Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación, en 2017, de una criticada ley que hoy el régimen pide reformar, según datos difundidos este miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que «la mayoría de las veces» el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación.

Según la ONG, seis de las personas acusadas de incitación al odio siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.

La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al Parlamento, controlado por el chavismo, reformar la ‘Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, impulsada por Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura en enero, y promovida en su momento por la propia líder chavista.

Esta norma, que contempla la prisión de diez a veinte años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia» y otro tipo de sanciones, ha sido señalada por organizaciones como parte del «marco legal represivo» aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles en la red social X que sean «revisados y cerrados» los «procesos abiertos por la ley contra el odio» que, aseguró, «solo han servido para criminalizar la expresión».

«Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio», agregó.

Delcy Rodríguez expresó el martes que, si bien cree «en los principios de esa ley», esta «lamentablemente fue mal aplicada» y «se hizo un uso abusivo» de ella.

Su hermano, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una «comisión especial» de once diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma.

En febrero pasado, el diputado oficialista había admitido un uso inadecuado de la ley y consideró posible su reforma.

Sin embargo, organizaciones de distinta índole exigen que la ley sea derogada.

Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.

La solicitud de reforma sucede poco después de que el régimen y AN de 2015 culminaran el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela y luego de una visita al país suramericano de Human Rights Watch, la primera desde 2008.

Esta organización ha pedido modificar o derogar las leyes que «han permitido las violaciones de derechos humanos», entre ellas la del odio. 

Con información de EFE

Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas en un enfrentamiento en Venezuela entre la Guardia Nacional Bolivariana y miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el miércoles a la AFP la oenegé Fundaredes.

El choque, ocurrido el lunes en la localidad de Junín, cerca de la frontera con Colombia, es el primero entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el ELN desde la llegada al poder del presidente colombiano de derecha Abelardo de la Espriella.

"Nos hablan de cinco heridos y un fallecido", indicó a la AFP el director de Fundaredes Javier Tarazona, quien estuvo cinco años preso por denunciar, entre otras cosas, los movimientos de la guerrilla en la zona.

Agregó que los lesionados fueron trasladados de Junín a la cercana ciudad de Rubio, en el estado Táchira, donde fueron atendidos en una clínica local.

El ELN es uno de varios grupos armados que operan a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros entre Venezuela y Colombia.

Según Tarazona, la situación en la región ha cambiado desde la captura del presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense en enero y, sobre todo, desde la llegada al poder de De la Espriella en agosto.

A diferencia de su predecesor de izquierda Gustavo Petro (2022-2026), que había iniciado negociaciones de paz con los grupos armados, De la Espriella prometió luchar frontalmente contra el crimen organizado en el país, con el apoyo de Estados Unidos.

Su ofensiva contra los guerrilleros en la región fronteriza ha provocado "un desplazamiento importante de estos grupos (colombianos) hacia Venezuela", señaló Tarazona.

El activista señaló además "una pugna interna" en el nuevo gobierno interino de Venezuela, entre sectores "a favor de limpiar el territorio venezolano de los grupos armados" y otros "que lo siguen entendiendo como un grupo armado de protección de la revolución".

El depuesto Maduro fue acusado, durante sus años en el poder (2013-2025), de ofrecer refugio en territorio venezolano a las guerrillas colombianas.

En una reunión en Nueva York la semana pasada, Colombia y otros 14 miembros latinoamericanos de la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa de Trump, acordaron sancionar tanto a los miembros como a los simpatizantes del ELN y de otras 23 organizaciones criminales de la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes un aviso para que sus ciudadanos no viajen a la frontera entre Colombia y Venezuela "debido a la delincuencia, los secuestros, los conflictos entre grupos armados y el riesgo de detención", según un comunicado.

AFP

 - Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a una supuesta red financiera vinculada a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, catalogada por la Administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero.

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló en un comunicado que impuso sanciones financieras contra diez personas a las que acusa de estar involucradas en un esquema de fraude.

Según Washington, esta red, cuyos líderes se encuentran en Venezuela y México, utiliza software malicioso para obligar a cajeros automáticos en Estados Unidos a dispensar efectivo y utiliza los fondos obtenidos para blanquear dinero y transferirlo al Tren de Aragua.

La red estaría liderada por Aníbal Alexander Canelon Aguirre, alias «Prometeo», uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Lea también:Trinidad y Tobago detuvo a venezolanos implicados en contrabando de sustancias prohibidas valoradas en $ 3,7 

El Tesoro también impuso sanciones a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias «Juancho», un líder de alto rango del Tren de Aragua al que acusa de dirigir las operaciones del grupo en varios países de Sudamérica.

Las sanciones del Tesoro implican el bloqueo de los activos y propiedades de los sancionados en Estados Unidos y prohíben realizar transacciones con estas personas.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales de Latinoamérica que la Administración de Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista por su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En junio pasado, el líder histórico de este grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», habría muerto durante una operación conjunta de fuerzas venezolanas y estadounidenses en el estado Bolívar, en Venezuela.

Con información de  EFE

Una corte de apelaciones estadounidense suspendió el miércoles la ejecución de una mujer en Tennessee poco antes de que se le administrara una inyección letal, tres décadas después de que fuera condenada a muerte por asesinar a una compañera de clase.

Casi una hora antes de la ejecución de Christa Pike, la primera prevista para una mujer en Tennessee en 200 años, el tribunal emitió una orden para posponerla hasta nuevo aviso.

Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su novio, que entonces tenía 17 años, fue condenado a cadena perpetua.

El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

"El interés de la justicia y el carácter definitivo de la inminente ejecución de Pike obligan a dictar una breve suspensión de la ejecución con el fin de analizar adecuadamente los argumentos de las partes, que ya han sido expuestos en su totalidad", reza la resolución judicial.

El tribunal va a examinar si se tuvieron en cuenta las alegaciones de la defensa de que Pike sufrió abusos sexuales en su infancia.

"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron sus abogados en una petición de clemencia al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien esta semana rechazó intervenir.

Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.

"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos", añadieron.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes una solicitud para suspender la ejecución.

De no haber sido por la decisión del tribunal de apelaciones, Pike se hubiera convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según esa fuente.

Un grupo de expertos de la ONU había instado al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a "detener de inmediato" la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.

"La ejecución de Pike marcaría la culminación de una trayectoria de intenso sufrimiento físico y psicológico, caracterizada por abusos en la infancia y por casi tres décadas de aislamiento en el corredor de la muerte", señalaron.

