El acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela protege los intereses de empresarios privados, pero no establece la obligación explícita de pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca ha anunciado como beneficios para el país suramericano, según una investigación publicada  por ProPublica, medio estadounidense de periodismo de investigación.

El medio examinó una copia del acuerdo de dieciocho páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, que concede al Gobierno estadounidense una participación del 35 % en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

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El pacto permite a Estados Unidos comprar el 20 % de la producción de NABEP a treinta dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante cincuenta años. Ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del petróleo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte.

 El acuerdo también permite a Washington comprar toda la producción de la compañía si declara una emergencia nacional.

La junta directiva tendrá siete miembros, una mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por el Gobierno estadounidense sin derecho a voto.

 Según ProPublica, la estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta.

La empresa matriz está registrada en Barbados, donde la legislación dificulta conocer la identidad de algunos propietarios e inversores. El acuerdo tampoco exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta y establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán conforme a la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.

En septiembre, Rubio defendió la elección de NABEP, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para aumentar la producción.

En una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio afirmó que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos, aunque autoridades de Suiza y España lo investigaban por presunto blanqueo de capitales y no había sido imputado formalmente.

El secretario de Estado sostuvo que la compañía podrá aumentar la producción y realizar pagos a un futuro gobierno electo de Venezuela. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos procedentes de la venta de petróleo mediante la auditora KPMG y defendió una nueva regulación para profesionalizar la industria.

La empresa, por su parte, ha defendido que el acuerdo atraerá inversiones y generará beneficios económicos para ambos países. Sin embargo, ProPublica señala que el documento no detalla una obligación vinculante que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca. 

Con información de EFE

Alejandro Betancourt llevaba casi dos años reconstruyendo su imperio petrolero en Venezuela cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Desde abril de 2024, el empresario de 46 años resolvió una antigua disputa con la petrolera estatal venezolana, regresó a un prometedor campo al que había perdido acceso y fue sumando nuevos proyectos, publicó la agencia Bloomberg.

Para diciembre de 2025, semanas antes de que efectivos de la Fuerza Delta incursionaran en Caracas en la madrugada del 3 de enero, Betancourt ya estaba aumentando los pedidos de equipos de perforación. Financió esa expansión con la fortuna y la reputación que había construido como hábil operador del sector energético durante buena parte de las últimas dos décadas.

 Apenas unos días después de la salida de Maduro, Betancourt ayudó a facilitar algunos de los primeros contactos entre Washington y las nuevas autoridades de Caracas, incluidos acercamientos con funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Energía, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Betancourt fue consolidándose como un puente entre ambos gobiernos y como alguien capaz de contribuir a acelerar la recuperación económica de Venezuela, según personas al tanto del asunto. Ahora es la persona más influyente en los esfuerzos del presidente Donald Trump por transformar la industria petrolera venezolana.

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Es un giro notable para el empresario radicado en Londres, que durante años estuvo bajo investigación en EE.UU., Venezuela, Suiza y España. Anteriormente este año, Betancourt visitó la Casa Blanca después de mantenerse alejado de EE.UU. durante unos siete años por temor a una investigación del Departamento de Justicia sobre sus negocios, según fuentes. Allí se reunió con funcionarios para analizar cómo acelerar la producción petrolera de Venezuela, dijeron las personas.

Betancourt también se ha reunido en Caracas con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, según las personas. La semana pasada estuvo en Nueva York mientras Rodríguez y una delegación venezolana participaban en la Asamblea General de Naciones Unidas.

 Su creciente influencia quedó en evidencia el mes pasado, cuando EE.UU. anunció una asociación con su empresa que otorga a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono una participación en hasta 17 campos petroleros venezolanos y le brinda a Betancourt el pleno respaldo de Washington. El gobierno estadounidense estima que el acuerdo da acceso a hasta 65 millones de barriles de reservas.

El regreso de Betancourt al centro de la escena refleja una habilidad poco común que ha perfeccionado durante años: ganarse el favor de facciones políticas aparentemente antagónicas en Venezuela y, al mismo tiempo, cultivar relaciones dentro del entorno, a menudo conflictivo e impredecible, de Trump. Esa capacidad, sumada al control de un negocio petrolero con potencial para producir a gran escala, lo ha convertido en una figura clave para quienes buscan aprovechar las reservas energéticas aún sin explotar de Venezuela.

Betancourt mantiene vínculos con Rodríguez y otros altos funcionarios venezolanos, pero también ayudó a la oposición cuando Washington reconoció a uno de sus líderes como presidente legítimo de Venezuela. Al mismo tiempo, cultivó relaciones con asesores de Trump mientras el Departamento de Justicia examinaba sus negocios.

Su exposición legal también podría darle a Washington cierto margen de presión. Dos funcionarios involucrados en la investigación del Departamento de Justicia dijeron que la administración ve una ventaja en tratar con empresarios que siguen bajo escrutinio de EE.UU. Según explicaron, Betancourt y otros “bolichicos” —empresarios que amasaron fortunas mediante contratos estatales y conexiones forjadas durante la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez— podrían ser más receptivos a las exigencias de Washington debido a esa situación.

Betancourt declinó hacer comentarios. Los departamentos de Justicia, Energía y Tesoro de EE.UU. no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un alto funcionario de la administración, que habló durante una sesión informativa el 1 de septiembre, reconoció la inusual trayectoria de Betancourt y dijo que no es precisamente un candidato a santo, pero sí un operador probado capaz de hacer el trabajo.

El camino de Betancourt hacia el centro de la política entre EE.UU. y Venezuela comenzó a mediados de la década de 2000, en uno de los períodos más lucrativos de la historia reciente del país sudamericano.

Hijo del pianista Leopoldo Betancourt y de la diseñadora de joyas Lilia López, estudió en el Instituto Cumbres, un exclusivo colegio católico para varones en una zona acomodada de Caracas, y luego asistió a un internado en Wisconsin. Betancourt ha dicho que obtuvo una licenciatura de la Universidad de Suffolk, en Boston, y un MBA ejecutivo de la Universidad de Oxford.

