Una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) verifica si las autoridades penales venezolanas cumplieron con procesos transparentes en la detención de 1.976 personas acusadas por terrorismo e incitación al odio luego de la elección presidencial del 28 de julio.

De acuerdo con el medio El Pitazo la comisión tiene más de 10 días en el país, y según una de sus fuentes “poseen acceso a los expedientes del Ministerio Público referentes a las aprehensiones”.

Una de las fuentes consultadas indicó que la reciente solicitud de Nicolás Maduro al Ministerio Público para que verificara si existe algún detenido por error, podría deberse a la presencia de la CPI en el país.

“Si alguna instancia internacional tiene una repercusión importante en el Gobierno es la CPI. Ya vemos qué pasa con los informes del alto comisionado o con la Misión de la ONU, que no la quieren para nada, pero con la CPI es distinto, tan distinto que permitieron su acceso a los expedientes, tribunales y algunos centros de privativa de libertad”, destacó el entrevistado, que pidió protección a su identidad.

Otra de las fuentes que confirmó la presencia de esta comisión destacó que no se puede esperar un informe público de esta inspección, ya que se trata de una visita distinta de la investigación que hace la CPI en Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

“La CPI no abrirá una investigación por los hechos electorales, pero sí está verificando si se siguen replicando todos aquellos procesos denunciados ante este organismo que no garantizan justicia. Ya se darán cuenta de que en Venezuela no han hecho nada para revertir lo que dio pie a la investigación de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad”, precisó la fuente haciendo referencia al proceso ordenado por el fiscal Karim Khan en noviembre de 2021.

La referida investigación se inició tras la publicación de un informe en diciembre de 2020 por la Oficina de la Fiscalía de la Corte, en el que se declaró que tenían fundamentos razonables para creer que, al menos desde 2017, autoridades civiles y miembros de la Fuerza Armada cometieron crímenes de lesa humanidad.

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El pasado miércoles 13 de noviembre, fiscales de los derechos humanos del Ministerio Público se reunieron con los siete adolescentes y el joven de 18 años recluidos en la Casa de Justicia ubicada en El Cementerio, en Caracas, desde hace tres meses.

Según detallaron familiares, algunos funcionarios los entrevistaron sobre el contexto de su detención y un médico forense les realizó exámenes. El Pitazo reseñó al día siguiente de este encuentro que todos los detenidos aseguraron a la comisión que estaban en un lugar distinto de una protesta cuando los detuvieron después de las elecciones. A varios de ellos los sacó la policía de su vivienda para aprehenderlos.

Este encuentro sería en un principio en presencia de los representantes, pero se realizó solo con los adolescentes, según contaron sus madres. Una de ellas detalló que funcionarios del centro le informaron que la comisión iba acompañada de extranjeros, posiblemente miembros de la CPI.

Con información El Pitazo

El Ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello admitió que existen adolescentes encarcelados por motivos políticos tras las protestas postelectorales, aunque irónicamente pidió «cuidar de ellos» a través de una posible regularización de las redes sociales que ya ha estado siendo advertida por el madurismo vía ley desde la Asamblea Nacional.

Es de resaltar que Cabello ha sido el primer funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en admitir que hay menores de edad detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Responsabilizó a los padres de los adolescentes detenidos por una acción que según defensores de DD. HH .fue desmedida posterior a la elección del 28jul.

«Dónde estaban los padres de esos niños el 29 y 30 de julio Dónde estaba por qué no no tuvieron la previsión de evitar que sus hijos participaran en ese tipo de actividades violentas se van a preocupar ahora de sus hijos en una campaña que tiene montada debieron haberse preocupados antes», dijo Cabello.

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Al mismo tiempo afirmó que el gobierno se encargará de proteger a los jóvenes venezolanos con un eventual control de las redes sociales que ya tuvo con el bloqueo de X por 10 días su primer experimento.

«Llegará el momento que tenemos que regular el uso de las redes sociales puede chillar quien quiera, pero nosotros no le vamos a entregar el futuro de esta patria a unos psicópatas», agregó.

Por su parte la ONG Foro Penal recordó que aún se mantienen tras las rejas decenas de estos jóvenes detenidos en protestas pese a la petición de Maduro en revisar estos casos que ha generado ciertas expectativas sobre posibles liberaciones.

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advierte que «al día de hoy quedan todavía privados arbitrariamente de su libertad 69 todo esto solo desde el 28 de Julio en adelante.  Antes de esta fecha no registraba el Foro Penal adolescentes privados de libertad por motivos políticos todos estos adolescentes a os que hacemos mención es del 28 de julio en adelante».

