Autoridades de Perú detuvieron, de manera preliminar, a doce personas, entre ellas ciudadanos peruanos y venezolanos, acusadas de integrar una red criminal de explotación sexual de mujeres, entre ellas menores de edad, en las cercanías del centro histórico de Lima, informaron fuentes oficiales.

La operación se realizó a pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, contra una banda denominada Los Piratas, que presuntamente explotaba a unas ochenta mujeres, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

 La intervención comprendió el allanamiento de nueve hospedajes, dos hostales y el domicilio de un investigado en los distritos de Cercado de Lima y San Martín de Porres, y también permitió el rescate de dos menores de edad, de dieciséis y diecisiete años.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada, a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada, la presunta banda criminal operaba en el jirón Zepita, la avenida Alfonso Ugarte y el pasaje Larrabure, todas calles ubicadas en los límites del centro histórico de la capital peruana.

Durante el operativo se incautó un automóvil, dispositivos electrónicos, computadoras portátiles, y se ordenó la visualización del contenido de los teléfonos móviles de los detenidos, el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.

El Ministerio Público señaló que esta banda supuestamente operaba desde julio de 2025 «mediante la captación y traslado», desde una «casa de acogida» ubicada en el distrito de San Martín de Porres, de mujeres y menores de edad a las que cobraba cupos y «multas» a cambio de asegurar su presencia en la zona.

Entre los detenidos figuran personas investigadas por presuntamente ocuparse del cobro de cupos, la seguridad y administración en los hospedajes, acciones de vigilancia y recepción de dinero, entre otros.

Además, a los capturados se les acusa de estar involucrados «en la lucha contra una banda rival por el control del territorio y dos presuntos homicidios, producto de los enfrentamientos».

Al respecto, el teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Lozada, declaró a medios locales que se investiga si Los Piratas son una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Lozada, quien dirigió la operación policial, señaló que cada una de las víctimas de la red de explotación sexual debía pagar a la banda unos seiscientos soles semanales (unos 180 dólares).

EFE

La ONG Realidad Helicoide identificó 49 centros de detención en Venezuela donde se encuentran presos políticos, según un registro actualizado a agosto de 2026.

“En Venezuela, el régimen sigue utilizando la tortura y detención arbitraria como política de Estado. Aún quedan más de 400 presos políticos detenidos injustamente. La infraestructura del Estado se utiliza para perseguir, torturar e invisibilizar a quienes piensan distinto”, dijo la organización.

En sus cuentas en las redes sociales, , la ONG publicó una lista de estos centros, donde incluye desde cárceles de máxima seguridad hasta comandancias policiales regionales. 

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Entre los centros con mayor cantidad de detenidos figuran El Rodeo I, con 107 presos políticos; Ramo Verde, con 78; Fuerte Guaicaipuro, con 46; Yare II, con 21; Yare III, con 18; Rodeo III, con 14; Rodeo II, con 13; Tocuyito, con 12; PNB Zona 7 Boleíta y La Crisálida, con 11 cada uno; CNA Las Acacias, con 10; INOF, con 8, y La Pica, con 7.

Agregó que, “además, también se registran personas en desaparición forzada y arresto domiciliario. Visibilizar cada rincón de esta red es el primer paso para romper la impunidad. Para que haya justicia, verdad y libertad real, es urgente desmantelar el crimen, liberar a todos los presos políticos y cerrar definitivamente los centros del terror en Venezuela”.

49 CENTROS DE TORTURA: DONDE AÚN HAY PRESOS POLÍTICOS. | 🔗: https://t.co/tLlHivTVMW En Venezuela el régimen sigue utilizando la tortura y detención arbitraria como política de Estado.Aún quedan más de 400 presos políticos detenidos injustamente. La infraestructura del Estado… pic.twitter.com/9ZNWu4RjyZ

 Jesús Lara del Toro, de 22 años, de nacionalidad venezolana, fue sentenciado a 18 años de prisión federal y al pago de una indemnización tras declararse culpable por el asalto a mano armada perpetrado en la joyería El Ruby, ubicada en Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, cometido por instrucciones de la dirección internacional de la banda criminal “Tren de Aragua”.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Colorado publicó el anuncio este lunes 17 de agosto a través de la página web del Departamento de Justicia. Durante el proceso, presidido por la jueza federal de distrito Nina Y. Wang, Lara del Toro se declaró culpable sin pactar un acuerdo previo con la fiscalía.

Según la acusación y los hechos establecidos durante el juicio, la tarde del 24 de junio pasado Lara del Toro y otros sujetos ingresaron al establecimiento ubicado en la Avenida 38 Oeste de Denver.

