Abelardo De La Espriella,   presidente de Colombia,  ordenó al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, deportar a los migrantes venezolanos que se encuentren en situación irregular y estén involucrados en actividades delictivas o tengan anotaciones, tras una reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Al término del encuentro, el mandatario anunció que su Gobierno reforzará la coordinación con las autoridades del Distrito para abordar la situación migratoria en la capital colombiana, en medio de las preocupaciones por la presencia de ciudadanos venezolanos sin estatus migratorio regular.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, afirmó De La Espriella.

El jefe de Estado también aseguró que la medida se aplicará contra quienes estén involucrados en hechos delictivos y tengan antecedentes o anotaciones.

“Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”, declaró.

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De La Espriella advirtió que Bogotá enfrenta una “situación compleja” en materia migratoria y señaló que más de 148.000 ciudadanos venezolanos se encuentran en condición irregular en la ciudad.

El anuncio se produce en el contexto de las acciones que el Gobierno colombiano plantea coordinar con las autoridades distritales para atender la situación migratoria y responder a los casos de criminalidad mencionados por el mandatario.

Por el momento, la instrucción anunciada se dirige a los migrantes en situación irregular que estén delinquiendo y tengan anotaciones. La aplicación de eventuales medidas de deportación deberá ajustarse a los procedimientos y las disposiciones legales correspondientes.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció en sus redes sociales que reconoce el triunfo de Luis Lula da Silva en la segudna vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Destacó que la voluntad de los brasileños debe respetarse, porque “la gente habló” en las urnas.

Recordó que “en la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!”, expresó.

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También dijo que “el presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”.

Asimismo, remarcó que “ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas”.

Concluyó diciendo que “tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó una investigación inmediata al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El anuncio lo hizo el mandatario a través de sus redes sociales. El presidente tomó la medida luego de una serie de denuncias publicadas por la revista Semana, donde aseguran que la esposa del exmandatario Gustavo Petro usó aviones militares para transportar droga entre Colombia y Venezuela.

Las denuncias fueron formuladas por Eva Ferrer, exasesora de Alcocer y antigua consejera del Gobierno del expresidente Gustavo, en una entrevista con la periodista Vicky Dávila publicada este sábado por la revista colombiana Semana.

“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, publicó De la Espriella en su cuenta en X (Twitter).

La revista Semana publicó el testimonio de una excolaboradora, quien denunció a Verónica Alcocer, primera dama durante el gobierno de Petro.

“La Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM”, agregó el presidente del país vecino.

Según estas denuncias publicadas por Semana, Alcocer utilizó presuntamente aviones del Estado desde CATAM, para realizar el tráfico ilegal.

La revista informó también que la fiscal Lucy Laborde abrió una línea de investigación, dentro del expediente contra Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro. En esa línea se indaga a Verónica Alcocer y su presunta responsabilidad en un posible lavado de activos.

De La Espriella advirtió que cualquier uniformado cuya implicación o complicidad sea comprobada será retirado de inmediato y deberá responder penalmente ante la justicia.

“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, dijo el mandatario. 

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el complot para asesinar en 2021 al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.

“No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, expresó De la Espriella en X.

Los colombianos forman parte del grupo de 30 personas procesadas en Estados Unidos por el magnicidio de Moise, que comparecieron el pasado 21 de septiembre ante una corte federal de Miami después de ser extraditadas desde Haití, donde permanecían detenidas.

Durante esa audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados de oficio a los acusados y fijó las próximas comparecencias del caso.

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“Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, agregó el presidente colombiano, quien explicó que la orden fue impartida a sus ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino.

Los imputados afrontan cargos federales que incluyen conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte, delitos que pueden acarrear penas de hasta cadena perpetua.

Más de 50 personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, entre ellas la viuda de Moise y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso permanece estancado debido a la situación de inseguridad que atraviesa el país caribeño.

Según la acusación presentada en Estados Unidos, el objetivo de los conspiradores era que Christian Sanon reemplazara a Moise como presidente de Haití y que, una vez en el poder, adjudicara contratos a una empresa ubicada en Doral (Florida) vinculada a varios de los acusados.

El plan fue presentado inicialmente a los exmilitares colombianos como una operación para detener legalmente a Moise y contó, según la acusación, con el supuesto respaldo de agencias estadounidenses.

El asesinato de Moise, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, dejó a Haití sumido en una prolongada crisis política y de seguridad que favoreció la expansión de las bandas armadas y agravó la crisis humanitaria, provocando además un aumento de la migración de haitianos hacia otros países, incluido Estados Unidos.

Con información de EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes la militarización de la ciudad caribeña de Santa Marta, ante la ola de ataques a comercios y vehículos que desató una banda del narcotráfico.

La arremetida se produjo después de que el mandatario anunciara la muerte a manos de los militares de un jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y 12 de sus colaboradores.

Surgida de los antiguos paramilitares que combatieron a las guerrillas, esa organización impone el terror en Santa Marta, un turístico puerto de unos 580.000 habitantes, y en sus alrededores.

Este martes varias zonas de la ciudad lucieron desiertas tras los rumores de un "paro armado" impuesto en represalia por las ACSN, que mediante amenazas paralizan el comercio y la circulación de vehículos.