AFP

 La Alcaldía del municipio Baruta develó el martes una escultura del Arcángel San Miguel en la entrada de Las Mercedes. La obra, creada por el joven artista plástico Josué Benjamín, rinde tributo a las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio y simboliza la resiliencia y protección de la comunidad.La iniciativa, impulsada por el alcalde Darwin González tras el sismo que afectó a la región —con especial impacto en los sectores de La Trinidad—, se concretó en el marco del Día de San Miguel Arcángel. Durante el acto, las autoridades rindieron homenaje a los tres ciudadanos fallecidos en la jurisdicción y reconocieron el despliegue de los equipos de protección e inspección que atendieron a las familias afectadas.

La estructura alcanza una altura total de casi 7 metros: un pedestal de 4 metros —construido con el apoyo del sector privado local— sobre el cual se erige la figura del Arcángel de 3 metros. La pieza incluye tres marcas simbólicas en memoria de las personas que perdieron la vida durante el terremoto.Orientada hacia el cerro El Ávila, la figura queda emplazada como resguardo permanente para residentes y visitantes. Con este monumento, la gestión municipal consolida un espacio para la memoria colectiva, la fe y el reconocimiento a la fortaleza comunitaria.

Nota de prensa

 Una encuesta a votantes latinos en EE. UU., publicada este martes por una coalición, muestra el rechazo a la política de deportaciones de la Administración Trump y revela que votarán por los candidatos que promueven el apoyo en el Congreso para inmigrantes sin estatus legal que lleven mucho tiempo en el país.

 De acuerdo con los resultados de la encuesta, realizada este mes que termina de cara a las legislativas de medio mandato en noviembre próximo y en estados clave como Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas, un 63 % de los consultados indicó que el trato a los inmigrantes es uno de sus temas prioritarios en sus decisiones.

Los latinos de ambos partidos coincidieron, con un respaldo superior al 70 %, en que tanto republicanos como demócratas en el Congreso deben reforzar la seguridad en la frontera y dar permiso de trabajo a inmigrantes establecidos en el país hace mucho tiempo y cuyos antecedentes se puedan verificar.

Lea también: Temores de migrantes venezolanos se trasladan de Florida a Nueva York y estas son las razones

Un 59 % de los encuestados opinó lo mismo respecto a la creación de una vía hacia el estatus legal para los inmigrantes que tienen familiares estadounidenses.

Según los resultados, el 64 % de los republicanos latinos, el 68 % de los independientes y el 85 % de los demócratas indicaron que votarán por candidatos que den prioridad al estatus legal y a los permisos de trabajo frente a las deportaciones masivas.

La coalición, que incluye al Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), destacó que «un sorprendente» 75 % también ve más probable apoyar a un candidato que respalde permisos de trabajo para trabajadores indocumentados que paguen impuestos.

El grupo, con más de doscientos líderes de organizaciones, firmó una declaración titulada «El momento es ahora» en la que exige protección para los inmigrantes latinos.

La alianza recuerda que el pasado julio, dos inmigrantes padres de familia fueron asesinados por agentes del ICE en Houston (Texas) y Biddeford (Maine), con una semana de diferencia: Lorenzo Salgado Araujo, que no tenía antecedentes penales y llevaba décadas en el país, y Johan Sebastián Durán Guerrero, joven colombiano que tenía permiso de trabajo.

«Los beneficiarios de DACA están perdiendo su estatus debido a retrasos sin precedentes en las renovaciones; los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) están perdiendo su estatus; los ‘dreamers’ y otros inmigrantes son vulnerables a la aplicación severa de la ley y la deportación», indica la carta.

La misiva señala, además, que las cifras hablan por sí solas y el público estadounidense apoya abrumadoramente las soluciones para la comunidad latina.

«El voto hispano se gana con respeto. Respetar a nuestra comunidad significa luchar por esas protecciones, largamente esperadas, para los inmigrantes con larga trayectoria. Necesitamos acción inmediata tanto de esta administración como de los líderes del Congreso», reza la carta. 

Con información de EFE

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, adelantó que la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estaría lista para noviembre.

En entrevista con Venevisión dijo: “Nosotros tenemos un entregable de estos hitos para el mes de noviembre, y yo creo que vamos a honrar ese principio de meta”,.

Precisó que, en paralelo, la mesa debe avanzar en la discusión sobre las garantías políticas y civiles, lo que para ella es importante, porque está  vinculado a la devolución a los líderes de los partidos políticos de los colores y símbolos, el levantamiento de inhabilitaciones y la generación de confianza para el ejercicio pleno de derechos políticos.

Lea también: ¿QUÉ SE TRAEN ENTRE MANOS?: Gobierno encargado admite el uso abusivo de la Ley contra el Odio 

Sostuvo que la renovación del TSJ y las garantías civiles y políticas son complementarias, y ambas resultan indispensables para avanzar hacia elecciones libres y transparentes. “No se puede tener un país con unas elecciones libres si no hay una institución del Tribunal Supremo de Justicia o si no hay derechos y garantías civiles y políticas”, afirmó.

 Acerca de que no anuncia un cronograma electoral que le dé certidumbre a los venezolanos mientras en paralelo avanzan con el proceso para designar un nuevo CNE, Figuera expresó:  "Yo tengo mi duda si es el nuevo Consejo Nacional Electoral que se va a designar el que tenga que librar la ruta del cronograma o es esta mesa".

Ratificó que tienen como meta de "entregable" el mes de diciembre para nombrar a los nuevos rectores del CNE.

Las fracturas visibles e invisibles de Venezuela, incluidas las del terrible terremoto del pasado junio, se muestran desde este miércoles en Roma en la exposición «Las grietas», de la fotógrafa Fabiola Ferrero, dedicada a la memoria de las miles de víctimas y desaparecidos en el doble sismo.

«Evidentemente no puedo hablar de mi país en este momento si no reconozco la tragedia que acabamos de vivir», explica Ferrero (Caracas, 1991) en entrevista con EFE en la sede del Museo de Roma en el Trastevere, que acoge este recorrido de más de 60 imágenes agrupadas en cuatro proyectos fotográficos que tienen en común la metáfora de la grieta para reflexionar sobre la historia de su país.

La muestra abre con fotografías de la cobertura gráfica que Ferrero hizo del terremoto de junio, «la más fuerte y triste que he hecho en mi país», dice esta fotógrafa, quien recuerda el trabajo de aquellos días terribles y caóticos donde, a pesar de la magnitud de la catástrofe, también había destellos de luz como la solidaridad y el movimiento de voluntarios que se generó.

