Los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón y monseñor Ovidio Pérez Morales, se pronunciaron a través de un comunicado en relación con la situación del país y especialmente en torno al acuerdo petrolero.

Indicaron que es recomendable tener claridad en torno a este convenio, además de prudencia, por el alcance del mismo.

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Este es el comunicado completo:

Por Cardenal Porras, Cardenal Padrón y Mons. Pérez Morales

Las presentes inquietudes las hacemos como venezolanos y como miembros de la Iglesia. Actuamos, no en representación oficial, sino como pastores ya que tenemos no solo el derecho sino el deber de ser “centinelas”, servidores, con una indeclinable corresponsabilidad ética y espiritual.

En el estado de indeterminación, confusión e incertidumbre reinantes en el país sentimos el deber de ofrecer algunas opiniones, juicios y propuestas que, sin pretender totalizar verdades ni bondades, buscan abrir caminos y apoyar iniciativas para la superación de la crisis actual y el logro de una sólida institucionalidad y el bien común nacionales.

Sobra decir que esta contribución se inscribe en el escenario político que continúa el del esquema impositivo previo al 3 de Enero pasado. Se han registrado cambios, pero no se perciben ni el cambio deseado y esperado ni una conversión hacia la estructuración y marcha del país en el sentido del Preámbulo y los Principios Fundamentales de la Constitución de 1999.

Ejemplos patentes de esto son la persistencia de presos políticos y del clima de represión, así como la hegemonía comunicacional y la continuada centralización del poder. Se ha puesto en marcha ciertamente una mesa de encuentro, pero la misma parece estar inscrita en un marco estrecho de horizontes y facultades.

El Estado continúa moviéndose sobre un piso frágil e indeterminado en cuanto a legalidad, y el Poder Ejecutivo en una permanente ilegitimidad de origen y ejercicio. Lo sucedido con la manifestación del soberano el 28 de julio de 2024 es patentemente expresivo. Por otra parte, la irresolución “sin fecha” para garantizar los servicios públicos básicos, y encarar el empobrecimiento estructural de la mayoría de la población atentan contra el Bien Común.

Se está manejando actualmente con prioridad a nivel oficial -bajo la iniciativa y “tutoría” de los EE.UU.- la cuestión del petróleo. Quienes firmamos la presente declaración, sin ser expertos en la materia, pero recogiendo observaciones de sentido común e interpretaciones históricas y jurídicas y nuevas técnicas para formulación de proyectos, reclamamos mayor diafanidad en el proceso y recomendamos mayor prudencia y gradualidad en materia de compromisos, pues, sobre todo el pueblo se preocupa por el destino del dineral que recibe el Estado.

Lo dicho en el párrafo anterior puede servir para medir mejor las decisiones oficiales. Sin olvidar que nuestra historia, especialmente la más cercana, objeta y descalifica, por falaz, ingenua o interesada, la ecuación simplista: país rico igual a pueblo rico, así como la de beneficio para ajenos, igual a beneficios para la propia casa.

No se puede atar ilusoriamente el ejercicio de la soberanía a una educación ciudadana; con todo, no sobra insistir una vez más en este tema pedagógico. Las instituciones educativas y las organizaciones político-partidistas tienen en ello una particular responsabilidad: crear conciencia en la ciudadanía en relación a la fragua de conductas competitivas por la verdad. Las entidades religiosas y nuestra Iglesia católica en especial lo han de considerar como parte ineludible de su misión, como exigencia del Bien Común y de la ética y moralidad nacional.

Lo anterior postula como prioritario solicitar al soberano una definición y un claro mandato al respecto, que permitan ordenar la marcha de la República por un camino seguro, consistente. Es obvio que una tal consulta electoral exige adecuada y esmerada preparación (órganos, medios), la cual urge, sin embargo, como finalidad para el encuentro, la reconciliación social y la paz. En tal sentido el pueblo está dispuesto para ejercer su protagonismo, que ha de expresarse desde ya en una efectiva movilización cívica.

Dios nos ha dado este país como ámbito para construir una “nueva sociedad”, el ideal de la civilización del amor. Los venezolanos, poniendo por obra nuestro esfuerzo e invocando la ayuda divina hemos de mantener la esperanza viva y continuar trabajando para tan obligante tarea y alcanzar sus frutos de paz, libertad, justicia y fraternidad.

Caracas, 7 de septiembre de 2026.

+Cardenal Baltazar Porras Cardozo

+Cardenal Diego Padrón Sánchez

+Mons. Ramón Ovidio Pérez Morales

Los venezolanos están profundamente divididos sobre el acuerdo petrolero alcanzado entre la Administración Trump y las autoridades provisionales del país, y la mitad cree que beneficiará más a Estados Unidos que a Venezuela, publicó  Bloomberg.

Alrededor del 38% de los encuestados se mostró en contra del acuerdo, mientras que aproximadamente el 35% lo apoyó, según LatAm Pulse, una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News y publicada el martes. El 27% restante dijo no estar seguro.

 Los resultados ponen de relieve el desafío político que enfrenta la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, quien ha recibido críticas tanto de los sectores más radicales del partido gobernante como de la oposición desde que Donald Trump anunció que EE. UU. asumiría el control de más de 65.000 millones de barriles de las reservas de crudo de Venezuela. Aunque muchos venezolanos cuestionan la equidad del acuerdo y la autoridad de Rodríguez para negociarlo, la mandataria intenta gestionar las repercusiones y mantener su control del poder.

