El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz hizo un llamado a familiares y allegados para cotejar y corroborar la identidad de 22 víctimas mortales del doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio.

La convocatoria responde al avance de las experticias de necrodactilia, odontología y antropología forense ejecutadas por los equipos científicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

De acuerdo con la información oficial, los restos de los ciudadanos identificados de forma preliminar se encuentran inhumados en el Cementerio La Esperanza, en el estado La Guaira, una de las zonas costeras que sufrió mayores devastaciones por los eventos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5.

Las autoridades instaron a los allegados a acudir a la sede principal del Senamecf en Bello Monte, Caracas, para completar las entrevistas filiatorias, la consignación de registros fotográficos y la revisión de patrones fácticos requeridos para la entrega formal de las certificaciones de defunción.

Las cifras consolidadas por el Ejecutivo nacional registran saldo de 6.509 fallecidos, más de 25.000 viviendas con severos daños estructurales y 18.000 ciudadanos en condición de refugio o pérdida total de inmuebles.

No obstante, la ausencia de partes oficiales recientes sobre el renglón de personas no localizadas mantiene la preocupación de la sociedad civil, donde plataformas independientes como Desaparecidos Terremoto Venezuela contabilizan denuncias e incidencias de más de 29.000 personas cuyo paradero aún no ha sido determinado por las brigadas de rescate.

Lea también:ONG apoya renovación de la Misión de la ONU para Venezuela y pide libertad para los presos políticos

"Este trámite es fundamental para confirmar las identidades y permitir a las familias obtener respuestas e información definitiva sobre los seres queridos que perdieron en este lamentable suceso", dijo el Ministerio de Relaciones Interiores en el comunicado.

El protocolo de verificación filiatoria habilitado por el Senamecf estará operativo de lunes a viernes en horario de oficina para agilizar la entrega de expedientes biológicos a las familias afectadas.

Simultáneamente, colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos solicitaron a las autoridades nacionales e internacionales mantener abiertos los canales de búsqueda en fosas y estructuras colapsadas, urgiendo la actualización continua de la base de datos nacional de personas desaparecidas tras el desastre natural.

Con información de EL NACIONAL

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) manifestó que apoya la renovación de los mecanismos de Naciones Unidas para Venezuela y reiteró que la libertad de todos los presos políticos continúa pendiente.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 6 de octubre, con 25 votos a favor, la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 En un comunicado, CLIPPVE consideró que la decisión es necesaria debido a que, según la organización, el aparato represivo continúa intacto y las víctimas siguen requiriendo verdad, justicia y reparación.

 También respaldó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a liberar a los al menos 196 militares y funcionarios de seguridad detenidos por motivos políticos, entre ellos ocho mujeres y 14 personas con condiciones graves de salud.

“La libertad debe ser para todos, civiles y militares”, sostuvo CLIPPVE.

Advirtió que una excarcelación acompañada de procesos judiciales abiertos, presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país no constituye una libertad plena.

EL CLIPPVE reiteró que continuará exigiendo la liberación de todos los presos políticos y el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen chavista.

Pasadas las 8 de la noche de este martes, Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), informó que se registró la rotura de una línea de gas natural que alimenta las calderas de la Refinería Cardón, ubicada en el Centro de Refinación Paraguaná, estado Falcón.

El evento originó un incendio que fue sofocado rápidamente por el personal de Respuesta y Control de Emergencias de la instalación.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente no dejó trabajadores lesionados, ni daños mayores o afectaciones a terceros.

 Lea también:PARCHE A LA CRISIS: DELCY CHOCA CONTRA UN DÉFICIT DE 1.500 MWComo medida preventiva, se activó el protocolo de seguridad correspondiente y se procedió a la parada de emergencia de las plantas del complejo, mientras se evalúan las condiciones para un reinicio de operaciones seguro.

Asimismo, la estatal petrolera conformó un Comité de Investigación para determinar las causas del hecho.

PDVSA destacó que el Sistema de Refinación Nacional dispone de inventarios suficientes para asegurar el suministro de combustibles en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la situación de personas integrantes y exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de otros cuerpos de seguridad del Estado que permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, así como por su procesamiento ante la jurisdicción penal militar. 

La Comisión urge al Estado a disponer su liberación inmediata e incondicional y expresa su solidaridad con sus familiares, que han denunciado la falta de información y de comunicación con sus seres queridos.

Según registros de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB y de cuerpos policiales y de seguridad se encuentran privados de libertad por motivos políticos hasta el 20 de septiembre. 

De ellos, 165 estaban en servicio activo y 31 en situación de retiro al momento de la detención; 8 son mujeres y al menos 14 presentarían un estado de salud grave. 

Por su parte, el Foro Penal registraba, al 14 de septiembre, 144 militares dentro de las 344 personas que considera presas políticas en el país. 

La CIDH destaca que la diferencia entre las cifras refleja los criterios propios de cómo cada organización define y documenta los casos de detenciones por motivación política; al tiempo, evidencia la necesidad de contar con datos oficiales, que respondan a los estándares de transparencia y acceso a la información pública.

Lea también: La ONU extendió vigencia de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

Lo anterior, aun cuando el 18 de agosto, según la organización Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, habrían sido excarcelados cinco militares recluidos en “Ramo Verde”. 

No obstante, según información pública, sus procesos siguen abiertos y quedaron sujetos a medidas alternativas a la privación de libertad, entre ellas presentaciones periódicas, prohibición de salir del país y restricciones para declarar ante medios de comunicación.