Durante el asalto, los implicados amenazaron con armas de fuego a empleados y clientes, golpearon a varios trabajadores y sustrajeron joyas y oro valorados en cerca de cuatro millones de dólares, dejando a varias víctimas heridas.

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Tras la investigación, las autoridades localizaron a los sospechosos en la zona de El Paso, Texas.

“El Distrito de Colorado continúa trabajando para la eliminación total de la pandilla Tren de Aragua en Colorado, y sentencias como esta envían un mensaje contundente de que no toleraremos esta violencia en nuestras comunidades”, indicó el fiscal federal del Distrito de Colorado, Peter McNeilly.

Por su parte, el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Denver, Steve Cagen, resaltó: “La profesionalidad de los agentes de HSI Denver y El Paso, junto con nuestros socios del FBI y la Fiscalía Federal en Colorado y Texas, demuestran la eficacia de un enfoque integral de aplicación de la ley por parte del gobierno”.

A su vez, Amanda Koldjeski, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Denver, sostuvo que el grupo planificó el robo a sabiendas de que habría personas en el lugar con la intención de aterrorizarlas, por lo que el trabajo coordinado del Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Organizada Violenta permitió localizarlos y llevarlos ante la justicia.

Con esta resolución, Lara del Toro se suma a Jean Torres-Román y Newman Castillo Delgado, quienes ya recibieron sus respectivas condenas, mientras que un cuarto implicado aguarda por su sentencia programada para finales de este año.

Con información de Telemundo Denver.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó sobre la excarcelación de cinco militares que se encontraban privados de libertad en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda.

A través de sus redes sociales, la organización indicó que los uniformados eran considerados presos políticos y señaló que fueron liberados durante la jornada de este martes.

Entre los excarcelados se encuentran el mayor César Girón; el sargento mayor de tercera (SM3) Johandri Aguilar; el sargento primero (S1) Jhorman Jiménez; y el sargento segundo (S2) Jhonson García.

La organización difundió la información como una actualización sobre la situación de los militares detenidos, aunque hasta el momento no se han ofrecido públicamente detalles sobre las condiciones de las excarcelaciones ni sobre las medidas judiciales aplicadas en cada caso.

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La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ha documentado y denunciado durante años casos de militares y civiles detenidos por motivos que organizaciones de derechos humanos consideran políticos.

La excarcelación de estos militares ocurre en medio de la atención internacional sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y las condiciones de detención de quienes permanecen privados de libertad.

Mientras que , a través de las redes sociales se supo que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia del capitán Juan Carlos Caguaripano, a 30 años de cárcel.

Se indicó que la audiencia fue fijada para el próximo miércoles 26 de agosto.

Con información de Coalición por los DD. HH.

Una casa alquilada para fiestas privadas en una zona alejada de Cieneguilla terminó convertida en el escenario de una captura clave para la Policía. Allí fue detenido Luis Johhander Díaz Cerezo, alias “Chacal”, presunto integrante del Tren de Aragua que, según la investigación, no había sido identificado por su verdadero nombre en Perú. 

La pista llegó desde Nueva York, luego de que el FBI incautara un teléfono a un miembro de esta organización detenido en Estados Unidos.

El cruce de información con los agentes del GRECCO permitió descubrir que Díaz Cerezo ya había sido intervenido en Perú, pero utilizando otra identidad: Luiver Ramos Rivero. 

Con esta información, los investigadores lograron establecer su verdadera identidad y ubicarlo en Lima. Según la Policía, “Chacal” habría llegado al país junto a otros ciudadanos venezolanos para disputar territorios vinculados al sicariato, la extorsión y la trata de personas en distritos como Los Olivos, Comas, San Martín de Porres e Independencia.

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La captura se convirtió además en la primera intervención del Grupo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado, ESSCOT, creado a partir del convenio de cooperación entre el FBI y la Policía Nacional. Este equipo busca identificar conexiones internacionales del Tren de Aragua y seguir el movimiento de sus integrantes y colaboradores. Para el especialista en criminalidad Frank Casas, esta cooperación resulta necesaria frente a una delincuencia que ya opera más allá de las fronteras.

Otro caso es el de Alfredo Toribio, quien trabajó durante una década como conductor de ETRANSLIMA. Hace cinco meses recibió cuatro impactos de bala mientras manejaba su unidad, luego de que la empresa fuera amenazada por extorsionadores. Ahora permanece postrado en su vivienda de San Martín de Porres, sin poder trabajar y con una familia de cinco hijos que depende principalmente de los ingresos de su esposa.

