Luego de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado Edwuard Junior Rivera Ramírez (33), a 30 años de prisión por su responsabilidad en el abuso sexual en contra de sus dos hijastras, de 9 y 11 años de edad.

El hecho denunciado por la madre de las víctimas el 25 de septiembre del 2022 ante el Centro de Coordinación Policial del municipio Veroes, ubicado en el estado Yaracuy.

Ese día, la progenitora de las víctimas se trasladó hasta el centro asistencial Dr. Ulacio Douglas de Farriar; ubicado en el referido municipio, debido a que sus hijas presentaban un fuerte dolor abdominal y en sus partes íntimas.

Durante el chequeo médico le informan que las niñas estaban contagiadas de una enfermedad por trasmisión sexual. Al ser interrogadas, ambas revelaron que fueron abusadas por su padrastro cuando su madre salió a comprar alimentos, reseña una nota del MP.

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Por tal motivo, la mujer se trasladó hasta el Centro de Coordinación Policial José Joaquín Veroes, para denunciar a su pareja en función de lo sucedido.

Ante tal situación, el sujeto resultó aprehendido en flagrancia ese mismo día y puesto a disposición inmediata del Ministerio Público.

Durante el juicio, la Fiscalía 8ª de la mencionada jurisdicción ratificó la acusación contra Rivera Ramírez por la comisión de abuso sexual con penetración.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios y órganos de pruebas por parte de la representación fiscal, el Tribunal 1° de Juicio dictó la citada condena contra Rivera Ramírez y ordenó su reclusión en la sede del órgano aprehensor.

Autoridades galas lo descubrieron, y así se generó una alerta en la Secretaria General en Francia y se desplegaron labores de verificación del material encontrado, con lo cual tuvieron indicios de que provenía de Colombia.

Los expertos policiales hicieron un exhaustivo análisis de más de 90 imágenes, entre videos y fotografías, que contienen evidencia digital de abuso sexual en contra de menores de edad.

Así, lograron obtener material probatorio y varios elementos que permitieron ubicar el sitio donde, al parecer, se estaba cometiendo este delito.

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Identificaron que el material sexual, videos y fotografías, era difundido a través de la conocida “dark web” y empezaron a seguirle la pista bajo los protocolos establecidos en la base de datos International Child Sexual Explotation, que hace seguimiento a estos casos de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Este lunes 27 de febrero, se lograron consolidar capturas, gracias a un trabajo conjunto de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal, la Fiscalía, el Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales HSI /ICE, la Unidad de Infancia y Adolescencia del Valle de Aburrá, la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Interpol.

Tras conocerse la ubicación exacta, se hicieron dos diligencias de allanamiento y registro realizadas. 

La primera de ellas se hizo en una casa ubicada en el barrio Alfonso López, comuna 5 (Castilla), donde fueron rescatados los tres menores de edad víctimas de los hechos y se capturó a su madre.

La segunda fue en una finca ubicada en la vereda Bareño, de Yolombó, Nordeste antioqueño, donde fue capturada la tía de los niños. Asimismo, en estos procedimientos, se incautaron seis celulares y un disco duro.

Las víctimas son un bebé de 19 meses, una niña de 7 años y un niño de 9 años, quienes fueron trasladados por funcionarios de Policía de Infancia y Adolescencia a un hospital de la ciudad para recibir atención y valoración médica.

Después, la Comisaría de Familia hizo el procedimiento para restablecer sus derechos.

Las capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías para legalizar su captura y se les ordenó medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario como presuntas responsables de los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Coincidimos con El Colombiano -que dio la primicia- en que lo más aberrante de todo es que las responsables del hecho serían la madre y una tía de las víctimas.

La iglesia católica colombiana pedirá perdón por los casos de pederastia que los curas han cometido en Colombia.

Esta trascendental decisión la tomaron los obispos reunidos en la Asamblea de la Conferencia Episcopal Colombiana que se lleva a cabo esta semana en Bogotá.

