Cinco nuevas muertes bajo custodia del régimen venezolano elevaron a 34 la cifra de personas privadas de libertad fallecidas entre abril y junio de 2026, informó este martes el Observatorio Venezolano de Presiones (OVP).

Se trata de casos verificados por la ONG, la cual identificó a los últimos cinco muertos como Ángel Francisco Urdaneta Molero, de 52 años, recluido en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales; Wilmer José Lucena González, en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador; Alejandro José Pulgar, en el Centro Penitenciario Fénix Lara; Alirio José Delgado Sánchez, en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”; y Orlando José Villarroel Sánchez, también en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador.

“Estas muertes, registradas entre el 15 y el 25 de junio, vuelven a evidenciar la gravedad de la emergencia sanitaria dentro de las cárceles venezolanas”, dijo el OVP en su cuenta en X.

Agrega que “no se trata únicamente de personas que padecían enfermedades, sino de seres humanos que permanecían bajo custodia del régimen y que tenían derecho a recibir atención médica oportuna, tratamientos adecuados y condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana”.

Solo durante el mes de junio, el OVP ha documentado “11 fallecimientos en centros penitenciarios del país. A estos nuevos casos se suman los ya denunciados en Rodeo III, La Crisálida, el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de Julio”, el Centro Penitenciario de la Región Andina, el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales y el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, confirmando un patrón que evidencia el progresivo deterioro del derecho a la salud dentro del sistema penitenciario venezolano”.

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En Venezuela, enfermar tras las rejas puede convertirse en una condena de muerte. Tuberculosis, enfermedades respiratorias, afecciones cardiovasculares y otras patologías continúan agravándose en recintos donde la falta de medicamentos, la demora en los traslados hospitalarios, la ausencia de atención médica especializada y las condiciones insalubres terminan poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia, señaló el OVP.

Mientras el número de fallecidos continúa aumentando, la Defensoría del Pueblo sigue sin demostrar, con acciones concretas, que la protección de los derechos humanos de los presos sociales constituye una prioridad de su gestión.

“Quienes hoy mueren bajo custodia del régimen pertenecen a una de las poblaciones más vulnerables del país y continúan esperando que la institución creada para defenderlos ejerza efectivamente las atribuciones que le confieren los artículos 280 y 281 de la Constitución. El silencio institucional frente a esta realidad también contribuye a perpetuar la impunidad”, agregó.

Asimismo, desde el OVP exigen “investigaciones independientes sobre cada una de estas muertes y la adopción inmediata de medidas para atender la emergencia sanitaria que atraviesan las cárceles y calabozos policiales del país”.

Concluye la organización con que “la privación de libertad no suspende el derecho a la salud ni exonera al régimen de su posición especial de garante sobre la vida e integridad de las personas bajo su custodia. Cada muerte que pudo evitarse compromete su responsabilidad”.

Unos 231 cuerpos de víctimas del doble terremoto en el devastado estado La Guaira no habían sido reclamados por sus familiares, según el gobernador del estado, José Alejandro Terán.

En declaraciones a la prensa, el funcionario chavista dijo que recuperaron unos 2.400 cuerpos que fueron “identificados con la más alta tecnología forense y equipos de última generación” y advirtió que los que no sean reclamados serán llevados al cementerio conocido como La Esperanza “para su inhumación”.

Negó que haya fosas comunes y, en cambio, aseveró que son “individuales para cada uno” de los fallecidos con una cruz y una placa de identificación.

“Cuando aparezca algún familiar queriendo identificar a los cuerpos que allí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de nuestros especialistas”, aseguró.

El mandatario regional agregó que esto se ha hecho “siguiendo todos los protocolos internacionales, bajo la supervisión de la Cruz Roja”.

Según informaron a EFE varios testigos, centenares de víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal de La Guaira.

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Un trabajador de La Esperanza, que pidió anonimato, señaló que este lunes 6 llegaron tres vehículos con unos 30 fallecidos y que los cadáveres no están identificados.

El empleado relató a EFE que entre el sábado 27 de junio y el miércoles 1 de julio llegaron unos 10 camiones con cadáveres, por lo que estima que al menos 800 personas pudieron ser enterradas en el lugar.

El equipo de EFE pudo ver desde un caserío de la zona los trabajos de las autoridades en el cementerio, donde se habilitó un terreno en una ladera donde se cavaron varias decenas de zanjas.

Se trata de un terreno muy amplio donde ya se fueron colocando los ataúdes uno al lado del otro, en una hilera, con una cruz blanca afuera, pero que, por su extensión, podría albergar miles de féretros más.