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Aun así, su índice de desaprobación —que había aumentado de manera constante desde que asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero— cayó cuatro puntos porcentuales, hasta 60,5%.

Aproximadamente seis de cada diez encuestados dijeron que esperaban que el acuerdo petrolero tuviera un impacto muy positivo, algo positivo o neutro en su vida cotidiana. Sin embargo, el 50% dijo que beneficiaría más a EE.UU. que a Venezuela. Alrededor del 28% afirmó que ambos países se beneficiarían por igual, mientras que solo el 10% consideró que Venezuela sería la más beneficiada.

Las dudas sobre la legitimidad del gobierno también siguen siendo significativas. Alrededor del 47% afirmó que la actual administración carecía de legitimidad para negociar acuerdos de largo plazo sobre los recursos naturales del país, mientras que el 36% consideró que el pacto ponía en peligro la soberanía de Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado, que cuestionó la autoridad de Rodríguez para negociar el acuerdo pero no llegó a criticar el pacto en sí, sigue siendo la política con la imagen más positiva del país. Sin embargo, su valoración positiva cayó 19 puntos porcentuales, hasta 53%, y volvió a los niveles registrados en junio y meses anteriores, tras alcanzar un máximo de 72% en julio.

Con información de Bloomberg.

El acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela abre un potencial escenario de fuerte recuperación para la economía venezolana y mejora de sus perspectivas fiscales y de deuda, aunque Oxford Economics considera que las incertidumbres que rodean su ejecución son todavía demasiado grandes como para incorporarlo a su escenario base, publicó Bloomberg.

La evaluación llega después de una intensa jornada de acuerdos en Caracas el 2 de septiembre, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió en Miraflores al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una visita que coincidió con la firma de nuevos proyectos para ampliar las operaciones petroleras y energéticas de compañías internacionales en Venezuela.

 Ese día, Chevron Corp. (CVX) y la italiana Eni SpA (E) formalizaron nuevos acuerdos para expandir sus proyectos en el país, mientras que GE Vernova (GEV) suscribió un convenio vinculado a la recuperación del sistema eléctrico.

Las firmas se produjeron en medio de la formalización del acuerdo más amplio entre Washington y Caracas, que otorga nuevos derechos sobre 17 campos petroleros y que se convirtió en la pieza central de la nueva estrategia estadounidense para el sector energético venezolano.

Es precisamente la suma de esos proyectos la que Oxford Economics intenta medir en su más reciente informe semanal sobre América Latina.

La firma considera que los acuerdos añaden riesgos al alza a sus previsiones para Venezuela. Pero la falta de transparencia sobre sus términos, los anuncios contradictorios de ambos gobiernos y la cautela con la que las compañías evalúan el país hacen que todavía no tenga suficiente confianza en su ejecución para incorporarlos a su escenario central.

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El mayor potencial de expansión está concentrado en el acuerdo vinculado a North American Blue Energy Partners (NABEP), al que se le ha concedido acceso a una concesión que contiene 65.000 millones de barriles, equivalentes a alrededor del 20% de las reservas oficiales de Venezuela.

La empresa tiene como objetivo aumentar su producción desde unos 200.000 barriles diarios hasta más de un millón de barriles diarios, lo que supondría una expansión de unos 800.000 barriles diarios.

A ese crecimiento se sumarían los planes anunciados esta semana por Chevron y Eni. Oxford Economics estima un aumento de alrededor de 300.000 barriles diarios por parte de Chevron y de unos 400.000 barriles diarios por parte de Eni.

Si todos esos proyectos llegan a desarrollarse según lo previsto, la producción venezolana podría acercarse durante la próxima década a los más de 2,5 millones de barriles diarios que el país alcanzó antes de la crisis, según el escenario ilustrado por Oxford Economics.

Las metas anunciadas por las compañías apuntan en esa dirección, aunque con distintos horizontes. Chevron, por ejemplo, comprometió más de US$7.000 millones para elevar su producción venezolana hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en cinco años, mientras Eni obtuvo nuevos derechos para desarrollar el campo Junín 5.

Para Oxford Economics, el efecto de un escenario exitoso iría mucho más allá del aumento de los barriles producidos.

Si NABEP, a cargo del controvertido empresario Alejandro Betancourt, alcanza su objetivo de un millón de barriles diarios en diez años, los US$209.000 millones previstos en impuestos y regalías aumentarían en alrededor de 40% los ingresos del gobierno venezolano durante esa década, según los cálculos de la firma.

Y si la mayor parte de los hasta US$100.000 millones de inversión anunciados se ejecutara dentro del mismo período, ese flujo de capital añadiría por sí solo al menos un 5% al PIB anual.

Esas cifras explican por qué Oxford Economics considera que el acuerdo representa un importante riesgo al alza para las perspectivas económicas y de deuda de Venezuela, aun cuando no esté dispuesto todavía a convertir esa posibilidad en su previsión principal.

La presencia de Wright en Caracas añadió un elemento adicional a la ecuación.

Para Oxford Economics, la participación de la administración Trump aumenta las posibilidades de que el proyecto de NABEP llegue a concretarse porque podría reducir el riesgo de expropiación y, con ello, facilitar la llegada de capital privado necesario para financiar inversiones de gran escala.

Pero la participación de Washington no elimina los riesgos.

El informe advierte que el acuerdo enfrenta interrogantes legales tanto en Estados Unidos como en Venezuela y que podría quedar sometido a un mayor escrutinio si los demócratas recuperan una o ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término.