 Su gran oportunidad llegó durante el gobierno de Chávez. Entró al negocio petrolero alrededor de 2005, cuando comenzó a trabajar para Clyde Meltzer, exsocio del multimillonario operador de materias primas Marc Rich. En 2007 se incorporó a la empresa latinoamericana del banco ruso Gazprombank.

En 2009, la firma de Betancourt, Derwick Associates, obtuvo sus primeros contratos para suministrar equipos eléctricos de emergencia mientras Venezuela sufría apagones crónicos. La compañía instaló varias plantas que terminaron generando mucha menos capacidad de la contratada, en gran medida porque sus turbinas eran obsoletas o poco adecuadas para la red eléctrica venezolana.

Los jóvenes empresarios detrás de Derwick se convirtieron en símbolo de una nueva clase de emprendedores venezolanos cuyas fortunas crecieron rápidamente al ritmo del gasto público. Sus críticos los bautizaron “bolichicos”, una combinación de “bolivariano” y “chicos”, término usado en Venezuela para referirse a hombres jóvenes.

A mediados de la década de 2010, Betancourt invirtió en una empresa que operaba el campo Rubiales, en Colombia, por entonces el mayor del país.

Después llegaron las investigaciones. En 2013, fiscales venezolanos interrogaron a Betancourt por los contratos eléctricos de Derwick, según informes.

En 2014, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar acusaciones de que Derwick había pagado sobornos para obtener contratos de generación eléctrica a precios inflados. Dos años después, Betancourt pasó a ser objeto de otra investigación en EE.UU., esta vez por un presunto esquema que involucraba operaciones cambiarias favorables con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, y el lavado de las ganancias obtenidas. La investigación avanzó y se estancó en varias ocasiones, pero nunca derivó en cargos en su contra.

Posteriormente, las autoridades de España y Suiza abrieron investigaciones por presunto lavado de dinero relacionadas con fondos supuestamente desviados de PDVSA. Betancourt ha negado haber cometido algún delito y no ha sido acusado penalmente en ninguno de esos países. A principios de septiembre, Rodríguez afirmó que el caso en su contra en Venezuela había sido sobreseído “hace años”, sin dar más detalles.

Quienes han tratado con Betancourt lo describen como un camaleón, capaz de adaptarse rápidamente cuando surge una oportunidad empresarial o social. A medida que ganaba protagonismo en la comunidad empresarial venezolana, también cultivaba una red de contactos en Washington que, con el tiempo, resultaría igual de valiosa.

Durante el primer mandato de Trump, Betancourt fue presentado a Mauricio Claver-Carone, considerado un halcón en temas relacionados con Venezuela y que entonces era el principal asesor del presidente para América Latina, según personas familiarizadas con la relación. Claver-Carone, aliado desde hace tiempo del secretario de Estado Marco Rubio, es uno de los artífices de la estrategia de Trump hacia Venezuela.

 Betancourt también contrató a Rudy Giuliani, exabogado personal de Trump, mientras intentaba resolver la investigación estadounidense sobre sus negocios, según personas familiarizadas con el acuerdo. Giuliani no respondió a una solicitud de comentarios.

Betancourt quería que la administración Trump supiera que estaba financiando los esfuerzos de la oposición venezolana para conseguir apoyo internacional contra Maduro, dijeron las personas. Por eso, en 2019, recibió a Giuliani en su extensa propiedad en España, donde el exalcalde de Nueva York también se reunió con representantes de Juan Guaidó, un político opositor que en ese momento era reconocido por Washington como presidente legítimo de Venezuela. En las últimas semanas, la administración Trump ha destacado esos esfuerzos.

Ese mismo año, Betancourt viajó a Moscú para buscar el respaldo de Rusia a Guaidó, dijeron tres de las personas. Aunque no consiguió el apoyo del alto funcionario ruso con el que se reunió en 2019, anotó un número al que debía llamar en caso de que se produjera un golpe de Estado en Caracas, dijeron las personas.

Al mismo tiempo, Betancourt seguía proponiendo ideas para la industria petrolera venezolana, entre ellas canjear deuda venezolana en distress por derechos para desarrollar campos petroleros, según las personas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios.

Esas maniobras terminaron pasándole factura a Betancourt en Caracas.

En un discurso televisado en febrero de 2020, Jorge Rodríguez, hermano de Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional, calificó a Betancourt de “ladrón corrupto” que había amasado una fortuna gracias a contratos públicos.

Después, el gobierno venezolano fue tras sus intereses. Gazprombank Latin America Ventures, o GPB LAV, había transferido una participación del 40% en Petrozamora, una empresa mixta que explota un campo cerca del lago Maracaibo, a inversionistas y empresas vinculadas a Betancourt, según una de las fuentes. En 2022, el gobierno venezolano puso fin a la participación de GPB LAV, tras afirmar que había sido transferida sin la autorización estatal necesaria, dejando la propiedad en manos de PDVSA.

A principios de 2024, Betancourt logró volver en gran medida gracias a la ayuda del magnate energético de Florida Harry Sargeant III. En ese momento, una flexibilización temporal de las sanciones estadounidenses abrió la industria petrolera venezolana a nuevas inversiones, y Maduro, ante la posibilidad de que Trump volviera al poder, vio en Sargeant un puente hacia Washington, según una de las fuentes. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, aliado desde hace tiempo del gobierno venezolano, también medió entre Betancourt y funcionarios del gobierno, según una de las fuentes.

No fue posible contactar con Sargeant para solicitar comentarios.Los abogados de Zapatero no respondieron a una solicitud de comentarios.

Betancourt y Sargeant iniciaron entonces conversaciones con funcionarios venezolanos sobre un acuerdo más amplio que exigía a Betancourt renunciar a las reclamaciones derivadas del litigio de Petrozamora a cambio de regresar al campo bajo una nueva estructura operativa, según las fuentes.

En abril de 2024, ambas partes llegaron a un acuerdo. Betancourt renunció a las reclamaciones pendientes y North American Blue Energy Partners, una empresa que él y Sargeant habían creado en Barbados a principios de ese mes, firmó su primer contrato de participación productiva (CPP) para explotar Petrozamora.

