Hace una semana, Delcy Rodríguez, presidenta encargada en Venezuela, hizo una invitación especial a todos los empresarios colombianos: volver a su país. Era un llamado con una noticia, pues la persona más rica de Colombia, el empresario Jaime Gilinski, estaba a su lado, anunciando una multimillonaria inversión en la industria petrolera del país con mayores reservas de crudo del mundo. “Es una buena señal”, dijo Rodríguez.

Días antes, en llave con el norteamericano Donald Trump, había revelado que una empresa norteamericana explotará un quinto de esas reservas. “El interés demostrado de invertir en Venezuela, por parte de un grupo tan serio como el que pertenece el señor Jaime, es una gran muestra de la confianza que existe en el país, en las leyes del país”, añadió Rodríguez. Y es que el plan de los empresarios colombianos que decidan aceptar la invitación de Caracas pasa por esas dos palabras claves: confianza y petróleo.

 La primera es clave para los empresarios colombianos, que la terminaron de perder en los últimos años, bajo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro y las expropiaciones del chavismo. Ahora ven con curiosidad el dinero que están invirtiendo en una economía muy frágil los Gilinski y los empresarios aliados de la Casa Blanca. Son señales interesantes para los dueños del capital, pero no suficientes para sentirse convencidos.

“Aún no veo una actitud decidida de los empresarios colombianos para meterse a invertir, y esa falta de certeza que tienen es por las reglas de juego. ¿Cuál es mi seguridad jurídica si voy allá? Muchos fueron expropiados en Venezuela y algunos no han sido compensados aún“, explica Javier Díaz, presidente ejecutivo de la colombiana Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). Es una falta de certeza que va de lo económico a lo político, en una Venezuela no tiene claro incluso si volverá a tener elecciones democráticas o no, pues tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han retrasado esa posibilidad.

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Trump escogió a NABEP, dirigida por el polémico venezolano Alejandro Betancourt, un hombre investigado por lavado de activos. De hecho, JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, aún incluye a Venezuela entre las economías de muy alto riesgo para invertir.

Aun con esos riesgos, del lado colombiano ha invertido Jaime Gilinski, un respetado empresario que encabeza los bancos Lulo y GNB, la cadena alimenticia Nutresa o la industria de plásticos Rimax. El banquero, conocido por su creatividad y arrojo al hacer negocios, ha dicho que la petrolera de la que es el accionista más grande, GeoPark, tiene la capacidad de hacer toda la inversión en un campo del llamado cinturón del Orinoco, una zona de crudos densos, lo que los hace costosos de sacar y refinar.

“A Gilinski siempre se le ha visto como un hombre que sabe y le gusta tomar riesgos, y que tiene una mirada de largo plazo en los negocios”, explica Díaz, de Analdex, sobre el colombiano que sí se lanzó al agua y una apuesta que, según algunos expertos, podría llegar a tardar una década en ser rentable.

“En Venezuela, la oportunidad está particularmente en la recuperación de la industria energética y en la cadena de bienes y servicios que esa recuperación necesita”, dice Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol). Explica que las cifras de la OPEP dan razones para ese apetito empresarial: Venezuela, en solo un semestre, aumentó su producción de crudo en un 34,6%, de 830.000 diarios en enero de 2026 a 1.117.000 en julio.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella está decidido a aprovechar la oportunidad. Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, ya ha demostrado su interés en el país vecino, y su embajador de Venezuela, el empresario Jorge Jaller, ha hecho eco de ello. “¿Se necesita valentía y coraje para hacerlo [invertir en Venezuela]? Sí, pero es que a nosotros nunca nos ha tocado fácil”, dijo hace unas semanas en el principal congreso empresarial del país. “Mi invitación para la empresas y también para Ecopetrol es ver la oportunidad tan grande que existe en Venezuela. No tenemos 2.200 kilómetros que nos separan, son 2.200 kilómetros que nos unen”, dijo luego al diario El Colombiano.

Luis Felipe Quintero, presidente de la Cámara de Comercio Colombovenezolana, señala que Venezuela ha dado varios pasos para intentar recuperar la confianza, especialmente en el sector energético: aprobó una ley de hidrocarburos y otra de minería, y está trabajando en una ley eléctrica. “Adicionalmente, se han flexibilizado las sanciones contra Venezuela que venían del Departamento de Estado de Estados Unidos”, dice, para señalar las causas del que llama “un ambiente más optimista”.