Sobre el terreno había un toldo bajo el que los funcionarios resguardaban más cruces, mientras avanzaban en cubrir con tierra las urnas ya colocadas en las fosas.

Con información de Efe

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales en un cementerio de Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio y dejan más de 3.000 fallecidos.

Los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de varios edificios en Caracas y devastaron el estado vecino de La Guaira, donde habitantes aún tratan de recuperar los cuerpos de sus seres queridos sepultados bajo los escombros.

De acuerdo con el último balance oficial difundido el domingo por las autoridades, los terremotos han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas.

En el municipio de Catia La Mar, en La Guaira, un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada de tierra seca en el cementerio local de La Esperanza.

Eli Zavala, residente de la localidad, dijo a AFP que al día siguiente de los sismo empezaron a hacer las tumbas "para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas".

Los entierros "están numeralizados por parcelas y también por el código" definido para que los cuerpos no identificados sean localizados por sus familiares.

Las autoridades también tomaron fotografías de cada uno de estos cadáveres antes de ser sepultados.

Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

La magnitud del desastre ha superado la capacidad de las morgues y de los hospitales. Un depósito improvisado para almacenar los cuerpos fue habilitado esta semana en los silos del puerto de La Guaira.

En medio de la tragedia, los venezolanos celebran el día de su independencia este 5 de julio.

En un acto que se realizó con la bandera de Venezuela a media asta, la presidenta Delcy Rodríguez descartó un estallido social, ante los reclamos de los afectados.

"No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo", dijo Rodríguez, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año en una operación de Estados Unidos.

En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron a la AFP su indignación por la actuación de las autoridades.

La población acudió el domingo a misas fúnebres en todas las iglesias del país y se espera en la noche el encendido de velas en varios sitios.

En La Guaira, pobladores siguen tratando de recuperar cuerpos entre escombros en condiciones cada vez más difíciles.

"Esto es horrible (...), pero de aquí no me muevo porque yo sé que está ahí. Encontré su moto, encontré su casco, él está ahí, Dios quiera que con vida. Si no, por lo menos encontrarlo, verlo, uno necesita darles su eterno descanso", dijo a la AFP Zuly, una mujer que busca a su hijo de 23 años que trabajaba en una panadería.

Desde el día de los sismos duerme con su hija en una plazuela aledaña a la panadería destruida esperando encontrarlo. "De aquí no me voy sin mi hijo", asegura esta madre.

Con información de AFP

Mediante un comunicado, el Gobierno encargado desmintió las informaciones que circulaban en redes sociales respecto al fallecimiento del ciudadano indio Rakesh Chauhan y aseguró que son «completamente falsas».

De acuerdo con el pronunciamiento institucional, se aclararon dos puntos clave que venían siendo objeto de especulación en las plataformas digitales.

Asegura que la muerte de Chauhan no está relacionada con los terremotos del 24 de junio que afectaron varios estados, principalmente en La Guaira.

 El reporte oficial indica que el deceso ocurrió semanas antes, específicamente el 7 de mayo, en la localidad de Punto Fijo, estado Falcón.

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El comunicado también precisó que tanto la atención médica de emergencia como los protocolos de repatriación fueron coordinados en su totalidad por la clínica privada donde fue atendido y por la empresa privada de reclutamiento para la cual laboraba el ciudadano extranjero.

Enfatizaron que las instituciones de salud pública del país no tuvieron vinculación ni responsabilidad directa en estos procedimientos privados, exhortando a la opinión pública a no utilizar este tipo de acontecimientos con fines políticos.

El marinero indio Rakesh Chauhan NO murió en el doblete sísmico del 24 de junio. Además, el manejo de su cuerpo no estuvo a cargo del gobierno. @maibortpetit miente.Aquí te contamos la verdad 👇 pic.twitter.com/DFcpIuQtrf

Con información de Globovisión

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India anunció que ha tratado con las autoridades venezolanas el asunto de los órganos perdidos de un marinero indio cuyo cuerpo fue repatriado del país y les solicitó que "investiguen urgentemente" el caso.

El marinero de 33 años, Rakesh Chauhan, del distrito de Deoria en Uttar Pradesh, falleció mientras servía en un buque mercante en Venezuela. Una autopsia, tras llevar de vuelta su cuerpo, encontró varios órganos internos ausentes.

"Hemos llevado el asunto ante las autoridades venezolanas, solicitándoles que investiguen urgentemente el asunto. Así que os mantendremos informados", respondió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, a una pregunta en su rueda de prensa semanal.

