«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante las acciones arbitrarias y los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela que denotan prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, así como características sexuales de las personas».

Así se expresó esta instancia internacional, en relación con el caso de los 33 detenidos en un spa en Valencia, estado Carabobo, quienes fueron expuestos con fotos, nombres y apellidos, precisamente por su orientación sexual.

Recuerda la instancia que el pasado 23 de julio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevó a cabo un operativo en un local privado frecuentado por personas LGBT en el estado de Carabobo, donde detuvo a 33 hombres gays y de la diversidad sexual.

«En el marco de dicha acción, las personas detenidas han sido fotografiadas y tuvieron su imagen, junto con las de sus documentos de identificación, publicadas en distintos medios de comunicación. De las personas arrestadas, 30 fueron liberadas bajo régimen de presencia en los juzgados, mientras que 3 se mantuvieron privadas de libertad durante diez días», señala..

Pese a que el operativo se originó presuntamente por quejas de vecinos relacionadas con el ruido, personas defensoras de derechos humanos afirman que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia esas personas por su orientación sexual

Ello en el contexto de que las personas «LGBTI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado con base en prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas».

«La CIDH recuerda que la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos», alerta la comisión.

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La organización recomienda «bajo los principios de debida diligencia, que cualquier información relacionada con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de personas investigadas debe manejarse con estricto control de privacidad para salvaguardar el respeto a la dignidad y derechos de las personas involucradas».

Por ello, «la Comisión insta a Venezuela a respetar los derechos humanos y a cesar la criminalización de las personas LGBTI, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación».

Además, «se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no se configure imputabilidad o delito».

Y, finalmente,» «se insta a las autoridades a abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia».

A través de varias ONG se conoció que este miércoles fueron excarcelados tres hombres que formaban parte del grupo de 33 detenidos en la fiesta del spa en valencia, estado Carabobo.

Mediante el Observatorio Venezolano de Violencias Lgbtq+, se informó que los excarcelados son Guillermo Luis Cifuentes, dueño del spa y dos trabajadores, Alfredo Peña y Jorge Carrillo, quienes tuvieron que presentar un fiador.

“10 días después, finalmente podemos decir que los 33 han sido liberados. Desde este espacio seguimos exigiendo libertad plena para todos y justicia para los 33”, publicó la organización no gubernamental a través de su cuenta en Twitter.

Los 33 fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el domingo 23 de julio, supuestamente, tras una denuncia de vecinos, en un local que funciona como sauna.

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Tras ser expuestos con fotos, nombres y apellidos los acusaron por los presuntos delitos de “ultraje al pudor”, agavillamiento y contaminación sónica.

El tribunal 5 con competencia municipal, a cargo de la jueza Marialba Villarreal, admitió las acusaciones y dictó régimen de presentación a 30 de ellos.

Y más de una semana después, los tres que quedaban detenidos tuvieron que presentar cuatro fiadores cada uno, informó la ONG Orgullo Lgtb en su cuenta de Instagram.

El tribunal emitió las boletas de excarcelación y los familiares los buscaron en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Los Guayos.

Liberados los tres últimos detenidos por redada en el sauna LGBTIQ+ de Valencia.Tres hombres que permanecían detenidos desde el 23 de julio, cuando la policía irrumpió en un sauna al norte de Valencia, fueron puestos en libertad condicional… https://t.co/lOk5yoMD2c pic.twitter.com/qkd5RJlLEL

«Bajo ninguna circunstancia, quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social deben promover o replicar discursos de odio, como lamentablemente ocurrió con varios contenidos difundidos a través de algunos medios y redes sociales sobre la detención de 33 personas en un local de Valencia, estado Carabobo, el pasado 23 de julio de 2023».

La denuncia la hizo, a través de un comunicado el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys), entidad que recordó que «el ejercicio responsable del periodismo está ajustado a la defensa de la democracia y los derechos humanos, lo cual implica pluralidad y respeto por la dignidad de las personas».

Agrega que la institución «se ha dedicado a documentar las dinámicas relacionadas con la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública a partir de los estándares de protección más favorables. Tales estándares establecen restricciones legítimas que se sustentan, precisamente, en la responsabilidad que implica difundir informaciones y opiniones».

Y en esta tónica cita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien en el 2029 dijo: «Combatir el discurso de odio no significa limitar o prohibir la libertad de expresión. Se trata de impedir la escalada de dicha incitación al odio hacia algo más peligroso, en particular, instigando a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo cual está prohibido según el derecho internacional”.

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Así las cosas, el Ipys remarcó que «el proceso policial-judicial contra ‘los 33’, ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, fiscales del Ministerio Público y una jueza municipal de Carabobo involucra derechos expresamente consagrados en la Constitución: no discriminación, tutela judicial efectiva, libertad personal, respeto a la integridad física, psíquica y moral, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, debido proceso, libertad de reunión y protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación».

Tomando en cuenta estos elementos, el instituto señala precisamente que «el periodismo consiste en examinar con rigor los derechos comprometidos en una situación antes de reproducir, sin más, la versión oficial».

Y, en este caso, cree que «es particularmente grave que algunas personas periodistas y productoras de contenidos hayan incurrido en el error de publicar fotos y documentos de identidad de ‘los 33’, en respaldo a una narrativa que corresponde a un discurso de odio, en tanto estigmatizante y discriminatoria, contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y de otras identidades de género (LGBTIQ+)».