Esta decisión contempla también medidas para evitar que se repitan casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia católica.  

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La iniciativa está consignada en una cartilla que se llama «La cultura del cuidado».

En el centro estarán las víctimas y habrá reparación integral, es decir, no solo económica sino también a nivel psicológico, pues los obispos dicen estar conscientes de que se han cometido errores y actos de negligencia.

Por otro lado, aseguró la Iglesia católica, que continuarán las investigaciones contra los sacerdotes que estén señalados de cometer delitos y que, si es necesario, vayan a la cárcel.

El Ministerio Público informó que fue condenado a 20 años de prisión Javier Alexander Narváez Salas (26 años), por su responsabilidad en el abuso sexual en contra de su prima de seis años de edad, en el estado Falcón.

La situación fue detectada el 27 de agosto de 2021 en el municipio Acosta, tras la denuncia formulada por la madre de la víctima ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó el MP en nota de prensa.

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La noche del citado día, su domicilio situado en el sector La Pastora se hallaba sin electricidad, al notar que la niña no estaba cerca comenzó a buscarla con la linterna y la encontró desnuda y llena de sangre.

Al interrogar a su hija qué había ocurrido, le indicó que su primo Narváez Salas había abusado de ella y la había mordido por todo el cuerpo bajo amenazas de muerte. Tras conocer esta situación la mamá de la víctima formuló la denuncia ante el Cicpc.

El 30 de agosto de ese año, Narváez Salas fue aprehendido por la policía científica en su domicilio y fue puesto a la orden del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 19ª de Falcón ratificó la acusación en contra de Narváez Salas, por la comisión del delito de abuso sexual con penetración en perjuicio de la niña de seis años.

Una vez evaluados los elementos de prueba presentados por la representación de la Fiscalía 19ª de Falcón, el Tribunal Único de Juicio de la referida jurisdicción dictó la condena de 20 años de prisión para el hombre y ordenó su reclusión en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón.

Dos hombres, entre ellos el exdiputado al Consejo Legislativo del estado Zulia, José Vielma, se encuentran tras las rejas por haber abusado sexualmente a una menor de 16 años en la entidad occidental.

El director de la policía regional, Sergio Villasmil, habría informado a medios regionales que el pasado 28 de mayo el tío de la víctima, habría interpuesto una denuncia en contra de Robert Jesús Dávila Villalobos, un hombre que habría causado lesiones, maltrato e intimidación psicológica a la menor de edad.

Explica el jefe policial que mientras realizaban la denuncia, la menor comenzó a recibir en su teléfono celular mensajes del exdiputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, José Vielma, quien además es padrino de la niña.

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Al parecer, dentro de los mensajes que pudo captar la policía y que habría sido enviados desde hace tiempo a la niña, hay videos de pornografía infantil, conversaciones entre ella y el exdiputado, donde este último supuestamente la invita a tener relaciones sexuales, según el jefe policial.

Una vez obtenidas todas las pruebas incriminatorias, la policía regional procede a buscar a los dos hombres en sus residencias.

Al llegar la comisión policial a la residencia del exdiputado regional, este ofrece resistencia y amenaza a los funcionarios, con su antiguo cargo y supuestas influencias.

Tanto el exdiputado como el otro hombre fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

Por el abuso sexual y trato cruel de cinco niños detuvieron a una pareja en Mérida. La información la dio a conocer el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram.

Dijo que una comisión de la Delegación Municipal Tovar, realizó la detención de María Flor Vargas Vargas (25) y Roberto Antonio Ferreira Arellano (30). Ellos estaban «involucrados en agresiones físicas y abuso sexual cometidos contra cinco niños entre 3 y 9 años».

Los hechos ocurrían en la población San José, Sector Jesús Moreno, parroquia Mesa Bolívar, municipio Antonio Pinto Salinas del estado Mérida.

