La situación judicial de Alex Saab sumó un nuevo elemento después de que el empresario colombiano aceptara cargos por lavado de activos ante tribunales de Estados Unidos. De acuerdo con información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, agentes federales estadounidenses e investigadores colombianos avanzan en una pesquisa relacionada con un supuesto esquema de lavado de oro venezolano y colombiano, mientras se revisan movimientos de dinero y posibles rutas utilizadas para sacar el metal del país.

Según reseña el portal Infobae, el nuevo caso se suma al proceso que llevó a Saab a declararse culpable por operaciones relacionadas con las Cajas Clap y con negocios de petróleo venezolano. Según el reporte periodístico, fuentes cercanas al caso consideran que las investigaciones podrían tener implicaciones para personas de su círculo más cercano.

Según estableció el diario, investigadores han documentado un comportamiento que relacionaría la salida ilegal de oro colombiano con millonarias operaciones de lavado. Parte de la información habría llegado a la Embajada de Estados Unidos en Colombia y a la Presidencia de la República durante el gobierno de Gustavo Petro.

El informe citado señala que se registraron caídas millonarias en los ingresos asociados al oro colombiano, mientras que, paralelamente, aumentaron las salidas ilegales del metal.

El propio Petro se refirió al asunto durante una alocución en diciembre de 2025. En esa intervención, aseguró que cerca de 71 toneladas de oro, equivalentes según sus cálculos a unos 3.500 millones de dólares, salían de Colombia sin tributar en el país y que esos recursos eran objeto de lavado mediante la adquisición de bienes raíces en el exterior.

Ese antecedente forma parte de las líneas que ahora estarían siendo revisadas por investigadores, aunque el reporte no establece que toda esa cantidad de oro esté directamente relacionada con Saab.

Dentro de la información recopilada aparece también la relación de Saab con Venezuela. El documento citado por el medio señala que, después de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, antes de la extracción de Nicolás Maduro, el Gobierno venezolano habría expedido decretos destinados a reducir el porcentaje de regalías cobradas por ese país por el ingreso de oro.

Un investigador consultado por la Unidad Investigativa señaló que Saab era entonces ministro de Industria de Venezuela y que no se descarta que hubiera sostenido reuniones con dos funcionarios colombianos para abordar la compra de oro por parte de Venezuela.

La afirmación corresponde a una versión entregada por un investigador al medio y no constituye, por sí misma, una prueba de que Saab haya participado en operaciones ilegales relacionadas con el metal.

La pesquisa también busca establecer el recorrido de los recursos. De acuerdo con la misma fuente, en Colombia agencias de inteligencia siguen movimientos de millones de dólares y pagos mediante criptomonedas. Inicialmente, esas operaciones se asociaban con el tráfico de cocaína, pero los investigadores intentan determinar si también fueron utilizadas para efectuar pagos relacionados con oro ilegal.

Otra de las líneas que estaría bajo verificación apunta a varios inmuebles ubicados cerca del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela. Según el investigador citado, se intenta establecer si esos lugares fueron utilizados como centros de acopio de lingotes de oro que posteriormente salían en vuelos chárter hacia otros países.

La investigación también contempla operaciones en Colombia. Las autoridades estarían verificando la actividad de varias oficinas que se presentan como exportadores mayoristas y que, según la versión entregada al medio, podrían estar relacionadas con el envío al exterior de oro de procedencia ilegal.

Por ahora, estos elementos hacen parte de una investigación en curso. La información disponible no establece que las oficinas, inmuebles o personas mencionadas hayan sido judicialmente responsables de esas actividades.

El reporte también incorpora a Shadi Nain, hijo mayor de Saab, dentro de los antecedentes que interesan a las autoridades estadounidenses.

Según fuentes conocedoras del caso, agencias federales tienen documentada desde hace años su presunta aparición dentro del circuito de blanqueo de recursos venezolanos relacionado con las Cajas Clap.