Frente a esta situación, la Policía busca fortalecer su capacidad de respuesta con tecnología y cooperación internacional. El director de la PNP, general Óscar Arriola, anunció el uso de equipos para extracción de información forense y geolocalización, además de capacitación especializada del FBI en interrogatorios, manejo de informantes, negociación y respuesta ante situaciones de crisis.

Otro de los objetivos es acelerar el acceso a información de redes sociales utilizadas por los extorsionadores. La Policía gestiona la instalación de una oficina de Meta en el Perú, lo que permitiría reducir los tiempos para obtener información, siempre mediante los procedimientos legales correspondientes. Actualmente, las solicitudes deben canalizarse hacia la sede regional ubicada en Brasil, lo que puede tomar entre 24 y 72 horas.

El desafío, sin embargo, no termina con capturar a quienes ejecutan los ataques. Los investigadores buscan identificar a quienes financian, coordinan y proporcionan información para concretar las extorsiones. El cruce de datos digitales, registros telefónicos, movimientos financieros y trabajo de inteligencia será clave para anticiparse a los delincuentes. Mientras tanto, para los conductores y sus familias, la exigencia sigue siendo la misma: que las nuevas estrategias se traduzcan cuanto antes en seguridad y resultados concretos.

Con nformación de Latina Noticias

La Policía Municipal de Barinas arrestó a siete trabajadores de la salud por un presunto caso de negligencia dentro del Hospital Dr. Luis Razetti que derivó en quemaduras graves para un recién nacido que se encontraba en el área de neonatología.

A través de las redes sociales circuló un video del padre del menor en el que denunció un aparente episodio de mala praxis ocurrido dentro del centro asistencial por el cual el neonato resultó con quemaduras de tercer grado en el rostro y manos.

El hecho ocurrió cuando una lámpara de fototerapia, utilizada para brindar calor y regular la temperatura corporal de los lactantes, cayó directamente sobre el cuerpo del recién nacido afectado.

Las autoridades informaron que los ciudadanos arrestados fueron identificados como Maribel Pérez, Harry Sánchez, Yellimar Neira, Loida Zapata, Nohelia Solórzano, Yismary García y Belmary Ciro, todos trabajadores del hopistal Razetti en Barinas.

Al mismo tiempo, los organismos de seguridad mantienen abiertas las labores de búsqueda para dar con el paradero de un octavo individuo presuntamente involucrado, quien permanece prófugo para evadir sus responsabilidades ante la ley.

También se conoció que a los sujetos detenidos se les atribuirá la presunta comisión de delitos contra las personas, tipificados en el ordenamiento jurídico como lesiones intencionales graves cometidas mediante negligencia e imprudencia en el ejercicio profesional.

El grupo de aprehendidos quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, organismo encargado de encausar el proceso de investigación y formalizar la imputación ante los tribunales correspondientes.

 Fuertes lluvias en Caracas causaron la muerte de tres personas, entre ellas dos adolescentes, además de inundaciones que arrastraron vehículos, informaron autoridades el domingo. Además, las personas afectadas por los terremotos que quedaron vveindo en carpas, quedaron sin lo poco que tenian.

El paso de la onda tropical número 37 por el norte de Venezuela trajo en la noche del sábado lluvias torrenciales y descargas eléctricas, según el Servicio Nacional de Meteorología Inameh.

"Se registró un hecho en el cual menores de edad del sexo femenino fueron arrastradas por una corriente de agua", dijo el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios Salazar.

Al llegar los bomberos al municipio Libertador (centro-oeste) para atender la emergencia "ya se encontraban las autoridades competentes resguardando ambos cuerpos sin vida", agregó Palacios en Telegram.

También una mujer de 49 años, aún sin identificar, murió debido a la caída de un muro en el mismo municipio.

Mientras que en el municipio Sucre (este), al menos 30 viviendas quedaron anegadas.

Las torrenciales lluvias que cayeron entre la noche del sábado y el domingo tumbaron árboles que destruyeron las carpas donde duermen las personas que quedaron sin vivienda tras los terremotos del 24 de junio.

Bomberos y funcionarios de Protección Civil quitaron troncos y ramas de las carpas de los refugiados, que provienen de un conjunto de edificios multifamiliares de interés social en el centro de la capital.

"El desprendimiento provocó que parte del ramaje se posara sobre unas carpas que fungen como refugio y obstaculizó de manera temporal el tránsito vehicular", informó el Cuerpo de Bomberos de Caracas en Instagram.

AFP

Una comisión del Servicio de Investigación Penal (Sipez) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) aprehendió a Luis Antonio González Montilla, de 24 años de edad, tras ser denunciado por cometer actos de trato cruel en perjuicio de un niño de seis años.El hecho se concretó en el sector Alto Prado del municipio Maracaibo, Cuadrante de Paz Comuna N° 277, La Nueva Era Socialista, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, informó el organismo en su cuenta en Instagram.

