Luego que la cancillería de Venezuela, emitiera un comunicado denunciado presiones hacia República Dominicana, para que entregara el avión, el canciller dominicano Roberto Álvarez dijo el lunes que el gobierno no participó en la investigación de Estados Unidos que llevó a la confiscación en Santo Domingo de una aeronave usada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El canciller dijo a los periodistas que «Ni el gobierno dominicano, ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación de Estados Unidos».

Explicó que «solamente se requirió esa cooperación jurídica Internacional y como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales».

Asimismo, confirmó que «dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento».

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Por su parte, el canciller Gil dijo en un comunicado que “esta acción revela que ningún Estado y ningún Gobierno constitucional está a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional. EE. UU. ha demostrado que ya utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a estados como República Dominicana, para que sirvan como cómplices en sus actos delincuenciales”.

El canciller Yván Gil aseguró que la incautación de avión venezolano por parte de la administración de Joe Biden “no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República”.

A través de un comunicado, la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que la incautación es «una práctica criminal reincidente» de una «aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal, impone alrededor del mundo».

“Esta acción revela que ningún Estado y ningún Gobierno constitucional está a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional. EE. UU. ha demostrado que ya utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a estados como República Dominicana, para que sirvan como cómplices en sus actos delincuenciales”, añade el comunicado.

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Estados Unidos incautó una aeronave, utilizada por Nicolás Maduro y personas allegadas a él en Venezuela, basándose en que ha violado las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones.

Se trata de una aeronave valorada actualmente en 50 millones de dólares fue confiscada por República Dominicana en el mes de mayo, mientras se realizaba una investigación por aparentes vuelos realizados a Teherán Argelia Bolivia Brasil y Cuba.

Pero fue hoy cuando fue trasladada al estado de Florida específicamente al aeropuerto de Fort Lauderdale.

El agente del departamento de Seguridad Nacional, José Figueroa, asegura que están procesando “cualquier evidencia que hayamos podido encontrar”.

“Las aeronaves adquiridas ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el horizonte».

Informó que EE.UU. avanza en el combate de la “corrupción y el lavado dinero en Venezuela. Hemos interrumpido el flujo de sobre 2 millones de dólares confiscado, más de 700 millones de dólares y hemos acusado a más de 30 oficiales de régimen de Maduro y sus asociados”.

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A través de un comunicado especial en su secretario de control de exportaciones, Matthew S. Axelrod, explicó que la incautación se produjo por adquirir aviones ilegalmente en Estados Unidos para beneficios de funcionarios venezolanos sancionados.

En agosto de 2019 el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directamente o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela.

Por su parte, el fiscal general Merrick B. Garland  confirmó que la aeronave “fue comprada ilegalmente por US$13 millones a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para ser utilizada por Nicolás Maduro y sus aliados».

Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo “a aquellos que violen nuestras sanciones y controles de exportación para impedir que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos».