Por Jorge Pérez

El veredicto del 3 de noviembre no admite paños calientes ni excusas de manual. Decir que el partido en el poder siempre pierde escaños a mitad de mandato es ignorar deliberadamente la magnitud de lo ocurrido: perder escaños es la 'norma histórica", pero perder feudos senatoriales en Texas, Kansas y Carolina del Sur representa un colapso estructural del partido de gobierno.

Qqq La última vez que ocurrió algo comparable fue en 2006, cuando George W. Bush entregó el Congreso arrastrado por otra aventura bélica impopular. 

QSin embargo, Donald Trump entra a esta nueva etapa con apenas un 38% de aprobación, una cota inferior a la de Bush en aquel momento, y con el agravante de una reacción pueril: tras insistir a sus bases durante meses en que votaran como si su nombre estuviera impreso en la boleta, su balance a última hora de la noche fue lavarse las manos afirmando que los republicanos cayeron porque él no figuraba en la papeleta. 

Esa evasiva resume en una sola frase la egolatría y la irresponsabilidad que terminaron dinamitando su capital político.

Escribo estas líneas desde la formación en el conservadurismo clásico y una visión de derecha libertaria —firme en la defensa de los impuestos bajos, la desregulación auténtica, el rigor presupuestario, el Estado de derecho y la libertad individual—.

 Siempre me he identificado con los principios fundamentales del Partido Republicano, pero marcando una distancia tajante con el fanatismo ciego del movimiento MAGA. Quienes vivimos de cerca la tragedia venezolana conocemos demasiado bien esa patología social: el culto mesiánico al líder, la intolerancia ante la discrepancia interna, el resentimiento como combustible electoral y la fe ciega en un salvador providencial guardan una simetría espeluznante con el fanatismo chavista. Desde esa vivencia directa en suelo estadounidense, con la perspectiva de quien ha visto a un país destruirse por la idolatría política, resulta evidente que la jornada del 3 de noviembre fue, antes que nada, un plebiscito revocatorio contra Donald Trump y su método.

¿Quién y qué perdió realmente el 3 de noviembre?

La derrota electoral trasciende la aritmética de escaños; lo que fue derrotado en las urnas fue un modelo de dominación política:

•    Perdió la egolatría y el narcisismo desbordado: Esa convicción patológica de colocarse en el centro absoluto del universo, por encima de las instituciones, de la Constitución e incluso rayando en una arrogancia que pretende situarse por encima de Dios.•    Perdió la política del odio y la división: La estrategia de gobernar fracturando a la sociedad civil, atizando el racismo, utilizando el miedo y señalando a compatriotas o minorías como enemigos internos.•    Perdió la narrativa falaz del pánico rojo: La insistencia en vender que cualquier demócrata es un marxista radical se derrumbó por su propio peso. Si bien la izquierda más doctrinaria aspiraba a meter entre 15 y 17 legisladores afines a DSA en la Cámara de Representantes, apenas lograron colar a siete. La gran masa demócrata que ganó terreno lo hizo desde la moderación y el centro productivo.•    Perdió el extremismo en ambos costados: El voto masivo, impulsado decisivamente por una Generación Z movilizada y por votantes independientes, dejó una advertencia nítida: Estados Unidos no quiere la radicalización de la derecha MAGA, pero tampoco la agenda del colectivismo radical. El país reclama sobriedad, cordura y foco en los problemas reales.

Las cinco raíces del colapso estatista

La debacle no nació de la nada; fue el resultado previsible de traicionar los postulados elementales de la libertad económica e institucional:El intervencionismo económico disfrazado de patriotismo Un arancel no es un castigo al extranjero; es un impuesto directo sobre los hombros del consumidor local. Las estimaciones del Yale Budget Lab advertían que los aranceles de Trump restaban unos 1.077 dólares anuales a cada familia estadounidense, una sangría agravada por una insólita guerra comercial contra Canadá, el socio comercial más estable. A esto se sumó una fijación estatista por la economía dirigida: forzar la renuncia del director ejecutivo de Intel para que el Estado asumiera cerca del 10% de su capital accionario o proponer un tope del 10% a los intereses de las tarjetas de crédito. Fijar precios, intervenir directorios y castigar sectores productivos no tiene nada que ver con Ronald Reagan ni Milton Friedman; es dirigismo económico puro.La aventura militar contra Irán y el shock energético Nadie con sentido común defiende a la teocracia de los ayatolás, uno de los regímenes más repudiables del globo. Pero abrir una guerra convencional en febrero desató un shock inflacionario fulminante: la gasolina escaló cerca del 50% y el diésel subió dos tercios. El 62% de los votantes rechazó una operación que encareció de golpe cada eslabón del transporte, la distribución y la manufactura nacional.Lealtad ciega sobre mérito y competencia El Partido Republicano canjeó la solvencia institucional por la sumisión incondicional. El caso de Texas es paradigmático: imponer a Ken Paxton —con el lastre de acusaciones por soborno y un juicio político promovido por su propia bancada conservadora— frente a la experiencia legislativa de John Cornyn terminó entregando la banca al demócrata James Talarico. En Carolina del Sur, postular por simple nepotismo a Darline Graham selló otra derrota histórica ante una pediatra. Castigar la discrepancia interna para ungir a incondicionales vacía a los partidos de cuadros viables para la elección general.El regreso impúdico del conflicto de intereses Durante años, la bancada conservadora denunció con justa razón el tráfico de influencias en torno a Hunter Biden. Esa solvencia moral quedó anulada cuando la declaración patrimonial de Trump reveló ingresos superiores a 1.400 millones de dólares mediante esquemas familiares vinculados a criptomonedas, coronados por la venta del 49% de una de esas firmas a entidades ligadas a la seguridad emiratí, revelada por el Wall Street Journal. Sin dejar de mencionar el oscurantismo y la opacidad de los acuerdos energéticos suscritos con el régimen factico de Venezuela dónde una buena parte del paquete accionario de la empresa Nabep dirigida por el súper corrupto de la revolución socialista chavista Alejandro Betancourt corresponde al Pentágono. Para el electorado independiente, la corrupción generalizada e inmoral a todas luces, desplazó a la inflación como principal preocupación en los sondeos de otoño.La persecución migratoria contra la fuerza trabajadora Proteger las fronteras y deportar a delincuentes es una obligación elemental de cualquier Estado soberano. Lo que el país presenció en casi todos los estados, con especial crudeza en Texas, fue una arremetida autoritaria: agentes encapuchados, vehículos sin identificación y deportaciones arbitrarias a terceros países en África que alcanzaron a trabajadores productivos —jardineros, cocineros, conductores, profesionales calificados y jóvenes traídos de niños que tributan, construyen patrimonio y educan a sus familias—. La comunidad hispana reconoció en esas tácticas los métodos de regímenes opresivos y respondió en las urnas liquidando bastiones que se creían inexpugnables.Un país centrado frente al dilema de 2028¿Significa esta victoria que el corazón productivo de Estados Unidos abrazó el socialismo?

 En lo absoluto, para nada. Ningún votante en Lawrence Kansas dónde crecieron 3 de mis hermanos desde los años 70, amaneció con el deseo de colectivizar la propiedad privada. El triunfo opositor en zonas conservadoras recayó en perfiles civiles moderados: médicos, docentes, pastores de iglesias y dirigentes comunitarios tradicionales.

El Partido Demócrata encara ahora su propia bifurcación:La vía de la cordura institucional: Representada por figuras como Josh Shapiro en Pensilvania por ejemplo, quien consolida su liderazgo recortando el impuesto corporativo, agilizando permisos a la inversión privada y frenando el antisemitismo en los campus. Con este bloque proempresa es posible debatir presupuestos y sostener la estabilidad económica.

El lastre del colectivismo (DSA): El experimento de Zohran Mamdani en Nueva York, con la congelación de alquileres que ya acumula decenas de miles de departamentos vacíos por falta de rentabilidad para mantenimiento, demuestra que el control de precios contrae la oferta y degrada el mercado. Extender ese dogma a escala federal sería letal.Ahora bien, sin duda la carrera hacia 2028 se abrió el 3 de noviembre. Si la respuesta de la Casa Blanca frente al nuevo Congreso consiste en amenazar con vetar cada ley y gobernar por decreto mediante órdenes ejecutivas, Trump terminará de consumir su mandato en un aislamiento estéril. El verdadero renacimiento del conservadurismo estadounidense exige romper el cordón umbilical del populismo personalista. Ni el vicepresidente Vance ni Marco Rubio ofrecen una ruptura creíble con ese esquema; el nuevo liderazgo republicano deberá surgir de los gobernadores y legisladores que ganaron con solvencia y alto apoyo popular, que demostraron capacidad de gestión, distancia crítica del caudillismo y apego irrestricto a los fundamentos que hicieron próspera a esta república: libre mercado, cuentas claras, instituciones respetadas y la certeza de que ningún hombre está por encima de la ley.

Por Jorge Pérez*

Venezuela se encuentra frente a una realidad eléctrica que no admite más postergaciones ni explicaciones coyunturales. Lo hemos advertido reiteradamente en distintos medios de comunicación, entrevistas y espacios de análisis: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una condición de colapso parcial, caracterizada por su progresiva pérdida de confiabilidad, estabilidad operativa y capacidad para garantizar la continuidad del servicio.

Es importante comprender que una crisis eléctrica no necesariamente desemboca de manera inmediata en un apagón nacional. Antes de llegar a ese escenario, puede atravesar una fase de deterioro estructural en la que el sistema continúa funcionando, pero lo hace con márgenes operativos cada vez más reducidos, una infraestructura debilitada, menor capacidad de respuesta ante contingencias y una creciente dependencia de condiciones operativas que no siempre pueden garantizarse.

Eso es precisamente lo que entendemos por colapso parcial: un sistema que todavía presta servicio, aunque lo hace bajo condiciones de vulnerabilidad creciente, con interrupciones recurrentes, restricciones de suministro y una capacidad cada vez más limitada para responder ante perturbaciones de importancia. El colapso total sería el escenario extremo: la pérdida generalizada y sostenida de la capacidad de suministrar electricidad, con una interrupción de gran alcance que supere la capacidad de recuperación operativa del sistema.

El evento registrado este domingo 1 de noviembre de 2026 constituye una nueva señal de alarma sobre la fragilidad de nuestra infraestructura eléctrica.

De acuerdo con un reporte atribuido al Despacho Regional Guayana del Centro Nacional de Despacho, emitido a las 9:22 de la mañana, se produjo una disminución de 4.668 MW en la exportación de energía desde Guayana, acompañada de un registro de frecuencia de 62,09 Hz.El reporte señala la actuación del esquema de sobretensión y el disparo de tres líneas estratégicas de 765 kV:•    La Arenosa–Yaracuy 2.•    San Gerónimo–La Horqueta.•    Malena–San Gerónimo 1.

Adicionalmente, se reportó el disparo del SVS de la subestación La Horqueta, del autotransformador AT2 de 765/400/20 kV de esa misma instalación y de la unidad generadora G14 de la Casa de Máquinas Guri 2, cuya protección registró potencia inversa.

No estamos hablando de instalaciones secundarias ni de elementos periféricos de la red. Estamos hablando de componentes fundamentales de la columna vertebral del sistema de transmisión venezolano, particularmente de la infraestructura de 765 kV que permite transportar grandes bloques de energía desde el complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní hacia los principales centros de consumo del país.

La actuación simultánea o sucesiva de estos elementos evidencia la gravedad de la perturbación y obliga a examinar las condiciones de estabilidad, protección y capacidad de respuesta de la red.

Hay un dato que merece especial atención: los 62,09 Hz reportados representan una sobrefrecuencia considerable respecto de los 60 Hz nominales. Esta condición puede asociarse con un desequilibrio entre generación y demanda, particularmente cuando una perturbación provoca la separación eléctrica de áreas del sistema.

Una hipótesis que debe investigarse es que la pérdida de capacidad de evacuación de Guayana haya producido un excedente de generación respecto de la carga que permaneció conectada en esa área, favoreciendo un incremento de frecuencia. Sin embargo, para confirmar esta secuencia es indispensable conocer los registros de frecuencia en diferentes subestaciones, las oscilografías de las líneas y la cronología exacta de las actuaciones de protección.

También debe determinarse si la sobretensión fue el fenómeno desencadenante o si fue consecuencia de una perturbación previa.

El disparo del SVS de La Horqueta merece especial consideración, dado que estos sistemas cumplen una función fundamental en la regulación dinámica de tensión y el soporte de potencia reactiva. Su indisponibilidad durante una contingencia puede reducir los márgenes de estabilidad de la red.Por otra parte, la actuación de la protección de potencia inversa de G14 requiere revisar la secuencia de eventos, las condiciones de operación de la turbina y la respuesta de los sistemas de regulación de la unidad.

La coincidencia temporal de estos acontecimientos con reportes ciudadanos de fluctuaciones de voltaje e interrupciones en distintas regiones del país refuerza la necesidad de una investigación operativa integral.

Uno de los errores más recurrentes al abordar la crisis eléctrica venezolana es concentrar la discusión exclusivamente en cuántos megavatios se encuentran disponibles o cuántos pueden incorporarse próximamente al sistema.

La generación es indispensable, pero no es suficiente.

Un sistema eléctrico necesita capacidad de generación, transmisión y distribución, además de sistemas de control, protección, compensación reactiva, telecomunicaciones, automatización y coordinación operativa que permitan transportar y entregar la energía en condiciones de seguridad y confiabilidad.

Podemos recuperar unidades hidroeléctricas y termoeléctricas, incorporar nuevos megavatios e incrementar la disponibilidad de generación; pero si no recuperamos simultáneamente la infraestructura que permite evacuar, transportar y distribuir esa energía, estaremos construyendo una solución incompleta.

El evento del 1 de noviembre vuelve a colocar en evidencia la vulnerabilidad de los corredores de transmisión de 765 kV y sus interconexiones con la red de 400 kV.

Esta infraestructura constituye una verdadera autopista eléctrica nacional. Su función es transportar grandes bloques de energía desde Guayana hacia el centro y occidente del país, mediante instalaciones estratégicas como Malena, San Gerónimo, La Horqueta, La Arenosa, Yaracuy y los demás nodos que integran la red troncal.

La pérdida de disponibilidad de estos corredores, sus autotransformadores, sistemas de compensación y equipos asociados compromete la capacidad de transferencia de potencia y reduce los márgenes de seguridad del sistema.

No podemos ignorar, además, la obsolescencia acumulada de una parte importante de los activos, las limitaciones de mantenimiento, la pérdida de capacidades técnicas especializadas y las deficiencias que deben investigarse en los sistemas de protección y control.

Una red de transmisión no se vuelve confiable por el simple hecho de que sus líneas permanezcan energizadas. Necesita disponer de equipos en condiciones adecuadas, protecciones correctamente coordinadas, sistemas de control funcionales y capacidad de respuesta ante contingencias.

Lo ocurrido obliga a revisar si los esquemas de protección, compensación y control están respondiendo conforme a los criterios de diseño y operación para los cuales fueron concebidos.

La situación es especialmente delicada cuando se pretende incrementar la generación del Bajo Caroní sin recuperar previamente, o en paralelo, la capacidad de evacuación y estabilidad de la red.

LA RECUPERACIÓN DEL BAJO CARONÍ Y LA RED TRONCAL NO PUEDEN ESPERAR

Desde nuestra perspectiva, la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional debe abordarse mediante un programa integral, simultáneo y técnicamente coordinado.

No se trata de escoger entre recuperar generación o recuperar transmisión. Se trata de ejecutar ambas cosas en paralelo.

En primer lugar, es imperativo acelerar la recuperación de las unidades hidroeléctricas del Bajo Caroní, particularmente en Guri, Macagua y Caruachi, aprovechando el potencial energético de una de las cuencas hidroeléctricas más importantes de América Latina.

