificados. Pero no los presenta actuando solos. Una de las novedades más relevantes está precisamente en aquellos a quienes el gran jurado no identifica: los otros altos cargos del régimen aparecen una y otra vez en el relato como integrantes del círculo de Maduro y Flores o bajo las denominaciones CC-1, CC-2 y CC-3. Sus nombres no constan pero sí que constan sus actos.

Lo que hace la Fiscalía es dejar suficientes datos sobre sus funciones, fechas, reuniones y actividades para dibujar el perfil de tres figuras importantes del aparato chavista. La acusación habla además de otros participantes «conocidos y desconocidos», por lo que esos tres personajes no agotan la estructura investigada.

El primero, CC-1, aparece como una figura con poder sobre militares, vínculos directos con el narcotráfico y acceso al círculo de Maduro. La Fiscalía remonta su actividad al menos a 2006. Ese año, según la acusación, Maduro y Flores ordenaron a integrantes de sus equipos de seguridad supervisar y facilitar el transporte de cargamentos de cocaína de entre 1.000 y 2.000 kilos utilizando la Guardia Nacional Bolivariana. Una década después, CC-1 habría ordenado a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, coordinar el movimiento de cargamentos de droga. Esa cocaína procedía de las FARC.

Desde la Casa Blanca: el análisis de nuestro corresponsal sobre las decisiones que cambian el mundo.

CC-1 no se habría limitado a proporcionar protección. Según los fiscales, utilizó a militares bajo su control para interrogar a narcotraficantes rivales y favorecer así sus propios negocios. El escrito atribuye a Maduro y Flores órdenes a sus escoltas para secuestrar, golpear e incluso asesinar a personas que debían dinero por operaciones de droga.

La conexión con las guerrillas colombianas ocupa una parte importante del relato armado por los fiscales. La Fiscalía sostiene que, después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores asistieron a una reunión con dirigentes de las FARC en la que participaron Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Maduro debía dinero a las FARC relacionado con su asociación en el tráfico de drogas, según la acusación, y habría aceptado vender explosivos y otras armas al grupo.

En 2017, CC-1 habría dado un paso más: ordenó a miembros de la DGCIM transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína procedentes de las FARC y el ELN. Los militares llevaban la droga en vehículos de carga hasta una base venezolana y desde allí a un puerto para su envío al extranjero. Una parte significativa de esa cocaína, sostiene la Fiscalía, acababa entrando en Estados Unidos.

Según el gran jurado, el alto responsable CC-2 participaba en reuniones con Maduro, Cilia y otros jerarcas y tenía responsabilidad directa sobre detenciones e interrogatorios. La acusación describe una reunión celebrada a comienzos de 2014, cuando las protestas contra el Gobierno se extendían por Venezuela. Maduro habría planteado secuestrar a entre cinco y siete militares sospechosos de deslealtad para averiguar, mediante tortura, si existía disensión dentro de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía asegura que Maduro recibía posteriormente informes sobre los detenidos. CC-2 le comunicaba si alguno había cambiado de actitud. En una ocasión, ante un militar que seguía resistiéndose, Maduro hizo con las manos el gesto de «apretar» y ordenó que aumentara la intensidad de los abusos.

La acusación describe también el caso de un militar, identificado únicamente como Víctima-2, detenido por orden de Maduro en noviembre de 2013. Fue trasladado a un campamento en Colombia, en una zona controlada por las FARC, y sometido durante aproximadamente dos semanas a interrogatorios de miembros de la guerrilla y de la DGCIM.

Los fiscales describen lo ocurrido con detalle. Recibió unas veinte descargas eléctricas. Fue golpeado en las piernas, la espalda y la cabeza. Lo obligaron a permanecer tumbado sobre un colchón compuesto únicamente por muelles metálicos. Lo colgaron de las manos y los pies durante varios minutos y le provocaron pérdida de conocimiento. Después le vertieron agua en la nariz y la boca para simular que se ahogaba. La maniobra se habría repetido unas 30 veces. Sus interrogadores amenazaron además con secuestrar y violar a su hija si no confesaba.

CC-2 aparece después en otros episodios. En 2017, según la Fiscalía, informó a personal de la DGCIM de que Maduro había ordenado tratar con especial crueldad a militares detenidos porque temía un levantamiento.

El tercer personaje, CC-3, aparece vinculado directamente al DGCIM y también conecta los dos grandes pilares del caso: droga y tortura.