Según la familia de Chauhan, viajó a Venezuela en noviembre de 2025 como miembro de la tripulación de un barco mercante a través de una empresa privada.

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La empresa les informó en mayo de este año que Chauhan había sufrido lesiones graves tras una caída y estaba recibiendo tratamiento. Al día siguiente, les informaron de su muerte, según había dicho la familia antes.

Alegaron que la empresa les había asegurado que el cuerpo sería enviado a la India en un plazo de una semana, pero llegó a Deoria aproximadamente un mes después.

El superintendente médico jefe de la Facultad Médica de Deoria, H K Mishra, había declarado anteriormente que, según el informe de la autopsia, faltaban varios órganos internos importantes, incluyendo el cerebro, el corazón, ambos pulmones, el hígado, ambos riñones, bazo, páncreas, estómago e intestinos.

El informe también señaló que faltaban tiroides, hueso hioides, laringe y tráquea.

Indicó que no se pudo determinar la causa exacta de la muerte debido a la ausencia de órganos internos.

Con información de Telegraphindia.com

Luego de haber sido reportado como desaparecido, el rescatista voluntario conocido como “El Topo” reapareció este viernes en Corapal, en La Guaira.

Wilmer Cruz se hizo famoso por ayudar en el terremoto desde el minuto uno y también por los videos virales que se difundieron, donde criticaba la gestión del Gobierno en esa emergencia.

"¿Cómo va a ser posible que nosotros quitemos esto con palas y tobos. Por favor, gobierno, necesitamos una máquina. Nosotros la pedimos y si hace falta, la pagamos", se quejó.

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Cruz fue detenido por funcionarios de seguridad del Estado, en el momento en que trabajaba en uno de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Caraballeda, que forma parte de la zona cero de la tragedia. 

Pero este viernes apareció en otro video, donde se observa al joven caminando y celebrando junto a otras personas, mientras quienes lo acompañan manifiestan su alegría por verlo nuevamente.

“Gracias mi gente, que esto es para seguir luchando”, dijo en uno de los videos.

"Topo de La Guaira" es tendencia porque @_Provea anunció que fue excarcelado bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación. Wilmer Antonio Cruz habría participado en el rescate de alrededor de 60 personas antes de ser detenido por funcionarios del… https://t.co/klglZZIi5C pic.twitter.com/jgLEuwlMgd

Luego de decenas de horas de trabajo conjunto entre rescatistas extranjeros y venezolanos, lograron extraer con éxito a Hernán Gil, el vigilante que había quedado atrapado entre los escombros en La Guaira.

Se trata de uno de los rescates más destacados de esta jornada de salvamento que ya lleva una semana, desde los terremotos del 24 de junio.

La operación   duró casi 72 horas por la inestabilidad de la infraestructura donde se encontraba el ciudadano, por lo que los expertos tuvieron que construir dos túneles con madera para poder llegar al sitio.

Las labores de salvamento comenzaron el lunes y culminaron este jueves por la mañana.

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Allí trabajaron unos 100 rescatistas, entre   chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños.

Desde que lo encontraron, Hernán  estuvo en constante comunicación con los rescatistas, quienes lo hidrataron y medicaron para que pudiera soportar mientras llegaban a él.

🇻🇪 RESCATAN CON VIDA A UN HOMBRE DE 44 AÑOS TRAS MÁS DE 7 DÍAS ATRAPADOEl presidente de El Salvador, @nayibbukele, informó sobre el rescate con vida de Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció más de siete días atrapado bajo los escombros del centro comercial… pic.twitter.com/6caruIMNRO

Tras el rescate, Gil fue trasladado inmediatamente en una ambulancia rumbo a un centro de salud en Caracas.

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido el contacto con él.

El vigilante se encontraba en «un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima», según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en el rescate, quien señaló que se había replanteado la estrategia y que se estaba «buscando un nuevo acceso».

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita, que fue su escudo de protección.

Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

Con información de Efe

El Ministerio  para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de un comunicado oficial en su canal de Telegram, publicó el pronunciamiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ante lo que calificó como un grave hecho de desviación policial registrado en las zonas afectadas por los recientes eventos sísmicos en el estado La Guaira.

De acuerdo con el reporte institucional, se constató que un grupo de funcionarios se desvió de sus deberes aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria para apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros. 

El CICPC calificó esta conducta como «indecorosa, reprobable y contraria a los valores fundamentales» de la doctrina policial, señalando que atenta directamente contra el prestigio de la institución y el respeto a la ciudadanía.