Oxford Economics también considera que las proyecciones publicadas en torno a los nuevos proyectos son probablemente optimistas.

A ello se suma la cautela que persiste entre algunas grandes compañías petroleras internacionales ante la necesidad de realizar inversiones de largo plazo en un país marcado por años de expropiaciones, cambios regulatorios y dificultades para atraer capital.

La firma sostiene además que el nuevo acuerdo podría reducir los incentivos para una transición democrática en Venezuela, un proceso que considera necesario para una recuperación económica más sólida a largo plazo.

Por ello, incluso con el potencial de los nuevos proyectos, mantiene su previsión de que el PIB venezolano en 2050 seguirá un 20% por debajo de su máximo de 2013.

Los acuerdos anunciados, por tanto, han abierto uno de los escenarios de expansión petrolera más ambiciosos para Venezuela en años. El potencial para la producción, los ingresos fiscales y el crecimiento económico es considerable.

La incógnita, en la lectura de Oxford Economics, es si los compromisos firmados en Caracas lograrán superar los riesgos que históricamente han impedido que el potencial petrolero venezolano se traduzca en una recuperación sostenida.

Bloomberg

Hay plata, petróleo y hasta tribunales gringos en el mismo negocio. Venezuela acaba de sellar nuevos acuerdos con empresas extranjeras y Estados Unidos se reserva mecanismos para vigilar cómo se mueve esta millonada.

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La Casa Blanca detalló este lunes las condiciones del acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela, y lo presentó como una alianza estratégica orientada a expandir la influencia energética estadounidense y revitalizar la infraestructura de la industria venezolana.

En una hoja informativa publicada en su página web, el gobierno de Donald Trump afirmó haber asegurado los derechos y el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela. Esta cifra expande de forma significativa las reservas probadas territoriales de Estados Unidos, estimadas en unos 46.000 millones de barriles.

"El acuerdo, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, otorga al gobierno estadounidense poderosos derechos de gobernanza, propiedad económica y la garantía de un suministro a bajo costo de una nueva empresa petrolera privada venezolana, que se convertirá en la segunda compañía petrolera privada más grande del mundo por reservas", señaló.

 Agregó que el gobierno venezolano otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por 100 años para operar 17 campos petroleros. La empresa, descrita por Washington como una de las principales productoras privadas de Venezuela, prevé invertir hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera.

Asimismo, el pacto asigna una participación accionaria del 35% a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa estadounidense en la empresa matriz de NABEP. Según las proyecciones de la Casa Blanca, dicha cuota generará cientos de miles de millones de dólares en dividendos para Washington sin representar costos para sus contribuyentes.

En el plano comercial, el Departamento de Estado obtuvo el derecho de adquirir a precio de costo el 20% de la producción de los yacimientos actuales y futuros de la firma. Adicionalmente, se fijó una cláusula de primera opción de compra sobre el 80% restante en escenarios de emergencia energética.

Para resguardar el control operativo, Washington ejercerá poder de veto sobre los nombramientos de la junta directiva de NABEP, la cual deberá estar integrada en su mayoría por ciudadanos estadounidenses. El marco legal del acuerdo estará sometido exclusivamente a las leyes y tribunales de Estados Unidos.

La planificación logística ordena que el nuevo flujo de crudo venezolano se procese en refinerías norteamericanas utilizando plataformas e ingeniería de ese país, buscando apuntalar el empleo y la inversión interna en Estados Unidos.

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Venezuela, cuya industria petrolera representa el corazón de su economía, cuenta con reservas de 303.806 millones de barriles | EFERespecto a las contraprestaciones para Venezuela, el informe estadounidense prevé que NABEP aporte cerca de 200.000 millones de dólares en concepto de regalías e impuestos durante los primeros 25 años de vigencia.

A su juicio, esto representa un ingreso crucial para contribuir a la reconstrucción y al desarrollo social del país.

Puntualizó que estas concesiones se rigen bajo la nueva legislación de hidrocarburos de Venezuela, "que prevé una modernización histórica, la privatización y el desarrollo del sector petrolero venezolano, actualmente rezagado".

En un marcado matiz político, la Casa Blanca subrayó que gran parte de las áreas asignadas a NABEP se encontraban previamente operadas o bajo la influencia de corporaciones de Rusia y China.

Ante ello, señaló que el gobierno estadounidense restableció la Doctrina Monroe con el fin de desplazar los intereses de potencias rivales en la región y ratificar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

"Al colaborar con socios, tanto nuevos como antiguos, la administración del presidente Trump está forjando nuevas cadenas de suministro sólidas, estratégicas y defendibles en nuestro hemisferio para apoyar la revitalización de nuestros sectores manufacturero y energético tras años de declive globalizado", expresó.

Con información de agencias

El gigantesco acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez presentaron el viernes como un negocio histórico para ambos países, comienza a generar más preguntas que respuestas a medida que se conocen nuevos detalles sobre la manera como fue negociado, quiénes participarían y los beneficios que realmente obtendría cada una de las partes.

El pacto, que le daría a EE. UU. acceso preferencial a 17 campos petroleros con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, ha sido cuestionado en los últimos días por sectores de la oposición venezolana, economistas y expertos petroleros que critican su falta de transparencia, ponen en duda algunas de las cifras presentadas por Caracas y advierten que podría terminar fortaleciendo políticamente al gobierno de Rodríguez.

Pero nuevas revelaciones publicadas este fin de semana por The Wall Street Journal agregaron otro elemento a la controversia.

