La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en colaboración con la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y el apoyo de agencias estatales e internacionales, informó este jueves que neutralizaron una narcolancha con 978 paquetes de presunta cocaína y capturaron a tres ciudadanos venezolanos al sur de las costas de Santo Domingo.

La operación involucró recursos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la embarcación sospechosa en aguas jurisdiccionales dominicanas.

Según comunicó la DNCD, los equipos de seguridad contaron con apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el buque fragata FS Germinal de la Armada Francesa. 

La acción conjunta se centró en una lancha rápida, tipo Go Fast, detectada por su perfil sospechoso mientras navegaba hacia costas dominicanas. Tras una persecución en tiempo real, se interceptó la nave a varias millas náuticas al sur de Santo Domingo, donde se hallaron 33 pacas que contenían los casi 1,000 paquetes.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a tres venezolanos que tripulaban la embarcación. En el procedimiento se confiscaron una lancha de 27 pies de eslora, dotada con tres motores fuera de borda de 300 y 250 caballos de fuerza, tres sistemas GPS, dos teléfonos celulares, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales.

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El operativo fue coordinado bajo la supervisión de miembros del Ministerio Público y se extendió más allá del mar, con vigilancia terrestre y aérea para evitar la fuga de los sospechosos. El control y monitoreo en tiempo real permitieron una respuesta inmediata para bloquear la ruta de la embarcación y asegurar la evidencia.

De acuerdo con autoridades, la sustancia incautada fue enviada bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.

Desde la entidad indicaron que “el país caribeño sigue liderando la lucha contra el narcotráfico en la región, logrando incautar en los primeros meses de 2026, más de 14,300 kilogramos de distintas drogas (14.3 toneladas)” en distintas operaciones.

El comunicado oficial de la DNCD destacó la cooperación entre organismos nacionales e internacionales, incluyendo la participación de la Procuraduría, agencias de Inteligencia del Estado y la colaboración internacional, lo que ha permitido desmantelar estructuras criminales que buscan introducir grandes cantidades de droga procedentes de Sudamérica a través de embarcaciones rápidas.

Las autoridades arrestaron a tres ciudadanos venezolanos, implicados en el intento de ingresar drogas por vía marítima. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)Las autoridades arrestaron a tres ciudadanos venezolanos, implicados en el intento de ingresar drogas por vía marítima. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)La operación también incluyó la confiscación de tecnología utilizada para la navegación y el transporte de drogas, entre ellos los dispositivos GPS y los teléfonos celulares.

Las autoridades mantienen en curso la investigación para determinar si existen otros implicados en la red de narcotráfico desarticulada con esta intervención. El Ministerio Público y la DNCD analizan la información obtenida y evalúan posibles conexiones con otras organizaciones dedicadas al tráfico internacional.

La incautación de la narcolancha y el arresto de los ciudadanos venezolanos representan otro golpe a las redes de narcotráfico, consolidando la posición de la República Dominicana como referente en la lucha contra el tráfico de drogas.

Con información de Infobae.

“La gestión de Julio García Zerpa al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en Venezuela”.

La afirmación la hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en su cuenta en X, donde acusó al titular del despacho de tratar de  “maquillar” y “manipular comunicacionalmente” la realidad de los penales en Venezuela.

En el post, el OVP recuerda que “entre abril y mayo se registró el conflicto en el Centro Penitenciario Yare III, el anuncio de la muerte del preso político, Víctor Quero Navas, en el Internado Judicial Rodeo I, y la publicación sin autorización de la fotografía de Emirlendris Benítez y su familia. Estos han sido más que desaciertos de este ministro”, dijo.

Agrega que el 21 de abril “publicaron un comunicado sobre lo ocurrido en Yare III, donde fueron asesinados cinco privados de libertad y manifestaron que se trató de un motín entre internos, señalándolos como “líderes negativos y miembros de bandas criminales”, un discurso oficial que intentó reducir los hechos violentos, ignorando las raíces de tales acciones, ocultando  las causas de muerte de los internos y la cantidad de heridos”.

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Para el Observatorio, “al minimizar la gravedad de lo ocurrido en este penal, García Zerpa no solo ocultó el alcance del caos interno, sino que despreció la angustia de decenas de familias que, ante la opacidad gubernamental, solo recibían silencio como respuesta, demostrando así su ignorancia en sus funciones y justificando una masacre”.

Destaca que “ese mismo patrón de indolencia se repitió con el caso de Víctor Quero Navas, cuando el #7May, a través de otro comunicado, el ministerio se escudó al decir que Víctor en el momento de su reclusión en el Rodeo I no dio datos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar visita formalmente, cuando fue público y comunicacional todas las veces que la señora Carmen Navas estuvo acompañada de familiares de otros presos políticos en dicho penal y solicitó información sobre su hijo. Sin embargo, la respuesta que recibió en reiteradas oportunidades es que no se encontraba en ese recinto.”.

