Por Jorge Pérez

Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 han dejado un panorama matemático fascinante y una lección de humildad para quienes nos dedicamos al análisis político.

 Tras el cierre de las urnas este domingo, la frialdad de los datos nos obliga a guardar las cartas de las predicciones y limitarnos, estrictamente, a los hechos.

Debo comenzar este espacio con una admisión honesta ante mis lectores.

 Tras la primera vuelta, sostuve en estas mismas líneas que la candidatura de Abelardo de la Espriella lograría romper de manera definitiva la "espiral del miedo". 

Arriesgué un pronóstico temerario, proyectando que el candidato de la derecha radical capitalizaría un voto de seguridad tan masivo que superaría el 60% de los sufragios en el balotaje. 

Me equivoqué. El miedo no se disipó con la velocidad esperada y las urnas dictaron una realidad mucho más compleja, reñida y fracturada.

Sin embargo, más allá de los fallos predictivos, el comportamiento de los datos oficiales de la Registraduría Nacional desvela un fenómeno de movilización y realineamiento exprés que merece ser desmenuzado con lupa técnica.

Uno de los detalles técnicos que cambia radicalmente la perspectiva del análisis es el comportamiento del descontento. 

En la antesala de la segunda vuelta, se especulaba que un grueso sector del centro político se refugiaría en la apatía, la abstención o la impugnación. Los datos del preconteo demostraron lo contrario.

El voto en blanco se mantuvo en un tímido 1,63% (apenas 426.845 votos), marcando el porcentaje más bajo registrado en una segunda vuelta desde 2014. Sumado a un residual 0,83% de votos nulos, la conclusión política es contundente: el electorado colombiano decidió tomar partido de forma masiva.

 Ante el dilema de dos modelos de país diametralmente opuestos, la ambivalencia no fue una opción.

La bolsa de votos móviles que se redistribuyó o emergió para el balotaje superó los 5,6 millones de sufragios. Esta gigantesca masa humana se alimentó de dos grifos principales:

•    La caída histórica del abstencionismo: Colombia registró una participación del 63,55% del censo electoral, la más alta en casi siete décadas de sufragio universal. Cerca de 2,4 millones de ciudadanos que decidieron quedarse en casa en mayo, acudieron a las urnas este domingo movilizados por la polarización y la urgencia.

•    Votos huérfanos de la primera vuelta: El electorado que en mayo respaldó opciones como la centroderecha de Paloma Valencia (1,6 millones de votos) o el centro de Sergio Fajardo (1 millón de votos) tuvo que migrar forzosamente.

Las matemáticas del balotaje:

 Eficacia vs. Posición de salida

Al contrastar los fríos números de ambas jornadas, se evidencia una clara paradoja matemática. Iván Cepeda logró captar una cantidad significativamente mayor de "votos nuevos" que su rival en el cara a cara:

Candidato    Votos Primera Vuelta    Votos Segunda Vuelta    Crecimiento NetoIván Cepeda (Pacto Histórico)    9.688.361    12.703.886    +3.015.525Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria)    10.361.499    12.951.856    +2.590.357

¿Cómo se explica entonces que el candidato con menor crecimiento neto terminara ganando la presidencia? 

Aquí aplica a la perfección aquella máxima del argot boxístico: el que pega primero, pega dos veces.

 La ventaja acumulada en el primer asalto de mayo fue un golpe tan sólido que condicionó todo el combate posterior.

El techo alto y la disciplina de la derecha: Abelardo de la Espriella partió con una ventaja estructural enorme al consolidar el 43,74% en la primera vuelta. 

El endoso del uribismo tradicional y las bases de Paloma Valencia operó de forma casi orgánica. Sin embargo, al haber pescado de manera tan masiva desde el inicio, su capacidad de estiramiento natural era menor.

 Capturó lo justo para ganar, muy lejos del 60% que este servidor pronosticó, pero el primer impacto ya estaba dado.

La épica (e insuficiente) movilización de la izquierda: Iván Cepeda hizo la tarea más compleja en términos de ingeniería electoral. Logró encender los motores de la periferia, las zonas costeras y Bogotá, sumando a gran parte del centro político y de sectores que acompañaron a Sergio Fajardo o Claudia López. 

Su crecimiento de más de 3 millones de votos demuestra que el discurso de contención contra la propuesta de De la Espriella fue un catalizador altamente efectivo, pero recibió el embate de un rival que ya corría con ventaja.

En el balance final, la efectividad de Cepeda para sumar apoyos frescos y convencer a los indecisos en el tramo final fue superior en volumen bruto. 

No obstante, la política no solo es velocidad de crecimiento, sino también posición de salida.

Ese primer golpe de De la Espriella en la primera vuelta construyó un blindaje estratégico; un colchón lo suficientemente alto como para resistir la arremetida final y asegurar el control del país por los próximos cuatro años.

 Se abre ahora una etapa donde ya no caben las predicciones: solo queda observar cómo se gobernará a una nación fracturada matemáticamente a la mitad y el gran desafío de El Tigre será sumar voluntades y unir al país a partir del próximo 7 de agoto del 2026 cuando comience un nuevo ciclo de la historia de Colombia.

Por Jorge Pérez.

El reciente anuncio de reactivación de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar) y la rehabilitación de Macagua I despierta un inevitable optimismo en una población fatigada por el racionamiento eléctrico.

 La promesa de incorporar 2.400 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) —2.160 MW provenientes de las diez unidades Kaplan de Tocoma y 240 MW de tres grupos Francis en Macagua— se presenta como el gran hito de la agenda energética.

Sin embargo, en la ingeniería de potencia, los megavatios no se miden por lo que se produce en la sala de máquinas, sino por lo que efectivamente llega al interruptor del ciudadano en Maracaibo, Barquisimeto o Caracas. Y es allí donde la física choca de frente con la narrativa política.

Analizar el nuevo Acuerdo IMPSA-CORPOELEC exige una mirada sin pasiones que separe la evidente oportunidad técnica del histórico de desidia que convirtió a Tocoma en un monumento a la corrupción, en verdadero "elefante rojo" tras dos décadas de parálisis.

Si el contenido de dicho acuerdo es el que está haciendo correr el interinato, hay que reconocer que este esquema plantea un blindaje corporativo e institucional inédito y plausible, que no hubiese sido posible sin la irreductible presión de la administración estadounidense que tutela actualmente Venezuela, por un lado. 

Y por otro lado, IMPSA ya no es la golpeada firma argentina del pasado dirigida por más de 100 años por los Pescarmona; hoy opera bajo el control del Fondo Norteamericano Industrial (IAF) y con el crucial paraguas legal de las licencias 48A y 49A de la OFAC.

Este giro geopolítico iniciado el 3 de enero, permite algo que parecía imposible: movilizar componentes clave varados en almacenes de Alemania, Paraguay o EE. UU., y estructurar un fideicomiso en suelo estadounidense con fondos liberados del Estado venezolano (estimados inicialmente entre 80 y 150 millones de dólares para la Fase I de 19 meses). Que IMPSA cobre estrictamente por cada hito ejecutado y auditado, sin anticipos, descarta el riesgo de impago y desvío de recursos.

Hasta ahí, el papel aguanta todo. El verdadero peligro no está ni estará en Washington ni en Mendoza, sino en los pasillos de CORPOELEC.

Los términos del acuerdo firmado por el Ejecutivo parecieran el adendo de un contrato de contingencia que transfiere a la estatal venezolana una responsabilidad civil y estructural para la que hoy no tiene músculo propio. 

El consorcio original OIV dejó la obra civil a un 90%, con reportes de valuaciones con alta reconsideración de precios que en algunos casos no cobraron, pero también con graves dudas sobre las obras, donde algunos profesionales de Corpoelec para ese entonces se inhibieron por los hallazgos de fisuras en las estructuras de concreto de la presa y otros detalles a los que hay que ponerles el ojo y que sumados a una década de abandono, pasan factura.

 En todo caso, CORPOELEC debe ahora subcontratar la remoción de sedimentos, reparar el concreto deteriorado y sellar filtraciones en la presa para que IMPSA pueda vestir las turbinas. 

Algunos expertos han indicado el nombre de la nacional Vinccler, propiedad de la familia Clerico, que fue dirigida hasta hace poco por Juan Francisco Clérico, quien falleció el pasado marzo 2026, pero que, por su reconocida trayectoria de más de 60 años, surge como el único candidato lógico para esta tarea por su manejo de los planos originales.

A esto se suma el drama autoinfligido de la Subestación Tocoma 400 kV. Esta infraestructura, diseñada originalmente por la firma española TSK con tecnología Siemens, fue desvalijada y canibalizada por la propia CORPOELEC para apagar fuegos en otras regiones, sufriendo además el azote del hampa común.

 Recomponer sus sistemas de protección digital, tableros y cableado de control es una labor titánica. Si la estatal se retrasa en entregar la obra civil o la subestación, IMPSA simplemente activará las cláusulas de paralización por causas imputables al contratante, y los escasos fondos internacionales se irán en pagar penalizaciones en lugar de encender turbinas.

Para paliar su evidente debilidad y negligente gestión desde que fue creada, se ha propuesto la creación de un Consejo Consultivo Senior integrado por 25 o 40 ingenieros históricos de la "época dorada" de EDELCA, con certeza y evidencia de ello, está en las redes sociales y medios de comunicación. Es producto de la propuesta que hicimos en nombre de la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela RIPSENV hace ya algunos meses. 

Y estos expertos son los mismos profesionales que demostraron eficiencia al inaugurar Caruachi en 2006 bajo el costo previsto de 2.300 millones de dólares} (y que hoy siguen sincronizadas todas sus unidades entregando casi 1.200 MW). 

Pero esta propuesta de consultoría de alto nivel devela una crisis más profunda: la brecha generacional. En el país apenas quedan unos 140 de estos "sobrevivientes", cuyas edades oscilan entre los 65 y 85 años. No hay una generación intermedia de relevo.

El conocimiento técnico del SEN está envejeciendo y desapareciendo en un vacío institucional.

Pero supongamos que el cronograma de 4 o 5 años se cumple, que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) recién aprobada en primera discusión por la AN atrae los 900 o 2.000 millones de dólares necesarios para el 100% de la obra a través de contratos de riesgo compartido, y que las turbinas finalmente giran. Llegamos entonces al verdadero cuello de botella: la transmisión.

La generación no puede analizarse de forma aislada. Inyectar 2.400 MW adicionales al nodo del Caroní sin ejecutar de forma simultánea inversiones agresivas en la columna vertebral del SEN, Ala red de Alta Tensión es un sinsentido técnico.

 El SEN viola diariamente sus límites físicos de transporte, forzando la transmisión de enormes bloques de potencia activa y reactiva a distancias kilométricas, lo que degrada los perfiles de voltaje y expone al país a un apagón sistémico ante cualquier oscilación en nodos críticos, que traducidos al buen criollo para nuestros paisanos, visualmente se evidencia cuando vemos por ejemplo: que las líneas entre esas grandes torres de transmisión se longuean o chinchorrean.

Para que Tocoma no sea un nuevo "elefante blanco" o del color que le pongan, es obligatorio y urgente restaurar el Tercer Circuito de la Línea de 765 kV, modernizar los patios de transmisión en las subestaciones de despacho y acometer la compensación reactiva en la Subestación San Gerónimo (reactores shunt y bancos de capacitores).

 De lo contrario, nos enfrentaremos al fenómeno físico del confinamiento de generación. Sin autopistas eléctricas operativas, la energía de Tocoma se quedará atrapada en el sur. 

La planta se degradará operativamente a una costosa "Reserva Rodante Estratégica" de Guri; servirá como un amortiguador local para estabilizar frecuencia y voltajes en la Región Guayana, pero su impacto en el consumidor final del centro, los Andes o el Zulia será prácticamente nulo. La mejora apenas se sentirá discretamente en el oriente.

Terminar Tocoma es una decisión sensata y técnicamente obligada tras la milmillonaria inversión inicial; el país no puede permitirse dejar morir su novena central hidroeléctrica. Pero la honestidad técnica nos obliga a advertir que el éxito no se decreta con la firma de un acuerdo, memorándum de intención o adendum. 

Si la política sigue concentrando la propaganda en las salas de máquinas de Guayana mientras ignora el deterioro de las líneas de transmisión y la agonía institucional de CORPOELEC, la luz de Tocoma terminará confinada en el sur, dejando al resto de Venezuela exactamente en la misma oscuridad.

Por Jorge Pérez

El sistema eléctrico venezolano no resiste más remiendos jurídicos ni reformas cosméticas. Lo ocurrido recientemente en la Asamblea Nacional con la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico no es más que una reacción desesperada y pragmática ante las realidades geopolíticas y de infraestructura que asfixian al país. 

Bajo la intensa presión internacional ejercida por la administración de los Estados Unidos y en medio del tutelaje del régimen, los promotores de esta reforma intentan vender una supuesta "apertura al capital privado" que, al ser examinada bajo el microscopio técnico y legal, se revela como un mecanismo cínico para captar recursos particulares sin ceder un ápice de control centralista y estatizado.

El régimen pretende legislar sobre las ruinas que ellos mismos provocaron mediante la infame fórmula de las "3D": Descuido, Desinversión y Desprofesionalización más la abominable corrupción. 