Según el diario, ante la resistencia de las grandes compañías petroleras estadounidenses a comprometer los miles de millones de dólares necesarios para recuperar la infraestructura venezolana deteriorada a la velocidad que pretendía Trump, su administración terminó recurriendo a una solución extraordinaria.

Convertir al propio gobierno estadounidense en inversionista.

De acuerdo con el Journal, Washington planea adquirir una participación pasiva del 35 por ciento en North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada encabezada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, que ya opera campos petroleros en el país.

La inversión sería estructurada por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante opciones de compra de muy bajo costo que permitirían al gobierno estadounidense obtener una participación accionaria sin desembolsar inicialmente una cantidad significativa de dinero.

Además, EE. UU. obtendría derechos preferenciales para adquirir a precio de costo el 20 por ciento del petróleo producido por la compañía.

El acuerdo no fue sometido a un proceso competitivo y las negociaciones permanecieron en secreto hasta la semana pasada.

La estructura supondría un giro considerable respecto de la manera en que inicialmente se presentó el acuerdo.

En lugar de limitarse a facilitar o garantizar inversiones privadas estadounidenses en Venezuela, Washington pasaría a tener un interés financiero directo en una empresa que podría obtener derechos para desarrollar algunos de los campos petroleros más importantes del país.Pero la fórmula tendría, además, otro propósito con enormes implicaciones políticas para Venezuela.

Según personas involucradas en las negociaciones citadas por The Wall Street Journal, la utilización de una compañía privada como vehículo para el acuerdo fue concebida, entre otras razones, para vincular a futuros gobiernos venezolanos al proyecto y dificultar que una eventual nueva administración pueda revertirlo.

El dato resulta particularmente relevante en un momento en el que la oposición venezolana continúa reclamando una transición democrática y cuestiona la autoridad del gobierno de Rodríguez para comprometer recursos estratégicos del país durante varias décadas.Adicionalmente, sería una forma de asegurar que el acuerdo permanezca cuando Trump abandone la presidencia en el 2029.

Según el Journal, NABEP podría explotar 17 campos que albergarían unos 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas.

El diario también reveló que el acuerdo fue negociado durante varios meses de manera reservada y que Trump y Rodríguez acordaron las líneas generales en una conversación telefónica pocos días antes de que fuera anunciado.

Las negociaciones se aceleraron luego de que la administración Trump intentara convencer a grandes petroleras estadounidenses de regresar rápidamente a Venezuela.

Pero buena parte de la industria se mantuvo al margen debido a los enormes costos de reconstrucción de la infraestructura, las preocupaciones sobre la seguridad y, especialmente, las dudas sobre la estabilidad jurídica de cualquier inversión a largo plazo.

Fue en ese contexto que la administración recurrió a NABEP y a Betancourt.

Esa elección también ha alimentado las críticas.

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Betancourt hizo buena parte de su fortuna durante los gobiernos chavistas y fue uno de los empresarios conocidos en Venezuela como los “bolichicos”, un grupo que obtuvo contratos estatales lucrativos durante los años de Hugo Chávez.

Durante la última década ha sido investigado en varios países por presunto lavado de dinero, aunque no ha sido formalmente acusado y sus abogados han negado que haya cometido irregularidades.Sin embargo, su influencia en Washington ha aumentado considerablemente este año.The Washington Post reveló la semana pasada que funcionarios de alto nivel de la administración Trump intervinieron ante autoridades suizas para resolver una investigación contra Betancourt de manera que evitara cargos penales y eliminara las restricciones de viaje que tenía.

El empresario, cuya compañía se ha convertido en uno de los mayores productores privados de petróleo de Venezuela, ha actuado simultáneamente como interlocutor del gobierno estadounidense y como intermediario entre Rodríguez y altos funcionarios venezolanos.

Ese papel resulta especialmente sensible para sectores de la oposición que respaldan la apertura de la industria petrolera al capital privado, pero cuestionan que un acuerdo de semejante magnitud sea negociado por un gobierno que consideran ilegítimo y por empresarios vinculados durante años al sistema chavista.

Las críticas planteadas desde la oposición y algunos sectores del chavismoMaría Corina Machado no se había pronunciado directamente sobre el pacto hasta este domingo.

Pero David Smolansky, portavoz de su equipo en Washington, dijo que la oposición favorece desde hace años la privatización y apertura de la industria petrolera, aunque sostiene que acuerdos de esta magnitud deberían negociarse con “un gobierno legítimo, con un gobierno democrático” y bajo un sistema que ofrezca garantías jurídicas de largo plazo.

Ricardo Hausmann, exministro venezolano y profesor de Harvard, fue más contundente y calificó el pacto de “vergonzoso”, argumentando que Rodríguez carece de legitimidad y autoridad constitucional para comprometer al país en semejante acuerdo.

Otros dirigentes opositores han adoptado posiciones más matizadas.

Con información de El Tiempo

Más allá de una publicación en redes sociales del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha dicho poco sobre lo que él llama “EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL” en Venezuela.

Trump dijo que el acuerdo anunciado el viernes por la noche daría a Estados Unidos una participación en las vastas reservas petroleras de Venezuela, un paso hacia su objetivo de extraer energía del país después de que fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro en una redada nocturna en enero y lo llevaran a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas.

 La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió el pacto como un paso hacia la recuperación económica que modernizará la industria petrolera del país.