 La actuación policial se activó de forma inmediata luego de que el progenitor del menor acudiera ante las autoridades para denunciar que el sujeto le provocó al pequeño una quemadura con un encendedor (yesquero) en el hombro izquierdo, advirtiendo además que el infante venía siendo víctima de constantes agresiones por parte del González.

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Tras la alerta, el Sipez acudió con máxima celeridad al sitio, logrando la captura del sindicado. Los funcionarios custodiaron el traslado del pequeño junto a su padre hasta el Centro Médico Ambulatorio Urbano Simón Bolívar, donde el personal médico le prestó la atención sanitaria, diagnosticando una herida por quemadura de primer grado, dejando al niño bajo el correspondiente tratamiento curativo.El aprehendido fue conducido a la sede policial, puesto a disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Venezuela excarceló el viernes a seis presas políticas, entre ellas una acusada por un atentado con drones contra el depuesto Nicolás Maduro, tras la promesa hecha en la víspera por la representante opositora en los diálogos con el gobierno interino para facilitar estas liberaciones.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, se comprometió el jueves a impulsar la liberación de presos políticos luego de sostener un primer ciclo de negociaciones con el gobierno interino de Venezuela, un proceso auspiciado por Estados Unidos.

"Excarcelada la presa política Emirlendris Benítez y otras 5 mujeres", informó en X Alfredo Romero, director de Foro Penal, una ONG que defiende a presos por razones políticas.

Benítez fue detenida en agosto de 2018 con cuatro meses de embarazo acusada de participar en un atentado con drones contra Maduro.

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Se le imputaron cargos de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria y fue sentenciada a 30 años de cárcel.

Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores denunciaron que Benítez, comerciante de 45 años, fue víctima de torturas, tratos crueles y degradantes, hasta el punto de sufrir un aborto espontáneo.

Las torturas la dejaron en silla de ruedas con parálisis parcial. Su diagnóstico incluye hernias discales, dolor crónico por daño en su sistema nervioso y la peligrosa migración de biopolímeros de los glúteos a la columna.

Su detención preventiva excedió el máximo de los tres años establecidos por la ley venezolana, y por lo tanto debió ser juzgada en libertad, según indicaron sus abogados.

Recibió una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en 2020. En 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) pidió su libertad inmediata, tras concluir que su detención fue arbitraria.

AFP

En medio de anuncios sobre acuerdos para transformar la justicia en Venezuela, y luego de que la presidenta de la AN del 2025, Dinorah Figuera, anunció que pronto habrá liberaciones de presos políticos, un tribunal condenó a 6 años de prisión a tres jóvenes trabajadores detenidos durante la represión poselectoral de 2024.

El anuncio lo hizo el Comité por la Libertad de Presos Políticos (ClippVe) en sus redes sociales, donde publicó un video de los familiares de los jóvenes.

La ONG dijo que el Tribunal 1.º de Juicio con competencia en terrorismo condenó este jueves 13 de agosto a seis años de prisión a Roberto Pérez, Rafael Guedez y Olbis Dirinot, tres jóvenes trabajadores y pescadores artesanales de Falcón detenidos desde el 20 de septiembre de 2024.

Sus madres, Johely Atencio, Ana Añez y Yackelin Pérez, llegaron al Palacio de Justicia con la esperanza de que sus hijos recuperaran la libertad después de casi dos años de prisión. 

La defensa solicitó libertad plena al sostener que durante el juicio no se presentaron pruebas que demostraran los delitos imputados y evidenció contradicciones en las declaraciones de los testigos.

La audiencia de conclusiones comenzó cerca de las 3:00 p.m. y terminó alrededor de las 3:30 p.m. Los tres detenidos participaron de forma telemática desde los tribunales del estado Falcón, mientras sus madres permanecieron en la sala del Palacio de Justicia donde se celebró la audiencia. Allí conocieron que sus hijos habían sido condenados a seis años de prisión.

Los tres jóvenes fueron detenidos cuando regresaban de pescar, en pleno contexto de represión poselectoral. 

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Sus madres denuncian que funcionarios de la GNB les habrían fabricado evidencias —cables oxidados de turbinas eólicas, picos y palas— para acusarlos de terrorismo, asociación para delinquir, extracción de material estratégico y sabotaje eléctrico.

El juicio comenzó el 30 de abril de 2026, tras más de un año y medio de detención. Durante el proceso, las familias denunciaron violaciones al debido proceso, incluida la imposibilidad de contar con abogados de confianza. También solicitaron la aplicación de la Ley de Amnistía, pero les fue negada.

