La semana pasada salió a la luz pública una resolución expresa firmada entre el ministerio de la Defensa y el de Interior y Justicia, en donde autorizan que los ciudadanos comunes pueden grabar con cualquier equipo el momento en que son verificados en una alcabala policial o punto de control.

Esta nueva normativa es para la ciudadanía una especie de herramienta, donde dicen que podría servirles para blindarse y registrar bien cualquier abuso policial o situación irregular, durante las requisas.

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Por otra parte, pareciera que a algunos funcionarios policiales la misma normativa no les «cae en gracia».

Nuestro compañero de labores, Sandino Ignacio Yaguare, consulto con la gente y esto es lo que La Calle Dice…

Hugo Ferreira considera que este mecanismo es una forma de protegerse. sobre todo para los camioneros y transportistas, quienes a diario deben pasar por alcabalas y puntos de control, tanto en avenidas, calles, autopistas y carreteras. En estos últimos donde se han producido mayor cantidad de denuncias sobre matracas y extorsión hacia los transportistas.

Williams José Rojas considera que muchos ciudadanos han sido maltratados y vejados por algunos funcionarios policiales y efectivos militares, quienes han desvirtuado su función. Espera que con esta nueva normativa se logra aplacar de manera considerable la matraca.

Otros creen que esta medida obligará a que el trato entre ambas partes sea cordial. Así lo entiende el motorizado Luis lloro, quien manifiesta que así como existen funcionaros exaltados y fuera de todo orden, también hay personas en la calle que al momento de dirigirse a una autoridad, se comportan de la peor manera.

La Comisión de Fronteras de la asamblea Nacional pide el abordaje pide a los gobiernos de Venezuela y Colombia colocar en agenda el abordaje a los indígenas yukpas que hacen vida activa en el eje limítrofe.

Miembros de la etnia fueron captados por la guerrilla e instauraron una alcabala clandestina en La Fría para someter a la población.

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Alguno de ellos tiene armas blancas y someten a la población para que pague hasta 20 mil pesos para dejarlos continuar el camino.

Autoridades aseguran que sea hecho todo para tratar de devolver a los indígenas a la Sierra de Perijá, pero siguen llegando al eje limítrofes.

Incluso la Policía Nacional Bolivariana ha intervenido, pero regresan nuevamente.

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Las alcabalas de la Guardia Nacional en la frontera se han convertido en un suplicio para los ciudadanos que necesitan ir de un país a otro.

Las matracas de los efectivos militares son constantes y desangran el bolsillo de cualquier persona.

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Una de las alcabalas en Boca de la Grita, la nombran La Llorona porque las personas que intentan pasar tienen que llorar y rogar para que los militares no les cobren las altas sumas de dinero que piden.

“Es un atraco lo que nos hacen en esas dos alcabalas en Boca de Grita”, dijo uno de los ciudadanos que a diario tienen que cruzar la frontera.

Con la imposición de las alcabalas, los productores del campo prácticamente están pagando un impuesto informal. La denuncia la hizo Osman Quero, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro).

Dijo que los camiones que transportan alimentos suelen perder parte de los productos. «En las alcabalas los funcionarios de seguridad solicitan diversa documentación. Si por alguna razón no está algún documento al día, el camionero es ‘pechado’ por los funcionarios», alertó,

«Esta situación se traduce  en dejar productos o rubros de las cosechas que se transportan en ese momento en las distintas alcabalas que se encuentran en el camino. Esto es prácticamente el pago de un  ‘impuesto’», insistió.

Por ello, dijo que «la exigencia del sector está en que no se debería permitir el trato que se da en las alcabalas al transporte de alimentos. En consecuencia, esto se traduce en un costo que termina encareciendo los productos para el consumidor”, aseguró, en nota de prensa.

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Quero denunció que este año ha transcurrido de la manera más tortuosa para los productores agrícolas, debio a la falta de combustibles.

A juicio del gremialista, «sí hay combustibles en el país, pero a precios inaccesibles que perjudican a los productores. Necesitamos combustible para las cosechadoras, transporte e industrias que acondicionan el maíz para la próxima cosecha”, dijo.