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Rico relató que, «Roberto, valiéndose de ser padre de cuatro de los pequeños y padrastro del quinto, los sometía, abusando sexualmente de su hijastra de 9 años. Le realizaba actos lascivos a su hija de 7 años y maltratos físicos y psicológicos contra los niños de 5, 4 y 3 años».

Agrega que el sujeto «realizaba estas acciones bajo el pleno conocimiento de María Flor». Ella «les indicaba que no debían comentar lo ocurrido o serían golpeados».

A su vez, «se pudo conocer, que la pareja, forzaba a los niños a ver sus encuentros sexuales, generándoles problemas psicológicos a las víctimas».

El caso está en manos de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Mérida.

Un profesor de tenis, de 37 años de edad, lo enviaron a la cárcel por un Juez de Control de Garantías de Medellín, por ser el presunto responsable cometer los delitos de acto sexual violento agravado y acceso carnal violento agravado, ambas conductas en concurso homogéneo y sucesivo a su propia hija, menor de edad.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, el profesor de tenis lo señalan de realizar tocamientos de carácter sexual a su hija, desde que ella contaba con cuatro años.

Los diferentes abusos los cometió dentro de una vivienda ubicada en el occidente de Medellín, habrían comenzado en el 2013 y, al parecer, continuaron entre el 2020 y 2021.

Según la Directora Seccional de Fiscalía de Medellín, Natalia Rendón, reveló que con las investigaciones realizadas, la víctima la maltrataron en por lo menos diez oportunidades.

Así mismo, de acuerdo con la denuncia interpuesta la niña recibió golpes en el rostro y maltrato psicológico por parte de su progenitor, reveló el fiscal.

EL profesional del deporte lo capturaron unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia este 31 de enero y no se allanó a los cargos imputados.

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Durante el mes de enero de 2022 procesaron a seis padres biológicos por conductas sexuales contra sus hijos en Medellín, informó la Fiscalía General de la Nación.

La mano derecha del magnate Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, fue hallada culpable de cinco de los seis cargos, entre ellos el tráfico de menores de edad y abuso sexual, por los cuales se le acusó ante un juzgado de Nueva York.

El juicio comenzó sus deliberaciones el pasado 20 de diciembre, después de que la Fiscalía presentara los alegatos de cuatro mujeres, quienes siendo menores de 14 años, habrían sido abusadas sexualmente por el magnate y parte de sus amigos, en propiedades de Jeffrey Epstein en Nueva York, Miami y Nuevo México.

«Los miembros del jurado deliberaron durante cinco días completos antes de encontrar a Maxwell culpable de cinco de seis cargos. Mientras se leyó el veredicto, Maxwell pareció mostrar poca reacción detrás de una máscara negra. Se quedó de pie con las manos cruzadas mientras el jurado se retiraba y miró a sus hermanos mientras la sacaban de la sala del tribunal, pero por lo demás estaba estoica», describe el portal de noticias Infobae.

La Fiscalía presenta 24 testigos, entre ellos empleados de Jeffrey Epstein. Ellos indicaron que al momento de ser contratados debían apegarse a una especie de código de silencio, en donde no podía comentar nada de lo que ocurría en las mansiones del magnate.

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La defensa de Maxwell alega que el juicio en contra de la mano derecha de Jeffrey Epstein es una especie de retaliación. A juicio de los abogados, «el verdadero monstruo» era el magnate.

La notoriedad del magnate norteamericano viene dada después de que se conociera un primer caso donde lo señalan por abuso sexual de un menor. El hombre era reconocido por extravagantes bacanales donde invitaban a personas influyentes, empresarios, políticos, actores y hasta personas de la realeza.

El mayor escándalo se hizo público cuando las autoridades descubrieron una agenda, la cual llamaron El Libro Negro. En el mismo había una extensa lista de personalidades y gran parte de los nombres tenían a su lado la palabra «masaje».

Vale acotar que los abusos de los menores fueron cometidos bajo la figura de masajes personales a dichas personalidades y al propio Epstein. Ghislaine Maxwell supuestamente participó en los abusos a las menores de edad.