Considera el Ipys que «no es suficiente que el Ministerio Público y el Poder Judicial hayan convalidado la actuación policial. Todo relato periodístico que involucre derechos humanos debe procurar la mayor verificación y contraste de versiones posibles, con énfasis en la inclusión de la versión o versiones de quienes pueden ser víctimas de atropellos por abuso de poder o de autoridad».

La institución destaca que «afortunadamente, muchos medios y periodistas cumplieron con la obligación de indagar más allá de la versión oficial, en una demostración de responsabilidad profesional. De esa manera, produjeron y brindaron contenidos mucho más integrales a efectos de precisar, comprender y analizar lo sucedido con los 33 detenidos».

Desde IPYS asumen «este caso como una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que se ejerce el periodismo en Venezuela y la necesidad de fomentar un desempeño profesional y respetuoso de la diversidad y dignidad de las personas».

El caso de los 33 hombres detenidos en un Spa en Valencia es una demostración de que la justicia «fue asesinada por el mismo Estado».

La denuncia la hizo Koddy Campos, activista y dirigente de la comunidad LGBTIQ+, en entrevista con Vladimir Villegas, quien recalcó que ya no alberga esperanzas en torno a la existencia de justicia en Venezuela.

«Cuando llegué a Valencia y me entrevisté con los familiares, tenía una pequeña esperanza en la justicia venezolana y esa esperanza fue asesinada por el mismo Estado. Están legalizando la persecución hacia los homosexuales, bajo un delito como ultraje al pudor. Cuando la fiscalía y los jueces se conciertan para criminalizar la homosexualidad, estamos hablando de una homofobia de Estado», dijo Campos.

«Lo que sucedió en Valencia es sumamente peligroso para la población LGBTIQ+. Esto da un gran paso a lo que es la criminalización de los homosexuales, como se hacía en los años 60, 70, 80 y principios de los 90», precisó el activista.

En el programa también participó Jesús Licet, abogado de las víctimas.

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Licet precisó que las 33 personas fueron detenidas el día domingo y no es hasta el miércoles que por fin pudieron enterarse de los presuntos delitos cometidos.

«El miércoles por fin se hizo la audiencia. Escuchamos las imputaciones que hizo el Ministerio Público y entre ellas destaca la contaminación sónica, agavillamiento para dos de los muchachos y para todos el delito de ultraje al pudor público», relató el abogado.

Recordó que, actualmente, 30 de estas personas están bajo un régimen de presentación, mientras tres siguen detenidos.

Explicaron que «el local, es un sitio en Valencia que no tiene zona residencial cercana, en su interior cuenta con un spa donde dan masajes, un área de sauna, un área para ver videos y una terraza para fumadores, donde sólo pueden ingresar hombres».

«Pasadas las 5:00 pm llegaron unos efectivos de la PNB al local sin una orden de allanamiento, ni justificación. Dentro del recorrido que realizó la PNB por el local, especificaron en el acta que había un lugar de masajes, un sauna, área de fumadores, área de reproducción de videos y hallaron unos preservativos que según el dueño del lugar, se los donaron una fundación», explicó el abogado Licet.

Asimismo, precisó que en el acta policial no fue descrito ningún acto sexual ni personas desnudas dentro del local.

«En la misma acta policial de lo ocurrido en el Spa de Valencia, no releva que fue encontrada alguna persona desnuda», dijo el abogado.

En cuanto a los delitos imputados, el profesional del derecho expresó que las autoridades no realizaron la experticia necesaria para confirmar la supuesta contaminación sónica y en cuanto al ultraje al pudor público, no vendría a lugar porque las 33 personas imputadas estaban en un lugar totalmente privado.

«El artículo de ultraje al pudor menciona claramente, que una persona que realice situaciones contra la moral y las buenas costumbres de índole sexual en una vía pública o lugar público, será sancionado con prisión de 3 a 15 meses. Si el delito principal es ultraje al pudor público, entonces no existe delito. Porque evidentemente estamos en presencia de un local privado», aseguró Licet.

También contó que el dueño del local declaró y explicó que «no solamente era un local privado, sino que protegemos la privacidad de los clientes porque han recibido socialmente e históricamente ataques por ser gays».

«El dueño del Spa en Valencia se atrevió a decir en plena audiencia, ‘señora juez nosotros recibimos alcaldes, políticos, gobernadores, policías. Lo que pasa es que yo cuido y protejo la identidad de todos y lamento que no pude proteger a estas personas que hoy están aquí'», aseguró.

Tenemos miedo de ser perseguidos

Asimismo, Koddy Campos declaró que este caso ha dejado «mucho miedo en la comunidad LGBTIQ+».

«Nosotros no somos 33, nosotros somos millones en Venezuela. Y hoy esos millones de venezolanos están molestos con lo sucedido. Estamos pensando salir a protestar otra vez para protegernos nosotros mismos», expresó.

Destacó que nunca había visto un caso tan injusto como este. «Fue muy impactante ver cómo muchos de los detenidos le pedían perdón a sus madres por ser homosexuales».

«Me dieron una gran lección como activista LGBTIQ+. Verlos pidiéndole perdón a sus madres sabiendo que no hicieron nada malo, sabiendo que no tienen que pedir perdón por ser homosexuales, cambió la forma en la que veo el activismo en Venezuela», expresó.

«A lo mejor la violencia en este caso no fue física pero sí fue psicológica. Hay 33 personas que sus vidas les cambió, había personas allí que hablaban de quitarse la vida. Y si alguno lo hace ¿quién pagará por eso?», preguntó.