Las instituciones de las cuales proviene el mayor número de personas detenidas son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Conforme a información allegada a la Comisión por organizaciones de la sociedad civil, los tipos penales predominantemente invocados en estas causas corresponden a la conspiración —imputada por fuera del contexto de manifestaciones públicas— y a la rebelión civil. 

Asimismo, su reclusión se concentra en centros de custodia militar y en establecimientos penitenciarios ordinarios habilitados para tal fin, entre los que figuran el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana; el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares (CENAPROPEMIL) “Ramo Verde”; el Centro de Procesados y Penados Militares (CEPROPEMIL), Fuerte Guaicaipuro; los centros penitenciarios Rodeo I y Yare II; y el Centro Penitenciario de Aragua, “Tocorón”, entre otros establecimientos.

La Comisión toma nota con extrema preocupación de las reiteradas denuncias sobre muertes bajo custodia y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana. Datos de la JEP reportan el fallecimiento de cuatro integrantes de la FANB y de dos ex funcionarios de seguridad bajo custodia; mientras que Foro Penal informó a la CIDH de 4 fallecidos, tres del DGCIM y uno del SEBIN. Además, remarcan la incomunicación prolongada, restricción severa de visitas de familiares, reclusión en espacios sin ventilación y de dimensiones reducidas que impiden desplazamiento, así como la negación de atención médica oportuna y especializada.

Asimismo, advierte que algunas de estas personas permanecen bajo custodia en instalaciones militares o de la propia DGCIM, organismo que ha intervenido en la detención de personal militar. En este contexto, reitera que cuando la custodia recae en los mismos cuerpos de inteligencia o contrainteligencia que practicaron la detención, el Estado tiene un deber reforzado de garantizar la integridad personal de las personas detenidas, su acceso a una defensa técnica de su confianza y la supervisión independiente de las condiciones de reclusión.

Prensa CIDH

Familiares de 77 personas detenidas por un presunto contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reiteraron este lunes su pedido de medidas sustitutivas que permitan a estas personas continuar su juicio en libertad, tal como ha sucedido desde inicios de este año con los presos políticos.

El caso de estos detenidos se conoce como ‘PSVSA-Obrero’ e involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera, a obreros de bajo rango de la empresa y hasta a funcionarios policiales y militares. Los familiares han reportado distintas cifras de detenidos relacionados a esta causa: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160.

La abogada Zimarú Fuentes, familiar de uno de los detenidos, explicó que unas 76 personas vinculadas a este caso han sido liberadas, pero aseguró que todavía quedan detenidas «54 personas por Anzoátegui (noreste), diez por Carabobo (centro), nueve en Falcón (noroeste), una en Distrito Capital y tres que fueron sentenciadas el 1 de octubre en La Guaira (norte)».

En una rueda de prensa, Fuentes pidió que las medidas cautelares concedidas a un primer grupo de estas personas se extiendan al resto para que «puedan enfrentar su proceso y su juicio en libertad».

La defensora además explicó que hay varias irregularidades alrededor de la causa que, advirtió, sigue el patrón de detenciones de presos políticos.

Además, indicó que el fiscal que inició la investigación, Jean Karín López Ruiz, fue acusado de corrupción y se desconoce su paradero.

De igual forma, pidió atención médica «urgente» para cuatro presos: Larry José Moya, quien tiene «graves complicaciones generalizadas»; Renier Macetti, quien sufrió dos infartos, así como María Alejandra Rodríguez y Lenis Cruz, quienes, sostuvo, «necesitan atención inmediata».

Por su parte, el diputado opositor Tomás Guanipa, que acompañaba la rueda de prensa, pidió a Estados Unidos interceder por esta causa.

«Al presidente (Donald) Trump, al secretario (de Estado) Marco Rubio, le queremos decir (…) todavía hay mucha gente presa que debería estar libre. Ustedes pueden ayudarnos como nadie a que estén libres», indicó.

El parlamentario presentó además una lámina con lo que denominó como un «hampograma» que, según dijo, es un «organigrama de hampones», en los que señaló al exfiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez y el defensor Público General de Venezuela, Daniel Ramírez.

«Deberían estar hoy en las cárceles presos por el daño que han ocasionado a este país», afirmó.

En febrero pasado, Fuentes refirió que las detenciones empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en Anzoátegui, y detalló que los detenidos están involucrados en «procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países» durante el «bloqueo internacional» que sufría Venezuela por ese entonces por las sanciones de EE.UU.

Con información de EFE

Los habitantes de la isla de Margarita se encuentran de luto, luego de saberse de la trágica muerte de una pequeña de siete años, oriunda de esa localidad, durante un ataque perpetrado en Estados Unidos.

Se trata de la pequeña Edimar Carreño, quien  murió en Chicago, luego de resultar gravemente herida durante un ataque ejecutado por una persona que está detenida.

Según medios locales, el hecho ocurrió alrededor del mediodía en la intersección de la calle 77 y Cottage Grove, donde, según los reportes policiales, una mujer se acercó a la menor y la atacó con un objeto punzocortante.