"Se siente la tensión, el no saber qué va a pasar mañana (...), mucha incertidumbre", dijo bajo condición de anonimato una científica que vive en Santa Marta.

"Es la primera vez que pasa algo así de esta magnitud (...) Todo está cerrado" y el transporte público no está funcionando, agregó.

Las ACSN se financian del narcotráfico y la extorsión. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

En un recorrido por Santa Marta el martes, un equipo de la AFP vio un camión de carga con su cabina en llamas en plena carretera, mientras bomberos intentaban apagar el incendio.

Un bus carbonizado se veía también en una calle de otro sector de la ciudad, donde decenas de negocios permanecieron cerrados.

En redes sociales circularon videos de hombres armados recorriendo las calles en moto y disparando contra comercios abiertos.

"Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores", dijo el martes De la Espriella en una declaración en video.

El presidente ordenó que la ciudad fuera "militarizada".

En el poder desde agosto, De la Espriella ha prometido doblegar con apoyo de Estados Unidos e Israel a los grupos ilegales que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

"El que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente", advirtió y agregó que tres personas habían sido detenidas por estos hechos.

El mandatario viajó a Santa Marta la noche del martes y al llegar realizó un recorrido por algunas calles, según un video publicado en sus redes.

La ciudad recibe a cientos de miles de visitantes cada año, atraídos principalmente por sus playas paradisíacas.

Entre sus atractivos se encuentra el Parque Nacional Tayrona, un bosque seco rodeado de aguas cristalinas, y la Sierra Nevada de Santa Marta, una cadena de altas montañas junto al mar consideradas sagradas por los pueblos indígenas de la zona.

La policía reforzó su presencia el martes en los sectores comerciales de la ciudad con unidades antiextorsión y de fuerzas especiales, dijo un vocero de la institución a la AFP.

Tropas del ejército se desplegaron a lo largo de la carretera que une a la ciudad con La Guajira.

El Ministerio de Defensa colombiano informó en X que aviones caza Kfir sobrevolaron "puntos estratégicos y la zona urbana de Santa Marta" para apoyar las operaciones de seguridad en la zona

AFP

No es nuevo decir que el gobierno de Gustavo Petro, que salió del poder hace un mes y medio, dejó la olla raspada y hasta se llevó la olla y la cuchara. Entes de control, oposición y medios de comunicación hemos denunciado el derroche y las irregularidades de la pasada administración en todo el Ejecutivo: desde la joya de la corona, Ecopetrol, hasta la entidad descentralizada más pequeña adscrita a un ministerio. 

Sin embargo, un caso que desnuda el comportamiento del expresidente Petro es lo que hizo en su propia “casa”, es decir, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), publicó eldiario El Colombiano.

En medio de la discusión en el Congreso sobre el presupuesto general, el nuevo director del Dapre, el paisa Carlos Ríos –gerente de la campaña De la Espriella y hombre de confianza del mandatario– asistió a una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en donde se estaba discutiendo el dinero que necesita cada entidad. Ríos denunció públicamente lo que encontró en la Presidencia, advirtiendo que apenas sería la punta del iceberg.

Uno de los datos más reveladores es que en los cuatro años de Petro la contratación en el Dapre se disparó un 595% a través de OPS (contratos de prestación de servicios). Y solo el último año de mandato, es decir, desde mediados de 2025 hasta hace un par de meses, los contratos crecieron 228%: de $9.500 millones a $31.300 millones en plena campaña. La planta de personal también aumentó: de los 844 cargos con los que cerró el gobierno de Iván Duque se pasó a 1.019, un crecimiento del 20,7%.

“Eso demuestra que este ‘contratadero’ que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral y por eso nosotros hemos empezado a reducir particularmente toda esa contratación y hemos parado la contratación del Dapre”, dijo Ríos en la Cámara.

La instrucción del alto funcionario es denunciar las irregularidades y al mismo tiempo reducir el gasto. En línea con la promesa de campaña de recortar el Estado, Ríos recibió la instrucción del presidente De la Espriella de “dar ejemplo” desde Presidencia. En 2026, el presupuesto del Dapre fue de aproximadamente $1,81 billones. 

Para 2027, el nuevo gobierno presentó un presupuesto cercano a $904.000 millones, una reducción cercana al 50%. “La nueva administración revisará la contratación y el gasto: contrato por contrato, necesidad por necesidad y peso por peso”, señalan. Además, en marzo de 2026 se habían planteado necesidades presupuestales cercanas a $4,2 billones.

Frente a esa estimación, el presupuesto presentado para 2027 es aproximadamente 78,5% menor. “Con los recursos que tenemos vamos a funcionar. Vamos a pasar de $4,1 billones que se tenía presupuestado en el gobierno anterior a $904.000 millones”, dijo Ríos.

“La decisión es que el Dapre le cueste menos a los colombianos y funcione con mayor eficiencia”, agrega una funcionaria extraoficialmente. “(...) Si hubiera ganado la otra propuesta para el país (Iván Cepeda), ¿cuánto nos costaría el Dapre a los colombianos?”, cuestiona.