Pero las respuestas a preguntas como cuándo se podrían perforar las reservas y quién pagará para que ocurra no quedaron claras de inmediato. No se ha publicado el texto de ningún acuerdo.

Un vistazo a lo que se sabe y lo que no:

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El gobierno de Estados Unidos y un operador privado no identificado en Venezuela formaron una nueva empresa privada a la que se le otorgaron los derechos sobre vastos campos petroleros sin explotar por 100 años.

Un comunicado de Rodríguez dijo que el acuerdo implica el desarrollo de 17 campos con un potencial comprobado de 65.000 millones de barriles. Afirmó que el pacto podría atraer 100.000 millones de dólares de inversión a la industria petrolera venezolana y generar más de 209.000 millones de dólares en impuestos para Caracas.

Trump dijo que el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y Rodríguez.

El pacto da a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de la nueva empresa privada, incluida una participación accionarial y el derecho a comprar petróleo al costo. Las compras estadounidenses del crudo irían a las reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. y a las fuerzas armadas, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente y pidió el anonimato.

Según ese funcionario, la empresa sería el segundo mayor tenedor corporativo de reservas comprobadas después de Saudi Aramco.

Probablemente no en el corto plazo.

Trump dice que el acuerdo ayudará a bajar los precios de la gasolina para los estadounidenses. Ese es un objetivo importante para el presidente republicano mientras la guerra con Irán frena el envío de petróleo del Golfo Pérsico y mantiene los precios elevados meses antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Pero los expertos han advertido repetidamente que la deteriorada infraestructura petrolera de Venezuela tardará años y miles de millones de dólares en repararse. No se espera un aumento sustancial de la producción de forma rápida.

El acuerdo podría ser “útil a largo plazo, pero no va a cambiar el precio de la gasolina en la estación de servicio para el fin de semana del Día del Trabajo”, dijo Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York.

Ninguna de las partes aclaró quién pagaría las inversiones en infraestructura ni a qué costo.

El precio promedio de la gasolina en EE.UU. estaba en unos 4,08 dólares por galón el sábado, según AAA. El promedio era de 3,20 dólares en la misma fecha del año pasado.

Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, pidió cautela porque se conocen muy pocos detalles del acuerdo. Dijo que Venezuela tiene margen para aumentar su producción —en el pasado produjo más de 2,5 millones de barriles diarios por encima de los niveles actuales—, pero este tipo de inversión no llega rápido.

“No ocurre de una sola vez. Tomará tiempo —muchos años— desplegar tanto capital y producir el tipo de resultados incrementales que la historia sugiere posibles”, dijo Book.

¿Cómo reaccionarán los venezolanos?Algunos en Venezuela lo consideran una traición a lo que su gobierno ha dicho durante décadas: que los recursos venezolanos son para Venezuela y que los líderes no permitirían que el gobierno de EE.UU. pusiera las manos sobre esos recursos.

En un mercado del este de Caracas el sábado, Douglas Borjas dijo que estaba molesto por el anuncio.

“Creo que lo hacen para aferrarse al poder”, dijo sobre los líderes venezolanos. “Es como: ‘Te doy una enorme cantidad de petróleo siempre que me dejes aquí en el poder’”.

Agregó: “El pueblo venezolano merece algo mejor. Venezuela tiene recursos que se pueden explotar, pero en beneficio del pueblo, no de la élite corrupta”.

El profesor de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela, lo llamó un “acuerdo vergonzoso”.

“Los venezolanos no respetarán este pacto ilegítimo y ninguna gran petrolera estadounidense lo tomará en serio porque saben que no durará”, dijo Hausmann en redes sociales, y añadió que Rodríguez “no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela en un acuerdo así”.

No está claro si el Congreso tendrá un papel en el arreglo, pero legisladores de ambos partidos se pronunciaron de inmediato.

Los aliados de Trump lo llamaron una victoria.

El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, dijo que era un acuerdo histórico que ayuda a ambos países. “Si dependiera de los demócratas de Washington, Maduro seguiría en el poder, el petróleo venezolano iría a China a mitad de precio y el pueblo de Venezuela seguiría siendo robado por un régimen corrupto”, escribió en redes.

Los demócratas lo condenaron y dijeron que la captura de Maduro fue un medio para este fin.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, dijo que Trump siempre buscó el petróleo de Venezuela y lo calificó de “corrupción a escala épica”.

“¿Bajarán los precios para los estadounidenses? Quién sabe, pero probablemente no tanto como Trump los ha subido con su idiota guerra de Irán”, dijo Kaine en redes.

El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, dijo que Trump “puso en riesgo a nuestros militares para conseguir petróleo venezolano para sus amigos milmillonarios”.

Muchos detalles importantes siguen sin aclararse, incluida la identidad del operador privado, quién cubrirá las inversiones necesarias y cómo se desglosa la participación de Estados Unidos en la empresa.

EE.UU. obtendrá el 55% de la producción efectiva de la compañía, pero no quedó claro qué parte corresponde a la participación accionarial y cuánto al derecho de comprar petróleo al costo.

Tampoco está claro cómo reaccionará la industria. Convencer a las grandes petroleras estadounidenses de volver a la región podría ser un desafío dada la incertidumbre política y la infraestructura dañada.

Chevron, la única petrolera estadounidense que produce activamente en Venezuela, declinó comentar. Independientemente del anuncio de Trump, Chevron ya había estado en conversaciones para ampliar su inversión en el país. Exxon Mobil también declinó comentar.