NABEP firmó el contrato de Petrozamora el 17 de abril, el mismo día en que el Tesoro de EE.UU. comenzó a poner fin a una amplia suspensión de sanciones para la industria petrolera venezolana.

Aun así, la empresa se expandió rápidamente, firmó otro contrato para Junín Sur en diciembre de 2024 y un tercero para Petrocedeño al mes siguiente.

El alto funcionario de la Administración Trump afirmó que Betancourt pudo regresar a la industria venezolana porque la Administración lo considera un buen operador, al margen de las demás cuestiones que lo rodean.

Cuando EE.UU. anunció su asociación con NABEP en agosto, la empresa de Betancourt extraía unos 200.000 barriles de hidrocarburos al día de campos situados alrededor del lago Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco.

El cambio de rumbo fue sorprendente. En una comparecencia junto al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, en Miraflores a principios de septiembre, Delcy Rodríguez afirmó que apoyaba la decisión de Washington de elegir a Betancourt como socio y lo elogió por seguir produciendo petróleo en Venezuela pese a lo que ella calificó como “sanciones muy duras”.

 Funcionarios del Ministerio de Información de Venezuela no respondieron a una solicitud de comentarios.

Betancourt no fue bien recibido por todos en Washington. Algunos funcionarios valoraban su capacidad para moverse en Caracas, mientras otros desconfiaban de él.

Pero a medida que Washington intensificó el año pasado su campaña de presión contra Maduro, Claver-Carone desempeñó un papel clave para incorporar a Betancourt más activamente a las discusiones de EE.UU. sobre Venezuela, según personas familiarizadas con el asunto.

 Sus vínculos en Washington se estrecharon, incluso con Jessica Bedoya, pareja de Claver-Carone y antigua funcionaria de la Administración Trump, según personas familiarizadas con el asunto.

Sus otros contactos también resultaron valiosos. Betancourt solía reunirse para almorzar en Londres con Félix Plasencia, representante del gobierno venezolano, según personas familiarizadas con su relación. Plasencia es ahora ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y no respondió a una solicitud de comentarios.

Pero a medida que Washington flexibilizaba las sanciones, reforzaba su control sobre las ventas de petróleo venezolano y alentaba a las empresas estadounidenses a regresar, surgió una oportunidad: la producción no aumentaba tan rápido como Trump quería. Muchos grandes productores internacionales siguen mostrándose reacios a comprometer miles de millones de dólares sin una mayor certeza política y jurídica.

Betancourt tenía menos reservas, por lo que planteó a funcionarios tanto de EE.UU. como de Venezuela la idea de un acuerdo binacional, según las fuentes.

Durante un viaje a Washington a principios de este año, Betancourt dijo a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional que Venezuela necesitaba capital, equipos y operadores capaces de actuar con mayor rapidez que las grandes petroleras tradicionales, según las fuentes. Salió de Washington con la impresión de que la Administración respaldaba sus esfuerzos.

Un funcionario de la Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre la reunión, pero afirmó que NABEP es una empresa privada con “el mejor historial de éxitos de todas las empresas que operan en Venezuela”. También describió a Betancourt como un “operador de probada solvencia, que sabe cómo ampliar la producción y puede operar allí”.

Betancourt terminó rompiendo sus vínculos con Sargeant. Una entidad supervisada por la familia de Betancourt adquirió la participación de Sargeant en NABEP, según las mismas fuentes. Bluewaves Properties Ltd., la empresa a través de la cual Sargeant controlaba esa participación, fue sancionada poco después. La operación dejó a Betancourt con el control total de NABEP, justo antes de que se anunciara el acuerdo de la empresa con EE.UU.

La asociación busca explotar campos que contienen unos 65.000 millones de barriles de crudo mediante concesiones de hasta 100 años. Bajo esta estructura, el Departamento de Estado de EE.UU. tiene derecho a comprar el 20% del petróleo de NABEP al costo de producción, además de una opción para adquirir el 80% restante a precios de mercado.

El acuerdo da a Washington un papel directo en la producción petrolera venezolana y eleva drásticamente la importancia de un empresario que, hasta hace poco, llevaba años sorteando el escrutinio legal y las sospechas políticas a ambos lados de la relación.

Quienes han tratado de cerca con Betancourt lo describen como sorprendentemente franco sobre sí mismo y sobre sus negocios, sometidos a escrutinio durante años. Aun así, su pasado sigue persiguiéndolo, sobre todo ahora que los apagones vuelven a agravarse.

Estuvo presente durante la visita de Wright al Palacio de Miraflores a principios de septiembre, según personas familiarizadas con sus movimientos, aunque los periodistas que asistieron al acto no lo vieron. Se queda en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, pero suele mantenerse alejado de los clubes y restaurantes donde podrían confrontarlo por su papel en la crisis energética de Venezuela, según las fuentes.

Es una situación peculiar para el empresario que ahora es el rostro de la estrategia petrolera de EE.UU. en Venezuela: bienvenido en los pasillos del poder, pero mucho menos cómodo fuera de ellos.

Con información de Bloomberg

El empresario elegido por el equipo de Donald Trump para desempeñar un papel central como intermediario en la nueva estrategia petrolera de Estados Unidos en Venezuela tiene a sus espaldas una larga trayectoria de negocios vinculados a intereses rusos.

Un informe elaborado por un grupo de investigadores venezolanos en Washington, que ha sido facilitado a ABC esta semana, reconstruye cómo Alejandro Betancourt, investigado judicialmente en España, desembarcó en el sector petrolero venezolano a través de una estructura empresarial compartida con Gazprombank, una de las principales entidades financieras ligadas al Estado ruso, sancionada además por EE.UU.

 El informe sitúa en el centro de esa relación una sociedad constituida en Países Bajos, Gazprombank Latin America Ventures. A través de ese vehículo, los socios de Betancourt y los intereses rusos participaron en Petrozamora, la empresa mixta que explotaba campos petroleros junto a PDVSA. 

El Estado venezolano conservó el 60% del negocio y la sociedad vinculada a Gazprombank obtuvo el 40%, con derechos desde 2012 sobre campos del lago de Maracaibo que posteriormente fueron ampliados. Según informaciones publicadas en 2022, Gazprombank cedió entonces su participación a PDVSA.