Los funcionarios dicen que no habrá hallazgos guardados ni irregularidades documentadas que se queden dentro del Dapre y que están armando denuncias “con relevancia penal” para radicar en la Fiscalía. Lo mismo con los hallazgos fiscales y disciplinarios en Contraloría y Procuraduría.

Hay que recordar que el Dapre no es solo una entidad administrativa de la Presidencia sino que de ella dependen otras entidades, fondos y consejerías que pueden tener menos controles o filtros que un ministerio y que manejan billones de pesos.

Bastaría con mencionar la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), que en el gobierno pasado fue saqueada. Pero hay otras que están bajo la sombrilla de Presidencia: la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); la Agencia para la Renovación del Territorio (ART); la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia); la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas; el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social; el Fondo Colombia en Paz (FCP) y el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz).

Sobre estos dos últimos hay un capítulo aparte, pues es una de las entidades adscritas en donde más encontraron líos de contratación, conocidos por este diario.

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Ríos y su equipo acudirán a una auditoría forense para conocer la dimensión de la “caja negra”. Desde ya, identificaron que el Fondo Paz –creado en 1997 por Ernesto Samper– y el Fondo Colombia en Paz –creado en 2017 por Juan Manuel Santos tras la firma del acuerdo con las Farc– tuvieron contratos y gastos presuntamente injustificados en el gobierno Petro. Para este año, el Fondo Colombia en Paz tiene presupuesto de $1,1 billones y creó una planta transitoria de 149 cargos.

El espectro contractual de ese Fondo es tan amplio que puede ser usado para hacer vías, construir edificios o incluso actividades recreativas en el marco de la política de “paz total”. El problema fue cómo lo hicieron.

EL COLOMBIANO conoció dos contratos del Fondo Paz que serán denunciados por el Gobierno por lo que sería su evidente desviación. El primero tiene como objeto contractual “prestar servicios de consultoría para el análisis histórico y normativo de derecho comparado sobre las dinámicas del conflicto armado, criminalidad y negociaciones a partir de 1997”. Según fuentes, los entregables son mínimos y, en cambio, “solo en ese contrato se gastaron $351 millones”, dice una funcionaria.

El otro contrato bajo la lupa, que tuvieron que suspender, es también del Fondo Paz para contratar infraestructura pública construida en un predio privado por $100 millones. “Es un convenio para la adecuación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y nos toca hacer la verificación de los avances porque hay demoras en la entrega”, agrega.

En julio de ese año, distintas veedurías ciudadanas radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría alegando bloqueos mediante fallas de plataforma y devoluciones reiteradas de proyectos por parte de funcionarios para luego sugerir soluciones informales a cambio de dinero, denuncias que llegaron a hablar de la existencia de un “mercado clandestino de viabilidades”, en el que las decisiones técnicas dependerían de pagos privados.

En ese mismo mes, este periódico reveló el papel del lobista David Trespalacios Swagger, cercano a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quien se encargaba de recibir y gestionar los pagos de una presunta red de corrupción que recibía pagos en efectivo y en cuentas de ahorro para mover contratos en el Gobierno. Semana reveló, con chats, testimonios y consignaciones, que unos “empresarios” le alcanzaron a entregar más de $600 millones; sus tentáculos llegaban hasta el Fondo Colombia en Paz.

La gota que derramó el vaso en la relación de Swagger con las hermanas Guerrero fue que él llegó al Fondo Colombia en Paz literalmente con una bolsa de dinero en efectivo para gestionar proyectos y contratos a nombre de Juliana, según dos fuentes distintas. Guerrero le reclamó y le dijo al entonces presidente Petro que ya no tenían ningún tipo de vínculo.

 El diagnóstico de Ríos y su equipo en Presidencia toca también una fibra jurídicamente delicada. Cerca del 90% de los empleos del Dapre son de libre nombramiento y remoción, es decir, cargos de confianza cuya provisión y retiro dependen directamente de quien dirige la entidad. En paralelo, durante la administración anterior se constituyeron cuatro organizaciones sindicales.

Ríos ha dicho que respetará “plenamente” el derecho de asociación sindical, pero también ha dejado claro que aplicará “el régimen jurídico de los cargos de libre nombramiento y remoción”.

Además, como no hubo empalme, están encontrando cada día información nueva. Según la Procuraduría, el informe de empalme del gobierno pasado, que es obligatorio, fue radicado ante ese organismo el 1 de septiembre. La nueva administración tiene hasta el 12 de octubre para formular sus observaciones. Según Ríos, están volcados a recabar “a fondo” los líos en contratos, ejecución presupuestal, fondos, personal y manejo de recursos públicos.

 Con información de El Colombiano

 El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció que impugnará las decisiones judiciales que frenan su política de mano dura contra el crimen, tras tres fallos en su contra en el último mes.

El abogado multimillonario lleva a cabo una ofensiva con bombardeos y redadas contra las poderosas mafias que se financian con el narcotráfico en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

En el último mes, distintos jueces ordenaron al gobierno suspender los bombardeos si hay información de presencia de menores, retirar videos de cadáveres de redes y frenar pruebas de aspersión aérea de narcocultivos.

"Las decisiones judiciales se respetan, y las órdenes vigentes se cumplen (...) pero eso no significa renunciar a controvertirlas", dijo en una alocución tras la seguidilla de reveses judiciales en poco más de un mes de mandato.