 «Muros susurrantes» es el título de este bloque en referencia a la expresión utilizada por Ana, una especialista en rescates retratada en la exposición que relataba cómo escuchaba susurros entre los escombros cuando rastreaban las zonas afectadas. Esa mujer logró salvar a siete personas, explica Fabiola.

Las imágenes de Ferrero hablan de la destrucción arquitectónica y, con ella, de las miles de vidas interrumpidas de forma repentina, con fotografías de recuerdos familiares entre escombros, gestos de dolor e impotencia de los supervivientes o la solidaridad de los voluntarios.

Lea también: POR TODO LO ALTO, Shakira arranca una serie de 12 conciertos en Madrid para cerrar su gira mundial

En «Las grietas», la lente de Fabiola Ferrero cuestiona también dos grandes clichés de la historia venezolana: la riqueza petrolera y las reinas de belleza.

Así, en el bloque «No oigo los pájaros», la «grieta» tiene que ver con «la búsqueda de un ideal de país, que no necesariamente es verídico. Un ideal del país que se supone que deberíamos tener por ser el país con mayores reservas de petróleo y toda esa narrativa que se creó en la segunda mitad del siglo XX», explica.

Precisamente por este proyecto, donde explora las consecuencias culturales y humanas de las transformaciones de Venezuela, Ferrero obtuvo uno de los galardones del premio World Press Photo en 2023.

Al otro lado de la sala, otro de los fenómenos del imaginario venezolano: las «Reinas» o la idealización de un país a través de los concursos de belleza. «Estas mujeres, con sus coronas y sus bandas representaban ese supuesto ideal» que Venezuela parecía obligada a alcanzar: «un país glamoroso, exitoso, bello, lleno de ‘glitter'».

No se trata ni mucho menos de una mirada nostálgica: «mi cuestionamiento va más allá, hacia cómo nos construimos esa idea de país y cómo tenemos un duelo por esa idea de país. Lo digo sobre todo como una persona que nació en los 90 y que creció con una narrativa que venía desde los 70 y 80, de la famosa Venezuela Saudita y del país multimillonario, lleno de oportunidades, cuando ya mi generación seguía creciendo con un mito que heredamos».

 «Me enfrento a esa idea de país heredada, a un mito que lo confronto con la realidad que está viviendo mi país» que, además, «ha atravesado la peor crisis en su historia y que vive a diario violaciones de derechos humanos, persecución política y precariedad en los servicios básicos».

La exposición de Ferrero finaliza con el bloque «Contramonumento», concebido durante su residencia artística en Roma con motivo de la concesión del Premio de Fotografía promovido por la Organización Internacional Italo-Americana (IILA).

En este apartado, retrata las grietas más evidentes, las de monumentos o estatuas para enfrentar la imagen de lo eterno, lo fuerte o lo poderoso con «lo efímero, lo triste, lo roto y lo sensible».

«Las grietas» captadas por Fabiola dan paso también a un deseo: la foto que le gustaría hacer de Venezuela es una de reconstrucción.

«Nos hemos acostumbrado a cubrirlo desde un lente de catástrofe y tragedia. Y no somos solamente eso (…) Quisiera que toda mi generación y las que vienen puedan también retratar a un país desde otros lentes y que no sean siempre atravesados por tanta grieta y tanto dolor. Eso es lo que quisiera para el futuro», concluye la fotógrafa. 

Con información de Efe

   Óscar Murillo, coordinador de Provea, abogó por derogar la Ley Contra el Odio, la cual será reformada, por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En entrevista con Unipon Radio, Murillo dijo que también hay que realizar una revisión amplia y profunda del instrumento, que logre despenalizar a todos aquellos ciudadanos que han sido enjuiciados  con base en ese texto.

“Es muy importante que se promueva una revisión amplia, profunda e integral de todo este ordenamiento jurídico que lastimosamente produjo sufrimiento en la población venezolana, y también generó mucha censura y autocensura en la población venezolana”, dijo.

Lea también:¿QUÉ SE TRAEN ENTRE MANOS?: Gobierno encargado admite el uso abusivo de la Ley contra el Odio

“El planteamiento correcto sería la nulidad de este cuerpo jurídico, la derogatoria por todos estos eventos. Al menos Provea tiene en su registro más de 200 personas que han sido penalizadas por la Ley Contra el Odio; sin contar con aquellas que han sido hostigadas, amenazadas y llamadas a declarar arbitrariamente (…) Independientemente de la redacción o el marco, se debe despenalizar este tema. Una de las causas nocivas de esta ley es que las imputaciones van por la vía penal y no la civil”, dijo.

 Asimismo, Murillo consideró que los periodistas, dirigentes sindicales y trabajadores  que fueron enjuiciados deben ser tomados en cuenta para defender sus derechos.

 Con información de Unión Radio

Las autoridades de Trinidad y Tobago informaron  que destruyeron drogas ilegales, valoradas en el mercado negro en 235 millones de dólares estadounidenses, y detuvieron a tres venezolanos que iban a bordo de una embarcación con un alijo de 231 kilos de marihuana, valorados en 3.755.377,54 dólares estadounidenses, en dos operaciones separadas.

«El Servicio de la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) ha destruido drogas ilegales por un valor en la calle de más de 1.600 millones de dólares trinitenses (235 millones de dólares estadounidenses)», precisó la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar en su página de Facebook.

En este contexto, la mandataria apuntó que el valor de las drogas incautadas a la mafia local del narcotráfico equivale aproximadamente al 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual del país.

 «Gracias al esfuerzo de los valientes hombres y mujeres de nuestros servicios de seguridad, estas drogas no han llegado a nuestras calles para envenenar a nuestros hijos y destruir familias», aseveró la primera ministra.

Persad-Bissessar hizo hincapié en que gracias a la gestión de su Gobierno y los servicios de seguridad, continúa lucha contra «la mafia local de la droga», a la que «se permitió actuar sin control durante diez años» bajo el mandato del partido opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM, por sus siglas en inglés).

En su opinión, «la mafia local de la droga que tanto se enriqueció durante el mandato del PNM ha llegado a su fin».

Por último, resaltó que no solo están persiguiendo los envíos físicos de drogas, sino que también están expulsando a sus cómplices de instituciones financieras, redes de distribución y del sector público con la ayuda de las fuerzas del orden internacionales.

 Lea también: MACABRO: Encontraron el cuerpo de una joven en un hotel en Guárico 

Por otro lado, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago reportó en un comunicado que arrestó a tres venezolanos que iban a bordo de una embarcación que transportaba 411 paquetes precintados en el golfo de Paria.