Betancourt llevaba años cultivando contactos en Washington, algunos de ellos posteriormente vinculados al entorno de Trump. En 2017, Hawkers, la empresa que controlaba, contrató a Ballard Partners, una firma de ‘lobby’ en la que entonces trabajaba Susie Wiles, hoy jefa de Gabinete de la Casa Blanca. Dos años después, Betancourt contrató a Rudy Giuliani, entonces abogado personal de Trump, para representarle mientras era objeto de interés del Departamento de Justicia. Este participó en una reunión con responsables de Justicia en la que sus abogados argumentaron que Betancourt no debía ser acusado.

La conexión con Rusia resulta especialmente llamativa porque la Casa Blanca ha justificado su nueva estrategia petrolera precisamente como una forma de reducir la influencia de Rusia y China en Venezuela. Altos funcionarios en Washington han defendido a Betancourt como un «operador probado», capaz de aumentar rápidamente la producción, y su compañía, North American Blue Energy Partners (NABEP), se ha convertido en una pieza central de una operación sobre campos con unos 65.000 millones de barriles de reservas que controla el chavismo, según la Administración estadounidense.

La estructura empresarial descrita en el informe se remonta a 2011. Ese año Betancourt y sus socios Pedro Trebbau y Francisco Convit constituyeron la empresa Derwick Oil & Gas en Barbados. Según OCCRP y los documentos citados por el informe, Derwick se asoció con Gazprombank a través de Gazprombank Latin America Ventures. Los intereses de Betancourt y sus socios no figuraban directamente bajo el nombre de Derwick en la empresa petrolera venezolana, sino dentro de la sociedad compartida con el grupo ruso, afirma el informe.

La relación fue objeto además de acusaciones de lavado de dinero. El portal Infodio sostuvo en 2017, citando fuentes conocedoras de las operaciones, que Derwick habría aportado hasta 300 millones de dólares y alegó que parte de esos fondos habría sido introducida en la estructura de Petrozamora para su supuesto blanqueo. Esa acusación no ha sido establecida judicialmente.

La publicación apoyó parte de esa reconstrucción en documentos bancarios filtrados, entre ellos una carta firmada por el propio Betancourt en abril de 2013 en la que se ordena transferir 12,9 millones de dólares a Gazprombank Latin America Ventures. Investigaciones posteriores de OCCRP confirmaron documentalmente la asociación entre Derwick y Gazprombank y el movimiento de grandes cantidades de dinero a través de cuentas suizas y sociedades offshore, aunque no establecieron como hecho probado que Petrozamora hubiera sido utilizada para lavar dinero. El Miami Herald se hizo eco de esa carta en 2021.

La relación tampoco se limitó a compartir sociedades. El informe recoge documentos sobre importantes operaciones financieras. En abril de 2013, Derwick Oil & Gas se comprometió a prestar 35 millones de dólares a Gazprombank Latin America Ventures. Boris Ivanov, alto ejecutivo de Gazprombank, firmó por la sociedad receptora.

Otro documento bancario recogido en el informe ofrece una explicación sobre cómo Betancourt pasó del negocio eléctrico al petróleo. En mayo de 2013, dos responsables de CBH redactaron un informe interno sobre sus clientes venezolanos. Según aquellos banqueros, Betancourt y sus socios habían ayudado al Gobierno de Hugo Chávez durante la crisis eléctrica llevando grandes generadores al país. Afirmaban que el Gobierno y PDVSA estaban desde entonces «muy agradecidos» y que, como «gesto de reconocimiento», habían permitido al grupo entrar en el negocio petrolero.

El documento hablaba de una explotación de más de 100.000 barriles diarios, que podía generar más de 3.000 millones de dólares anuales a los precios de entonces. También aseguraba que Petrozamora podía vender petróleo directamente al mercado. Esas cifras y esa explicación proceden del relato de los banqueros sobre sus clientes.

El informe identifica además a los principales interlocutores rusos. En noviembre de 2013, el entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, presentó públicamente en Caracas a Alexander Muravov y a Ivanov, ambos vicepresidentes de Gazprombank, como responsables financieros relacionados con Petrozamora. Ivanov había dirigido anteriormente Gazprom Exploration and Production International, una empresa del grupo Gazprom dedicada al negocio petrolero y gasístico internacional.

Gazprombank no es un banco ruso cualquiera. Nació para financiar el sector gasístico y está estrechamente vinculado a sectores estratégicos del Estado ruso. El Tesoro de Estados Unidos lo considera una empresa estatal y lo sancionó en 2024, acusándolo de facilitar compras militares y gestionar pagos a soldados rusos que combaten en Ucrania.

Es necesario distinguir, sin embargo, entre Gazprombank y Gazprom. El socio documentado de Betancourt fue el banco y sus vehículos de inversión, no directamente la gran compañía energética rusa. Ambas entidades están vinculadas al sector energético ruso, pero son empresas distintas.

Betancourt ha negado algunas interpretaciones de esa relación. En su día sostuvo que Derwick Oil & Gas y Gazprombank no tenían una sociedad conjunta. Los registros empresariales citados en las investigaciones recogidas por el informe muestran, sin embargo, que Derwick Oil & Gas y GPB Global Resources participaron en Gazprombank Latin America Ventures, que a su vez controlaba el 40% de Petrozamora. El informe plantea que Betancourt hubiera podido estar distinguiendo entre Gazprombank y Gazprom.

En 2017, las autoridades venezolanas investigaron presuntas irregularidades en Petrozamora y detuvieron a nueve personas relacionadas con Pdvsa

Las investigaciones anteriores que recoge el informe sitúan algunos antecedentes de esa relación varios años antes de la creación de las sociedades petroleras. Los llamados «Venezuela Leaks», publicados en 2018 por ‘El Confidencial’, El Pitazo, Armando.info y Runrun.es a partir de documentos filtrados de CBH, revelaron un currículo de Betancourt presentado a la entidad por el intermediario financiero francés Charles-Henry de Beaumont. En él aparecía como «representante de Gazprombank en América Latina» desde 2007. El informe no ha podido determinar de manera independiente qué funciones, en su caso, desempeñó Betancourt para el banco en aquel periodo.

