La ONG Acceso a la Justicia pidió que la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, que abrirá en 2024, se comunique directamente con víctimas y sociedad civil.

En una nota de prensa, señalan que las «diferentes organizaciones de derechos humanos y las víctimas o sus familiares» pueden «brindar información relevante sobre el avance de sus casos en las instancias nacionales del sistema de justicia», lo que consideran «fundamental a los efectos de la complementariedad».

«La Fiscalía debe contar con la voz de las víctimas, sus familiares, abogados y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes interactúan directamente con el sistema de justicia venezolano», señaló la ONG.

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En junio, el fiscal Karim Khan anunció la apertura de la oficina de asistencia en el país, con un memorando firmado con Nicolás Maduro. Esto permitirá mayor justicia, aseguró.

Ese mismo mes, la CPI autorizó al fiscal a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que los «procesos penales internos» de Caracas «no reflejan suficientemente el alcance» del caso y hay «periodos de inactividad inexplicables».

Las reformas legales aprobadas desde 2021, en el marco de la llamada «revolución judicial» impulsada por Nicolás Maduro, no han dado resultado.

Por lo tanto, según un estudio de la ONG Acceso a la Justicia, las fallas que aquejan a la justicia venezolana persisten.

La ONG denunció que abogados en ejercicio se quejan porque subsisten los obstáculos para que realmente se haga justicia y hay cuatro casos que así lo demuestran.

La organización destaca que estos expedientes están contenidos en informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Además de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela.

«Estos señalamientos revelan que iniciativas como el llamado paquetazo penal, no han arrojado los resultados prometidos», señala la ONG.

Mediante este «paquetazo» se reformaron por lo menos unas ocho leyes y se aprobaron cuatro nuevas.

Lo que más llama la atención es que son casos donde los implicados son opositores o disidentes del Gobierno.

Las autoridades presentaron como solución al retardo procesal, a las detenciones ilegales o arbitrarias, la reforma de varias leyes.

Decían que eran «nuevas herramientas para garantizar el debido proceso en Venezuela».

Por ello, modificaron el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el Código Orgánico Penitenciario y el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM).

A la ellas se unieron la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales y la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. así como la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.

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El periodista Roland Carreño está detenido desde octubre del 2020. Lo señalan por su presunta participación en un complot contra Maduro.

«Su proceso se inició antes de las reformas emprendidas por el oficialismo. Pero, este es prueba de que ellas no se están aplicando al pie de la letra», señala la ONG.

¿La razón? «Su juicio no se ha iniciado, pese a que hace casi ocho meses un tribunal de control admitió la acusación en su contra. Además, ordenó sentarlo en el banquillo de los acusados.

A mediados de enero de 2022 su abogado Joel García denunció lo siguiente:

«Desde agosto de 2021 realizamos la fase de audiencia intermedia. Allí se determinó que debía pasar a juicio. El juicio debió comenzar a más tardar en septiembre», dijo.

Agregó que «a estas alturas, no tenemos una fecha probable de cuándo va a comenzar ese juicio. Roland está en una situación de incertidumbre en la parte judicial».

La ONG afirma que «el incumplimiento de los lapsos procesales es uno de los patrones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela».

De hecho, la Misión de Determinación de Hechos «pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas. Allí encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica».

Añade que «77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley.

Además, 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de las audiencias de presentación».

«Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas. Además de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes», enfatiza.

El 12 de noviembre de 2021 la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo al fotógrafo Carlos Germán Debiais García en el estado Falcón.

Lo detuvieron por sobrevolar un dron que aparentemente rodeó las instalaciones de la refinería Amuay. El aprehendido estuvo desaparecido arbitrariamente casi 24 horas, cuando las autoridades confirmaron que lo tenían en su poder.

La organización Espacio Público denunció que ni los familiares ni los abogados del fotógrafo tuvieron conocimiento de su situación en las primeras de su detención.

Esto viola el artículo 44 de la Constitución que dice que «toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza».