En este sentido, es necesario concretar los recursos financieros requeridos para activar los compromisos establecidos con General Electric Vernova, ahora GE Vernova, en el marco del contrato y del manifiesto de intención suscrito en agosto de 2026.

Los anticipos correspondientes son fundamentales para que la empresa pueda iniciar y ejecutar las obras contempladas en esos instrumentos, movilizar recursos técnicos, programar intervenciones y avanzar en la recuperación de los equipos comprometidos.

No podemos seguir anunciando procesos de recuperación mientras los recursos financieros que permiten su ejecución permanecen pendientes.

Pero hay un segundo componente que resulta igualmente urgente: la recuperación de la generación termoeléctrica.

Venezuela necesita recuperar su capacidad de generación térmica para complementar la hidroelectricidad, disponer de mayor flexibilidad operativa y reducir la exposición del sistema a contingencias que afecten la disponibilidad de los recursos hidráulicos o la capacidad de transmisión desde Guayana.

Una matriz de generación equilibrada requiere que las unidades termoeléctricas recuperen su capacidad efectiva de operación y puedan responder conforme a las necesidades del sistema.

Por ello, consideramos indispensable avanzar también en las negociaciones técnicas, comerciales y financieras con Siemens.

Hemos tenido conocimiento de la visita del vicepresidente de Corpoelec a Alemania, presumiblemente con el propósito de sostener encuentros con representantes de la alta dirección de Siemens. De confirmarse esta información, esperamos que estas gestiones se traduzcan en acuerdos concretos y no se limiten a encuentros institucionales.

Es necesario consignar las cuentas correspondientes, alcanzar acuerdos técnicos y comerciales, formalizar los contratos respectivos y garantizar los anticipos financieros que permitan acometer las intervenciones necesarias.

La recuperación de las unidades termoeléctricas debe avanzar paralelamente con la recuperación de las unidades hidroeléctricas del Bajo Caroní.

Hay un aspecto que merece especial atención en la planificación de esta recuperación: la dependencia tecnológica del parque eléctrico venezolano respecto de General Electric y Siemens.

De acuerdo con las estimaciones de dependencia tecnológica que manejamos, aproximadamente el 66 % de la capacidad de autotransformación y transformación, así como de determinados sistemas y equipos asociados a la infraestructura eléctrica, está vinculada a tecnologías de estas dos empresas.Esta realidad tiene implicaciones estratégicas.

No estamos hablando exclusivamente de turbinas y generadores. Estamos hablando de autotransformadores, transformadores de potencia, interruptores, sistemas de protección, control, automatización, equipos de subestaciones y otros componentes fundamentales para la operación de las redes de transmisión y distribución.

La dependencia de estas tecnologías obliga a establecer una estrategia de recuperación que contemple repuestos, asistencia técnica especializada, rehabilitación de equipos, actualización tecnológica y contratos de mantenimiento de mediano y largo plazo.

Particularmente, debemos atender la infraestructura de transmisión de 765, 400, 230 y 115 kV, así como las redes de distribución de alta y media tensión.

El deterioro de cualquiera de estos componentes puede comprometer la confiabilidad de todo el sistema.Por eso, los acuerdos con General Electric Vernova y Siemens no deben analizarse como operaciones comerciales aisladas. Constituyen decisiones estratégicas para recuperar capacidades fundamentales de la infraestructura eléctrica nacional.

La recuperación de la generación y la recuperación de las redes deben formar parte de un mismo programa maestro, con cronogramas, financiamiento, metas verificables y supervisión técnica.

A partir de lo que sabemos y conocemos desde hace más de 12 años junto a lo ocurrido este domingo 1° de noviembre, si me pusieron a elegir ¿qué haría?, consideramos que la intervención de la red troncal de transmisión debe adquirir carácter prioritario.

Mientras se ejecuta la recuperación de los megavatios de generación, es indispensable desarrollar un programa de emergencia dentro del “Plan de Emergencia Eléctrica Nacional PLEENA” para rehabilitar los corredores de 765 y 400 kV, revisar los autotransformadores estratégicos, recuperar los sistemas de compensación reactiva y verificar el funcionamiento de los esquemas de protección y control.Este programa debe contemplar, como mínimo:

1.    Diagnóstico integral de la red troncal: evaluación del estado de las líneas, subestaciones, interruptores, transformadores y autotransformadores de 765 y 400 kV. (Para ello tenemos nuestra propuesta de diagnóstico junto a la creación del primer gemelo digital en nuestra website).2.    Recuperación de los sistemas de compensación reactiva: rehabilitación de los SVS y demás equipos destinados al control dinámico de tensión.3.    Revisión de los sistemas de protección: auditoría de ajustes, coordinación, selectividad y tiempos de actuación de las protecciones de líneas, transformadores y unidades generadoras.4.    Actualización de los sistemas de control y supervisión: recuperación de los sistemas SCADA, telecomunicaciones, automatización y supervisión en tiempo real.5.    Evaluación de la capacidad de transferencia: determinación de los límites operativos seguros de los corredores de 765 y 400 kV, considerando contingencias y criterios de seguridad N-1.6.    Plan de contingencia y recuperación: revisión de los esquemas de separación controlada de áreas, rechazo de carga, reducción de generación y procedimientos de restablecimiento del servicio.7.    Mantenimiento mayor de activos estratégicos: intervención de los equipos que presenten obsolescencia, indisponibilidad recurrente o limitaciones de operación.

El objetivo debe ser recuperar los márgenes de estabilidad y confiabilidad del sistema antes de incorporar nuevos bloques importantes de generación que puedan superar la capacidad de evacuación de la red disponible.

La gravedad de la situación es que seguimos administrando una crisis estructural mediante respuestas coyunturales.

Cada vez que ocurre una perturbación de importancia, se evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura que debería estar preparada para soportar contingencias sin comprometer la continuidad del servicio.

No podemos normalizar que la población viva sometida al bestial Plan de Racionamiento o como lo han etiquetado PAC, además de interrupciones recurrentes, fluctuaciones de tensión y restricciones de suministro, mientras los activos estratégicos del sistema continúan acumulando años de deterioro y desinversión.

Tampoco podemos esperar que se produzca un apagón generalizado y permanente para reconocer que el sistema ha perdido capacidad de respuesta.

El colapso parcial es una condición que se manifiesta precisamente cuando la infraestructura continúa funcionando, pero ha perdido buena parte de los márgenes de seguridad, redundancia y confiabilidad que garantizan su operación estable.

El paso hacia un colapso total no es inevitable, pero el riesgo aumenta cuando se posterga la recuperación de los activos, no se ejecutan las inversiones necesarias y se continúa operando una red con limitaciones estructurales.

Desde nuestra perspectiva, Venezuela necesita una decisión de Estado y la voluntad política suficiente que trascienda las respuestas de emergencia y permita ejecutar un verdadero Plan Maestro Nacional contentivo del PLEENA y del programa nacional de recuperación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional.

La prioridad debe estar centrada en cuatro grandes líneas de acción simultáneas:

•    Recuperar la generación hidroeléctrica y termoeléctrica, mediante la activación efectiva de los compromisos con General Electric Vernova y Siemens.•    Rehabilitar de manera urgente la infraestructura de transmisión y distribución, con especial atención a los corredores de 765,  400 kV y sus troncales junto a sus instalaciones estratégicas.•    Restablecer las capacidades de planificación, operación, mantenimiento, control y gestión técnica del sistema, con personal calificado y estándares internacionales de confiabilidad.•    Incorporar progresivamente nuevos megavatios de las unidades recuperadas y a parir de nuevas fuentes de energía como la solar en la región norcostera al occidente del país y como propusiera la academia con parques fotovoltaicos en cuerpos de agua adyacentes a infraestructura eléctrica para su evacuación y entrega al SEN.

Desde la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela (RIPSENV), hemos insistido en la necesidad de construir una hoja de ruta estratégica que permita recuperar y modernizar el SEN sobre bases técnicas, institucionales y financieras sostenibles la cual ya estamos finiquitando, pero también que sea convocado un “Consejo de Expertos” integrados por los grupos de opinión técnicos, los gremios, la academia y las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país con pericias y experiencia .

No se trata simplemente de devolver la electricidad a los hogares. Se trata de reconstruir un sistema eléctrico capaz de acompañar la recuperación económica, industrial y social del país.

El evento del 1 de noviembre debe servir como una advertencia y, sobre todo, como un punto de inflexión.La generación del Bajo Caroní debe recuperarse. La generación termoeléctrica debe rehabilitarse. La red troncal de transmisión debe intervenirse. Los sistemas de protección, control y compensación deben modernizarse.

Todo esto debe ejecutarse simultáneamente, con recursos financieros garantizados, asistencia tecnológica especializada y una gerencia profesional capaz de conducir el proceso.

Venezuela todavía tiene la oportunidad de evitar que el colapso parcial se transforme en un colapso total. Pero esa oportunidad se reduce cada día que se posterga la recuperación integral del sistema.La electricidad no admite improvisaciones. La estabilidad de un país tampoco.

No esperemos el blackout nacional para comprender la dimensión de la crisis. El momento de actuar es ahora.

* Experto en Energía, Mercado Eléctrico y Políticas Públicas

Por Jorge Miroslav Jara Salas *

Cuando se habla de la recuperación de la industria petrolera venezolana, hay una cifra que suele aparecer rápidamente: cuántos taladros de perforación están activos. Es un indicador importante, pero también puede generar una imagen incompleta de la realidad operativa del país.

La producción petrolera no depende únicamente de perforar pozos nuevos. También depende de recuperar los existentes, reparar equipos, intervenir pozos que han dejado de producir y mantener en funcionamiento una infraestructura que, en muchos casos, lleva años deteriorándose.

Un taladro perfora un pozo nuevo. Pero no todos los barriles adicionales tienen que venir de un pozo nuevo.

Según las cifras que he compartido recientemente, Venezuela cuenta con alrededor de 30.000 pozos, de los cuales unos 9.000 están activos y 21.000 permanecen inactivos. Estimo que cerca de 15.000 de estos últimos podrían tener potencial de reactivación.

Esto representa una oportunidad importante. Antes de invertir grandes cantidades de capital en desarrollar nuevos campos, es posible recuperar producción mediante intervenciones en pozos existentes, sustitución de bombas, reparación de tuberías, reacondicionamientos y otras operaciones.

La diferencia es relevante: perforar un pozo nuevo requiere tiempo, inversión y una cadena de servicios completa. Reactivar uno existente puede permitir recuperar barriles con una inversión menor y en plazos más cortos, siempre que su condición mecánica, las características del yacimiento y la infraestructura disponible lo permitan.

En la industria petrolera, a estas oportunidades de recuperación relativamente rápida se las conoce como low-hanging fruits. Son los primeros frutos que podemos recoger, pero no debemos confundirlos con una solución permanente.

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Otro problema es que muchas veces utilizamos la palabra «taladro» como si todos los equipos petroleros cumplieran la misma función.

Los taladros de perforación construyen pozos nuevos. Los equipos de workover, conocidos en Venezuela como cabrias, permiten rehabilitar y reacondicionar pozos existentes. Los cabilleros y las unidades flush-by realizan intervenciones más específicas, mientras que los equipos de snubbing permiten trabajar en pozos bajo presión, bajo procedimientos y condiciones operativas especiales.

A esto se suman los servicios rigless, que operan sin necesidad de instalar un taladro convencional. Entre ellos están las unidades de coiled tubing, guaya eléctrica, guaya fina, estimulación, bombeo en frio y caliente (conocidos como equipos Hot Oilers), fractura, registros eléctricos, cañoneo y otros servicios especializados que pueden contribuir a recuperar o mejorar la producción.

En la entrevista con Oil & Energy Stream señalé que, además de los equipos de perforación, Venezuela dispone de una flota de servicios especializados rigless que supera las 100 unidades. También identifiqué equipos de distintas categorías en operación en el país.

¿Por qué importa esta distinción? Porque contar únicamente los taladros de perforación puede dejar fuera una parte considerable del trabajo que permite mantener, rehabilitar y aumentar la producción.

No significa que los taladros nuevos sean innecesarios. Son indispensables para el crecimiento sostenido, el desarrollo de las reservas probadas de petróleo. Significa que debemos evaluar la actividad petrolera con una visión más amplia que incluya todas las operaciones que contribuyen a producir barriles.

La reactivación de pozos puede ofrecer resultados importantes, pero tiene límites. No todos los pozos inactivos son recuperables ni todas las intervenciones resultan económicamente viables. Algunos requieren inversiones significativas; otros pueden haber perdido productividad o necesitar infraestructura que ya no está disponible.

Por eso, el crecimiento no puede descansar exclusivamente en recuperar activos existentes.

Venezuela necesitará rehabilitar instalaciones, asegurar el suministro eléctrico, recuperar sistemas de tratamiento y transporte, disponer de equipos y repuestos, fortalecer la cadena de servicios y atraer capital. También tendrá que volver a perforar pozos nuevos y desarrollar sus yacimientos para compensar el declive natural de los campos y sostener el crecimiento en el tiempo.

La propia escala de la Faja Petrolífera del Orinoco exige una estrategia de largo plazo. Su desarrollo no dependerá solamente de cuántos taladros se incorporen, sino de la capacidad de coordinar inversiones, tecnología, infraestructura, talento humano y servicios especializados.

El número de taladros activos es una referencia útil, pero no debería convertirse en el único termómetro de la recuperación petrolera venezolana.

La pregunta no es simplemente cuántos equipos están perforando hoy. También debemos saber cuántos pozos pueden recuperarse, qué capacidad existe para intervenirlos, cuánto puede aumentar la producción y qué infraestructura necesitamos para sostener ese crecimiento.

Los primeros barriles adicionales podrían venir de los pozos que hoy permanecen inactivos. Los siguientes exigirán intervenciones más complejas, nuevos pozos y una reconstrucción progresiva de las capacidades operativas del país.

Y tampoco debemos esperar a que se agoten los low-hanging fruits para empezar a perforar pozos nuevos, hay que hacerlo llegado su momento de manera simultanea. Ya no bastará con preguntar cuántos pozos podemos recuperar ni cuántos taladros están trabajando. Tendremos que preguntarnos qué necesitamos reconstruir para volver a crecer.

Porque recuperar un pozo puede devolvernos barriles. Recuperar la capacidad de desarrollar una industria es lo que permitirá producirlos durante décadas.

*Ingeniero petrolero de nacionalidad peruana con más de 30 años de experiencia en la industria energética a nivel global 

Por: Jorge Pérez

La oscuridad que hoy castiga a las familias venezolanas con racionamientos brutales de 8 a 10 horas diarias no es una fatalidad técnica ni producto de conspiraciones, ni de saboteos, iguanas o rayos perpendiculares: es el resultado matemático de la corrupción más voraz que haya conocido la historia republicana de Venezuela. Cada corte de luz en el Zulia, en los Andes, en Carabobo o en Oriente, en el más recóndito lugar de Venezuela tiene nombres, apellidos, sobreprecios y contratos incumplidos.

El sector eléctrico nacional ha sido el festín predilecto de la cleptocracia gobernante. La lista de monumentos a la impunidad es abrumadora: el elefante rojo de la Central Hidroeléctrica Tocoma, un desfalco superior a los 9.000 millones de dólares repartido entre IMPSA y el referente corrupto de América, Odebrecht donde se prometieron más de 2.100 MW que jamás sincronizaron; las fallidas contrataciones bajo el opaco convenio Cuba-Venezuela para rehabilitar Planta Centro mediante dudosas subcontrataciones checas que solo dejaron chatarra; o la estafa eólica de La Guajira, donde molinos oxidados y en el suelo atestiguan el saqueo de recursos sin haber aportado un solo vatio continuo al sistema interconectado, por mencionar apenas algunos que equivalen a Miles de millones de dólares.