David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de Capital Economics, dijo que, a primera vista, el acuerdo podría duplicar las reservas petroleras de EE.UU. y reducir la dependencia del crudo de Canadá y México. Pero advirtió que hay obstáculos logísticos y que el valor de las reservas de Venezuela pudo haberse exagerado bajo el expresidente Hugo Chávez.

Incluso con garantías legales y de seguridad, no está claro que las petroleras estadounidenses “estuvieran ansiosas por invertir”, escribió, señalando que “simplemente podría haber oportunidades comerciales más atractivas en otros lugares”.

Con información de AP Noticias

 El "histórico" acuerdo petrolero firmado entre Washington y Caracas, que permitirá a Estados Unidos operar campos petroleros, genera dudas y suspicacias entre la población ante el hermetismo estatal, pero también esperanza por una anhelada recuperación económica.

El presidente Donald Trump informó la víspera que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

Venezuela detalló que el trato involucra 17 "campos estratégicos" y una inversión privada de 100.000 millones de dólares, destinados a revitalizar la deteriorada industria del país con las mayores reservas petroleras probadas en el mundo.

La negociación despierta inquietudes entre adeptos al chavismo, al concretarse en medio de la fuerte presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

"No sabemos a quién va a favorecer eso, si es a Venezuela o a ellos (Estados Unidos)", dice a la AFP Jesús Salazar, un trabajador de seguridad privada de 68 años. "Tengo mis dudas, pero hay que esperar a ver qué va a pasar", confiesa.

Pese a la suspicacia de algunos militantes, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ratificó este sábado su apoyo a la decisión.

"Acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos", reza un comunicado publicado por el PSUV.

Presionada por Washington, Rodríguez impulsó en los últimos meses reformas para los sectores del petróleo y la minería que abren estas industrias, otrora celosamente controladas por el Estado, al capital privado especialmente extranjero.

A la vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras que había impuesto durante la administración de Maduro.

La producción petrolera reaccionó con un aumento del 29,8% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, aún lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado.

El acuerdo busca recuperar esos picos de producción, pero analistas coinciden en que solo pasará en el largo plazo.

"El aumento de producción no se verá por lo menos (en) tres, cuatro años", estima el ingeniero Oswaldo Felizzola.

Este especialista petrolero ve con buenos ojos que Estados Unidos funja como un "garante" para las inversiones en Venezuela, que no ha logrado atraer grandes capitales en más de una década.

"Si no fuese así, esos campos no serían explotados en los próximos 10 o 15 años porque Pdvsa (Petróleos de Venezuela) no tiene los recursos económicos para hacerlo", apunta el profesor del Instituto de Estudios Superiores en Administración.

Una operación de tal magnitud puede acelerar la ansiada recuperación económica en Venezuela, aún golpeada por la brutal contracción de 80% que sufrió entre 2014 y 2021.

Es la esperanza de muchos venezolanos que apenas sobreviven con un salario mínimo mensual equivalente a 0,16 dólares y bonos estatales que alcanzan hasta 240 dólares mensuales, muy lejos de los 730 dólares que cuesta la canasta alimentaria, según estimaciones privadas.

"Si quieren el petróleo de acá, de Venezuela, tienen que pagarlo al costo que está, porque no es que Venezuela les va a regalar el petróleo", sostiene Carlos Baco.

Este trabajador público de 74 años espera que con estos ingresos petroleros, la economía mejore. Su bolsillo no ha sentido el efecto del aumento de la producción en los últimos meses.

"Hasta el momento no se ha visto nada, el consumo y la comida más cara (...) suben el dólar y suben los artículos, sube todo, el transporte, todo. Esto es imposible aquí", relata.

- Más dudas que certezas -

Delcy Rodríguez, quien calificó como "histórico" el acuerdo, adelantó que se prevén ingresos de 204.000 millones de dólares en tributos, pero no precisó ganancias por otros conceptos como las regalías.

Los escuetos detalles compartidos por las autoridades de Venezuela y Estados Unidos impiden medir correctamente su impacto.

Un aluvión de comentarios inundó las redes sociales con opiniones mixtas y alegatos que pasan por la pérdida de la soberanía, escasas ganancias y costos políticos.

Para el analista Elías Ferrer, la mera existencia de las inversiones es una buena noticia, a pesar de las condiciones.

"Sin lugar a dudas esto es mejor que antes, porque antes ese petróleo no se estaba explotando, si nadie lo está explotando, nadie está pagando regalías y nadie se beneficia de eso", comenta.

Estados Unidos impone las condiciones de la negociación, pero el beneficio para Venezuela dependerá de la implementación del acuerdo.

"¿Podría ser mejor que este acuerdo? Muy probablemente sí", añade Ferrer.

"Si todo se hace bien (...) será una gran oportunidad para Venezuela de ver resurgir su sector petrolero", opina la abogada Dolores Dobarro, exviceministra venezolana de Energía.

La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron  un acuerdo de cooperación para incorporar al sector privado en las labores de recuperación temprana de Venezuela tras los terremotos registrados en el país.

Según un comunicado del PNUD, el entendimiento busca «fortalecer la participación de empresas nacionales e internacionales en los planes de recuperación, promoviendo acciones conjuntas orientadas a la reactivación económica sostenible e inclusiva».

Como parte de la alianza, las capacidades técnicas, logísticas y de gestión de las empresas afiliadas a VenAmCham se integrarán con las metodologías de respuesta y recuperación desarrolladas por las Naciones Unidas.