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El presidente acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos con música de guerra en redes, que siempre cierra al grito de "¡Viva Cristo rey!".

Promete doblegar a los carteles del país con mano de hierro y la ayuda de Estados Unidos, su principal socio militar.

La oposición, colectivos de defensa de derechos humanos y de libertad de prensa critican sus métodos.

Una fundación de defensa de derechos humanos denunció amenazas de muerte anónimas tras interponer la acción judicial para frenar las pruebas de aspersión aérea de narcocultivos con un cuestionado herbicida.

AFP

“La situación de Venezuela representa un asunto de interés directo para Colombia”, aseguró este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su encuentro con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“También hablamos con el señor secretario sobre Venezuela. Para Colombia no es un asunto distante”, afirmó y señaló que ambos gobiernos conversaron sobre la situación venezolana y la necesidad de mantener una estrecha coordinación regional.

 La preocupación se debe a los efectos que puede generar la situación venezolana sobre la seguridad, la migración, el narcotráfico, el contrabando y las organizaciones armadas que operan en la frontera.

 De la Espriella sostuvo que cualquier situación que ocurra en Venezuela puede tener “consecuencias directas en Colombia”.

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Aseguró que Colombia está dispuesta a trabajar junto con Estados Unidos para enfrentar los desafíos que puedan surgir en la región.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, manifestó.

También subrayó: "Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema”, expresó.

El presidente  de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció  el levantamiento de la suspensión del porte de armas de fuego, decisión que ha hecho crecer la expectativa sobre lo que realmente cambia con esta medida  y si la misma podría abrir la puerta a una compra indiscriminada de armas en el país.

Sin embargo, el Decreto 1368 de 2026 establece que no será así. 

El levantamiento de la suspensión no significa que cualquier persona pueda comprar o portar un arma de fuego libremente. Se mantienen los permisos, requisitos, controles y restricciones establecidos para acceder legalmente a estos elementos.

En la práctica, la medida permite que vuelvan a operar los permisos de porte que se encuentren vigentes y cumplan con las condiciones establecidas por la ley, mientras que quienes quieran acceder por primera vez a un arma deberán someterse al procedimiento y a los controles correspondientes.

Estos son los cinco puntos del decreto que revivió el porte de armas de fuego

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El decreto ordena a las autoridades militares competentes adoptar las medidas necesarias para levantar la suspensión general de los permisos de porte de armas en todo el país. Con esto, se restablece de manera inmediata la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes al momento de la publicación de la norma.

A partir de la entrada en vigencia de esta medida, los titulares de salvoconductos vigentes no requerirán tramitar ninguna autorización especial o adicional para portar sus armas. La justificación jurídica señala que, al levantarse la restricción de carácter general que regía en el país, desaparece el presupuesto legal que obligaba a exigir este trámite extra de seguridad nacional.

La norma aclara de manera que el levantamiento de la restricción no significa una autorización generalizada para que la ciudadanía se arme ni una desregulación del sector. El documento reitera que el monopolio estatal de las armas consagrado en el artículo 223 de la Constitución Política se mantiene intacto y que el porte privado sigue siendo una medida estrictamente excepcional sujeta a la potestad discrecional del Estado.

 La medida de reactivación no cobija todas las situaciones. El decreto estipula de forma clara que quedan excluidos del beneficio los permisos de porte que estén vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados. Tampoco aplicará en los casos donde el arma haya sido objeto de decomiso, cuando exista una prohibición judicial vigente, o cuando el salvoconducto sea únicamente de tenencia y no de porte.

El Decreto 1368 comienza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Con su entrada en vigor, quedan derogados de manera definitiva el Decreto 2362 de 2018 y el Decreto 1482 de 2025, los cuales sostenían las prórrogas de la prohibición generalizada que venía aplicándose en Colombia durante los últimos años.

Con información de El Colombiano

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reunirá este martes en Barranquilla (norte de Colombia) con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para sellar el acercamiento de ambos países.

La primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump  se produce a un mes de la toma de posesión de De la Espriella, y con la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral en lo más alto de la agenda.

Según el Departamento de Estado, ambos estudiarán una mayor cooperación “en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo”. Colombia anunció recientemente su adhesión a la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C), una alianza militar y operativa impulsada por EE.UU. para combatir de forma conjunta el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.

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 La agenda estará centrada en asuntos estratégicos de interés común como seguridad regional, lucha contra el narcoterrorismo, fortalecimiento de los vínculos comerciales y cooperación internacional para atender la emergencia ocasionada por el reciente terremoto que afectó a Colombia.

De la Espriella ha autorizado a Washington realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico en suelo colombiano (aunque hasta el momento no se ha hecho pública ninguna) y EE.UU. ha aprobado un paquete de 1.000 millones de dólares en ayuda material para fortalecer la seguridad en Colombia.

De la Espriella y Rubio abordarán asimismo en su encuentro las posibles vías para lograr «unas relaciones comerciales más estrechas” entre ambos países.

El presidente colombiano ha planteado la suspensión temporal de los aranceles estadounidenses a algunos productos de su país (actualmente en el 12,5 %) para aliviar las consecuencias del terremoto, pero hasta el momento Washington no se ha movido.