Sin embargo, en la cima de este esquema de saqueo destaca con luz propia el monumental «guiso» de Alejandro Betancourt y Derwick Associates durante la llamada emergencia eléctrica (2009–2012). Con contratos otorgados a dedo que sumaron más de 5.200 MW por un valor reportado de 7.284 millones de dólares —y un sobreprecio que superó los 5.700 millones—, el país compró turbinas con sobreprecios astronómicos, muchas usadas o inadecuadas, que hoy yacen en el abandono, en verdaderos cementerios.

La radiografía técnica de esas 12 plantas es desoladora: Guatire-Guarenas (156 MW), inoperativa; el complejo La Raisa en los Valles del Tuy (~675 MW), apenas en una operatividad marginal del 10%; Charallave (136 MW) y Picure (170 MW), convertidas en chatarra; Barinas I (182 MW), San Timoteo (100 MW) y la autogeneración de Sidor (440 MW), totalmente fuera de servicio; mientras que los bloques prometidos para PDVSA en Furrial y Morichal (1.354 MW) se extinguieron por falta de mantenimiento e infraestructura de gas en menos tiempo del que "canta un gallo". En total, más de 3.400 MW de capacidad base instalada cuya disponibilidad real no alcanza ni el 8%.

La paradoja es indignante: el déficit que hoy asfixia a Venezuela oscila exactamente entre 3.000 y 3.800 MW. Es decir, la cantidad de energía que hoy le falta al país para erradicar los apagones es idéntica a la que Alejandro Betancourt cobró a precio de oro y jamás entregó en despacho confiable.

Si esas plantas estuviesen operativas en las colas del sistema, la reciente salida de 1.200 MW en el Caroní —por la falla del 29 de agosto en la Unidad 17 y la cavitación en la Unidad 15 de Guri— no tendría a las regiones al borde del colapso.

Lejos de rendir cuentas ante los tribunales y frente a un pueblo que protesta a oscuras, el artífice de aquel desfalco muta hoy de operador eléctrico a actor petrolero "clave". A través de empresa de maletín como North American Blue Energy Partners (NABEP), registrada en paraísos fiscales y lavada de cara bajo pretendidos amparos y licencias foráneas, Betancourt pretende erigirse en salvador energético de la misma nación a la que ayudó a apagar.

Venezuela no puede normalizar el cinismo ni aceptar el reciclaje de promesas vacías, bajo el manto de la opacidad y del oscurantismo que hoy tiene a Venezuela apagada y enferma física, psicológica y económicamente.

Desde nuestra pericia y larga experiencia en el SEN lo sostenemos con rigor de ingeniería y solvencia moral: la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional no vendrá de la mano de quienes lo desfalcaron, sino de una auditoría forense implacable, de la erradicación de estos guisos históricos y de un plan maestro a 25 años cuya primera fase sin duda sea PLEENA (Plan de Emergencia Eléctrica Nacional) bien estructurado, conducido por profesionales y técnicos íntegros con el acompañamiento de un Consejo de Expertos que devuelvan, de una vez por todas, la luz y la dignidad a nuestro país.

Por Jorge Pérez

Hay expresiones que, cuando nacen del liderazgo de la nación más influyente del planeta, no pueden desvanecerse como simple retórica de campaña. Se transforman en compromisos públicos, en estándares éticos y en la vara con la que la historia medirá a quien las pronunció.

El 20 de enero de 2025, al asumir nuevamente la presidencia, usted Sr. presidente Donald J Trump proclamó el inicio de lo que bautizó como «la restauración completa de América y la revolución del sentido común».

Aquel concepto resonó con fuerza y a mí en lo personal me pareció poderoso porque el verdadero sentido común trasciende las etiquetas políticas. No pertenece a republicanos ni a demócratas; no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda. En su formulación más honesta, el sentido común es — la capacidad de confrontar la realidad sin sesgos, evaluar los hechos con objetividad y actuar con lógica, proporcionalidad y apego a la verdad—.

Sentido común es entender que las leyes se aplican caso a caso y no mediante estigmas colectivos. Es comprender que los intereses nacionales jamás deberían alcanzarse pisoteando los principios fundacionales de la justicia. Y, sobre todo, es exigir que los actos de un gobierno guarden una estricta coherencia con las palabras que utilizó para justificarlos.

Por eso, señor presidente, hoy le escribo desde una profunda y legítima perplejidad. Como venezolano que reside, trabaja y tributa en los Estados Unidos, y que ha seguido milimétricamente el destino de su país de origen, veo abrirse un abismo insalvable entre el discurso y los hechos.

La primera contradicción:  Documentados en los hechos, criminalizados en el discurso

Durante décadas, Venezuela fue un proveedor energético confiable para los Estados Unidos. Cuando el mercado estadounidense lo requirió, los hidrocarburos venezolanos mantuvieron en marcha sus refinerías y alimentaron su economía. Hoy, la diáspora venezolana que llegó a este país huyendo del colapso no vino a pedir dádivas: vino a trabajar, a aportar talento técnico y profesional, a fundar empresas y a reconstruir sus vidas en un marco de orden.

Por eso resulta un insulto al sentido común elemental la ligereza con la que se califica genéricamente de «indocumentados» a decenas de miles de venezolanos que han seguido escrupulosamente los canales legales.

Hablemos de hechos tangibles: ¿cómo puede llamarse indocumentado a un ciudadano que porta en su bolsillo dos credenciales oficiales emitidas por el propio Estado norteamericano? Por un lado, un Documento de Autorización de Empleo (EAD) expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras rigurosos filtros de antecedentes biométricos; por el otro, una licencia de conducir emitida bajo los estándares federales de la ley REAL ID, la cual exige pruebas irrefutables de identidad y presencia autorizada.

Reducir a la condición de clandestinidad a quien ha sido expresamente registrado, verificado y autorizado a trabajar por el propio sistema administrativo es un despropósito burocrático y moral.

Peor aún es la sistemática confusión entre estatus migratorio y criminalidad. Las estadísticas oficiales de detención revelan una realidad elocuente: la inmensa mayoría de los venezolanos bajo procedimientos migratorios no tienen una sola condena penal ni un récord criminal en su haber. Son padres de familia, profesionales, ingenieros, técnicos y obreros.

Sin embargo, en el discurso público y en la práctica operativa, la distinción entre un miembro de una banda delictiva y un trabajador honesto parece haberse borrado. Casos como el de Wilber Rafael Garcés Pérez en Texas —un joven baleado mientras realizaba labores de reparto— encienden alarmas inapagables sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso. Si el sentido común gobierna, ¿dónde termina la aplicación legítima de la ley y el orden, y dónde comienza la cacería indiscriminada motivada únicamente por la nacionalidad?

Pasemos al plano económico y geoestratégico. Tras la operación militar del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense, su administración asumió la custodia y administración de los ingresos derivados de la comercialización petrolera venezolana bajo el amparo de órdenes ejecutivas que reconocían dichos fondos como patrimonio del pueblo venezolano.

Según reportes consolidados del Financial Times, en tiempo récord las ventas de crudo no solo cubrieron con creces los costos operativos, sino que han permitido acumular más de 13.000 millones de dólares bajo custodia de Washington. En septiembre se anunció con bombos y platillos el mayor acuerdo petrolero de la historia reciente, asegurando participaciones de hasta el 35% y reservas estratégicas a largo plazo para los Estados Unidos.

El pragmatismo financiero es comprensible, pero el sentido común impone preguntas contables inaplazables:

Si los barriles siguen saliendo y el flujo de caja se multiplica, ¿por qué el venezolano común sigue padeciendo el colapso catastrófico de su sistema eléctrico, la falta crónica de agua potable, hospitales desabastecidos y una infraestructura en ruinas? ¿Quién audita esos fondos? ¿Cuánto dinero ha retornado de forma auditable a territorio venezolano para aliviar el sufrimiento de su gente? ¿Por qué su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció ante el Congreso que su departamento administra la cartera de activos venezolanos (incluyendo petróleo y oro), pero dijo no conocer las cifras totales o detalles exactos sobre el monto y la ubicación precisa de dichos fondos?

La promesa de que estos acuerdos beneficiarían a ambas naciones no puede quedarse en un titular corporativo. Si la máxima es: «América First», que eso no signifique «Venezuela Last».

Si Estados Unidos gana estabilidad y crudo, Venezuela tiene el derecho incuestionable de ver esa riqueza traducida en reconstrucción real, no en un nuevo esquema de opacidad donde el ciudadano de a pie vuelve a ser el gran olvidado.

La última y más dolorosa contradicción radica en la coherencia política, y por eso vuelvo a preguntarme por el sentido común.

Durante años, su administración denunció con severidad irrebatible a la cúpula que detentaba el poder en Caracas, tachándola de organización transnacional y ofreciendo recompensas por sus principales figuras. Sin embargo, tras la caída de la cabeza visible, el resto de la estructura no fue sometida a una rendición de cuentas, sino ascendida a interlocutora prioritaria.

Resulta difícil explicarle al ciudadano común cómo una figura como Delcy Rodríguez —quien hasta hace apenas meses promovía campañas de recolección de firmas y agresiones retóricas contra usted señor presidente Trump y contra los Estados Unidos— pasa de ser parte de esa estructura denunciada a ser recibida en el marco de la Asamblea General de la ONU y tratada como socia de facto en acuerdos comerciales y energéticos, la muy “respetada” Delcy.

Nadie desconoce la necesidad del diálogo diplomático. La política internacional exige sentarse con adversarios. Lo que repugna al sentido común es la falta de transparencia sobre lo que motivó el giro: ¿Cambiaron los principios morales o simplemente cambiaron las prioridades comerciales? ¿Bastó una firma sobre un contrato petrolero para borrar de un plumazo el prontuario de delitos, abusos, saqueo y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que desangraron a nuestra nación?

Señor presidente: usted prometió gobernar con lógica, justicia y apego a la realidad práctica.

El sentido común no es negociar con quienes saquearon un país mientras se persigue y se señala al migrante que huyó de ese mismo saqueo para trabajar honradamente en sus ciudades.

El sentido común exige:

1.    Diferenciación estricta: Perseguir con todo el peso de la ley a los delincuentes reales, pero respetar la dignidad, los documentos y el debido proceso de quienes aportan valor a esta gran nación.2.    Cuentas claras: Publicar con transparencia milimétrica el destino de cada dólar generado por el petróleo venezolano bajo custodia estadounidense, garantizando que financie la recuperación del sistema eléctrico, los servicios básicos y las libertades del pueblo venezolano.3.    Coherencia moral: Que los intereses energéticos de corto plazo no sirvan para legitimar a los mismos actores que destruyeron la democracia en Venezuela.

Usted pidió que los hechos hablaran por encima de las ideologías. Quienes conocemos de cerca las consecuencias de la incoherencia y el quiebre de la palabra gubernamental porque lo vivimos con los dictadores de la cleptocracia narco criminal, le hacemos hoy la misma pregunta que resuena en las calles y en la conciencia de millones de estadounidenses, venezolanos y ciudadanos del mundo:

Señor presidente, ¿dónde quedó la revolución del sentido común?

Por Jorge Pérez

Un viejo adagio del cinismo político sugiere que una cosa es suponer la ingenuidad del electorado y otra muy distinta es actuar con la certeza de que carece por completo de discernimiento. Suele pasar cuando alguna personalidad se creen superior al resto y subestima el coeficiente de una nación, una nación de primer mundo que quiere poner a su merced y convertirla en tercermundista para tenerla de rodillas a sus pies

Cuando la oferta electoral abandona los proyectos de Estado para transformarse en una transacción monetaria explícita —prometer un cheque de 5.000 dólares a cada adulto a cambio de asegurar el control legislativo—, la política deja de ser un ejercicio democrático y pasa a operar como una subasta pública.

El cálculo aritmético desmonta la propuesta con contundencia técnica. En una nación con cerca de 245 millones de ciudadanos en edad de votar, semejante compromiso implicaría una erogación inmediata superior a 1,2 billones de dólares (1.2 trillón).

 Esta cifra equivale a casi una quinta parte del presupuesto federal anual, planteada en un entorno donde la deuda soberana y las presiones inflacionarias ya exigen disciplina fiscal.

Ningún fondo privado asumiría tal carga sin exigir prebendas ilegítimas, y comprometer fondos públicos sin sustento tributario ni viabilidad macroeconómica no constituye un plan de gobierno: es una irresponsabilidad que linda con la demagogia de último minuto.

Más allá del colapso

 presupuestario, la gravedad radica en la fractura ética e institucional. La Constitución de los Estados Unidos establece con claridad meridiana el principio de pesos y contrapesos; la facultad exclusiva del gasto (power of the purse) reside en el Congreso, no en la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo de acuerdo al Artículo I de la Constitución.

Condicionar una dádiva directa al resultado de una contienda electoral desvirtúa el espíritu cívico, apelando a la necesidad económica más inmediata del ciudadano para sortear el debate sobre políticas estructurales.

Aunque el discurso se vista bajo el ropaje de un supuesto "dividendo", en el fondo degrada la relación republicana entre gobernante y sociedad al nivel del clientelismo más básico.

La democracia no subsiste sobre promesas que asumen la sumisión o el descuido cívico del elector. Frente al proselitismo del desespero por ver unas elecciones legislativas perdidas debido al incumplimiento de sus promesas electorales y a su mal accionar en materia interna y externa, la verdadera fortaleza de esta gran nación que ha sido un claro ejemplo de república, descansa en dos pilares innegociables: la pedagogía ciudadana para exigir propuestas rigurosas y la solidez de sus instituciones, leyes y separación de poderes para frenar cualquier intento de comprar con retórica lo que solo debe ganarse con solvencia y apego a la ley.

Al final, es precisamente la existencia de un marco legal robusto, tribunales independientes y un sistema legislativo con pesos y contrapesos lo que históricamente ha impedido que promesas de tal calibre puedan ejecutarse al arbitrio del poder de turno.

Las consecuencias de un proselitismo inviable solo generan:* Frustración y cinismo posterior: Cuando estas promesas no se materializan tras las elecciones —al chocar con el Congreso, las cortes o la realidad de las arcas públicas—, el resultado inevitable es una mayor desconfianza en el sistema representativo, alimentando aún más el ciclo de apatía política.* Normalización de la demagogia: Si este tipo de tácticas logra rendir créditos electorales sin consecuencias políticas para quien las emite, el estándar del debate se degrada: la competencia electoral deja de girar en torno a proyectos de país y pasa a ser una subasta de ofertas inviables.

Envilecer la soberanía popular tasándola en "billetes"  es la claudicación moral definitiva del liderazgo político.

Cuando un gobernante pretende comprar la adhesión en lugar de inspirar el compromiso cívico, no solo ofende la dignidad del ciudadano, sino que dinamita el principio de virtud sobre el cual se fundó esta república. El voto no es una mercancía sujeta a regateo ni un cheque en blanco para el oportunismo; es el ejercicio sagrado del discernimiento, la justicia y el destino colectivo.

Una sociedad libre que cede al espejismo del soborno electoral renuncia a su propio honor, pero una ciudadanía despierta, guiada por la rectitud ética y el imperio de la ley, sabrá castigar en las urnas la afrenta de quienes creyeron que su conciencia tenía precio.

Por Jorge Pérez

Hay frases que nacen de una observación incómoda, pero que, precisamente por incómodas, merecen ser examinadas. Esta es una de ellas: nada más parecido a un chavista que un MAGA. Y por eso, sin temor a equivocarme, digo que son la misma vaina.

No afirmo que todos los republicanos sean MAGA ni que todos los venezolanos que alguna vez apoyaron a Hugo Chávez sean responsables del desastre venezolano. Mucho menos digo que Estados Unidos sea hoy Venezuela.

Hablo de patrones políticos: una forma de entender al adversario, relacionarse con el poder y convertir la política en una batalla moral entre “los nuestros” y “los otros”. Esos patrones son inquietantemente parecidos.