La relación de Betancourt con los intereses rusos continuó durante años. En 2017, las autoridades venezolanas investigaron presuntas irregularidades en Petrozamora y detuvieron a nueve personas relacionadas con Pdvsa. También registraron oficinas en Caracas que varias informaciones describieron como compartidas por Derwick y representantes de Gazprombank. Betancourt no fue detenido y negó que la actuación estuviera dirigida contra su empresa.

Vuelos a MoscúLa investigación OpenLux de OCCRP documentó también que un avión Falcon 2000 vinculado a Betancourt realizó más de 70 vuelos europeos en 2019, incluidos a Moscú. Los registros acreditan los movimientos del avión, pero no quién viajaba necesariamente en él ni con quién pudo reunirse.

Ese año se produjo además un episodio político que ofrece una imagen diferente de su relación con Moscú. Durante la crisis venezolana de 2019, Betancourt se acercó al entorno de Juan Guaidó y viajó a la capital rusa para entregar una carta con la que la oposición intentaba convencer a Rusia de que dejara de apoyar a Nicolás Maduro. La gestión no tuvo éxito. El régimen venezolano le quitó el control de su participación en Petrozamora y actuó contra algunas de sus propiedades.

El caso muestra que Betancourt tenía contactos suficientes en Rusia como para actuar como intermediario, pero también cuestiona una interpretación de su trayectoria como un alineamiento político permanente con Moscú.

Betancourt acabó recuperando sus intereses petroleros venezolanos después, en cooperación con el empresario estadounidense Harry Sargeant. Según cifras recogidas por ‘Financial Times’ y ‘The Washington Post’, la producción de sus operaciones pasó posteriormente de unos 20.000 barriles diarios a cerca de 200.000. El informe señala que en 2024 NABEP formalizó nuevos acuerdos con Pdvsa sobre campos relacionados con el área de Petrozamora.

En España, la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal contra Betancourt, aunque no ha sido acusado formalmente y la causa está pendiente, entre otras diligencias, de la colaboración de EE. UU. En Suiza, la Fiscalía de Zúrich mantiene abierta una investigación por presunto blanqueo, pero en mayo retiró la petición de extradición desde Reino Unido. En EE. UU., Betancourt apareció vinculado por medios como el ‘Miami Herald’ como presunto implicado en investigaciones sobre el desvío y blanqueo de fondos de Pdvsa, pero nunca ha sido imputado y la investigación federal más reciente quedó paralizada este año, según Reuters.

Betancourt y sus abogados han negado reiteradamente cualquier actividad ilícita y sostienen que sus negocios y su patrimonio tienen origen legítimo.

Con información de ABC

La mano de Estados Unidos vuelve a aparecer en los procesos judiciales que enfrenta Alejandro Betancourt. Esta vez en España. 

El empresario venezolano, señalado como el artífice del acuerdo que dará a Donald Trump el control de una quinta parte del petróleo venezolano, lleva más de un año investigado por la Audiencia Nacional española por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Pero la causa está paralizada desde hace meses y las fuentes de la investigación señalan a un responsable: Washington.

 Según publicó el diario El País, el juez Santiago Pedraz está a la espera de una comisión rogatoria dirigida a la justicia estadounidense que nunca llega y, tras haber archivado la causa una primera vez, ha lanzado una nueva advertencia: si en diciembre no hay respuesta de Estados Unidos, volverá a dar carpetazo al caso.

 Detrás de esta historia no hay solo una dilación de plazos, sino un personaje de interés crítico para los Estados Unidos. Betancourt se ha convertido en el hombre que hay detrás del acuerdo petrolero que firmaron hace unas semanas Washington y Caracas, el que permitirá a Estados Unidos ganar millones de dólares con la cuarta parte de las reservas de petróleo venezolano. 

El entorno de Trump conoce de sobra sus causas en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España —las dos últimas, aún activas—, pero lo ha usado para lograr su objetivo de reactivar el negocio petrolero en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La firma de ese acuerdo puso bajo la lupa al empresario y sus múltiples causas, pero la Casa Blanca —y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— no solo lo defendieron públicamente, sino que llevaban meses maniobrando para protegerlo judicialmente, según ha documentado ampliamente la prensa estadounidense.

El procedimiento judicial español, que investiga el origen y destino de más de 4.000 millones de dólares que supuestamente se habrían desviado de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está a la espera de que Washington conteste a una petición que consiste en poder tomar declaración a una serie de testigos clave porque ya fueron condenados en Estados Unidos. Su testimonio puede afianzar el delito en Madrid, pero a punto de cumplirse un año de aquella solicitud, nadie ha respondido.

El delito de blanqueo que se investiga en España exige un delito previo que acredite el origen ilícito del dinero. Fuentes judiciales explican que, si los testigos confirman la corrupción en la petrolera, se acreditaría que el dinero que ha llegado a territorio español tiene una raíz ilícita y la causa española podría seguir adelante para ver cómo se ha lavado ese dinero ingresándolo en un circuito legal. Betancourt, conocido en España por haberse convertido en el dueño de la marca de gafas Hawkers, invirtió millones en multitud de empresas españolas y hasta compró un castillo en Toledo.

Los cinco testigos “esenciales” ya han sido condenados en Estados Unidos por el mismo esquema de corrupción en PDVSA, conocido como Money Flight. Se trata de Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de la petrolera; Carmelo Urdaneta, alto funcionario del área petrolera venezolana; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de PDVSA; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas, filial de PDVSA.

En la Audiencia Nacional explican que no hay un plazo legal límite por el que el país deba contestar. ¿Pero cuándo suele hacerlo? “Cuando le interesa”, apunta un juez que pide anonimato. España y EE. UU. tienen sistemas de colaboración judicial bien engrasados y arropados por tratados de colaboración. De hecho, el Ministerio de Justicia mantiene en Washington a un juez de enlace español para poder dinamizar toda la cooperación. Hasta hace unas semanas ese puesto lo ocupaba María de las Heras, si bien acaba de ser relevada por el magistrado Íñigo Herrero.