Después de ser arrestado el 10 de agosto de 2019 se conoce la noticia de que Jeffrey Epstein supuestamente se había suicida. El hecho ocurre en una celda vigilada del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Con información de Infobae

Las autoridades de la Policía de Táchira capturaron a un hombre en Ureña por violar y embarazar a su hijastra, una niña de 13 años.

Lo más atroz de este este caso es que la madre de la menor es cómplice y está detenida.

La captura del padrastro y la madre ocurrió el pasado lunes en horas de la tarde, en una vivienda familiar ubicada en el sector 4 del barrio Bolivariano, en la fronteriza población de Ureña.

Las detenciones se realizan, luego que los vecinos horrorizados por el hecho llegaron con palos y piedras a linchar al hombre por violar la niña de 13 años que tiene seis meses de embarazo.

Politáchira debió intervenir, conjuntamente con efectivos del Conas-GAES 21 y la Fiscalía XXVI del Ministerio Público, reseñó La Nación.

Los uniformados procedieron a la captura del individuo y rápidamente lo sacaron del área, a los efectos de preservar su integridad personal, pues, ante los ánimos caldeados por parte de los vecinos, se temía que pudiera ser víctima de agresión.

El individuo está identificado tan solo como J. M. Ríos, de quien no aportaron detalles de tipo personal.

Se conoció que el sujeto lo investigaban desde hace algunos días.

El padre biológico de la menor había acudido al Conas-Gaes21 de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ministerio Público para presentar denuncia sobre las violaciones que de manera continua sufría la niña.

Esta situación estaba ocurriendo desde hace tiempo y al parecer eran del conocimiento de la madre de la niña, a la vez concubina del ahora imputado, quien nada hizo por evitarlo, ni lo comunicó a las autoridades.

Razón por la cual también la detienen por presunta complicidad en el hecho delictivo que afectaba a su propia hija.

La pareja permanece tras las rejas en la sede de la Policía Estadal en Ureña, a las órdenes de la Fiscalía 26ª del Ministerio Público.

La pequeña la trasladaron a medicina forense para examinarla, allí se comprobó que presenta un embarazo de seis meses.

Autoridades capturaron a los directivos de un hogar de paso del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en Valledupar, Colombia, por abuso sexual contra menores.

Las autoridades recibieron la denuncia de una menor que fue víctima de violación.

La menor vivía en el hogar de paso que tenía convenio con Bienestar Familiar, institución que brinda protección y acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso.

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Las autoridades confirmaron el hecho y capturaron al director y el coordinador de la fundación, quienes, según informó la Fiscalía, habrían obligado a una menor a presenciar sus relaciones sexuales y luego la habrían accedido carnalmente.

Según el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, hay más víctimas de los vejámenes sexuales.

Las pruebas indican que también utilizaban a las niñas para realizar videos pornográficos, reseñó BluRadio.

“El material probatorio y los testimonios recopilados indican que los procesados al parecer sacaban a algunas niñas del hogar de paso para inducirlas, mediante videos para adultos, a las prácticas sexuales”, dijo el fiscal Barbosa.

La directora del ICBF, Lina Arbeláez, también se pronunció sobre el caso.

Indicó que los 70 niños que estaban internados en esta fundación los evacuaron y están en lugares seguros.

La fundación que funcionaba desde el 2014 como hogar de paso para menores abusados o con problemas de drogadicción la cerrarán definitivamente.

“Para este caso pusimos a disposición de la Fiscalía todo el material que recogió el equipo élite con indicios e indicaciones que había violencia física, sexual y obviamente psicológica contra los niños y niñas de esta institución que venía operando desde 2014”, indicó. Arbeláez.

De Chile hasta México, América Latina no quedó indemne de los abusos sexuales a menores perpetrados por sacerdotes y religiosos en el seno de la iglesia católica. Es un «instrumento de Satán» que el papa Francisco se comprometió a combatir. Venezuela tampoco escapado de este flagelo, según un balance registrado por la agencia AFP.