Importante destacar que este jueves murió una de las personas detenidas en el contexto postelectoral en el Edo Anzoátegui tras complicaciones de salud aparentemente no atendidas a tiempo, un hecho por lo que principales líderes de oposición responsabilizaron al gobierno nacional

El representante estudiantil de la UCV, Miguelanguel Suárez, exigió la liberación de los 68 menores de edad detenidos y 7 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

«Exigimos la inmediata liberación de los 68 menores de edad privados de libertad y de los 7 UCVistas detenidos actualmente. En los próximos días seguiremos realizando acciones como estás hasta que se liberen a nuestros compañeros detenidos».

«Le decimos al mundo que no nos van a callar aquellos que a través del miedo quieren coaccionar la voz de toda una sociedad», dijo.

#4Oct?️"LOS QUEREMOS LIBRES" Estudiantes de la UCV realizaron un pupitrazo para pedir por la libertad de los más de 1.900 detenidos por motivos políticos en el país, especialmente por los 68 menores de edad encerrados en centros de reclusión para adultos? Vía @milmanrique pic.twitter.com/u8IR3SkSNG

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Los espacios de la UCV, fueron escenario de un pupitrazo, por la libertad de los más de 1900 presos políticos en el país, especialmente por los 68 adolescentes (menores de edad) detenidos en centros de reclusión para adultos.

Para reflejar la magnitud de la gravedad de la situación, ponen como ejemplo que la cantidad de detenidos equivalente a casi 2 salones de clases completos.

En la actividad participaron familiares de los presos políticos a quienes fue donado insumos de cuidado personal y alimentación para sus familiares recluidos en los distintos centros de reclusión del país.

La actividad contó con la presencia de unas 30 personas entre familiares y estudiantes de la UCV.

«Nuestros hijos no son terroristas»: familiares de ocho adolescentes detenidos en Venezuela en el marco de protestas poselectorales exigieron este viernes su libertad a las puertas de un cuartel policial en Caracas.

Según organizaciones defensoras de derechos humanos, más de un centenar de menores de edad fueron arrestados por militares y policías en medio de manifestaciones tras la reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio -denunciada por la oposición como un fraude-, que dejaron 27 muertos, incluidos dos militares. 

Fueron excarcelados 85, pero aún siguen tras las rejas una treintena, entre los más de 2.400 detenidos de acuerdo con cifras oficiales.

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Los arrestados enfrentan cargos por «terrorismo», entre otras imputaciones, mientras el gobierno acusa a sus adversarios de un intento de golpe de Estado.

«Queremos la libertad de nuestros hijos, porque nuestros hijos no son terroristas», dijo Tania Urbina, madre de Miguel Alejandro Urbina, de 16 años. 

Esta manicurista de 32 años asegura que las autoridades no han dado información sobre el caso de su hijo: «No hay respuesta para saber qué va a pasar con ellos. Estamos desesperados». 

Urnina asegura que el adolescente detenido «está bien físicamente», pues ha podido visitarlo, pero lamenta que «lo están acusando de algo que es falso».

Dionexis García, hermana de otro menor bajo arresto, Diosmer Mejías, sostuvo que su familiar tiene una bala de goma incrustada en la espalda y alerta que no ha recibido atención médica adecuada.

«Tiene una goma en la espalda. No sabemos (por qué). Nos pidieron una inyección y unas pastillas», relata. «No le han mandado hacer exámenes, no le han mandado hacer placas. Solo nos mandaron a comprar unas inyecciones y unas pastillas. No sabemos más nada».

Según García, su hermano fue arrestado en su casa, un patrón denunciado por activistas después de que Maduro y altos funcionarios pidiesen a la ciudadanía delatar a «guarimberos», calificativo que el chavismo usa para manifestantes que bloquean calles.

La oposición asegura que la elección del 28 de julio fue ganada por su candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el domingo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado un escrutinio detallado y alega que su sistema informático fue blanco de un ataque cibernético masivo.

Dormir en el piso, esposados, junto a presos comunes, sin acceso a familiares ni abogados. Así fue la experiencia de Pedro, de 17 años, y otros adolescentes detenidos y acusados de «terrorismo» en Venezuela, vinculados a protestas contra la reelección de Nicolás Maduro.