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo Directivo de la policía científica adoptó de manera inmediata las siguientes acciones de carácter administrativo y penal:

Separación definitiva del cargo: Se procedió a la remoción irrevocable de todos los funcionarios involucrados y se inició la respectiva averiguación disciplinaria para su destitución inmediata.

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Aprehensión de los implicados: Comisiones de la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cicpc ejecutaron la detención de los ciudadanos:

Aguilar Reyes Maya

Fredy Rafael Lugo Oliveros

Roger Andrés Omaña

Josué Jhonatan Burgos Sánchez

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 68 Nacional con Competencia en Materia de Delitos Contra la Corrupción del Ministerio Público.

A pesar de este incidente aislado, el comunicado resalta la labor «encomiable, transparente y de vanguardia científica» que el Cicpc ha desplegado en la entidad costera para el rescate de sobrevivientes, así como en la recolección e identificación de cadáveres.

«La institución reafirma ante el país que no tolerará, bajo ninguna circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de esta emergencia», reza el texto.

Por su parte, el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram, manifestó que la institución mantiene “una política de cero tolerancia frente a desviaciones policiales o actos de corrupción que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de la emergencia”.

Al final, agradecieron la valentía y responsabilidad de los ciudadanos que denunciaron de manera oportuna estos hechos y suministraron el material probatorio que evidenció la irregularidad, fortaleciendo los mecanismos de contraloría social.

Tras el doble terremoto que vivió Venezuela el 24 de junio, la cuestión de los cuerpos se vuelve esencial. El dolor de las familias sigue persistiendo, mientras que las organizaciones intentan gestionar la identificación de los muertos y su restitución a los familiares.

Las morgues en Caracas y La Guaira han sido sobrepasadas. La cantidad de cadáveres en la zona cero de la tragedia por el doble terremoto ha obligado a las autoridades a habilitar una morgue improvisada donde agrupar cuerpos a la espera de entregarlos a familiares.

En el piso, tapados con sábanas, bolsas plásticas o cualquier alternativa, están algunos de los cuerpos que ya fueron identificados. Sus familiares esperan bajo el sol a que las empresas funerarias completen los trámites para trasladarlos a los cementerios o crematorios.

Una espera que duele tanto como se alarga, en el caso de Alvi Jiménez, que nos cuenta: “Aquí estoy para reconocer y retirar cadáveres de mi familia, de cinco miembros de mi familia. Entró a la morgue del seguro, fui y no está allí. Lo trajeron a los silos del puerto. Allí se llenaron varias planillas para poder entrar y no he podido. Ya tengo dos días en esto”.

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En la principal morgue del país, en Caracas, grupos de personas llegan buscando información, queriendo ubicar a alguien, como Greta Torres: “Ha sido demasiado tedioso conseguir a nuestros familiares. Aquí en Bello Monte tenemos ya cuatro días pernoctando acá buscando respuestas. Por tanto, tiempo que se ha perdido, dicen que los cuerpos están en extremo estado de descomposición, es imposible velarlos y van directo a cremación”, afirma.

Y como otros procesos burocráticos, han surgido denuncias de cobros indebidos por trámites acelerados: “Es increíble que nosotros no tengamos solo que lidiar con la tragedia en Venezuela sino también con la extorsión de los funcionarios que deberían estar prestando un servicio público”, comenta Torres.

Mientras las familias lidian con los papeles, el sol y la paciencia, la cifra de muertos sigue subiendo. El número oficial por ahora alcanza las 1.719 víctimas, y contando.

Con información de AFP

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos emitió una “alerta urgente debido a la precaria situación que se vive en los centros penitenciarios de El Rodeo I y en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido comúnmente como Ramo Verde, tras los movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio”.

Los reportes directos de familiares de presos políticos indican afectaciones severas en la infraestructura de Ramo Verde, registrándose el daño estructural específicamente en el piso cinco de la instalación. 

Ante el riesgo inminente de réplicas y el evidente deterioro físico del edificio, la población reclusa pernocta actualmente en las canchas descubiertas del centro penitenciario por temor a nuevos colapsos.

Esta contingencia agrava la realidad de los detenidos, quienes han comunicado la necesidad urgente de insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos. Aunque los internos disponen de medios para cocinar, evitan ingresar a las áreas de preparación debido al peligro que representan las estructuras dañadas.

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La situación en El Rodeo I presenta un nivel de vulnerabilidad similar, agravado por fallas logísticas y de seguridad previas al evento sísmico.

El penal registra condiciones de reclusión inhumanas donde las camas son de cemento y los internos se ven obligados a realizar sus necesidades biológicas dentro del mismo espacio de las celdas; como reflejo de estas restricciones, hace apenas un mes se les permitió el ingreso de almohadas tras dos años de prohibición.