Lea también:En Chile condenan a implicado en el asesinato de Ronald Ojeda: la sentencia se dará a conocer el 15OCT 

Niña venezolana de 7 años muere tras ser atacada en ChicagoEdimar Carreño, una niña venezolana de 7 años, oriunda de Villa Rosa, municipio García, Nueva Esparta, murió en #Chicago, Estados Unidos, luego de resultar gravemente herida durante un ataque.El hecho ocurrió… pic.twitter.com/bhBJF9v39A

Personas que se encontraban en el lugar intervinieron para detener a la atacante mientras llegaban las autoridades. Edimar fue trasladada de emergencia al Comer Children’s Hospital, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

La mujer señalada por el ataque quedó bajo custodia de la Policía de Chicago tras recibir atención médica por lesiones leves. Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las circunstancias y el motivo del ataque.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó este viernes 2 de octubre de 2026 un sismo de magnitud 4,8 Mw registrado en las cercanías de Güiria, estado Sucre.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:31 p. m., con una profundidad de 6,3 kilómetros, según el reporte oficial de Funvisis,

El organismo ubicó el epicentro en las coordenadas 10,390° de latitud norte y 62,370° de longitud oeste, aproximadamente 31 kilómetros al suroeste de Güiria.

 Funvisis actualizó los primeros datos internacionales que habían situado la magnitud del evento entre 5,0 y 5,3, con diferencias también en cuanto a su profundidad y ubicación. Estas variaciones pueden producirse mientras los organismos sismológicos procesan y revisan los registros de sus estaciones.

Mientras que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) había informado previamente sobre un evento sísmico internacional de magnitud 5,3 cerca de la costa de Venezuela, mientras que los primeros registros habían estimado una magnitud de 5,0.

Con la actualización de Funvisis, el reporte oficial venezolano establece el evento en 4,8 Mw y una profundidad de 6,3 kilómetros.

No se han informado oficialmente daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento telúrico.

 Con información de Funvisis y AlbertoNews

 La justicia chilena emitió este jueves la primera condena tras un juicio oral contra Maickel David Villegas Rodríguez, miembro de la banda transnacional Tren de Aragua, por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024, tras un proceso que inició el pasado 10 de septiembre.

El  caso ya había tenido sentencias condenatorias en Chile para otros tres implicados, pero realizadas bajo procedimiento abreviado, mientras que Villegas Rodríguez fue sometido al primer juicio oral por esta causa y su sentencia se dará a conocer el próximo 15 de octubre.

Villegas, extraditado a Chile desde Costa Rica en noviembre de 2024, es sindicado por la Fiscalía como el encargado de recopilar material audiovisual para acreditar la ejecución del secuestro y homicidio del exteniente venezolano, crimen del que participó como parte de la célula del Tren de Aragua conocida como ‘Los Piratas’.

 «Estoy muy conforme con lo que se resolvió por parte del tribunal, es un veredicto contundente en cuanto a la participación que él tuvo en el secuestro con homicidio», aseguró a la prensa local Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur.

Lea también: APAGONES ENCIENDEN LA CALLE: Diosdado Cabello culpa a la oposición

Ronald Ojeda, de 32 años al momento de ser asesinado, escapó de Venezuela en 2017 tras ser acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro, razón por la que el Estado de Chile le concedió el estatus de refugiado político a finales de 2023.

En esa línea, el Ministerio Público apunta a presuntos pagos de parte de la más alta cúpula política del gobierno venezolano, específicamente de Diosdado Cabello, a líderes de la organización criminal transnacional.

La causa por el crimen del exmilitar venezolano tiene a 32 personas identificadas, 26 de ellas detenidas en Chile y seis con orden de detención vigente, mientras que la primera condena del caso, por vía rápida, fue para un adolescente.

Se trata de Ángelo Castillo, de 17 años al momento del secuestro, a quien se le dictó cinco años de reclusión bajo un programa de reinserción social. La Fiscalía, por su parte, ha pedido 20 años de cárcel para Villegas Rodríguez.

El fiscal Barros mencionó que entre los detenidos hay «los que ejecutan materialmente el hecho y aquellos que participan también en la ocultación de su cuerpo».

«Y luego de eso nos queda la causa abierta todavía, donde está Carlos ‘Bobby’, que es el líder para Suramérica, ‘El Turko’ que era el líder para Chile y los otros sujetos que hemos ido extraditando», añadió.

Carlos ‘El Bobby’ Gómez, actualmente detenido en una cárcel de Colombia, ha sido señalado en Chile por recibir el dinero que se obtenía de la extorsión y de otras actividades delictivas.

Rafael Gámez Salas, alias ‘El Turko’, quien está inculpado en el caso de Ojeda en calidad de miembro de la facción ‘Los Piratas’ del Tren de Aragua, fue extraditado desde Estados Unidos a Chile a finales de agosto pasado y permanece detenido a la espera de juicio.

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades le acusan de cometer numerosos delitos. 

Con información de EFE

Septiembre cerró con tres mujeres privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado, informó este jueves el Observatorio Venezolano de Prisiones.

 Las muertes ocurrieron en tres centros penitenciarios que, en conjunto, albergan a más de 800 personas y vuelven a encender las alarmas sobre las condiciones de reclusión y las garantías del derecho a la vida y la salud de la población penitenciaria femenina.

El 19 de septiembre, Carmen Rodríguez, de 66 años, murió mientras se encontraba recluida en el Centro de Reclusión Femenino de Carabobo, anexo femenino de Tocuyito, donde permanecen más de 300 mujeres privadas de libertad. La causa de muerte reportada fue un infarto agudo de miocardio.

Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente I, en el estado Táchira, donde se encuentran más de 250 mujeres. En este caso se reportó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio.

Lea también:El Foro Penal contabilizó 20 excarcelaciones este fin de semana

A estas dos muertes se suma la de Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, cuyo fallecimiento fue denunciado recientemente por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Eleiner permanecía detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida en Los Teques, estado Miranda, que alberga a más de 250 mujeres. Sus solicitudes para ser trasladada a un centro asistencial fueron ignoradas hasta que su estado de salud se volvió crítico.