Asimismo, añade  que “García Zerpa, a través del anuncio de la muerte del preso político tomó la vocería de ese penal que no está bajo sus órdenes sino del Sesmas, dejando en evidencia una serie de incongruencias entre la fecha de su detención y la de su muerte”.

“El fallecimiento de Víctor Quero Navas representa el fracaso más absoluto del deber de custodia del Estado. Mientras el ministro sostiene en redes sociales que el sistema garantiza el derecho a la salud, la agonía de Quero Navas demuestra que la asistencia médica en las cárceles venezolanas es, en muchos casos, inexistente o discrecional”.

Finalmente, la ONG sostiene que “el cinismo de esta gestión alcanzó un nuevo nivel con la utilización de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez para una campaña del Día de la Familia. Utilizar la fotografía de una mujer que ha sido víctima de torturas, al punto de provocarle un aborto,  que ha sido separada de su entorno familiar, y cuya salud está quebrantada, constituye un acto de violencia institucional y revictimización”.

“Presentar a Emirlendris como el rostro de la unión familiar bajo el amparo del ministerio, sin su consentimiento y en abierta contradicción con su realidad de aislamiento y sufrimiento, despoja al discurso de García Zerpa de cualquier pretensión de ética”.

Por ello, desde el OVP  “observamos cómo estos tres hechos revelan una gestión que prioriza el maquillaje y la manipulación comunicacional sobre la urgencia de salvar vidas y respetar la dignidad humana en el sistema carcelario”.

En consecuencia, la ONG sigue “exigiendo la renuncia de Julio García Zerpa del Ministerio de Servicio Penitenciario, y exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, no solo por estos últimos hechos, sino por cada una de las muertes que se registran en las cárceles”.

Finalmente, recuerda el OVP que “en menos de un mes hemos documentado al menos 17 decesos ocurridos en distintos penales del país, mientras este ministerio no da respuesta y agrava la crisis penitenciaria ya existente y continúa con la sistemática vulneración a los DD. HH.”.

Este martes, 19 de mayo, el Cicpc informó la captura en Venezuela de las tres personas que estarían relacionadas con la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en Venecia, un barrio del sur de Bogotá.

 La captura, efectuada en Guanare, estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección del Servicio de Investigación Penal del cuerpo de policía del estado Portuguesa.

Se trata de “un hombre y una mujer solicitados por la justicia internacional, presuntamente vinculados con la desaparición forzada y posterior fallecimiento de una ciudadana tras someterse a una intervención estética en un centro médico clandestino en la ciudad de Bogotá”, señala el parte del Cicpc.

Fueron identificados como  María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, y Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años.

Ella es la dueña del centro estético Beauty Láser, donde Toloza se sometió a una lipólisis láser, y la pareja de Delgado, quien al parecer también actuaba como administrador del centro estético sellado tras los trágicos hechos.

Agrega  el organismo policial que el procedimiento se logró ejecutar “gracias a intensas labores de inteligencia de campo, seguimiento y verificación de información por parte de los organismos de seguridad ciudadana desplegados en la región llanera”.

Los aprehendidos se encontraban evadidos de la acción judicial de la vecina nación, donde eran señalados de manera directa por ser los propietarios y administradores del establecimiento informal donde se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico ilegal que derivó en la pérdida de la vida de la víctima.

Sobre esta pareja pesaban órdenes de aprehensión vigentes por la presunta comisión de múltiples delitos tipificados como graves, entre los que destacan la desaparición forzada, el secuestro simple, la omisión de socorro oportuno y la alteración o destrucción de evidencias materiales destinadas a entorpecer el proceso investigativo primario.

Una vez materializada de forma efectiva la captura en el cuadrante de paz correspondiente, la comisión actuante trasladó a los ciudadanos a la sede policial institucional para dar inicio a los protocolos de ley de carácter internacional.

Posteriormente, el Cicpc informó de la captura de una tercera persona involucrada en el hecho, pero en las instalaciones de la Finca Agua Clara, ubicada en el sector Pedregal de la parroquia Augusto Mijares, municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua. 

Sobre el aprehendido pesaba una notificación azul vigente emitida por la Secretaría General de Interpol.

Con esta aprehensión, ya son tres los ciudadanos venezolanos capturados en relación con este caso, siendo el detenido el médico que practicó la operación a la víctima.

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🇨🇴 DETIENEN EN PORTUGUESA A DOS PRÓFUGOS BUSCADOS POR COLOMBIAAutoridades detuvieron en Guanare, Portuguesa, a un hombre y una mujer requeridos por la justicia colombiana por su presunta vinculación con la desaparición y muerte de una mujer tras una cirugía estética en Bogotá pic.twitter.com/GRc5aodGlG

Por su parte, el diario El Tiempo, publicó que la Fiscalía General de Colombia confirmó que elevará formalmente la solicitud de extradición de estas personas que  “permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición”.

Con estas capturas, ya son cinco las personas detenidas por la desaparición y posterior muerte de Toloza. 

Los otros dos detenidos,  fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, quienes fueron ubicados tras el hallazgo del vehículo en el que Toloza fue sacada del centro estético. El carro fue encontrado este lunes, 18 de mayo, en Cúcuta, Norte de Santander, ciudad fronteriza con Venezuela.

Con información de prensa Cicpc y El Tiempo.

breroDurante la mañana de este martes 19 de mayo fueron  excarcelados varios presos políticos que estaban en el Centro Penitenciario de San Francisco de Yare, en el estado Miranda.

Según reportes y videos publicados en las redes sociales, se trata de 17 personas, que se suman a quienes salieron de la cárcel en la noche y madrugada de este 18 de mayo.

En las imágenes se puede apreciar que los presos salieron vestidos de azul celeste, levantando las manos en señal de celebración.

Los presos fueron recibidos entre gritos, lágrimas  y aplausos de parte de sus familiares.

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Estas excarcelaciones ocurren semanas después de que la Ley de Amnistía dejó de tener vigencia, según dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Extraoficialmente, se supo que parte de estos presos forman parte del caso de PDVSA- obrero.

🚨 EXCARCELAN A 17 PRESOS POLÍTICOS EN YAREEste 19May se registró la excarcelación de 17 presos políticos en la cárcel de Yare, en medio de una jornada marcada por el reencuentro con sus familiares y la expectativa de nuevas liberaciones pic.twitter.com/APFlt4Cvsa

Este lunes continuaron las audiencias por el caso PDVSA-Cripto, pero la sesión debió suspenderse  luego que el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Tareck El Aissami, se declaró en huelga de hambre, según informó el abogado Zair Mundaray.

El exfiscal del MP dijo que la medida que tomó El Aissami  es desde el sábado.

Según Mundaray, El Aissami fue evaluado por médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) presentes en el Palacio de Justicia, quienes informaron que el acusado estaba deshidratado. 

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Luego, la abogada de El Aissami solicitó la suspensión de la audiencia para que recibiera atención médica, pero esta fue negada.

 Tarek advirtió que cualquier cosa que le ocurriera era responsabilidad de la juez que le negó atención médica, dijo el abogadi.

Agregó que el tribunal ofició al SENAMECF para que se traslade hasta El Rodeo I y le prestara atención médica, lo que generó una reacción airada de su defensa quien presentó amparo sobrevenido sin éxito.

“Lo ocurrido deja claro que el régimen está incómodo con lo que va saliendo durante el juicio, pues toda la estructura criminal está siendo salpicada”, expresó Mundaray.

#CASTIGADO Acaba de suspenderse la audiencia del caso PDVSA-CRIPTO, Tarek El Aisami se declaró en huelga de hambre desde el sábado luego de que fuera llevado a celda de castigo en El Rodeo I como retaliación por sus revelaciones contra otros miembros del régimen. Fue evaluado…

Como parte de los planes de protección a los servicios públicos, por medio de la Operación Cazador, los organismos de seguridad del Estado venezolano ejecutaron un despliegue que permitió el desmantelamiento de una macroinstalación de minería ilegal de criptoactivos en la Zona Industrial de San Vicente, en Maracay.

Durante el despliegue, encabezado por el viceministro de Energía, G/B Vianney Rojas, y la gobernadora Joana Sánchez, las autoridades retuvieron un inventario preliminar de aproximadamente cuatro mil equipos ASIC (máquinas de minado digital de alta potencia), además de sofisticados sistemas industriales de ventilación y refrigeración.

Este hecho “significó un golpe contundente contra las mafias energéticas”, dijeron.

De acuerdo con el balance técnico ofrecido por las autoridades, esta infraestructura clandestina generaba un consumo masivo de entre ocho y 10 megavatios (MW).

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 Las autoridades alertaron que la afectación va más allá del alto consumo, ya que la incidencia técnica de estos equipos generaba una severa inestabilidad que dañaba directamente los sistemas de protección del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo cual perjudicaba así el servicio a las familias aragüeñas.

«Quiero decirles a los y las aragüeñas que ejecutamos los esfuerzos necesarios para la garantía de la paz en nuestro estado», destacó el viceministro durante el procedimiento.

Señaló que el éxito del procedimiento fue el resultado de minuciosas labores de inteligencia y de la perfecta articulación de una comisión mixta integrada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Región Estratégica de Defensa Integral (REDI Central), Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Aragua), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

“Con esta operación en el estado Aragua, el Gobierno Bolivariano ratifica su compromiso inquebrantable con la protección de los recursos estratégicos de la nación, el fortalecimiento de la seguridad energética y la estabilización de los servicios públicos para el bienestar de todo el pueblo venezolano”, dijo el funcionario.

Con información de VTV

La Policía de Perú desarticuló este lunes en Lima una banda criminal integrada por venezolanos y peruanos, presuntamente vinculada al Tren de Aragua.