El representante del sector agrícola detalla la necesidad de retomar la distribución de combustible requerido para el transporte de los alimentos y las industrias productivas, en la próxima cosecha de maíz que inicia en septiembre. “Por hectárea se requieren 62 litros de combustible aproximadamente”, indicó.

Quero aseveró que la distribución del maíz y el arroz se vieron afectadas por esta circunstancia. Y denunció que «la misma ha traído consigo un mercado negro sin restricciones ni correlación a los precios de los alimentos».

En ese mercado negro «no se controlan los precios y esto es perjudicial para el sector. La entrega formal  de combustible para los productores  por parte del Ministerio de Agricultura, no es negativa. Lo que se cuestiona es que la cantidad que entregan no es suficiente».

En este sentido detalla que al faltar el combustible el productor debe buscar el carburante en otras instancias. «Conseguir el denominado bachaqueado, significa pagar entre 0.90 a 1 dólar por litro», lamentó.   

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El hecho de que aún existan alcabalas en las carrteras del país es el desacato directo a las órdenes de Nicoás Maduro.

Exactamente, el 13 de julio, en una alociñon por VTV, él dijo: «A partir de hoy se deben eliminar las trabas que se le ponen al pueblo de Venezuela en las alcabalas durante las semanas de cuarentena, con el método 7+7».

«Vamos a actuar de otra manera, de una manera amable, consciente. Las cosas que no se obtienen con la consciencia, con la persuasión, no se deben obtener con la restricción», exclamó.

Los productores agrícolas tienen que vivir un calvario para distribuir los alimentos en todo el país, puedes deben sortear “la matraca” de 40 alcabalas de funcionarios de la GNB, la inseguridad y la escasez de gasoil.

Entre La Grita y el centro del país, quienes hacen las ferias de hortalizas salen a su suerte para poder vender frutas y vegetales.

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Denuncian que el gasoil se paga en dólares, la inseguridad está a galope en las carreteras  y hasta deben dejar parte de la mercancía a la Guardia Nacional para que los dejen pasar.

Muchos dejaron de viajar para evitar todos los problemas, y de pasar hasta tres días de cola para poder conseguir Gasoil.

Razón por la cual los llamados ferieros aseguran que de seguir esta situación dejarían de viajar por el país e incluso dejar a Caracas sin hortalizas y vegetales.

El desplazamiento forzoso de los indígenas Wayúu en La Guajira venezolana es un negocio para quienes a través de las alcabalas cobran una tarifa plana entre 5$ y $30.

El Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) alertó que decenas de alcabalas limitan la vida de indígenas Wayúu en la Guajira venezolana.

Esto con el agravante que no tienen un pasaporte vigente y en medio de la pandemia, tampoco un diagnóstico de la COVID-19, denunció Provea a través de un  informe.

Se estima que en cada punto de control cobran entre 5$ y 30$.

El tránsito por la troncal es una travesía por el riesgo que implica ser víctima de los abusos de policías o militares, indicaron los consultados por Provea.

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La ONG destacó que los indígenas deben «bajarse de la mula» y entregar dinero a los funcionarios de seguridad para atravesar la carretera internacional Troncal del Caribe, informó El Carabobeño.

Esto debido al desplazamiento forzoso que se ha venido desarrollando ante la crisis de gasolina y el colapso en los servicios públicos.

«Desde 2010 las organizaciones indígenas vienen denunciando que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional y policías les violan sus derechos humanos», señala el informe de Provea.

Desde 2017, la falta de gasolina, y el colapso en los servicios públicos, generan un dramático deterioro en las condiciones de vida de los habitantes estas comunidades.

Situación que crea un daño irreparable a la cultura de estos pueblos y empujándolos al desplazamiento forzoso, señaló Provea.

La Guajira venezolana es un territorio poblado por indígenas Wayúu y Añú. Ubicado al norte del estado Zulia.

Para financiarse, los grupos guerrilleros ubican alcabalas falsas en distintos sectores en la frontera. En el estado Táchira hay 90 puntos de control.

No obstante, varias de ellas están bajo el control de grupos irregulares. Esta situación solo se explica por la corrupción de los organismos de seguridad.

Desde ONG, como FundaRedes, denuncian que por los menos son 5 los frentes guerrilleros que controlan estos puntos.

Para más detalles vea nuestro noticiero.

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