Según cifras oficiales, hasta 2019 más de 200 miembros de la iglesia chilena han sido investigados por más de 150 casos de abusos sexuales. Mientras, se han identificado más de 240 víctimas, de las cuales 123 eran menores.

El caso más sonado es el del influyente cura Fernando Karadima, al que el Vaticano condenó en 2011 por abuso sexual a menores. Lo hizo cuando dirigía, entre 1980 y 2006, la parroquia de El Bosque, en un barrio acomodado de Santiago.

Aunque a este formador de obispos le expulsaron del sacerdocio, no lo juzgaron las cortes civiles al considerarse las denuncias prescritas. Una posterior ley declaró «imprescriptible» el abuso sexual a menores.

La iglesia católica ha enfrentado varios escándalos de pederastia en México durante los últimos años. Pero el más grande es el de los Legionarios de Cristo.

Según un informe actualizado hasta marzo pasado, los Legionarios reconocen a 170 menores víctimas de abusos sexuales cometidos por 27 sacerdotes entre 1941 y 2019. En su gran mayoría se trataba de hombres adolescentes de entre 11 y 16 años.

De esos 27 sacerdotes, tres fallecieron sin ser juzgados, dos han sido condenados en el fuero penal. El resto no han sido procesados por diversos motivos, entre otros los plazos de prescripción.

En el ámbito eclesiástico, de los 27 sacerdotes dos fallecieron sin ser juzgados. Pero, sancionaron a 16, ocho están en un procedimiento canónico y uno recibió la dispensa del ministerio sin juicio.

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Al menos 13 casos de abuso sexual denunciaron en Nicaragua años atrás, pero ninguno llegó a juicio en el país.

El caso más sonado es el de Marco Dessi. Se trata de un sacerdote italiano juzgado y condenado en Italia por abusar de cinco niños en el departamento nicaragüense de Chinandega, donde vivió 30 años. Durante el juicio, surgieron 100 nuevas denuncias. Murió en su país natal en 2016.

En diciembre de 2016, la Iglesia católica destituyó a tres sacerdotes salvadoreños. A Juan Francisco Gálvez, Antonio Molina y Jesús Delgado los declararon culpables del abiso de menores.

En Guatemala se registraron tres casos, entre ellos el del párroco Ignacio López. Le condenaron en septiembre de 2018 a 16 años de prisión por el abuso de una adolescente en la ciudad de Puerto Barrios.

Según la fiscalía, el sacerdote «abusó en reiteradas ocasiones de la menor». «Se valió de su posición religiosa» y la «mantuvo amenazada de muerte» para que no dijera nada a sus padres.

Los otros dos sacerdotes señalados siguen trabajando para la Iglesia en seminarios.

El caso más sonado de los últimos tiempos en Costa Rica es el de Mauricio Víquez. A él lo arrestaron en México en 2019, luego de fugarse por hechos contra cuatro menores de edad.

Este hombre debe enfrentar juicio por abusos sexuales, violaciones, tentativa de violación y difusión de pornografía infantil, entre otros delitos.

La justicia civil peruana condenó a prisión a al menos tres sacerdotes por abusos sexuales en los últimos años. Las denuncias de abusos y condenas coincidieron con la elección del papa Francisco, en marzo de 2013.

El caso más conocido es en cambio el del laico Luis Fernando Figari. El fundador de Sodalicio de Vida Cristiana, es culpable por abusos psicológicos, físicos y sexuales.

Figari salió de Perú ese año y vive en Roma, confinado por el Vaticano en una casa de retiro por razones «espirituales». Además de Figari, denunciaron a cuatro integrantes de la jerarquía de esa organización. Lo hicieron por abusos cometidos a contra adolescentes reclutados como «soldados de Cristo» en la década de 1970 y 1980, en Lima. 

Los tribunales de Ecuador condenaron en 2020 a nueve años de prisión a un sacerdote de Quito por abusar de dos hermanas. Dos años antes, a otro cura de Guayaquil (suroeste) se le impuso 20 años de prisión por delitos sexuales contra jóvenes entre 2011 y 2013.