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La iniciativa contempla la puesta en marcha de proyectos de recuperación temprana destinados a restablecer los medios de vida de las familias afectadas y apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) impactadas por la emergencia.

Asimismo, el acuerdo prevé la identificación y articulación de capacidades técnicas del sector empresarial para complementar el proceso de recuperación y avanzar hacia una estrategia de mediano plazo enfocada en una reactivación económica resiliente, con énfasis en la generación de empleo inclusivo.

VenAmCham y el PNUD señalaron que la firma del convenio reafirma la importancia de la cooperación entre el sector privado y los organismos internacionales para movilizar recursos, conocimientos y capacidades que contribuyan a una recuperación más sólida y al desarrollo sostenible de Venezuela.

Ambas organizaciones ratificaron además su compromiso de apoyar a las comunidades afectadas y de promover iniciativas que fortalezcan la resiliencia económica y social del país.

Con información de agencias

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la tarde de este lunes la firma de un memorando de entendimiento entre Corpoelec y la empresa estadounidense General Electric, para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

"Esta firma es un paso histórico para Venezuela, hacia la recuperación de un servicio tan esencial  para todo país", manifestó la mandataria.

Rodríguez explicó que en unos días ese memorando se convertirá en los contratos entre las empresas para que, "en el más breve plazo, en unos 24 meses, se pueda aumentar la generación a mil megavatios y luego a cinco mil, para mejorar la vida de la nación", afirmó.

Igualmente, anunció que avanzan en otro proyecto para "la generación propia de electricidad para PDVSA, pues es necesario que el sector petrolero tenga un servicio óptimo para la producción".

Delcy Rodríguez dijo que es "importante quel país sepa que estamos avanzando. La semana pasada firmamos con la empresa Impsa para la construcción de Tocoma y que podamos generar otros 2.400 megavatios".

Asimismo, Rodríguez saludó la presencia en el acto del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett.

Por su parte, el director corporeativo de General Electric Vernova, Roger Martella, destacó que "es un honor estar aquí y es un orgullo servir a su país, para  lograr el éxito en este proyecto".

Resaltó que el acuerdo va "a permitir que la electricidad llegue a todos  y para lograr el bienestar del país, porque la electricidad es progreso. Queremos permitir la electrificación de todo el país y que no haya apagones", dijo.

Aseguró que se "hará  lo necesario para tener un sistema eléctrico moderno, rápido y que funcione lo mejor posible en un máximo de 12 meses".

Martella anunció que también "vamos a capacitar a los trabajadores en el país, en beneficio de todos".

Mientras que Erick Gray, presidente del segmento de generación  de General Electric, agradeció a Rodríguez "por darnos esta responsabilidad.  Somos responsables  de 25% de generación global y creemos que en Venezuela será posible hacer mucho más de lo que hacemos en el mundo".

Gray contó que la empresa ha empleado a muchos trabajadores venezolanos y algunos de ellos han regresado a Venezuela para hacer una evaluación del sistema.

"La emoción que ellos sintieron la compartimos y vamos a proteger la electricidad que usted ha planificado", aseveró.

También intervino Rolando Alcalá, ministro de Energía, quien informó que "desde hace mes y medio venimos recorriendo la red eléctrica nacional, para trabajar en conjunto con empresas que han estado desde antes con nosotros para desarrollar y rehabilitar la estructura eléctrica y que todos tengamos el servicio de manera óptima.  Vamos a trabajar en equipo para entrenar a los ingenieros y trabajadores, porque queremos enfocarnos también en el talento humano".

El gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia INL (Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley) de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, y la Policía Nacional de Colombia firmaron tres acuerdos de cooperación por $53,5 millones de dólares para promover la seguridad y el desarrollo en extensas regiones del país.

El primer acuerdo busca renovar la continuidad del programa de becas: Vamos Sumando, por cinco años adicionales, el cual ha apoyado mayoritariamente a la Policía Nacional con casi 11.000 becarios a la fecha, que trabajan en zonas rurales de Colombia, proporcionando seguridad ciudadana y permitiendo la diversidad y la inclusión dentro de esta institución pues, de esos estudiantes, 502 son mujeres, 330 afrocolombianos y 133 indígenas.

El segundo acuerdo está destinado a apoyar los esfuerzos de Colombia en su lucha contra los delitos financieros. Se fortalecerá la colaboración interinstitucional entre la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, para investigar y desmantelar las redes delictivas que se dedican al lavado de activos.

El tercer acuerdo mejora los programas de drones de la Policía Nacional, para planificar y ejecutar las misiones destinadas a enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, señala una nota de la Policía de Colombia.

“Crearemos el Área de Finanzas Criminales, que tiene como propósito quitarle la capacidad económica y corruptora al crimen organizado, con 300 investigadores especializados en perseguir estos emporios delictivos financiadores de otras formas de violencia. También nos permitirá capacitar otros 400 expertos”, afirmó el director de la Policía, William Salamanca Ramírez.

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Kevin Murakami, director de INL, recordó la importancia de fortalecer las capacidades de las instituciones de aplicación de la ley y de los organismos de seguridad, para que puedan luchar, de manera ágil y eficaz, contra el crimen organizado transnacional.

“Como parte de los acuerdos, la embajada de los Estados Unidos apoyará estas tres iniciativas con $53.5 millones de dólares para implementarlas. Proporcionaremos apoyo logístico, capacitación y donaciones a la Fuerza Pública y otros organismos de seguridad, buscando una adecuada articulación y combinación eficiente de acciones que lleven a resolver los retos en seguridad y a garantizar que las personas puedan vivir en paz y en la legalidad”.