Tras los análisis realizados por la Unidad de Investigaciones Especiales del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS SIU, en inglés), se confirmó que los embalajes contenían marihuana que pesaba 231,42 kilogramos, con un valor estimado en el mercado de 25.456.200 dólares trinitenses (3.755.377,54 dólares estadounidenses).

De acuerdo con los guardacostas, la embarcación, la tripulación y los estupefacientes fueron entregados y se están tramitando de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El Gobierno de Trinidad y Tobago reforzó este año su colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos con el fin de combatir el tráfico de drogas, proteger las fronteras y desmantelar las redes criminales transnacionales.

Con información de Efe

La empresa catarí UCC Oil and Gas Holding mantiene conversaciones para una posible entrada en nuevas áreas de petróleo y gas en Venezuela, informó   el jefe de Upstream de la compañía, Erik Keskula.

Las declaraciones se producen después de que UCC se asociara el pasado mes con BP y una unidad de ADNOC, la compañía energética estatal de Emiratos Árabes Unidos, para participar en el desarrollo del proyecto de gas Loran, ubicado frente a las costas venezolanas.

La posible expansión de UCC hacia nuevas áreas del sector energético venezolano se suma al interés de empresas internacionales por participar en proyectos de hidrocarburos del país.

Lea también: Petroleras se preparan para expandirse en Venezuela pese a desafíos operativos

 Keskula confirmó que la compañía mantiene conversaciones relacionadas con su eventual participación en otras áreas, aunque no ofreció detalles sobre los posibles proyectos, ubicaciones o condiciones de las negociaciones.

El proyecto Loran representa una de las iniciativas internacionales de mayor relevancia en el sector gasífero venezolano y contempla la participación de socios extranjeros en el desarrollo de recursos ubicados frente a las costas del país.

Con información de Reuters

Los científicos habían advertido al gobierno que no construyera a lo largo de la franja costera venezolana de La Guaira. Las comunidades caribeñas junto al mar en esa zona, cerca de Caracas, estaban cerca de una importante falla y de una cordillera que había desatado repetidos desastres naturales destructivos. El suelo era malo, un tipo de limo que solo amplificaría la sacudida en un terremoto, pubicó la agencis AP.

Al ignorar el consejo, el gobierno levantó exactamente el tipo de edificios equivocado para ese lugar: altos complejos de apartamentos de concreto.

 Todo era una receta para la destrucción, según una investigación de The Associated Press basada en entrevistas con decenas de ingenieros, sismólogos y exfuncionarios del gobierno.

La gente de La Guaira nunca tuvo oportunidad el 24 de junio, cuando potentes sismos consecutivos sacudieron la zona.

Carlos Valdés, jefe del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que estaban “retando a la naturaleza” cuando los funcionarios del gobierno decidieron construir allí.

Los sismos mataron a más de 6.500 personas y dejaron a más de 17.000 sin hogar. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha hecho poco para apaciguar la rabia de quienes sobrevivieron a los sismos en los tres meses transcurridos desde aquella noche de junio, y no ha abordado por qué colapsaron tantos edificios y murieron tantas personas

La respuesta, de hecho, se remonta a 2010 y a decisiones tomadas después de que deslaves y fuertes lluvias desplazaran a más de 100.000 personas en todo el país, dijeron a AP expertos y exfuncionarios del gobierno.

Fue entonces cuando el gobierno venezolano se apresuró a aliviar una crisis humanitaria construyendo decenas de apartamentos en la franja de tierra flanqueada por aguas cristalinas del mar Caribe al norte y montañas frondosas al sur.

El entorno era idílico. La tierra debajo no lo era.

Lea también: Científico venezolano recibió el Premio Internacional de Física Bernard Coqblin 2026

Cuando Venezuela fue sacudida por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, al menos 14 torres de apartamentos en La Guaira se desplomaron casi al mismo tiempo, aplastando un piso sobre otro y atrapando a cientos de personas dentro. Se produjeron incendios cuando explotaron tanques de gas. La gente gritaba pidiendo ayuda. Pocos sobrevivieron. Se recuperaron cuerpos de lo que antes eran dormitorios, escaleras, pasillos y cocinas. Muchos fueron hallados abrazados.

La zona, en el norte de Venezuela, no es ajena a los desastres naturales.

Un terremoto mortal de magnitud 6,6 golpeó el área en 1967, lo que impulsó, entre otras acciones, el diseño de lineamientos de construcción sismorresistente y la creación de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, equivalente al Servicio Geológico de Estados Unidos. Al igual que los terremotos de junio, destruyó edificios en la parroquia Caraballeda de La Guaira y en la capital de Venezuela, Caracas.

Pero ningún desastre había devastado La Guaira como las inundaciones y deslaves que mataron a decenas de miles de personas en 1999. Tras la tragedia, el gobierno del presidente Hugo Chávez eligió al ingeniero y entonces ministro de Ciencia Carlos Genatios para encabezar un plan de reconstrucción.

Su equipo trabajó con expertos locales e internacionales para desarrollar un programa de mitigación de riesgos para el estado, que incluía restricciones de uso del suelo a lo largo de la franja costera principalmente para reducir los peligros asociados a las lluvias y, en menor medida, a los terremotos, contó Genatios a AP en una entrevista.

“Hay zonas, terrenos, que no se debían usar porque posiblemente haya inundaciones ahí a la hora de una crecida muy grande, y entonces allí tú pones estructuras muy livianas o parques, canchas, cosas así que no produzcan un mayor daño y que no haya muertos especialmente”, expresó Genatios.

Genatios indicó que los científicos advirtieron a los funcionarios que el historial de deslaves e inundaciones de la zona incrementaría los riesgos que plantean los terremotos. Eso se debe a que cualquier edificio se construiría sobre el suelo suelto y pedregoso depositado allí durante siglos por inundaciones y deslaves.

La zona también estaba cerca de la importante falla de San Sebastián, que corre frente a la costa y pasa justo por debajo del estado La Guaira.

El gobierno desestimó los peligros. En 2011, por instrucción de Chávez, inició un enorme impulso para ampliar la vivienda pública y ayudar a las personas desplazadas por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslaves mortales a finales de 2010. El gobierno había reubicado a los desplazados —muchos de ellos simpatizantes del movimiento socialista, como lo describía Chávez— en escuelas públicas, edificios gubernamentales, instalaciones militares e incluso el palacio presidencial.

Al gobierno le faltaba suficiente tierra para construir sus proyectos, lo que llevó a expropiaciones y a que el propio Chávez alentara a los venezolanos a ayudar al estado a elaborar una lista de terrenos abandonados. A medida que se levantaban edificios, organizaciones gremiales y de vigilancia expresaron inquietudes sobre el cumplimiento de los proyectos con las normas de construcción, incluidos los requisitos de diseño sismorresistente, y sobre la calidad de los materiales utilizados, como el cemento y el acero.