Antes de que este texto sea sometido a una segunda discusión para su aprobación casi segura —y obligada por un parlamento sumiso que aprueba todo desde arriba sin consultas vinculantes ni la participación de una sociedad civil crítica—, es imperativo desmantelar las costuras de este nuevo engaño.

La propaganda oficial pregona con bombos y platillos que el proyecto busca captar entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en capital privado, prometiendo el fin del monopolio absoluto que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ostenta desde el zarpazo estatizador de 2007.

 Se habla de estados pilotos como el Zulia, Los Andes y las zonas industriales de Carabobo; se asoma la incorporación prioritaria de energías renovables como la solar en Occidente y la eólica en Paraguaná; e incluso se diseñan sofisticados artilugios burocráticos como el Fondo de Protección de Tarifas Eléctricas (FOPTEL). Sin embargo, tras bastidores se esconde un laberinto regulatorio diseñado para tomar al capital privado como rehén del Estado.

Fortalezas del Texto (Sobre el Papel): El Cebo en el Anzuelo

Si intentamos rescatar el espíritu meramente nominal de lo que se discute en el parlamento, el proyecto asoma tímidamente algunos elementos que el sector comercial e industrial ha acogido con un suspiro de alivio en medio del colapso:

 1. La Ruptura Teórica del Monopolio: Por primera vez en casi dos décadas se admite el fracaso del monopolio eléctrico de Corpoelec. Abrir el juego a empresas mixtas y operadoras privadas es el reconocimiento explícito de que el socialismo devoró la capacidad operativa del Estado.

 2. Garantías de Protección Jurídica y Arbitraje: Ante la brutal desconfianza histórica que arrastra el país, el articulado incluye el reclamo más exigido por corporaciones transnacionales: cláusulas de arbitraje independiente y mediación neutral para dirimir disputas contractuales.

 3. Esquema Tarifario Autosustentable: Se rompe con el populismo de las tarifas regaladas en las zonas de concesión, permitiendo fijar facturaciones basadas en los costos reales de producción para garantizar una "rentabilidad razonable" al inversor.

Debilidades Estructurales: El Laberinto de la Desconfianza

El gran problema es que el papel lo aguanta todo, pero la realidad del sector eléctrico nacional no. ¿Cuáles son las debilidades insalvables que destruyen la confianza de los inversionistas, de los profesionales que formamos parte del sector y de los usuarios?

 El Centralismo como Espada de Damocles: Modificar el Artículo 8 para permitir empresas privadas, pero someterlas en el Artículo 9 a la discrecionalidad política del operador estatal es un contrasentido. Peor aún, el Artículo 32 centraliza el otorgamiento de concesiones directamente en la figura del Presidente de la República en Consejo de Ministros. El sector seguirá rigiéndose por criterios político-partidistas, no por parámetros de eficiencia técnica.

 La Confiscación Programada

 (Cláusula de Reversión): Los Artículos 33 y 34 introducen una cláusula leonina digna de piratería jurídica. Al extinguirse la concesión —con un tope de 25 años—, todos los bienes construidos o adquiridos se transferirán automáticamente a la República en buen estado y *sin derecho a indemnización alguna*.

 En la práctica de los mercados internacionales, esto se traduce como una expropiación en cámara lenta. Ningún inversionista serio arriesgará capital de gran envergadura bajo esta amenaza.

 El Ahogo a la Autogeneración Distribuida: En lugar de fomentar que las industrias inyecten sus excedentes a la red para aliviar la crisis, los Artículos 50 y 51 ordenan la obligatoria independencia de los sistemas de autogeneración. Además, imponen un techo regulatorio de apenas dos megavatios (2 MW). Superar este límite significa someterse al calvario burocrático y propenso a la corrupción del Ministerio.

Corresponsabilidad Punitiva:

El Artículo 107 amenaza con perseguir civil y administrativamente con nombre y apellido a las juntas directivas de las operadoras por fallas del sistema. Es decir, el privado debe asumir las pérdidas, los riesgos de una red de transmisión destruida por años de abandono estatal, financiar inversiones sociales municipales (Artículos 37 y 57), y si el sistema falla por causas estructurales, ¡pretenden culpar penalmente a la directiva!

Un sector sin blindaje, un país en ebullición

Mientras los legisladores se apresuran en su burbuja legislativa, la realidad social del país le estalla en la cara al régimen. Esta misma semana la dinámica nacional no está marcada por el debate técnico de la ley, sino por el conflicto social: el paro nacional educativo convocado por la Federación Venezolana de Maestros y la APUCV bajo la consigna #ElMagisterioSeQuedaEnCasa, exigiendo salarios dignos frente a un dólar que devora los anuncios de ingreso mínimo integral.

La paradoja es absoluta. El ciudadano común que hoy protesta en las calles por el colapso de los servicios públicos ve con inmenso escepticismo esta reforma. En las regiones más castigadas, como el Zulia y Los Andes, el clamor en redes sociales no es de alegría corporativa; hay un pánico generalizado al "tarifazo". 

La opinión pública se muestra profundamente incrédula ante promesas legislativas como las supuestas indemnizaciones a usuarios por equipos quemados. Saben perfectamente que un salario pulverizado no podrá costear un servicio eléctrico privatizado a medias, mientras las mafias estatales siguen reteniendo la propiedad de la infraestructura matriz.

El camino correcto: las cuatro leyes para el rescate eléctrico

La viabilidad y sostenibilidad de una verdadera reconstrucción eléctrica nacional no pasa por parches tributarios condicionados ni por perseguir penalmente a juntas directivas. En lugar de copiar el nefasto modelo de las leyes exprés de Hidrocarburos y Minería, el camino correcto y patriótico consiste en desenterrar, actualizar y someter a consulta pública el proyecto de Ley Orgánica aprobado en primera discusión en el año 2015. 

Aquel texto planteaba una transformación estructural real, pero la realidad actual de Venezuela exige ir un paso más allá: un marco jurídico moderno e institucionalmente robusto que incorpore cuatro pilares fundamentales que hemos propuesto y defendido de manera categórica:

1. Un Operador Independiente del Sistema (OIS): Una entidad técnica, transparente y despolitizada que gestione el despacho de carga y la operación de la red de transmisión bajo criterios estrictamente económicos y de confiabilidad, separando definitivamente la operación de la propiedad de los activos.

 2. Un Ente Regulador Autónomo: Una comisión de energía independiente del Poder Ejecutivo que dicte tarifas reales basadas en costos eficientes, garantice el libre acceso a las redes de transmisión y distribución, y resuelva conflictos entre actores del mercado sin sesgo político.

3. Una Desincorporación Vertical Efectiva: Permitir una competencia real en las actividades de generación y comercialización, limitando el monopolio estatal a las redes de transmisión debido a su naturaleza de monopolio natural, pero regulado bajo estándares mundiales.

 4. Un Consejo Institucional de Expertos: La conformación de un cuerpo técnico consultivo permanente donde participen las universidades nacionales, las academias y los profesionales de la diáspora representados en organizaciones internacionales especializadas.

Estos pilares no se quedan en la simple retórica. Son la columna vertebral de nuestro “Anteproyecto de Marco Regulatorio”, un esfuerzo concienzudo y robusto que ya estamos traduciendo en instrumentos legales concretos.

 Una vez culminados, introduciremos formalmente esta propuesta alternativa al país a través de cuatro leyes claves:

 1. Ley Orgánica sobre la Reestructuración de los Servicios Públicos Eléctricos: Para desmantelar el monstruo ineficiente de Corpoelec y separar las funciones de la industria.

 2. Ley sobre Mercados Mixtos de Energía e Inversión Privada: El verdadero blindaje jurídico, con reglas claras y protección real que los capitales transnacionales exigen para volver a confiar en el país.

 3. Ley sobre Energía Renovable Descentralizada y Empoderamiento del Prosumidor: Para romper los candados burocráticos actuales, permitiendo que la industria y el ciudadano generen, consuman e inyecten excedentes a la red de forma interactiva y moderna.

 4. Ley Nacional sobre Eficiencia Energética y Redes Eléctricas Modernas: Una visión de futuro para digitalizar el consumo y optimizar la infraestructura sobreviviente bajo estándares del siglo XXI.

Mientras el andamiaje legal dependa del capricho centralista y la improvisación de un régimen dictatorial, nada estará seguro ni blindado. El capital de Occidente o de la India puede coquetear con las concesiones amparado en licencias geopolíticas temporales, pero la verdadera luz solo volverá a Venezuela cuando las reglas del juego sean claras, las instituciones sean independientes y la confianza deje de ser un eslogan de propaganda para convertirse en una sólida realidad jurídica a través de una propuesta seria como la que hoy ponemos sobre la mesa.

Por Jorge Pérez

 Los agoreros de oficio y los profetas del desastre suelen rasgarse las vestiduras cada vez que un proceso electoral dibuja un mapa político polarizado. Con un dramatismo casi teatral, intentan asustar a la opinión pública esgrimiendo que el país está "irreparablemente fracturado" o al borde del abismo.

 Nada más distante de la realidad y de la ciencia política. La verdad histórica y sociológica nos demuestra que la división de una sociedad en dos grandes bloques no es una anomalía contemporánea ni un síntoma de enfermedad institucional; es, por el contrario, la dinámica natural y tradicional de los sistemas democráticos consolidados. 

Lea también: El problema del SEN se resuelve en las redes eléctricas, no en las redes sociales

 A lo largo de la historia, las sociedades libres han canalizado sus diferencias a través del bipartidismo o de la conformación de dos grandes coaliciones antagónicas.

 Lo vimos en la Colombia histórica de liberales y conservadores; en la Venezuela de los tiempos de Acción Democrática y COPEI; en el México del PRI y el PAN; y lo seguimos viendo de forma nítida en democracias anglosajonas como el Reino Unido con laboristas y conservadores, o los Estados Unidos con demócratas y republicanos. 

Los partidos tradicionales sufren procesos metamórficos, cambian de nombre, refrescan sus etiquetas, pero la estructura binaria del tablero permanece. Esta tensión no determina el fin de una sociedad, sino que la dinamiza. 

Cuando existe una ciudadanía consciente, separación de los poderes del Estado y un orden jurídico que se cumple y hacen cumplir, la democracia se fortalece a través de dos mecanismos sagrados: la alternabilidad y el voto castigo. 

Cuando un modelo de gobierno agota sus promesas o comete errores graves, el ejercicio del sufragio universal se convierte en la herramienta pacífica para producir un cambio de rumbo.

 La alternancia es el oxígeno de la libertad, y el mapa dividido es solo el reflejo de un pueblo procesando sus opciones.

 Colombia no es la excepción a esta regla global; siempre ha sido un país de intensos debates ideológicos y geográficos, incluso en medio de más de sesenta años de fuerzas irregulares pretendiendo el poder mediante el uso de las armas, y pretender alarmar con ello hoy en día es ignorar la historia. 

 Ahora bien, para entender el escenario que enfrenta Colombia de cara al balotaje del próximo 21 de junio, es indispensable engranar esta normalidad democrática con un factor distorsionante y complejo: la realidad del orden público en las periferias y fronteras de la nación. Los recientes resultados de la primera vuelta electoral han dejado ver un mapa aparentemente dividido en dos mitades casi simétricas.

 Sin embargo, como aficionado del análisis de la geopolítica y observador de los comportamientos electorales, sostengo la tesis de que los fríos datos de las encuestas previas y los mapas del preconteo ocultan un fenómeno sociológico subterráneo: el factor de la coacción y la timidez del elector. 

En ciencia política conocemos bien la "espiral del silencio". En aquellas regiones del país golpeadas por la intimidación criminal de grupos irregulares y disidencias —zonas periféricas que hoy lucen pintadas con el color del oficialismo—, el ciudadano común se ve obligado a mimetizarse por razones de estricta supervivencia. 

Ante la llamada telefónica de una encuestadora o el abordaje en calle, el votante, por temor y prudencia, prefiere responder alineándose con la fuerza que ejerce el control territorial en su día a día. De ahí el aparente favoritismo inicial que los sondeos le otorgaban a la opción de Iván Cepeda. 

Es precisamente en este punto donde visualizo, desde mi pericia y experiencia en el análisis político, la gran sorpresa que descolocará a las firmas encuestadoras en la segunda vuelta.

 Los resultados del pasado domingo no solo demostraron la fortaleza y el crecimiento vertiginoso de la candidatura de Abelardo de la Espriella, sino que enviaron un mensaje contundente a todo el territorio nacional: la oposición al modelo actual es sólida, mayoritaria en el corazón productivo del país y está lista para gobernar. 

Este hecho genera un efecto psicológico de enorme magnitud en las regiones coartadas. Al ver que existe una alternativa real y fuerte, el ciudadano de la periferia empieza a romper su aislamiento; empieza a comprender que no está solo. 

Mi previsión geopolítica es que, de cara al balotaje, va a ocurrir una migración silenciosa pero masiva de votos. El discurso de severidad institucional, la mano firme contra las bandas delincuenciales y la promesa de restituir el orden que abandera "El Tigre" De la Espriella, se convertirán en el refugio de confianza para miles de colombianos que en primera ronda se sintieron coaccionados.

 En los días venideros, las encuestas probablemente seguirán mostrando un país en empate técnico o una fotografía fija e inmóvil, porque el miedo en el entorno vecinal no se evapora para responder un cuestionario. 