“La condena ocurre apenas un día después de anunciarse acuerdos para iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia venezolano. Para estas madres, sin embargo, la injusticia continúa y se profundiza el sufrimiento”, denunció ClippVe.

“No puede hablarse de transformar la justicia mientras persistan procesos denunciados por graves violaciones al debido proceso y condenas sin pruebas suficientes. Roberto, Rafael y Olbis deben ser liberados”, concluyó.

Agentes españoles detuvieron a quince personas y liberaron a quince víctimas de trata, con nacionalidad colombiana y venezolana, en una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil, en la que desarticularon dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en la provincia de Sevilla (sur).

 Según informaron ambos cuerpos de seguridad, las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, vivían hacinadas en condiciones insalubres, eran captadas principalmente en Sudamérica para ser prostituidas en España.

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Al llegar a su destino, las mujeres estaban obligadas a permanecer bajo el control de la organización las 24 horas del día debido a la supuesta deuda de 7.000 euros que habían contraído con la red criminal.

Los responsables realizaban fotografías de contenido sexual a las víctimas y ponían anuncios en su nombre en plataformas digitales bajo identidades ficticias.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 15 personas y liberado a 15 víctimas de trata en una operación en la que han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en la provincia de Sevilla. Las víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana, que vivían hacinadas en condiciones insalubres, eran captadas principalmente en Sudamérica, han informado la Guardia Civil y la Policía Nacional en una nota de prensa conjunta. EFE/ Guardia Civil 

La operación permitió bloquear 15 cuentas bancarias con un saldo conjunto superior a 30.000 euros y tres inmuebles supuestamente utilizados para ocultar los beneficios obtenidos con la actividad ilícita.

Los 15 detenidos son investigados por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, y tráfico de drogas.

También por ilícitos relativos a la prostitución, y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores.

EFE

Un líder indígena venezolano secuestrado hace una semana por presuntos guerrilleros colombianos fue asesinado y su cuerpo hallado en la misma zona minera donde había sido tomado como rehén, denunció el martes una oenegé de derechos humanos y una fuente periodística.

Julio Rodríguez, capitán indígena del pueblo Jivi Ekunay, había sido secuestrado el 2 de agosto por "presuntos miembros de las disidencias de las FARC", señaló la organización Provea, al denunciar su "asesinato".

El cuerpo de Rodríguez fue hallado "a orillas de la carretera que conduce al poblado de Morichalito", en el estado de minero de Bolívar (sur), señaló en X Fritz Sanchez, periodista independiente especializado en medio ambiente y minería.

Rodríguez era la "autoridad legítima" del asentamiento Jivi Ekunay que hace parte del Territorio Ancestral Mapoyo incluido en la lista de patrimonios inmateriales de Unesco por su "tradición oral".

Fue secuestrado en su casa y "delante de la comunidad se lo llevaron", añadió Provea.

"Dos días después del secuestro de Rodríguez, una comisión de líderes y jóvenes indígenas que salió a buscarlo fue emboscada" y atacada con explosivos lanzados con drones, denunció la oenegé.

Según Provea, las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) controlan sectores enteros de las zonas mineras en regiones cercanas a la frontera con Colombia y Brasil, a menudo con el acuerdo de las fuerzas de seguridad locales.

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De acuerdo a la ONG, "más de 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010".

Estos grupos insurgentes mantienen a las comunidades indígenas en una situación "vulnerable", según han denunciado líderes indígenas entrevistados por la AFP.

En abril, la presidenta venezolana interina Delcy Rodríguez impulsó bajo la presión de Washington, una ley minera favorable a la inversión privada, especialmente extranjera.

Venezuela concentra la mayor explotación de minerales en un territorio de 112.000 km cuadrados bautizado como el Arco Minero, rico en oro, diamantes, bauxita y coltán.

AFP

 La comunidad indígena Jivi Ekunay denunció ataques con explosivos y el secuestro de su jefe por parte de las disidencias de las FARC en Los Pijiguaos, una población minera del estado Bolívar, al sur de Venezuela, informó este domingo la oenegé Provea.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, en especial en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas.

En lugares cercanos a la frontera con Colombia, como Los Pijiguaos, las guerrillas colombianas del ELN o disidencias de las FARC controlan sectores de zonas mineras, con el acuerdo de las fuerzas de seguridad, según han documentado oenegés y numerosos testigos.

Una publicación en X de la oenegé defensora de derechos humanos Provea, señaló que los pobladores del territorio ancestral Mapoyo, en Los Pijiguaos, denunciaron que miembros de las disidencias de las FARC capturaron en su casa al jefe de la comunidad, Julio Rodríguez, el 2 de agosto.