Por último, ambos políticos analizarán el apoyo de Estados Unidos a la recuperación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el oeste y centro del país el pasado 10 de agosto y que causó 331 fallecidos. Washington anunció un total de 26,5 millones de dólares para atender la emergencia.

Luego de su paso por Colombia, Rubio seguirá su gira por Ecuador y Perú, países con los que Washington también quiere estrechar lazos políticos desde la victoria de sus actuales gobernantes, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.

Con información de EFE

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró este domingo que tomó la decisión de dar por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales, iniciadas por su antecesor, Gustavo Petro, porque esas organizaciones no tienen voluntad de paz.

«He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas», expresó el mandatario en una alocución.

De la Espriella revocó el viernes los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la contraparte en los diálogos de la llamada ‘paz total’ con dos disidencias de las FARC -el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Boliviariano (CNEB)- así como con las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

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El EMBF hizo parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, pero en 2024 se separó de ese grupo por su negativa a continuar los diálogos de paz con el Gobierno de Petro.

La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de otra disidencia llamada Segunda Marquetalia, por divisiones internas, y está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF).

En opinión del mandatario, estas negociaciones fueron «la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo».

«No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad. Se acabaron las mesas sin resultados y beneficios, sin que haya contraprestaciones reales», añadió.

La política de ‘paz total’, buque insignia del anterior Gobierno, naufragó por el fracaso de los diálogos con los distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Estado Mayor Central, que fueron suspendidos por el propio Petro alegando falta de voluntad de paz.

Esa ambiciosa propuesta también incluía negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron pocos.

En ese sentido, De la Espriella aseguró que quienes persistan en las armas y el crimen «encontrarán en frente toda la capacidad legítima del Estado».

«Mi concepción de la paz es clara: la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la república, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de derecho», sentenció.

Con información de EFE

La Presidencia de Colombia anunció la nueva estrategia integral de seguridad. El presidente Abelardo de la Espriella presentó los lineamientos, dando un giro en la forma en la que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado y aseguró que "todos los grupos criminales serán tratados como terroristas".

 El Gobierno indicó que "todos los grupos armados ilegales, sin distinción de denominación, serán tratados bajo una sola categoría: terroristas", siendo este el punto de inicio para los lineamientos de la estrategia de seguridad. "Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal", aseguró el presidente a través de un comunicado.

 De la Espriella también ordenó la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, del que harían parte el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, articuladas con la Fiscalía y la Judicatura. "El presidente fue enfático en que la Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre instituciones, bajo una sola bandera", agregaron desde Presidencia.

Entre los otros anuncios en temas de seguridad, el Gobierno también anunció "la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, la persecución del cártel de tierras y el combate frontal al préstamo gota a gota, al que describió como una forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos".

Lea también: Presidente de Colombia anuncia primeros operativos contra migrantes ilegalesEl mandatario ordenó además la reactivación de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), que liderará la exfiscal Marta Lurreyes. La unidad cuenta con el acceso a la información bancaria de los últimos cuatro años e integración con la Policía y el sistema financiero. También se reactivará "el sistema de recompensas, los operativos de redadas, la red de cooperantes y los traslados carcelarios urgentes para impedir que las cárceles sigan operando como centros de extorsión".

Con información de Noticias Caracol

El presidente Abelardo de la Espriella, durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, anunció una ofensiva para identificar a extranjeros que permanezcan en Colombia sin cumplir las condiciones migratorias establecidas.

El mandatario pidió a Migración Colombia coordinar los operativos con la Policía y comenzar las acciones en la capital del Atlántico esta misma semana. Según explicó, la prioridad será localizar a extranjeros que estén involucrados en delitos y, posteriormente, verificar la situación de quienes se encuentren de manera irregular en el país.

“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó De la Espriella al resumir la orientación de su Gobierno frente a la medida.

El presidente aseguró además que se trata de una posición que ha defendido desde su campaña y que asumirá como una decisión tanto política como administrativa.

“Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal”, añadió.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, los extranjeros que se encuentren en situación irregular deberán ser identificados y, cuando corresponda, sometidos a los procedimientos administrativos previstos por las autoridades migratorias. La condición irregular, por sí sola, no equivale a la comisión de un delito.

🇨🇴 COLOMBIA ANUNCIA OPERATIVOS CONTRA LA MIGRACIÓN IRREGULAREl presidente colombiano, @ABDELAESPRIELLA, ordenó operativos coordinados contra la migración irregular en el país.La medida priorizará a extranjeros que cometan delitos o permanezcan en Colombia sin regularizar su… pic.twitter.com/H4S1uG5tKY

La posición de De la Espriella frente a la migración irregular ya había sido expuesta durante la campaña presidencial. En junio, en una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, el entonces candidato sostuvo que los extranjeros que ingresaran a Colombia respetando la ley tendrían garantías, mientras que quienes incumplieran las normas migratorias serían devueltos a sus países.

El tema cobra especial relevancia por la presencia de población migrante venezolana en Colombia. Según datos de Migración Colombia citados por La Silla Vacía, con corte a enero de 2026, alrededor del 82% de los migrantes venezolanos se encontraban en condición migratoria regular, mientras que cerca de 500.000 permanecían en situación irregular.