Tres muertes en un mismo mes obligan a mirar más allá de las cifras. En Venezuela, más de 2.300 mujeres se encuentran privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios, y cada una de ellas está bajo custodia de las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar su vida, integridad y salud.

En este punto es importante recalcar que el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el derecho a la vida es inviolable y señala expresamente la obligación de proteger la vida de las personas privadas de libertad.

Asimismo, el artículo 83 reconoce la salud como un derecho social fundamental y una obligación del Estado, mientras que el artículo 272 establece que el sistema penitenciario debe garantizar los derechos humanos de las personas recluidas, lo que al parecer es desconocido por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Desde el OVP exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias que rodearon estas tres muertes, que permita determinar qué atención médica recibió cada una, cuál era su estado de salud previo y si existieron omisiones en la actuación de quienes tenían la responsabilidad de garantizar su custodia.

De igual manera, instamos al Ministerio de Servicio Penitenciario a garantizar atención médica oportuna y adecuada a las mujeres privadas en cárceles o calabozos policiales de Venezuela, especialmente las que requieren seguimiento médico o enfrentan una emergencia de salud.

Recordemos que la privación de libertad no extingue el derecho a la vida, a la salud ni a ser tratadas con dignidad, aunque en Venezuela se ha convertido en una pena de muerte. 

Prensa OVP

 - Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a una supuesta red financiera vinculada a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, catalogada por la Administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero.

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló en un comunicado que impuso sanciones financieras contra diez personas a las que acusa de estar involucradas en un esquema de fraude.

Según Washington, esta red, cuyos líderes se encuentran en Venezuela y México, utiliza software malicioso para obligar a cajeros automáticos en Estados Unidos a dispensar efectivo y utiliza los fondos obtenidos para blanquear dinero y transferirlo al Tren de Aragua.

La red estaría liderada por Aníbal Alexander Canelon Aguirre, alias «Prometeo», uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Lea también:Trinidad y Tobago detuvo a venezolanos implicados en contrabando de sustancias prohibidas valoradas en $ 3,7 

El Tesoro también impuso sanciones a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias «Juancho», un líder de alto rango del Tren de Aragua al que acusa de dirigir las operaciones del grupo en varios países de Sudamérica.

Las sanciones del Tesoro implican el bloqueo de los activos y propiedades de los sancionados en Estados Unidos y prohíben realizar transacciones con estas personas.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales de Latinoamérica que la Administración de Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista por su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En junio pasado, el líder histórico de este grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», habría muerto durante una operación conjunta de fuerzas venezolanas y estadounidenses en el estado Bolívar, en Venezuela.

Con información de  EFE

Las autoridades de Trinidad y Tobago informaron  que destruyeron drogas ilegales, valoradas en el mercado negro en 235 millones de dólares estadounidenses, y detuvieron a tres venezolanos que iban a bordo de una embarcación con un alijo de 231 kilos de marihuana, valorados en 3.755.377,54 dólares estadounidenses, en dos operaciones separadas.

«El Servicio de la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) ha destruido drogas ilegales por un valor en la calle de más de 1.600 millones de dólares trinitenses (235 millones de dólares estadounidenses)», precisó la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar en su página de Facebook.

En este contexto, la mandataria apuntó que el valor de las drogas incautadas a la mafia local del narcotráfico equivale aproximadamente al 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual del país.

 «Gracias al esfuerzo de los valientes hombres y mujeres de nuestros servicios de seguridad, estas drogas no han llegado a nuestras calles para envenenar a nuestros hijos y destruir familias», aseveró la primera ministra.

Persad-Bissessar hizo hincapié en que gracias a la gestión de su Gobierno y los servicios de seguridad, continúa lucha contra «la mafia local de la droga», a la que «se permitió actuar sin control durante diez años» bajo el mandato del partido opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, por sus siglas en inglés).

En su opinión, «la mafia local de la droga que tanto se enriqueció durante el mandato del PNM ha llegado a su fin».

Por último, resaltó que no solo están persiguiendo los envíos físicos de drogas, sino que también están expulsando a sus cómplices de instituciones financieras, redes de distribución y del sector público con la ayuda de las fuerzas del orden internacionales.

 Lea también: MACABRO: Encontraron el cuerpo de una joven en un hotel en Guárico 

Por otro lado, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago reportó en un comunicado que arrestó a tres venezolanos que iban a bordo de una embarcación que transportaba 411 paquetes precintados en el golfo de Paria.

Tras los análisis realizados por la Unidad de Investigaciones Especiales del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS SIU, en inglés), se confirmó que los embalajes contenían marihuana que pesaba 231,42 kilogramos, con un valor estimado en el mercado de 25.456.200 dólares trinitenses (3.755.377,54 dólares estadounidenses).

De acuerdo con los guardacostas, la embarcación, la tripulación y los estupefacientes fueron entregados y se están tramitando de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El Gobierno de Trinidad y Tobago reforzó este año su colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos con el fin de combatir el tráfico de drogas, proteger las fronteras y desmantelar las redes criminales transnacionales.

Con información de Efe

La organización Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, confirmó que 20 de estos detenidos han sido excarcelados desde el viernes, día en que culminó la segunda ronda de diálogo entre el chavismo y una parte de la oposición impulsada por Estados Unidos.

Según un listado disponible en su página web este domingo, Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres son los seis vinculados a la llamada operación Gedeón, que salieron de prisión.

 La operación Gedeón fue llevada a cabo el 3 de mayo de 2020, por un grupo de exmilitares venezolanos que habían desertado de las Fuerzas Armadas del país, junto a tres miembros de un equipo privado de seguridad de Estados Unidos que intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de La Guaira y Aragua, donde fueron detenidos.