Los especialistas también mencionan que ese camino a la confianza se abrió con el acuerdo de protección de inversiones que firmaron en 2023 Nicolás Maduro y el gobierno de Gustavo Petro. “Colombia es el único país que tiene ese acuerdo de protección”, dice Quintero. Pese a ello, con la excepción notable de Gilinski, las empresas que se han acercado a Venezuela no han llevado aún su capital allá. Pero puede que las demás fotos vengan pronto. 

“Se están moviendo con un alto grado de confidencialidad, pero uno se entera de que igual están explorando las posibilidades”, dice el directivo gremial sobre la mezcla entre optimismo y cautela. “Estamos viendo una gran oportunidad de trabajo conjunto con Venezuela”, decía este jueves Juan Esteban Mejía, gerente de Asuntos Corporativos y Talento de Grupo Argos, una de las mayores empresas de infraestructura del país, en un simposio del centro de pensamiento ANIF. Al fin y al cabo, pese a lo golpeada de su economía, se trata de un mercado de 28 millones de habitantes con un sector privado desarbolado, en el que, si se logra construir esa confianza, pueden crecer las empresas del otro lado de la frontera.

Con información de El País de España

El presidente Donald Trump se ha jactado de que su amplio acuerdo petrolero con Venezuela, que, en la práctica, otorga a Estados Unidos el control sobre gran parte de la riqueza petrolera del país, es posiblemente “el mejor acuerdo jamás alcanzado”.

Algunos directivos del sector petrolero estadounidense no comparten esa opinión.

De hecho, el acuerdo ha provocado una ola de inquietud y alarma entre los líderes del sector, a quienes les preocupa que este acuerdo frustre las negociaciones comerciales en curso y les deje fuera de algunos de los objetivos más prometedores de Venezuela.

Estas preocupaciones fueron expuestas a Bloomberg por personas familiarizadas con el asunto que solicitaron permanecer en el anonimato para poder expresarse con mayor franqueza.

Algunas reconocieron la dificultad de criticar públicamente el acuerdo, dado el evidente entusiasmo del presidente por el mismo, ocho meses después de que las fuerzas estadounidenses irrumpieran en Caracas y capturaran al presidente Nicolás Maduro, en el cargo desde hace mucho tiempo, en una operación que Trump proclamó como una oportunidad enorme para las empresas petroleras estadounidenses.

El interés de las empresas energéticas por reactivar la muy deteriorada industria petrolera de Venezuela culminó el miércoles en una ceremonia celebrada en Caracas a la que asistieron la presidenta en funciones del país, Delcy Rodríguez; el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright; y los directivos de empresas energéticas como Chevron Corp (CVX)., Eni SpA (E) y GE Vernova Inc (GEV)., quienes firmaron acuerdos de inversión.

Sin embargo, esos acuerdos, que llevaban meses gestándose, quedaron eclipsados por el pacto que Trump anunció el pasado viernes en su plataforma de redes sociales. El gobierno de EE.UU. adquirirá una participación del 35% en North American Blue Energy Partners, una empresa petrolera privada dirigida por el polémico inversor Alejandro Betancourt, que se ha asegurado los derechos durante 100 años para explotar 17 yacimientos petrolíferos venezolanos.

El acuerdo con Betancourt, impulsado por el Departamento de Estado de EE.UU. y el Pentágono, tomó por sorpresa a muchas empresas y líderes del sector energético, incluidos aquellos que ya mantenían conversaciones comerciales en Venezuela, según algunas personas familiarizadas con el asunto.

La inquietud del sector pone de relieve un reto para la administración Trump, que trata de conciliar prioridades contrapuestas en Venezuela. Si bien el presidente deseaba cerrar rápidamente acuerdos comerciales, y conseguir nuevos flujos de petróleo e ingresos que puedan ayudar a reconstruir la nación, algunas de las principales empresas promotoras, las más capacitadas para impulsar la producción del crudo pesado del país, han actuado con mayor cautela, recelosas ante el riesgo político y económico persistente tras la captura de Maduro.