No obstante, en el secreto soberano de la urna electoral, donde las armas de los grupos irregulares no tienen poder de fiscalización, el pueblo colombiano perderá el temor. Una porción significativamente alta de electores que en público o en encuestas dicen respaldar la continuidad de Cepeda, terminarán depositando su voto por la severidad y el rescate institucional que representa Abelardo de la Espriella. 

La verdadera fractura no está en la sociedad colombiana; la fractura se dará en los pronósticos de los agoreros cuando la realidad del voto libre eche por tierra el relato del miedo. 

La democracia, una vez más, demostrará su capacidad de autorregulación a través de la contundencia de un pueblo que decide cambiar su destino dándole un severo golpe de repulsión a la izquierda trasnochada representada hasta ahora por Gustavo Petro e inspirada en el mal llamado “Socialismo del siglo XXI. 

Por Jorge Pérez

La tragedia eléctrica venezolana sigue agarrándonos divididos, improvisando y “disparando flechas al aire”. Todos hablan, todos calculan, todos lanzan cifras alegres, pero muy pocos asumen la responsabilidad técnica y moral que exige una crisis de esta magnitud, cuando estamos al borde del colapso y del desastre.

Hoy vemos cómo se anuncian proyectos aislados, "planes maestros", "montos aventurados" y hasta irresponsables; se atribuyen supuestos financiamientos a empresas que jamás los han ofrecido y que no financian; se confunde la “magnesia con la gimnasia”, mezclando entes financieros internacionales con contratistas de bienes y servicios como Siemens, GE en Hitachi, y con corporaciones eléctricas transnacionales como ENGIE o NextEra Energy, por solo citar algunos ejemplos.

Y mientras el venezolano aguanta los bestiales racionamientos, aparecen cada día más “expertos” de redes sociales dando clases magistrales sobre el Sistema Eléctrico Nacional, cuando ni un bombillo han puesto en sus casas. Hasta apareció la “abogada de cartón” del régimen intentando hablar de electricidad porque el parapeto de ministro ni sabe expresarse. Ahora cualquiera domina generación, transmisión, distribución, protección, regulación y planificación energética. Una verdadera locura.

Todo esto, lejos de ayudar, lo que hace es saturar y exacerbar la rabia, la frustración y la desesperanza de un pueblo agotado y cada día más estresado por años de apagones, bajones y promesas vacías. Venezuela no necesita más show ni más improvisación; necesita seriedad, institucionalidad y planificación técnica real. La crisis eléctrica venezolana continúa profundizándose, con racionamientos diarios y un sistema operando bajo condiciones críticas.

Por eso urge, con carácter prioritario y así lo propongo, la conformación de un verdadero Consejo de Expertos o Consejo Nacional de Emergencia Eléctrica, integrado por al menos 50 profesionales y técnicos de campo y planificación, con experiencia comprobada en operación, mantenimiento, transmisión, generación, distribución, academia y gremios; distante de los parapetos políticos con boinas o chalecos coloreados  que tanto daño le han hecho al sector y al sistema.

Ese equipo debe asumir la responsabilidad histórica de estructurar un Plan Maestro escalable a 25 años, cuya primera fase sea un Plan de Emergencia Eléctrica Nacional (PEEN) a 5 años, alineado con un referente de valor que puede ser la Hoja de Ruta Estratégica para la Recuperación y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela propuesta por la RIPSENV.

Solo a partir de diagnósticos reales en campo, auditorías técnicas serias y una planificación coordinada podremos determinar las necesidades inmediatas y urgentes del sistema, proyectar los recursos verdaderamente requeridos, definir las reformas legales necesarias para garantizar gobernanza y transparencia, y generar la confianza indispensable para atraer financiamiento internacional e inversiones de empresas eléctricas transnacionales y grandes proveedores de bienes, servicios y tecnología.

Porque la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional no puede seguir dependiendo de ocurrencias, influencers ni discursos vacíos. Esto no se arregla con TikTok, con politiquería ni con “expertos de teclado”, muchas veces de pacotilla. Esto se arregla con ingeniería, planificación, institucionalidad y gente que verdaderamente conozca el sistema desde adentro, no necesariamente tecnócratas.

¿Qué está pasando en la relación entre María Corina Machado y Donald Trump? 

La pregunta surge después de que este lunes, la dirigente opositora fuera recibida en París por el presidente francés Emmanuel Macron.

¿Se trata de una estrategia onde una traición? 

Han comenzado a surgir versiones según las cuales Machado estaría buscando apoyo de Europa para la transición, tras el estancamiento del proceso que se supone lleva Estados Unidos.

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En las sombras de la diplomacia de rehenes, donde los tiranos disfrazan sus debilidades con palabras almibaradas, Nicolás Maduro ha desplegado una nueva táctica: la carta conciliadora.

Hace apenas dos semanas, el 6 de septiembre de 2025, Maduro envió una misiva personal a Donald Trump, revelada por la agencia de noticias Reuters, en la que insta a retomar el "diálogo" a través de Richard Grenell, el enviado especial de la Casa Blanca con quien el chavismo había pactado deportaciones y liberaciones de presos al inicio del año.

 "Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro, clamando por "conversaciones directas y francas" para superar el "ruido mediático y las fake news". Es un tono de sumisión disfrazada de igualdad, un lamento por la "relación histórica" entre dos naciones que, según él, solo ha sido empañada por "falsedades". Pero este súbito afán de paz no es más que un espejismo estratégico. Maduro no escribe desde la convicción de la reconciliación, sino desde la desesperación de un régimen acorralado. 

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las tensiones han escalado: ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas acusadas de narcotráfico, el despliegue de buques de guerra contra las mafias en el Caribe y la duplicación de la recompensa por la cabeza de Maduro a 50 millones de dólares, por sus certificados lazos con el "Cartel de los Soles" y el tráfico de cocaína. Grenell visitó Caracas en enero, posando con Jorge Rodríguez, uno de los espadachines de Maduro, ante la espada de Bolívar en un gesto que buscaba descolocar a la oposición, pero los acuerdos efímeros se evaporan ante las nuevas ofensivas de la Casa Blanca en Washington. 

Ahora, con misiles y submarinos nucleares en el horizonte acosando a los carteles del narcotráfico, Maduro agita el espectro de un "diálogo" que, en realidad, busca una tregua para su supervivencia.

Este cambio de tono choca brutalmente con la retórica incendiaria que Maduro ha escupido durante años contra el "imperio gringo", los “yankees” y, en particular, contra Donald Trump. No es casualidad: es la esencia del chavismo, un régimen que ha convertido el odio anti estadounidense en combustible ideológico, mientras sus líderes acumulan fortunas en paraísos fiscales.

 Recordemos el historial de agravios, no como anécdota, sino como prueba irrefutable de su hipocresía. No olvidemos que en esas patrañas está atravesada la cartilla de Fidel Castro, que primero Hugo Chávez y ahora Maduro, siguen “al pie de la letra".Desde su ascenso en 2013, Maduro ha erigido al "imperio yankee" como el gran demonio. En 2018, denunciaba una "campaña de chantaje" de Washington contra América Latina para aislar a Venezuela. En 2019, ante el reconocimiento del gobierno interino por Trump, Maduro expulsó al personal diplomático estadounidense en 72 horas, gritando "¡Yankee Go Home!" y acusando al gobierno de Trump de orquestar un "gobierno títere". Llamó a las acciones de EE.UU. un "golpe de Estado continuado" que violaba el derecho internacional, y rechazó las "virulentas amenazas" de Trump como un asalto a la soberanía venezolana.Trump, por su parte, no se quedó atrás: en su discurso del Estado de la Unión de 2020, lo tildó de "tirano ilegítimo que brutaliza a su pueblo", prometiendo "aplastar y romper su agarre tiránico". 

Maduro respondió con veneno puro. En múltiples ocasiones, lo describió como un "vaquero racista vulgar y miserable", y acusándolo de desatar a la CIA para derrocarlo. En 2019, denunció un "asalto brutal" de la policía de Trump a la embajada venezolana en Washington, violando la Convención de Viena. Y en foros internacionales, como la ONU, ridiculizó una "reunión de la vergüenza" convocada por Trump contra la dictadura de Maduro en Venezuela.Las amenazas no se limitaron a palabras. En 2020, Maduro demandó justicia ante la Corte Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad del bloqueo imperial”, y en 2021, en el Día del Antiimperialismo Bolivariano, citó a Simón Bolívar para advertir que EE. UU. está "destinado por la providencia para plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Sus posts en X (antes Twitter) rebosan de esto: "El imperio de los EE. UU. no ha podido, ni podrá con Venezuela, no somos ni seremos jamás una colonia”.

En 2025, con Trump de vuelta, el guión se repite con más ferocidad. Ante el despliegue naval en el Caribe —que Washington justifica como lucha contra carteles—, Maduro juró defender la soberanía con 4,5 millones de milicianos, declarando una "república en armas" si hay una invasión. Acusó a Trump de buscar "cambio de régimen por petróleo de "agresión militar" en ataques a barcos que mataron a 11 personas, y de "terrorismo psicológico" con mensajes intimidatorios. "No hay forma de que entren a Venezuela", rugió, prometiendo "máxima rebelión" y que una guerra "mancharía las manos de Trump con sangre". En X, sus mensajes recientes evocan la "amenaza" del "imperio" y la defensa contra "sanciones yankees".Este contraste no es solo retórico; es la confesión de un régimen en quiebra moral. Maduro, que ha convertido Venezuela en un narcoestado —con acusaciones probadas de narcotráfico que él niega como "falsedades", pasa de amenazar con "repúblicas en armas" a suplicar "paz histórica". 

Es el mismo que, en julio de 2024, condenó el atentado contra Trump en un post inusual de solidaridad, solo para volver a los insultos meses después. ¿Diálogo genuino o maniobra para ganar tiempo? Es el mismo Maduro que se las arregló para que el expresidente Joe Biden le devolviera sus dos narco sobrinos, ya estaban sentenciados por narcotráfico y con ellos volviera de regreso a Venezuela su testaferro consentido Alex Saab (20 de diciembre de 2023). ¿El acuerdo? Maduro aseguró, jurando por dios, que “permitirá realizar elecciones libres y liberaría a los presos políticos".  No cumplió para nada esos acuerdos que firmó en la negociación de Barbados.

La verdad está plasmada en el informe que el lunes 22 de septiembre presentó ante La ONU la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

Es un parte detallado, dicha misión confirma que, “en Venezuela se ha instaurado un sistema de represión estatal, en el que todos los poderes públicos participan de forma coordinada para silenciar, perseguir y castigar a opositores reales o percibidos como opositores”. Destacan que “la violencia institucionalizada —detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y asesinatos— no son incidentes aislados, sino parte de un terrorismo de Estado que utiliza el miedo como herramienta política”.

La Misión insta al Estado venezolano “a liberar a todos los detenidos arbitrariamente. Garantizar el acceso a justicia y reparación a las víctimas. Poner fin a la impunidad y permitir investigaciones internacionales. Desmantelar las estructuras de represión y las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia”.Los tópicos y frases claves a destacar dentro de la narrativa del informe, indican que “hay más de 2.220 personas detenidas tras las protestas de 2024, muchas de ellas sin orden judicial ni garantías. Más de 200 nuevas detenciones documentadas en 2025, confirmando que la represión sigue activa”. La Misión de la ONU califica estas prácticas “como crímenes de lesa humanidad por persecución política”.

La Misión confirma que “84 extranjeros de 29 países fueron detenidos y usados como fichas de negociación política; que se registraron 30 muertes, 25 en protestas y 5 bajo custodia del Estado; 30 desapariciones forzadas documentadas, con autoridades negando el paradero de las víctimas; se documentaron casas clandestinas de detención y manipulación de documentos oficiales; que la tortura sigue siendo política de Estado, llegando a aplicar descargas eléctricas en genitales, asfixia y aislamiento prolongado y que las celdas de castigo de un metro cuadrado mantienen a los detenidos en condiciones inhumanas. También se reporta violencia sexual sistemática contra mujeres, adolescentes, hombres y personas LGBT y que ninguno de los casos de violencia sexual ha sido investigado, garantizándole impunidad total para los agresores. La Misión concluye que “Venezuela vive bajo terrorismo de Estado, con el miedo como herramienta de control”.

Como exalcalde de Caracas y preso político del chavomadurismo, he visto y padecido de cerca esta farsa, “en carne propia”. Maduro no busca paz; busca perpetuarse. Trump debe ignorar esta carta y presionar con la fuerza de la verdad: más sanciones contra los integrantes de la pandilla de esa corporación criminal y más apoyo a la resistencia cívica que lideran el legítimo presidente electo, Edmundo González y la líder que guía espiritualmente a nuestro pueblo, María Corina Machado. Esa es la única manera y vía para restaurar la democracia. Venezuela no será colonia de nadie, pero tampoco será rehén de un tirano. El pueblo clama libertad, y el "diálogo" de Maduro es solo humo para ocultar su rendición inminente. ¡Hasta que caiga el régimen, no habrá paz verdadera!

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La historia reciente de Venezuela se ha escrito con tinta de esperanza y, en sus páginas más recientes, con el coraje inquebrantable de un hombre: Edmundo González Urrutia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de promesa cumplida, de palabra firme ante la adversidad.

Cuando Edmundo asumió la candidatura presidencial, con el respaldo decisivo de María Corina Machado, muchos auguraron un camino cuesta arriba, plagado de obstáculos. Sin embargo, su compromiso y visión lo llevaron a conducir una campaña victoriosa en medio de enormes dificultades.