Lea también: Más de 60 presos han muerto bajo custodia del Estado desde abril, denunció el OVP

De acuerdo con el listado de excarcelados, todos los que fueron puestos en libertad desde el viernes tienen nacionalidad venezolana y la mayoría salió de varios centros de reclusión en el estado Miranda, como El Rodeo, Yare y Ramo Verde.

El sábado, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que tenían información de la excarcelación de unos 20 presos, pero que se encontraban verificando cada caso.

Según Foro Penal, antes de estas excarcelaciones en Venezuela había 344 presos políticos.

Con información de EFE

“Desde abril han muerto más de 60 personas bajo custodia en Venezuela”, denunció a través de sus redes sociales el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),

Informo que el caso más reciente es el de Luis Alejandro García, de 30 años, quien falleció en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, anteriormente denominado Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo.

García murió presuntamente por tuberculosis (TB), una enfermedad infectocontagiosa cuya presencia resulta especialmente preocupante en un penal donde más de 2.200 personas permanecen recluidas en un espacio con capacidad para 1.400; es decir, con una ocupación superior al 157%.

“En estas condiciones, el hacinamiento no es solamente un problema de espacio. La convivencia de miles de personas en áreas sobrepobladas favorece la transmisión y propagación de enfermedades infectocontagiosas, un riesgo que se agrava cuando existen dificultades para acceder oportunamente al diagnóstico y la atención médica”, dijo el OVP.

Lea también: A cuentagotas: ONG informan sobre nuevas excarcelaciones este 25Sep

Agrega que “la muerte de Luis Alejandro García vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones en las que permanece la población recluida en Tocuyito y obliga a preguntarnos cuántas personas pueden estar actualmente expuestas a la tuberculosis dentro del penal”.

Por ello, desde el OVP “exigimos una evaluación sanitaria urgente de la población recluida, la detección y atención oportuna de posibles casos de tuberculosis y una investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que murió García y la atención médica que recibió”.

Ratificó la ONG que “más de 60 personas han muerto bajo custodia desde abril y no podemos permitir que esta cifra siga creciendo, mientras las causas estructurales que ponen en riesgo la vida de los presos continúan sin respuestas”.

Los habitantes de El Socorro, en el estado Guárico, amanecieron conmocionados este 26 de septiembre  al saber  del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 24 años en las instalaciones de un hotel ubicado en la carretera nacional Troncal 15, sector Cruz Verde, de esa entidad.

La víctima fue identificada como María José Machado Ríos, cuyo cadáver fue encontrado en un pasillo trasero del establecimiento, cercano a las habitaciones. El cuerpo se encontraba semidesnudo y en avanzado estado de descomposición.

Según reportes extraoficiales, la joven habría sido asesinada presuntamente por su expareja, identificada como Cristian de Jesús Hernández Díaz, quien se había hospedado en el hotel días antes del hallazgo.

Medios locales indicaron que Machado ingresó al establecimiento el pasado miércoles. Durante la madrugada del jueves, Hernández habría salido del hotel y comunicado en recepción que debía realizar una diligencia.

Lea también: A cuentagotas: ONG informan sobre nuevas excarcelaciones este 25Sep

El cadáver fue localizado luego de que trabajadores del establecimiento percibieran un fuerte olor proveniente del pasillo externo situado detrás de las habitaciones. Al inspeccionar el área, encontraron el cuerpo de la joven.

Luego se supo, de manera extraoficial, que Machado había denunciado a Hernández en julio de este año, tras un episodio de violencia, cuando el hombre, presuntamente por celos, atacó con un tubo a otro ciudadano que se encontraba visitando a la joven en su vivienda.

La joven residía en el sector José Félix Ribas de Valle de la Pascua y era madre de dos niñas. Además, trabajaba en un comercio asiático ubicado en la avenida Rómulo Gallegos.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adelantan las investigaciones para determinar la causa de muerte, reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer las responsabilidades correspondientes.

Con información de Versión Final.

En horas de la noche de este viernes, la ONG Foro Penal,   confirmó la excarcelación de dos presos políticos. Se trata del coronel retirado de la Aviación Miguel Castillo Cedeño, de 72 años de edad, quien permanecía privado de libertad desde 2019 en la cárcel militar de Ramo Verde, en los Altos Mirandinos, por la misma causa que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

"#25Sep Liberado Miguel Castillo Cedeño. Todo paso hacia la libertad, por breve que sea, es un buen paso.@ForoPenal», escribió el vicepresidnete del Foro, Gonzalo Himiob, en su cuenta oficial en la red social X.

Asimismo, la organización informó de la excarcelación de Frank Cabaña, quien permanecía detenido desde septiembre de 2017 por su presunta vinculación con el caso de Óscar Pérez.

 Por su parte, la dirección de DD. HH. de Vente Venezuela señaló que Cabaña era el último preso político que permanecía tras las rejas por este caso y que, durante su detención, estuvo privado de libertad sin un juicio ni una sentencia definitiva.

«¡Excarcelado Frank Cabaña!», publicó DDHH Vente Venezuela en sus redes sociales.

 La organización calificó su detención como «arbitraria e injusta» y sostuvo que su excarcelación representa un paso, aunque insistió en que aún permanecen personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.

Lea también: Investigan a supuesto exfuncionario de la embajada de Venezuela en España por hallazgo de 50 kg de drogas 

  DDHH Vente Venezuela exigió la liberación «inmediata y plena» de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, que continúan detenidos en el país.