Tanto el ACNUDH como la MDH han registrado decenas de aprehensiones que han terminado convirtiéndose en desapariciones forzadas. La mayoría de ellas de corta duración.

El caso del fotógrafo pone en duda la efectividad de los cambios legales realizados para garantizar el debido proceso en materia penal, destaca Acceso a la Justicia.

El 12 de febrero detuvieron a William Echarry y Ramón Blanco, miembros del Frente Amplio Venezuela Libre, en La Guaira.

¿Su delito? Protestar contra el Gobierno y denunciar la precaria situación que atraviesan los jubilados. ¿Y dónde estaba la revolución judicial?

El Tribunal 1 de Control de La Guaira ordenó mantener preventivamente tras las rejas a los detenidos. Lo hizo luego de que el Ministerio Público los imputara por los delitos de instigación al odio y agavillamiento.

Esto, no solo en contravención del artículo 231 del COPP, el cual prohíbe enviar a un calabozo a una persona de 70 años de edad. Además, va a contracorriente de la reforma que sufrió el instrumento con la finalidad de evitar el uso abusivo de la figura de la detención preventiva.

Las autoridades dieron marcha atrás en el caso de Echarry y Blanco y a las horas los dejaron en libertad.

Sin embargo, consideramos que su detención y la decisión decretando su detención preventiva jamás han debido producirse.

El ejercicio del derecho a la defensa y a poder contar con un abogado de confianza sigue en tela de juicio.

Ejemplo de ello es el caso del capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén, a quien detuvieron en el estado Apure.

Agentes de la DGCIM le aprehendieron sin que existiera ninguna orden de aprehensión en su contra. tampoco cometió un delito en flagrancia.

Lo detuvieron por representar al propietario de un hato que está ocupado por militares.

Pese a que el profesional del Derecho denunció haber sido objeto de malos tratos por parte de sus captores, el juez que tiene su caso no atendió su acusación.

Esta situación deja en letra muerta disposiciones del reformado COPP, como el artículo 120 que ordena a los jueces a garantizar «la vigencia» de los derechos de la víctima. Además del «respeto, protección y reparación durante el proceso».

Lo ocurrido con Juan Carlos Guillén también pone en duda la eficacia de iniciativas como la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos.

El ACNUDH y la MDH han contabilizado decenas de casos de tortura cometidos por agentes policiales y militares.

Estas entidades han puesto especial énfasis en casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta Rafael Arévalo Acosta.

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que el máximo juzgado es el responsable de garantizar la «supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales». Pero, el organismo rector del Poder Judicial no ha hecho más que anular la carta magna y desmantelar con sus decisiones la democracia venezolana.

Así lo denunció la ONG Acceso a la Justicia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El señalamiento lo realizó la agrupación en el informe que remitió a la instancia con sede en Ginebra, Suiza. Lo hizo con motivo del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, al que Venezuela debe someterse a finales de este año.

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El comportamiento del TSJ frente a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 es para Acceso a la Justicia una clara demostración de esa denuncia. «El Poder Judicial, comenzando por su máxima instancia, no actúa conforme a lo estipulado en el texto fundamental», dijo la organización en su exposición ante la ONU.

En el reporte presentado la ONG dijo: «En diciembre de 2015 los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la oposición. Sin embargo, esta no se había instalado aún y ya había comenzado a ser neutralizada por el TSJ. Esta institución eliminó de facto a través de 145 sentencias, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020».

Además, recuerda que «solo en 2020 el TSJ dictó 26 fallos contra la AN, de los que aún se desconoce el contenido de muchos. En el último lustro, el máximo juzgado emitió en promedio una sentencia cada doce días contra el Legislativo».

En el informe, se destacan los fallos 155 y 156 que la Sala Constitucional dictó en 2017. Mediante los mismos el TSJ liquidó al Parlamento y el máximo juzgado se arrogó sus facultades. Y eso es algo que la Carta Magna no le permite.