Los integrantes de la organización delictiva son acusados de secuestro, extorsión y torturas contra sus víctimas para exigir el pago de rescates.

Según las autoridades, fueron allanados  varios inmuebles en el sector  El Agustino de la capital peruana y allí detuvieron a 11 venezolanos y cuatro peruanos, además de una menor de edad, como presuntos integrantes de la banda denominada “El Tren de Aragua Nueva Generación’”.

El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, dijo que, de acuerdo a la investigación de la policía, las mujeres de la banda seducían a sus víctimas para llevarlas a un lugar previamente coordinado, donde sus cómplices cometían el secuestro.

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El jefe policial informó que una de las víctimas fue un empresario minero que entregó 300.000 soles (87.000 dólares) por su liberación.

Una de las mujeres de la banda fue reconocida por dos de las cinco víctimas de ser la encargada de mutilar los dedos de los secuestrados como método de tortura y presión para los familiares.

Al momento de la intervención policial, algunos de los sospechosos se lanzaron de un tercer piso para escapar de la Policía, pero fueron detenidos y trasladados a un centro médico por sus lesiones.

Los agentes incautaron motocicletas, teléfonos celulares, armas de fuego y drogas, y los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para ser investigados por el presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro, entre otros cargos de crimen organizado. 

Con información de EFE

Las agencias federales de Estados Unidos ejecutaron un despliegue policial que resultó en la captura de cinco hombres presuntamente asociados a una organización delictiva autodenominada «Anti-Tren». 

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la aprehensión de estos sujetos tuvo lugar en el estado de Tennessee.

Los investigadores han definido a este grupo como una facción disidente compuesta por individuos que formaron parte de la conocida banda criminal venezolana «Tren de Aragua». Estas acciones sugieren una preocupante evolución en el modus operandi de estas agrupaciones dentro del suelo estadounidense.

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Los detenidos fueron identificados como Maikel Jesús Albornoz Jiménez, Eduard Jesús Velásquez Matute, Farén Aldahir Márquez Cruz, José Luis Baza Rodríguez y Luis Manuel Tovar Virguez. El grupo estaba conformado por tres ciudadanos venezolanos, un colombiano y un hondureño, este último con estatus de residencia legal permanente en el país norteamericano.

Los sujetos enfrentan cargos federales graves por tráfico de armas y sustancias ilícitas. Durante el procedimiento, los agentes incautaron 25 armas de fuego, varias de las cuales contaban con denuncias por robo y estarían relacionadas con tiroteos recientes en Nashville, lo que confirma la participación activa de esta banda en hechos violentos.

Cargos contra 25 presuntos miembros del Tren de Aragua

Paralelamente, la justicia estadounidense formalizó cargos contra más de 25 personas presuntamente vinculadas al «Tren de Aragua», tras un operativo desplegado en cinco estados. La Fiscalía informó que varios de los acusados son inmigrantes sin documentación legal, señalados por delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

El Departamento de Justicia detalló que se confiscaron más de 80 armas de fuego, cerca de 18 kilogramos de estupefacientes y una suma superior a los 100.000 dólares en efectivo. Las acusaciones fueron presentadas en distritos judiciales de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington.

Kash Patel, director del FBI, calificó la operación como un golpe de gran impacto, destacando la desarticulación de individuos que generaban inestabilidad en las comunidades. Esta acción forma parte de la estrategia integral de Washington para neutralizar a la organización criminal, la cual ha sido catalogada oficialmente como una amenaza terrorista.

Con información del Departamento de Justicia de EE. UU.

La mañana de este viernes se reportó una  fuerte explosión en las instalaciones de la planta de gas Lamargas, ubicada en el Bloque V del Lago de Maracaibo, en las costas del municipio Lagunillas, estado Zulia. 

Mediante las redes sociales, el periodista Lein Daieri y el diputado José Luis Pirela alertaron que habría varios seis heridos como consecuencia de la explosión, pero las autoridades no han suministrado información oficial.

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La planta es operada actualmente por la empresa Chinaconcord en coordinación con Petróleos de Venezuela (PDVSA), a través de un contrato de participación mixta que implica una inversión de 1.000 millones de dólares.

Se activó un protocolo de emergencia para combatir el fuego, que además causó daños en la infraestructura, según una minuta compartida con la AFP.

Videos difundidos por fuentes del sector muestran a trabajadores petroleros con amplias zonas del cuerpo quemadas. Los heridos son trasladados a hospitales cercanos.

Las autoridades venezolanas no han publicado información oficial sobre el incidente. Se desconoce la magnitud del daño.

"Siempre hemos exigido que se digan las causas, que se haga un estudio y se le informe a los trabajadores para evitar esto. Que se invierta en seguridad y se respeten los procedimientos", dijo el sindicalista petrolero José Bodas.

La industria petrolera es uno de los pilares de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

Rodríguez impulsó, bajo presión de Washington, una reforma petrolera que abre las puertas a capital privado, especialmente extranjero.

Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones contra la industria con licencias que permiten a grandes multinacionales operar en el sector.

El complejo, dedicado a la explotación de crudo y al procesamiento de gas, es considerado un punto neurálgico para la infraestructura energética de la región occidente. 

Hasta el momento se desconoce el número exacto de personas que se encontraban dentro de la infraestructura al momento del siniestro.

Con información de AFP.

Una niña de 8 años y de nacionalidad venezolana murió de forma trágica la tarde del miércoles 13 de mayo, luego de caer desde el piso 12 de un edificio ubicado en la comuna de Santiago Centro en Chile.

De acuerdo con medios locales, debido a la altura de la caída, la pequeña perdió la vida de manera inmediata. Su cuerpo quedó en la parte baja del edificio, situado en pleno centro de la capital chilena.

Al momento del percance, la menor se encontraba dentro de uno de los apartamentos junto a su madre. Según las diligencias preliminares, la mujer realizaba trabajos domésticos en el dormitorio matrimonial y no se percató de lo que hacía la niña.

Tras la emergencia, agentes de la policía chilena llegaron rápidamente al lugar para acordonar la escena y recopilar testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y otros indicios que ayuden a esclarecer el caso.

Por su parte, el Ministerio Público de Chile instruyó a la Brigada de Homicidios para asumir las investigaciones y determinar cómo ocurrió el lamentable hecho.

 En Chile, las muertes accidentales de niños forman parte de las llamadas “causas externas de mortalidad”, categoría que incluye accidentes de tránsito, ahogamientos, caídas, intoxicaciones y asfixias.

Aunque la mortalidad infantil en el país ha disminuido considerablemente durante las últimas décadas gracias a mejoras en salud pública y atención médica, los accidentes continúan siendo una de las principales causas de muerte prevenible en menores de edad.

En los lactantes, las asfixias accidentales relacionadas con el sueño o la alimentación figuran entre las causas externas más frecuentes. Mientras tanto, en niños de entre 1 y 14 años, los accidentes de tránsito y los ahogamientos destacan entre las causas más comunes de fallecimientos accidentales.

Con información de Radio HR

La Policía Nacional de España desarticuló una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en ese país y que captaba a sus víctimas en Venezuela. 

Las autoridades policiales de esa nación detuvieron a dos de los cabecillas de la banda, quienes son de origen venezolano, en la localidad de Ponferrada.

Según  fuentes policiales, la denominada Operación Cherry, que se ha saldado con cinco detenciones, se inició el pasado 10 de abril en Oviedo cuando una ciudadana alertó del posible cautiverio de una joven venezolana que fue localizada en el domicilio donde permanecía retenida bajo vigilancia de cámaras y era obligada a ejercer la prostitución para costear una deuda impuesta de 10.000 euros.

 En esa primera fase se logró la detención de una mujer de origen brasileño que era la encargada del control directo de la víctima en la vivienda y, dada la dimensión transnacional de la red, la Policía contó con la colaboración de Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y de las Consejerías de Interior de Venezuela y la Agregaduría de Interior en Chile.

Esta coordinación permitió identificar a los líderes del grupo criminal, dos varones venezolanos que gestionaban la captación en origen y la logística del viaje, que están considerados muy peligrosos debido a sus antecedentes y a su destreza en el manejo de armas de fuego.

Ambos fueron detenidos el pasado 8 de mayo en un domicilio de Ponferrada y, tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión.

Además, en un operativo conjunto con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, se localizó en esa comunidad a otras dos mujeres, también de origen venezolano, que eran las encargadas del traslado, alojamiento y control de las víctimas en territorio español y también se encuentran ya en prisión.

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La colaboración del CICPC permitió proteger a la familia de la víctima en Venezuela, que había recibido amenazas de muerte de los detenidos, y el respaldo de la policía chilena posibilitó confirmar que uno de los detenidos era buscado por las autoridades de ese país al tener una notificación de Interpol por hechos similares cometidos en 2021, la explotación de menores venezolanas con el mismo modus operandi que en España.

Con información de Efe.

Estados Unidos anunció este jueves la extradición desde Colombia del venezolano José Enrique Martínez Flores, alias "Chuqui", presunto líder de alto rango del Tren de Aragua, acusado de cargos relacionados con terrorismo y narcotráfico internacional.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó que Martínez Flores, de 24 años, fue arrestado en Colombia el 31 de marzo de 2025 a petición de las autoridades estadounidenses y trasladado a Houston, donde comparecerá este viernes ante una corte federal.

Según la acusación, el venezolano formaría parte del círculo cercano de la cúpula del Tren de Aragua en Bogotá y habría coordinado actividades criminales como narcotráfico, extorsión, prostitución y asesinatos.

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El Departamento de Justicia señaló que Martínez Flores enfrenta cargos por conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

Washington designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y sostiene que las ganancias del narcotráfico eran utilizadas para financiar las operaciones criminales del grupo.