La justicia ecuatoriana tiene abiertos procesos al menos contra otros dos religiosos.

En abril de 2020, la Iglesia católica de Colombia apartó a por lo menos 19 sacerdotes que pertenecían a la Arquidiócesis de Villavicencio. Los denunciaron por abuso sexual, en un caso que está abierto. 

En 2019, el entonces arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar, reconoció que conocían más de 100 casos, sin precisar las fechas de la comisión de los delitos. Según una investigación de Blu Radio de ese mismo año, la fiscalía investigaba a 57 sacerdotes.

En enero de 2020, un adolescente de 17 años confesó haber asesinado a un sacerdote que había abusado de él en el estado Táchira. Las autoridades informaron que había denuncias contra el cura por abusos sexuales en 2014 y 2015.

En el 2018 detuvieron a un cura de origen español fue detenido en 2018 por abusos contra una niña de 12 años en el estado Zulia.

El último caso de fuerte impacto en la sociedad argentina es el de más de una veintena de abusos sexuales cometidos en el Instituto Próvolo. La institución ayudaba a niños con enfermedades auditivas.

A los autores de estos hechos, entre ellos dos sacerdotes los condenaron en 2019 a hasta 42 años de prisión. La causa sigue abierta con el proceso de enjuiciamiento de varias mujeres, entre ellas dos monjas.

Tras décadas de acusaciones, un jurado de Nueva York encontó culpable este lunes al rapero estadounidense Robert Kelly de extorsión en un caso de tráfico sexual que incluía la captación y abuso sexual de mujeres, niños y niñas, reporta AP. El cantante podría recibir una pena de prisión de varias décadas.

Al músico se le sentenció por 14 actos que comprendían la explotación sexual de un niño. También secuestro, soborno y cargos de tráfico sexual. Lo acusaron de ocho cargos de violación de la Ley Mann, que impide el transporte de cualquier persona a través de las fronteras del estado «para cualquier propósito inmoral».

Durante el desarrollo del proceso, las víctimas sostuvieron que les habían ordenado suscribir formularios de confidencialidad.

Así como que habían sido amenazadas y castigadas con azotes si rompían las así llamadas «reglas de Rob». Al jurado también le mostraron cintas de Kelly durante actos sexuales que no eran consentidos, según defendió la parte demandante.

Las personas afectadas temían que tales videos los usaran contra ellas si se atrevían a revelar los crímenes de Kelly.

Entretanto, se espera que el veredicto final sea dictaminado próximamente. 

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Robert Sylvester Kelly, de 54 años, lo acusaron por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de delitos de crimen organizado.  Coacción y transporte de mujeres y niñas para realizar actividades sexuales ilegales en Estados Unidos durante dos décadas. Cargos similares a los que afronta en Chicago, donde estuvo entre rejas desde su detención en 2019 hasta junio de 2021.

«Este caso trata sobre un depredador que durante décadas usó la fama. La popularidad y una red de socios para engañar a chicas, chicos y mujeres jóvenes para sus propios fines sexuales», dijo en un tribunal federal de Brooklyn la fiscal adjunta María Cruz Meléndez, citada por el canal NBC News.

La fiscal expuso sus interacciones con seis mujeres y niñas -incluida Aaliyah, que falleció en 2001 en un accidente de avión. Se refirió a ellas por su nombre de pila y que tenían entre 16 y 22 años cuando sufrieron los supuestos abusos por parte del cantante. Algunas previsiblemente comparecerán como testigos en el proceso, de acuerdo con la prensa local.

Las autoridades señalaron que dos de las mujeres testigos aparecieron en el documental «Surviving R. Kelly» (Sobreviviendo a R. Kelly). Lo cual generó un fuerte escrutinio sobre el cantante y propició su imputación unos meses después.