Colombia registra 2,84 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales el 82% se encuentra en condición migratoria regular, según datos de Migración Colombia con corte a enero de 2026. Cerca de 500.000 permanecen en situación irregular. 

La discusión también ha generado llamados a diferenciar entre migración irregular y criminalidad. Expertos en seguridad y migración han advertido que ambos fenómenos no deben tratarse como equivalentes y han planteado la necesidad de combinar control migratorio, persecución del crimen y protección de los derechos de los migrantes.

Los operativos hacen parte de un paquete más amplio de medidas anunciadas para Barranquilla. El Gobierno busca convertir a la ciudad en un punto de prueba para su nueva estrategia de seguridad, que incluye acciones contra la extorsión, el microtráfico, el hurto y el homicidio.

 También se anunció la reactivación del sistema de recompensas, el fortalecimiento de una red de cooperantes, la recuperación de espacios públicos y una revisión del sistema de cámaras de seguridad.

De la Espriella insistió en la necesidad de aumentar la coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y los jueces. La próxima reunión de seguridad, según anunció, estará enfocada en revisar el cumplimiento de las medidas y sus resultados.

Con información de El Colombiano

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles las medidas acordadas con el sector asegurador para acelerar el pago de las pólizas y facilitar la entrega de ayudas a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que deja hasta el momento 314 muertos.

Tras una reunión con representantes de las compañías de seguros, el mandatario aseguró que el Gobierno cruzará la información oficial con las bases de datos de las aseguradoras para agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales.

 «Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados», afirmó De la Espriella en una declaración desde la nueva sede presidencial, el Palacio San Carlos en Bogotá.

El mandatario aclaró que los afectados disponen de «dos años para presentar las solicitudes ante las compañías aseguradoras» y desmintió versiones que advertían sobre un plazo de apenas dos días.

Asimismo, anunció que los procesos relacionados con viviendas ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (clase media y baja), una clasificación colombiana que agrupa a los hogares de menores ingresos, y las viviendas de interés social «tendrán atención prioritaria».

Sin embargo, aseguró que la medida no implicará la exclusión del resto de los asegurados.

Otra de las decisiones anunciadas establece que, cuando una vivienda o una copropiedad cuente con pólizas emitidas por diferentes compañías, serán las propias aseguradoras las encargadas de coordinar la atención y definir los procedimientos correspondientes.

«No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta», añadió el mandatario.

La reunión con las aseguradoras se produjo el mismo día en que De la Espriella liderará su primer consejo de ministros en el que firmará el decreto de la emergencia económica, que fue anunciado la semana pasada, para atender las consecuencias del terremoto.

Datos actualizados de la emergenciaSegún el balance presentado por el mandatario con corte al mediodía de este miércoles, la emergencia deja 314 personas fallecidas, aunque el Instituto de Medicina Legal (IML) confirma que ha recibido 319 cuerpos e identificado al mismo número que anunció De la Espriella.

El terremoto, según el mandatario, afectó a 15 departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262.154 personas damnificadas, agrupadas en 147.464 familias, mientras que 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas.

Los daños materiales también son significativos porque se contabilizan 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

Además, 3.470 centros educativos y 352 centros de salud presentan afectaciones, mientras que los daños en la infraestructura incluyen 449 vías, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y cinco aeropuertos.

El terremoto tuvo su epicentro el pasado 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y es considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas.

 El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros entes de control el 'Libro de la Verdad' que tiene un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).

"Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde", afirmó De la Espriella en un evento en Bogotá durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.

La información fue recolectada durante las reuniones del fallido intento de traspaso de poder entre los equipos de De la Espriella y Petro, luego de que ambos líderes optaran por no verse cara a cara al término de la administración pasada y el arranque del nuevo Gobierno.

 Petro dice que su sucesor fue elegido con un sistema que no garantizó seguridad de votos"Entregamos al país el Libro de la Verdad, con 82 casos documentados durante el proceso de empalme (transición de poder)", escribió en X el vicepresidente, José Manuel Restrepo, donde adjunto fotos del documento.

El libro consta de 135 páginas y documenta 82 casos agrupados en expedientes relacionados con presuntas irregularidades en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sistema de salud, empresas estatales y programas sociales.

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El documento también recopila información sobre contratos, convenios administrativos y decisiones presupuestales que, según el Gobierno, evidencian posibles patrones de corrupción.

De La Espriella destacó que la entrega del libro "responde a una exigencia ciudadana" de conocer el destino de los recursos públicos y establecer quiénes pudieron participar o beneficiarse de las irregularidades señaladas en el documento.

"El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre", enfatizó el mandatario.

En ese contexto, explicó que durante el proceso de transición fueron examinados documentos e información de diferentes entidades estatales, con los cuales se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Con información de Efe

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.

Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10% al 12,5% con algunas excepciones como el café o el petróleo.

En un mensaje en X, De la Espriella dijo que sostuvo una "amigable" llamada de diez minutos con Trump.

"Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió el mandatario de derecha.

De la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, también agradeció a Trump la ayuda de 26,5 millones de dólares y el envío de los equipos de rescate.