La acusación también incluye a otros tres presuntos líderes del Tren de Aragua, entre ellos Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias "El Viejo", quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Hoy el FBI y nuestros socios extraditaron al miembro de mayor rango de Tren de Aragua (TdA) que jamás haya sido llevado ante la justicia: Jose Enrique Martinez Flores, alias "Chuqui".

Flores acaba de llegar a Houston desde Colombia esta noche.

Esta es la primera vez en la historia que un miembro de TdA ha sido acusado de delitos relacionados con el terrorismo y extraditado a EE.UU. —historia hecha realidad en virtud de la orden ejecutiva del presidente Trump del verano pasado, que designó a Tren de Aragua como una FTO.

A Flores se le acusa de proporcionar apoyo material a TdA, una organización terrorista extranjera designada, así como de conspiración para la distribución internacional de drogas. Está programado para comparecer ante el tribunal federal el viernes por la mañana.

Bien hecho @FBIHoustony a nuestros socios en @TheJusticeDept @DAGToddBlanche. Trabajo excepcional. Kash Patel 

Este miércoles continuaron las audiencias del caso PDVSA-CRIPTO, en las cuales volvió a tener protagonismo el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien implicó en la red de corrupción a un familiar de Cilia Flores.

Así lo dio a conocer el abogado y exfuncionario del Ministerio Público, Zair Mundaray, en su cuenta en X.

En primer lugar, Mundaray informó que, al ser recusado el fiscal Eddy Rodríguez, tomó su lugar Airam Molina, de la fiscalía 84 nacional,

 “Tarek El Aisami siguió declarando y denunció una inmensa trama de corrupción que involucra a Carlos Erick Malpica Flores, a Tarek William Saab y sus familiares en Anzoátegui y a los fiscales Farik Mora y Eddy Rodríguez, casos conocidos como Atlántic I y Atlantic 2, en los que hacían préstamos a PDVSA en bolívares y los cobraban en dólares, un verdadero desfalco”, dijo.

Al parecer, las partes pidieron la presencia de prensa internacional, ante la cantidad de información que los imputados están suministrando.

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  Tarek El Aissami siguió lanzando “graves acusaciones de tortura, extorsión y corrupción contra altos funcionarios del sistema judicial y de inteligencia venezolano”, indicó Mundaray. 

Durante su comparecencia ante la sala, El Aissami señaló que los fiscales Eddy Rodríguez y FariK Mora  “le exigieron transferir fondos a la cuenta extranjera de un allegado. A cambio del pago, le prometieron arrebatarle el control de la investigación a la DGCIM para llevarla al Ministerio Público”.

  El Aissami  reclamó que, pese a haber entregado pruebas contundentes en el caso "Llamosa", los responsables fueron liberados bajo la justificación de un "procedimiento mal hecho", algo que el exministro atribuye al pago de sobornos.

 Asimismo, acusó a Rodríguez y a Mora de solicitar irregularmente el sobreseimiento de las causas "Atlantis 1", vinculada a Víctor Aular, y "Atlantis 2", que involucraba a Carlos Erick Malpica.  

 Responsabilizó a las investigaciones iniciales impulsadas por Tarek William Saab (en la trama de "Petro Zamora") de provocar una caída drástica en la producción, la cual pasó de 2 millones a 700 mil barriles diarios. 

También cuestionó severamente por qué el Ministerio Público no investigó a quienes realmente manejaban los clientes, asignaban los barriles y recibían los pagos.

La presunta asesina de la exmiss y modelo mexicana, Carolina Flores, calificó el crimen que habría cometido  como “un accidente con un juguetito”.

Así lo dio a conocer el director del  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, durante el programa “Cicpc al Día”.

Rico explicó que Érika Herrera, de 63 años y nacionalidad mexicana, fue capturada en el sector El Cigarral, Caracas, tras un operativo de inteligencia coordinado con autoridades de México, además de organismos como Ameripol e Interpol.

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🗣️ “FUE UN ACCIDENTE CON UN ‘JUGUETITO’”: CICPC DETUVO EN CARACAS A MEXICANA ACUSADA DE MATAR A SU NUERAEl director del Cicpc, Douglas Rico, explicó sobre la captura en Caracas de Erika María Herrera, de 63 años, señalada por el homicidio de Carolina Flores ocurrido en México pic.twitter.com/04SU4812iO

Detalló que la mujer ingresó a Venezuela el pasado 16 de abril y permaneció en distintos lugares de hospedaje entre La Guaira y La Candelaria antes de alquilar un apartamento donde finalmente fue ubicada por las autoridades.

Según Rico, la sexagenaria se refirió al arma involucrada en el caso como “un juguetito” que habría pertenecido a su esposo fallecido. 

Al ser consultada sobre el paradero del arma de fuego, respondió que no recordaba qué había hecho con ella, mostrando una actitud evasiva frente a la gravedad de los hechos.