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Asimismo, afirmaron que "drones sobrevolaron la zona y lanzaron artefactos explosivos" cuando un grupo de líderes indígenas salió a buscar a Rodríguez, días después.

La publicación también acusó constantes amenazas en su territorio e instó al Estado venezolano a "expulsar a los grupos armados" y "detener las actividades mineras ilegales" en la zona.

Provea resaltó que el lugar es habitado por cuatro comunidades indígenas y que su tradición oral fue declarada por la Unesco patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2014.

Los grupos irregulares controlan yacimientos de coltán, estaño, oro y tierras raras, según la oenegé.

Hace cinco días informaron al gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre la situación, pero señalaron que no han recibido respuesta.

"¡No esperen que nos maten, actúen ya!", reza el texto.

Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

En abril aprobó, bajo presión de Washington, una nueva ley minera favorable a la inversión privada, especialmente extranjera.

Sin embargo, expertos advierten que la presencia de grupos armados dificultará los negocios mineros.

ALERTA: Autoridades indígenas de Mapoyo denuncian el secuestro del capitán Julio Rodríguez, presuntamente a manos de disidencias de las FARC, en el Edo. Bolívar-Venezuela.Tiene 7 días desaparecido luego de que hombres armados se lo llevaran a la fuerza la noche del 2 de agosto… pic.twitter.com/bZyBfqgPnu

AFP

En la noche de este 5 de agosto de 2026 falleció bajo custodia del Estado venezolano José Ricardo Breijo Fedorchenko, de 72 años, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ClippVe.

“Breijo se convierte trágicamente en el preso político número 31 que muere bajo custodia del Estado en Venezuela”, publicó la ONG en sus redes sociales.

En su post, el CLIPPVe recordó quién era José Breijo.

Era originario del Cerro, Montevideo, y emigró a Venezuela en 1979. "Fue un reconocido gerente hotelero cuya vida cambió tras tomar la fotografía de una bandera con inscripciones árabes en una oficina, acto por el cual fue acusado injustamente de terrorismo y traición a la patria".

Durante su permanencia en la cárcel de Touyito en Carabobo, Breijo sufrió un calvario.

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"Sufrió condiciones inhumanas en la cárcel de Tocuyito, donde el hacinamiento y la falta de atención médica minaron su salud. Debido a una desnutrición severa, pasó de pesar 120 kg a solo 62 kg mientras estaba detenido.  Recibió medida sustitutiva de "casa por cárcel" recientemente solo ante el temor de las autoridades de que muriera en el penal".

Recordó la ONG que  “al recibir la prisión domiciliaria, Breijo descubrió que su apartamento había sido saqueado y ocupado por los mismos funcionarios policiales que lo detuvieron. Pasó sus últimos días en una vivienda desvalijada, marcada por la injusticia y el deterioro físico irreversible”.

El CLIPPVE afirm{o que “su muerte es un recordatorio de la crítica situación de los DD.HH. y la persecución política que continúa en Venezuela, ahora bajo una dictadura bajo la tutela del gobierno de los EE. UU.”.

Al menos 49 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este 2026 en Venezuela, según un conteo de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que aseguró que el Estado «incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia».

A través de una nota de prensa, difundida este martes, el OVP detalló que, del total de fallecidos, 48 eran hombres y una mujer. Asimismo, precisó que 47 murieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.

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«Detrás de cada cifra existe una historia distinta, pero todas convergen en una misma realidad: personas que dependían absolutamente del Estado para acceder a un médico, recibir medicamentos, practicarse exámenes o ser trasladadas oportunamente a un centro de salud», subrayó la organización.

 Los fallecidos «padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada», indicó el OVP.

«Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose», subrayó.

Por tanto, exhortó a la Fiscalía a que inicie una investigación «transparente, exhaustiva e imparcial» sobre cada fallecimiento, a fin de determinar las responsabilidades que «correspondan».

Además, exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el impulso de una atención humanitaria por razones de salud para los presos de todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país.

Con información de EFE

Varios ministros de Perú supervisaron este domingo la expulsión del país de tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, tras cumplir sus condenas por tenencia ilegal de armas en territorio peruano.

Los venezolanos identificados por sus alias Catire, Rody y Rafa fueron expulsados a Venezuela, después de cumplir ocho años de condena en Perú por tenencia ilegal de armas, en una operación conjunta liderada por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, según informó el Ministerio del Interior.

Desde el Grupo Aéreo Nº 8, ubicado en la vecina provincia del Callao, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó en rueda de prensa que habían puesto naves militares a disposición del Ministerio del Interior para «expulsar a estos avezados delincuentes», pero también para cumplir una misión humanitaria de repatriar a los peruanos que han sido víctimas del terremoto sufrido en Venezuela en junio pasado.