Edmundo empeñó su palabra de ser el abanderado de la unidad, de representar con amplitud a los más diversos sectores políticos, civiles, gremiales, estudiantiles y empresariales. Y así lo hizo. Su discurso y sus acciones reflejaron una genuina voluntad de comprender e integrar a todos, tendiendo puentes donde otros veían abismos.

Aseguró que defendería la victoria hasta el final, haciendo un dúo infatigable con María Corina. Y lo ha cumplido. La sinergia entre ambos líderes se ha convertido en un símbolo de resistencia y perseverancia, demostrando que la unión es la fuerza más potente contra la opresión.

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Prometió que haría lo necesario para preservar y luego hacer valer el mandato soberano que le entregaron millones de venezolanos. Y así lo ha hecho. Esa promesa se ha transformado en un faro para quienes anhelan un cambio, en la certeza de que su voz será escuchada y respetada.

Logró evadir las garras de la dictadura, que buscaba someterlo a una prisión infame, quizás en “La Tumba” o en El Helicoide, para que muriera en la soledad. Pero Edmundo cumplió su palabra y los burló, incorporándose al exilio. Desde entonces no ha parado: ha recorrido el mundo, desde la Casa Blanca hasta los palacios de gobierno de España, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y Guatemala. Se ha erguido en las tribunas de parlamentos europeos y americanos. Y se ha reunido con los venezolanos de la diáspora, a quienes promete cumplir la palabra de reunificar a las familias, un anhelo tan profundo como doloroso.

Edmundo ha sido vertical, inquebrantable ante la extorsión más cruel: el secuestro del padre de sus nietos, Rafael Tudares, desaparecido hace más de ocho meses. No han podido doblegarlos. Mercedes y Edmundo siguen en pie de lucha, demostrándole a los venezolanos que confiar en ellos ha valido la pena, que sus palabras se sostienen en hechos, y que contamos con un hombre fiel a sus principios: un hombre de palabra.

Antonio Ledezma

Por: Antonio Ledezma

 Nicolás Maduro, a través de la voz de Diosdado Cabello, ha desempolvado una vez más el gastado relato de la “invasión imperialista”. 

En sus recientes declaraciones, Cabello repite el guión de siempre: acusaciones de envíos de armas desde Estados Unidos, supuestos planes desestabilizadores y conspiraciones orquestadas por el “enemigo del norte”.

 Este cuento, reciclado hasta el cansancio, no es más que una cortina de humo para pretender, infructuosamente, ocultar una verdad inocultable: el régimen venezolano está profundamente aliado con intereses extranjeros que codician las riquezas minerales de nuestro país, que han encontrado el patio libre! Hasta para armar drones!, también lavar dinero sucio, dotar de pasaportes a cabecillas del terrorismo internacional y consolidar redes y rutas al servicio de poderosos carteles de drogas y bandas criminales transnacionales que manejan sus operaciones desde ejes enclavados en nuestro país.

Venezuela, con su inmensa riqueza en petróleo, gas, oro, hierro y uranio, se ha convertido en un botín apetecible para potencias como Irán, cuyos ojos brillan ante la posibilidad de explotar estos recursos. 

No es un secreto que el régimen de Maduro ha facilitado operaciones para que en nuestro territorio se materialicen las actividades arriba descritas. Esta agenda diabólica que ejecutan los miembros del repudiado “eje del mal”, lejos de ser meras especulaciones, están presuntamente documentadas y forman parte de las investigaciones que manejan, entre algunas instituciones, la DEA, así como de las confesiones que varios militares que formaron parte de la élite chavista, como el general Hugo “Pollo” Carvajal, están revelando en instancias judiciales de los Estados Unidos.

Las peroratas de Diosdado Cabello, cargadas de retórica antiimperialista, carecen de fuerza para desvirtuar estas verdades. Sus palabras no logran tapar el sol con un dedo. El régimen está “hasta los teque-teques”, como decimos en Venezuela, hundido en el lodo del narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. 

Las pataletas de Cabello no son más que el reflejo de un hombre desesperado, nervioso y preocupado, no tanto por sus compinches, sino por su propio pellejo. Como vocero de esta corporación criminal, sabe que el cerco internacional se cierra cada vez más.

El régimen de Maduro no solo ha robado elecciones, sino que pretende perpetuar sus fechorías bajo la ilusión de una inmunidad que no existe. llevan desfachatadamente al “patíbulo” de la Asamblea Nacional-ese simulacro de parlamento que manipula Jorge Rodríguez-al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, creyendo ilusamente que con esas intemperancias detendrán las presiones internacionales, que más bien crecen, ya que el mundo entero más bien se escandaliza tanto y en cuanto conozca de sus andanzas.

Para reforzar sus articulaciones con Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia, cito lo que declaró a la agencia de noticias INFOBAE, Daniel Ortega, el pasado 23 de junio, en un acto oficial transmitido por la televisión estatal nicaragüense. 

Ortega reiteró su respaldo al régimen de Irán, justificando su programa nuclear al mismo tiempo que atacaba ferozmente a Israel y a Estados Unidos. El dictador Ortega se atrevió a exclamar: “para que ningún país sea agredido, sancionado, invadido, bombardeado, todos los países deberían tener sus armitas nucleares”.

En esa misma línea se ha confirmado que “Rusia construyó una fábrica de cartuchos 7,62 milímetros para fusiles de asalto Kalashnikovs en Venezuela”, así lo informó el pasado miércoles la compañía estatal rusa de tecnología, Rostec, confirmando en un comunicado publicado en su página web que "la empresa producirá hasta 70 millones de cartuchos anuales y aumentará significativamente el potencial de defensa del país y proporcionará a Venezuela municiones de producción nacional". 

Rosoboronexport, “agencia estatal responsable de las exportaciones del complejo militar industrial ruso, se encargó de la construcción de la fábrica. Se han puesto ya en marcha cuatro líneas de ensamblaje, dos de ellas destinadas a munición con núcleo de acero y las restantes encargadas de producir balas trazadoras y de fogueo”.

 Pero hasta ahí no llega la cosa, Oleg Yevtushenko, directivo de Rostec, ha informado que "próximamente se planea poner en marcha otras instalaciones de producción, lo que garantizará un ciclo completo de producción de munición y fusiles de asalto Kalashnikovs para el ejército venezolano, la policía y otras fuerzas del orden", declaró el directivo de Rostec, Oleg Yevtushenko.

La comunidad global, cada vez más consciente de la amenaza que este régimen representa para la estabilidad y seguridad del hemisferio, no se dejará engañar por los refritos e historietas de invasión. La verdad, como el oro y el uranio que tanto codician, no puede ocultarse para siempre. 

Se sabe que Maduro facilita que desde territorio venezolano se articule un aparato de alcance global ensañado contra occidente. La ubicación geográfica de Venezuela es de alto valor para sus siniestras maniobras. 

Creían, ingenuamente, que les era posible esconder entre tinieblas su maléfico teatro de guerra, sostenido en columnas estratégicamente instaladas en el Caribe. Esa verdad la expuso con su pecho forrado de medallitas, el encumbrado General en Jefe Hernández Lárez, el día en que se esmeraron en publicitar su encuentro con los jerarcas iraníes en la propia Embajada de Irán en Caracas, en esa reunión pasaron revista a la agenda con puntos relevantes como el acceso a los minerales de valor estratégico para los proyectos del eje del mal, las instalaciones cibernéticas y la marcha de las fábricas de sus “juguetes” Drones.

Nicolás Maduro también ha usado esa táctica para perseguir a los que somos declarados disidentes con esa narco dictadura. 

A quien suscribe esta crónica lo acusaron de “conspiración” en varias ocasiones, siendo la más destacada mi supuesta participación en la "Operación Jericó" en 2015, para seguidamente montar un expediente falso con el que pretendieron justificar tenerme privado de mi libertad por más de mil días, hasta que logre autoliberarme emprendiendo una fuga.  

Según la dictadura de Maduro, esta operación era un supuesto plan para derrocarlo mediante un golpe de Estado, que incluía acciones como atentados y desestabilización política. Maduro me señaló a mí, el 19 de febrero de 2015 en una rocambolesca rueda de prensa dada desde el mismísimo Palacio de Miraflores, asegurando que junto con otros opositores como María Corina Machado, éramos parte de este complot, afirmando que estaba respaldado por fuerzas extranjeras, específicamente desde un "eje Madrid-Bogotá-Miami". ¡El mismísimo cuento reciclado!

En conclusión, Maduro y su camarilla saben que “están pillados”. Están cada día más debilitados internamente, sin respaldo de la ciudadanía, con un aparato partidista desmoralizado y más dependiente de una elite represora que en su nombre perpetra un identificado Terrorismo de Estado, ventilado en los foros internacionales más importantes. Han sumido al país en una tragedia continuamente agudizada: una catástrofe humanitaria y un desbarajuste financiero y económico sin parangón. Y no han podido doblegar ni el liderazgo recio de María Corina Machado ni la voluntad de lucha del presidente electo Edmundo González Urrutia. Antonioledezma.net 

En los últimos 25 años, el régimen del Socialismo del Siglo XXI, liderado primero por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, ha sumido a Venezuela en una de las peores tragedias de su historia.

Lo que alguna vez fue un país próspero, con una de las mayores reservas petroleras del mundo, se ha convertido en un territorio devastado por la corrupción, el despilfarro y una generosidad malentendida que ha dilapidado miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano.

Este artículo busca arrojar luz sobre un capítulo particularmente indignante de esta debacle: los “regalos” financieros que el régimen ha hecho a otros países controlados por sus amigotes, mientras los venezolanos padecen hambre, miseria y desesperación.

Uno de los casos más escandalosos es el de Bielorrusia. Documentos filtrados han revelado que el gobierno de Alexander Lukashenko dejó de pagar más de 1.400 millones de dólares que adeudaba a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras un supuesto “auxilio” ordenado por Hugo Chávez.

Para Bielorrusia, este no fue un incumplimiento, sino un “regalo” de Caracas. Sí, un regalo. Mientras los hospitales venezolanos colapsaban por falta de insumos, mientras las escuelas se caían a pedazos y los ciudadanos hacían colas interminables por un kilo de harina, el régimen chavista decidió condonar una deuda multimillonaria a un aliado político en Europa del Este.

Este no es un caso aislado, sino parte de una política sistemática de despilfarro y entrega de los recursos nacionales a cambio de favores políticos o lealtades internacionales.

Causa indignación recordar cómo recuperamos en mis tiempos de Gobernador de Caracas los hospitales Periférico de Catia, la Maternidad Concepción Palacios o el Hospital JM de Los Ríos, adelantamos esas obras con escasos recursos financieras, pero hoy esos centros de salud, al igual que la inmensa mayoría de la red hospitalaria de Venezuela, se encuentra en bancarrota.

La lista de ejemplos es abrumadora. Durante los años de bonanza petrolera, cuando el precio del crudo alcanzó niveles históricos, Venezuela regaló miles de millones de dólares en forma de petróleo subsidiado o condonaciones de deuda a países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros miembros del bloque del ALBA.

En el caso de Cuba, se estima que el envío de petróleo a precios preferenciales o directamente gratis ha superado los 30.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. ¿Qué recibió Venezuela a cambio? Propaganda, asesores políticos y un modelo de control social que busca perpetuar la dictadura en nuestro país.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), alguna vez el motor económico del país, se convirtió en el epicentro de la corrupción chavomadurista. Durante la bonanza petrolera (1999-2014), cuando los precios del crudo alcanzaron récords históricos, se estima que al menos 300.000 millones de dólares desaparecieron por malversación, sobornos y contratos fraudulentos. Un ejemplo paradigmático son las operaciones con papeles de la deuda.

Funcionarios y empresarios afines al régimen manipulaban la asignación de bonos comprados en bolívares, pero pagados en dólares a tasas preferenciales. Este esquema, liderado por figuras como Alejandro Andrade, extesorero nacional, permitió el lavado de más de 2.400 millones de dólares solo en un caso investigado en Estados Unidos.

En otro escándalo, el Banco Espírito Santo en Portugal facilitó la desaparición de 3.500 millones de euros de Pdvsa entre 2007 y 2012, mediante sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar depósitos en sus cuentas.

Mientras tanto, en casa, el régimen saqueaba las arcas nacionales. Pdvsa, que alguna vez fue un símbolo de eficiencia y riqueza, se convirtió en una caja chica para financiar corruptelas y proyectos fallidos. Desde el desfalco de miles de millones a través de contratos fraudulentos hasta la malversación en proyectos como la Faja del Orinoco, el régimen ha demostrado un talento excepcional para el robo descarado.

Según estimaciones conservadoras, más de 300.000 millones de dólares han desaparecido de las finanzas públicas en estos 25 años, una suma que podría haber transformado a Venezuela en una nación moderna, con infraestructura de primer mundo, educación de calidad y un sistema de salud digno.

Estas operaciones no solo enriquecieron a una élite corrupta, sino que también endeudaron al país. Mientras los venezolanos enfrentan escasez de alimentos y medicinas, el régimen emitía deuda pública a través de bonos que beneficiaban a intermediarios y aliados, dejando a la nación con una carga financiera de más de 100.000 millones de dólares adicionales, según estimaciones publicadas instituciones que se han consagrado a investigar y ventilar públicamente estos desaguisados.