El juicio contra el autor de la famosa canción «I believe I can fly», fue determinante para el veredicto. El jurado lo conformaron 7 hombres y 5 mujeres. Permanecieron en el anonimato, en línea con otras medidas de privacidad como el veto de la prensa y el público en la sala.

Antes del veredicto, la defensa se dirigió al jurado para intentar sembrar la duda sobre los testimonios de las víctimas.  Sugirieron que estaban llenos de «exageraciones» y «falsedades».  Hasta el punto en que «ni el gobierno será capaz de desenredar el lío de mentiras».

El artista, que fue absuelto en 2008 en un juicio por pornografía infantil, se había declarado inocente de los cargos. Afirmó que las jóvenes denunciantes eran seguidoras que «se morían por estar con él».

Kelly, aseveró que solo empezaron a acusarle de abusos años después, cuando el movimiento MeToo ganó fuerza.

Además de los cargos federales que afronta en Nueva York y Chicago, Kelly es objeto de acusaciones a nivel estatal en Illinois y Minnesota.

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Oeste detuvieron a un profesor de teatro por el delito de abuso sexual contra un menor de 15 años en Caracas.

El hombre está identificado como Oscar Ernesto Sojo Montaño de 38 años de edad, quien valiéndose de impartir clases de teatro, manipuló a la víctima para que acudiera a su residencia.

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Una vez allí, Sojo Montaño sometió y forzó al joven a tener relaciones sexuales.

Las investigaciones llevaron a una comisión de la Delegación a la avenida Morán, parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, donde detuvieron a Sojo Montaño.

El profesor de teatro quedó a la orden del Ministerio Público en Caracas.

Y. Moreno Moreno es un docente de educación primaria, detenido por la policía Metropolitana de Cúcuta por abusar sexualmente de un menor de edad.

Este sujeto de 50 años cometía los hechos dentro de un colegio en el sector El Contento, en la capital del departamento del Norte de Santander.

Moreno aseguraba a los estudiantes que si no se dejaban tocar las partes íntimas les haría perder el año escolar, publicó La Prensa Táchira

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Uno de los jóvenes, quien se negó a los actos lascivos, le contó a su madre lo que venía ocurriendo en la institución.

Por esta razón, realizó la denuncia ante el organismo de seguridad.

Luego de conocerse el caso, los uniformados iniciaron un proceso investigativo recolectando evidencias y elementos materiales probatorios logrando que se emanara una orden de captura en contra el educador.

Posteriormente lo detuvieron y quedó a las órdenes de la fiscalía de Colombia por el abuso hacia una menor de 14 años de edad.

El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, declaró este jueves procedente pedir a Perú la extradición de un ciudadano venezolano acusado de abuso sexual.

Se trata de Herson José Ramírez Rondón. «Será sometido a un proceso penal en Venezuela, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual a niño sin penetración en grado de continuidad», detalló el TSJ en un comunicado.

La sentencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, asume «el firme compromiso ante la República de Perú» de que al acusado «se le seguirá juicio penal únicamente por la presunta comisión de los delitos mencionados». Y ofrece «las debidas garantías consagradas en la Constitución».

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La investigación del caso comenzó con la denuncia hecha en 2015. Una ciudadana «indicó que su hijo de 6 años de edad le contó» que el acusado «habría cometido actos lascivos en su contra: Lo hizo en varias ocasiones en un apartamento».

El TSJ aseguró constatar que, en el presente caso, «además de los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en Venezuela».

TSJ declaró procedente solicitar a Perú extradición de venezolano por abuso sexual a niño https://t.co/Yo8Ye2aTLp pic.twitter.com/lNsvltEygk

Los casos aberrantes de violencia y abuso infantil han aumentado en Venezuela, específicamente en la frontera con Colombia, la incidencia se disparó, en su mayoría con violaciones perpetradas por familiares de los infantes.

Los especialistas recomiendan actuar cuando se tiene información de un caso de abuso sexual y maltrato de infantes.