El auge de los complejos de apartamentosSe construyeron torres de vivienda que recordaban a los rascacielos prefabricados de la era comunista de Alemania Oriental en Caraballeda como parte del programa Gran Misión Vivienda Venezuela. Cada torre pasó a conocerse como una “O-P-P”, una versión abreviada de “O-P-P-P-E”, el acrónimo en español de la oficina que Chávez encargó de ejecutar el programa. Todas menos cuatro de las 43 torres levantadas en el estado La Guaira estaban en Caraballeda.

Un boletín estatal publicó una foto de una de las torres con un pie de foto que proclamaba que el OPPPE 30 “alza orgulloso su figura como un símbolo de justicia revolucionaria”.

Las personas a quienes se les asignaron apartamentos en Caraballeda estaban encantadas cuando por fin recibieron las llaves. Muchas habían vivido con familiares o en refugios tras ser desplazadas por las lluvias torrenciales de 2010. Adultos y niños por fin tenían dormitorios propios. Los baños venían con puertas. La playa quedaba a pocos minutos a pie.

Sin embargo, notaron problemas justo después de mudarse: el servicio de agua potable era prácticamente inexistente; los ascensores dejaron de funcionar; y los ductos de basura se convirtieron en criaderos de ratas y cucarachas.

Y desconocían los riesgos durante un terremoto. Los complejos de apartamentos de entre 10 y 20 pisos podían terminar oscilando exactamente al mismo ritmo que las ondas sísmicas, en un fenómeno conocido como resonancia. Esa sincronización hace que el edificio se balancee más y durante más tiempo, lo que ejerce presión adicional sobre las columnas e incrementa la probabilidad de daños y colapso, señalaron expertos.

Se desconoce si los contratistas del gobierno siguieron los códigos de construcción de Venezuela. También se desconoce si los funcionarios realizaron estudios de suelo antes de que comenzara la construcción, o si esos estudios fueron ignorados. El gobierno no ha hecho públicos los planos, los estudios de suelo, los registros de inspección ni la “memoria descriptiva”, un documento que debería incluir especificaciones de ingeniería y arquitectura.

Francisco “Farruco” Sesto, quien encabezó la oficina responsable de la misión de vivienda de Chávez, no respondió a una solicitud de entrevista de AP.

Menos de dos semanas después de los terremotos, le dijo a un influencer vinculado al gobierno que el terreno elegido para los proyectos de vivienda pública fue sometido a estudios de suelo. No mostró pruebas que respaldaran esa afirmación, pero sí rechazó las críticas posteriores al terremoto, al sostener que forman parte de una “campaña insidiosa y maliciosa” contra la misión de vivienda, y aparentemente intentó trasladar la responsabilidad al sector privado.

“Lo que quiero recordar es que la inmensa mayoría de las viviendas hechas por el estado en realidad están hechas también por el sector privado”, dijo Sesto. “El estado es el gran, digamos, el gran como organizador… ¿Quién hace los estudios de suelo? Fundamentalmente, empresas especializadas que son privadas”.

Los ingenieros temían el potente golpe que asestaron los sismos de junioLos venezolanos quedaron impactados al ver los edificios colapsados junto al mar. Los científicos también quedaron devastados, pero no sorprendidos. Los terremotos no sólo fueron potentes. Asestaron el tipo de golpe que más temen los ingenieros: un pulso cercano a la falla.

“Fue prácticamente instantáneo (…) muy, muy, muy violento, muy rápido”, relató el geólogo Michael Schmitz, de la Universidad Central de Venezuela, quien antes estuvo vinculado al organismo de monitoreo sísmico del país.

Schmitz explicó que, cuando la falla se desplazó, la energía sísmica se acumuló en el frente de la ruptura a medida que avanzaba hacia el este, lo que produjo “un golpe muy fuerte en su base”. Ese pulso, añadió, “le quitó la pata en seco sin que el edificio pudiera diseminar la energía, para lo que está normalmente diseñado”.

En contraste, los edificios del lado opuesto de la cordillera, en Caracas, que también tienen amplificación por sedimentos, resistieron los terremotos porque pudieron oscilar para disipar la energía.

Un estudio reveló que el sismo fue particularmente devastadorEduardo Miranda, profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de Stanford, y un equipo de investigadores visitaron Venezuela días después del sismo para ver si podían determinar por qué los terremotos habían sido tan devastadores.

Sin instrumentos locales ni datos para determinar la intensidad del sacudimiento, Miranda y su equipo de científicos recurrieron al análisis de video captado por dos cámaras de seguridad cerca de una bolera en Caraballeda, la comunidad más afectada de La Guaira. Las imágenes son dramáticas: en menos de un segundo, ocho edificios colapsan simultáneamente.

Al seguir cuidadosamente el movimiento escena a escena, el equipo pudo reconstruir cómo el terremoto produjo el movimiento observado en cámara, según un artículo elaborado por el equipo de Miranda y compartido con AP.

Ese análisis reveló uno de los mayores movimientos del suelo jamás documentados en el mundo y ha aportado la única información cuantitativa sobre el movimiento del suelo del sismo cerca de la ruptura. Miranda dijo que habría sido difícil que estructuras que cumplieran normas de seguridad en Japón, que tiene algunos de los códigos de construcción más estrictos, hubieran sobrevivido a lo ocurrido el 24 de junio.

El artículo, que está en revisión por pares para su publicación en The Seismic Record, la revista en línea de la Sociedad Sismológica de Estados Unidos, determinó que los edificios en Caraballeda fueron empujados tan lejos en una dirección durante tanto tiempo que alcanzaron sus puntos de ruptura, explicó Miranda.

“La razón número uno del gran impacto en La Guaira es definitivamente cuán fuerte fue el movimiento del suelo”, dijo Miranda en una entrevista. “Por lo general, los colapsos son el resultado de varios factores, pero ese es un factor principal abrumador de los problemas que había allí”.

Miranda aún no ha compartido los resultados del estudio con el gobierno venezolano, pero su equipo ha puesto a los funcionarios al tanto del análisis.

“Está claro que necesitan elevar el nivel de diseño”, sostuvo.

El poliestireno encontrado entre los escombros llevó a muchos residentes a acusar al gobierno de usar materiales de calidad inferior para reducir costos. Sus acusaciones también se basaron en tramas de corrupción bien documentadas en los que funcionarios y contratistas colaboraban para sobrefacturar al Estado, usar materiales más baratos de los reportados y quedarse con la diferencia.