Proyectos como el ferrocarril nacional, el Metro de Caracas o la recuperación del río Guaire, que recibieron miles de millones en fondos, nunca se concretaron, evidenciando un patrón de pagos por obras inexistentes.

El régimen no solo robó internamente, sino que utilizó los recursos venezolanos para comprar lealtades internacionales, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los casos más notorios es el de Bielorrusia, donde Hugo Chávez ordenó condonar una deuda de 1.400 millones de dólares a Pdvsa, que el régimen de Alexander Lukashenko calificó como un “regalo” de Caracas. Este gesto no fue un acto de solidaridad, sino una maniobra para asegurar apoyo político en foros internacionales.

En América Latina y el Caribe, el régimen implementó una estrategia similar. En Paraguay, por ejemplo, todavía está pendiente recuperar una deuda de 265 millones de dólares que Pdvsa “reclamaba”, aunque la negociación no prosperó por falta de personería jurídica.

En Argentina, el fideicomiso bilateral firmado en 2004 entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner permitió a empresarios argentinos y venezolanos desviar millones de dólares a través de exportaciones infladas y maniobras offshore. Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que empresas como Baldric SA, creada por un venezolano, obtuvieron contratos por casi 8 millones de dólares para proyectos que nunca se materializaron, como un frigorífico en Machiques de Perijá.

En el Caribe, el programa Petrocaribe fue una herramienta clave para comprar votos en la OEA. Países de ese órgano y otras naciones caribeñas recibieron petróleo venezolano a precios subsidiados o incluso gratis, con deudas que raramente fueron cobradas.

Se estima que este esquema costó a Venezuela más de 30.000 millones de dólares, mientras los ciudadanos venezolanos enfrentan apagones y colas interminables por combustible. Estos “regalos” aseguraban el respaldo de gobiernos caribeños en la OEA, bloqueando resoluciones contra el régimen por violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales.

La magnitud del desfalco es abrumadora. Transparencia Venezuela documenta 416 casos de corrupción que comprometen al menos 68.311 millones de dólares, aunque el monto real es probablemente mucho mayor. Desde sobornos en contratos de Pdvsa hasta el desvío de fondos destinados a infraestructura, el régimen ha desangrado al país.

Pero el daño no se limita a lo económico. El Socialismo del Siglo XXI ha robado mucho más que dinero: ha robado el futuro de generaciones enteras. Ha regalado la soberanía nacional a potencias extranjeras que hoy controlan sectores estratégicos del país. Ha despilfarrado la confianza de un pueblo que alguna vez creyó en promesas de justicia social, solo para ser traicionado con miseria y represión.

Los venezolanos no solo han perdido sus ahorros, sus empleos y sus oportunidades, sino también su derecho a soñar con un país mejor.

Es hora de decir basta. La tragedia venezolana no es el resultado de sanciones externas ni de conspiraciones imaginarias, como pretende hacernos creer el régimen. Es el producto de un modelo político basado en la corrupción, la improvisación y la entrega de nuestros recursos a intereses foráneos. Los responsables deben rendir cuentas, y los venezolanos merecemos recuperar lo que nos han robado.

No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro diferente. Es imperativo que los venezolanos nos unamos para exigir transparencia, justicia y la restitución de los recursos saqueados. Solo con un cambio profundo, basado en la democracia, la libertad y el respeto por nuestra soberanía, podremos recuperar el destino que nos fue robado y regalado. Venezuela no merece seguir siendo la víctima de esta infamia. Es tiempo de alzar la voz y trabajar por la reconstrucción de nuestra nación.

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En un mundo desgarrado por conflictos y crisis, Venezuela —pese a sus heridas— guarda intacta su capacidad de renacer. Este país, muchas veces visto desde fuera como un caso perdido o simplemente como una tierra rica venida a menos, está más vivo que nunca en el alma de millones de venezolanos que no se resignan.

Lo que Venezuela tiene por delante no es un milagro, sino una oportunidad de construir una nueva nación. Porque los pueblos no heredan el futuro, lo construyen con sacrificio, trabajo y unidad en el presente.

Durante décadas se repitió hasta el cansancio que “Venezuela era un país rico”. Pero ese relato, aunque emocionalmente cómodo, es una ilusión peligrosa. La riqueza no está en el subsuelo, sino en lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos.

De nada sirven millones de barriles de petróleo si no hay instituciones que garanticen seguridad jurídica, talento humano que los transforme en bienestar, y una sociedad dispuesta a trabajar unida por el bien común.

Ciertamente poseemos inmensas reservas de recursos fósiles que estamos dispuestos a explotar racionalmente y para ello requerimos el concurso de factores internacionales, cuyos recursos financieros serán clave para convertir en bienestar, desarrollo humano, económico y caminos hacia el progreso, ese petróleo y ese gas, y todos esos otros minerales desde el oro hasta el hierro, la bauxita, y la variedad de tierras raras que tiene Venezuela.

Sabemos que Venezuela debe garantizar seguridad jurídica y Edmundo González y María Corina Machado tienen listos los proyectos para que en Venezuela vuelva a brillar el Estado de derecho, retomar la apertura petrolera y sin dudar que se respetara el derecho de propiedad y que cada dólar invertido estará garantizado.

Será un principio y deber irrenunciable velar por los derechos humanos, cerraremos las cárceles del horror para abrir escuelas de libertad. Vamos a hacer de Venezuela el Hub Energético de las Américas, previamente instalaremos una Agencia Nacional de Energía.

Vamos a reponer planes y negocios de hidrocarburos con empresas trasnacionales de países aliados como EE. UU., Canadá, Italia, Francia, de Iberoamérica y de cualquier país del mundo dispuesto a invertir y pagar como dios manda nuestros recursos.

Las puertas del país están listas para abrirse y ver entrar los equipos necesarios tales como mejoradores, taladros, insumos como diluentes para poner en marcha nuestra desvencijada industria de hidrocarburos, incluyendo el relanzamiento de nuestro parque de refinerías.

En Venezuela podemos ahorrarle carbono a la atmósfera sembrando las emisiones de gases de efecto invernadero en sumideros como esos pozos petroleros en desuso, así contribuiremos a la transición hacia una economía baja en carbono. Los combustibles sintéticos representan una alternativa prometedora a los combustibles fósiles.

Podemos explotar el gas convencional y aprovechar racionalmente el asociado al petróleo que al día de hoy se está perdiendo.

Seremos grandes no por lo que heredamos, sino por lo que estamos dispuestos a construir. La Venezuela que viene será una nación forjada, no una herencia pasiva.

En este siglo XXI, la competencia entre naciones no se decide sólo por recursos naturales, sino por la capacidad de formar, retener y multiplicar talento humano. Venezuela cuenta con millones de ciudadanos preparados, profesionales que resistieron, que emigraron, que se adaptaron a otras culturas, y que ahora están dispuestos a regresar y aportar sus experiencias y conocimientos.

A ese valioso capital humano hay que sumarle los millones de jóvenes que esperan oportunidades para demostrar de lo que son capaces de realizar como emprendedores.

El talento venezolano ha brillado en medicina, ingeniería, tecnología, arte, deporte, ciencia y emprendimiento. Muchos de nuestros jóvenes han estudiado en universidades del mundo entero, y ahora son portadores de conocimientos y forman parte de redes internacionales.

Ese será el motor de nuestra reconstrucción de Venezuela, para no depender únicamente de la renta petrolera. Debemos reactivar y diversificar nuestro aparato productivo, que tiene una base industrial inmensa, potente y aún recuperable.

Contamos con potencial en la industria metalmecánica, una de las columnas vertebrales de cualquier economía moderna. Las industrias del hierro, acero, aluminio y manufactura que pueden convertir al país en un proveedor regional de insumos y productos elaborados.

Desde Guayana hasta los Andes, hay estructuras que, con inversión y liderazgo técnico, pueden volver a operar y a generar miles de empleos de calidad. Vamos a reactivar el aparato productivo, vamos a reconstruir la infraestructura, desde las carreteras, autopistas, plantas físicas de escuelas, universidades y hospitales, hasta los puentes, puertos, aeropuertos, silos, sistemas de riego e instalaciones deportivas y culturales.

Ya están listos los planes para rehabilitar los acueductos y las plantas de tratamiento de agua cruda. El potencial eléctrico debe ser restaurado, tanto las fuentes hidroeléctricas como las termoeléctricas.

Sin luz no hay desarrollo posible. También posee Venezuela un potencial para crear fuentes alternas de energías no convencionales, como la eólica, solar, mareomotriz, hidrógeno verde, biomasa, etc. Venezuela tiene espejos de agua, lagos, mar, cuenta con sol y viento todo el año y una envidiable fuente de electricidad blanca.

Además, Venezuela puede ser una formidable plataforma tecnológica para producir bienes transables, desarrollar industrias de software, ensamblaje electrónico y manufactura avanzada.

Nuestras facultades universitarias de medicinas pueden ayudar a crear centros productores de medicina genérica ¿Por qué no? Si alineamos el sistema educativo con las necesidades del sector productivo, seremos un país que exporte valor agregado, no solo materias primas.

Venezuela puede desarrollar su potencial turístico porque tiene conque; nuestras bellezas naturales en playas, ríos, sabanas, cumbres, amazonas, manglares, corales, su variedad de flora y fauna son santuarios maravillosos; sus monumentos naturales como Salto Ángel y los Tepuyes, Mochima, Los Roques, Morrocoy, Médanos de Coro, Chichiriviche, Higuerote, Cata, Margarita y Coche, la nieve perpetua en Mérida, las Cumbres andinas en Táchira, nuestros bosques, sabanas y llanos con esos preciosos esteros de Camaguan; el Zulia y su relámpago del Catatumbo; Barquisimeto y sus crepúsculos y nuestra biodiversidad (9 del mundo) nos hacen ser altamente competitivos, si los dotamos de buenos servicios para atraer turistas e inversiones.

Otra cosa, Venezuela puede ser el granero de América Latina, tenemos tierras fértiles, unidades de producción y maquinaria agrícola que esperan ser reacomodadas para que sembremos y cosechamos los alimentos indispensables. También poseemos un aceptable pie de cría, empresas lácteas, granjas avícolas y pecuarias que serán rehabilitadas.

Y qué decir de nuestro potencial pesquero, cafetero, apícola. Garantizar el respeto a la propiedad privada, suministro seguro de insumos, desde las semillas certificadas, el combustible, las vacunas, el alambre y las estacas, hasta el crédito oportuno, precios justos y políticas de comercialización que permitirán avanzar en ese campo. ¡Somos un gran país!No hay desarrollo sin educación. Punto.

La educación debe ser la reina de la estrategia nacional, el corazón que impulse cada reforma, cada inversión, cada política pública. Debemos rescatar el prestigio de nuestros maestros, modernizar la infraestructura escolar, actualizar los programas, y convertir nuestras universidades en centros de pensamiento y producción de conocimiento, no en islas de resistencia.

Invertir en educación no es una opción, es una condición indispensable. Países como Corea del Sur, Singapur o Finlandia lo demostraron: el desarrollo sostenible nace en las aulas.

Necesitamos escuelas donde se enseñe ciencia, tecnología, ética, ciudadanía, pensamiento crítico y habilidades para la vida. También institutos técnicos y centros de formación dual que conecten a nuestros jóvenes con las industrias del futuro.

La educación es lo que nos permitirá no solo reconstruir, sino transformarnos en una nación resiliente, democrática e innovadora.Estamos conscientes de los desafíos: inseguridad, pobreza, infraestructura colapsada, fuga de capital humano, deuda externa y la pesada herencia de un Estado desmantelado.

Pero también tenemos lo más importante: la voluntad de reconstruir, la convicción de que otro país es posible y el amor por esta tierra que no hemos dejado de soñar ni un solo día.

Con aliados internacionales, un marco jurídico renovado, un Plan Marshall Tropical y una agenda clara de reformas, Venezuela puede ofrecerle al mundo mucho más que petróleo y minerales: puede ofrecer energía limpia, alimentos, innovación, estabilidad geopolítica, y una historia de superación. Nuestro mayor reto no es solo volver a ser lo que fuimos. Es convertirnos en lo que siempre pudimos ser.

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Venezuela, otrora un país de instituciones vibrantes y esperanzas democráticas, se encuentra hoy sumida en la trágica condición de un Estado fallido. Esta realidad no es un accidente histórico, sino el resultado de un patrón deliberado de conducta por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha hecho de la violación sistemática de la Constitución, las leyes, los reglamentos, los códigos y los acuerdos internacionales su modus operandi.

La Carta Magna, que debería ser el pilar de la convivencia nacional, es en la práctica una constitución inexistente, pisoteada por un régimen que no reconoce límites ni principios.

La dictadura de Maduro, heredera directa de las políticas de Hugo Chávez, ha pulverizado la separación de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia. El Poder Judicial, en lugar de ser un árbitro imparcial, se ha convertido en un instrumento de persecución política, judicializando a la oposición y criminalizando la disidencia. Los venezolanos que alzan la voz contra la opresión enfrentan no solo la represión física, sino también un sistema judicial que actúa como brazo ejecutor de la tiranía. Esta aberración no es nueva: es la continuación de un proyecto autoritario que Chávez instauró y que Maduro ha perfeccionado con descaro.