«La lucha no termina», afirmó la organización, que acompañó su pronunciamiento con la etiqueta "#QueSeanTodos".

Por otro lado, también se conoció de la excarcelación, en la amdrugada de este 26 de s eptiembre, de tres implicados en la “Operación Gedeón”.

Los excarcelados son: Leonardo Chirinos, quien permanecía recluido en el Complejo Penitenciario de Yare II; Justo Pastor Daza, detenido en el Fuerte Guaicaipuro; y Alejandro Torres, quien también se encontraba privado de libertad en esa instalación militar.

Un accidente de tránsito ocurrió a tempranas horas de la mañana de este viernes en La Yaguara, al oeste de Caracas, el cual dejó una persona fallecida y varias heridas.

Según reportó el periodista Roman Camacho en sus redes sociales, un camión habría perdido el control y chocó contra varios vehículos.

Lea también:  Investigan a supuesto exfuncionario de la embajada de Venezuela en España por hallazgo de 50 kg de drogas

Camacho informó que el accidente involucró un camión de carga pesada, unidades de transporte público, varios carros y motos.

Relató que, según las versiones, “la gandola habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que arrollara a varios peatones, unidades de transporte público y motorizados, además de colisionar contra múltiples vehículos en la vía”.

Dijo que al lugar se trasladaron efectivos de los bomberos y cuerpos de rescate, con la finalidad de brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas y coordinando la atención médica de emergencia.

🚨 ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA YAGUARA DEJA UN FALLECIDOLa mañana de este viernes 25Sep, una gandola presentó fallas en su sistema de frenos e impactó contra unos 12 vehículos. Se reportaron 15 lesionados, 3 de consideración y una persona fallecida, según indicó el periodista… pic.twitter.com/MJXgekI9xq

Las autoridades de España investigan a un supuesto exfuncionario de la embajada de Venezuela en España, tras la incautación de varios kilos de drogas, en el aeropuerto internacional de Barajas.

Según el diario El Mundo, el detenido se identificó como diplomático de la embajada de Venezuela en España para intentar eludir el cerco. Los agentes de la Guardia Civil destinados en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid, le incautaron, sin embargo, 50 kilos de cocaína que portaba en el equipaje, según las fuentes conocedoras del episodio consultadas por el medio. 

Los hechos se produjeron el pasado 8 de septiembre. No era la primera vez que el «diplomático» venezolano se comportaba de un modo lo suficientemente sospechoso como para que, en esa ocasión, los agentes, que ya estaban sobre la pista, revisaran su equipaje.

De modo que, una vez revisadas sus pertenencias, su siguiente destino fueron los juzgados de Plaza de Castilla, donde se mantiene abierta una investigación que trata de dilucidar el procedimiento seguido por el detenido para la obtención y venta de la droga, cuáles han sido sus cómplices y cuántas veces ha podido utilizar un procedimiento similar para introducir droga en España, dado que los agentes trabajan sobre la hipótesis de que no fuera la primera vez.

 Tras el arresto, fueron llamados al juzgado para declarar varios funcionarios y trabajadores de la legación diplomática de Venezuela en España, cuyos responsables quisieron dejar bien claro ante el juez que, a diferencia de lo que el detenido aseguró a los guardias civiles del aeropuerto, la condición de este era la de exfuncionario.

Fuentes policiales aseguraron en un primer momento que el cargo que había ocupado en la representación venezolana era el de cónsul, aunque este extremo no ha sido confirmado. La embajada especificó que llevaba dos años fuera de la legación, sin desempeñar ningún cargo o trabajo que tuviera vinculación alguna con la representación diplomática.

El medio se puso  en contacto con la embajada de Venezuela, que ha declinado dar explicación alguna sobre el asunto. Su portavoz no ha explicado detalles como si el funcionario ostentó algún cargo en la legación, en qué fecha dejó de trabajar allí, por qué dejó de hacerlo, los motivos por los que fue despedido, si es que fue despedido, o los motivos por los que conservó durante dos años, presuntamente, la documentación diplomática y en qué circunstancias.

Lea también: Casi 20 venezolanos fueron expulsados de Medellín: tienen antecedentes penales

Se trataría, a la espera del avance de la investigación, que está siendo desarrollada en el más absoluto de los secretos, de un episodio aislado cuyo alcance por el momento se desconoce.

No es, desde luego, la primera vez que las embajadas y las ventajas que confieren los pasaportes diplomáticos son utilizadas como cobertura para delinquir en asuntos relacionados con el narcotráfico.

Hace un par de años, la embajada española en Venezuela se vio sacudida por un escándalo similar cuando el chófer de uno de los funcionarios y un acompañante utilizaron el coche con el que habitualmente se trasladaba el funcionario para introducir en Venezuela 200 kilos de marihuana y cocaína.

El robo del coche había sido denunciado previamente y, cuando los dos delincuentes se disponían a cruzar la frontera con Colombia, el vehículo fue interceptado por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana.

En aquellos momentos, los datos fueron confirmados por el jefe del Estado Mayor del Comando Nacional Antidrogas de la GNB, Leonario Quintero, quien, a través de las redes sociales, difundió hasta las fotografías de los implicados y el momento de su detención cuando intentaban entrar en el país con el cargamento.

Muchos años antes, en 2013, otro chófer se erigió en protagonista, esta vez en Nairobi (Kenia), cuando, en medio del juicio que se celebraba por el asesinato de la que había sido embajadora venezolana en funciones, Olga Fonseca, provocó un giro brutal del procedimiento al asegurar que algunos miembros de aquella legación utilizaban la valija diplomática para mover droga entre países.