Asimismo, en el programa con Rico, participó la doctora Maite Rodríguez, quien realizó un análisis conductual de la detenida. 

La especialista señaló que las declaraciones de Herrera podrían evidenciar un proceso disociativo, además de posibles conflictos emocionales relacionados con la relación sentimental que mantenía el hijo de la acusada con la víctima.

Erika María Herrera está bajo custodia del Estado venezolano, mientras avanzan los trámites para su extradición a México.

 Beatriz Marino, madre del preso político Hugo Enrique Marino Salas, a través de sus redes sociales, pidió públicamente apoyo para exigir a las autoridades una fe de vida de su hijo  desaparecido desde abril de 2019.

 “Soy la mamá de Hugo Marino, les quiero pedir un gran favor: ayúdenme a que el régimen me dé la fe de vida de mi hijo”, escribió Beatriz en su cuenta en X, acompañada por una foto de ella y Hugo.

 “Ayúdenme a presionar para que me respondan y no sigan escondiendo la desaparición de mi hijo”, agrega. Y afirma que debe "encontrar la verdad; por favor, no me dejen sola. Gracias".

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@bsmarinos soy la mamá de Hugo Marino les quiero pedir un gran favor ayúdenme a q el régimen me dé la Fe de vida de mi hijo ayúdenme a presionar para q me respondan y no sigan escondiendo la desaparición de mi hijo debo encontrar la verdad por favor no me dejen sola gracias pic.twitter.com/Mj0lqwMJLh

El pedido de la señora Marino ocurre días después de que se supo de la muerte de Víctor Hugo Quero, otro preso político que estaba desaparecido desde enero del año pasado y hace apenas unos días informaron de su deceso, hace 9 meses.

Ambos casos tienen varias similitudes.

. Según las denuncias presentadas, estos hombres fueron arrestados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

 Sus capturas se enmarcarían dentro de la definición de “desaparición forzada”. Y lo más relevante: quienes han encabezado la lucha por su libertad han sido sus madres, que superan los 80 años de edad.

La última vez que Beatriz de Marino habló con su hijo, acababa de aterrizar en Maiquetía.

Llegaba con la intención de disfrutar unos días con sus familiares, de acuerdo con el testimonio de sus allegados. 

Sin embargo, agentes de la DGCIM lo habrían detenido y desde hace siete años no hay información sobre su paradero.

Con información de Infobae

Luego de que el CICPC determinó que la muerte del exconcejal del POsuv, José Manuel García, el director de la Policía Municipal de Anaco (Polianaco) y otros 11 funcionarios fueron detenidos.

Según medios locales, los 34 reclusos que estaban junto a García también serían imputados por este fallecimiento.

García Sabino, de 31 años, fue hallado muerto la noche del pasado 9 de mayo dentro de los calabozos de Polianaco, donde permanecía detenido desde febrero de este año.

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Las versiones iniciales hablaban de que García se habría quitado la vida, pero luego se determinó que fue un homicidio por asfixia mecánica.

 El CICPC inició una investigación para establecer responsabilidades tanto entre los detenidos como entre los funcionarios encargados de la custodia del exconcejal.

José Manuel García Sabino era ingeniero y exconcejal del PSUV e hizo denuncias por presuntos hechos de corrupción dentro de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco.

 Lo detuvieron el 23 de febrero por una investigación relacionada con presunta estafa agravada continuada vinculada a un sistema de ahorro programado conocido como “Susú”,   para la compra de motocicletas.

Luego de que este 9 de mayo fuera encontrado el cuerpo sin vida  del exconcejal del Psuv,   José Manuel Nazareth García Sabino (31), en los calabozos de PoliAnaco, en el estado Anzoátegui, las autoridades comenzaron las averiguaciones del caso.

La prensa local informó que, en principio, se dijo que García había atentado contra su vida, puesto que lo encontraron colgado en la celda.

 Sin embargo, los resultados de la necropsia practicada en el Servicio de Medicatura Forense de Barcelona, descartaron esta teoría. El informe del forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica.

El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, delegación Anaco, determinó que se trató de un homicidio.

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 Por ello, se conoció que los 34 compañeros de celda del exedil serán imputados por su presunta responsabilidad o complicidad en el crimen.

García Sabino permanecía recluido en la sede policial desde el pasado 23 de febrero de este año. Se le procesaba por el delito de estafa agravada continuada con multiplicidad de víctimas, relacionado con la gestión de un Sistema de Ahorro Programado (conocido popularmente como «Susú») para la adquisición de motocicletas.

Con información de El Tigrense.

Familiares de Ernesto Solano y de Belkis Fuentes denunciaron que la pareja fue detenida “de manera arbitraria" en el sector El Guamo, Petare, estado Miranda, por parte de funcionarios del CICPC.

"Uno no sabe si los tienen vivos, están muertos, no sabemos nada. Lo que queremos es información”, dijeron los familiares, en un video publicado por la ONG Provea en redes sociales.