El gobierno no ha proporcionado información sobre análisis forenses en el sitio que, según expertos, son cruciales para determinar causas y responsabilidades, pero sus labores de limpieza —incluida la demolición con explosivos de edificios dañados— están en marcha, al igual que un esfuerzo de reconstrucción.

El gobierno ha estimado que más de 17.000 personas fueron desplazadas por los terremotos. Miles de ellas han vivido desde entonces en refugios, campamentos o aceras cerca de sus antiguas viviendas. A algunas se les han asignado hogares en edificios de vivienda pública en Caracas. Sin embargo, el gobierno también ha prometido reconstruir La Guaira y anunció semanas después del terremoto que ya había localizado terrenos en ese estado donde la construcción podría comenzar pronto.

Los expertos dijeron que esperan que el gobierno venezolano no repita simplemente los errores de hace 15 años y, en cambio, adopte un enfoque cuidadoso y reflexivo en sus esfuerzos de reconstrucción. También señalaron que el trabajo adicional de diseño y construcción necesario para levantar edificios altos capaces de resistir terremotos en la región probablemente disuadirá al Estado y a algunos inversionistas privados de desarrollar ciertas áreas.

“Aquí la pregunta es ¿a qué costo?”, planteó Valdés. “Yo lo preguntaría de otra manera: Cuánto cuesta una vida?”.

AP

THE OBJECTIVE ha tenido acceso en exclusiva a una carta manuscrita redactada desde prisión por Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, exjefe de la inteligencia y contrainteligencia militar del régimen chavista. La misiva fue enviada durante su estancia en el centro penitenciario de Estremera, donde permaneció recluido entre 2021 y 2023. En el escrito, Carvajal confirma que en las operaciones de compraventa de material bélico entre España y Venezuela se cobraban comisiones de manera sistemática.

Esta revelación sale a la luz en un contexto en el que el exmilitar buscaba adquirir documentación confidencial sobre la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Morodo.

 Dicha causa judicial concluyó con la condena por delito fiscal de Raúl Morodo, quien fuera embajador de España en Caracas durante el mandato de Zapatero, a raíz de cobros irregulares procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. 

Según ha revelado en exclusiva este periódico, El Pollo solicitó estos archivos a un antiguo alto cargo de la administración chavista, apelando a la urgencia de la transacción. «La letrada me estuvo planteando tu proposición. Te comento que no tendría problemas en comprar el documento del caso Morodo, porque realmente lo necesito y es urgente», arranca la carta redactada de su propio puño y letra.

No obstante, a renglón seguido, el antiguo responsable de los servicios secretos añade una precisión determinante: «De eso me interesa algún soporte siempre y cuando se pueda deslindar del contrato de compra de armas a España por parte de Venezuela. Aunque los dos sabemos que tanto el comprador como el vendedor siempre cobran comisiones, no quiero ni debo exponer secretos de Estado que van implícitos en esa negociación, como las capacidades y tecnologías de esos equipos».

El origen de esta controversia se remonta a 2004, cuando el entonces ministro de Defensa español, José Bono, suscribió un acuerdo bilateral con Hugo Chávez para el suministro de 12 aviones militares y ocho embarcaciones de guerra por un importe global de 1.700 millones de euros, tal y como cuenta Álvaro Nieto en el libro Conexión Caracas-Moncloa. 

Aquellas negociaciones contaron con la mediación activa de Raúl Morodo, embajador en Caracas y persona de estrecha confianza de Bono, con quien mantenía una relación de amistad fraguada en su etapa de militancia común en el Partido Socialista Popular (PSP).

Aquel acuerdo bilateral encendió inmediatamente las alarmas diplomáticas en Washington. Las autoridades norteamericanas contemplaban con profunda inquietud los movimientos del régimen bolivariano y efectuaron una protesta formal ante el Ejecutivo español. La razón técnica estribaba en que las aeronaves objeto del contrato integraban un software con tecnología de origen estadounidense cuya licencia prohibía taxativamente la reventa o transferencia a terceros países sin autorización expresa de la Casa Blanca.

 Lea también: ¿QUÉ SE TRAEN ENTRE MANOS?: Gobierno encargado admite el uso abusivo de la Ley contra el Odio

Aunque en una primera instancia José Bono restó trascendencia a las advertencias de Estados Unidos, la presión diplomática terminó por bloquear la operación original. Ante la imposibilidad de obtener las licencias de exportación requeridas por Washington, el Gobierno español se vio forzado a retirar del paquete de venta las 12 aeronaves. Paralelamente, los astilleros tuvieron que rediseñar el equipamiento de los ocho buques de guerra —cuatro patrulleros y cuatro unidades de vigilancia oceánica— para sustituir los componentes bajo propiedad intelectual estadounidense y evitar así una fuga tecnológica hacia el régimen venezolano. Tras estos ajustes estructurales, la cuantía final del contrato armamentístico se renegoció en 1.207 millones de euros.

Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, tras su ruptura con el régimen y posterior huida del país en 2017, entregó a la CIA y a Interpol un expediente que ponía en entredicho las cifras oficiales presentadas por los gobiernos. 

La documentación revelaba que las arcas públicas venezolanas habían desembolsado en realidad un montante de 1.249 millones de euros por el citado material naval. La divergencia de 42 millones de euros entre el coste real de la adjudicación y la suma transferida por Caracas obedecía al pago de mordidas canalizadas a través de una firma intermediaria denominada Rebazve Holding.

La afloración de este desfase patrimonial motivó la apertura de diligencias judiciales en los tribunales españoles. Al tratarse formalmente de un convenio directo entre Estados, la normativa prohibía la intervención de comisionistas o agentes privados en la transacción. 

Las pesquisas económico-financieras acreditaron que la firma Rebazve percibió los fondos en una cuenta bancaria radicada en Suiza para, posteriormente, redistribuir los importes entre diversos beneficiarios. Entre los receptores de estas transferencias figuraban Javier Salas, que ostentó la presidencia del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y Antonio Rodríguez-Andín, expresidente de la Compañía Trasatlántica Española.

En las fases iniciales de la instrucción, la Justicia imputó diversos delitos económicos a Salas, Rodríguez-Andín y Juan Pedro Gómez Jaén, quien ocupaba la presidencia del astillero público Navantia cuando se cerró el pacto. A pesar de los indicios, tras varios años de indagaciones, la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento del procedimiento judicial con el argumento de que las partidas correspondientes a las comisiones no se detrajeron de fondos del Tesoro público español. 