Los sismos comprometieron la estabilidad de la infraestructura, elevando el riesgo de un desplome ante eventuales réplicas. A pesar de que los presos políticos afirman que se sentirían más seguros en la cancha y han solicitado pernoctar en ella, las autoridades se niegan a trasladarlos a ese espacio, manteniéndolos confinados en las celdas.

Asimismo, los familiares denuncian una grave denegación de auxilio por parte del cuerpo de custodios de El Rodeo I, quienes abandonaron las instalaciones durante el sismo y dejaron a los privados de libertad encerrados a su suerte.

A la par de estos riesgos físicos, persisten severas restricciones al contacto familiar en El Rodeo I, donde los allegados siguen teniendo permitidos únicamente 15 minutos de visita, las cuales deben realizarse estrictamente a través de un vidrio.

En este contexto, las madres concentradas en el campamento exterior interrogaron a los miembros del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA), quienes se limitaron a asegurar que la situación se encontraba en orden sin ofrecer diagnósticos estructurales ni reportes detallados sobre la salud de los reclusos.

Esta opacidad evidencia una falla total en la comunicación institucional y priva a las familias de información fidedigna en un contexto de emergencia nacional.

Adicionalmente, se constata una disputa interna por el control del recinto entre los funcionarios del SESMA, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, y efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esta tensión burocrática paraliza la toma de decisiones, incrementa los riesgos de inseguridad interna y anula los canales de interlocución para exigir condiciones de reclusión dignas.

Ante la emergencia provocada por los sismos y la vulnerabilidad extrema en los centros de reclusión, este Comité, integrado por víctimas y familiares, exige:

1. Libertad plena como medida humanitaria inmediataLa liberación inmediata de todos los presos políticos, en especial de quienes padecen graves enfermedades. Asimismo, en el contexto de la crisis que atraviesa Venezuela, mantener recluidos a ciudadanos profesionales capacitados que podrían contribuir a las labores de asistencia nacional no solo agrava la injusticia de su detención, sino que eleva el riesgo de una tragedia humanitaria evitable.

2. Medidas humanitarias urgentesLa evaluación técnica e independiente de los daños estructurales en Ramo Verde y El Rodeo I por parte de organismos de protección civil, junto con el acceso inmediato a ayuda humanitaria que incluya alimentos, agua y refugios temporales para salvaguardar la vida de los internos.

3. Humanización urgente de las condiciones penitenciariasLa transformación inmediata del régimen penitenciario para garantizar condiciones carcelarias dignas. Aunque recientemente se han permitido visitas bajo locutorio y se autorizó una llamada telefónica con motivo del Día del Padre, persisten condiciones inhumanas e insalubres que atentan contra la dignidad de los privados de libertad.

Se solicita la intervención y el pronunciamiento urgente de los organismos internacionales de derechos humanos para verificar las condiciones de reclusión y salvaguardar la vida de los privados de libertad en los centros afectados.

🚨 ALERTAN SOBRE SITUACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS EN RAMO VERDE Y EL RODEO I TRAS LOS SISMOSEl @clippve denunció condiciones críticas en los centros penitenciarios de Ramo Verde y El Rodeo I, luego de los sismos del 24 de junio en Venezuela.Familiares reportan daños… pic.twitter.com/DUgFDK7hQd

Con información de nota de prensa

La Compañía Metro de Caracas confirmó este lunes el fallecimiento de su presidente, Carlos Segundo Silva Amarista, en los terremotos ocurridos el  24 de junio.

A través de un comunicado, los trabajadores del Metro de Caracas expresaron su dolor y se unieron al duelo de la familia Silva Amarista.

La nota destacó que su gestión «estuvo marcada por una entrega absoluta y un compromiso inquebrantable, trabajando incansablemente por el bienestar de los trabajadores y el servicio de la ciudad», y que «llevó la camiseta del Metro de Caracas con orgullo hasta el último momento».

La institución extendió sus condolencias a su esposa Maritza, sus hijos, familiares y amigos, y cerró el comunicado con la frase:

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Tres meses en el cargo

 Carlos Segundo Silva Amarista fue designado como presidente del Metro de Caracas apenas el 26 de marzo de 2026, mediante el Decreto N.º 5.303, por instrucción directa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Antes de asumir la presidencia del Metro, Silva Amarista se había desempeñado como vicepresidente de Operaciones y Sistemas de Movilnet.

Su llegada a la institución fue presentada como el inicio de una nueva etapa para el principal sistema de transporte subterráneo de la capital venezolana.

