Adriana Pichardo, en entrevista con Radio Asamblea Nacional, dijo que el día de ayer se hizo pública la gaceta oficial 42.125 que contiene el decreto 4.610; donde el régimen ordena al DGCIM y al SEBIN transferir la custodia de los privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios.⁣En este sentido, expresó el rechazo a dicho decreto, “esto significa nada más y nada menos que trasladarán a los presos políticos a cárceles comunes, hoy de los 363 presos políticos en Venezuela; no más de un 10% se encuentran en las mismas”, dijo. ⁣

#19May @apichardob empezaron los traslados de una de las sedes de las FAES sin paradero conocido de algunos presos políticos entre ellos:-Dario Estrada-Rigoberto Moreno-Robert Franco y 4 personas más. Es peligroso y violatorio de los sus #DDHH.Via @Dayanakrays @ImpactoVE pic.twitter.com/gikdfSya4D

⁣La diputada recalcó

Que era un riesgo la presencia de los políticos privados de libertad en cárceles comunes.

“Es peligroso en primer lugar por antecedentes como Raul Emilio Baduel y el Gato de Aragua; quienes en tres oportunidades fueron utilizados por los presos como rehenes para protestar y lograr beneficios”, expresó. ⁣⁣Así mismo, Pichardo hizo referencia a que actualmente han confirmado el traslado de siete políticos que se encontraban en la sede del FAES en la quebradita:

“Nos informa la familia que uno de ellos podría ser Robert Franco, hasta ahora ninguna autoridad ha querido informar a los abogados ni familiares sobre el paradero de estas siete personas”.

Lea también: asesinan-a-reconocido-artista-plastico-tachirense-en-su-vivienda/⁣Finalmente, la diputada hizo un llamado a la oficina de Michel Bachellet y a los activistas de los derechos humanos para el rechazo de dichos traslados.

“Es un peligro que estén realizando este tipo de traslados a cárceles comunes, que se encuentran en estado de hacinamiento, no tienen alimentos; no tienen condiciones sanitarias, es muy peligroso y ponen en peligro la vida de los presos políticos” expresó.

Este jueves se concretó la creación del Observatorio de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional, el cual había sido aprobado en el mes de junio, informó la diputada Adriana Pichardo.

Dijo que se trata de una “tarea indispensable para aplicación de justicia, la reparación y la garantía de no repetición, que merecen y reclaman las víctimas de violación de derechos humanos”.

La finalidad de la instancia es «monitorear, documentar y seguir las violaciones de los derechos civiles y políticos por parte del régimen en Venezuela (…) dado el contexto de persecución de la disidencia política este observatorio tiene el objetivo de generar un espacio de encuentro entre la sociedad civil, las distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y la Asamblea Nacional, para canalizar sus inquietudes y demandas», explicó.

Pichardo recordó que este observatorio seguirá el desarrollo de casos como el del diputado Gilber Caro, quien detenido desde diciembre de 2019. «Es víctima de un proceso forjado, donde han sido violadas todas las garantías del debido proceso, al extremo que a la fecha la jueza con competencia en Terrorismo, Hilda Villanueva, no ha juramentado a los abogados designados por el diputado como su defensa privada», argumentó.