Entre 2022 y junio de 2024, aproximadamente cada tres semanas, CC-3 habría ordenado a integrantes de la DGCIM participar en cargamentos de cocaína obtenidos después de que un empresario local fuera obligado a venderlos con un fuerte descuento. CC-1 mantenía contactos periódicos con el ELN para garantizar que la cocaína pudiera atravesar territorio venezolano fronterizo con Colombia. Desde allí, los cargamentos salían en vuelos clandestinos autorizados por militares venezolanos para evitar su detección en América del Sur y Central. Esos contactos con narcotraficantes colombianos continuaron, según el escrito, al menos hasta 2025.

CC-3 aparece también personalmente en salas de interrogatorio. Uno de los relatos más duros corresponde a un ciudadano estadounidense identificado como Víctima-7. Fue detenido por el DGCIM cuando entraba en Venezuela en enero de 2022. Durante dos o tres días fue golpeado, asfixiado y sometido a descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales. En una ocasión, sostiene la acusación, CC-3 supervisó personalmente cómo lo electrocutaban, se rio de él y se burló mientras recibía las descargas. Después ordenó a otros agentes que continuaran. El estadounidense permaneció ocho meses y medio preso en Boleíta Norte antes de ser liberado en octubre de 2022.

Otro estadounidense, la Víctima-8, fue detenido en agosto de 2023 cuando viajaba a Venezuela para visitar a su familia. Los agentes de la DGCIM lo atacaron y le causaron una lesión de espalda que requirió hospitalización. Después lo llevaron a Boleíta Norte. Durante el traslado, según el gran jurado, le aplicaron descargas eléctricas en los testículos y un dispositivo de presión en los tobillos hasta hacerle perder el conocimiento varias veces.

En prisión continuaron las palizas y los abusos por orden de CC-3. Uno de sus torturadores le explicó que seguía vivo únicamente porque CC-3 había descubierto que era estadounidense y podía resultar útil para un intercambio de prisioneros.

Hay un tercer estadounidense en el relato. Fue detenido en enero de 2025 después de que agentes acudieran a su domicilio. En la sede del DGCIM lo esposaron con las manos a la espalda, le cubrieron la cabeza y durante dos días le golpearon repetidamente la cara, la cabeza y el estómago, aproximadamente cada media hora. Los golpes le dejaron una lesión permanente en un ojo. Tras casi un año detenido, fue trasladado al aeropuerto y liberado el 15 de enero de 2026. Los agentes advirtieron a él y a otros estadounidenses de que no podían contar que el Gobierno venezolano los había maltratado.

El escrito recoge otros episodios que recogen dos décadas. Refiere deaopositores sometidos a aislamiento, luces intensas y ruido constante; de detenidos golpeados con machetes; de descargas eléctricas en genitales; de amenazas contra niños; y de presos a los que se habría obligado a beber agua mezclada con orina.

La Fiscalía atribuye a Maduro un grado de conocimiento directo de esos abusos. En una reunión de 2022 con miembros del poder judicial, incluidos Flores y CC-1, habría indicado qué jueces debían recibir instrucciones y cuáles debían obedecerlas. Según la acusación, algunos jueces recibían además un «bonus» mensual de 1.000 dólares. Cuando una funcionaria judicial intentó resistirse a una orden para impedir que determinados opositores concurrieran a unas elecciones, familiares suyos fueron detenidos y torturados por la DGCIM.

El gran jurado sostiene que la violencia no era un elemento separado del narcotráfico, sino parte del mismo sistema chavista. El dinero de la droga y de otras actividades corruptas servía para recompensar a los leales; las instituciones del Estado protegían las operaciones; y la violencia servía para castigar a rivales, silenciar a opositores y mantener la estructura.

Son cinco críos totales de conspiración de narcoterrorismo; conspiración para cometer tortura; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseerlos. La Fiscalía sitúa la conspiración desde al menos 1999 hasta 2025 y pide además el decomiso de bienes y ganancias derivados de los delitos.

Con información de ABC

  El dirigente opositor y excandidato presidencial Enrique Márquez afirmó este jueves que la unidad opositora debe ser alrededor de la ruta de los tres pasos para la transición que impulsa Estados Unidos en Venezuela, tras lo ocurrido el 3 de enero y en el marco del cambio que experimenta el país.

En entrevista con la periodista Shirley Varnagy, enfatizó que el país ya cambió después de lo ocurrido esa madrugada de inicios de año y agradeció el rol que ha cumplido Estados Unidos en el proceso. "Puedo decir que estoy absolutamente seguro de que el autoritarismo no está en el futuro; tenemos un camino franco hacia la reinstitucionalización y la reconstrucción del país. Veo lo que ha pasado: si no hubiera ocurrido lo del 3, estuviera preso y el país estuviera detenido. Hoy veo un país que está echando hacia adelante".