 A su vez, el canciller peruano, Carlos Espá, comentó que un juez peruano decidió la expulsión de los implicados para «evitar que los peruanos estén expuestos al peligro que representan» por su vínculos con la banda transnacional Tren de Aragua.

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En ese sentido, Espá manifestó su satisfacción de que la cancillería haya reabierto los servicios consulares en Venezuela, después de haber estado suspendidos desde 2024 cuando cortó relaciones con el régimen del entonces Nicolás Maduro y reconoció a Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales de ese año.

«El más peligroso fue liberado porque cumplió su condena, pero tiene que responder a la justicia venezolana, felizmente al abrir los servicios consulares, hemos procedido a cumplir con la orden de expulsión del juez para que se vaya a Venezuela», indicó el canciller.

Espá precisó que la nave traerá de vuelta a Perú a los connacionales que están en «una situación difícil» en Venezuela, tras el devastador terremoto que ha dejado más de 5.500 fallecidos.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, declaró a la prensa que la Policía Nacional y la división de Migraciones han permitido el traslado de los tres expulsados y que se van a encargar de su custodia hasta entregarlos a las autoridades venezolanas.

Astudillo aseguró que el Gobierno peruano tiene que «deportar a más indeseables» y que en las próximas horas se continuará con «el proceso de expulsión de criminales en nuestro país».

 El ministro dijo que los expulsados tienen las alertas correspondientes para que no vuelvan a ingresar al país, dado que cuentan con órdenes de captura en su contra.

En tanto, el titular de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas de Perú procederán a custodiar los pasos fronterizos para impedir el retorno de criminales al territorio peruano, nación en la que viven más de 1,6 millones de venezolanos como resultado de la ola migratoria de los últimos años. 

Con información de EFE

The Washington Post  publicó  este domingo que reconstruye la historia de decenas de venezolanos que fueron deportados por la administración del presidente Donald Trump y que, pocas horas después de aterrizar en Venezuela, quedaron atrapados en uno de los episodios más devastadores provocados por los terremotos del pasado 24 de junio.

La investigación, elaborada por las periodistas Arelis R. Hernández y María Luisa Paúl, señala que los migrantes viajaban a bordo del denominado Vuelo 164, que partió desde Estados Unidos con destino a Venezuela. 

Tras su llegada, las autoridades venezolanas los trasladaron a un edificio bajo custodia estatal, el cual colapsó horas más tarde debido a los dos fuertes sismos que sacudieron el centro-norte del país.

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Según el diario estadounidense, muchos de los deportados habían construido una vida en Estados Unidos antes de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Una vez devueltos a Venezuela, quedaron bajo control de las autoridades locales y, tras el derrumbe del edificio donde permanecían retenidos, numerosos familiares perdieron todo contacto con ellos.

El reportaje relata la incertidumbre que enfrentan las familias, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, que durante semanas han intentado conocer el paradero de sus seres queridos sin obtener respuestas claras.

La investigación coincide con reportes previos de la agencia Associated Press, que informaron que un vuelo con 146 venezolanos, incluidos 19 mujeres y siete niños, llegó desde Miami el mismo día de los terremotos. Los deportados fueron alojados en un hotel de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre, donde más de un centenar quedaron desaparecidos tras el colapso de la estructura.

Uno de los testimonios recogidos por el diario es el de sobrevivientes que lograron salir entre los escombros y caminar varios kilómetros hasta encontrar ayuda, mientras otros continúan sin ser localizados. La investigación destaca que las dificultades de comunicación y la magnitud de la emergencia complicaron durante semanas las labores para identificar a las víctimas y localizar a los desaparecidos.

La publicación pone de relieve cómo una operación de deportación terminó convirtiéndose en una tragedia humanitaria para decenas de familias venezolanas, al quedar los migrantes atrapados en uno de los desastres naturales más mortíferos registrados recientemente en el país.

Con información de The Washington Post.

Los familiares de Cristina Margarita Ramos, de 71 años de edad, cuyo video se hizo viral poco después de los terremotos del 24 de junio,  por sus "uñas bonitas», denunció que desconoce la ubicación de sus restos a pesar de haberla reconocido en el registro fotográfico de víctimas mortales instalado en los Silos de La Guaira. 

Ramos fue un símbolo de esperanza tras ser rescatada con vida de entre los escombros de su vivienda en Playa Grande, pero luego se supo que falleció y el hecho de que no encuentren su cuerpo ha generado desconcierto e indignación entre sus allegados.