Además, esos fallos desencadenaron una ola de protestas antigubernamentales que se prolongó por casi cuatro meses y que fue duramente reprimida por las autoridades, recuerda la ONG, en nota de prensa.

El TSJ no se limitó a neutralizar al Parlamento dominado por la oposición. También emprendió una campaña de persecución contra sus miembros. Al respecto, Acceso a la Justicia denunció esto ante el Consejo de Derechos Humanos:

«Para mayo de 2020, más de 90 parlamentarios de oposición y disidentes del chavismo, principales y suplentes sufrieron algún tipo de persecución política. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena de diputados opositores, violando su inmunidad parlamentaria. Cinco de ellos han estado presos y para junio de 2021 al menos dos continuaban privados de libertad», dijo.

LA ONG recordó que el TSJ, junto con Consejo Nacional Electoral (CNE), maniobró para neutralizar a los partidos opositores y disidentes del chavismo. Todo, a fin de acabar con cualquier posible competidor real del Psuv.

Así, de 67 partidos inscritos en el CNE para diciembre de 2015, «tres años después (…) solo quedaban 17. De ellos solo cinco de oposición».Como si lo anterior no fuera suficiente, de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, el máximo juzgado intervino e impuso directivas a nueve formaciones políticas opositoras (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Movimiento Republicano, Acción Ciudadana en Positivo y Bandera Roja) y disidentes del chavismo (Tupamaro, Patria Para Todos y Compromiso País).

Asimismo, autorizó al CNE ―designado por el mismo TSJ, por cierto―, a reformar la legislación electoral para favorecer al oficialismo, algo que logró, pues la alianza gubernamental se hizo con el 92% de los escaños de la AN, aunque solo tenía el 68% de los votos.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia considera que los legisladores desatendieron los aspectos medulares previstos en la legislación venezolana para la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En tal sentido, destacan que esta situación que aumenta las dudas sobre la legitimidad de sus designaciones ya que no fueron electos no por el Tribunal Supremo de Justicia, sino por la AN electa el 6 de diciembre.

Para Acceso a la Justicia hay aspectos medulares que signaron esta designación como: la dudosa legitimidad de la AN y un comité evaluador alejado del mandato constitucional.

Igualmente se hizo una selección opaca. Advierten que hubo un cambio de reglas con el juego ya iniciado.

Otro aspecto mencionado es que las autoridades fueron “Postulado por uno y elegido por otro” y hay “rectores con vínculos partidistas”.

Como dato relevante advierten que por primera vez en más de una década, la Asamblea Nacional (AN), y no el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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El proceso que terminó con el nombramiento de Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Alexis Corredor, Tania D’Amelio y Roberto Picón revela que los legisladores desatendieron los aspectos medulares previstos en la legislación venezolana.

Ratifican que esta es una situación que aumenta las dudas sobre la legitimidad de las designaciones.

«Y puede hacer difícil la posibilidad de recuperar la confianza en la institución del voto como mecanismo para superar la grave crisis política e institucional de Venezuela», agregan.

Para Acceso a la Justicia “las irregularidades descritas reducen la legitimidad del nuevo CNE, lo que puede afectar su credibilidad y confianza entre los venezolanos”.

No obstante, señalan que “dependerá de cómo actúe de cara a la administración de futuros procesos electorales».

«Y ello será indispensable para poder valorar realmente su legitimidad en el ejercicio de sus funciones, así como su transparencia”.

Sostiene que “esta nueva etapa del CNE tiene la difícil tarea de establecer un marco que garantice la reconciliación nacional por medio de elecciones justas, equitativas y libres”.

Para lograr esta tarea “tiene claramente que demostrar su carácter autónomo e independiente ante los intereses políticos del Gobierno de Maduro que tiene la costumbre de que sean satisfechos sin ningún inconveniente”.

La ONG Acceso a la Justicia criticó el proceso de designación de nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE). «Darle un barniz de legalidad a la maltratada institucionalidad venezolana. Ese parece ser uno de los primeros objetivos de la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020», dijo la organización en una nota.