En sus palabras, la oposición debe asumir esta realidad, porque Venezuela hoy está atravesando una ruta de transición que "no puede ser lo que a alguien se le ocurra, sino una ruta acordada: la de estabilización, recuperación económica y transición. Es una ruta que ha sido diseñada por EE. UU., acordada por el gobierno interino y la AN 2015".

"Puede que no nos guste, pero es la realidad. Percibo que es la ruta correcta porque nos permitirá concebir instituciones fuertes antes de ir a una elección. Estoy de acuerdo en que la presidencial debe ser lo antes posible y no censuro a quienes lo piden ya, pero pongamos los pies sobre la tierra. Veo este proceso avanzando: bien pronto tendremos un TSJ nuevo, un CNE nuevo, mucho mejor, y tendrán que trabajar mucho por producir condiciones judiciales y electorales que nos lleven a una elección cuanto antes", estimó.

El también ex preso político, cuestionó que mientras el gobierno interino lleva el proceso "con el freno de mano puesto" porque dirige la transición, pero "va como un carro tratando de avanzar con el freno de mano; y lo vimos con la Ley del Odio, que debió ser derogada desde febrero porque no tiene sentido, todavía hay presos políticos. El gobierno interino no se ha dado cuenta de que esto cambió y tiene que acelerar".

Al tiempo que fustigó la actitud de algunos opositores que "pretenden que el cambio obedezca a su estrategia, y no es así: aquí hay un proceso definido y tratar de boicotearlo es irracional".

En este orden, pidió asumir e insertarse en el camino del diálogo que lleva a cabo la AN electa en 2015 y el actual Parlamento que preside Jorge Rodríguez. "Allí se están generando resultados. No tengo dudas de que tendremos un CNE y un TSJ nuevo, de que vamos a tener elecciones, de que el país va a ir mejor; pero si acudimos al desespero para intentar imponer una estrategia, estamos en un problema. Abogo porque la unidad se base en esta realidad, porque basarla en una opinión personalista creo que no contribuye a nada".

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Enrique Márquez fue presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso del Estado de la Unión el 24 de febrero de 2026, tras haber sido excarcelado a principios de enero.

Sobre este particular, comentó que fue invitado formalmente por la Casa Blanca.

"Fui elegido por EE. UU. para representar lo que significaba la libertad de los presos políticos. Trump me seleccionó porque represento la Venezuela oprimida que él ayuda a liberar".

Resaltó que el trato fue excelente, digno, "dando la importancia a Venezuela para el accionar político de EE. UU. Tuve la oportunidad de saludar a Trump, a Rubio, y fue una oportunidad de saber lo que querían para el país. Sostengo que tienen la intención clara de ganar-ganar: EE. UU. gana por obtener energía y Venezuela gana por tener una ruta hacia la prosperidad".

Expresó que sintió un gran honor al ser invitado a ese acto tan importante y valoró la ayuda de Estados Unidos en el proceso que vive Venezuela. "Yo sí creo que nos ayuda y creo que EE. UU. tendrá un papel fundamental en el futuro del país. Hoy tendríamos que pensar: si Estados Unidos se retirara mañana del país y nos deja solos desde el punto de vista político, ¿tendríamos nosotros la madurez política para ponernos de acuerdo sin que haya una ruta que nos obligue a seguirla? No lo veo tan claro, porque tenemos todavía mucho personalismo y egoísmo que nos impide ponernos de acuerdo".

Nota de prensa

Las exportaciones venezolanas de petróleo a Estados Unidos fueron de 624.000 bpd la semana terminada el 2 de octubre, con lo que acumularon 24 semanas consecutivas como el segundo mayor proveedor de crudo de ese país, de acuerdo con los datos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), publicó el portal Banca y Negocios,

Venezuela desplazó hace seis meses a Arabia Saudita del lugar que ocupaba en el podio de los tres principales socios petroleros estadounidenses, debido a una combinación de factores: por un lado, la amplia flexibilización de las sanciones contra Caracas que comenzó en enero, y por el otro, la guerra en el Medio Oriente iniciada en febrero y que dificulta el movimiento de los buques saudíes.

Las exportaciones venezolanas a Estados Unidos reportadas al cierre del 2 de octubre, representaron un incremento de 13% en comparación con la semana previa, con lo que revirtieron dos semanas consecutivas de caídas.

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Además, sirvió para ubicar el promedio en lo que va de año a 458.000 bpd, un alza de 227% en comparación con el mismo lapso de 2025.