Los partidarios de la alianza de Trump afirman que esta contribuirá a garantizar más flujos de crudo de forma inmediata; para los seguidores del presidente, algunas de las quejas tienen el matiz de críticas procedentes de mal perdedores que actuaban con demasiada timidez.

No obstante, al adquirir Estados Unidos una participación del 35% en NABEP y asegurarse el derecho al 20% de su producción a precio de costo, la administración Trump ha generado otra preocupación: que, en la práctica, esté potenciando en exceso a una empresa petrolera nacional de facto que compite con los productores de petróleo estadounidenses, incluso con aquellos que no tienen ningún deseo de poner un pie en Venezuela.

Con información de Bloomberg

El enorme pacto energético que el presidente Donald Trump ha presentado como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” no surgió de una negociación formal entre gobiernos, sino de una llamada telefónica en marzo de 2026. Así lo reveló The Washington Post en un reportaje  publicado el 4 de septiembre.

Ese día, un emisario de la Casa Blanca —Mauricio Claver-Carone, entonces enviado especial para América Latina— contactó a Alejandro Betancourt López, petrolero venezolano de 46 años y uno de los operadores más influyentes del sector en su país.

 La pregunta fue directa: ¿Aceptaría asociarse con el gobierno de Estados Unidos?

Según dos personas enteradas de la conversación que hablaron con The Post, Betancourt no dudó. Respondió: “Estoy dentro” (“I’m all in”).

A cambio, tendría que ceder parte de la propiedad de su empresa y permitir que Washington colocara representantes propios en el directorio.

Esa llamada se convirtió en el punto de partida de un arreglo inédito.

La compañía de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), registrada en Barbados y segunda productora privada de petróleo de Venezuela, recibió concesiones de 100 años sobre 17 campos, con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles.

El Pentágono, a través de su Oficina de Capital Estratégico, toma una participación del 35 % en NABEP.

Estados Unidos obtiene el derecho a comprar el 20 % del crudo a costo de producción, alrededor de 30 dólares por barril cuando el mercado cotizaba cerca de 90 dólares.

Venezuela se queda con entre el 16 % y el 40 % de la producción, según el campo, más impuestos.

Trump anunció el pacto a finales de agosto y lo presentó como una operación que más que duplicaría las reservas petroleras de Estados Unidos y ayudaría a bajar el precio de la gasolina.

Funcionarios de la Casa Blanca lo describieron como un paso para estabilizar la economía venezolana después de años de hiperinflación y falta de inversión.

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Betancourt no es un desconocido en Venezuela.

Hizo fortuna en el sector eléctrico y petrolero desde los años de Hugo Chávez, con contratos y negocios ligados a PDVSA. Ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y fraude en Suiza, España y, previamente, en Estados Unidos.

The Washington Post y otros medios documentaron que la pesquisa federal en Miami se cerró en meses recientes por instrucción de altos cargos del Departamento de Justicia, en el contexto de este acuerdo.

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Betancourt tuvo un papel de intermediario.

Habló con Delcy Rodríguez —entonces vicepresidenta y hoy presidenta interina—, la tranquilizó cuando ella creyó que Maduro había sido asesinado y la convenció de hablar con el secretario de Estado Marco Rubio.

Según The Post, funcionarios estadounidenses le dejaron claro a Rodríguez que, en adelante, cualquier asunto petrolero debía coordinarse a través de Betancourt.

Washington también intervino en sus problemas legales.

En mayo, Suiza retiró la solicitud de extradición que lo retenía en Reino Unido. En junio, el Consulado de EE.UU. en Londres le otorgó una visa de un año con entradas múltiples.

Un alto funcionario estadounidense dijo a The Post: “Solo queríamos tener acceso a él para poder cerrar este arreglo”.

Otro lo definió como “un operador probado”, aunque añadió: “No lo estoy nominando para santo. Lo que te digo es que en el pasado ha sido útil para el gobierno de Estados Unidos”.

El reportaje de The Post destaca una tensión central: a Betancourt le advirtieron que asociarse con el gobierno estadounidense tendría un precio: menos control sobre su empresa, más escrutinio político y exposición mediática.

Pero el respaldo de Washington ya le está dando ventajas concretas: libertad de movimiento, protección implícita y un rol central en la reactivación de la industria petrolera venezolana.