El medio recordó que desde 2017 había identificado a Shadi Nain como titular de cuentas con importantes saldos en bancos de Suiza, entidades que posteriormente quedaron bajo el radar del FBI.

Además, su nombre aparece relacionado con Safire y con Group Grand Limited, empresa señalada en el reporte como una pieza central del entramado comercial de las Cajas Clap, el programa de alimentos de Venezuela.

De acuerdo con la investigación periodística, ese entramado habría permitido movilizar millones de dólares a través de países como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia.

Saab aceptó cargos por lavado de activos en Estados Unidos

El nuevo capítulo se conoce después de que Álex Saab aceptara cargos por lavado de activos en Estados Unidos. De acuerdo con la información suministrada, el delito podría implicarle una pena de hasta 20 años de prisión, aunque su colaboración con las autoridades podría reducir considerablemente la condena.

La aceptación de los cargos se produjo en el marco del proceso que también involucra operaciones vinculadas con las Cajas Clap y con negocios petroleros de Venezuela.

El reporte del medio señala que algunos sectores del régimen venezolano se preguntan por qué Saab pasó, en menos de tres meses, de ser considerado una ficha relevante del Gobierno de Maduro a declararse culpable y colaborar con la justicia estadounidense.

Entre las explicaciones mencionadas por fuentes cercanas al caso está la situación de su antiguo protector, Nicolás Maduro, pero el nuevo elemento que concentra la atención de los investigadores es la posible conexión con operaciones relacionadas con el oro.

La pesquisa deberá determinar si los movimientos financieros, las rutas de exportación, los posibles centros de acopio y los pagos mediante criptomonedas que están siendo rastreados corresponden efectivamente a una estructura dedicada al lavado de oro venezolano y colombiano y qué relación, si alguna, existe con Saab y su círculo cercano.

Con información de El Tiempo e Infobae

La confesión final de Alex Saab ante la Justicia de Estados Unidos pone al descubierto una amplia trama internacional de corrupción y blanqueo que durante años movió dinero procedente de Venezuela mediante empresas pantalla, testaferros y cuentas bancarias en numerosos países. 

Pero los documentos presentados en Miami tienen un alcance mayor que los delitos que ahora reconoce el antiguo operador financiero del chavismo: Saab entrega a los fiscales un mapa de sociedades, bancos, intermediarios y movimientos de fondos y, a cambio de una posible reducción de condena, se compromete a cooperar plenamente en otras investigaciones criminales, publicó el diario ABC.

Esa información puede resultar especialmente valiosa allí por donde pasó el dinero. En EE. UU. siguen abiertas distintas investigaciones sobre la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y sus operadores, pero el rastro financiero del chavismo se ha investigado también durante años en Europa y otros países. España es uno de ellos.

El caso Plus Ultra, en el que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ilustra precisamente hasta dónde puede llegar esa cooperación internacional: parte de los indicios utilizados por los investigadores españoles procede del teléfono del empresario venezolano y antiguo principal accionista de la aerolínea Rodolfo Reyes, cuyo contenido fue extraído en Miami en 2021 y posteriormente remitido a España.

Los hechos que Saab admite como ciertos describen un sistema que comenzó en 2015 con el pago de sobornos para conseguir contratos públicos del programa de alimentación CLAP. Saab y su socio Álvaro Pulido aparecen como los «principales organizadores y líderes» de una trama que utilizaba empresas pantalla, facturas falsas, documentos de transporte fraudulentos y testaferros. 

Según la confesión, algunos contratos no se cumplían íntegramente y el entramado permitió apropiarse de cientos de millones de dólares. El sistema prosperó, admite Saab, gracias a la «aprobación, participación y protección» de algunas de las autoridades de mayor rango del Gobierno venezolano.