Recordemos que en 1999 se impone una nueva Constitución. Chávez impulsó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó y aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 15 de diciembre de 1999 mediante referendo. Esto no se considera una «reforma» propiamente dicha, sino la creación de una nueva Carta Magna que reemplazó a la de 1961.

Seguidamente, en 2007, Chávez reincide en sus andanzas reformistas y propuso una reforma de 69 artículos para introducir cambios como la reelección indefinida, la institucionalización del poder comunal y medidas hacia un Estado socialista.

Fue sometida a referendo el 2 de diciembre de 2007, pero fue rechazada por el 50.65% de los votos. Por lo tanto, no se ejecutó. Pero Chávez, con su postura caudillezca retoma su fallido despropósito y en 2009 propuso una enmienda (modificación puntual, no una reforma integral) para eliminar los límites a la reelección de cargos públicos, incluyendo la presidencia.

Fue aprobada en referendo el 15 de febrero de 2009 con el 54% de los votos, permitiendo la reelección indefinida. Esta es la única reforma constitucional efectiva ejecutada bajo Chávez

Por su parte, Nicolás Maduro, violentando todos los procedimientos que estaba obligado a observar, convocó una Asamblea Nacional Constituyente que operó entre 2017 y 2020, con el objetivo de «pacificar» el país y potencialmente reformar la Constitución.

Sin embargo, esta asamblea no modificó la Constitución de 1999, sino que se centró en emitir leyes constitucionales y asumir funciones legislativas mediante fórmulas absolutamente arbitrarias, mecanismos que fueron criticados por la oposición ya que solo apuntaban a consolidar el poder usurpado. Tampoco se ejecutó ninguna reforma constitucional.

Maduro propuso una reforma de aproximadamente 80 artículos, presentada el 15 de febrero de 2025, que incluye la incorporación del poder comunal y penas severas contra «amenazas» al “gobierno”.

Está en fase de discusión por una comisión liderada por Tarek William Saab, con un plazo de 90 días para elaborar un proyecto definitivo que debe ser aprobado por referendo. Hasta mayo de 2025, esta reforma no ha sido ejecutada

El reciente anuncio de Maduro sobre una supuesta reforma constitucional no debería sorprender a nadie. Es la misma pócima de arbitrariedad que Chávez aplicó en su momento y que ahora Maduro repite con descarnada continuidad. Las reformas constitucionales en Venezuela no buscan fortalecer el Estado de derecho, sino legalizar la tiranía, consolidando el control absoluto del régimen sobre todos los aspectos de la vida nacional.

Ya son varias las reformas que han desfigurado el espíritu de la Constitución de 1999, una ley que, irónicamente, Chávez y Maduro promovieron como padres políticos, pero que hoy violan de manera incestuosa, traicionando su propio legado.

Frente a esta afrenta, los venezolanos no podemos permanecer pasivos. La lucha por la libertad nos convoca a rebelarnos contra este proceso ilegal, haciendo uso de todos los recursos que nos asisten, tanto dentro como fuera del país.

Es imperativo desmontar el entramado dictatorial que sostiene a Maduro, comenzando por hacer valer el mandato popular expresado en las elecciones del 28 de julio. Ese resultado electoral, que reflejó la voluntad inequívoca del pueblo venezolano, es una meta irremplazable en nuestra marcha para recuperar nuestra democracia.

No basta con denunciar; debemos actuar. La comunidad internacional debe redoblar su apoyo a la causa venezolana, exigiendo el respeto a los derechos humanos y la restauración del orden constitucional.

Dentro de Venezuela, la resistencia debe organizarse, unirse y persistir, utilizando la desobediencia civil pacífica y los mecanismos legales disponibles para desafiar la tiranía.

La Constitución, aunque hoy inexistente en la práctica, sigue siendo el símbolo de lo que podemos y debemos recuperar: un país donde la ley sea el escudo de los ciudadanos, no la espada de los opresores.

La lucha no será fácil, pero la historia nos enseña que las dictaduras no son eternas. Chávez y Maduro han profanado la Constitución que juraron defender, pero los venezolanos tenemos el deber de rescatarla.

Debemos persistir, alzando la voz, afinar y reajustar nuestra organización y de actuar con determinación. Porque en Venezuela, la verdadera reforma no vendrá de los tiranos, sino de un pueblo que se niega a seguir viviendo bajo el yugo de una constitución inexistente.

antonioledezma.net

En los cenagosos terrenos de la Venezuela de Nicolás Maduro, donde la ética se ahoga en el fango de la ambición y el poder, la corrupción política se alza como un monstruo insaciable. En ese lodazal de traiciones, los principios son mercancía barata, y los hombres que alguna vez juraron lealtad al pueblo se venden al mejor postor, envueltos en la pestilencia de la dictadura.

Entre estos pantanos, figuras como Bernabé Gutiérrez y Henrique Capriles, cada uno a su manera, encarnan el drama de una nación traicionada, donde el honor se troca por prebendas y la esperanza se desvanece bajo el peso de la infamia.

Bernabé Gutiérrez, un nombre que resuena como un eco de desprecio en el imaginario colectivo, se yergue como el arquetipo del oportunista sin escrúpulos. Sin formación sólida ni respaldo genuino, este personaje ha mercadeado su alma en los bazares de la ignominia, traficando con los ideales de un pueblo hambriento de justicia. Su ascenso, si puede llamarse así, no es más que el fruto podrido de un sistema que premia la lealtad ciega al régimen.

Como dijo alguna vez el poeta Andrés Eloy Blanco, “en el pantano, hasta la garza se ensucia las patas”. Y Bernabé, lejos de ser garza, es un alacrán que pica con veneno propio, traicionando a quienes alguna vez creyeron en su palabra. Su nombre, sinónimo de deslealtad, evoca la frase de Dante: “El lugar más oscuro del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de crisis moral”. Pero Bernabé no es neutral; ha elegido el lado del opresor, y su traición es un puñal clavado en el corazón de la resistencia.

Hubo un tiempo en que Henrique Capriles era un faro de esperanza, un líder que enardecía multitudes con su carisma y su gorra tricolor como estandarte de lucha. Las calles de Venezuela vibraban con su nombre, y su voz resonaba como un canto de redención. Pero, ¡ay!, cómo caen los ídolos. Hoy, esa misma gorra que lo coronó como símbolo de la oposición se ha transformado en un antifaz que oculta su rendición. Al aceptar la credencial que lo configura como un alacrán más del régimen, Capriles ha cruzado el Rubicón de la traición.

Como Judas, que por treinta monedas vendió a su maestro, Capriles ha cambiado su legado por un puesto en la mesa de los verdugos. Su caída recuerda las palabras de Shakespeare: “¡Oh, qué caída tan grande, amigos míos!”. El hombre que una vez desafió al régimen ahora camina por los pasillos del poder donde se fraguó el robo de las elecciones del pasado 28 de julio, con la cabeza gacha escondida torpemente en una gorra y el alma empañada. ¡Vaya espectáculo en el circo de la política venezolana!

Que Bernabé Gutiérrez, ese ilustre recolector de sobras del basurero político, haya superado a Henrique Capriles, el otrora galán de la oposición con su gorra de superhéroe, es un chiste que ni el mejor comediante podría inventar. ¿Quién lo diría?

El rey de las promesas rotas, Bernabé, ese maestro del oportunismo con un doctorado en traición, eclipsa al que una vez hizo temblar las calles con vítores. ¡Qué ironía! Capriles, con su antifaz de gloria desteñida, debe estar preguntándose cómo el pantano lo engulle tan rápido. Como diría un sarcástico de esquina: “En Venezuela, hasta el alacrán más rastrero puede brillar más que una estrella apagada”.

No me atrevería a citar a Juan Requesens, si no sintiera en lo más hondo de mi conciencia que hay momentos en los que callar también es una forma de traicionar. Traicionarse a uno mismo, a la memoria compartida, y a los principios que una vez, con voz firme y mirada limpia, Juan defendió en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Conozco —en carne propia— los métodos abyectos del régimen que encerró a Juan, quien fue víctima de la crueldad sin rostro, de la máquina infernal que busca doblegar espíritus, destruir voluntades.

Juan fue vejado, humillado y torturado. Y por eso, comprendo el tormento que hoy se asoma en su mirada: ese desgarrador intento de justificar lo que su conciencia no deja de reprocharle.

¿Quién podría juzgar sin temblar ante el peso de su experiencia? Pero hay un juez más implacable que cualquier tribunal humano: la historia. Y ante ella, nadie puede esconderse detrás de silencios cómplices o de razones prácticas que solo sirven a la perpetuación del oprobio. Me permito citar, pensando en Juan, a Albert Camus: “El mayor drama del hombre moderno es vivir dividido entre lo que hace y lo que cree.” En esa grieta —entre sus actos presentes y los principios que enarboló— se instala el dilema que le agobia.

Sé que Juan lucha con él, que en sus noches más solas se pregunta si los pasos que da no lo alejan del joven que, con coraje admirable, se convirtió en símbolo de resistencia frente a la dictadura. Juan, fue un abanderado de la verdad. Pretender que se puede “cambiar las cosas desde adentro” suena a consigna gastada cuando quienes están adentro solo se perpetúan en su podredumbre.

Lo que hoy hace Juan, no es solo una contradicción con su historia, es un golpe a la esperanza de tantos que, viéndole caer y levantarse, creyeron que aún había dignidad inquebrantable en medio de la oscuridad. Lo digo con dolor, pero también con esperanza: aún puedes rectificar Juan. La historia también sabe perdonar a quienes tienen el valor de regresar al camino del deber.

En el lodazal de la política venezolana, donde la dictadura de Nicolás Maduro tritura principios y esperanzas, la inclusión de Juan Requesens en la molienda de la farsa electoral es un acto de perversidad que apesta a oportunismo y cinismo. Este joven es usado como moneda de cambio en un juego macabro.

Esos alacranes que pululan en el pantano de Maduro, decidieron incluir su nombre en la farsa electoral. ¿El propósito? No es rescatar su legado ni honrar su lucha, sino exprimir su imagen para obtener donaciones sucias.

Meter a Requesens en esta pantomima es un sacrificio deliberado en el altar de la ambición, donde las credenciales de diputaciones, manchadas de mugre y deshonra, se convierten en el trofeo de los traidores.

antonioledezma.net

Sigue firme la ruta de la libertad. El 25 de mayo será recordado en la historia como el plebiscito de la democracia venezolana.

Ese día, el pueblo reafirmó dos verdades incuestionables: la primera, que los venezolanos decidieron cambiar; y la segunda, que para Venezuela existe hoy una sola líder legítima: María Corina Machado.

A quienes durante años le dieron la espalda al pueblo, y hoy intentan disfrazarse de demócratas llamando a votar bajo las reglas del régimen, les decimos: Venezuela no volverá atrás. El país ya decidió, y lo hizo con valentía y determinación.

El pueblo ya votó por un cambio. Lo demás es ruido, distracción e intereses personales de un pequeño grupo de tarifados y colaboradores del usurpador. Nuestra prioridad no es complacer aspiraciones individuales, sino recuperar a Venezuela del secuestro en el que la tiene sumida la dictadura.

Hoy vamos 4 a 0 a favor de la libertad. Estamos en el segundo tiempo y la victoria está cerca.

Pronto, Venezuela será un país libre de dictadores y traidores. Porque cuando un pueblo decide cambiar, no hay fuerza que lo detenga.

ING Yandir Loggiodice Secretario General Nacional PCD

La expansión de la influencia china a través de su iniciativa de la Ruta de la Seda en América Latina plantea una interrogante apremiante: ¿cuándo despertarán las potencias tradicionales y los aliados históricos de la región? Mientras China avanza con determinación, asegurando acuerdos comerciales y el control de recursos estratégicos como el litio en Chile y Bolivia, Estados Unidos y Europa parecen rezagados.

Llevamos casi 25 años debatiendo acuerdos entre Europa y Mercosur sin llegar a una concreción, eso es insólito, inexplicable y sí muy reprochable. Y eso sucede mientras China consolida su presencia en nuestro subcontinente.

¿Entonces de qué se quejan? Algunos analistas simplifican este panorama, señalando que «EE. UU. está adelantado en la invención de tecnologías imponentes, mientras que los chinos producen bienes que comercializan y en Europa se limitan a aplicar regulaciones.» Sin embargo, esta visión está desactualizada.

China ya no solo fabrica, sino que también está a la vanguardia en la creación de tecnologías innovadoras y ascendiendo a un sólido segundo lugar como el país con la economía más robusta del planeta Tierra..

El pasado miércoles en un debate realizado en el escenario organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo celebrado en la ciudad de Madrid, el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al defender los acuerdos suscritos por su gobierno con China, afirmó que “en este mundo globalizado no hay enemigos ni amigos permanentes, sino intereses permanentes».

La intención compactada en esa reflexión y parafraseada por el joven estadista uruguayo, es atribuida a Henry John Temple, tercer vizconde de Palmerston, quien en un discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes el 1 de marzo de 1848, afirmó que “No tenemos aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos.

Y nuestro deber es seguir esos intereses”. Es evidente que este pensamiento está cargado de pragmatismo político, priorizando, sin lugar a dudas, los intereses de su región, al momento de inclinarse por una u otra potencia, con intereses que abonar en el competido y polémico esquema de relacionarse.