 “Dany Puerta, madre de Ernesto, y Banesky Fuentes, hija de Belkis, alertan que los funcionarios se los llevaron sin informar el motivo de detención ni el sitio de reclusión al que fueron trasladados”, reseña Provea.

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Luego, cuenta que las familias acudieron al Ministerio Público para formalizar la denuncia, pero les indicaron que “solo podrían recibirla después de transcurridas 48 horas”.

Alerta la ONG que los allegados temen por la integridad física y la vida de Ernesto y Belkis, dada la falta total de información sobre su paradero.

Perovea exige “al Ministerio Público informar de inmediato sobre el paradero y la situación jurídica de Ernesto Solano y Belkis Fuentes”.

Igualmente, exigen que se les garantice “el debido proceso y  el contacto con sus familias y abogados de confianza”.

“Llamamos a la libertad inmediata de Ernesto Solano y Belkis Fuentes”.

“Uno no sabe si los tienen vivos, están muertos, no sabemos nada. Lo que queremos es información”Familiares denuncian detención arbitraria de Ernesto Solano y a Belkis Fuentes en el sector El Guamo, Petare, a manos del CICPC.Dany Puerta, madre de Ernesto, y Banesky Fuentes,… pic.twitter.com/7PmKDK4cFr

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), denunció que apareció muerto el  exconcejal José Manuel García Sabino en calabozos de la policía de Anaco, en el estado Anzoátegui.

“ Con este crímen se eleva a 31 la cifra de muertes de #PresosPolíticos bajo custodia del Estado”, dijo el ClippVe en su cuenta en X

La organización destaca que "La denuncia del exfiscal  @MundarayZairfue clave", en este caso.

Agrega que  “el político habría fallecido mientras se encontraba detenido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, sin que haya hasta ahora información oficial”.

Explica que “el encarcelamiento del exconcejal se debió a que había denunciado hechos de corrupción dentro de la Alcaldía y el Concejo Municipal de ese municipio, lo que condujo a su detención, claramente política”.

También alerta que “García Sabino había sido objeto de una persecución, amenazas y la apertura de un expediente por presunta estafa”.

La muerte se habría confirmado anoche (9 de mayo de 2026), luego de encontrar muerto al dirigente en los calabozos de la Policía Municipal.

El gendarme argentino Nahuel Gallo denunció este sábado que fue víctima de amenazas con picana eléctrica, golpes y simulacros de ejecución durante los 448 días que estuvo detenido en Venezuela.

«Me ponían la escopeta en la cabeza y la picana en la oreja diciéndome que diga la verdad o la iba a pasar mal», aseguró Gallo en una entrevista con la señal de noticias TN en la que, por primera vez desde su liberación el pasado 1 de marzo, dio detalles de las torturas que padeció en el país caribeño.

 El gendarme relató que fue interceptado el 8 de diciembre de 2024 por agentes de inteligencia venezolanos en la frontera con Colombia y que, tras ser golpeado en el abdomen y la cabeza- y amenazado con elementos de tortura-, fue trasladado a Caracas bajo custodia.

Gallo afirmó que el detonante de su detención fue el hallazgo de conversaciones privadas en su teléfono móvil con su pareja, en las que criticaba al Gobierno de Nicolás Maduro.

En el centro de detención El Rodeo I, según su testimonio, fue obligado a vestir el uniforme de los presos políticos y permaneció en condiciones de aislamiento.

Describió además la existencia de la denominada “cámara del tiempo”, una celda sin mobiliario donde los detenidos eran encerrados desnudos, esposados y torturados con gas pimienta.

También, denunció la existencia de un «área de castigo», ubicada en el cuarto piso del centro penitenciario, donde los reclusos permanecían desnudos y esposados bajo vigilancia constante mediante cámaras de seguridad.

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«A mi compañero peruano, solo por preguntar cuándo terminaba este secuestro, le tiraron gas pimienta y lo llevaron a ese lugar», señaló.

El gendarme responsabilizó al ministro de Interior de Venezuela de su detención: «Yo era un preso político de Diosdado Cabello. Varias veces me nombró en su programa ‘Con el Mazo Dando’, recalcando que yo estaba preso por espionaje».

Consideró que su caso fue utilizado con fines de presión política y propaganda, y pidió no olvidar la situación de los presos políticos en Venezuela, donde -según dijo- aún permanecen más de 500 detenidos, incluidos extranjeros.

 Gallo regresó a Buenos Aires el 2 de marzo en un vuelo privado junto a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que medió en su liberación.

En una breve comparecencia ante la prensa el 4 de marzo, el gendarme dijo que El Rodeo I era «un lugar de bastante tortura psicológica» y el pasado 30 de abril declaró ante la Justicia argentina aquello que vivió durante su detención en Venezuela, en el contexto de una causa por crímenes de lesa humanidad iniciada en 2023.

Con información de Efe