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La confesión llega a admitir el soborno directo. Saab reconoce que se reunió con un alto funcionario venezolano, identificado por la Fiscalía únicamente como «Funcionario 1», obtuvo su autorización para desarrollar la trama y realizó pagos dentro y fuera de Venezuela a cambio de su «apoyo y protección». También acordaron utilizar a un tercero como testaferro para recibir pagos ilegales en nombre de ese funcionario. En otro episodio, Saab pactó aproximadamente 17 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales para José Gregorio Vielma Mora a cambio de su influencia en la adjudicación de contratos.

Después venía el sistema de blanqueo, y Saab admite haberse beneficiado en unos 195 millones de dólares de al menos seis contratos y reconoce movimientos de fondos a través de Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Islas Marshall, Montenegro, Suiza, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. En Bulgaria y Liechtenstein, él y Pulido recurrieron a una firma financiera suiza para crear sociedades y cuentas destinadas específicamente a ocultar y lavar el dinero.

A partir de 2019, el mecanismo cambió de escala. Los conspiradores comenzaron a recibir petróleo, oro y otros recursos naturales venezolanos como compensación por los contratos. Saab admite que la trama organizó buques para recoger, transportar , ocultar y vender millones de barriles de crudo de PDVSA y que parte de los ingresos de esas operaciones pasó después por cuentas bancarias de Estados Unidos. Incluso después de su detención en Cabo Verde en junio de 2020, las operaciones continuaron bajo el liderazgo de Pulido.

En España, la investigación sobre Plus Ultra no se ha limitado al rescate público de 53 millones de euros. Ha incorporado información procedente de pesquisas internacionales sobre fondos venezolanos, especialmente en Suiza, y ha terminado alcanzando a Rodríguez Zapatero por sus posibles gestiones en favor de la aerolínea. 

Dos antiguos responsables de Plus Ultra han declarado además que entendieron que una comisión equivalente al 1% de la ayuda, unos 530.000 euros, estaba destinada al denominado «grupo Zapatero». Son indicios bajo investigación, no hechos probados.

Y es precisamente en ese apartado donde la confesión de Saab puede cambiar las cosas. El Departamento del Tesoro ya había situado una transferencia de más de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta del banco suizo MBaer dentro de una estructura financiera relacionada con la corrupción de PDVSA. Según FinCEN, esa misma cuenta pagaba a un intermediario que manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para varios beneficiarios, entre ellos el propio Saab.

Ahora es ese mismo Saab quien reconoce ante la justicia estadounidense que su trama se valió de sociedades pantalla, testaferros, cuentas internacionales y operaciones con petróleo de PDVSA para mover y ocultar dinero, y ofrece información al respecto. 

No significa que la transferencia de Plus Ultra procediera directamente de Saab ni demuestra que la aerolínea formara parte de ese entramado, pero sí abre una vía concreta que antes no existía, cruzar lo que Saab está obligado a contar con las cuentas, intermediarios y movimientos financieros que ya aparecían en la investigación española.

Pero el alcance de esa cooperación dependerá también, en buena medida, de la voluntad de Washington. Que Saab esté obligado a contar todo lo que sabe a los fiscales estadounidenses no significa que esa información vaya a terminar automáticamente en los tribunales de otros países. España tendría que solicitarla por los canales de cooperación judicial y Estados Unidos decidir qué documentos, testimonios o pruebas comparte, sobre todo si forman parte de investigaciones todavía abiertas.

El caso de Alejandro Betancourt muestra bien ese límite. El empresario venezolano está investigado en España por el presunto blanqueo de fondos procedentes de PDVSA y la Audiencia Nacional lleva meses esperando que Estados Unidos atienda una comisión rogatoria para interrogar a cinco testigos considerados esenciales.

 La circunstancia es especialmente significativa porque, mientras esa petición sigue pendiente, Betancourt se ha convertido en una pieza importante del nuevo entramado petrolero impulsado por Trump en Venezuela: el caso es que su compañía, NABEP, ha recibido derechos sobre 17 campos y el acuerdo otorga a Estados Unidos una participación del 35% en la matriz.