NABEP produce hoy cerca de 180.000 a 200.000 barriles diarios, solo por detrás de Chevron en el sector privado.

El objetivo declarado es llevar la producción de los campos bajo su control a más de un millón de barriles diarios.

La administración espera que la empresa licencie o forme joint ventures con compañías estadounidenses en algunos de esos 17 campos, varios de los cuales habían estado en manos de empresas chinas o rusas.

Funcionarios de Trump defienden la apuesta.

Rubio ha dicho que Betancourt tiene un historial de producir petróleo. Un oficial resumió la lógica ante Axios: “Sin Betancourt, no hay acuerdo de seguridad energética. Y Maduro podría seguir en el poder si no hubiera sido por él”.

Críticos, entre ellos exfuncionarios y analistas energéticos, cuestionan tanto el perfil del socio como la viabilidad del pacto.

Señalan que las grandes petroleras estadounidenses se han mostrado reticentes a invertir miles de millones en un país con riesgo político e institucional alto, y que el acuerdo no bajará de inmediato los precios de la gasolina. Expertos consultados por The Washington Post también han advertido que cualquier aumento significativo de la producción podría tardar años.

The Washington Post presenta el episodio como un ejemplo del estilo de negociación de esta administración: pragmático, opaco y dispuesto a asociarse con figuras controvertidas si eso abre acceso a recursos estratégicos.

El resultado es un arreglo difícil de comparar con otros en la historia reciente de Estados Unidos: el gobierno federal como socio accionista de una empresa privada venezolana que controlará, durante un siglo, una parte sustancial de las reservas de uno de los países con más petróleo del mundo.

The Washington Post

Un acuerdo petrolero masivo a largo plazo, que se espera otorgue a Estados Unidos acceso a una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, ha generado dudas entre expertos en energía y abogados sobre su legalidad y eventual ejecución, al tiempo que exigen transparencia contractual a ambos gobiernos, publicó Reuters.

El pacto sin precedentes, anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump y confirmado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pondrá bajo el control de Washington la asombrosa cantidad de 65 mil millones de barriles de petróleo recuperable, un volumen que supera las reservas probadas totales de petróleo de Estados Unidos, que ascienden a 46 mil millones de barriles.

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El acuerdo no pasó por un proceso competitivo y su negociación se mantuvo en secreto hasta la semana pasada, incluso en medio de una profunda reforma de la ley de hidrocarburos primarios de Venezuela y la adaptación de decenas de empresas conjuntas y contratos a nuevos términos, un proceso que las autoridades y los operadores aún no han concluido.

Si bien Trump afirmó en una publicación en redes sociales la semana pasada que el acuerdo implicaría «una asociación con empresas privadas», Estados Unidos no ha revelado qué compañías se están preparando para operar los yacimientos petrolíferos en su nombre.

North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa liderada por el controvertido inversor venezolano Alejandro Betancourt, que ha actuado como enlace entre Caracas y Washington, declaró al New York Times que espera con interés trabajar con Estados Unidos, en medio de informes de prensa que indican que la compañía participará en el acuerdo.

La Casa Blanca remitió las preguntas de Reuters al Departamento de Energía de Estados Unidos, que no respondió a la solicitud de comentarios.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la empresa estatal de energía PDVSA tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.

Mientras tanto, los ingresos fiscales previstos para el país sudamericano también parecen inferiores a lo estipulado por la ley.

«Los impuestos que se recaudarán, anunciados por el gobierno interino, son increíblemente bajos», afirmó Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, en una publicación en redes sociales el sábado. Criticó lo que calificó de falta de transparencia en torno a la política petrolera venezolana, que ha estado bajo la supervisión de Estados Unidos desde que este país tomó el poder al presidente Nicolás Maduro en enero.

Reuters

Como una estafa para Venezuela calificó la constitucionalista María Alejandra Díaz el acuerdo anunciado el pasado viernes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homóloga interina, Delcy Rodríguez, el cual otorgará a la nación norteamericana el control sobre 21,5% de las reservas probadas de crudo del país suramericano.

Así lo hizo saber Díaz en una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, en la cual dejó claro que el convenio no está dentro del marco constitucional venezolano, porque lo firma un gobierno temporal que no tiene cualidad jurídica para ello.