El chavismo convirtió progresivamente a Hugo Chávez en algo más que un presidente: para millones de seguidores terminó siendo la encarnación de la patria, la revolución y la esperanza. Criticar al líder comenzó a confundirse con atacar al proyecto; atacar al proyecto, con atacar al pueblo; y atacar al pueblo, en la lógica más radical, con traicionar a la patria.

La política dejó de ser un espacio para administrar diferencias y se convirtió en una lucha entre buenos y malos. Quienes estaban con la Revolución eran “pueblo”; quienes estaban contra ella podían ser llamados enemigos, traidores, fascistas, criminales o apátridas. Esa misma lógica aparece hoy en sectores radicalizados del MAGA, donde Trump deja de ser solo un presidente para convertirse en símbolo absoluto de una causa. Cuando cuestionar al líder se interpreta como una agresión contra la identidad del grupo, la política comienza a convertirse en tribalismo.“Conmigo o contra mí”

El chavismo hizo de la división una herramienta política. Comenzó a clasificar al país entre patriotas y traidores, revolucionarios y escuálidos, pueblo y oligarquía, chavistas y antichavistas. El adversario dejó de ser alguien que pensaba diferente y pasó a ser alguien moralmente inferior.

Ese mecanismo es peligroso porque elimina la convivencia: cuando el adversario piensa distinto, se puede negociar; cuando es considerado enemigo, se le puede perseguir; y cuando se le llama enemigo de la patria, cualquier atropello puede justificarse como defensa nacional.

Aquí está una de las semejanzas que más me preocupa: en sectores radicalizados del MAGA también aparece la idea de una “verdadera América” amenazada por demócratas, liberales, inmigrantes, medios, académicos, funcionarios o jueces. No todos los MAGA piensan así, pero el fenómeno existe y merece observarse sin miedo y sin complacencia.

El autoritarismo necesita enemigos. Chávez los encontró sucesivamente en la oligarquía, el imperialismo, los partidos tradicionales, los medios, empresarios, dirigentes sindicales, opositores y, finalmente, en cualquiera que pudiera ser presentado como amenaza a la revolución.

En el MAGA contemporáneo, el enemigo puede cambiar de nombre a diario de acuerdo a la apetencia de quien manipula los hilos: inmigrantes indocumentados, demócratas, progresistas, medios de comunicación, burócratas, globalistas, élites, jueces, universidades o grupos culturales. El mecanismo, sin embargo, es parecido: “Nosotros somos la verdadera nación; ellos son quienes nos la están quitando”. Esa fórmula es políticamente potente y democráticamente peligrosa, porque transforma problemas complejos en explicaciones simples y ciudadanos en categorías.

Cuando el inmigrante deja de ser una personaHay algo especialmente preocupante en la retórica contemporánea sobre la inmigración. Una cosa es defender fronteras seguras, exigir que se cumplan las leyes migratorias o deportar a quien legalmente debe ser deportado. Otra muy distinta es convertir al inmigrante, como categoría humana, en sinónimo de criminalidad.

Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, pero una democracia también debe distinguir entre quien cometió un delito y quien solo nació en otro lugar o habla otro idioma.

Según Pew Research Center, en 2025 el 65 % de los estadounidenses consideraba que incluso los inmigrantes legales enfrentan algún nivel de discriminación. Eso debería preocuparnos: una sociedad empieza a deteriorarse cuando deja de mirar personas y comienza a mirar etiquetas usadas por quien lidera.

Hay una coincidencia simbólica llamativa: el rojo. Pero el problema no es el color, sino lo que puede representar cuando se convierte en uniforme que identifica la corriente. Los símbolos políticos —una gorra, una camisa, una bandera, una expresión— se vuelven peligrosos cuando sustituyen el pensamiento crítico por la necesidad de pertenecer al grupo.

El fanatismo no pertenece exclusivamente a la izquierda ni a la derecha. Puede vestir de rojo o de azul, llevar una camiseta revolucionaria o usar una bandera nacional. Su rasgo profundo es otro: deja de preguntarse si su líder tiene razón y empieza a justificarlo cuando está equivocado.

El ciudadano democrático dice: “Mi líder se equivocó”, “Mi partido perdió” o “Hay que respetar las instituciones”. El fanático responde: “Si mi líder se equivocó, fue porque alguien lo obligó”, “Nos robaron” "Nos hicieron trampa" o “Las instituciones son buenas cuando nos dan la razón”.

Esa última frase debería producirnos escalofríos.

La semejanza más peligrosa

Chávez no destruyó Venezuela en un día. La destrucción institucional fue progresiva: primero la captura simbólica del poder, luego la descalificación del adversario, después la normalización de lo inaceptable y, finalmente, el debilitamiento de las defensas democráticas.Por eso me preocupa Estados Unidos. No porque sea Venezuela —no lo es—, sino porque ciertas señales son reconocibles: la transformación del adversario en enemigo, la obediencia ciega al líder, la justificación automática de sus excesos, la deshumanización de quienes quedan fuera del grupo, el uso del miedo y la idea de que solo “nosotros” somos patriotas. A Dios gracias existe el contrapeso institucional que hasta ahora ha funcionado.

No quiero que Estados Unidos se convierta en una sociedad donde republicanos y demócratas se miren como enemigos irreconciliables; donde un inmigrante tenga miedo de hablar español, alemán o francés cuando está en el supermercado, en una farmacia o en el tren; donde una persona sea insultada por su camiseta política; o donde demócratas y republicanos sean reducidos a antipatriotas o fascistas por simple afiliación.

No quiero que las instituciones se obedezcan solo cuando favorecen a mi partido ni que ningún presidente llámese —Trump, Biden, Obama o quien venga después— sea colocado por encima de la Constitución. Eso fue lo que aprendimos demasiado tarde en Venezuela: el problema no es solo quién ocupa el poder, sino cuándo una sociedad acepta que el poder puede estar por encima de las reglas.

La lección venezolana

Los venezolanos tenemos una responsabilidad especial al observar estos fenómenos. Ya vivimos el experimento: comienza con un líder que promete salvar a la nación, divide entre patriotas y traidores, entre los nuestros y los otros, y poco a poco dejamos de hablar de ciudadanos para hablar de enemigos.

Esta advertencia no va dirigida solo al MAGA. También va dirigida a los demócratas, porque si responden al fanatismo con otro fanatismo, no habremos solucionado nada: habremos creado dos trincheras. Y una democracia no puede sobrevivir indefinidamente convertida en una guerra de trincheras.

Nada más parecido a un chavista que un MAGA

Sí, lo sostengo: nada más parecido a un chavista que un MAGA cuando ambos dejan de pensar por sí mismos, convierten al líder en objeto de culto, consideran al adversario un enemigo, justifican sus excesos y colocan la lealtad política por encima de la Constitución, por encima de la nación.

Pero lo más importante es esto: un chavista fanático y un MAGA fanático se parecen no porque sean de izquierda o de derecha, sino porque son irracionalmente fanáticos. Y el fanatismo es exactamente lo contrario de la democracia.

La democracia no necesita ciudadanos que adoren líderes, sino ciudadanos capaces de cuestionarlos. No necesita enemigos, sino adversarios; no necesita obediencia, sino instituciones; no necesita unanimidad, sino pluralismo.Y no necesita patriotas que griten más fuerte, sino ciudadanos capaces de decirle incluso a su propio líder: “No estoy de acuerdo contigo. Y precisamente porque te apoyé, tengo derecho a cuestionarte”. Esa frase sencilla puede ser una de las mejores vacunas contra el autoritarismo.

Porque cuando dejamos de pensar por nosotros mismos, ya no importa el color de la camisa: el autoritarismo siempre termina encontrando una bandera bajo la cual esconderse.

  Jorge Pérez

En la ingeniería de sistemas de potencia existe una regla tan elemental como ineludible: un sistema eléctrico no puede entregar lo que no produce. Es una ley física de balance de potencia. Por ello, las recientes declaraciones del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), en las que se celebra un supuesto «récord de demanda de 15.625 megavatios (MW)», no solo carecen de sustento operativo, sino que constituyen un despropósito técnico que evidencia la profunda crisis de rigor e institucionalidad que atraviesa el sector eléctrico venezolano.

¿Cómo puede un país cuya generación real disponible difícilmente alcanza los 12.000 MW registrar una demanda servida de más de 15.600 MW? La respuesta es simple: no puede.

La trampa conceptual: confundir la demanda servida con la frustrada

Para quien ha recorrido las áreas de generación, transmisión, distribución y gestión comercial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la distinción entre demanda servida y demanda potencial (o estimada) no es un debate semántico; es la frontera entre la realidad operativa y la especulación.

* La demanda servida es la potencia física e instantánea que las centrales hidroeléctricas y térmicas logran inyectar a la red para abastecer a los usuarios. Su techo absoluto es la capacidad de generación disponible en ese segundo.

* La demanda potencial es una estimación teórica: lo que el país consumiría si no existiera racionamiento.

Afirmar ante la opinión pública que se ha "alcanzado un récord de demanda" cuando vastas regiones del país sufren racionamientos severos y cortes prolongados es una manipulación inadmisible. Si el número de 15.625 MW proviene de sumar la precaria generación disponible con los miles de megavatios que se le cortan al ciudadano a través de la administración de carga, entonces no estamos ante un récord de consumo, sino ante un récord de déficit.

Presentar la carga rechazada —la energía no suministrada por incapacidad del sistema— como si fuera un éxito de demanda atendida es pretender que la sed de la población equivale a haberle entregado agua.

Frontera física del sistema Energía no suministrada al país.

El libreto oficial atribuye este supuesto pico a las "altas temperaturas" y al uso intensivo de sistemas de refrigeración. Esta narrativa, repetida año tras año, pretende tratar la variabilidad del clima como un evento fortuito insuperable.

En cualquier parte del mundo, la planificación energética incorpora las curvas de temperatura estacionales, la proyección de la demanda estival y el comportamiento de las cuencas hidrográficas. El incremento de la demanda por calor no es un accidente; es una variable predictiva primaria en el despacho de carga. Utilizar el clima como chivo expiatorio permanente solo busca ocultar la verdadera causa del colapso: el abandono del parque térmico de respaldo, la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de inversiones estructurales en las redes de transmisión y distribución.

Resulta particularmente grave que este tipo de informaciones escuetas e imprecisas lleven el sello de despachos conducidos por profesionales de la ingeniería. Que las máximas autoridades del sector avalen reportes desprovistos de balances de potencia detallados, auditorías de disponibilidad de plantas y cifras transparentes de la masa de carga racionada, da cuenta del nivel de erosión técnica al que se ha llevado a las instituciones.

A la desinversión económica se sumó la desprofesionalización provocada por la persecución técnica, la politización de la operación y el éxodo masivo del talento humano calificado. Los resultados están a la vista: un sistema rígido, frágil y gestionado bajo el principio de la improvisación.

Urge la reinstitucionalización del sector eléctrico

Venezuela no podrá reactivar su aparato productivo ni garantizar una calidad de vida digna a sus ciudadanos mientras la gestión del servicio eléctrico siga cimentada en la opacidad y la propaganda.

Superar esta catástrofe requiere con urgencia una reinstitucionalización integral del sector:

* Despolitizar la administración de la red y devolver el mando técnico a profesionales con solvencia ética y capacidad comprobada.

* Someter la operación a auditorías de generación transparentes y de acceso público.

* Trazar una hoja de ruta estratégica para la modernización, la descentralización del parque generador y la integración de energías renovables bajo esquemas de mercado eficientes y regulados.

El primer paso para resolver un problema es diagnosticarlo con la verdad. Intentar tapar un déficit de más de 3.500 MW con titulares triunfalistas sobre "récords de demanda" es una irresponsabilidad que el país, a oscuras, ya no puede tolerar.

*Experto en Energía, Mercado Eléctrico y Políticas Públicas | Director Fundador de RIPSENV.

Por Jorge Pérez

Hay una madre que, desde hace veintiún días, despierta cada mañana con el mismo ritual. Toma su teléfono, revisa las listas publicadas durante la madrugada, vuelve a escribir el nombre de su hijo en otra plataforma de búsqueda, responde llamadas de desconocidos que aseguran haberlo visto y, antes de que termine el día, regresa al lugar donde alguna vez estuvo el edificio que hoy es apenas una montaña de concreto. Ella todavía no sabe si debe seguir esperándolo o empezar a llorarlo.

Como ella, miles de familias venezolanas viven suspendidas entre la esperanza y el duelo. No tienen un certificado de defunción, pero tampoco tienen una respuesta. Tienen un nombre, un rostro, una fotografía y una ausencia que nadie ha podido explicar. En cualquier parte del mundo esas personas reciben un nombre preciso: desaparecidos.

Sin embargo, en Venezuela parece haber ocurrido algo todavía más grave. Los desaparecidos también han desaparecido de las estadísticas oficiales.

Desde el primer día de la tragedia, el Estado ha difundido partes diarios donde informa sobre fallecidos identificados, heridos atendidos, toneladas de ayuda humanitaria distribuidas, litros de agua entregados, maquinaria desplegada, viviendas intervenidas y número de funcionarios movilizados. Pero hay un dato cuya ausencia resulta tan elocuente como inquietante: ¿cuántos venezolanos continúan desaparecidos?

Ese silencio no puede considerarse un simple detalle administrativo. Es una omisión que pesa sobre miles de familias.

Diversos medios, agencias internacionales y organizaciones han señalado que existen decenas de miles de reportes de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, recopilados mediante plataformas ciudadanas digitales y redes de búsqueda. Son estimaciones, no cifras oficiales, precisamente porque el Estado que es a quien corresponde en cualquier nación del mundo no ha publicado un registro consolidado y transparente. Esa ausencia de información no reduce la dimensión de la tragedia; la agrava.

La ciencia y la experiencia internacional en operaciones de búsqueda y rescate son contundentes. Las primeras horas después del colapso de una estructura resultan decisivas. Con el paso de los días, las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente y, transcurridas tres semanas, los rescates con vida se convierten en hechos excepcionales. En ese momento, la prioridad de las autoridades suele concentrarse en la recuperación, identificación y entrega digna de las víctimas a sus familias.

Precisamente por ello, el silencio oficial adquiere una dimensión aún más dolorosa. Porque mientras el tiempo avanza inexorablemente, miles de familias siguen sin saber si continúan esperando un milagro o si llevan semanas llorando a un ser querido cuyo destino nadie les ha querido confirmar.

Un Estado serio entiende que las estadísticas no son simples números. Detrás de cada registro existe una persona, una historia y una familia. Contar a los desaparecidos no es un ejercicio burocrático; es una obligación moral, humanitaria y democrática. Es el primer paso para garantizar verdad, transparencia y dignidad.

Cuando un gobierno evita informar cuántas personas siguen desaparecidas, inevitablemente surgen preguntas que jamás deberían existir en medio de una emergencia nacional. ¿Se desconoce realmente la magnitud de la tragedia? ¿No existen mecanismos para consolidar esa información? ¿O simplemente se teme el impacto político que produciría reconocer públicamente la verdadera dimensión del desastre?

En una verdadera democracia, esas preguntas deberían responderse con datos. En los regímenes opacos, en Estados fallidos suelen responderse con silencio.

Y el silencio también comunica.

Comunica miedo. Comunica improvisación. Comunica incapacidad, ineptitud. Pero, sobre todo, comunica una preocupante indiferencia hacia quienes todavía esperan noticias de sus seres queridos.

La tragedia no termina cuando cesan los rescates. Tampoco cuando disminuyen las cámaras de televisión o cuando la atención internacional comienza a dirigirse hacia otra crisis. La tragedia continúa mientras exista una sola familia esperando una respuesta que nunca llega.