La muerte de Silva Amarista se produce en el contexto de la catástrofe sísmica más devastadora en la historia venezolana.

La ONG Foro Penal informó este jueves que no se han reportado presos políticos afectados por los terremotos que afectaron al país este 24 de junio.

En su cuenta en X, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que no hay novedad entre los presos recluidos en El Rodeo, Ramo Verde, Yare, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y Las Crisálidas.

Romero señaló que la organización continúa verificando las condiciones de los detenidos el evento sísmico.Solo precisó que en la cárcel militar de Ramo Verde se cayó una pared, pero sin dejar consecuencias.

No obstante, aclaro que hasta el momento no tiene información sobre las situación de los presos en el Fuerte Guaicaipuro, por lo que continúan las labores de verificación y contacto con familiares y fuentes cercanas a los centros de reclusión.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que a la fecha y según sus registros, en el país aún quedan 552 presos políticos,  “lo que evidencia la violación continua a los derechos humanos y un patrón de detenciones que afecta directamente la institucionalidad democrática del país”.  

“La gravedad de la situación actual se concentra en las violaciones severas al derecho a la salud, a la integridad física y a la libertad personal de los sectores más vulnerables dentro de este total”, dijo la organización en su cuenta en X.

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 Actualmente,  señala que hay “38 personas que padecen enfermedades graves y se encuentran sin acceso a la atención médica oportuna ni a tratamientos adecuados”.

Mientras 19 de ellas tienen más de 70 años de edad, “un grupo de especial protección cuyas garantías mínimas están siendo omitidas”.

 Asimismo, la ONG denuncia que “18 personas permanecen bajo la figura de desaparición forzada, lo que constituye un crimen de derecho internacional y una privación absoluta de la protección de la ley”.

JEP sostiene que “el restablecimiento del Estado de Derecho requiere el cumplimiento obligatorio de los estándares internacionales de derechos humanos”. Esto implica activar de manera inmediata mecanismos de justicia para lograr la liberación de los 552 ciudadanos y el cese de la persecución judicial; de verdad, mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades; y de reparación integral, orientada a resarcir los daños físicos, psicológicos y económicos ocasionados a las víctimas y sus familias".

A la fecha, nuestro registro de presos por razones políticas en Venezuela asciende a 552 personas, lo que evidencia la violación continua a los derechos humanos y un patrón de detenciones que afecta directamente la institucionalidad democrática del país. La gravedad de la… pic.twitter.com/sG64nhvQxi

El departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de la detención de una inmigrante con doble nacionalidad venezolana e italiana, señalada de presuntamente ayudar en el escape de supuestos miembros del “Tren de Aragua”, de un tiroteo ocurrido en Chicago en 2024.

En este hecho  fueron asesinadas tres personas y otras resultaron heridas.

Se trata de Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti, de 32 años, quien según los reportes supuestamente condujo su vehículo para ayudar a escapar a los presuntos tiradores, Ricardo Granadillo Padilla y Edward Martinez Cermeño.

El DHS afirma que la policía de Chicago encontró varias armas en el vehículo de Moreno Occhipinti inmediatamente después del crimen.

Según la versión oficial, la mujer, era maestra en Illinois y fue detenida el 5 de diciembre de 2024, por uso ilícito de armas , pero fue liberada posteriormente sin notificación a al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El DHS asegura que aunque los fiscales del condado de Cook en Illinois decidieron no perseguir legalmente a la detenida, pero luego el departamento de Investigaciones del DHS logró arrestarla.

Moreno Occhipinti ingresó a EE. UU. en octubre de 2021 bajo el Programa de Exención de Visa, en su condición de ciudadana italiana, y debía salir del país a más tardar el 2 de enero de 2022. 

Pero se quedó en el país más allá del tiempo legal permitido.

Por otro lado, “Granadillo Padilla, de 26 años,y Martínez Cermeño, de 25 años, ya habían sido arrestados y deportados anteriormente, al igual que muchos de sus cómplices tras el tiroteo”, indicó el DHS.

En enero de 2025 se incautaron varias armas de fuego, cargadores de alta capacidad, narcóticos y documentos falsos en la residencia de Granadillo Padilla en Chicago. 

Y durante su detención en Raleigh, Carolina del Norte, también se incautaron una pistola, municiones y otros elementos probatorios.

Con información de Univision.

“En al menos 72 horas hemos conocido la muerte de tres personas privadas de libertad en Venezuela”, denunció este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en sus redes sociales.

“Confirmamos el fallecimiento de José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina”, publicó la ONG y agregó que el reo falleció “a consecuencia de una hipoxia severa”.