Mucho más recientemente, las acusaciones sobre narcotráfico fueron realizadas por el Departamento de Justicia estadounidense contra la persona de Nicolás Maduro, a quien imputaron por cooperación con el narcotráfico y cooperación para la importación de cocaína.

La acusación concreta venía a afirmar que Maduro, entre los años 2006 y 2008, había vendido pasaportes diplomáticos a delincuentes para que pudieran, usando los privilegios que confiere el servicio exterior de un país, trasladar a Venezuela desde México los beneficios de la venta de droga.

El Departamento de Justicia estadounidense se refería en su investigación a delincuentes de alto espectro con conexiones con el cártel de Sinaloa, por ejemplo.

Este caso nada tendría que ver con este tipo de procedimientos. Se trataría de un exfuncionario que asegura seguir siendo diplomático y que habría introducido, presuntamente, droga en nuestro país sin vínculo alguno con la embajada.

La Guardia Civil y los juzgados de Plaza de Castilla investigan con absoluto secreto la peripecia personal del presunto narcotraficante y los pasos previos y posteriores que se le puedan acreditar.

Con información de El Mundo

 Federico Gutiérrez,    alcalde de Medellín, informó que 17 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de la ciudad y enviados a su país tras ser identificados, según sostuvo, con antecedentes o anotaciones por delitos cometidos en la capital antioqueña.

A través de su cuenta en X,  el mandatario local señaló que las personas habían sido vinculadas con casos de hurto, delitos relacionados con estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Gutiérrez afirmó además que tres de los expulsados tenían requerimientos judiciales vigentes en Venezuela.

“Luego de ser identificados con antecedentes y anotaciones relacionados con delitos como hurto, estupefacientes, porte de armas blancas y riñas aquí en Medellín. Tres de ellos tenían incluso requerimientos judiciales en Venezuela por hurto agravado, homicidio y secuestro. Descarados”, sostuvo Gutiérrez.

 Entre las personas expulsadas se encontraba un hombre que, de acuerdo con el alcalde, se presentaba en espacios públicos con indumentaria religiosa para pedir dinero. Gutiérrez afirmó que el supuesto sacerdote era en realidad “un estafador”.

El mandatario compartió el caso como parte de las acciones conjuntas entre la Alcaldía, Migración Colombia y la Policía Nacional, organismos que, según dijo, participan en la identificación de extranjeros que podrían tener causales administrativas o judiciales para abandonar el territorio nacional.

“El que venga a Medellín a trabajar, a invertir y a hacer las cosas bien, siempre será bienvenido”, escribió Gutiérrez. En el mismo mensaje, advirtió que quienes cometan delitos no tendrán espacio en la ciudad.

Lea también: España alerta sobre aumento de trata de personas entre latinoamericanas: hay cada vez más venezolanas y colombianas

Las expulsiones de extranjeros deben ajustarse a los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias, que contemplan la revisión de la situación de cada persona, sus antecedentes y las causales previstas en la normativa colombiana.

Gutiérrez indicó que su administración mantendrá los operativos con Migración Colombia y la Policía para ubicar a personas con causales de expulsión y concretar su salida del país “dentro de la ley”.

El alcalde sostuvo que la estrategia busca reforzar la seguridad en distintos sectores de Medellín. “Aquí manda la ley”, expresó al cierre de su publicación.

Hasta el momento, en el mensaje publicado no se detallaron las identidades de los 17 expulsados, los sectores donde fueron ubicados ni las resoluciones administrativas que respaldaron cada procedimiento.

El 10 de septiembre de 2026, dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos en un operativo en Itagüí bajo la nueva política migratoria anunciada por el Gobierno nacional.

Los dos hombres hacen parte de un grupo de cuatro ciudadanos extranjeros capturados durante una intervención de las autoridades en ese municipio del Valle de Aburrá. La información divulgada señala que se investiga un posible incumplimiento de la legislación colombiana, según un informe de Canal 1.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, confirmó el operativo y afirmó que los detenidos serán entregados a Migración Colombia para que esa entidad revise su estatus en el país. “Están incumpliendo la ley colombiana”, manifestó el mandatario local.

Torres indicó que el procedimiento contó con participación de la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y el Gobierno de Estados Unidos.

La entidad migratoria deberá estudiar de forma individual la situación de cada detenido y establecer si se cumplen las causales previstas por la normativa. La expulsión no equivale a una condena penal, pues corresponde a una medida administrativa que exige una evaluación previa.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la administración local mantendrá los operativos para detectar irregularidades migratorias y posibles infracciones a la legislación nacional. “Quien no quiera convivir con las leyes colombianas no puede estar en el territorio”, expresó Torres.

El mandatario sostuvo que el trabajo conjunto con la fuerza pública continuará en diferentes zonas de Itagüí. Según explicó, el objetivo es ubicar a extranjeros que puedan estar incursos en causales administrativas que permitan una eventual salida obligatoria del país.

Con información de El Espectador

Para el 29 de septiembre fue diferido el juicio en contra del teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, debido a que la Fiscalía no presentó las actas con las pruebas que deben incorporarse al proceso, informó la defensa y familiares del militar.

Los allegados y abogados de Marín Chaparro llegaron al Palacio de Justicia a las 8:00 am. de ste miércoles y, aproximadamente a las 3:00 pm, les informaron que la audiencia no se realizaría.

Según reseña El Nacional, la defensa indicó que durante la jornada se incorporaron documentos relacionados con el acta policial y videos de declaraciones de Diosdado Cabello en los que vinculó públicamente al militar con la causa conocida como La Viñeta.