“Debemos acudir al Consejo de Niñas Niños y Adolescentes del municipio donde reside el infante para solicitar la medida de protección. No podemos quedarnos sin hacer nada”, aseguró María Elena Jiménez, exfiscal del Ministerio Público.

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“El silencio es lo que permite que casos de violación sigan ocurriendo”, enfatizó.

Este es un reportaje de la periodista Maryné Glod para Impacto Venezuela que presenta la dramática situación que se vive en la frontera de Venezuela, donde la violencia infantil se dispara ante la crisis.   

Funcionaros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) en Barinas detuvo a hombre, identificado como Luis C. Buitriagro B., señalado de presunto abuso sexual de dos menores de 13 y 17 años.

Según el parte policial, la detención del sujeto ocurrió en el sector Virgen de Betania, parroquia Ramón Ignacio Méndez, del municipio Barinas.

Indican que luego de realizar la investigación, se encontraron con que el hombre de 30 años de edad tenía un perfil en Facebook, con el nombre de Natty Peña. Allí captaba jóvenes, lograba amistad con ellos y les ofrecías de 150 a 200 dólares para encuentros sexuales.

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Ambos jóvenes accedieron a ir a un lugar a encontrarse con “Natty”, pero en el lugar estaba Buitriago, quien les aseguro que la mujer estaba cerca del lugar.

«Luego de unos minutos el hombre las induce para sostener relaciones sexuales a cambio del dinero, sin embargo, este no les hace entrega de la moneda», indica la minuta policial, reseña La Prensa de Táchira.

Las investigaciones también arrojaron que Buitriago tiene varias solicitudes por abuso policial. Es detenido y varias de las víctimas han declarado en su contra.

El caso de Buitriago está a la orden del Ministerio Público en la entidad.

Funcionarios de la Policía Municipal de Simón Bolívar (Polibolívar), capturaron a un hombre que está señalado de abuso sexual contra una niña de 10 años en Anzoátegui.

El hombre está identificado como Luis Armando Salazar Guacarán, de 34 años, quien caminaba por la avenida principal de la zona industrial de Barcelona cuando lo atraparon.

Salazar Guacarán es denunciado por la progenitora de la niña de cometer el ultraje cuando la menor de edad se encontraba sola en su vivienda, reseño el diario El Tiempo.

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Según el testimonio de la madre de la menor, Salazar aprovechó que la pequeña jugaba en el patio de la casa para violarla.

Luego, al llegar la progenitora, la niña le contó lo que le hizo el sujeto, quien es un vecino.

El director de Polibolívar, supervisor jefe Alexander Urbina, informó que el presunto agresor está detenido en la sede del organismo de seguridad.

“Se le abrió un expediente y se notificó al Ministerio Público (MP) para que le imputara los delitos y lo pusiera a la orden de un juez de Control de Niño, Niña y Adolescente”, dijo.

La  Sala de Casación Penal del TSJ, declaró procedente la solicitud de extradición activa del venezolano Nikos Tzorztzakis, al Gobierno de Grecia, para someterlo en Venezuela a un proceso penal por su presunta participación en el delito de abuso sexual a niñas y adolescentes.

El delito lo cometió el pasado 27 de diciembre de 2008, día en que el supuesto victimario, en la Quinta Olivares, abusó de una adolescente que se encontraba dormida en su habitación.

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Señala la sentencia N° 84-2020 que a Tzorztzakis  se le seguirá juicio penal únicamente por su participación en la presunta comisión de los referidos delitos, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de Venezuela.

Constató la Sala que en el presente caso, además de los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en Venezuela.

Los hechos que originaron el presente caso ocurrieron  en 1994, cuando presuntamente  Nikos Tzorztzakis abusó de una niña de cinco años en la residencia de sus abuelos maternos, ubicada en Colina de Los Caobos en Caracas.

Los delitos que pesan sobre Tzorztzakis están previsto  y sancionado en el artículo 260 en relación con el primer aparte del artículo 259.

Además, la agravante genérica contenida en el artículo 217, todos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y los artículos 88 y 99 del Código Penal.