Tras un extenso trabajo de campo realizado por funcionarios de la delegación municipal del Cicpc en Caucagua, fueron detenidos  tres jóvenes por abuso sexual contra una menor de 11 años, informó el director del organismo, Douglas Rico.

A través de una denuncia interpuesta por la madre de la víctima e investigaciones    realizadas, se pudo determinar que los hechos ocurrieron en el sector El Clavo, parroquia Arévalo González, del municipio Acevedo, del estado Miranda.

Rico informó que la menor de 11 años acudió a una vivienda en compañía de una amiga de 15 años (detenida), donde se encontraban Kelwin Alejandro Monasterio Castro (18) y un joven de 16 años.

Una vez en el sitio, uno de ellos abusó de la joven, mientras que el otro no hizo nada para evitarlo.

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La niña  salió de la vivienda y fue avistada por su madre, quien le preguntó el motivo por el que se encontraba en esa vivienda. La pequeña se puso nerviosa y terminó confesando que había sido abusada.

Posteriormente, la madre llevó a la niña a un centro de salud y formuló la denuncia.

Fue así como los funcionarios del Cicpc dieron con la ubicación de los victimarios, quienes  quedaron a la orden del Ministerio Público.

En dos municipios del estado Zulia, las autoridades policiales detuvieron a dos sujetos por haber abusado sexualmente de menores de edad, una de ellas es la hijastra de uno de los hombres y la otra la hermanita del segundo.

El primer caso ocurrió en el municipio Lagunillas, donde Álvaro Segundo Villegas, de 46 años de edad, fue detenido en el sector El Danto, por grabar y abusar sexualmente de su hijastra de 12 años.

La madre de la víctima fue quien denunció al sujeto ante el Servicio de Investigación Penal (SIP) de Polilagunillas, publicó la prensa local.

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Tras un interrogatorio, la mujer relató que descubrió un video de 16 segundos en que se observa al sujeto, mientras tocaba las partes íntimas de la niña mientras dormía.

Tras conocer el caso, los uniformados arrestaron a Álvaro Segundo Villegas, a quienes se le acusa de abuso sexual sin penetración y pornografía infantil, indicó una nota de prensa del cuerpo policial.

Luego, Polilagunillas remitió a la víctima al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizarle los exámenes médicos pertinentes.

El segundo caso implica a José Daniel Martínez Nava, de 28 años, quien fue detenido en el sector Lomas de Niquitao, en el municipio Baralt, por abusar sexualmente de su hermana de 13 años.

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), detuvieron a Martínez, según la nota difundida por el organismo de seguridad.

En este sentido, se supo que el hombre también tocaba las partes íntimas a la adolescente, a la que también agredía físicamente y amenazaba de muerte si decía lo que le hacía.

Sin embargo, la niña alertó a las autoridades, por lo que arrestaron a Martínez.

Ambos casos quedaron a cargo de la fiscalía 43 del Ministerio Público.

El Vaticano publicó este martes el primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, una iniciativa del papa Francisco para luchar contra la violencia sexual, pero que sigue siendo insuficiente, según asociaciones de víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema.

Presentado como una «primera etapa», el informe «documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables», indicó la Comisión el viernes, precisando que también incluiría «recomendaciones específicas».

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.300 millones de católicos, pidió a la comisión este informe para tener una información «fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar» y llamó a un «nuevo comienzo».

Los miembros de la comisión constataron durante su investigación «la falta de datos disponibles» sobre agresiones sexuales, declaró la jurista neerlandesa Maud De Boer Buquicchio, responsable de la redacción del informe.

El texto se divide en cuatro partes, que estudiarán los procedimientos que se aplican en una quincena de Iglesias locales, en los distintos continentes y dentro de la Curia romana, el gobierno central de la Santa Sede.

Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

La instancia fue integrada en 2022 en la Curia pero ha sido objeto de duras críticas.

En marzo de 2023, su miembro más influyente, Hans Zollner, dimitió de la comisión y la acusó de adolecer de problemas estructurales y de transparencia.

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Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra esta lacra: eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

«Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo», dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia.

Según ella, cualquier cura «acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público».

Otra prioridad sería, afirma, «publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual».

«La responsabilidad empieza por divulgar la información», agregó, considerando que «el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia».

La Arquidiócesis de Caracas publicó un protocolo integral para la prevención, detección y atención de casos de abuso sexual, de poder y de conciencia dentro de la comunidad.

Se trata de un documento denominado: «Protocolo para la promoción de la cultura de buen trato, prevención de abusos contra niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables y su código de actuación».

En un comunicado, la Arquidiócesis explica que el documento es «fruto de un amplio proceso de reflexión con representantes de la comunidad eclesial», que «tiene como objetivo principal garantizar ambientes seguros y de respeto para todos los miembros de la Iglesia».

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El nuevo protocolo establece lineamientos para la prevención del abuso, incluyendo la creación de entornos seguros en las parroquias, otras instituciones de la Iglesia y la implementación de medidas de protección para niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el escrito define un procedimiento para la prevención, orientaciones pastorales, recepción de denuncias, investigación de casos de abuso y la atención a las víctimas, garantizando el respeto a sus derechos y dignidad.

Este procedimiento contempla la colaboración con las autoridades civiles competentes en caso de que así se requiera.

En el documento se destaca que el protocolo debe «Velar por los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes y las personas vulnerables y prevenir cualquier forma de violencia o abuso física o mental, negligencia, abandono o explotación que pueda ocurrir tanto en las relaciones interpersonales como en las estructuras o lugares de recreo dentro de la misma Iglesia».

Igualmente, establece «estar prestos a colaborar y ayudar con las autoridades competentes, cooperando con ellas en las actividades de prevención y denunciando los abusos».

Hace énfasis en que la iglesia se compromete a «procurar un proceso penal efectivo en los casos de cualquier abuso contra menores o personas vulnerables cometidos en jurisdicción de la Arquidiócesis Metropolitana de Caracas cometidas por las personas que, según el Derecho Canónico, están sometidas a su jurisdicción».

“Está prescrito, desde el Vaticano y cada una de las diócesis y parroquias de tener un protocolo, un documento que indica lo que usted puede, en un momento dado, poner una denuncia por abuso de poder, abuso sexual o por abuso de conciencia, por cualquier razón que usted se sienta con plena libertad de poder hacerlo”, así indica el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo Metropolitano de Caracas, respecto a este documento.