El gobierno y líderes indígenas de Ecuador firmaron el jueves en Quito, con mediación de la Iglesia católica, un acta de compromisos que puso fin a 18 días de protestas contra la administración de Guillermo Lasso por el alto costo de vida, constató la AFP.

El documento, que incluye «el cese de las movilizaciones y el regreso paulatino (de los manifestantes) a los territorios» de donde son originarios, fue suscrito por el presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

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«De acuerdo al acta que hemos firmado, vamos a suspender esta medida de hecho», expresó Iza, confirmando la terminación de las protestas con bloqueo de carreteras a nivel nacional, las más largas de las protagonizadas por la Conaie.

Lasso, quien asumió el poder hace 13 meses y que en medio de la crisis política se salvó de ser destituido por el opositor Congreso, manifestó por Twitter: «Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país».

Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país. Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos.

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«Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos», agregó.

Las manifestaciones, que derivaron en choques con la fuerza pública y marchas de unos 10.000 indígenas en Quito, dejan al menos seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y manifestantes, y unos 150 detenidos, según diversas fuentes.

Juan Guaidó trató de explicar este miércoles los alcances del «acuerdo de salvación nacional» que hizo el 11 de mayo. Dijo que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la «posibilidad» de que Noriega vuelva a servir de mediador en una eventual negociación con Nicolás Maduro.

 “Tenemos el apoyo de EEUU. Tenemos la posibilidad de salvar este país. Aquí nadie confía en la dictadura. Han cometido crímenes de lesa humanidad y han saqueado el país. En lo que sí confiamos en el apoyo de la comunidad internacional», dijo desde Los Palos Grandes, al este de Caracas.

«Venezuela necesita urgentemente un acuerdo. Ha estado en un par de ocasiones este año una delegación de noruegos en Venezuela. Ha habido algunos intercambios y es una de las posibilidades, de cara a la facilitación. Pero hay que ejercer mayoría, fortalecer la interlocución del Parlamento y el respaldo de la comunidad internacional», insistió.

Sostuvo que están «claros que al régimen no le interesa la vida de los venezolanos. Lo han demostrado de muchas maneras».

Y también aclaró que «no es un tema de una negociación para cambiar espejos por cargos. Es el logro de un acuerdo de salvación nacional. No creamos en concesiones graciosas de la dictadura. Debemos buscar los espacios de participación segura de nuestra gente. Para que la gente exprese el descontento“, explicó.

Asimismo, aseguró que «no vamos a dejar que ningún tipo de retroceso dañe lo más importante que tenemos: la esperanza para salir de esta tragedia».

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Ratificó que «exigir elecciones libres es salvar a Venezuela. Es una exigencia clara, no hay ningún tipo de concesión. Es una exigencia de los venezolanos. Llamo a todos los sectores y partidos a concretar por lo que hemos luchado tanto».

Dijo que las elecciones tienen que «ver con las conversaciones que tenemos con nuestros aliados internacionales. Esto tiene que ver con la mayoría que hemos construido, con la libertad de expresión, con la liberación de presos políticas, con rescatar el país“, agregó.

Expresó que «Venezuela no quiere otra fallida negociación. Quiere un acuerdo, lo necesita. Hay que ejercer mayoría, hay que fortalecer la interlocución de la AN. Hay que fortalecer el respaldo de la comunidad internacional“, repitió.

Tres horas de diálogo entre el presidente Iván Duque y el Comité de Paro no fue suficiente para llegar a un acuerdo que permita levantar la protesta social que completa 12 días.

Por lo tanto el paro nacional en Colombia continúa y los líderes de la protesta convocan a nuevas movilizaciones para el próximo 12 de mayo.

El desacuerdo con el Gobierno Nacional, aseguran los voceros del Comité de Paro, se debió a que no hubo «empatía» del presidente respecto a razones de la marcha y las víctimas.

«Se trató de una reunión exploratoria en la que no llegamos a acuerdos con el gobierno nacional», manifestaron los líderes del paro en un comunicado.

Además, el presidente Duque no mostró “empatía con las razones que han llevado al paro. No hay empatía con las víctimas de la violencia”.

Aseguraron que entre las exigencias pidieron que se “pare la masacre y que se pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”.

En la reunión, a la que asistieron líderes sindicales y de otros sectores vinculados a la protesta se planteaba negociar un pliego de emergencia adicional consistente en siete puntos:

En ese sentido, se trata de la primera reunión para llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Las puertas aún no se cierran al diálogo, pero habrá que esperar.

Por su parte se espera el comunicado oficial por parte de la Casa de Nariño, pues el presidente Iván Duque ha manifestado de manera permanente su voluntad de diálogo.

Las conversaciones se centran en definir si los dos países están dispuestos a continuar con el último acuerdo vigente de control de armas nucleares, en medio de la solicitud del gobierno de Donald Trump de incluir a China en el proceso y de Rusia que pide hablar de escudos antimisiles.

El pacto que, vence el 5 de febrero de 2021, limita a 1.500 el número de ojivas nucleares desplegadas en cohetes estratégicos de largo alcance, se amplío por ultima vez con la firma de los presidentes Barack Obama y Dmitri Medvédev.

Las conversaciones del gran tratado de desarme nuclear se desarrollan por dos días en un palacete del centro histórico de la capital austriaca en medio de un ambiente tenso.