La confesión, además, no se limita a los años en que Saab construyó su fortuna. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023, después del indulto concedido por Joe Biden, se incorporó oficialmente al Gobierno y, según admite ahora, siguió recibiendo dinero procedente de antiguos contratos CLAP hasta febrero de 2026. Más relevante aún, reconoce que durante ese periodo continuó ayudando y siguiendo instrucciones de funcionarios venezolanos y sus representantes implicados en «otros movimientos ilegales».

 Su conocimiento de las operaciones financieras del chavismo llega así prácticamente hasta el momento de su nueva caída.

además,ás lo conocido ahora es solo una parte. La Fiscalía advierte expresamente de que el relato firmado por Saab no contiene todos los hechos del caso todavía. Asegura que puede acreditar la trama mediante testigos colaboradores, agentes, correos electrónicos y conversaciones conservadas, documentación empresarial y registros bancarios. Es precisamente ese material, unido a lo que Saab está obligado ahora a revelar, el que puede permitir reconstruir operaciones que hasta ahora aparecían fragmentadas en investigaciones abiertas en distintos países.

El acuerdo obliga a Saab a entregar en máximo 14 días una declaración sobre todos los activos que controla o ha controlado, directa o indirectamente, incluidos los colocados a nombre de su pareja, testaferros o terceros, y a ayudar a localizarlos en cualquier lugar del mundo. A eso se suma la obligación de entregar documentos y registros y de declarar ante grandes jurados o en otros procesos cuando sea requerido. Para los investigadores, eso permitiría contrastar su relato con transferencias y cuentas bancarias y, sobre todo, seguir el dinero más allá de las sociedades que Saab utilizó para tapar su identidad.

Con información de ABC

Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional, se declaró culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía de EE.UU.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Alex Saab aceptó cooperar en las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del esquema de corrupción.

La audiencia se había programado luego de que, este lunes, la plataforma judicial de Estados Unidos anunciara que Saab «cambiaría su declaración de culpabilidad»,.

Se trata de un giro respecto a los cargos que enfrentaba por lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, luego de su deportación desde Venezuela el pasado mes de mayo. 

Saab, de 54 años, fue deportado en mayo a Estados Unidos por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, país que lleva más de una década persiguiendo al empresario de origen colombiano.

El delito de blanqueo de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, pero la fiscalía acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango recomendado y solicitar reducciones adicionales si su cooperación, incluso contra cuatro coacusados no identificados, resulta valiosa.

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Según la acusación, Saab y sus colaboradores habrían creado una red de empresas ficticias, falsificado documentos de embarque y desviado dinero de contratos gubernamentales relacionados con la importación de alimentos desde Colombia y México.

El caso está relacionado con el programa CLAP, creado durante el gobierno de Maduro para distribuir alimentos básicos, entre ellos arroz, harina de maíz y aceite, a sectores de bajos recursos en medio de la grave crisis económica venezolana.

Los fiscales estadounidenses también sostienen que la estructura de corrupción permitió a los involucrados acceder a miles de millones de dólares provenientes de operaciones petroleras de PDVSA.

Con información de Univisión

Durante años fue el hombre de confianza para los negocios más sensibles del chavismo. Ahora Alex Saab puede convertirse en su mayor riesgo judicial: hoy se espera que cambie su declaración en Miami y todas las miradas apuntan a lo que podría contar sobre Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quien por ahora le fue negada la medida de casa por cárcel. 

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Una jueza de Estados Unidos programó para el 8 de septiembre el comienzo del juicio contra el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos.

Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

La jueza federal Lauren F. Louis aclaró en su orden que si el juicio con jurado, de dos semanas de duración, no puede celebrarse en ese período, será reprogramado.

 El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad ante la jueza Louis y solicitó que el caso fuera juzgado por un jurado.

Como parte del cronograma previo al juicio, la jueza convocó a ambas partes a una audiencia virtual el 1 de septiembre.

Saab, nacido en Colombia hace 54 años, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

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Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.