El auto de archivo, dictado el 12 de enero de 2021, dio por probado que existió el abono de 42 millones de euros en concepto de comisiones ilegales, señalando que al menos 12 millones recalaron en poder de Salas y Rodríguez-Andín. El importe restante fue transferido a ciudadanos de nacionalidad venezolana a través de un entramado societario offshore cuyas rutas bancarias se perdieron en diferentes jurisdicciones internacionales sin que se pudiera precisar la identidad final de los receptores.

El exjefe de los espías chavistas compró documentos sobre Zapatero antes de ir a EEUUEl exjefe de los espías chavistas compró documentos sobre Zapatero antes de ir a EEUUTeresa GómezDurante su proceso de extradición a Estados Unidos en 2021, Hugo Carvajal se ofreció a colaborar con los magistrados de la Audiencia Nacional y manifestó poseer información sobre esta trama irregular. En sus declaraciones, el antiguo responsable de la inteligencia militar llegó a señalar directamente a los exministros españoles Miguel Ángel Moratinos y José Bono como hipotéticos destinatarios de la red de corruptelas, si bien en aquel momento no aportó ningún soporte documental que respaldara sus acusaciones. Según ha confirmado ahora THE OBJECTIVE, la negativa del militar a entregar dichas pruebas a la Justicia española se debió al temor fundado de incurrir en un nuevo tipo penal: la revelación de secretos de Estado vinculados al equipamiento estratégico de las Fuerzas Armadas.

Por esta razón, El Pollo Carvajal optó por acotar su estrategia defensiva y centrarse prioritariamente en los documentos que vinculaban al expresidente Rodríguez Zapatero con las actividades del caso Morodo.

 Según confirman fuentes solventes conocedoras de la negociación a THE OBJECTIVE, la transacción económica planteada por Carvajal en la carta no quedó en una simple intención preliminar. El exmilitar llegó a hacer efectiva la compra de los archivos que guardaba el antiguo dirigente chavista con el propósito de armar una base probatoria sólida frente a las autoridades judiciales. Aunque Carvajal conocía desde dentro los engranajes del régimen bolivariano, requería de evidencias documentales cotejables para dotar de solidez legal a sus testimonios. Las mismas fuentes confirman que parte de este material probatorio ha sido entregado posteriormente a los fiscales e investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Con información de The Objective

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, anunció este martes la conformación del comité preliminar encargado de avanzar en el proceso constitucional para la designación de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante su intervención, Rodríguez señaló que la decisión se produce en el marco de los procesos de diálogo desarrollados en el país con distintos sectores de participación política, social y económica.

El parlamentario indicó que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional procedió a conformar el comité preliminar, que deberá cumplir con los plazos y objetivos establecidos en la Constitución para avanzar posteriormente hacia la designación del Comité de Postulaciones Judiciales.

 “Hoy corresponde la conformación del comité preliminar por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que proceda a cumplir con los plazos y los objetos establecidos en la Constitución para la designación del comité de postulaciones”, declaró Rodríguez.

Explicó que, una vez cumplidas las etapas correspondientes, los informes serán presentados ante la plenaria de la Asamblea Nacional para avanzar en la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Lea también:¿QUÉ SE TRAEN ENTRE MANOS?: Gobierno encargado admite el uso abusivo de la Ley contra el Odio

El comité preliminar quedó integrado por los diputados Giuseppe Alessandrello, quien lo presidirá; Pablo Pérez, como vicepresidente; además de Gloria Castillo, José Óscar Villarruel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García, Liliana González, Luis Florido y Félix Freites.

Rodríguez instruyó a Alessandrello a convocar de inmediato al comité, una vez culminada la sesión parlamentaria de este martes, y le solicitó presentar ante los medios de comunicación el cronograma constitucional que conducirá hasta la designación de las magistradas y magistrados del TSJ.

“Sírvanse, por favor, señor diputado Giuseppe Alessandrello, reunir de inmediato al culminar la sesión del día de hoy a esta comisión preliminar”, expresó.

Asimismo, Rodríguez pidió que el cronograma sea comunicado públicamente para informar sobre las distintas etapas previstas en el proceso de renovación de los integrantes del máximo tribunal venezolano.

Representantes de petroleras internacionales se mostraron dispuestos el martes en un foro a operar en Venezuela, en un nuevo clima de negocios bajo la tutela de Estados Unidos, pese a los retos operativos que enfrenta la industria nacional.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó una apertura del sector al capital privado, lo que despertó el interés de las empresas extranjeras.

Tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero, Washington ha gestionado y supervisado convenios entre empresas estadounidenses y el gobierno interino de Venezuela, país con las mayores reservas de crudo probadas del mundo.

"Toda Venezuela es una tremenda oportunidad para nosotros y para nuestros planes de crecimiento, y por eso estamos aquí", dijo Erik Keskula, director ejecutivo de Exploración y Producción de UCC Oil and Gas Holding de Catar, durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela (VIOGS 2026).

Directivos de petroleras como Repsol, Siemens AG, Hunt Oil Co, Maurel & Prom, UCC Holding y GeoPark, así como empresas de servicios de varios países, asistieron al foro que arrancó el lunes con reuniones privadas y culmina el miércoles, en Caracas.

El gran ausente fue la empresa North American Brue Energy Partners (Nabep), que acordó en agosto con Estados Unidos el ambicioso plan para operar 17 campos en Venezuela con reservas por 65.000 millones de barriles de crudo.

Con ese acuerdo "histórico", como lo denominó el presidente Donald Trump, Estados Unidos controlará el 20% de las gigantescas reservas de petróleo venezolanas.

"Hemos trabajado con el gobierno interino para reabrir las puertas a empresas estadounidenses e internacionales de renombre para comercializar petróleo venezolano", dijo Michael García, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Lea también:¿QUÉ SE TRAEN ENTRE MANOS?: Gobierno encargado admite el uso abusivo de la Ley contra el Odio

Las entradas se agotaron y cientos de personas quedaron en lista de espera, según los organizadores, en una muestra de interés en Venezuela por parte del sector, luego de años de control estatal.

Aunque la infraestructura petrolera enfrenta un profundo deterioro tras años de desinversión, problemas de gestión en la estatal Pdvsa, falta de mantenimiento y el impacto de las sanciones internacionales.

La producción actual es de 1,2 millones de barriles diarios de crudo, lejos de los 3 millones de hace dos décadas.

"Aún queda mucho trabajo por hacer en materia de transparencia, gobernanza y para garantizar que cada dólar de ingresos cumpla su propósito. Pero la dirección es inconfundible. Donde antes había estancamiento, ahora hay inversión", agregó García.