Tomando en cuenta esa significativa y descriptiva realidad, concluimos en que lo cierto es que China está metiéndose en países iberoamericanos, haciendo inversiones, negociando minerales y tierras raras, mientras que otros países poderosos tenían a América Latina como un simple patio trasero descuidado.

Esta reflexión nos lleva a una conclusión ineludible: es hora de que los países de América Latina sean tratados como actores relevantes en el escenario mundial.

Por eso cobra trascendencia la posición asumida por el presidente Donal Trump y su más destacado equipo gubernamental de su segundo mandato, privilegiando en sus declaraciones y acciones un nuevo marco de relaciones con nuestro ámbito, especialmente con Venezuela.

No le conviene a EE. UU., ni a la Unión Europea, relegar a un segundo plano esa agenda pendiente de trabajo con América Latina, mientras Rusia, Irán y China establecen enclaves con fines geopolíticos, comerciales o económicos.

Es imperativo que Estados Unidos y otros aliados históricos retomen esas relaciones estrechas de antaño y de fechas recientes, cuando la hermandad con América Latina era evidente y fructífera. El hecho cierto de que la primera gira internacional del nuevo Secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido por países de América Latina, es una excelente señal.

La región necesita socios que vean nuestra zona más allá de un mero «patio trasero» y que estén dispuestos a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación estratégica. Mientras el mundo se configura, América Latina no puede permitirse quedar ninguneada.

Es tiempo de actuar, de replantear estrategias y de forjar alianzas que impulsen el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos, no solo en los aspectos económicos, financieros y comerciales, sino también en lo político, porque la paz, la seguridad y la estabilidad son elementos tan medulares como esos otros intereses citados.

La pregunta sigue en el aire: ¿Y América Latina ¿Para cuándo? La respuesta está en nuestras manos. No podemos permitir que la inacción, la indiferencia o, una que otra penosa aventura, definan nuestro futuro.

La verdad es que el potencial que tiene América Latina es inmenso y es lógico que los más variados prismas planetarios orienten sus miradas sobre esas riquezas; y deben ser comprendidos mandatarios como Luis Lacalle Pou que afinan operaciones con quienes se aproximan a concretarlas, sin que esas alianzas conlleve declinar valores y principios democráticos irrenunciables.

Es hora de que la región alce su voz y exija el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones.

antonioledezma.net

Desde el Partido Centro Democrático (PCD), denunciamos públicamente que el proceso de repartición de cuotas entre socios convocado para el próximo domingo 25 de mayo constituye una burla a la voluntad del pueblo venezolano y una grave afrenta al espíritu democrático de nuestra nación.

Los venezolanos ya ejercimos nuestro derecho al voto el pasado 28 de julio de 2024, y aún estamos a la espera de resultados oficiales y confiables por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo que presenciamos fue una lectura improvisada de cifras por parte de Elvis Amoroso, usando una simple servilleta, cifras que no reflejan la realidad vivida por millones de testigos y votantes a lo largo del país.

Hablar de un nuevo proceso electoral sin haber cerrado de manera transparente y legítima el anterior es un acto inaceptable y una falta de respeto al pueblo venezolano.

A esto se suma una dolorosa realidad: más de 920 presos políticos permanecen tras las rejas, únicamente por pensar diferente y participar en el proceso electoral del 28 de julio. Esta persecución política evidencia que no existen condiciones mínimas para hablar de democracia en Venezuela.

Como partido responsable, comprometido con la verdad y los derechos ciudadanos, rechazamos categóricamente este nuevo intento de estafa electoral al país. Le hacemos un llamado firme al pueblo venezolano:

¡Ya nosotros elegimos! No participemos en ningún nuevo proceso electoral hasta que se respete la voluntad expresada el 28 de julio.

¡Viva Venezuela libre y democrática! ¡Basta ya de burlas al pueblo!

Ing. Yandir LoggiodiceSecretario General NacionalPartido Centro Democrático (PCD)

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado un sistema de represión que utiliza la desaparición forzada, la tortura y las detenciones arbitrarias como herramientas para silenciar a opositores, defensores de derechos humanos y voces críticas.

Según el más reciente informe de Foro Penal, actualizado al 12 de mayo de 2025, al menos “68 presos políticos” se encuentran en condición de desaparición forzada, sin que se conozca su paradero o estado de reclusión.

Este dato, alarmante por sí solo, es solo una faceta de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ha calificado como posibles “crímenes de lesa humanidad”.

De acuerdo con Foro Penal, Venezuela registra un total de “895 presos políticos”, de los cuales 808 son hombres y 87 mujeres.

Entre ellos, 726 son civiles y 169 militares, incluyendo a “5 adolescentes” de entre 14 y 17 años. Solo 149 han recibido una condena formal, mientras que “746 permanecen detenidos sin juicio”, en una clara violación al debido proceso.

En la última semana, se documentaron “8 nuevas detenciones” y “7 excarcelaciones”, lo que refleja la naturaleza cíclica de la persecución política en el país, metodología siniestra denominada por el Foro Penal como “la puerta giratoria”.

La Misión de la ONU ha exigido al régimen de Maduro el cese inmediato de las desapariciones forzadas, clasificándolas como una práctica “perversa e ilegal” que forma parte de una política represiva orquestada desde las más altas esferas del poder. Según el organismo, estas acciones, junto con las detenciones arbitrarias y la tortura, podrían constituir crímenes internacionales.

Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha señalado que “el aislamiento e incomunicación de los detenidos son tácticas deliberadas para quebrar a los opositores y perpetuar el miedo en la sociedad”.

Tamara Suju, acaba de presentar su informe anual ante la Organización de Estado Americanos (OEA), allí demuestra con pruebas que, “La represión es sistemática y generalizada”. El informe documenta cómo “el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión como herramienta de control político y social, ejecutando crímenes de lesa humanidad tanto dentro como fuera de Venezuela, con el objetivo de anular la disidencia y silenciar opositores”.

El Instituto Casla, a cargo de Tamara Suju coloca a la vista las pruebas que sindican al régimen de Maduro de “tramar una Convergencia entre represión estatal y crimen organizado”.

La abogada Suju denuncia “la colaboración estructural entre el aparato estatal y el crimen organizado trasnacional, como el Tren de Aragua, para perpetrar violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos políticos, como el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile».

El centro de detención más emblemático de esta maquinaria represiva es “El Helicoide”, considerado el principal centro de torturas de Latinoamérica. Operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), este lugar se ha convertido en un símbolo del terror de Estado, donde los presos son sometidos a condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y torturas físicas y psicológicas.

Otros cuerpos de seguridad, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, también participan en estas prácticas, ejecutando detenciones sin órdenes judiciales y negando a los detenidos acceso a abogados o contacto con sus familias.

La Misión de la ONU ha denunciado la complicidad del sistema de justicia venezolano en estos abusos. El Ministerio Público, los tribunales ordinarios y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han actuado como engranajes de la impunidad, ignorando denuncias, rechazando recursos legales y bloqueando mecanismos de protección como el “habeas corpus”.

Esta connivencia asegura que los responsables de las violaciones queden impunes y que las víctimas permanezcan atrapadas en un limbo jurídico. Dispensenme que me refiera al caso particular, pero estimo que es de alguna manera emblemático. A mi me secuestro el régimen el 19 de febrero del año 2015. Los policías que ejecutaron esa maniobra no presentaron ni orden de captura ni de allanamiento de mi oficina. Derribaron la puerta con objetos contundentes.

No respetaron el debido proceso, ya que siendo Alcalde Metropolitano de Caracas tenía derecho a un “antejuicio de mérito”. Nunca se realizó. Me privaron de mi sagrada libertad por más de 1000 días y en ese lapso solo tuve acceso a una sola audiencia.

La persecución no se limita a ciudadanos venezolanos. Según Foro Penal, “72 presos políticos son de nacionalidad extranjera”, lo que evidencia el carácter expansivo de la represión.

Desde 2014, se han registrado “18.358 detenciones políticas” en el país, y aunque más de “14.000 personas” han sido liberadas tras recibir asistencia legal gratuita, más de”10.000 ciudadanos” siguen sometidos a medidas restrictivas arbitrarias, como presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país.

El Foro Penal, El Instituto CASLA y la Misión de la ONU coinciden en que estas cifras no son hechos aislados, sino parte de un “patrón sistemático” de persecución y criminalización diseñado para aplastar cualquier forma de disidencia.

Las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias son herramientas de un “terrorismo de Estado” que busca perpetuar el control de Maduro mediante el miedo y la supresión de derechos fundamentales.

El informe del Instituto CASLA detalla “nuevos métodos de tortura, como descargas eléctricas, asfixia, y violencia sexual, documentando al menos 16 nuevas incidencias que afectan a unas 35 personas. También identifica unidades clandestinas del SEBIN, como la Coordinación de Protección del Orden Democrático (CPOD), implicadas en estas prácticas”.

También se arrojan pruebas que señalan la “injerencia cubana, presentando evidencias de la participación del régimen cubano en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la formación de militares venezolanos en tácticas represivas y la supervisión directa de torturas por parte de oficiales cubanos”.

En un país donde la justicia está subordinada al poder político, las víctimas de estas atrocidades enfrentan un panorama desolador. La comunidad internacional, encabezada por organismos como la ONU, ha levantado su voz para exigir el fin de estas prácticas, pero la respuesta del régimen ha sido el silencio o la negación. Mientras tanto, lugares como El Helicoide, La Tumba.

Ramo Verde, Tocorón y la cárcel de Yare, siguen siendo testigos mudos de un capítulo oscuro en la historia de Venezuela, donde la libertad y la dignidad humana son sacrificadas en nombre del poder.

Pero la justicia está por llegar y será muy severa con los responsables de todos esos delitos y no valdrán excusas como la manida expresión “sólo cumplía órdenes”. Lo dejó nítidamente sentado el Instituto CASLA en su más reciente informe: “La Impunidad y responsabilidad de la cadena de mando señalando a figuras clave del régimen, incluido Nicolás Maduro, y aboga por la emisión de órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”.

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Sorprendido, zarandeado y desmoralizado, ha quedado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, una vez que se confirmó la espectacular fuga emprendida por los rehenes que estaban encarcelados en la sede diplomática de Argentina en la ciudad de Caracas.

Recordemos que en marzo de 2024, seis opositores venezolanos, todos vinculados al Comando Con Venezuela y 5 de ellos al partido Vente Venezuela de María Corina Machado, ingresaron a la residencia del Embajador de Argentina en Caracas, tras ser acusados por la dictadura de Maduro de “participar en actividades desestabilizadoras, específicamente un supuesto complot para atentar contra el presidente”.

Estos asilados fueron: Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero y el exministro Fernando Martínez Mottola, lamentablemente fallecido.

El gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, otorgó asilo político a estos opositores, reconociendo el riesgo que enfrentaban.

Sin embargo, las autoridades venezolanas negaron salvoconductos para que los asilados pudieran salir del país de manera segura, lo que generó un impasse diplomático. La Embajada de Argentina se convirtió en un refugio temporal, pero también en un punto de tensión, con reportes de vigilancia constante por parte de fuerzas de seguridad controladas por el ministro Diosdado Cabello, y cortes intermitentes de los servicios de agua potable, electricidad, alimentos y medicinas.

La verdad es que Maduro se colocaba de espaldas a los acuerdos internacionales que garantizan derechos para los asilados y los redujo a rehenes, al mismo tiempo que la sede diplomática fue trastocada en una cárcel de la que había que buscar la manera de fugarse y eso fue lo que hicieron estos héroes venezolanos.

Este es otro capítulo victorioso de los ciudadanos venezolanos que no han cesado de luchar, superando todo tipo de escollos y hasta los desalientos y frustraciones que, una que otra vez, han sido dirigidos para intentar desmontar el ánimo indispensable para perseverar ante una tiranía arbitraria como esa que jefea Maduro.

Hoy Maduro acusa este otro espectacular golpe cívico, que se suma al que le propinó nuestro pueblo el pasado 22 de octubre de 2023, haciendo posible la realización de la epopeya de la elección primaria en la que María Corina Machado salió airosa, dejando atrás el siniestro esquema mediante el cual el régimen controlaba las cartas de juego en el tablero de la confundida oposición.

Desde entonces, María Corina ha impulsado una estrategia que apunta a lo medular, lograr la definitiva libertad de Venezuela. Luego surgió el capítulo protagonizado por Edmundo González y ambos hicieron posible la hazaña del triunfo contundente del 28 de julio pasado que el dictador maduro pretende en robarse.

El “todopoderoso régimen” ha quedado “en pelotas” ante los ojos del mundo. Bien se sabe que la herramienta de la que se vale esa dictadura, para sostenerse en la usurpación de los poderes públicos, es su sanguinario aparataje policial, que ahora fue penetrado y por lo tanto burlado para hacer posible que los asilados lograran lo que ha sorprendió a un iracundo Maduro, que busca una explicación razonable entre sus más cercanos aliados.

Ellos no tienen nada creíble que decir. Tratan de instalar en el imaginario de la opinión pública una falsa narrativa que se ha desplomado por el propio peso de la mentira. ¡No hubo negociación alguna!

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que había asumido temporalmente la representación de los intereses argentinos en Venezuela tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Buenos Aires, confirmó que no se emitieron salvoconductos, reforzando la narrativa de una fuga no autorizada.