En términos de volumen acumulado, los cálculos basados en las cifras preliminares de la EIA indican que Venezuela envió unos 123,9 millones de barriles en los nueve primeros meses del año, lo que se traduce en un incremento de 142% del total exportado durante todo el año pasado.

Por otro lado, la tendencia a corto plazo, que se puede observar con el promedio móvil de cuatro semanas, indica que el país exporta 636.000 bpd, un alza de 1% en contraste con el dato de la semana pasada.

Con información de Banca y Negocios

El integrante de la AN del 2015, Juan Miguel Matheus, quien forma parte de las negociaciones con el chavismo, admitió la intervención de Estados Unidos en el proceso que comenzó en agosto y que inicia su tercera fase este mes.

En entrevista con El País, a Matheus,  lejos de incomodarle, la mano de Washington le parece necesaria: a su juicio, ha hecho viables compromisos fundamentales para la transformación institucional que debe llevar a la democracia. Confía en que en las próximas sesiones, que se extenderán hasta diciembre, se empiece a trabajar en un nuevo sistema electoral y en la restauración de los derechos políticos y constitucionales.

 Para él, el 3 de enero —fecha del ataque y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, perpetrados por militares estadounidenses— lo cambió todo.

Pregunta. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta negociación?

Respuesta. El 3 de enero despertó un interés de Estados Unidos por Venezuela que cambió la política interna y reconfiguró definitivamente la relación entre ambos países. El acuerdo petrolero convierte a Venezuela en objeto del máximo interés de Washington en este contexto geopolítico, como política de Estado y con un interés bipartidista. Esa es la diferencia fundamental entre este proceso de negociación y los anteriores.

P. El chavismo dice que negocia con Estados Unidos, no con la oposición.

R. El facilitador de este proceso es Estados Unidos, un actor objetivamente confiable para ambas partes. Los términos y las coordenadas de esta negociación han sido definidos por el Departamento de Estado y, en concreto, por el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero el trabajo se desarrolla entre los dos actores, que son criollos. Una muestra muy concreta de que la mesa tiene su propia dinámica: en el primer ciclo, en materia de justicia, entramos proponiendo la renovación de la Sala Electoral y salimos con acuerdos para renovar todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura.

P. Los acuerdos de la segunda ronda, a finales de septiembre, decepcionaron: se criticó que anunciaban medidas que ya estaban en marcha.

R. Toda inconformidad de la ciudadanía con este proceso está justificada: son muchos años de padecimiento autocrático y de negociaciones fracasadas. Pero esta es la primera vez que obtenemos resultados concretos en el primer ciclo de trabajo, y también en el segundo. Uno de los acuerdos es la transformación del sistema de justicia mediante tres medidas: la conformación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales para elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, el cronograma para designar a los magistrados y el nombramiento de los integrantes del Consejo de Verificación de Credenciales de los postulados. Son acuerdos bastante concretos.

P. ¿Por qué Delcy Rodríguez anunció por su cuenta medidas que se discutían en la mesa, como la reforma de la ley contra el odio o el desbloqueo de 200 portales?

R. Creo que hay una intención de no atribuir los resultados democratizadores a lo que se debate en esta mesa y de presentarlos como medidas unilaterales del Gobierno encargado. Pero el pueblo venezolano tiene la madurez cívica suficiente para saber que dos y dos son cuatro: el desbloqueo de los portales informativos o la reforma de la ley contra el odio son fruto del trabajo de esta mesa. Son exigencias que los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 venían haciendo incluso antes de que se instalara.

P. ¿Por qué no se abordaron los derechos políticos y las inhabilitaciones, como se esperaba?

R. La agenda de las mesas se fijó el pasado 1 de agosto e incluía tres grandes áreas: la atención a las víctimas del terremoto; el fortalecimiento de la democracia, con la transformación del sistema de justicia y del sistema electoral; y las garantías políticas, que abarcan los derechos humanos y los derechos políticos. En las próximas jornadas entraremos a fondo en el debate sobre los derechos políticos.

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P. ¿A qué aspira de aquí a diciembre?

R. Hemos dado pasos gigantescos en la transformación del sistema de justicia. Tener un cronograma constitucional para designar a los nuevos magistrados, que está a punto de publicarse, es un logro importante. Ahora será fundamental empezar a discutir la transformación del sistema electoral y, por supuesto, lo que está en el centro de estas negociaciones: la instalación de la mesa de garantías políticas, que es la que va a crear el clima para renovar limpiamente los poderes públicos del país.