El gobierno interino “está disponiendo de un patrimonio que equivale a una quinta parte de las reservas certificadas del país, sin control de la Asamblea Nacional, sin publicidad porque es un bien de dominio público, sin transparencia y sin dominio sobre la explotación y comercialización”, dijo.

A su juicio, hay incongruencias en el acuerdo al decir  que existe un adelanto de inversión de 100 mil millones de dólares y, por otro, se dice que hay 209 millones de dólares en recaudación fiscal, “pero cuando se sacan las cuentas, nos estarían tocando, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos que acaban de aprobar,  2.4 billones de dólares, cuando se están declarando 300 mil millones de dólares”.

La constitucionalista añadió que ciertamente es un regalo del pueblo venezolano para el norteamericano, porque solo se está cobrando 8% de lo que corresponde en 25 años.

En este sentido, reiteró que el triunvirato, conformado por los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, le está causando un daño patrimonial al país; además, lo está rematando con tal de mantenerse en el poder.

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Al ser consultada sobre el diálogo entre la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino, Díaz comentó que estas conversaciones deben ser juzgadas por sus resultados y que hasta ahora no han sido nada buenos.

También refirió que el plan del secretario de Estado, Marco Rubio, para Venezuela, el cual contempla tres fases, está haciendo aguas, por cuanto el sector neorreaccionario que controla el gobierno de Trump le ganó a los maga.

Nota de prensa

Abogados y economistas exigieron este viernes una respuesta clara y transparente del gobierno de Delcy Rodríguez, ante el megaacuerdo petrolero firmado entre Venezuela y Estados Unidos.

A través de las redes sociales, la abogada María Alejandra Díaz y la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol, cuestionaron el convenio.

Se trata de un acuerdo que compromete al menos 65.000 millones de barriles de petróleo de la reserva probada de Venezuela, que, según Donald Trump y la propia delcy, atraerán a Venzuela inversioens por encima de los 100.000 millones de dólares.

“No se trata de rechazar la inversión extranjera, que Venezuela necesita con urgencia, sino de exigir transparencia total. ¿Qué se está negociando exactamente? ¿Derechos de explotación, reservas o contratos de largo plazo? ¿Qué recibe Venezuela a cambio y bajo qué garantías constitucionales e institucionales?”, preguntó Díaz en su cuenta en X.

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Agrega que “la apertura económica y la llegada de socios internacionales no pueden significar opacidad, asimetría de poder ni la entrega silenciosa del patrimonio nacional”. Y destaca que “administrar temporalmente la República no convierte a nadie en dueño de la acción. Menos sin legitimidad de origen y sin un voto”.

Insistió en que son “bienvenidos los negocios y la inversión, pero con reglas claras, contratos públicos y respeto a la soberanía. Exigimos que se aclare; si existe un acuerdo, que se conozcan sus términos. y en cuáles condiciones. Venezuela necesita socios, no dueños. Los dueños somos nosotros, los venezolanos de hoy y del futuro".

Mientras que Mármol de León calificó de “nulo” el convenio. El acuerdo petrolero del que se ufana Donald Trump y que celebra Marcos Rubio ES NULO por haber sido firmado por una usurpadora de la Presidencia de la República, sin legitimidad ninguna para desempeñarse como tal. Será desconocido", aseguró.

Por su parte, el economista José Manuel Puente afirmó que Estados Unidos “podría haber convocado elecciones, recuperado la democracia, las instituciones, negociado con los líderes legítimos de Venezuela y asegurado las concesiones petroleras del país con la legitimidad y el respaldo del 80% de la población venezolana. No lo hizo, lo pagaremos caro!”, advirtió.

Asimismo, e experto Francisco Monaldi dijo: “Tenemos que conocer los detalles del acuerdo petrolero anunciado ayer para poder evaluarlo con propiedad. Pero el monto de impuestos por recabar anunciados por el gobierno interino es insolitamente bajo. US$209 mil millones por 65 mil millones de barriles, representa $3,2 dólares por barril. Y si ese monto es en términos nominales, traído a valor presente es una cantidad irrisoria. La falta de transparencia con que se está manejando la política petrolera es muy alarmante...”.