A esa declaración oficial del gobierno del presidente Lula da Silva, vale la pena agregar la de los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina, ambos solidarios con esta jornada de liberación, resaltando el carácter de “extracción exitosa de la misma”. Y no podía ser de otra manera.

Esas acciones forman parte del derecho y de la obligación moral de un ser humano víctima de un secuestro. Recuperar la libertad es su obligación. Además, lo hacen en terrenos de una tiranía en la que no se respetan los derechos humanos, no hay autonomía del poder judicial, y en donde las policías son pelotones que se disponen apara perseguir a los disidentes, esbirros que proceden amparados en un régimen bárbaro, perpetrador de crimines de lesa humanidad en el marco del tenebroso desarrollo de un Terrorismo de Estado.

Bufones del régimen, como Diosdado Cabello, “jefe” de los servicios de seguridad de la dictadura, han quedado contra la pared. Hoy, el arrogante y sarcástico Diosdado, es blanco del dedo acusador de sus propios socios de la corporación criminal que integran.

Han puesto a correr el ruidoso término de “culpable” de esa penetración de sus propios sistemas de inteligencia policial. Diosdado está descolocado. Intenta, infructuosamente, llevar este desastre que lo hunde en el fracaso, al terreno del humor en su parodia televisiva.

Insólitamente se cree capaz de imitar las habilidades de George Harris, de Emilio Lovera, de Laureano Marquez o de Rafucho, el maracucho. ¡Pero qué va! no tiene talento, sino demasiada maldad.

Por otro lado, María Corina luce adornada por la certeza. Habla y argumenta con la apreciable y firme convicción de que dice solo la verdad y toda la verdad. No deja espacio para incertidumbres, menos para la duda, porque cada frase que sale de su boca da lugar a la fe en sus palabras, como si estuviera reafirmando lo que es incuestionablemente real: “el sol sale todos los días”.

Anonioledezma.net@alcaldeledezma

En un mundo cada vez más interconectado, millones de seres humanos se ven obligados a emigrar, abandonando sus hogares en busca de seguridad y supervivencia. Las penurias que enfrentan los desplazados son inmensas, marcadas por la pérdida, el peligro y la incertidumbre.

Este artículo explora las razones detrás de este éxodo masivo —guerras absurdas, hambrunas y desastres naturales—, las consecuencias de estas migraciones forzadas y las medidas que debemos tomar para abordar tanto sus causas como sus efectos, incluyendo el desafío de controlar la xenofobia.

¿Por qué millones de seres humanos tienen que emigrar?

Los desplazados son personas que huyen de sus hogares debido a circunstancias extremas que amenazan su vida y su bienestar. Las principales causas de esta migración forzada son:

Nicolás Maduro ha devastado la economía nacional y ocasionado una catástrofe humanitaria sin precedentes.

Colapso Económico: La hiperinflación ha erosionado el poder adquisitivo, haciendo que bienes básicos sean inaccesibles para la mayoría de la población.

Crisis de Salud: El sistema sanitario ha colapsado, con un aumento en la mortalidad materna e infantil y la reaparición de enfermedades como el sarampión y la malaria, previamente controladas.

Crisis de servicios: En un país con inmensos recursos minerales e instalaciones que llegaron a deslumbrar al mundo, hoy acusa carencia de servicios de agua potable, luz eléctrica, gas doméstico y combustibles.

Otra calamidad la representa la inestabilidad política: La represión del régimen, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos han generado un clima de miedo e inseguridad.

Negación de la Crisis: La falta de reconocimiento oficial de la crisis por parte del régimen venezolano ha limitado la entrada de ayuda humanitaria, agravando la situación.

Por tales razones, más de 9 millones, según datos aportados por el “Observatorio de la Diáspora”, que dirige Tomás Páez, han salido del territorio venezolano

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del mes de mayo 2024, más de 120 millones de personas estaban desplazadas en todo el mundo, una cifra que refleja la magnitud de estas crisis.

El desplazamiento trae consigo una serie de desafíos que afectan profundamente a quienes lo viven: Pérdida de sus hogares, pertenencias y, en muchos casos, sus medios de vida, quedándose sin nada que los ancle a su pasado.

Muy grave son los terribles “Peligros en el camino” que acosan a los desplazados. Los viajes hacia la seguridad están llenos de riesgos, desde el tráfico humano hasta la violencia y el agotamiento físico. Así lo han relatado familias venezolanas que han padecido todo tipo de amenazas mientras atravesaban trochas en la frontera colombo venezolana y en la selva de Darién.

A esa tragedia se agrega que las condiciones precarias en campamentos o asentamientos temporales, las condiciones suelen ser inhumanas, con escasez de agua, comida y atención médica y no menos alarmante son las dificultades de integración, ya que al llegar a nuevos lugares, los desplazados enfrentan barreras culturales, económicas y lingüísticas, además de actitudes hostiles como la xenofobia.

¿Qué debemos hacer ante estas causas y sus consecuencias?

Para abordar este problema humanitario, necesitamos un enfoque global que ataque tanto las raíces del desplazamiento como sus efectos:

Es necesario “Prevenir las guerras”: La comunidad internacional debe priorizar la diplomacia y el diálogo para evitar conflictos armados, reduciendo así una de las principales causas de migración forzada.

No demorar en la implementación de acciones para “Combatir las hambrunas”: Invertir en seguridad alimentaria, apoyo agrícola y respuesta rápida a crisis climáticas puede ayudar a que las personas permanezcan en sus hogares. También “Mitigar desastres naturales” luchando contra el cambio climático, mediante la reducción de emisiones y la adaptación de comunidades vulnerables, es esencial para disminuir el impacto de estos eventos.

La “Asistencia humanitaria inmediata” a los desplazados que necesitan ayuda urgente: alimentos, refugio, agua y atención médica. Las organizaciones humanitarias deben contar con recursos suficientes para actuar.

Incentivar el “Fomento la integración”: Los países de acogida deben facilitar el acceso a la educación, el empleo y la vivienda para los desplazados, promoviendo su inclusión en la sociedad y aplicar sin contemplaciones los métodos acordados en instancias internacionales, que son jurídicamente viables, para abortar regímenes tiránicos que ejecutan crímenes de lesa humanidad, como es el caso específico de la tiranía de Nicolas Maduro en Venezuela.

¿Cómo controlar los brotes de xenofobia?

La llegada de desplazados a menudo despierta reacciones de miedo o rechazo en las comunidades de acogida. Para controlar la xenofobia, podemos: “Educar y sensibilizar”: Enseñar a las poblaciones sobre las razones del desplazamiento y las historias humanas detrás de él ayuda a reducir prejuicios y “Promover la diversidad”: Resaltar las contribuciones culturales y económicas de los desplazados fomenta una visión positiva de su presencia. “Proteger legalmente”: Implementar leyes contra la discriminación y garantizar los derechos de los desplazados es clave para su seguridad y dignidad.

Las penurias de los desplazados son un reflejo de crisis más amplias: guerras sin sentido, desigualdades, tiranías arbitrarias en un planeta en deterioro. Responder a este desafío exige acción concreta —prevenir conflictos, asistir a los necesitados y construir sociedades inclusivas— y un cambio de corazón para rechazar la xenofobia. Es hora de que gobiernos, organizaciones y ciudadanos trabajemos juntos por un mundo donde nadie tenga que huir para sobrevivir. La solidaridad no es una opción, sino una necesidad.

@Alcaldeledezma

Las desapariciones forzosas representan una de las violaciones más graves de los derechos humanos, un delito que implica la privación de libertad por parte de agentes estatales o grupos con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer el hecho o el paradero de la víctima, sustrayéndola de la protección de la ley. Este crimen, que tuvo un auge durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo XX, sigue siendo una realidad dolorosa en contextos contemporáneos como el de Venezuela.

A continuación, se compara la situación actual en mi país, con lo ocurrido en las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, destacando similitudes, diferencias y el impacto de la ausencia de separación de poderes en la justicia y el debido proceso.

Las Dictaduras del Cono Sur: Un Legado de Terror SistemáticoDurante las dictaduras militares de Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Brasil (1964-1985), las desapariciones forzosas fueron una herramienta clave del terrorismo de Estado. En Argentina, se estima que unas 30,000 personas desaparecieron, muchas de ellas secuestradas, torturadas y asesinadas en centros clandestinos como parte del «Proceso de Reorganización Nacional».

En Chile, bajo el régimen de Augusto Pinochet, más de 3,000 personas fueron desaparecidas, con casos emblemáticos como los «detenidos desaparecidos» documentados por la Comisión Rettig.

En Uruguay, aunque la cifra oficial es menor (alrededor de 200 desaparecidos), el impacto fue profundo en una población pequeña, y las desapariciones se vincularon al Plan Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas.

En Brasil, las desapariciones fueron menos masivas (alrededor de 400 casos), pero igualmente sistemáticas, dirigidas contra opositores políticos durante el régimen militar.

En estos países, las desapariciones forzosas se ejecutaron bajo un esquema centralizado y clandestino, respaldado por el control absoluto del poder militar sobre las instituciones. La falta de separación de poderes fue un factor determinante: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estaban subordinados al régimen, eliminando cualquier posibilidad de investigación independiente o

rendición de cuentas. El debido proceso fue inexistente; las víctimas eran detenidas sin órdenes judiciales, incomunicadas y, en muchos casos, eliminadas sin dejar rastro. La justicia, al estar cooptada, no ofrecía protección ni reparación.

Venezuela: Desapariciones Forzosas en un Contexto Autoritario Contemporáneo

En la Venezuela actual, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las desapariciones forzosas han resurgido como una práctica represiva, aunque con características distintas a las de las dictaduras del Cono Sur. Según organizaciones como Foro Penal, se registraron 200 casos en 2018 y 524 en 2019, con una tendencia a ser de corta duración (promedio de cinco días), eso no eclipsa la terrible tragedia de los seres humanos ejecutados extrajudicialmente por el régimen de Maduro, tal como ha sido denunciado y debidamente documentado con pruebas que resultan incontrovertibles.

Estas detenciones suelen involucrar a cuerpos de seguridad como el SEBIN o la DGCIM (escuadrones de persecución bajo el mando conjunto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello), y se dirigen a opositores políticos, activistas o ciudadanos críticos. Un informe de la ONU de 2019 señaló que estas

desapariciones son parte de una estrategia para «censurar opositores e infundir miedo», acompañadas frecuentemente de torturas y violaciones al debido proceso.A diferencia de las dictaduras clásicas, donde las desapariciones eran masivas y a menudo permanentes, en Venezuela predominan las de corta duración, posiblemente para evitar el escrutinio internacional que generan casos prolongados. Sin embargo, la esencia del delito persiste: las víctimas son secuestradas sin órdenes judiciales, mantenidas en secreto y negadas a sus familias, mientras el Estado evade responsabilidad. Ejemplos como el de Ariana Granadillo, detenida y torturada en 2018 por su vínculo con un opositor, ilustran esta dinámica. En la actualidad destaca el caso de Rafael Tudares yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, así como los centenares de disidentes, entre ellos calificados líderes adscritos al comando Con Venezuela, que están igualmente en situación de desaparición forzosa.

Similitudes y Diferencias

Las similitudes entre Venezuela y las dictaduras del Cono Sur son claras: en ambos casos, las desapariciones forzosas son un instrumento de represión política ejecutado por fuerzas estatales, con la intención de silenciar disidencia y generar terror.

La negación oficial del paradero de las víctimas y la ausencia de garantías legales también son un hilo conductor. Sin embargo, hay diferencias significativas. En las dictaduras, las desapariciones eran parte de un plan sistemático y masivo, a menudo coordinado regionalmente (como el Plan Cóndor), mientras que en Venezuela responden a un contexto de crisis política y económica, con un carácter más reactivo y menos estructurado. Además, las dictaduras operaban en un marco de Guerra Fría y control militar total, mientras que Venezuela pretenden mantener una fachada democrática que encubre prácticas autoritarias, mientras convocan elecciones cuyos verdaderos resultados no reconocen ni acataran.

Un punto común crucial es la erosión de la separación de poderes. En las dictaduras, los regímenes militares subsumieron al Poder Judicial, eliminando su independencia. En Venezuela, el control del Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial ha neutralizado cualquier posibilidad de supervisión o sanción a los perpetradores. Esto se refleja en la impunidad que rodea a las fuerzas de seguridad y en la falta de investigaciones creíbles sobre estos crímenes.

Conclusión: Sin Separación de Poderes, No Hay Justicia

La comparación entre Venezuela y las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil revela una verdad ineludible: donde no hay separación de poderes, no hay justicia, porque desaparece el principio del debido proceso. En los regímenes del Cono Sur, la fusión de los poderes bajo el mando militar anuló toda posibilidad de protección legal para las víctimas de desapariciones forzosas.

En la Venezuela contemporánea, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo perpetúa la impunidad y deja a los ciudadanos indefensos frente a la represión estatal. El debido proceso —que incluye el derecho a un juicio justo, a la defensa y a la transparencia— se convierte en una quimera cuando no existen instituciones independientes que lo garanticen. Así, tanto en el pasado como en el presente, la ausencia de checks and balances transforma a la justicia en un instrumento del poder, en lugar de un bastión de los derechos humanos.

La lección es clara: sin una separación efectiva de poderes, las desapariciones forzosas no solo persisten, sino que se normalizan, perpetuando un ciclo de violencia e injusticia.@Alcaldeledezma