P. Jorge Rodríguez aseguró que la fecha de las elecciones se fijará “de acuerdo a lo que estipula la Constitución”. ¿Qué opina?

R. Si nos atenemos a la Constitución, tendríamos que contar 180 días desde el 3 de enero para declarar la falta absoluta de Maduro en el cargo, más una posible prórroga de otros 180 días, para convocar elecciones presidenciales. La gente debe juzgar esta mesa por los acuerdos firmados más que por las declaraciones de los personeros de cada delegación.

P. ¿Ve posibles unas elecciones en 2027?

R. Tan pronto como sean posibles, como ha dicho el propio secretario de Estado, Marco Rubio.

P. Ganando tiempo, el chavismo podría devolver al país a la casilla de salida: elecciones en 2030, como estaba previsto.

R. No bajamos la guardia. Tenemos la cautela necesaria: sabemos cuáles son los precedentes de la parte con la que negociamos. En lo personal, no veo un escenario electoral en esa fecha. Nuestro objetivo no es solo lograr unas elecciones presidenciales, sino inaugurar un sistema democrático que perdure, fruto de la renovación de los poderes públicos que salga de estas sesiones.

P. ¿Cree de verdad que la revolución bolivariana va a capitular en una mesa de negociación?

R. La dinámica política venezolana cambió para siempre después del 3 de enero, y eso condujo a la instalación de esta mesa. Nadie puede eludir la magnitud de ese hecho. Además, la mesa tiene una dinámica propia. Ha habido cordialidad cívica en las sesiones de trabajo, con el acompañamiento de Estados Unidos y con las tensiones y discrepancias naturales en este tipo de situaciones, pero también con la altura suficiente para interpretar los intereses democratizadores del pueblo venezolano.

Con información de El País

El chavismo sale a las calles para proclamar que seguirá en el poder y vuelve a colocar a Hugo Chávez en el centro de su discurso. Diosdado Cabello encabeza una movilización que apela al pasado para defender su continuidad, mientras el recuerdo del fundador busca cohesionar a sus bases.   

 Edmundo González,   líder opositor venezolano,  recibió en Madrid el Premio Defensa de la Libertad, durante la tercera edición de los Premios Influencia Hispana, por su defensa de la democracia y las libertades.

González recibió el reconocimiento con “gratitud” y “emoción”, y dedicó el galardón a los venezolanos que, dentro y fuera del país, continúan defendiendo su derecho a vivir en libertad.

“Pienso en mi país, en los venezolanos que dentro y fuera de nuestras fronteras siguen defendiendo su derecho a vivir en libertad y en quienes han pagado un costo muy alto por hacerlo”, afirmó durante su intervención.

 El dirigente opositor sostuvo que la libertad se expresa en condiciones concretas, entre ellas poder expresar opiniones sin temor, organizarse, disentir y exigir cuentas a quienes ejercen el poder.

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Durante su discurso, el líder defendió el valor del voto como mecanismo para ejercer la libertad política y reivindicó la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.

“Las elecciones tienen la virtud esencial de convertir la voluntad individual en soberanía colectiva y hacen posible que una sociedad libre pueda cambiar de manos sin violencia”, señaló.

En ese sentido, afirmó que los venezolanos mantienen la necesidad de unas elecciones presidenciales porque, según sostuvo, la voluntad de cambio expresada por la sociedad debe encontrar un cauce democrático.

González también advirtió que votar no es suficiente para garantizar una democracia y mencionó la necesidad de contar con instituciones independientes, jueces autónomos, libertad de expresión y separación de poderes.

“La libertad debe defenderse siempre”

El líder opositor llamó además a defender la democracia independientemente de quién ejerza el poder o de su orientación política.

“Defender la democracia exige algo más que defenderla allí donde gobiernan quienes piensan con nosotros. Exige coherencia”, afirmó.

“No deberíamos encontrar justificaciones para el autoritarismo, según quien lo quiera. Ni relativizar las vulneraciones a los demócratas según nuestra cercanía política o ideológica. La libertad debe defenderse siempre”, agregó.

El reconocimiento fue entregado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien destacó el compromiso de González con la democracia.

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Los Premios Influencia Hispana se celebraron en la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal, en Madrid, como parte de las actividades de Hispanidad 2026.

Con infrmación de agencias

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César Siero, rompió el silencio y denunció que sus familiares fueron detenidos y utilizados como mecanismo de presión para obligarla a firmar decisiones que mantuvieron las inhabilitaciones de María Corina Machado y otros dirigentes opositores. su testimonio señala a funcionarios del TSJ, al entonces fiscal general Tarek William Saab y a otros actores del aparato judicial y militar.