El hostigamiento contra organizaciones sociales es una práctica autoritaria. Estos ataques afectan a los más vulnerables, alertó Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria.

Expresó que «con la detención de directivos y activistas de Azul Positivo, muchas personas quedaron sin la ayuda dispensada por la ONU. Se deja a estos ciudadanos en una posición de total indefensión».

Reyna dijo: “Hay claramente un intento de restringir, impedir que las ONG de DD.HH. podamos seguir trabajando. Se hace de dos maneras. Una es tratar de bloquear, dar un carácter de irregularidad, ilegitimidad a la movilización de recursos. La otra es difundir información como si fuera algo para socavar las bases del Estado”, indicó Reyna.

Considera que el resultado de estas acciones, si «es afectar a la población en su conjunto. A las comunidades que se organizan para defender sus derechos y recibir apoyo cuando están en situación de vulnerabilidad».

«Con o sin las ONG, los ciudadanos reclamarán sus derechos», asegura Feliciano Reyna, en una entrevista publicada en el portal de la ONG Provea.

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Precisamente sobre esta organización, el activista recordó que «Diosdado Cabello ordenó abrir una investigación contra Rafael Uzcátegui, su coordinador». Lo hizo «por decir que el PSUV recibió dinero de cooperación internacional.

“Aún en los sitios más cerrados, al final, las personas encuentran resquicios para seguir exigiendo sus derechos. Siguen peleando por condiciones para vivir dignamente. Aún cuando se logren restringir esos espacios, por algún lado va a saltar ese reclamo de la población”, argumentó.

Citó como ejemplo las protestas que se han multiplicado en diversas regiones del país por servicios públicos. “Son formas de expresión de un descontento que está allí y encontrará cómo expresarse. Al final no hay manera de callar a una sociedad entera si no se dan condiciones para vivir con dignidad”.

Sobre la suspensión por parte de la INU de los recursos para el Programa de Transferencias Monetarias a las ONG, dijo que se refiere al dinero. «Parece haberse generado una confusión allí, pensando que está suspendida la colaboración por ahora. Pero lo que sí está afectado es ese programa de entrega de ayuda monetaria, por distintas modalidades a personas vulnerables».

Dijo que la detención de los miembros de Azul Positivo «prende varias alertas. Es una pésima señal e implica que vamos a tener muchísima precaución».

“Lo otro que para nosotros es fundamental en nuestra acción es atender a personas en situación de vulnerabilidad: Cuando se actúa contra una ONG humanitaria o de DD.HH., la persona o la comunidad beneficiada se ve afectada. En este momento quienes recibían esas ayudas de Azul Positivo quedan desatendidas”, explicó Feliciano Reyna.

La Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y Cáritas de Venezuela, rechazaron categóricamente la violación de derechos y la privación de libertad de los trabajadores humanitarios de la organización Acción Solidaria”.

Mediante un comunicado difundido en la página web del Episcopado, hicieron referencia al “poco transparente procedimiento aplicado al allanar la sede de esta ONG”.

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Destacaron que estas acciones (ejecutadas en este caso por las FAES) coartan la libertad operativa de los actores humanitarios en Venezuela, y los colocan como objetivos de persecución y amedrentamiento.

A su vez, solicitaron al Estado venezolano no criminalizar las actividades apegadas a los principios humanitarios y al derecho humanitario internacional, ni afectar los bienes dirigidos a mitigar las necesidades de auxilio en los ámbitos de salud, alimentación, agua y otros esenciales servicio para la vida de los más de 7 millones de personas vulnerables en el país.

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), han allanado la tarde de este lunes la sede de la ONG Acción Solidaria, dedicada a atender a las personas con VIH y abordar la crisis de salud que vive el país. Las FAES han sido acusadas de perpetrar ejecuciones extrajudiciales y cuya disolución ha pedido la ONU.

«Un grupo de miembros de las FAES irrumpió en nuestra sede con un procedimiento del cual no tenemos ninguna información ni conocimiento sobre sus motivos ni propósitos», escribió Acción Solidaria en su cuenta de Twitter.

Además, explicaron que en el «momento de presentarse en la sede, se ha perdido comunicación con el personal de los equipos de la organización». Y por tanto, no saben «lo que está ocurriendo en nuestra fundación».

«Somos un centro de atención a personas afectadas en sus condiciones de salud», subrayaron. Al mismo tiempo agregaron que trabajan con «un programa de asistencia humanitaria llevado en conjunto con órganos de las Naciones Unidas para proteger a las personas en sus necesidades apremiantes de medicinas e insumos».

Por esa razón exigieron a los policías «garantizar la libertad e integridad física y mental del personal que estaba realizando su trabajo. Así como preservar los insumos y suministros» con los que trabajan y que sirven «para atender a las personas que los necesitan, para proteger sus vidas y salud».

«A quienes dictan las órdenes para efectuar este tipo de procedimientos arbitrarios exigimos el cese de actos de los hostigamientos y abusos», pidieron.

Por su parte, el director de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, explicó en la misma red social que siete trabajadores de Acción Solidaria fueron detenidos «y están siendo trasladados en este momento».

«Dijeron que el operativo era por ‘venta de medicinas’ y ‘entrega de medicinas vencidas'», aseguró.

Por otra parte, Feliciano Reyna, miembro de Acción Solidaria, aseguró que el programa de la ONG se coordina con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) «y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil» que brindan apoyo a «personas vulnerables».

Por ello, exigió «la libertad e integridad física y mental para el personal humanitario».