Los elementos fueron consignados dos años después de la presentación del caso. Su incorporación habría permitido realizar una actuación procesal antes de volver a aplazar la audiencia y evitar que el tribunal reiniciara el procedimiento desde cero.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, explicó que, tras revisar por primera vez el expediente, no encontró pruebas contra Igbert Marín Chaparro ni contra los demás implicados: José Montiel, José Moreno, José Mendoza y Audelino Bermúdez.

“Todas estas horas esperando para nada. Simplemente no hay pruebas”, expresó Romero.

Aseguró que la Fiscalía pretendía consignar las evidencias durante la propia audiencia y calificó el procedimiento de “absurdo” y “arbitrario”.

Según Romero, el expediente tampoco contiene elementos que sustenten la privación de libertad de los implicados.

Con información de El Nacional

Las autoridades de Estados Unidos capturaron en Venezuela a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero” o “Prometeo”, señalado por el FBI como presunto líder de una red internacional dedicada al fraude financiero y los ataques informáticos contra cajeros automáticos.

La captura fue confirmada este martes 15 de septiembre por el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado estadounidense.

Patel informó que la agencia federal había logrado detener a los diez fugitivos que figuraban en su lista de los Diez Más Buscados, después de que Canelón Aguirre fuera localizado y capturado en Venezuela durante el fin de semana.

 “Hemos capturado a los diez”, afirmó Patel durante su intervención, corrigiendo la cifra que había sido mencionada previamente sobre los resultados de la agencia.

Canelón Aguirre es un ciudadano venezolano que fue incorporado el 12 de marzo de 2026 a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Su inclusión tuvo una particularidad: se convirtió en el primer ciberdelincuente incorporado a ese listado, de acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses.

El FBI lo acusó de liderar una amplia conspiración internacional que habría desplegado diferentes grupos en Estados Unidos con el objetivo de extraer millones de dólares de instituciones financieras.

Las autoridades estadounidenses sostienen que parte del dinero obtenido mediante estas operaciones habría servido para financiar al Tren de Aragua, organización criminal transnacional de origen venezolano que Washington ha designado como organización terrorista extranjera.

Uno de los principales elementos de la investigación contra Canelón Aguirre está relacionado con una modalidad conocida como “ATM jackpotting”.

Este método consiste en utilizar programas maliciosos para intervenir cajeros automáticos y provocar que dispensen efectivo de manera no autorizada. Según las investigaciones estadounidenses, Canelón Aguirre habría tenido un papel central en una estructura que utilizaba esta técnica para sustraer grandes cantidades de dinero.

La investigación del FBI sostiene que estas operaciones se desarrollaban desde al menos enero de 2024 y que el dinero obtenido era posteriormente introducido en mecanismos de lavado para ocultar su origen.

El caso combinaba así delincuencia informática, fraude bancario, robo de instituciones financieras y lavado de dinero, además de las acusaciones relacionadas con el financiamiento de una organización criminal transnacional.

Tras incorporar a Canelón Aguirre en su lista de fugitivos más buscados, el FBI anunció una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permitiera localizarlo y llevarlo ante la justicia estadounidense.

La agencia había advertido además que el venezolano era considerado peligroso y pidió a cualquier persona que tuviera información sobre su paradero que se comunicara con las autoridades.

Su inclusión en la lista convirtió a Canelón Aguirre en uno de los principales objetivos internacionales del FBI durante 2026.

La investigación estadounidense derivó en una orden de arresto federal emitida el 9 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska, en Omaha.

Canelón Aguirre enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robos bancarios y daños intencionales a sistemas informáticos protegidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, según la información difundida sobre el expediente.

Las acusaciones forman parte de una investigación estadounidense que busca determinar el alcance de la red y el destino de los recursos obtenidos mediante los ataques contra instituciones financieras.

Golpe al Tren de Aragua

La captura también tiene relevancia por los presuntos vínculos de Canelón Aguirre con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que ha extendido sus operaciones a distintos países de la región.

Según la investigación citada por el FBI, los recursos obtenidos mediante los delitos financieros y cibernéticos habrían sido utilizados para respaldar las actividades de esta organización.

Las autoridades estadounidenses habían señalado que la estructura dirigida presuntamente por Canelón Aguirre representaba una combinación poco habitual entre ciberdelincuencia y crimen organizado transnacional, debido a que empleaba herramientas informáticas para generar recursos destinados a una organización criminal.

El FBI destacó precisamente este elemento al incorporar al venezolano a su lista de los más buscados, en lo que constituyó la primera vez que un ciberdelincuente era incluido en ese registro de máxima prioridad.

La detención de Canelón Aguirre tiene además un significado particular para el FBI debido a que permite a la agencia afirmar que los diez integrantes de su lista de fugitivos más buscados fueron capturados durante el actual periodo.

Kash Patel presentó este resultado ante los senadores estadounidenses como uno de los principales logros de la agencia y confirmó que el décimo fugitivo había sido detenido en Venezuela.

De esta manera, la operación contra “El Ingeniero” pone fin a la búsqueda de uno de los objetivos prioritarios del FBI y representa un nuevo episodio de cooperación y acciones de las autoridades estadounidenses contra estructuras criminales con operaciones fuera de territorio estadounidense.

La captura de Aníbal Alexander Canelón Aguirre deja ahora en manos de las autoridades estadounidenses el proceso para determinar las próximas actuaciones judiciales en su contra y esclarecer el alcance de las acusaciones formuladas por el FBI.

Con información del FBI