Fuentes fiscales que han trabajado en la cooperación internacional explican que la colaboración con Estados Unidos no es sencilla en algunos casos por la dimensión del territorio y los 51 Estados que cuentan con sistemas judiciales distintos. La cooperación se dificulta, cuentan, si lo que se pide es, por ejemplo, una medida limitativa de derechos como puede ser una entrada y registro o un pinchazo telefónico, pero explican que una toma de declaración por videoconferencia, como es este caso, “debería ser ágil”.

En este impasse, Betancourt se está blindando judicialmente con documentos del ministerio público venezolano que certifican que, a pesar de todas las tramas y sospechas en las que el empresario ha acabado involucrado, la causa en su país se sobreseyó sin que se pudiese demostrar su implicación.

EL PAÍS consultó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin recibir contestación; al Departamento de Estado, que evitó responder de manera oficial; y al Pentágono, que se limitó a ofrecer el mismo comunicado emitido tras el anuncio del acuerdo petrolero con Betancourt, informa Macarena Vidal Liy.

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Las diligencias en España son una derivada de la investigación abierta en Suiza hace casi una década. La Fiscalía de Zúrich mantenía sobre Betancourt una orden de extradición desde el Reino Unido, donde permanecía confinado entre sus dos mansiones porque tenía prohibido salir del país. 

Pero en mayo, los esfuerzos de Estados Unidos por ayudarle dieron sus frutos. Según reveló The Washington Post, altos cargos de la Administración Trump —la entonces fiscal general Pam Bondi, su número dos Todd Blanche, y el subsecretario de Estado Christopher Landau— presionaron directamente a los fiscales suizos en busca de información y de un trato favorable para su aliado.

La Fiscalía de Zúrich se negó a confirmar a este periódico si esa presión influyó en su decisión, pero sí confirmó que retiró la solicitud de extradición alegando “particularidades del derecho británico”. Gracias a esa retirada, cesaron las restricciones de viaje que el Reino Unido le había impuesto mientras examinaba la extradición, y Betancourt pudo retomar sus vuelos en aviones privados a Venezuela y Estados Unidos para ultimar los detalles del histórico acuerdo petrolero anunciado por Trump hace casi dos semanas.

La causa en Suiza sigue abierta, pero otro detalle revelado por The Post mostró que Estados Unidos no tiene ningún interés en colaborar. La Fiscalía pidió al Departamento de Justicia estadounidense que arrestara a Betancourt si entraba en territorio de EE UU y no solo no lo hizo, sino que lo blindó como su socio comercial y lo defendió públicamente.

Mientras, en España, la Fiscalía Anticorrupción —de quien partió la querella en junio de 2025 no solo contra Betancourt, sino también contra su primo Pedro Trebbau, su socio Francisco Convit y otras tres personas— sigue empeñada en demostrar un fraude multimillonario.

Según la investigación, en 2012, la petrolera venezolana realizó un préstamo a la empresa privada Administrador Atlantic por valor de 4.350 millones de dólares (3.778 millones de euros) que, en realidad, solo buscaba sacar el dinero del país para terminar siendo blanqueado, presuntamente, en cuentas de empresarios y exdirigentes venezolanos. Anticorrupción cree que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de dólares.

Esta macrored de blanqueo tiene ramificaciones internacionales. Fuentes de la investigación explican que entre marzo y abril de 2025 hubo una reunión en Eurojust —la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial— en la que funcionarios de distintos países, entre los que estaba España, compartieron información sobre cómo abordar esta compleja trama de lavado de dinero, que buscaba ocultarse, a través de empresas superpuestas y países distintos, la enorme cantidad de dinero bajo investigación.

Aunque el juez Pedraz había archivado el caso en marzo, la Sala de lo Penal le obligó a reabrirlo tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró el archivo “prematuro”. Faltaba tomar declaración a esos testigos que hay que interrogar con la colaboración de Washington. Y desde entonces nada se ha movido.

Betancourt no está dispuesto a perder ninguna batalla legal y se ha armado dentro y fuera de España. Fuera, ya en 2019 contrató al abogado Rudy Giuliani —entonces abogado personal de Donald Trump— para defenderse ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde había sido señalado como coconspirador no acusado en el caso Money Flight. 

En España, ha contratado al despacho de José Antonio Choclán, uno de los penalistas más cotizados en las grandes causas de corrupción. El bufete ha defendido, entre otros, al cantante Julio Iglesias, a la examante del rey emérito Corinna Larsen, al comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo, una trama corrupta que salpica al PSOE, y al exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Mientras Estados Unidos no contesta a la comisión rogatoria, Betancourt ha presentado ante el tribunal español un escrito de la Dirección General de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía de Venezuela, renovada en febrero tras la captura de Nicolás Maduro. A diferencia de los términos con los que se refirieron a Betancourt el exfiscal general Tarek William Saab y varios dirigentes chavistas en el pasado, este documento lo exonera ahora de toda responsabilidad.

La velocidad de la justicia venezolana contrasta en este caso con la lentitud de la estadounidense. En apenas seis días —tras una petición formal de su propio abogado en Caracas, el 30 de junio—, la directora de ese organismo, Ana Osto Ascanio, firmó una respuesta que detalla punto por punto la investigación realizada. Reafirma que la causa venezolana se archivó en 2023 con “autoridad de cosa juzgada”, por lo que, sostiene la Fiscalía venezolana, no cabría perseguirle en otro país por los mismos hechos, de acuerdo a la documentación de la investigación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Distintas fuentes consultadas en la Audiencia Nacional destacan la premura con la que el Gobierno de Delcy Rodríguez —que ahora respalda a Betancourt— ha entregado este papel, mientras Venezuela lleva décadas sin colaborar en otras causas judiciales españolas de calado, como la extradición de los miembros de ETA refugiados en el país. Uno de esos casos se refiere a la reactivación por parte de la Audiencia Nacional de la búsqueda de 14 etarras —entre ellos José Ignacio de Juana Chaos— confiando en que la caída de Maduro abriera una nueva vía de cooperación, una solicitud que sigue sin resolverse.