Destacó que a los actuales miembros del CNE los designaron provisionalmente. Dijo que se trató de un proceso «cuestionable», por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obedece a Nicolás Maduro.

Sin embargo, «este nuevo proceso despierta dudas más que razonables. En primer lugar, ha sido puesto en marcha por un Parlamento dominado por el oficialismo», expresó.

En segundo lugar, «parecen estarse repitiendo los vicios del pasado». La ONG dice esto porque «parece que se da lugar al nombramiento de personas que no reúnen las condiciones exigidas constitucionalmente para ocupar dichos puestos».

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Acceso a la Justicia critica a los miembros del Comités de Postulaciones Electorales, principalmente a los de la sociedad civil. A estos integrantes los designaron hace algunos días.

Se trata de: Carlos Boully Gómez, Edgar Martínez Meza, Fernando Rivero Osuna y Carlos Olivero Alcalá (sustituido a última hora por Humberto Rojas Mejías). Además de Mercedes Gutiérrez, Jesús González Pirela, Mauricio Pérez Reina, José Esteves, José Fuentes Martínez y Soila Milagro Yánez.

«El Parlamento no dio a conocer los criterios, la metodología o el baremo utilizados para evaluar las credenciales de los aspirantes», alertó Acceso a la Justicia.

Sostiene que «en estas condiciones es imposible sostener que la selección se realizó dentro de los principios de despartidización, imparcialidad y participación ciudadana previstos en el artículo 294 constitucional».

Puso como ejemplo que Fernando Rivero y Mercedes Gutiérrez eran miembros de la extinta Asamblea Nacional Constituyente. «Una instancia oficialista que fungió como un Parlamento paralelo hasta diciembre de 2020 con poderes supraconstitucionales».

Advierte que «Gutiérrez es militante del oficialismo. Por su parte, Boully, quien es rector de la Universidad Católica Santa Rosa, mantiene estrecha relación con altos funcionarios del Estado».

El sacerdote es «responsable de negociar con el Gobierno la devolución de la universidad a la Arquidiócesis de Caracas. Más recientemente, le otorgó un doctorado a Maikel Moreno, presidente del TSJ», alertó.

La Sala de Casación Social del TSJ de Maduro permite el uso de dólares estadounidenses para pagar pasivos laborales. Así lo establece la sentencia N° 062 donde dirime la apelación del reclamo de deudas prestacionales de un exempleado de Smartmatic. La demanda es contra la antigua proveedora del Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el reporte de la ONG Acceso a la Justicia, la sentencia es relevante. «Sienta el precedente según el cual un tribunal puede condenar a la parte perdedora a pagar en dólares cualquier pasivo».

Acceso a la Justicia señala que «el TSJ establece que el salario del actor fue pactado en dólares. En consecuencia se ordena que dichos beneficios deberán ser calculados en dólares».

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La sentencia expresa que la tasa de cambio debe ser la que más favorezca a la víctima del caso. En el juicio en cuestión se trata de expresidente de Tecnología Smarmatic Venezuela C.A.

«Se podría concluir que si los salarios son pactados o pagados en divisas, se podrá demandar en moneda extranjera. también se puede ser condenado a su pago de la misma manera».

Sin embargo, la ONG puntualiza que «en nuestro criterio, la divisa extranjera debe considerarse como moneda de cuenta más no como moneda de pago forzosa».

Un punto interesante, y contradictorio, es que la sentencia ordena el pago de intereses moratorios derivados de los pasivos objeto de demanda. Esto de acuerdo con la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV). «No operará el sistema de capitalización ni serán objeto de indexación, ordenándose la realización de una experticia complementaria. No tenemos claro es cuál será la tasa aplicada a las divisas», dice Acceso a la Justicia.

«Aplicar las tasas del BCV, pensadas para una inflación en bolívares, a obligaciones en dólares, supone pagar muy por encima de la tasa inflacionaria», destaca la ONG.