Las sociedades no se miden únicamente por la forma en que rescatan a sus víctimas, sino también por la forma en que las nombran. Mientras exista un solo venezolano cuyo destino permanezca oculto entre los escombros y el silencio oficial, la tragedia seguirá abierta. Porque un desaparecido no deja de existir cuando deja de respirar; desaparece por segunda vez cuando el Estado deja de contarlo.

Ese es el drama de la Venezuela de hoy: no solo hay miles de familias buscando a quienes aman. Hay también un país buscando la verdad entre los escombros del silencio. Porque hay algo peor que desaparecer bajo el concreto de una tragedia: desaparecer también de la memoria oficial.

Por: Jorge Pérez

Los terremotos que estremecieron Venezuela el pasado 24 de junio, cuando se conmemoraba la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército forjador de libertades, no solo derrumbaron innumerables edificios, viviendas, carreteras y esperanzas, además de la innumerable cantidad de víctimas.

 También derrumbaron uno de los últimos símbolos institucionales que aún sobrevivían en la memoria colectiva de muchos venezolanos: la imagen de una Fuerza Armada que, ante la tragedia, acudía sin titubeos al llamado de su pueblo.

Esta vez no fue así. Durante más de setenta y dos horas, millones de venezolanos se hicieron la misma pregunta: ¿Dónde estaba la Fuerza Armada Nacional?, no era una pregunta política. Era una pregunta profundamente humana.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer otra institución militar recordamos escenas que hoy parecen pertenecer a otro país: helicópteros Super Puma y BEL412 rescatando familias atrapadas, aviones Hércules C130 transportando ayuda humanitaria y personal, hospitales de campaña instalados en cuestión de horas, cocinas militares alimentando damnificados, ingenieros militares abriendo caminos, colocando puentes de guerra entre los escombros y soldados cubiertos de barro trabajando hombro a hombro con la población civil.

Así ocurrió durante la tragedia de El Limón, así ocurrió durante la tragedia de Vargas, así actuaba una institución cuya doctrina colocaba el servicio a la Nación por encima de cualquier otra consideración.

Hoy, en cambio, el pueblo venezolano contempló con desconcierto una ausencia tan prolongada como difícil de explicar. 

No hablamos de una institución improvisada. Si hablamos del componente “más grande” de la Fuerza Armada Nacional, el Ejército venezolano posee un Cuerpo de Ingenieros con brigadas, batallones especializados en construcción, mantenimiento e ingeniería de combate; dispone de unidades logísticas, transporte, sanidad militar, aviación del Ejército y medios concebidos precisamente para intervenir en situaciones de emergencia nacional. 

La Armada cuenta igualmente con cuerpos de ingenieros e infraestructura, mientras los demás componentes poseen capacidades técnicas destinadas al apoyo de operaciones de protección civil.

La capacidad, suponemos, existe. La estructura suponemos que existe y los recursos humanos, al menos sobre el papel, suponemos que existen; salvo que ya no exista la FAN. Entonces surge inevitablemente la pregunta que millones de venezolanos continúan formulándose: ¿Qué impidió que esa capacidad se pusiera al servicio de la población desde las primeras horas de la tragedia?

La respuesta no puede limitarse al silencio. Porque mientras la maquinaria del Estado parecía paralizada, fue la sociedad civil la que dio una extraordinaria lección de solidaridad. Vecinos, médicos, enfermeros, voluntarios, iglesias, universidades, organizaciones no gubernamentales y venezolanos dentro y fuera del país comenzaron a movilizar alimentos, medicinas, equipos y recursos con una rapidez admirable.

Paradójicamente, en esta tragedia la fortaleza institucional no vino desde arriba. Vino desde abajo. Vino del pueblo y esa realidad debería avergonzar a quienes durante años convirtieron a la Fuerza Armada en un instrumento para la confrontación política, desviándola progresivamente de su misión constitucional. Durante más de dos décadas, los venezolanos vimos miles de efectivos desplegados para custodiar elecciones, controlar protestas, instalar alcabalas, administrar empresas públicas, distribuir alimentos, participar en actividades partidistas o ejercer funciones ajenas a la profesión militar.

Para esas tareas nunca faltó personal, pero cuando miles de ciudadanos quedaron sepultados bajo los escombros, aislados por carreteras destruidas o esperando rescate, la capacidad de reacción que tantas veces se exhibió simplemente no apareció con la misma contundencia. 

Esa comparación es inevitable y profundamente dolorosa. Lo más preocupante no es únicamente la tardanza. También resultan profundamente inquietantes las numerosas denuncias difundidas por ciudadanos y medios digitales sobre actos de apropiación indebida de ayuda humanitaria y otras conductas incompatibles con el honor militar. 

Corresponde a las autoridades investigarlas con transparencia y sancionar cualquier responsabilidad individual que pudiera existir. El prestigio de una institución nunca puede construirse sobre la impunidad.

Escribo estas líneas desde una convicción muy personal. Recibí formación en una de las escuelas militares y compartí durante años con quienes posteriormente alcanzaron los más altos grados del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.

 Conocí en la otrora Fuerza Armada oficiales cuya palabra valía más que cualquier condecoración, conocí instructores que enseñaban que el mando y la conducción comenzaban con el ejemplo como principio fundamental, conocí soldados que entendían que el uniforme no otorgaba privilegios; imponía sacrificios. 

Por eso duele tanto contemplar el deterioro moral e institucional de una organización que durante décadas fue una de las instituciones de mayor prestigio del país hasta llegar la fulana V República.

No se trata de nostalgia, se trata de responsabilidad histórica. Porque el uniforme militar jamás pertenece a un gobierno, pertenece a la República, pertenece al pueblo venezolano. Su lealtad no puede estar condicionada por ideologías, intereses personales o proyectos políticos. La Constitución es clara cuando establece que la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la Nación y ese principio no admite interpretaciones.

Cuando los venezolanos dejan de esperar a sus soldados en medio de una tragedia, algo muy profundo se ha roto y cuando la institución que debería representar protección genera preguntas, dudas o decepción, el problema deja de ser militar para convertirse en un problema nacional.

Venezuela reconstruirá sus ciudades, reconstruirá sus carreteras, reconstruirá sus hospitales, pero existe una reconstrucción mucho más compleja. La reconstrucción del honor institucional, la reconstrucción de la confianza ciudadana y, sobre todo, la reconstrucción de una Fuerza Armada que vuelva a entender que su mayor gloria no consiste en defender a un poder, sino en servir a un pueblo. Porque los pueblos nunca olvidan quiénes estuvieron presentes en las horas más difíciles. Pero tampoco olvidan quiénes brillaron por su ausencia.

Por Jorge Pérez

Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 han dejado un panorama matemático fascinante y una lección de humildad para quienes nos dedicamos al análisis político.

 Tras el cierre de las urnas este domingo, la frialdad de los datos nos obliga a guardar las cartas de las predicciones y limitarnos, estrictamente, a los hechos.

Debo comenzar este espacio con una admisión honesta ante mis lectores.

 Tras la primera vuelta, sostuve en estas mismas líneas que la candidatura de Abelardo de la Espriella lograría romper de manera definitiva la "espiral del miedo". 

Arriesgué un pronóstico temerario, proyectando que el candidato de la derecha radical capitalizaría un voto de seguridad tan masivo que superaría el 60% de los sufragios en el balotaje. 

Me equivoqué. El miedo no se disipó con la velocidad esperada y las urnas dictaron una realidad mucho más compleja, reñida y fracturada.

Sin embargo, más allá de los fallos predictivos, el comportamiento de los datos oficiales de la Registraduría Nacional desvela un fenómeno de movilización y realineamiento exprés que merece ser desmenuzado con lupa técnica.

Uno de los detalles técnicos que cambia radicalmente la perspectiva del análisis es el comportamiento del descontento. 

En la antesala de la segunda vuelta, se especulaba que un grueso sector del centro político se refugiaría en la apatía, la abstención o la impugnación. Los datos del preconteo demostraron lo contrario.

El voto en blanco se mantuvo en un tímido 1,63% (apenas 426.845 votos), marcando el porcentaje más bajo registrado en una segunda vuelta desde 2014. Sumado a un residual 0,83% de votos nulos, la conclusión política es contundente: el electorado colombiano decidió tomar partido de forma masiva.

 Ante el dilema de dos modelos de país diametralmente opuestos, la ambivalencia no fue una opción.

La bolsa de votos móviles que se redistribuyó o emergió para el balotaje superó los 5,6 millones de sufragios. Esta gigantesca masa humana se alimentó de dos grifos principales:

•    La caída histórica del abstencionismo: Colombia registró una participación del 63,55% del censo electoral, la más alta en casi siete décadas de sufragio universal. Cerca de 2,4 millones de ciudadanos que decidieron quedarse en casa en mayo, acudieron a las urnas este domingo movilizados por la polarización y la urgencia.

•    Votos huérfanos de la primera vuelta: El electorado que en mayo respaldó opciones como la centroderecha de Paloma Valencia (1,6 millones de votos) o el centro de Sergio Fajardo (1 millón de votos) tuvo que migrar forzosamente.

Las matemáticas del balotaje:

 Eficacia vs. Posición de salida

Al contrastar los fríos números de ambas jornadas, se evidencia una clara paradoja matemática. Iván Cepeda logró captar una cantidad significativamente mayor de "votos nuevos" que su rival en el cara a cara:

Candidato    Votos Primera Vuelta    Votos Segunda Vuelta    Crecimiento NetoIván Cepeda (Pacto Histórico)    9.688.361    12.703.886    +3.015.525Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria)    10.361.499    12.951.856    +2.590.357

¿Cómo se explica entonces que el candidato con menor crecimiento neto terminara ganando la presidencia? 

Aquí aplica a la perfección aquella máxima del argot boxístico: el que pega primero, pega dos veces.

 La ventaja acumulada en el primer asalto de mayo fue un golpe tan sólido que condicionó todo el combate posterior.

El techo alto y la disciplina de la derecha: Abelardo de la Espriella partió con una ventaja estructural enorme al consolidar el 43,74% en la primera vuelta. 

El endoso del uribismo tradicional y las bases de Paloma Valencia operó de forma casi orgánica. Sin embargo, al haber pescado de manera tan masiva desde el inicio, su capacidad de estiramiento natural era menor.

 Capturó lo justo para ganar, muy lejos del 60% que este servidor pronosticó, pero el primer impacto ya estaba dado.

La épica (e insuficiente) movilización de la izquierda: Iván Cepeda hizo la tarea más compleja en términos de ingeniería electoral. Logró encender los motores de la periferia, las zonas costeras y Bogotá, sumando a gran parte del centro político y de sectores que acompañaron a Sergio Fajardo o Claudia López. 

Su crecimiento de más de 3 millones de votos demuestra que el discurso de contención contra la propuesta de De la Espriella fue un catalizador altamente efectivo, pero recibió el embate de un rival que ya corría con ventaja.

En el balance final, la efectividad de Cepeda para sumar apoyos frescos y convencer a los indecisos en el tramo final fue superior en volumen bruto. 

No obstante, la política no solo es velocidad de crecimiento, sino también posición de salida.

Ese primer golpe de De la Espriella en la primera vuelta construyó un blindaje estratégico; un colchón lo suficientemente alto como para resistir la arremetida final y asegurar el control del país por los próximos cuatro años.

 Se abre ahora una etapa donde ya no caben las predicciones: solo queda observar cómo se gobernará a una nación fracturada matemáticamente a la mitad y el gran desafío de El Tigre será sumar voluntades y unir al país a partir del próximo 7 de agoto del 2026 cuando comience un nuevo ciclo de la historia de Colombia.

Por Jorge Pérez.

El reciente anuncio de reactivación de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar) y la rehabilitación de Macagua I despierta un inevitable optimismo en una población fatigada por el racionamiento eléctrico.

 La promesa de incorporar 2.400 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) —2.160 MW provenientes de las diez unidades Kaplan de Tocoma y 240 MW de tres grupos Francis en Macagua— se presenta como el gran hito de la agenda energética.

Sin embargo, en la ingeniería de potencia, los megavatios no se miden por lo que se produce en la sala de máquinas, sino por lo que efectivamente llega al interruptor del ciudadano en Maracaibo, Barquisimeto o Caracas. Y es allí donde la física choca de frente con la narrativa política.

Analizar el nuevo Acuerdo IMPSA-CORPOELEC exige una mirada sin pasiones que separe la evidente oportunidad técnica del histórico de desidia que convirtió a Tocoma en un monumento a la corrupción, en verdadero "elefante rojo" tras dos décadas de parálisis.

Si el contenido de dicho acuerdo es el que está haciendo correr el interinato, hay que reconocer que este esquema plantea un blindaje corporativo e institucional inédito y plausible, que no hubiese sido posible sin la irreductible presión de la administración estadounidense que tutela actualmente Venezuela, por un lado. 

Y por otro lado, IMPSA ya no es la golpeada firma argentina del pasado dirigida por más de 100 años por los Pescarmona; hoy opera bajo el control del Fondo Norteamericano Industrial (IAF) y con el crucial paraguas legal de las licencias 48A y 49A de la OFAC.

Este giro geopolítico iniciado el 3 de enero, permite algo que parecía imposible: movilizar componentes clave varados en almacenes de Alemania, Paraguay o EE. UU., y estructurar un fideicomiso en suelo estadounidense con fondos liberados del Estado venezolano (estimados inicialmente entre 80 y 150 millones de dólares para la Fase I de 19 meses). Que IMPSA cobre estrictamente por cada hito ejecutado y auditado, sin anticipos, descarta el riesgo de impago y desvío de recursos.

Hasta ahí, el papel aguanta todo. El verdadero peligro no está ni estará en Washington ni en Mendoza, sino en los pasillos de CORPOELEC.

Los términos del acuerdo firmado por el Ejecutivo parecieran el adendo de un contrato de contingencia que transfiere a la estatal venezolana una responsabilidad civil y estructural para la que hoy no tiene músculo propio. 

El consorcio original OIV dejó la obra civil a un 90%, con reportes de valuaciones con alta reconsideración de precios que en algunos casos no cobraron, pero también con graves dudas sobre las obras, donde algunos profesionales de Corpoelec para ese entonces se inhibieron por los hallazgos de fisuras en las estructuras de concreto de la presa y otros detalles a los que hay que ponerles el ojo y que sumados a una década de abandono, pasan factura.

 En todo caso, CORPOELEC debe ahora subcontratar la remoción de sedimentos, reparar el concreto deteriorado y sellar filtraciones en la presa para que IMPSA pueda vestir las turbinas. 

Algunos expertos han indicado el nombre de la nacional Vinccler, propiedad de la familia Clerico, que fue dirigida hasta hace poco por Juan Francisco Clérico, quien falleció el pasado marzo 2026, pero que, por su reconocida trayectoria de más de 60 años, surge como el único candidato lógico para esta tarea por su manejo de los planos originales.

A esto se suma el drama autoinfligido de la Subestación Tocoma 400 kV. Esta infraestructura, diseñada originalmente por la firma española TSK con tecnología Siemens, fue desvalijada y canibalizada por la propia CORPOELEC para apagar fuegos en otras regiones, sufriendo además el azote del hampa común.

 Recomponer sus sistemas de protección digital, tableros y cableado de control es una labor titánica. Si la estatal se retrasa en entregar la obra civil o la subestación, IMPSA simplemente activará las cláusulas de paralización por causas imputables al contratante, y los escasos fondos internacionales se irán en pagar penalizaciones en lugar de encender turbinas.

Para paliar su evidente debilidad y negligente gestión desde que fue creada, se ha propuesto la creación de un Consejo Consultivo Senior integrado por 25 o 40 ingenieros históricos de la "época dorada" de EDELCA, con certeza y evidencia de ello, está en las redes sociales y medios de comunicación. Es producto de la propuesta que hicimos en nombre de la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela RIPSENV hace ya algunos meses. 