El ultimátum del juez Pedraz, en cualquier caso, sigue en pie. En un escrito con fecha del pasado 10 de agosto, el magistrado aseguró que no puede seguir practicando diligencias para indagar en el delito de blanqueo de capitales porque, si no se acredita el delito anterior (el de corrupción), serían “inútiles”. El juez asevera que “no puede estarse sine die a la espera de que las autoridades de EE. UU.” den curso a la petición española, “siendo contradictorio el gran interés y la colaboración mostrados por las mismas” con el hecho de que no hayan contestado. Por ello, da un “tiempo prudencial” que, a su juicio, “no puede ir más allá de diciembre del presente año”.

El reloj, de nuevo, corre a favor de Betancourt. Y, en este caso, no hace falta que Estados Unidos haga grandes movimientos que meses después acaben denunciados en la prensa estadounidense: le basta con no moverse.

Con información de El País

Alejandro Betancourt no es una ficha del chavismo y tampoco un recién llegado al nuevo reparto petrolero venezolano: recientes investigaciones revelan que el polémico empresario ha movido en la oscuridad los hilos políticos de oficialismo y oposición buscando beneficios en caso de un cambio de poder. 

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El empresario venezolano Alejandro Betancourt, director ejecutivo de North American Blue Energy Partners (NABEP), celebró el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y su compañía para ampliar significativamente la producción petrolera de Venezuela y aseguró que el proyecto permitirá aprovechar el potencial energético del país.

“Venezuela está bendecida con abundancia de recursos naturales, gente trabajadora y un potencial sin explotar. Esta transacción liberará ese potencial para el gran beneficio tanto de venezolanos como de estadounidenses”, afirmó Betancourt, según un comunicado difundido por la empresa.

El empresario agradeció al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela por la confianza depositada en NABEP.

 “Esperamos con entusiasmo abrir juntos un nuevo y emocionante camino”, agregó Betancourt.

De acuerdo con los términos divulgados, NABEP mantendrá el control operativo del negocio, mientras Estados Unidos tendrá derecho a una participación del 35% en la compañía y acceso preferencial al 20% de la producción a precio de costo. La empresa sostiene que el proyecto permitirá incorporar decenas de millones de barriles adicionales al mercado internacional y crear miles de empleos en Venezuela.

NABEP afirma que actualmente controla los derechos para comercializar más de 65.000 millones de barriles de reservas P1 en Venezuela y que busca expandir sus operaciones en el Lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco, con el objetivo de superar el millón de barriles diarios de producción.

El programa contempla cerca de 100.000 millones de dólares en inversiones para ampliar la producción y modernizar la infraestructura petrolera y gasífera. Según las cifras anunciadas, también podría generar más de 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado venezolano.

El acuerdo coloca nuevamente a Betancourt en el centro de la industria petrolera venezolana. El empresario ha sido objeto de investigaciones y señalamientos en varios países relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero. Monitoreamos señala, no obstante, que Betancourt no ha sido imputado por corrupción en Venezuela.

El secretario de Estado Marco Rubio también calificó el pacto como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano” y destacó que contempla casi 100.000 millones de dólares en inversión privada.

Nota de prensa y agencias

El presidente Trump pasó meses declarando que el derrocamiento del líder venezolano había asegurado el petróleo del país para Estados Unidos. 

Cuando las compañías energéticas estadounidenses se resistieron a invertir al ritmo y la escala que él deseaba, su administración ideó una solución extraordinaria para convertir su visión en realidad: convertir al propio gobierno estadounidense en inversor, publicó The Wall Street Journal.

El acuerdo anunciado transformaría al gobierno estadounidense, pasando de ser un intermediario de las inversiones petroleras estadounidenses en Venezuela a convertirse en un inversor en sí mismo.

Esto le daría a Washington una participación financiera directa en una empresa privada a la que se le concederían derechos  sobre algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo , y vincularía más estrechamente a Estados Unidos con el gobierno no electo que otorga esos derechos.

La empresa privada, liderada por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt, tendría la oportunidad de explotar 17 yacimientos petrolíferos que, según se estima, contienen 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que representa una quinta parte de las reservas del país. El Pentágono, en una notable ampliación de sus competencias, contribuiría a financiar la empresa petrolera y se beneficiaría de su futura producción.  

«Si este acuerdo logra sobrevivir a los sucesivos gobiernos venezolanos, Trump habrá asegurado para Estados Unidos reservas estratégicas de petróleo que van más allá de la revolución del gas de esquisto», declaró Schreiner Parker, socio de la consultora Rystad Energy. «Ahora bien, existe mucha incertidumbre sobre cómo se transformarán estos barriles de reservas a producción real, y quién invertirá el tiempo, el esfuerzo y el dinero necesarios para ello».

El acuerdo culmina meses de negociaciones secretas y frecuentes viajes a Caracas de funcionarios y negociadores estadounidenses. Según fuentes cercanas a las conversaciones, Trump y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, acordaron los puntos principales del acuerdo en una llamada telefónica días antes del anuncio. Posteriormente, los funcionarios dedicaron los últimos días a ultimar los detalles para la implementación de este inusual acuerdo.

Trump anunció el acuerdo en las redes sociales el viernes por la noche, y la Casa Blanca no ofreció más comentarios.

Aunque fue negociado por altos funcionarios de ambos gobiernos, la estructura convertiría a Estados Unidos en un inversor en una empresa privada en lugar de una contraparte directa del gobierno venezolano.

Según fuentes cercanas a la negociación del acuerdo, Estados Unidos planea adquirir una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners, la filial de Betancourt, y se aseguraría derechos preferenciales para comprar el 20% de su producción a precio de coste.

Según fuentes cercanas al caso, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono planea estructurar la inversión mediante warrants de bajo valor que otorgarían a Estados Unidos una participación accionaria en la empresa sin una inversión de capital significativa. Esta oficina tiene autoridad legal limitada para formalizar acuerdos destinados a respaldar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, generalmente a través de préstamos y garantías.