La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela condenó el incremento de las acciones “opacas y caprichosas” del régimen de Nicolás Maduro en contra de los presos políticos a quienes se les niega el acceso a la justicia, impidiendo ser visitados por sus abogados y el retardo procesal, entre otros.

A través de una carta, denuncian que a muchos de los presos políticos “los mantienen incomunicados” y en “condiciones insalubres e inseguras agravadas por la pandemia”.

Calificaron como “títeres de Maduro” a los tribunales y aseguran que este comportamiento “no es nuevo”.

“El Informe sobre Derechos Humanos más reciente del Departamento de Estado de los EE.UU. (publicado en marzo 2020) señaló que muchos de los tribunales títeres de Maduro siguen violando los derechos humanos básicos.  Estas violaciones continúan y podrían incrementarse bajo el Covid-19”. 

Piden a la comunidad internacional “apoye a los cientos de presos políticos que han sido injustamente secuestrados por el régimen” y, además, exigir “una verdadera justicia para los venezolanos y para las personas de otras nacionalidades que están en custodia o bajo la autoridad de la justicia penal venezolana”.

“El régimen pareciera que trata de usar el Covid-19 para ofuscar aún más lo que ellos intentan presentar como justicia”. 

A continuación comunicado completo

Los Estados Unidos condena el incremento de las acciones opacas y caprichosas ejercidas por el sistema de justicia de Maduro. 

Recientemente, hemos escuchado sobre una serie de casos en los que a los acusados, quienes deberían tener derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad según la ley venezolana, se les impidió el acceso a sus abogados para los juicios en las cortes.  Las audiencias programadas para las personas a las que se les ha negado justicia durante casi 3 años no han progresado en la resolución del caso y/ o se cancelaron en el último minuto, sin una excusa válida. Otros han sido detenidos, mantenidos en condiciones insalubres e inseguras agravadas por la pandemia, y regularmente se les niega sus derechos básicos.

El Informe sobre Derechos Humanos más reciente del Departamento de Estado de los EE.UU. (publicado en marzo 2020) señaló que muchos de los tribunales títeres de Maduro siguen violando los derechos humanos básicos.  Estas violaciones continúan y podrían incrementarse bajo el Covid-19.  El informe señaló que la ley venezolana requiere que los detenidos sean informados sin demora sobre los cargos en su contra y que los acusados ​​tienen derecho a consultar con un abogado. Sin embargo, hay casos documentados en los que esto no ha sucedido.  El informe señaló además que, según la ley venezolana, a los acusados ​​se les garantiza un juicio rápido y el derecho a su propia defensa.  Los acusados ​​también deben tener derecho a interrogar a los testigos adversos y presentar sus propios testigos. Por ley, los acusados ​​no pueden ser obligados a declarar ni a confesarse culpables. Sin embargo, estos derechos no son respetados por los tribunales venezolanos.

Michele Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó recientemente preocupaciones similares con relación a las acciones tomadas por el régimen de Maduro para socavar el acceso a la justicia.  El informe de Bachelet citó la inseguridad en la titularidad de los jueces, la presión política, y el uso de las cortes militares como factores causales que coartan significativamente la independencia judicial.  El ACNUDH también destacó los desafíos que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluyendo la manipulación de evidencia; intimidación, amenazas y represalias de parte de las fuerzas de seguridad del régimen para quienes buscan justicia; y la incapacidad o la falta de voluntad de parte de los funcionarios de justicia para procesar las denuncias de las víctimas. 

El comportamiento de los tribunales títeres de Maduro no es nuevo. El régimen pareciera que trata de usar el Covid-19 para ofuscar aún más lo que ellos intentan presentar como “justicia”.  Ya es hora de que la comunidad internacional apoye a los cientos de presos políticos que han sido injustamente secuestrados por el régimen, y a otros que enfrentan un sistema judicial corrupto y arbitrario, así como también exigir una verdadera justicia para los venezolanos y para las personas de otras nacionalidades que están en custodia o bajo la autoridad de la justicia penal venezolana.