Su hija, Crisnel Mata, detalló mediante un video difundido este 31 de julio que sus familiares acudieron de manera reiterada al centro de identificación hasta lograr reconocer a Ramos en el archivo de la morgue temporal. 

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No obstante, las autoridades no les han ofrecido respuestas claras sobre la fecha exacta ni las circunstancias de su deceso, así como tampoco sobre el destino final de su cuerpo, dejando a la familia en un estado de absoluta incertidumbre tras haber confirmado su fallecimiento por las vías oficiales.

Mata hizo un llamado público al fiscal general, Larry Devoe, y al director nacional del CICPC, Douglas Rico, para que inicien una investigación formal sobre el traslado y custodia de su madre. 

La familia exige que los organismos del Estado esclarezcan de inmediato la cadena de custodia y entreguen el cuerpo de Ramos para darle el debido sepelio, cuestionando cómo es posible que exista un registro fotográfico oficial sin que las autoridades puedan precisar el paradero de sus restos.

Con información de Noticias Venevisión

El Marite suma otro preso fallecido por enfermedades, denunció este viernes el Observatorio Venezolano de Prisiones,

“Las muertes por enfermedades dentro de las cárceles venezolanas dejaron de ser una excepción hace muchos años, y se han convertido en una tragedia repetida que las autoridades conocen, pero frente a la cual siguen sin ofrecer respuestas ni soluciones”, denunció la ONG en sus redes sociales.

Lamenta qe, “mientras cambian los nombres de quienes fallecen, las causas continúan siendo las mismas: abandono, atención médica insuficiente y un sistema penitenciario incapaz de proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia”.

Asegura que "ese patrón volvió a repetirse con la muerte de Yoandry Medina González, privado de libertad en el Centro de Formación del Hombre Nuevo "Dr. Francisco Delgado", conocido anteriormente como El Marite, en el estado Zulia, quien fue ingresado de emergencia al Hospital Universitario de Maracaibo tras presentar complicaciones de salud asociadas a VIH y tuberculosis".

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Para elOV, este caso obliga a formular “preguntas que el régimen sigue evitando responder: ¿Cuántos privados de libertad conviven actualmente con enfermedades crónicas o infectocontagiosas sin recibir tratamiento adecuado?, ¿cuántos diagnósticos se realizan de manera oportuna dentro de los establecimientos penitenciarios?, ¿existen programas efectivos para controlar la tuberculosis y garantizar el acceso continuo a terapias para personas con VIH? y ¿cuántas personas más deberán morir para que la atención médica penitenciaria deje de ser una promesa incumplida?”.

En este punto es importante mencionar que “El Marite, concebido originalmente para albergar a 700 personas, mantiene actualmente una población superior a las 1.000 personas privadas de libertad, lo que representa una ocupación que supera el 143 % y un hacinamiento mayor al 43 %”.

La organización destaca que “en un establecimiento con estas condiciones resulta imposible desvincular el deterioro de la salud de las condiciones de reclusión, puesto que el hacinamiento favorece la propagación de enfermedades infectocontagiosas, dificulta el seguimiento médico y convierte la atención sanitaria en una respuesta tardía, cuando no inexistente”.

El VP afirma que "las autoridades ya no pueden alegar desconocimiento. Durante años, desde @oveprisiones hemos documentado muertes asociadas a tuberculosis, VIH, desnutrición y otras enfermedades prevenibles dentro de los centros de reclusión. La pregunta ya no es qué está ocurriendo en las cárceles venezolanas, sino es por qué, después de tantos años de denuncias, el Gobierno sigue permitiendo que las personas privadas de libertad mueran por causas que pudieron prevenirse o tratarse oportunamente".

Con información de OVP

Después de casi dos años de búsqueda, una niña de 5 años que había desaparecido en Santa Fe fue encontrada en Venezuela.

La menor fue localizada junto a su madre en la ciudad de Barinas, tras una investigación encabezada por la Justicia Federal argentina con la colaboración de INTERPOL y autoridades venezolanas, informó el portal Pirámide Noticas de Argentina.

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La información fue confirmada este jueves por la Justicia Federal y difundida por el Ministerio Público Fiscal. La menor, identificada con las iniciales M.G.S.A., fue encontrada  junto a su madre, F.A.S., quien es investigada por haberla trasladado fuera de Argentina sin autorización del padre.

 La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que la niña fue sacada del país sin autorización de su padre y permaneció oculta desde agosto de 2023.

 Mientras avanza la investigación penal, la Justicia y la Cancillería trabajan en el proceso de restitución internacional para que la menor pueda regresar a la Argentina.

Medios argentinos indican que la madre de la pequeña podría enfrentar hasta 15 años de cárcel.

Con información de Pirámide Noticas