Decenas de ONG y defensores de Derechos Humanos marcharon este martes a favor de la despenalización del aborto en Venezuela. La manifestación ocurrió en el centro de Caracas y se hizo hasta la Asamblea Nacional.

Bajo el lema «¡Aborto legal ya!», los manifestantes, en su mayoría mujeres, defendieron este derecho. “El que esté penalizado lo que genera es más muerte, no más vida”, dijo una representante de la ONG Avesa.

«Las feministas en Venezuela tienen 40 años luchando para que el aborto sea despenalizado y se respeten sus derechos», agregó.

“En Venezuela existe el aborto ilegal y las mujeres corren el riesgo de morir o caer presas. Exigimos derecho al aborto seguro”, expresó otra activista.

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Por otro lado, en un comunicado publicado por las ONG, con motivo de esta manifestación, exigieron «la derogación inmediata de los artículos 430, 431,433 y 434 del Código Penal».

«No existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela», agrega el escrito.

Señala que «lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de cien años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos. Mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos, dentro de las más atrasadas en Sudamérica», denuncia.

Sostienen que «la criminalización del aborto vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la integridad personal». También el derecho «a la salud, al libre desenvolvimiento de la personalidad». Así como «el derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además del derecho a vivir una vida libre de violencia, en suma, a la dignidad humana».

Las organizaciones enfatizan en que «esta violación de los derechos humanos es doblemente discriminatoria. Por una parte, solo afecta a las mujeres, las niñas y las adolescentes dada su condición reproductiva específica. Y por otra, golpea particularmente a aquellas que se encuentran en situación de pobreza, que quedan expuestas a ser privadas de su libertad, disminuidas en su integridad física o a morir en el intento de aspirar a un proyecto de vida viable».

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Para las ONG, «la criminalización del aborto es un problema de salud pública, que ocasiona la muerte prevenible de mujeres, niñas y adolescentes».

Sostienen que «oficialmente es reconocido que el aborto inseguro es la tercera causa de la alta mortalidad materna en nuestro país. Por otra parte, origina la morbilidad que incapacita a cientos de mujeres, adolescentes y niñas, que además deben vivir con el estigma de la ilegalidad. Ello sin contar el importante sub registro de abortos clandestinos», argumenta.

Por ello, proponen «promover el debate en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en un Estado laico».

Y, finalmente, enfatizan que «los delitos de aborto son solo causa de muerte y lesiones incapacitantes que sufren desproporcionadamente las más vulnerables».

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Organizaciones, defensoras de derechos humanos y activistas protestan pacíficamente en la Plaza Morelos, Caracas, para exigir la despenalización del aborto en Venezuela: “Aborto legal es nuestro derecho” #RutaVerde #AbortoLegalYaVzla #28Sep pic.twitter.com/BxfK1vHVHn

Madre por elección, no por castigo», reza un cartel mal pegado en una calle de Caracas, con letras descoloridas por la lluvia. Esta petición no ha encontrado cabida en Venezuela. Es un país conservador donde el aborto es ilegal y aún está lejos de surfear la «marea verde» de los movimientos proaborto que baña a parte de América Latina.

Un caso reciente: el de una maestra y activista, detenida en Mérida. Todo por asistir en el aborto de una adolescente de 13 años, que quedó embarazada tras ser violada y cuyo agresor está libre.

A Vannesa Rosales, docente, la acusaron de aborto asistido por tercero y asociación para delinquir. «Puede llegar a ser sentenciada hasta a 12 años de prisión», explicó a la AFP su defensora, Venus Faddoul.

Unas 200 organizaciones, incluso fuera del país, pidieron en un comunicado un «proceso justo» para Rosales, de 31 años.

Pasó tres meses recluida en un calabozo policial y se le impuso el arresto domiciliario en enero. 

La madre de la menor también estuvo detenida y al mes salió bajo una medida cautelar humanitaria.

«El culpable es el Estado, que no se ha puesto acorde con los derechos humanos de la mujer», declaró Faddoul.

En América Latina, el aborto es legal en Cuba, Uruguay, Guyana y ahora en Argentina. Se aprobó a finales de 2020, de una ley que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

Venezuela, un país fervorosamente católico y conservador, está en fila. Detrás «de buena parte del mundo y también de la región», explicó Magdymar León. Ella es coordinadora de Avesa, una ONG dedicada a defender los derechos de las mujeres, sexuales y reproductivos.

El Código Penal venezolano, de 1926 y reformado por última vez en 2005, sanciona el «aborto provocado». Las sentencia es de hasta seis años.

Las penas se reducen cuando el aborto implica salvar el «honor» de la mujer o su familia. No habrá penas si es provocado para «salvar la vida de la parturienta».

No obstante, «se siguen practicando abortos inseguros». Lo hacen con hierbas, objetos punzantes y sustancias. Aunque ahora «hay una tendencia» a usar fármacos, un método más seguro, apuntó León.

Con todo, es difícil tener una visión general de cuántos abortos clandestinos se practican en Venezuela y bajo qué métodos.

La situación económica del país, con una brecha cada vez más grande en las clases sociales, también influye. La posibilidad de interrumpir un embarazo y en el método utilizado cuesta.

Hay especialistas que lo hacen en sus consultas privadas o a domicilio. Así lo admitió un médico de una maternidad pública en Caracas, que pidió anonimato.

«He escuchado que van y lo hacen, y eso está alrededor de 400, 500 dólares», señaló. «Es común que lleguen mujeres (…) preguntando para practicarse un aborto» con hasta 14 semanas.

El obstetra recordó cómo una mujer que «tenía como siete semanas» de embarazo le «ofreció plata para practicar un aborto». Se negó porque es ilegal. 

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Activistas como María Laura Cano, del colectivo En Tinta Violeta, tomaron el testigo de la despenalización del aborto. Es una causa que ya suma cuatro décadas de intentos infructuosos en el país. 

Participó durante 2018 en entregas de proyectos de ley ante la oficialista Asamblea Constituyente, que rigió con poderes absolutos hasta 2020, y pidió a la TSJ también de línea oficialista, que relajara la penalización del aborto.

Las propuestas «fueron colocadas bajo la mesa, siempre bajo la excusa de que el aborto (…) no es un asunto político del momento actual», denunció a la AFP esta activista de 25 años.

Ahora con un nuevo Parlamento, controlado de nuevo por el chavismo gobernante, que se hace llamar también «feminista», se espera que el aborto entre en la agenda legislativa.

«La interrupción voluntaria del embarazo debe ser uno de los temas a discutir», aseguró a la AFP la diputada Asia Villegas, presidenta de la comisión legislativa de Familia y exministra de la Mujer.

Para Cano, el tema merece sinceridad: «hay que quitarse un poco esa doble moral en cuanto al aborto y asumir que es un asunto de salud pública».