Pedro -su nombre es ficticio, ya que pidió el anonimato por razones de seguridad- es uno de los 114 adolescentes que fueron presos en medio de la crisis poselectoral, que suma más de 2.400 detenidos en total.

Pasó un mes en prisión hasta que fue liberado, al igual que otros 85 menores de edad.

«No teníamos derecho a nada», cuenta a la AFP el joven, que estudia en la secundaria. «El primer día estuve con todos los mayores (adultos) que agarraron por el mismo caso, y ya al segundo día nos llevaron a otro comando y nos tiraron un día ahí en el piso para dormir esposados».

Maduro fue proclamado presidente reelecto para un tercer período (2025-2031) sin que la autoridad electoral publicara el detalle del escrutinio como obliga la ley. La oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude y asegura tener las pruebas que demuestran la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con más del 60% de los votos.

El anuncio del resultado desató protestas en el país que se saldaron con 27 muertos y 192 heridos, y fueron reprimidas por las fuerzas del orden, que iniciaron operativos para capturar «terroristas». En las manifestaciones murió un joven de 15 años, Isaías Fuenmayor, según denuncias de Human Rights Watch.

El gobierno habilitó canales para delatar a posibles responsables de la «violencia».

Oenegés de derechos humanos sostienen que muchos de los detenidos no estaban manifestando, Pedro entre ellos.

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«Yo estaba viendo una protesta, como a una cuadra», recuerda el muchacho. «No estaba haciendo nada, y además esa protesta era pacífica».

Oficiales de la Guardia Nacional, cuerpo militar responsable del orden público, lo detuvo. «Me atacaron físicamente, yo no me quería dejar agarrar».

La resistencia no funcionó, terminó preso.»Nos tuvieron aislados durante ocho días, aislados en el sentido de que no teníamos derecho a saber absolutamente nada, solo a comida y dormitorios», recuerda.

Luego fue trasladado a un centro de reclusión de menores, y allí pudo ver finalmente a su familia.

Su defensa está a cargo de un abogado asignado por el Estado, una estrategia común con «presos políticos» que generalmente no tienen permitido acceder a representación privada o de confianza. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los jóvenes detenidos, según la ONG Encuentro, Justicia y Perdón.

El abogado «intentaba ayudar en lo posible», en su caso para el traslado al penal de menores o para separarlo de la población penal común. Pero cuando pedía hablar con su madre declinaba el pedido y le decía que «recibían órdenes» del gobierno, recuerda.

Machado ha tachado las detenciones como «secuestro» de adolescentes y niños. Pero el gobierno lo niega y acusa a la oposición de haber captado a los jóvenes para «cometer delitos», incluido el homicidio de una mujer «porque había que matar chavistas», según Maduro.

«Está convicto y confeso el muchacho», dijo el mandatario el lunes sobre el caso de otro adolescente detenido.

El fiscal general Tarek William Saab denunció que los chicos recibían un pago de 40 dólares por parte de la oposición para que manifestaran.

Cerca de 30 menores de edad continúan aún detenidos.

Lauriannys Cedeño, de 17 años, fue arrestada el pasado 14 de agosto, luego que una líder comunitaria del chavismo denunciara que recibió mensajes ofensivos y amenazantes por WhatsApp desde varios números, incluido el de la joven.

Al día siguiente del arresto, cuando estaba convocada la audiencia de presentación, se desmayó y la trasladaron al hospital, donde sigue internada bajo vigilancia policial.

«Se la llevaron a la (cárcel) municipal y pasó la noche en el pasillo (…), pero los presos no la dejaron dormir, silbándole y diciéndole obscenidades», dice a la AFP una fuente relacionada al caso bajo anonimato. «No paraba de llorar».

Cedeño dijo que envió los mensajes a un número errado, iban para otra seguidora del chavismo. La propia denunciante, Nilsa López, dijo después que el contenido del texto no era amenazante.

No está claro el diagnóstico de su salud, pero a veces puede estar con la mirada perdida o le dan «ataques nerviosos», cuenta la fuente. El último ocurrió el miércoles cuando la visitó una fiscal.

Cedeño se acaba de graduar con honores en la secundaria, y esperaba estudiar nutrición. Enfrenta ahora desde un hospital una acusación por «terrorismo» e «instigación al odio».

El futuro de estos jóvenes es incierto. «Es horrible esto», dice Pedro. «Estamos viviendo en zozobra, en miedo, porque no sabemos qué nos espera, no tenemos nada que nos proteja. Estoy en libertad pero con mucho miedo».