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El presidente colombiano prevé declarar la emergencia económica para enfrentar las millonarias pérdidas por el sismo del lunes, que deja 294 muertos y casi 4.000 heridos.

La medida lo faculta a fijar nuevos impuestos y ajustar el presupuesto nacional sin pasar por el Congreso.

Con más de 14.000 viviendas derrumbadas, Colombia enfrenta ahora una millonaria reconstrucción en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, en el oeste del país, tras el terremoto de magnitud 7,4.

Apenas asumió el cargo, de la Espriella recompuso la alianza en seguridad con Estados Unidos y los lazos diplomáticos con Israel, países con los que Colombia había marcado distancia durante el pasado gobierno de izquierda.

Más temprano este sábado, el gobernante colombiano también agradeció el apoyo humanitario y el envío de rescatistas de Israel.

El nuevo mandatario recibió críticas de la oposición de izquierda, que lo acusa de priorizar la ayuda de sus aliados ideológicos, señalamientos que él niega.

AFP

Para el dirigente de Veente Venezuela, Omar González Moreo, “es brutal el contraste entre la rápida respuesta de Abelardo de la Espriella y la incapacidad de Delcy Rodríguez”, en relación con  los terremotos registrados en ambos países,  el 10 de agosto y el 24 de junio respectivamente.

En nota de prensa, González dijo: “la respuesta colombiana frente al terremoto desnuda el fracaso del régimen de Delcy Rodríguez y demuestra la diferencia entre un Estado que funciona y otro destruido por décadas de corrupción e incompetencia”.

Afirmó que “la inmediata movilización del Estado colombiano frente al devastador terremoto que sacudió este lunes al vecino país constituye un brutal contraste con la desorganización, precariedad y tardía capacidad operativa demostrada por el régimen de Delcy Rodríguez durante los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio”.

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“En Colombia tembló la tierra y reaccionó el Estado. En Venezuela tembló la tierra y quedó al descubierto que el Estado también estaba en ruinas”, sentenció González Moreno.

Destacó que, pocas horas después del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, “las autoridades declararon el desastre nacional, instalaron un puesto de mando unificado y movilizaron los organismos responsables de atender la emergencia”.

“Ese es el contraste que indigna. Mientras Colombia activa sus instituciones para rescatar personas, evaluar daños y atender a las víctimas, en Venezuela descubrimos durante nuestra tragedia que el chavismo había destruido también la capacidad del país para responder eficazmente ante una catástrofe”, afirmó.

González Moreno recordó que, después de los terremotos venezolanos, “fue la comunidad internacional la que tuvo que movilizar bomberos, rescatistas, militares, perros especializados, drones, equipos médicos y asistencia humanitaria para reforzar las operaciones de emergencia”.

El dirigente político señaló que “una catástrofe natural no distingue ideologías, pero la capacidad para enfrentarla sí permite medir la calidad de un gobierno”.

“Los terremotos son inevitables; la improvisación, la negligencia y la destrucción institucional no lo son. La naturaleza produce el sismo, pero son los gobiernos los responsables de estar preparados para salvar vidas cuando ocurre”, enfatizó.

Finalmente, González Moreno sostuvo que la comparación entre ambos países deja una conclusión demoledora.. “Colombia sufrió un terremoto. Venezuela sufrió dos: El de la naturaleza y el de un régimen que durante años demolió al Estado. Del primero podemos reconstruirnos; para superar el segundo hay que cambiar definitivamente a quienes destruyeron el país”.

Nota de prensa.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que desde de su país siempre habrá una mano tendida para Venezuela.

Las palabras del mandatario se produjeron en respuesta a a felicitación de parte de María Corina Machado, quien se pronunció tras la toma de posesión del presidente del país vecino.

 “Querida María Corina, recibo tus palabras con enorme afecto y gratitud. Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar”, dijo De la Espriella . 

“Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente” sostuvo.

Y, finalmente, aseguró que “desde Colombia siempre habrá una mano tendida para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones”.

Querida María Corina, recibo tus palabras con enorme afecto y gratitud.Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad,… https://t.co/nSlweyODBY

Disidentes de la guerrilla FARC destruyeron con explosivos el sábado un peaje en una carretera cercana a la ciudad de Cali (suroeste), donde Abelardo de la Espriella se posesionó la víspera como el nuevo presidente de Colombia, informó el Ejército.

El ultraderechista De la Espriella prometió enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo" y acabar los diálogos de paz con los principales grupos armados tras su investidura en esa ciudad, a la cual asistieron varios mandatarios de la región.

Cerca de Cali, principalmente en el departamento del Cauca, operan rebeldes comandados por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia que se apartó del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016.

En el ataque ocurrido en un peaje en construcción sobre la carretera Panamericana en el municipio de Santander de Quilichao dos guardias de seguridad sufrieron heridas leves.

El Ejército responsabilizó a las filas de Mordisco.

"Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos", dijo el sábado en la red social X el presidente De la Espriella.

"A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad", agregó.

También la madrugada del sábado, en el departamento del Cesar (norte) un uniformado murió en un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación de policía, informó esa institución.

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Las autoridades todavía no han señalado qué grupo está detrás de este último ataque.