Sostuvo que “este fallecimiento eleva a cinco el número de internos que han perdido la vida en los centros penitenciarios solo durante el mes de junio”.

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🚨 OVP DENUNCIA 5 MUERTES DE RECLUSOS EN JUNIOEl @oveprisiones confirmó la muerte de José Mendoza, recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina, por una supuesta hipoxia severaCon este caso, asciende a 5 el número de privados de libertad fallecidos en junio pic.twitter.com/9iQmbQjEQf

Se trata de  Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III,  Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia, - Fabiana Desirée Páez Fernández, en La Crisálida,  Yonny José Bastidas Briceño, en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro, en Santa Ana, estado Táchira".

También denunció que “entre abril y junio han fallecido 28 personas bajo custodia del Estado venezolano”.

“Desde  @oveprisiones exigimos al régimen que vele por la integridad de los privados de libertad, cumpla con la legislación venezolana, y garantice la atención médica, pues de lo contrario es condenarlos a morir. Habrá justicia”, finalizó.

“Confirmamos la muerte de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, en Santa Ana, estado Táchira”, denunció este lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A través de su cuenta en X, destacó que ese penal tiene “una población de más de 1400 reclusos”, lo que significa  un hacinamiento superior al 165 %".

Afirmó el OVP que “la falta de atención médica integral provocó que el recluso falleciera a causa de una peritonitis aguda y otras complicaciones de salud, durante este mes de junio”.

Alertó la ONG que “con la muerte de Yonny se eleva a 27 la cifra de fallecidos en centros penitenciarios de #Venezuela en tan solo cuatro meses de este año (abril-junio 2026), lo cual refleja la desatención de las autoridades a la población penal”.

También destaca que “solo en el mes de junio hemos registrado la muerte de otros tres privados de libertad: - Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III,  Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia y  Fabiana Desiree Páez Fernández, en La Crisálida. (Primera mujer registrada en este penal)”.

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#DenunciaOVP 🚨Confirmamos la muerte de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, en Santa Ana, estado #Táchira. Con una población de más de 1400 reclusos, este centro penitenciario sufre un hacinamiento… pic.twitter.com/HEN48DvQCB

Asimismo, recordó que en su "informe anual 2025" ya documentamos que la falta de atención médica ocasionó la muerte de 95 % de los reclusos en el país. El Estado sigue omitiendo su responsabilidad".

El observatorio enfatizó que “cuando una persona muere bajo custodia del Estado, y la desnutrición es una de sus causas, se violentan los deberes de protección. Al estar privados de libertad, dependen por completo de las autoridades para su alimentación, salud y vida digna”.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), informó que este domingo 21 de junio, los familiares de los detenidos por razones políticas en el Rideo I pudieron verlos y abrazarlos, tras cinco meses de lucha frente a ese penal.

 Este encuentro «renovó la esperanza» de las familias que mantienen una vigilia permanente para exigir la liberación de los detenidos.

Informó el ClippVe que los familiares y los detenidos vivieron una jornada de visitas que calificaron como un hecho significativo después de meses e incluso años de restricciones.

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Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel, agradeció a quienes hicieron posible el encuentro.

Afirmó que la fe de las familias salió “fortalecida”, luego de poder  abrazar a sus familiares.

“Debemos darle gracias a Dios que pudimos abrazarlos, que están vivos y que están resistiendo con entereza y con dignidad”.

Pero, también denunció  que muchas familias tenían más de dos años sin poder abrazar a sus seres queridos. 

Destacó que los avances son “resultado de la denuncia constante y de la perseverancia de los familiares en la defensa de los derechos de los detenidos”.

Entre tanto, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, describió el  momento que fortaleció su determinación de continuar exigiendo la libertad de todos los presos políticos.

El abrazo simbolizó el tiempo que su familia ha pasado separada, así como la lucha por los derechos de los detenidos. 

🇻🇪 RENOVADA LA FE EN EL RODEO I: FAMILIARES AHORA PUEDEN ABRAZAR A PRESOS POLÍTICOS@AndreinaBaduel, hermana del preso político Josnars Baduel, afirmó que la fe se renovó tras permitirles abrazar a sus familiares. Recordó que en El Rodeo I antes solo se veían a través del vidrio pic.twitter.com/1i40KkxUIn

Este sábado fue localizado con vida el pequeño de 5 años, Jesús Daniel, quien había desaparecido el miércoles pasado, en una zona boscosa del estado Guárico.

  El menor desapareció en las inmediaciones del fundo San Pedro, en el sector El Bostero del municipio José Tadeo Monagas.