La crisis eléctrica fue un tema recurrente en las ponencias. Incluso, se produjeron dos cortes eléctricos durante la jornada.

"Debemos entender cuáles son las debilidades institucionales y luego las debilidades de infraestructura, pero podemos abordar esos problemas con bastante rapidez", apuntó Hunter Hunt, CEO de Hunt Energy Holdings.

"Cuando los gobiernos anfitriones adoptan el mismo enfoque, ayuda a comenzar a abordar esas deficiencias muy rápidamente (...) lo estamos viendo aquí en días", agregó Hunt.

- "Meta ambiciosa" -Las empresas que ya operan en el país avanzan en sus planes para aumentar su producción a mediano y largo plazo.

Ludwing Mercado, gerente de Operaciones en Venezuela de Repsol, prevé un alza del 50% en la producción petrolera en sus campos en el occidente del país. Actualmente se extrae unos 40.000 barriles diarios (b/d).

"Hemos trazado como una meta ambiciosa, tratar de conseguir al menos el 50% más de la producción que tenemos en occidente", dijo Mercado.

Cuando Maurel & Prom, junto con BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell, obtuvo la licencia estadounidense para operar en Venezuela a comienzos de año, fueron "quizás muy optimistas en un principio", explicó César Álvarez, gerente general adjunto de la petrolera francesa.

"Establecimos un plan de acción, pero nos topamos con una realidad y (tuvimos que) retrasar ciertas actividades", agregó Álvarez.

Pese a las dificultades del sector, Maurel & Prom espera cerrar el año con una producción de 23.000 b/d.

En tanto, UCC Oil and Gas Holding analiza su ingreso en nuevas áreas en el país.

"Estamos explorando otras oportunidades en Venezuela donde podamos asociarnos con otros y asumir la operación de proyectos", afirmó Erik Keskula, director de la empresa catarí.

AFP

La misma estructura que usó la ley contra el odio para perseguir, silenciar y encarcelar a periodistas y disidentes hoy promete revisarla. Pero las víctimas y los gremios lo tienen claro: un maquillaje legal no borra años de abuso. ¿Se puede reformar lo que nació torcido?

El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, informó este martes sobre un plan que está en ejecución para incorporar durante el último trimestre del año 1.300 megavatios de energía al sistema eléctrico a fin de estabilizar la crisis y reducir los apagones que se han recrudecido en las últimas semanas.

En los «próximos días» entrará en funcionamiento una unidad en planta Centro, el principal complejo de generación de energía para el centro-oeste de Venezuela, que aportará 600 megavatios a esta región y adicionalmente, se incorporarán «siete unidades» con 500 megavatios para el estado Zulia (noroeste), el más golpeado por las fallas, explicó Alcalá.

 Se dispondrán de «otras unidades a nivel nacional que, en un total significan 1.300 megavatios en este último trimestre del 2026, que servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica a nivel general», indicó el ministro en un video difundido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su cuenta en Telegram.

El anuncio llega justo cuando hay protestas casi diarias en diversas regiones por cortes eléctricos de hasta 16 horas.

Lea también: ALIANZA PELIGROSA: Surgen presuntos vínculos entre Diosdado Cabello y Silvana Guerrero, cabecilla del ELN

Alcalá dijo que la demanda de energía ha crecido en las últimas semanas empujada por el «repunte de la actividad económica», las altas temperaturas causadas por el fenómeno climático El Niño, y por los terremotos de junio que, dijo, retrasaron los planes que venían ejecutando para reparar el sistema eléctrico, en crisis desde hace más de una década.

Estos argumentos han sido utilizados por distintos voceros del Gobierno que aseguran que las sanciones extranjeras impedían la compra de repuestos para el sistema, aunque la oposición y expertos sostienen que la crisis es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Alcalá dijo hoy que «este año» el país ha tenido acceso a «repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo».

Por su parte, el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Juan Fernández, indicó que se están ejecutando «importantes obras a nivel de transmisión» entre las que destacó la ampliación de una subestación de planta Centro con la incorporación de un autotransformador que se estima entre en servicio a finales de noviembre y que servirá para enviar energía a la región andina, en el oeste, también muy golpeada por apagones.

Fernández dijo que diariamente se ejecutan mantenimientos rutinarios al sistema y que el Gobierno trabaja en un plan de energías alternativas como el parque solar de Machango, en Zulia, que esperan entre en servicio el próximo año.

Las autoridades además se mostraron confiadas en la reforma de la ley del servicio eléctrico que, remarcaron, permitirá la «integración del sector público y privado».

Recordaron también que el Gobierno ha firmado convenios con la estadounidense General Eléctric, la de origen alemán Siemens y la argentina Impsa. 

Con información de EFE

Nuevos informes de inteligencia colombiana ubican en Venezuela a varios de los principales cabecillas del ELN, entre ellos alias Silvana Guerrero, mientras las autoridades intensifican las operaciones contra esa guerrilla en la frontera. El señalamiento cobra una nueva dimensión cuando Venezuela se encuentra bajo una relación de fuerte dependencia y tutela de Washington tras la intervención estadounidense y el nuevo reordenamiento del poder en Caracas. 

La tarde de este martes, la Asamblea Nacional inició el mecanismo para reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que está vigente desde el 2017.

De esta forma, el Parlamento acató la petición de la presidenta, Delcy Rodríguez, quien solicitó una reforma parcial de la normativa, "con carácter de urgencia".

Cabe aclarar que, como la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, la reforma tiene que ser avalada primero por el Tribunal Supremo de Justicia.

Por ello, el presiente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una comisión especial de diputados que se encargará de redactar la reforma que será enviada al TSJ y, una vez avalada en esa instancia, regresará al Parlamento, donde será aprobada por las dos terceras partes de sus integrantes.

El objetivo de la reforma es avanzar en la “despenalización de conductas" contempladas en la normativa y corregir lo que calificó como "desviaciones en su aplicación”.

La reforma busca contribuir a la transformación del sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro y la convivencia entre los venezolanos. 

Según la comunicación de la presidenta, los cambios en la ley "podrían tener un impacto en la confianza en las instituciones y en la vida democrática del país".

“Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela”, afirmó la presidenta.

Y añade que la reforma espera  “abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana”.

Designada comisión preliminar

Por otro lado, la plenaria aprobó la designación de los miembros de la comisión preliminar de diputados  que se encargarán de integrar el Comité de Postulaciones Judiciales que luego designará a los magistrados del TSJ.

Esta comisión preliminar tiene que  invitar a miembros de la sociedad civil para completar los 23 miembros que desarrollarán el proceso de designación de los magistrados.