De la Espriella promete intensificar los bombardeos contra grupos guerrilleros, narcotraficantes y de origen paramilitar que operan en Colombia, con apoyo de Israel y Estados Unidos, y construir megacárceles similares a las de El Salvador.

De hecho, la noche del sábado, el mandatario entrante anunció la captura de uno de los principales integrantes de los llamados “Comandos de Frontera”, en un operativo ejecutado por el Ejército en el departamento de Meta.

A través de sus redes sociales, De la Espriella informó que la captura se produjo en el municipio de Guamal y estuvo a cargo del GAULA Meta.

El detenido es conocido con los alias de “Bonito” o “Boni”. De la Espriella calificó el procedimiento como un “golpe contundente contra el crimen organizado” y destacó el trabajo de la Fuerza Pública para enfrentar a las estructuras armadas que operan en diferentes zonas del país.

Con información de AFP y La Patilla

El ultraderechista Abelardo de la Espriella aseguró el viernes al asumir como nuevo presidente de Colombia que enfrentará "sin tregua al narcoterrorismo" y descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados, en un giro que recompone la alianza entre Bogotá y Washington.

El abogado millonario de 48 años, que también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, dio un discurso de investidura radical en una guarnición militar de Cali (suroeste).

 Dijo que su elección representa la posibilidad de que el país transite «lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado» a la región.

«El pasado 21 de junio no ganó un hombre ni un partido. Ganó la democracia colombiana. Ganó el derecho de millones de colombianos, de millones de ciudadanos, de decidir libremente el destino de la nación. Ganó la posibilidad de que Colombia transite por el camino de la libertad, de las instituciones y del Estado de derecho, lejos del abismo de los modelos totalitarios bolivarianos que tanto sufrimiento han causado a nuestra región«, expresó.

"Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", dijo frente a cientos de uniformados, cuatro tanques de guerra y dos helicópteros.

De la Espriella asumió para un periodo de cuatro años en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que gobernó Colombia.

El nuevo mandatario se apartó de la costumbre bicentenaria de realizar la investidura en Bogotá y la trasladó a Cali, cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década.

"Se nota que va a ser como de una mano fuerte, ojalá que no vaya a haber una nueva violencia", dijo a la AFP Óscar Obando, que con 67 años trabaja redactando documentos con una máquina de escribir en las calles de Cali.

Luego del acto ante el Congreso en un auditorio, viajó en helicóptero a una guarnición y se presentó ante los comandantes de la fuerza pública haciendo constantemente el saludo militar.

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, dio por terminados los fallidos diálogos de Petro con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

"La opción de diálogo está completamente agotada", las agrupaciones ilegales tienen dos caminos: "someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano", aseguró.

Cali, blanco frecuente de atentados guerrilleros, fue blindada para la ocasión con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones.

A la investidura de De la Espriella asistieron una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel.

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, se sumó a la ceremonia mientras una fuerte crisis sacude la institución.

Desde hoy, Colombia inclina aún más la balanza hacia la derecha comprometida con la guerra antinarco liderada por Trump en Latinoamérica.

El nuevo gobierno vuelve a acercar las relaciones de ambos países, tras los constantes choques entre Petro y Trump.

"Consolidaré de manera especial las alianzas estratégicas con aquellas naciones que comparten valores de democracia", dijo y anunció que tras la ceremonia suscribirá el Escudo de las Américas, una alianza de más de una decena de países liderada por Trump para combatir al crimen transnacional.

El Departamento de Estado anunció en un comunicado el viernes que Estados Unidos tiene previsto anunciar una ayuda de USD 1.000 millones al gobierno de De la Espriella en materia de seguridad.

-"Provocación"-La izquierda convocó sin éxito protestas en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia, menor al 1%.

Sin mayorías en un Congreso dividido, el nuevo mandatario prometió intensificar los bombardeos con apoyo de Israel y Estados Unidos, así como construir megacárceles similares a las de El Salvador.

Su estrategia evoca la estrecha cooperación militar entre Bogotá y Washington de comienzos de siglo, que fortaleció la ofensiva contra guerrillas como las FARC antes del acuerdo de paz de 2016.

Si bien las principales estructuras se debilitaron, defensores de los derechos humanos denuncian graves violaciones.

"Es un acto, en mi opinión, de provocación". Los grupos armados  pueden pensar "vamos a ver quién es más valiente y más fuerte", dijo Julián Martínez, abogado de 38 años en Cali.

De la Espriella recibe unas fuerzas militares con "capacidad limitada", explicó a la AFP Renata Segura, de International Crisis Group.

A la experta le preocupa un posible "daño colateral" que afecte a civiles, si se ataca a grupos "muy adentrados" en los territorios.

Pero el nuevo presidente advirtió a los militares: "la victoria a pesar del terror" porque "sin la victoria no hay supervivencia".

Colombia tiene unas 25.000 personas en armas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.

De la Espriella prometió cerrar la oficina presidencial de paz y la de derechos humanos como parte de su plan de reducir el tamaño del Estado en un 40%.

Durante su discurso anunció la erradicación de narcocultivos "por todas las vías", la explotación de petróleo y gas con fracking y una reducción de impuestos a los más ricos.

Con información de AFP