Betancourt ha actuado como intermediario en las transacciones energéticas de Venezuela y mantiene estrechos vínculos con Rodríguez. Enfrentó investigaciones penales por presunto lavado de dinero en España y Suiza, aunque no se presentaron cargos formales. Su empresa, NABEP, se ha convertido en la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela, después de Chevron, en los últimos dos años.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el acuerdo como un “gran triunfo” que garantizaría petróleo a bajo costo en el hemisferio occidental y precios más bajos para la gasolina en Estados Unidos. Rodríguez destacó que atraería más de 100 mil millones de dólares en inversión, más de 209 mil millones de dólares en impuestos y miles de empleos que contribuirían a la reconstrucción de la industria petrolera del país.

Sin embargo, el acuerdo enfureció a muchos venezolanos y sembró confusión entre algunos ejecutivos petroleros, e incluso entre funcionarios estadounidenses, sobre lo que se había acordado y cómo funcionaría el arreglo.

 Para las petroleras estadounidenses que buscan posibles inversiones en Venezuela, la idea de competir con una empresa privada respaldada por Estados Unidos que posee participaciones en vastas extensiones de los yacimientos petrolíferos del país resulta desalentadora, según fuentes cercanas a las compañías. Funcionarios estadounidenses indicaron que la empresa estatal sería la segunda mayor poseedora de reservas probadas, después de Saudi Aramco.

“¿Por qué Estados Unidos está subsidiando y construyendo un importante competidor para su industria petrolera?”, preguntó Ed Hirs, economista especializado en energía de la Universidad de Houston. “Lucy [de la tira cómica Peanuts] volverá a sacar el balón de fútbol americano, una vez que Trump deje el cargo”.

Según las fuentes, el acuerdo también está generando preocupación en el sector sobre la posibilidad de que un nuevo gobierno venezolano pueda interponer un recurso legal con éxito y si podría mermar la confianza de los nuevos inversores a la hora de realizar inversiones.

El contenido del acuerdo parece estar en conflicto directo con la Constitución venezolana de 1999, que establece que las reservas petroleras del país pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y no pueden venderse. Los críticos afirman que el actual gobierno venezolano, integrado por funcionarios no electos que se mantuvieron en el poder gracias a la administración Trump, carece de autoridad legal para vender los derechos petroleros del país.

El acuerdo fue tomando forma en los últimos meses, a medida que la administración intentaba convertir en realidad las repetidas afirmaciones de Trump de que Estados Unidos estaba obteniendo petróleo venezolano.

Ante la impopular y prolongada guerra con Irán, que ha mermado el suministro energético mundial, la administración Trump sintió la urgencia de anunciar que había asegurado una fuente de crudo a largo plazo en el hemisferio occidental, según fuentes cercanas a las negociaciones. Trump también buscaba una victoria política al presentar el acuerdo con Venezuela como una forma de proteger a los estadounidenses de las consecuencias de la inestabilidad en Oriente Medio, de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre , añadieron las fuentes.

Venezuela, sin embargo, no es actualmente un importante productor de petróleo : bombea apenas 1,1 millones de barriles diarios, una cifra similar a la de Dakota del Norte. Restablecer la producción llevaría años y es poco probable que impulse rápidamente la bajada de los precios de la gasolina que Trump ha prometido, según analistas petroleros.

Los funcionarios de Trump recurrieron a Betancourt porque consideraban que estaba en una posición privilegiada para llevar a cabo el proyecto: su empresa ya opera en el país y mantiene estrechas relaciones con altos funcionarios venezolanos, según personas familiarizadas con las negociaciones.

La administración Trump intentó presionar a las principales compañías petroleras, incluidas ExxonMobil y ConocoPhillips, para que regresaran a los campos petroleros de Venezuela y reabrieran rápidamente el grifo de la producción.  

Pero tras meses de lentas negociaciones, gran parte de la industria petrolera estadounidense se ha mantenido al margen. Muchas empresas siguen reacias a invertir en la deteriorada infraestructura petrolera del país debido a problemas de seguridad y legales.

El acuerdo fue liderado por el Departamento de Estado, y los funcionarios estadounidenses recurrieron a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono en una etapa avanzada del proceso, mientras buscaban un mecanismo financiero para el despliegue, según algunas personas familiarizadas con las conversaciones.

En última instancia, el Departamento de Defensa ostentará la participación accionaria del gobierno y los derechos de compra en la empresa conjunta.

Según algunas fuentes, una delegación de altos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado, entre ellos el director de la Oficina del Asesor Especial (OSC), David Lorch, visitó Venezuela en julio para ultimar los términos del acuerdo.

La OSC se creó en 2022 con el mandato de apoyar a las industrias consideradas críticas para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque los préstamos no empezaron a fluir desde esta oficina hasta la segunda administración de Trump.

Según una de las personas involucradas, la estructura de empresa privada se diseñó deliberadamente para vincular a futuros gobiernos venezolanos al acuerdo y dificultar su reversión. Consideran improbable que un nuevo gobierno expropie una empresa privada, añadieron.

El anuncio provocó una fuerte reacción de muchos venezolanos en el país y en la numerosa comunidad de exiliados en el extranjero, así como entre los partidarios de la oposición. Muchos acusaron a Trump de legitimar un gobierno no electo a cambio del control del petróleo del país.  

“Es una operación absolutamente inconstitucional porque se trata de un gobierno ilegítimo”, dijo Diego Arria, exministro y embajador venezolano, ahora exiliado en Estados Unidos.

Dijo que Estados Unidos está colaborando estrechamente con figuras del gobierno venezolano buscadas por las fuerzas del orden estadounidenses por narcotráfico y otros delitos con un solo objetivo: apoderarse del petróleo de Venezuela.

“Se están apoderando de ello; no hay otra forma de describirlo”, dijo Arria.

Aunque las encuestas muestran que los venezolanos apoyaron abrumadoramente la operación estadounidense que derrocó a Maduro, el apoyo a Trump ha disminuido a medida que ha ayudado a Rodríguez —exvicepresidente de Maduro, a quien ha elogiado como «fantástico» y «muy respetado»— a consolidar su poder.

“Aquí lo que nos preocupa es tener electricidad, agua y dinero, y luego poder cubrir las necesidades básicas”, dijo Irelis Cedeño, una pensionista de 65 años que vive en las afueras de Caracas. “No tengo ni idea de qué se trata este acuerdo petrolero, pero es bienvenido si va a solucionar nuestra situación económica”.

The Wall Street Journal