Y estos expertos son los mismos profesionales que demostraron eficiencia al inaugurar Caruachi en 2006 bajo el costo previsto de 2.300 millones de dólares} (y que hoy siguen sincronizadas todas sus unidades entregando casi 1.200 MW). 

Pero esta propuesta de consultoría de alto nivel devela una crisis más profunda: la brecha generacional. En el país apenas quedan unos 140 de estos "sobrevivientes", cuyas edades oscilan entre los 65 y 85 años. No hay una generación intermedia de relevo.

El conocimiento técnico del SEN está envejeciendo y desapareciendo en un vacío institucional.

Pero supongamos que el cronograma de 4 o 5 años se cumple, que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) recién aprobada en primera discusión por la AN atrae los 900 o 2.000 millones de dólares necesarios para el 100% de la obra a través de contratos de riesgo compartido, y que las turbinas finalmente giran. Llegamos entonces al verdadero cuello de botella: la transmisión.

La generación no puede analizarse de forma aislada. Inyectar 2.400 MW adicionales al nodo del Caroní sin ejecutar de forma simultánea inversiones agresivas en la columna vertebral del SEN, Ala red de Alta Tensión es un sinsentido técnico.

 El SEN viola diariamente sus límites físicos de transporte, forzando la transmisión de enormes bloques de potencia activa y reactiva a distancias kilométricas, lo que degrada los perfiles de voltaje y expone al país a un apagón sistémico ante cualquier oscilación en nodos críticos, que traducidos al buen criollo para nuestros paisanos, visualmente se evidencia cuando vemos por ejemplo: que las líneas entre esas grandes torres de transmisión se longuean o chinchorrean.

Para que Tocoma no sea un nuevo "elefante blanco" o del color que le pongan, es obligatorio y urgente restaurar el Tercer Circuito de la Línea de 765 kV, modernizar los patios de transmisión en las subestaciones de despacho y acometer la compensación reactiva en la Subestación San Gerónimo (reactores shunt y bancos de capacitores).

 De lo contrario, nos enfrentaremos al fenómeno físico del confinamiento de generación. Sin autopistas eléctricas operativas, la energía de Tocoma se quedará atrapada en el sur. 

La planta se degradará operativamente a una costosa "Reserva Rodante Estratégica" de Guri; servirá como un amortiguador local para estabilizar frecuencia y voltajes en la Región Guayana, pero su impacto en el consumidor final del centro, los Andes o el Zulia será prácticamente nulo. La mejora apenas se sentirá discretamente en el oriente.

Terminar Tocoma es una decisión sensata y técnicamente obligada tras la milmillonaria inversión inicial; el país no puede permitirse dejar morir su novena central hidroeléctrica. Pero la honestidad técnica nos obliga a advertir que el éxito no se decreta con la firma de un acuerdo, memorándum de intención o adendum. 

Si la política sigue concentrando la propaganda en las salas de máquinas de Guayana mientras ignora el deterioro de las líneas de transmisión y la agonía institucional de CORPOELEC, la luz de Tocoma terminará confinada en el sur, dejando al resto de Venezuela exactamente en la misma oscuridad.

Por Jorge Pérez

El sistema eléctrico venezolano no resiste más remiendos jurídicos ni reformas cosméticas. Lo ocurrido recientemente en la Asamblea Nacional con la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico no es más que una reacción desesperada y pragmática ante las realidades geopolíticas y de infraestructura que asfixian al país. 

Bajo la intensa presión internacional ejercida por la administración de los Estados Unidos y en medio del tutelaje del régimen, los promotores de esta reforma intentan vender una supuesta "apertura al capital privado" que, al ser examinada bajo el microscopio técnico y legal, se revela como un mecanismo cínico para captar recursos particulares sin ceder un ápice de control centralista y estatizado.

El régimen pretende legislar sobre las ruinas que ellos mismos provocaron mediante la infame fórmula de las "3D": Descuido, Desinversión y Desprofesionalización más la abominable corrupción. 

Antes de que este texto sea sometido a una segunda discusión para su aprobación casi segura —y obligada por un parlamento sumiso que aprueba todo desde arriba sin consultas vinculantes ni la participación de una sociedad civil crítica—, es imperativo desmantelar las costuras de este nuevo engaño.

La propaganda oficial pregona con bombos y platillos que el proyecto busca captar entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en capital privado, prometiendo el fin del monopolio absoluto que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ostenta desde el zarpazo estatizador de 2007.

 Se habla de estados pilotos como el Zulia, Los Andes y las zonas industriales de Carabobo; se asoma la incorporación prioritaria de energías renovables como la solar en Occidente y la eólica en Paraguaná; e incluso se diseñan sofisticados artilugios burocráticos como el Fondo de Protección de Tarifas Eléctricas (FOPTEL). Sin embargo, tras bastidores se esconde un laberinto regulatorio diseñado para tomar al capital privado como rehén del Estado.

Fortalezas del Texto (Sobre el Papel): El Cebo en el Anzuelo

Si intentamos rescatar el espíritu meramente nominal de lo que se discute en el parlamento, el proyecto asoma tímidamente algunos elementos que el sector comercial e industrial ha acogido con un suspiro de alivio en medio del colapso:

 1. La Ruptura Teórica del Monopolio: Por primera vez en casi dos décadas se admite el fracaso del monopolio eléctrico de Corpoelec. Abrir el juego a empresas mixtas y operadoras privadas es el reconocimiento explícito de que el socialismo devoró la capacidad operativa del Estado.

 2. Garantías de Protección Jurídica y Arbitraje: Ante la brutal desconfianza histórica que arrastra el país, el articulado incluye el reclamo más exigido por corporaciones transnacionales: cláusulas de arbitraje independiente y mediación neutral para dirimir disputas contractuales.

 3. Esquema Tarifario Autosustentable: Se rompe con el populismo de las tarifas regaladas en las zonas de concesión, permitiendo fijar facturaciones basadas en los costos reales de producción para garantizar una "rentabilidad razonable" al inversor.

Debilidades Estructurales: El Laberinto de la Desconfianza

El gran problema es que el papel lo aguanta todo, pero la realidad del sector eléctrico nacional no. ¿Cuáles son las debilidades insalvables que destruyen la confianza de los inversionistas, de los profesionales que formamos parte del sector y de los usuarios?

 El Centralismo como Espada de Damocles: Modificar el Artículo 8 para permitir empresas privadas, pero someterlas en el Artículo 9 a la discrecionalidad política del operador estatal es un contrasentido. Peor aún, el Artículo 32 centraliza el otorgamiento de concesiones directamente en la figura del Presidente de la República en Consejo de Ministros. El sector seguirá rigiéndose por criterios político-partidistas, no por parámetros de eficiencia técnica.

 La Confiscación Programada

 (Cláusula de Reversión): Los Artículos 33 y 34 introducen una cláusula leonina digna de piratería jurídica. Al extinguirse la concesión —con un tope de 25 años—, todos los bienes construidos o adquiridos se transferirán automáticamente a la República en buen estado y *sin derecho a indemnización alguna*.

 En la práctica de los mercados internacionales, esto se traduce como una expropiación en cámara lenta. Ningún inversionista serio arriesgará capital de gran envergadura bajo esta amenaza.

 El Ahogo a la Autogeneración Distribuida: En lugar de fomentar que las industrias inyecten sus excedentes a la red para aliviar la crisis, los Artículos 50 y 51 ordenan la obligatoria independencia de los sistemas de autogeneración. Además, imponen un techo regulatorio de apenas dos megavatios (2 MW). Superar este límite significa someterse al calvario burocrático y propenso a la corrupción del Ministerio.

Corresponsabilidad Punitiva:

El Artículo 107 amenaza con perseguir civil y administrativamente con nombre y apellido a las juntas directivas de las operadoras por fallas del sistema. Es decir, el privado debe asumir las pérdidas, los riesgos de una red de transmisión destruida por años de abandono estatal, financiar inversiones sociales municipales (Artículos 37 y 57), y si el sistema falla por causas estructurales, ¡pretenden culpar penalmente a la directiva!

Un sector sin blindaje, un país en ebullición

Mientras los legisladores se apresuran en su burbuja legislativa, la realidad social del país le estalla en la cara al régimen. Esta misma semana la dinámica nacional no está marcada por el debate técnico de la ley, sino por el conflicto social: el paro nacional educativo convocado por la Federación Venezolana de Maestros y la APUCV bajo la consigna #ElMagisterioSeQuedaEnCasa, exigiendo salarios dignos frente a un dólar que devora los anuncios de ingreso mínimo integral.

La paradoja es absoluta. El ciudadano común que hoy protesta en las calles por el colapso de los servicios públicos ve con inmenso escepticismo esta reforma. En las regiones más castigadas, como el Zulia y Los Andes, el clamor en redes sociales no es de alegría corporativa; hay un pánico generalizado al "tarifazo". 

La opinión pública se muestra profundamente incrédula ante promesas legislativas como las supuestas indemnizaciones a usuarios por equipos quemados. Saben perfectamente que un salario pulverizado no podrá costear un servicio eléctrico privatizado a medias, mientras las mafias estatales siguen reteniendo la propiedad de la infraestructura matriz.

El camino correcto: las cuatro leyes para el rescate eléctrico

La viabilidad y sostenibilidad de una verdadera reconstrucción eléctrica nacional no pasa por parches tributarios condicionados ni por perseguir penalmente a juntas directivas. En lugar de copiar el nefasto modelo de las leyes exprés de Hidrocarburos y Minería, el camino correcto y patriótico consiste en desenterrar, actualizar y someter a consulta pública el proyecto de Ley Orgánica aprobado en primera discusión en el año 2015. 

Aquel texto planteaba una transformación estructural real, pero la realidad actual de Venezuela exige ir un paso más allá: un marco jurídico moderno e institucionalmente robusto que incorpore cuatro pilares fundamentales que hemos propuesto y defendido de manera categórica:

1. Un Operador Independiente del Sistema (OIS): Una entidad técnica, transparente y despolitizada que gestione el despacho de carga y la operación de la red de transmisión bajo criterios estrictamente económicos y de confiabilidad, separando definitivamente la operación de la propiedad de los activos.

 2. Un Ente Regulador Autónomo: Una comisión de energía independiente del Poder Ejecutivo que dicte tarifas reales basadas en costos eficientes, garantice el libre acceso a las redes de transmisión y distribución, y resuelva conflictos entre actores del mercado sin sesgo político.

3. Una Desincorporación Vertical Efectiva: Permitir una competencia real en las actividades de generación y comercialización, limitando el monopolio estatal a las redes de transmisión debido a su naturaleza de monopolio natural, pero regulado bajo estándares mundiales.

 4. Un Consejo Institucional de Expertos: La conformación de un cuerpo técnico consultivo permanente donde participen las universidades nacionales, las academias y los profesionales de la diáspora representados en organizaciones internacionales especializadas.

Estos pilares no se quedan en la simple retórica. Son la columna vertebral de nuestro “Anteproyecto de Marco Regulatorio”, un esfuerzo concienzudo y robusto que ya estamos traduciendo en instrumentos legales concretos.

 Una vez culminados, introduciremos formalmente esta propuesta alternativa al país a través de cuatro leyes claves:

 1. Ley Orgánica sobre la Reestructuración de los Servicios Públicos Eléctricos: Para desmantelar el monstruo ineficiente de Corpoelec y separar las funciones de la industria.

 2. Ley sobre Mercados Mixtos de Energía e Inversión Privada: El verdadero blindaje jurídico, con reglas claras y protección real que los capitales transnacionales exigen para volver a confiar en el país.

 3. Ley sobre Energía Renovable Descentralizada y Empoderamiento del Prosumidor: Para romper los candados burocráticos actuales, permitiendo que la industria y el ciudadano generen, consuman e inyecten excedentes a la red de forma interactiva y moderna.

 4. Ley Nacional sobre Eficiencia Energética y Redes Eléctricas Modernas: Una visión de futuro para digitalizar el consumo y optimizar la infraestructura sobreviviente bajo estándares del siglo XXI.

Mientras el andamiaje legal dependa del capricho centralista y la improvisación de un régimen dictatorial, nada estará seguro ni blindado. El capital de Occidente o de la India puede coquetear con las concesiones amparado en licencias geopolíticas temporales, pero la verdadera luz solo volverá a Venezuela cuando las reglas del juego sean claras, las instituciones sean independientes y la confianza deje de ser un eslogan de propaganda para convertirse en una sólida realidad jurídica a través de una propuesta seria como la que hoy ponemos sobre la mesa.

Por Jorge Pérez

 Los agoreros de oficio y los profetas del desastre suelen rasgarse las vestiduras cada vez que un proceso electoral dibuja un mapa político polarizado. Con un dramatismo casi teatral, intentan asustar a la opinión pública esgrimiendo que el país está "irreparablemente fracturado" o al borde del abismo.

 Nada más distante de la realidad y de la ciencia política. La verdad histórica y sociológica nos demuestra que la división de una sociedad en dos grandes bloques no es una anomalía contemporánea ni un síntoma de enfermedad institucional; es, por el contrario, la dinámica natural y tradicional de los sistemas democráticos consolidados. 

Lea también: El problema del SEN se resuelve en las redes eléctricas, no en las redes sociales

 A lo largo de la historia, las sociedades libres han canalizado sus diferencias a través del bipartidismo o de la conformación de dos grandes coaliciones antagónicas.

 Lo vimos en la Colombia histórica de liberales y conservadores; en la Venezuela de los tiempos de Acción Democrática y COPEI; en el México del PRI y el PAN; y lo seguimos viendo de forma nítida en democracias anglosajonas como el Reino Unido con laboristas y conservadores, o los Estados Unidos con demócratas y republicanos. 

Los partidos tradicionales sufren procesos metamórficos, cambian de nombre, refrescan sus etiquetas, pero la estructura binaria del tablero permanece. Esta tensión no determina el fin de una sociedad, sino que la dinamiza. 

Cuando existe una ciudadanía consciente, separación de los poderes del Estado y un orden jurídico que se cumple y hacen cumplir, la democracia se fortalece a través de dos mecanismos sagrados: la alternabilidad y el voto castigo. 

Cuando un modelo de gobierno agota sus promesas o comete errores graves, el ejercicio del sufragio universal se convierte en la herramienta pacífica para producir un cambio de rumbo.

 La alternancia es el oxígeno de la libertad, y el mapa dividido es solo el reflejo de un pueblo procesando sus opciones.

 Colombia no es la excepción a esta regla global; siempre ha sido un país de intensos debates ideológicos y geográficos, incluso en medio de más de sesenta años de fuerzas irregulares pretendiendo el poder mediante el uso de las armas, y pretender alarmar con ello hoy en día es ignorar la historia. 

 Ahora bien, para entender el escenario que enfrenta Colombia de cara al balotaje del próximo 21 de junio, es indispensable engranar esta normalidad democrática con un factor distorsionante y complejo: la realidad del orden público en las periferias y fronteras de la nación. Los recientes resultados de la primera vuelta electoral han dejado ver un mapa aparentemente dividido en dos mitades casi simétricas.

 Sin embargo, como aficionado del análisis de la geopolítica y observador de los comportamientos electorales, sostengo la tesis de que los fríos datos de las encuestas previas y los mapas del preconteo ocultan un fenómeno sociológico subterráneo: el factor de la coacción y la timidez del elector. 

En ciencia política conocemos bien la "espiral del silencio". En aquellas regiones del país golpeadas por la intimidación criminal de grupos irregulares y disidencias —zonas periféricas que hoy lucen pintadas con el color del oficialismo—, el ciudadano común se ve obligado a mimetizarse por razones de estricta supervivencia. 

Ante la llamada telefónica de una encuestadora o el abordaje en calle, el votante, por temor y prudencia, prefiere responder alineándose con la fuerza que ejerce el control territorial en su día a día. De ahí el aparente favoritismo inicial que los sondeos le otorgaban a la opción de Iván Cepeda. 

Es precisamente en este punto donde visualizo, desde mi pericia y experiencia en el análisis político, la gran sorpresa que descolocará a las firmas encuestadoras en la segunda vuelta.

 Los resultados del pasado domingo no solo demostraron la fortaleza y el crecimiento vertiginoso de la candidatura de Abelardo de la Espriella, sino que enviaron un mensaje contundente a todo el territorio nacional: la oposición al modelo actual es sólida, mayoritaria en el corazón productivo del país y está lista para gobernar. 

Este hecho genera un efecto psicológico de enorme magnitud en las regiones coartadas. Al ver que existe una alternativa real y fuerte, el ciudadano de la periferia empieza a romper su aislamiento; empieza a comprender que no está solo. 

Mi previsión geopolítica es que, de cara al balotaje, va a ocurrir una migración silenciosa pero masiva de votos. El discurso de severidad institucional, la mano firme contra las bandas delincuenciales y la promesa de restituir el orden que abandera "El Tigre" De la Espriella, se convertirán en el refugio de confianza para miles de colombianos que en primera ronda se sintieron coaccionados.

 En los días venideros, las encuestas probablemente seguirán mostrando un país en empate técnico o una fotografía fija e inmóvil, porque el miedo en el entorno vecinal no se evapora para responder un cuestionario. 

No obstante, en el secreto soberano de la urna electoral, donde las armas de los grupos irregulares no tienen poder de fiscalización, el pueblo colombiano perderá el temor. Una porción significativamente alta de electores que en público o en encuestas dicen respaldar la continuidad de Cepeda, terminarán depositando su voto por la severidad y el rescate institucional que representa Abelardo de la Espriella. 

La verdadera fractura no está en la sociedad colombiana; la fractura se dará en los pronósticos de los agoreros cuando la realidad del voto libre eche por tierra el relato del miedo. 

La democracia, una vez más, demostrará su capacidad de autorregulación a través de la contundencia de un pueblo que decide cambiar su destino dándole un severo golpe de repulsión a la izquierda trasnochada representada hasta ahora por Gustavo Petro e inspirada en el mal llamado “Socialismo del siglo XXI. 

Por Jorge Pérez

La tragedia eléctrica venezolana sigue agarrándonos divididos, improvisando y “disparando flechas al aire”. Todos hablan, todos calculan, todos lanzan cifras alegres, pero muy pocos asumen la responsabilidad técnica y moral que exige una crisis de esta magnitud, cuando estamos al borde del colapso y del desastre.

Hoy vemos cómo se anuncian proyectos aislados, "planes maestros", "montos aventurados" y hasta irresponsables; se atribuyen supuestos financiamientos a empresas que jamás los han ofrecido y que no financian; se confunde la “magnesia con la gimnasia”, mezclando entes financieros internacionales con contratistas de bienes y servicios como Siemens, GE en Hitachi, y con corporaciones eléctricas transnacionales como ENGIE o NextEra Energy, por solo citar algunos ejemplos.

Y mientras el venezolano aguanta los bestiales racionamientos, aparecen cada día más “expertos” de redes sociales dando clases magistrales sobre el Sistema Eléctrico Nacional, cuando ni un bombillo han puesto en sus casas. Hasta apareció la “abogada de cartón” del régimen intentando hablar de electricidad porque el parapeto de ministro ni sabe expresarse. Ahora cualquiera domina generación, transmisión, distribución, protección, regulación y planificación energética. Una verdadera locura.

Todo esto, lejos de ayudar, lo que hace es saturar y exacerbar la rabia, la frustración y la desesperanza de un pueblo agotado y cada día más estresado por años de apagones, bajones y promesas vacías. Venezuela no necesita más show ni más improvisación; necesita seriedad, institucionalidad y planificación técnica real. La crisis eléctrica venezolana continúa profundizándose, con racionamientos diarios y un sistema operando bajo condiciones críticas.

Por eso urge, con carácter prioritario y así lo propongo, la conformación de un verdadero Consejo de Expertos o Consejo Nacional de Emergencia Eléctrica, integrado por al menos 50 profesionales y técnicos de campo y planificación, con experiencia comprobada en operación, mantenimiento, transmisión, generación, distribución, academia y gremios; distante de los parapetos políticos con boinas o chalecos coloreados  que tanto daño le han hecho al sector y al sistema.

Ese equipo debe asumir la responsabilidad histórica de estructurar un Plan Maestro escalable a 25 años, cuya primera fase sea un Plan de Emergencia Eléctrica Nacional (PEEN) a 5 años, alineado con un referente de valor que puede ser la Hoja de Ruta Estratégica para la Recuperación y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela propuesta por la RIPSENV.

Solo a partir de diagnósticos reales en campo, auditorías técnicas serias y una planificación coordinada podremos determinar las necesidades inmediatas y urgentes del sistema, proyectar los recursos verdaderamente requeridos, definir las reformas legales necesarias para garantizar gobernanza y transparencia, y generar la confianza indispensable para atraer financiamiento internacional e inversiones de empresas eléctricas transnacionales y grandes proveedores de bienes, servicios y tecnología.

Porque la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional no puede seguir dependiendo de ocurrencias, influencers ni discursos vacíos. Esto no se arregla con TikTok, con politiquería ni con “expertos de teclado”, muchas veces de pacotilla. Esto se arregla con ingeniería, planificación, institucionalidad y gente que verdaderamente conozca el sistema desde adentro, no necesariamente tecnócratas.

¿Qué está pasando en la relación entre María Corina Machado y Donald Trump? 

La pregunta surge después de que este lunes, la dirigente opositora fuera recibida en París por el presidente francés Emmanuel Macron.

¿Se trata de una estrategia onde una traición? 

Han comenzado a surgir versiones según las cuales Machado estaría buscando apoyo de Europa para la transición, tras el estancamiento del proceso que se supone lleva Estados Unidos.

Te contamos más  en nuestro canal de YouTube.

En las sombras de la diplomacia de rehenes, donde los tiranos disfrazan sus debilidades con palabras almibaradas, Nicolás Maduro ha desplegado una nueva táctica: la carta conciliadora.

Hace apenas dos semanas, el 6 de septiembre de 2025, Maduro envió una misiva personal a Donald Trump, revelada por la agencia de noticias Reuters, en la que insta a retomar el "diálogo" a través de Richard Grenell, el enviado especial de la Casa Blanca con quien el chavismo había pactado deportaciones y liberaciones de presos al inicio del año.

 "Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", escribió Maduro, clamando por "conversaciones directas y francas" para superar el "ruido mediático y las fake news". Es un tono de sumisión disfrazada de igualdad, un lamento por la "relación histórica" entre dos naciones que, según él, solo ha sido empañada por "falsedades". Pero este súbito afán de paz no es más que un espejismo estratégico. Maduro no escribe desde la convicción de la reconciliación, sino desde la desesperación de un régimen acorralado. 

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las tensiones han escalado: ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas acusadas de narcotráfico, el despliegue de buques de guerra contra las mafias en el Caribe y la duplicación de la recompensa por la cabeza de Maduro a 50 millones de dólares, por sus certificados lazos con el "Cartel de los Soles" y el tráfico de cocaína. Grenell visitó Caracas en enero, posando con Jorge Rodríguez, uno de los espadachines de Maduro, ante la espada de Bolívar en un gesto que buscaba descolocar a la oposición, pero los acuerdos efímeros se evaporan ante las nuevas ofensivas de la Casa Blanca en Washington. 

Ahora, con misiles y submarinos nucleares en el horizonte acosando a los carteles del narcotráfico, Maduro agita el espectro de un "diálogo" que, en realidad, busca una tregua para su supervivencia.

Este cambio de tono choca brutalmente con la retórica incendiaria que Maduro ha escupido durante años contra el "imperio gringo", los “yankees” y, en particular, contra Donald Trump. No es casualidad: es la esencia del chavismo, un régimen que ha convertido el odio anti estadounidense en combustible ideológico, mientras sus líderes acumulan fortunas en paraísos fiscales.

 Recordemos el historial de agravios, no como anécdota, sino como prueba irrefutable de su hipocresía. No olvidemos que en esas patrañas está atravesada la cartilla de Fidel Castro, que primero Hugo Chávez y ahora Maduro, siguen “al pie de la letra".Desde su ascenso en 2013, Maduro ha erigido al "imperio yankee" como el gran demonio. En 2018, denunciaba una "campaña de chantaje" de Washington contra América Latina para aislar a Venezuela. En 2019, ante el reconocimiento del gobierno interino por Trump, Maduro expulsó al personal diplomático estadounidense en 72 horas, gritando "¡Yankee Go Home!" y acusando al gobierno de Trump de orquestar un "gobierno títere". Llamó a las acciones de EE.UU. un "golpe de Estado continuado" que violaba el derecho internacional, y rechazó las "virulentas amenazas" de Trump como un asalto a la soberanía venezolana.Trump, por su parte, no se quedó atrás: en su discurso del Estado de la Unión de 2020, lo tildó de "tirano ilegítimo que brutaliza a su pueblo", prometiendo "aplastar y romper su agarre tiránico". 

Maduro respondió con veneno puro. En múltiples ocasiones, lo describió como un "vaquero racista vulgar y miserable", y acusándolo de desatar a la CIA para derrocarlo. En 2019, denunció un "asalto brutal" de la policía de Trump a la embajada venezolana en Washington, violando la Convención de Viena. Y en foros internacionales, como la ONU, ridiculizó una "reunión de la vergüenza" convocada por Trump contra la dictadura de Maduro en Venezuela.Las amenazas no se limitaron a palabras. En 2020, Maduro demandó justicia ante la Corte Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad del bloqueo imperial”, y en 2021, en el Día del Antiimperialismo Bolivariano, citó a Simón Bolívar para advertir que EE. UU. está "destinado por la providencia para plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Sus posts en X (antes Twitter) rebosan de esto: "El imperio de los EE. UU. no ha podido, ni podrá con Venezuela, no somos ni seremos jamás una colonia”.

En 2025, con Trump de vuelta, el guión se repite con más ferocidad. Ante el despliegue naval en el Caribe —que Washington justifica como lucha contra carteles—, Maduro juró defender la soberanía con 4,5 millones de milicianos, declarando una "república en armas" si hay una invasión. Acusó a Trump de buscar "cambio de régimen por petróleo de "agresión militar" en ataques a barcos que mataron a 11 personas, y de "terrorismo psicológico" con mensajes intimidatorios. "No hay forma de que entren a Venezuela", rugió, prometiendo "máxima rebelión" y que una guerra "mancharía las manos de Trump con sangre". En X, sus mensajes recientes evocan la "amenaza" del "imperio" y la defensa contra "sanciones yankees".Este contraste no es solo retórico; es la confesión de un régimen en quiebra moral. Maduro, que ha convertido Venezuela en un narcoestado —con acusaciones probadas de narcotráfico que él niega como "falsedades", pasa de amenazar con "repúblicas en armas" a suplicar "paz histórica". 

Es el mismo que, en julio de 2024, condenó el atentado contra Trump en un post inusual de solidaridad, solo para volver a los insultos meses después. ¿Diálogo genuino o maniobra para ganar tiempo? Es el mismo Maduro que se las arregló para que el expresidente Joe Biden le devolviera sus dos narco sobrinos, ya estaban sentenciados por narcotráfico y con ellos volviera de regreso a Venezuela su testaferro consentido Alex Saab (20 de diciembre de 2023). ¿El acuerdo? Maduro aseguró, jurando por dios, que “permitirá realizar elecciones libres y liberaría a los presos políticos".  No cumplió para nada esos acuerdos que firmó en la negociación de Barbados.

La verdad está plasmada en el informe que el lunes 22 de septiembre presentó ante La ONU la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

Es un parte detallado, dicha misión confirma que, “en Venezuela se ha instaurado un sistema de represión estatal, en el que todos los poderes públicos participan de forma coordinada para silenciar, perseguir y castigar a opositores reales o percibidos como opositores”. Destacan que “la violencia institucionalizada —detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y asesinatos— no son incidentes aislados, sino parte de un terrorismo de Estado que utiliza el miedo como herramienta política”.

La Misión insta al Estado venezolano “a liberar a todos los detenidos arbitrariamente. Garantizar el acceso a justicia y reparación a las víctimas. Poner fin a la impunidad y permitir investigaciones internacionales. Desmantelar las estructuras de represión y las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia”.Los tópicos y frases claves a destacar dentro de la narrativa del informe, indican que “hay más de 2.220 personas detenidas tras las protestas de 2024, muchas de ellas sin orden judicial ni garantías. Más de 200 nuevas detenciones documentadas en 2025, confirmando que la represión sigue activa”. La Misión de la ONU califica estas prácticas “como crímenes de lesa humanidad por persecución política”.

La Misión confirma que “84 extranjeros de 29 países fueron detenidos y usados como fichas de negociación política; que se registraron 30 muertes, 25 en protestas y 5 bajo custodia del Estado; 30 desapariciones forzadas documentadas, con autoridades negando el paradero de las víctimas; se documentaron casas clandestinas de detención y manipulación de documentos oficiales; que la tortura sigue siendo política de Estado, llegando a aplicar descargas eléctricas en genitales, asfixia y aislamiento prolongado y que las celdas de castigo de un metro cuadrado mantienen a los detenidos en condiciones inhumanas. También se reporta violencia sexual sistemática contra mujeres, adolescentes, hombres y personas LGBT y que ninguno de los casos de violencia sexual ha sido investigado, garantizándole impunidad total para los agresores. La Misión concluye que “Venezuela vive bajo terrorismo de Estado, con el miedo como herramienta de control”.

Como exalcalde de Caracas y preso político del chavomadurismo, he visto y padecido de cerca esta farsa, “en carne propia”. Maduro no busca paz; busca perpetuarse. Trump debe ignorar esta carta y presionar con la fuerza de la verdad: más sanciones contra los integrantes de la pandilla de esa corporación criminal y más apoyo a la resistencia cívica que lideran el legítimo presidente electo, Edmundo González y la líder que guía espiritualmente a nuestro pueblo, María Corina Machado. Esa es la única manera y vía para restaurar la democracia. Venezuela no será colonia de nadie, pero tampoco será rehén de un tirano. El pueblo clama libertad, y el "diálogo" de Maduro es solo humo para ocultar su rendición inminente. ¡Hasta que caiga el régimen, no habrá paz verdadera!

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La historia reciente de Venezuela se ha escrito con tinta de esperanza y, en sus páginas más recientes, con el coraje inquebrantable de un hombre: Edmundo González Urrutia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de promesa cumplida, de palabra firme ante la adversidad.

Cuando Edmundo asumió la candidatura presidencial, con el respaldo decisivo de María Corina Machado, muchos auguraron un camino cuesta arriba, plagado de obstáculos. Sin embargo, su compromiso y visión lo llevaron a conducir una campaña victoriosa en medio de enormes dificultades.

Edmundo empeñó su palabra de ser el abanderado de la unidad, de representar con amplitud a los más diversos sectores políticos, civiles, gremiales, estudiantiles y empresariales. Y así lo hizo. Su discurso y sus acciones reflejaron una genuina voluntad de comprender e integrar a todos, tendiendo puentes donde otros veían abismos.

Aseguró que defendería la victoria hasta el final, haciendo un dúo infatigable con María Corina. Y lo ha cumplido. La sinergia entre ambos líderes se ha convertido en un símbolo de resistencia y perseverancia, demostrando que la unión es la fuerza más potente contra la opresión.

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Prometió que haría lo necesario para preservar y luego hacer valer el mandato soberano que le entregaron millones de venezolanos. Y así lo ha hecho. Esa promesa se ha transformado en un faro para quienes anhelan un cambio, en la certeza de que su voz será escuchada y respetada.

