Cerca de 200.000 neozelandeses que vivieron en centros de acogida estatales o religiosos sufrieron abusos durante décadas, indicó una investigación publicada el miércoles, que llevó al primer ministro a pedir disculpas y prometer reformas.

Los autores del informe describieron malos tratos generalizados en instituciones estatales y religiosas y señalaron que se trata de una «catástrofe nacional impensable» que causa «daños inimaginables».

Durante la investigación, que duró seis años, decenas de víctimas relataron los abusos físicos, sexuales y mentales a los que fueron sometidos en orfanatos, centros de acogida, hospitales psiquiátricos y otras instituciones.

La comisión encargada del informe descubrió que «de los 655.000 niños, jóvenes y adultos que se calcula que han estado en estas estructuras entre 1950 y 2019, se estima que 200.000 sufrieron abusos y un número aún mayor, negligencias», publicó la AFP.

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Algunos niños fueron sometidos a terapia electroconvulsiva. Otros denunciaron abusos sexuales por parte de funcionarios eclesiásticos. Jóvenes madres dijeron también que se les obligó a dar a sus hijos en adopción.

El informe subraya además que algunos de los abusos estaban «impregnados de racismo» contra las personas de etnia maorí que se encontraban bajo tutela.

Una vez que estaban en estas infraestructuras, «los supervivientes maoríes sufrieron un trato más duro en muchos entornos», afirmó Arrun Soma, asesor principal de la investigación.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, admitió que la publicación del informe representa «un día oscuro y triste en la historia de Nueva Zelanda».

«Como sociedad y como Estado tuvimos que haber hecho mejor. Estoy convencido de que lo haremos mejor», declaró.

La investigación inició en 2018 y ha hecho 233 recomendaciones de reforma que el gobierno de Luxon ha prometido considerar. Las autoridades presentarán sus disculpas oficiales el 12 de noviembre.

El escándalo contra el cirujano cardiovascular Antonio Figueredo por golpear a varias mujeres sigue creciendo, una tercera mujer también lo denunció por las agresiones de este reconocido médico que trabaja en Bucaramanga.

La primera en denunciarlo fue la médica María Paula Pizarro, quien fue golpeada por el hombre el pasado 12 de noviembre; tras conocerse este caso, la anestesióloga Érika Plata dio a conocer que ella también había sido violentada por el cirujano Figueredo, pero entre 2012 y 2013; ambas mujeres estaban saliendo con el hombre.

Luego de que se conociera la denuncia de Pizarro, el cirujano fue apartado de su cargo en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga, departamento Santander.

Pero todo parece indicar que estas dos mujeres no han sido las únicas víctimas del comportamiento violento del cirujano, una tercera mujer, que prefirió mantener su identidad en anónimo, ya hizo su respectiva denuncia.

Esta mujer aclaró que tiene 43 años y que, a diferencia de las otras dos víctimas, ella no hace parte del gremio de la salud, pero sí mantuvo una relación sentimental con él. Ella dijo que estuvo con Antonio Figueredo unos 16 meses, desde el año 2015, esto después de que el hombre terminara su relación con Érika Plata.

La tercera víctima señaló que, durante ese tiempo, vivió las mismas agresiones que denunciaron las otras dos mujeres. Antonio Figueredo la golpeaba, la tiraba al piso, también le rompió un diente en medio de una de las agresiones. 

Los tres relatos coinciden en que la reacción violenta del hombre se da en medio de escenas de celos que el cirujano les hace, por su parte Plata y esta mujer señalan haber sido agredidas varias veces en lo que duraron sus respectivas relaciones con el cirujano.

“Yo empecé una relación con él en 2015, de hecho me habló de Érika Plata …Se metió a mi gimnasio, me adulteró mis redes sociales y las manejaba, yo pensaba que era normal, no sé qué me pasaba y acepté”, contó la tercera mujer.

Ella agregó que, cuando Figueredo le habló de cómo habían terminado las cosas con Plata ella pensó que no le pasaría igual por ser mayor que la anestesióloga y tener dos hijos, creyó que su madurez le evitaría problemas con el cirujano. “Lo que cuenta Érika Plata es verdad, porque él mismo me contó que él había ido a buscarla a Bogotá para golpearla, «le di en la jeta a esa perra y me devolví’, me dijo”.

Sobre las agresiones, señaló que fueron dos, en una de ellas “se metió al gimnasio y me vio entrenar, luego me llamó para que fuera a su apartamento que, en ese entonces, quedaba en La Aurora, yo fui al apartamento, cuando me abrió la puerta me cogió del cabello, me entró, me golpeó, tenía unas botas amarillas grandes, me pegaba y yo gritaba pero nada. Me decía que yo era lo peor, que era una pu**”, recordó la mujer, quien agregó que solo pudo salir del apartamento a rastras cuando Figueredo se durmió.

La mujer señaló que fue un error no denunciarlo, pero que no lo hizo porque la amenazó con hacerle daño a sus hijos y revelar fotos íntimas; sin embargo, logró mantenerse alejada del agresor porque su papá y sus hermanos llamaron a Figueredo, aunque este nunca les respondió.

Al igual que contó Érika Plata, en el tiempo que estuvieron juntos, este hombre les hacía constantes amenazas “si no te portas bien mira con lo que te voy a pegar”, les decía, según reveló la tercera mujer y les mostraba unas botas amarillas grandes que él utilizaba para salir.

Por ahora, el caso por la agresión de la médica María Paula Pizarro avanza ante las autoridades por la denuncia por maltrato físico y emocional, mientras Figueredo fue apartado de su cargo. La denuncia de Érika Plata no aparece en la Fiscalía pues ella señaló que no pudo continuar con el proceso ante las secuelas emocionales, mientras que la tercera mujer nunca denunció.

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Funcionarios del Cicpc de San José de Barlovento, municipio Páez del estado Miranda, detuvieron a Gineskka Noreymar Bellorín Martínez (31). Ella permitía abusos sexuales contra su hija de 8 años y grababa los hechos para comercializarlos.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram. Los hechos ocurrieron en la urbanización Los Apamates, parroquia Río Chico de esa entidad.

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Las pesquisas iniciaron cuando la comunidad alertó a los funcionarios. Manifestaron que en la vivienda de la niña, constantemente se escuchaban llantos. Por ello investigaron y se pudo determinar que, Gineskka, operaba junto a José Leoncio Valdez García (65) y Alejandro José Capodiferno Ruiz (60). A ellos también los detuvieron por cometer abuso sexual contra la menor.

Bellorín, tenía una relación sentimental con Valdez. Ambos entregaron a la niña a Alejandro, con la finalidad de grabar contenido pornográfico. Posteriormente se lucraban mediante la venta de los videos.

Durante las aprehensiones, incautaron dos celulares que usaban para las grabaciones. Los detenidos están a la orden del Ministerio Público.