Organismos de seguridad organizaron un operativo de búsqueda que involucró a cuerpos de rescate y a la propia comunidad.  

Cerca de mediodía de este 20 de junio, se conoció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo encontraron sano y salvo.

La comunidad y los familiares del menor calificaron el hallazgo como un “auténtico milagro”.

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🙏🚨Lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en una historia de esperanza. La mañana de este sábado fue localizado con vida Jesús Daniel, un niño de apenas 5 años que permaneció desaparecido durante tres días en una extensa zona boscosa del estado Guárico.El menor fue… pic.twitter.com/G2jFdkIfWQ

 Contaron que localizaron al menor de edad en una zona de vegetación espesa ubicada entre las poblaciones de Chaguaramas y El Bostero.  

Tras haber sido localizado, le prestaron primeros auxilios y luego llevaron a Jesús en una ambulancia hasta un centro médico cercano para una evaluación detallada.

Los médicos verifican si existen complicaciones médicas debido a la falta de alimentos y a la exposición a la intemperie.

Las investigaciones del caso fueron iniciadas por las autoridades, quienes ofrecerán un informe oficial en las próximas horas.

 El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó sobre la muerte de otra persona privada de libertad, está vez una mujer.

  "Registramos la muerte bajo custodia del Estado de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien estaba detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques", publicó el OVP en su cuenta en X.

Con este hecho "se eleva a 26 la cifra de personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado venezolano, entre abril y junio de 2026", destacó la ONG. 

En este mes también se conoció la muerte de Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III, y de Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia.

Nuevamente la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad. 

El OVP conoció que Fabiana Páez presentó insuficiencia respiratoria y otras patologías de salud, que no recibieron debida atención médica integral.  

"Con el fallecimiento de Fabiana documentamos la primera muerte de una privada de libertad en la cárcel La Crisálida, desde su creación en 2018. Debemos recordar que este centro penitenciario es la antigua sede del Internado Judicial de Los Teques, que antiguamente era para población masculina", resaltó el observatorio.

El OVP también ha registrado las inadecuadas condiciones de reclusión en este penal, donde hay presencia de presas políticas junto con presas sociales y recibían un solo envase de agua para su aseo personal y lavar su ropa. Además, en las celdas se registró hacinamiento de mujeres detenidas luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

"Datos de nuestra organización revelan que en La Crisálida hay alrededor de 320 mujeres privadas de libertad. Por ello, exigimos urgente atención médica especializada a las reclusas, para evitar que se produzca otra muerte bajo custodia del régimen", destacó.

"Según nuestro informe anual 2025, 181 privados de libertad murieron bajo custodia. De esta cifra al menos 151 personas (95%) fallecieron sin recibir la atención de salud que necesitaban, entre ellas una mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF)", finalizó el OVP.

Ocho venezolanos acusados de ser parte de una banda de traficantes de personas fueron declarados culpables por la justicia chilena.

Los delincuentes, incluida una menor de 17 años, estarían vinculados con el Tren de Aragua, informó BioBio -Chile.

Según el parte oficial,  los delitos fueron cometidos entre 2021 y 2023 y constituyen la primera condena en la Región Metropolitana de Santiago que reconoce un vínculo con esta organización criminal.

El fallo fue emitido por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que determinó la existencia de una asociación ilícita destinada a cometer trata de personas con fines de explotación sexual.  

Entre los condenados figuran cinco ciudadanos venezolanos, dos colombianos y una chilena. La investigación permitió establecer el funcionamiento de una estructura dedicada a captar y someter a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La demanda fue impulsada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que destacó la relevancia del veredicto.  

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La jefa de la sede metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, señaló que la decisión judicial valida una perspectiva basada en los derechos humanos y el enfoque de género, al reconocer de manera explícita las características propias del delito de trata de personas.

"Ninguna de las víctimas declaró durante el juicio y el tribunal lo entendió. No estuvieron porque tenían miedo, porque vivían bajo violencia constante, porque eran migrantes sin redes de apoyo en Chile. Eso no impidió la condena, al contrario, el tribunal analizó la prueba considerando precisamente esa vulnerabilidad. Eso es algo que el INDH ha relevado en cada audiencia vinculada a estos delitos y es muy significativo que quede reconocido en un veredicto", destacó.  

Asimismo, la abogada señaló que "el tribunal rechazó analizar las conductas de cada acusado de forma aislada". "La trata de personas es un delito que vulnera la dignidad humana en su conjunto, y el tipo penal existe justamente para protegerla", sentenció.

Con información de BioBio