Logró evadir las garras de la dictadura, que buscaba someterlo a una prisión infame, quizás en “La Tumba” o en El Helicoide, para que muriera en la soledad. Pero Edmundo cumplió su palabra y los burló, incorporándose al exilio. Desde entonces no ha parado: ha recorrido el mundo, desde la Casa Blanca hasta los palacios de gobierno de España, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y Guatemala. Se ha erguido en las tribunas de parlamentos europeos y americanos. Y se ha reunido con los venezolanos de la diáspora, a quienes promete cumplir la palabra de reunificar a las familias, un anhelo tan profundo como doloroso.

Edmundo ha sido vertical, inquebrantable ante la extorsión más cruel: el secuestro del padre de sus nietos, Rafael Tudares, desaparecido hace más de ocho meses. No han podido doblegarlos. Mercedes y Edmundo siguen en pie de lucha, demostrándole a los venezolanos que confiar en ellos ha valido la pena, que sus palabras se sostienen en hechos, y que contamos con un hombre fiel a sus principios: un hombre de palabra.

Antonio Ledezma

Por: Antonio Ledezma

 Nicolás Maduro, a través de la voz de Diosdado Cabello, ha desempolvado una vez más el gastado relato de la “invasión imperialista”. 

En sus recientes declaraciones, Cabello repite el guión de siempre: acusaciones de envíos de armas desde Estados Unidos, supuestos planes desestabilizadores y conspiraciones orquestadas por el “enemigo del norte”.

 Este cuento, reciclado hasta el cansancio, no es más que una cortina de humo para pretender, infructuosamente, ocultar una verdad inocultable: el régimen venezolano está profundamente aliado con intereses extranjeros que codician las riquezas minerales de nuestro país, que han encontrado el patio libre! Hasta para armar drones!, también lavar dinero sucio, dotar de pasaportes a cabecillas del terrorismo internacional y consolidar redes y rutas al servicio de poderosos carteles de drogas y bandas criminales transnacionales que manejan sus operaciones desde ejes enclavados en nuestro país.

Venezuela, con su inmensa riqueza en petróleo, gas, oro, hierro y uranio, se ha convertido en un botín apetecible para potencias como Irán, cuyos ojos brillan ante la posibilidad de explotar estos recursos. 

No es un secreto que el régimen de Maduro ha facilitado operaciones para que en nuestro territorio se materialicen las actividades arriba descritas. Esta agenda diabólica que ejecutan los miembros del repudiado “eje del mal”, lejos de ser meras especulaciones, están presuntamente documentadas y forman parte de las investigaciones que manejan, entre algunas instituciones, la DEA, así como de las confesiones que varios militares que formaron parte de la élite chavista, como el general Hugo “Pollo” Carvajal, están revelando en instancias judiciales de los Estados Unidos.

Las peroratas de Diosdado Cabello, cargadas de retórica antiimperialista, carecen de fuerza para desvirtuar estas verdades. Sus palabras no logran tapar el sol con un dedo. El régimen está “hasta los teque-teques”, como decimos en Venezuela, hundido en el lodo del narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. 

Las pataletas de Cabello no son más que el reflejo de un hombre desesperado, nervioso y preocupado, no tanto por sus compinches, sino por su propio pellejo. Como vocero de esta corporación criminal, sabe que el cerco internacional se cierra cada vez más.

El régimen de Maduro no solo ha robado elecciones, sino que pretende perpetuar sus fechorías bajo la ilusión de una inmunidad que no existe. llevan desfachatadamente al “patíbulo” de la Asamblea Nacional-ese simulacro de parlamento que manipula Jorge Rodríguez-al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, creyendo ilusamente que con esas intemperancias detendrán las presiones internacionales, que más bien crecen, ya que el mundo entero más bien se escandaliza tanto y en cuanto conozca de sus andanzas.

Para reforzar sus articulaciones con Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia, cito lo que declaró a la agencia de noticias INFOBAE, Daniel Ortega, el pasado 23 de junio, en un acto oficial transmitido por la televisión estatal nicaragüense. 

Ortega reiteró su respaldo al régimen de Irán, justificando su programa nuclear al mismo tiempo que atacaba ferozmente a Israel y a Estados Unidos. El dictador Ortega se atrevió a exclamar: “para que ningún país sea agredido, sancionado, invadido, bombardeado, todos los países deberían tener sus armitas nucleares”.

En esa misma línea se ha confirmado que “Rusia construyó una fábrica de cartuchos 7,62 milímetros para fusiles de asalto Kalashnikovs en Venezuela”, así lo informó el pasado miércoles la compañía estatal rusa de tecnología, Rostec, confirmando en un comunicado publicado en su página web que "la empresa producirá hasta 70 millones de cartuchos anuales y aumentará significativamente el potencial de defensa del país y proporcionará a Venezuela municiones de producción nacional". 

Rosoboronexport, “agencia estatal responsable de las exportaciones del complejo militar industrial ruso, se encargó de la construcción de la fábrica. Se han puesto ya en marcha cuatro líneas de ensamblaje, dos de ellas destinadas a munición con núcleo de acero y las restantes encargadas de producir balas trazadoras y de fogueo”.

 Pero hasta ahí no llega la cosa, Oleg Yevtushenko, directivo de Rostec, ha informado que "próximamente se planea poner en marcha otras instalaciones de producción, lo que garantizará un ciclo completo de producción de munición y fusiles de asalto Kalashnikovs para el ejército venezolano, la policía y otras fuerzas del orden", declaró el directivo de Rostec, Oleg Yevtushenko.

La comunidad global, cada vez más consciente de la amenaza que este régimen representa para la estabilidad y seguridad del hemisferio, no se dejará engañar por los refritos e historietas de invasión. La verdad, como el oro y el uranio que tanto codician, no puede ocultarse para siempre. 

Se sabe que Maduro facilita que desde territorio venezolano se articule un aparato de alcance global ensañado contra occidente. La ubicación geográfica de Venezuela es de alto valor para sus siniestras maniobras. 

Creían, ingenuamente, que les era posible esconder entre tinieblas su maléfico teatro de guerra, sostenido en columnas estratégicamente instaladas en el Caribe. Esa verdad la expuso con su pecho forrado de medallitas, el encumbrado General en Jefe Hernández Lárez, el día en que se esmeraron en publicitar su encuentro con los jerarcas iraníes en la propia Embajada de Irán en Caracas, en esa reunión pasaron revista a la agenda con puntos relevantes como el acceso a los minerales de valor estratégico para los proyectos del eje del mal, las instalaciones cibernéticas y la marcha de las fábricas de sus “juguetes” Drones.

Nicolás Maduro también ha usado esa táctica para perseguir a los que somos declarados disidentes con esa narco dictadura. 

A quien suscribe esta crónica lo acusaron de “conspiración” en varias ocasiones, siendo la más destacada mi supuesta participación en la "Operación Jericó" en 2015, para seguidamente montar un expediente falso con el que pretendieron justificar tenerme privado de mi libertad por más de mil días, hasta que logre autoliberarme emprendiendo una fuga.  

Según la dictadura de Maduro, esta operación era un supuesto plan para derrocarlo mediante un golpe de Estado, que incluía acciones como atentados y desestabilización política. Maduro me señaló a mí, el 19 de febrero de 2015 en una rocambolesca rueda de prensa dada desde el mismísimo Palacio de Miraflores, asegurando que junto con otros opositores como María Corina Machado, éramos parte de este complot, afirmando que estaba respaldado por fuerzas extranjeras, específicamente desde un "eje Madrid-Bogotá-Miami". ¡El mismísimo cuento reciclado!

En conclusión, Maduro y su camarilla saben que “están pillados”. Están cada día más debilitados internamente, sin respaldo de la ciudadanía, con un aparato partidista desmoralizado y más dependiente de una elite represora que en su nombre perpetra un identificado Terrorismo de Estado, ventilado en los foros internacionales más importantes. Han sumido al país en una tragedia continuamente agudizada: una catástrofe humanitaria y un desbarajuste financiero y económico sin parangón. Y no han podido doblegar ni el liderazgo recio de María Corina Machado ni la voluntad de lucha del presidente electo Edmundo González Urrutia. Antonioledezma.net 

En los últimos 25 años, el régimen del Socialismo del Siglo XXI, liderado primero por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, ha sumido a Venezuela en una de las peores tragedias de su historia.

Lo que alguna vez fue un país próspero, con una de las mayores reservas petroleras del mundo, se ha convertido en un territorio devastado por la corrupción, el despilfarro y una generosidad malentendida que ha dilapidado miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano.

Este artículo busca arrojar luz sobre un capítulo particularmente indignante de esta debacle: los “regalos” financieros que el régimen ha hecho a otros países controlados por sus amigotes, mientras los venezolanos padecen hambre, miseria y desesperación.

Uno de los casos más escandalosos es el de Bielorrusia. Documentos filtrados han revelado que el gobierno de Alexander Lukashenko dejó de pagar más de 1.400 millones de dólares que adeudaba a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras un supuesto “auxilio” ordenado por Hugo Chávez.

Para Bielorrusia, este no fue un incumplimiento, sino un “regalo” de Caracas. Sí, un regalo. Mientras los hospitales venezolanos colapsaban por falta de insumos, mientras las escuelas se caían a pedazos y los ciudadanos hacían colas interminables por un kilo de harina, el régimen chavista decidió condonar una deuda multimillonaria a un aliado político en Europa del Este.

Este no es un caso aislado, sino parte de una política sistemática de despilfarro y entrega de los recursos nacionales a cambio de favores políticos o lealtades internacionales.

Causa indignación recordar cómo recuperamos en mis tiempos de Gobernador de Caracas los hospitales Periférico de Catia, la Maternidad Concepción Palacios o el Hospital JM de Los Ríos, adelantamos esas obras con escasos recursos financieras, pero hoy esos centros de salud, al igual que la inmensa mayoría de la red hospitalaria de Venezuela, se encuentra en bancarrota.

La lista de ejemplos es abrumadora. Durante los años de bonanza petrolera, cuando el precio del crudo alcanzó niveles históricos, Venezuela regaló miles de millones de dólares en forma de petróleo subsidiado o condonaciones de deuda a países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros miembros del bloque del ALBA.

En el caso de Cuba, se estima que el envío de petróleo a precios preferenciales o directamente gratis ha superado los 30.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. ¿Qué recibió Venezuela a cambio? Propaganda, asesores políticos y un modelo de control social que busca perpetuar la dictadura en nuestro país.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), alguna vez el motor económico del país, se convirtió en el epicentro de la corrupción chavomadurista. Durante la bonanza petrolera (1999-2014), cuando los precios del crudo alcanzaron récords históricos, se estima que al menos 300.000 millones de dólares desaparecieron por malversación, sobornos y contratos fraudulentos. Un ejemplo paradigmático son las operaciones con papeles de la deuda.

Funcionarios y empresarios afines al régimen manipulaban la asignación de bonos comprados en bolívares, pero pagados en dólares a tasas preferenciales. Este esquema, liderado por figuras como Alejandro Andrade, extesorero nacional, permitió el lavado de más de 2.400 millones de dólares solo en un caso investigado en Estados Unidos.

En otro escándalo, el Banco Espírito Santo en Portugal facilitó la desaparición de 3.500 millones de euros de Pdvsa entre 2007 y 2012, mediante sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar depósitos en sus cuentas.

Mientras tanto, en casa, el régimen saqueaba las arcas nacionales. Pdvsa, que alguna vez fue un símbolo de eficiencia y riqueza, se convirtió en una caja chica para financiar corruptelas y proyectos fallidos. Desde el desfalco de miles de millones a través de contratos fraudulentos hasta la malversación en proyectos como la Faja del Orinoco, el régimen ha demostrado un talento excepcional para el robo descarado.

Según estimaciones conservadoras, más de 300.000 millones de dólares han desaparecido de las finanzas públicas en estos 25 años, una suma que podría haber transformado a Venezuela en una nación moderna, con infraestructura de primer mundo, educación de calidad y un sistema de salud digno.

Estas operaciones no solo enriquecieron a una élite corrupta, sino que también endeudaron al país. Mientras los venezolanos enfrentan escasez de alimentos y medicinas, el régimen emitía deuda pública a través de bonos que beneficiaban a intermediarios y aliados, dejando a la nación con una carga financiera de más de 100.000 millones de dólares adicionales, según estimaciones publicadas instituciones que se han consagrado a investigar y ventilar públicamente estos desaguisados.

Proyectos como el ferrocarril nacional, el Metro de Caracas o la recuperación del río Guaire, que recibieron miles de millones en fondos, nunca se concretaron, evidenciando un patrón de pagos por obras inexistentes.

El régimen no solo robó internamente, sino que utilizó los recursos venezolanos para comprar lealtades internacionales, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los casos más notorios es el de Bielorrusia, donde Hugo Chávez ordenó condonar una deuda de 1.400 millones de dólares a Pdvsa, que el régimen de Alexander Lukashenko calificó como un “regalo” de Caracas. Este gesto no fue un acto de solidaridad, sino una maniobra para asegurar apoyo político en foros internacionales.

En América Latina y el Caribe, el régimen implementó una estrategia similar. En Paraguay, por ejemplo, todavía está pendiente recuperar una deuda de 265 millones de dólares que Pdvsa “reclamaba”, aunque la negociación no prosperó por falta de personería jurídica.

En Argentina, el fideicomiso bilateral firmado en 2004 entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner permitió a empresarios argentinos y venezolanos desviar millones de dólares a través de exportaciones infladas y maniobras offshore. Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que empresas como Baldric SA, creada por un venezolano, obtuvieron contratos por casi 8 millones de dólares para proyectos que nunca se materializaron, como un frigorífico en Machiques de Perijá.

En el Caribe, el programa Petrocaribe fue una herramienta clave para comprar votos en la OEA. Países de ese órgano y otras naciones caribeñas recibieron petróleo venezolano a precios subsidiados o incluso gratis, con deudas que raramente fueron cobradas.

Se estima que este esquema costó a Venezuela más de 30.000 millones de dólares, mientras los ciudadanos venezolanos enfrentan apagones y colas interminables por combustible. Estos “regalos” aseguraban el respaldo de gobiernos caribeños en la OEA, bloqueando resoluciones contra el régimen por violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales.

La magnitud del desfalco es abrumadora. Transparencia Venezuela documenta 416 casos de corrupción que comprometen al menos 68.311 millones de dólares, aunque el monto real es probablemente mucho mayor. Desde sobornos en contratos de Pdvsa hasta el desvío de fondos destinados a infraestructura, el régimen ha desangrado al país.

Pero el daño no se limita a lo económico. El Socialismo del Siglo XXI ha robado mucho más que dinero: ha robado el futuro de generaciones enteras. Ha regalado la soberanía nacional a potencias extranjeras que hoy controlan sectores estratégicos del país. Ha despilfarrado la confianza de un pueblo que alguna vez creyó en promesas de justicia social, solo para ser traicionado con miseria y represión.

Los venezolanos no solo han perdido sus ahorros, sus empleos y sus oportunidades, sino también su derecho a soñar con un país mejor.

Es hora de decir basta. La tragedia venezolana no es el resultado de sanciones externas ni de conspiraciones imaginarias, como pretende hacernos creer el régimen. Es el producto de un modelo político basado en la corrupción, la improvisación y la entrega de nuestros recursos a intereses foráneos. Los responsables deben rendir cuentas, y los venezolanos merecemos recuperar lo que nos han robado.

No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro diferente. Es imperativo que los venezolanos nos unamos para exigir transparencia, justicia y la restitución de los recursos saqueados. Solo con un cambio profundo, basado en la democracia, la libertad y el respeto por nuestra soberanía, podremos recuperar el destino que nos fue robado y regalado. Venezuela no merece seguir siendo la víctima de esta infamia. Es tiempo de alzar la voz y trabajar por la reconstrucción de nuestra nación.

antonioledezma.net