Con información de Efe

El empresario colombiano Alex Saab formalizó su declaración de “no culpable” ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida en el expediente «1:26-cr-20020-KMW», una nueva causa penal federal abierta en 2026.

De esta forma, evitó tener que viajar y presentarse físicamente en la Corte de Miami para la audiencia que estaba prevista para este viernes 24 de julio.

El juez de la causa aprobó una moción no opuesta para aceptar la renuncia a la comparecencia personal del acusado.

De esta forma, el tribunal dio por ingresada de manera formal la declaración de inocencia en nombre de Saab, lo cual constituye el procedimiento habitual en esta etapa procesal para obligar a la fiscalía a probar sus acusaciones.

Como consecuencia directa de esta resolución, la audiencia de lectura de cargos programada para las 10:00 a.m. del viernes 24 de julio fue cancelada en su totalidad, al igual que la reunión sobre la confirmación de la representación legal.

El juzgado dejó constancia de que Saab tomó esta decisión de forma voluntaria e intencional, tras haber recibido la copia de la acusación y ser informado de sus derechos constitucionales.

En esta nueva etapa, los juristas Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster asumieron formalmente como los abogados defensores definitivos de Saab.

La autorización para no comparecer en persona es una práctica común en la justicia federal estadounidense cuando existe representación legal acreditada y los fiscales no presentan objeciones.

Este caso penal es independiente de la causa iniciada en 2019 de la cual el acusado ya había salido beneficiado. En este nuevo expediente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusa de conspiración para el lavado de instrumentos monetarios, un delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión.

Según las investigaciones de los fiscales estadounidenses, Saab habría participado en un esquema de corrupción relacionado con los contratos de importación para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La fiscalía sostiene que se pagaron sobornos a funcionarios, se inflaron precios de los alimentos y se falsificaron documentos de origen para apropiarse de fondos públicos.

Con la formalización de la declaración de inocencia y la suspensión de la audiencia presencial, el proceso continuará su curso regular en la Corte Federal de Miami. La siguiente fase se centrará en el período de intercambio de pruebas entre las partes y en la presentación de las mociones correspondientes por parte de la defensa.

Con información de agencias y Efecto Cocuyo

Un juez federal de Miami condenó este martes a Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros cinco funcionarios venezolanos a pagar 314 millones de dólares en daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que fueron encarcelados y sometidos a torturas durante su detención en Venezuela, de acuerdo con información de la agencia Associated Press.

La sentencia fue emitida por el juez federal Darrin P. Gayles, quien responsabilizó a los demandados por su participación en lo que describió como una «empresa criminal» encabezada por Maduro. El fallo también incluye al denominado «Cartel de los Soles», organización señalada por las autoridades estadounidenses como una red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos.

Los demandantes son Jerrel Kenemore, especialista en informática de Fort Worth, Texas; Jason Saad, oriundo de Alabama y residente en Venezuela, donde trabajaba en el sector de la construcción; y Edgar Marval, empresario de Florida con operaciones comerciales en territorio venezolano.

Según la demanda, los tres ciudadanos estadounidenses fueron sometidos a torturas que incluyeron descargas eléctricas, golpizas y posiciones de estrés mientras permanecieron detenidos en Venezuela. Kenemore permaneció encarcelado durante 643 días tras ser capturado en 2022 cerca de la frontera venezolana por hombres armados.

Los tres fueron liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros negociado por la administración del entonces presidente Joe Biden, mediante el cual Estados Unidos excarceló a Álex Saab, quien enfrentaba un proceso judicial por presunto lavado de dinero.

La vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez, también figuraba entre los demandados. Sin embargo, quedó fuera del fallo luego de que sus abogados alegaran ante la corte, en abril pasado, que goza de inmunidad frente a demandas civiles en Estados Unidos por su condición de jefa de Estado reconocida. Ese argumento continúa siendo impugnado por los demandantes.

De acuerdo con Associated Press, esta constituye la mayor indemnización otorgada hasta ahora en una demanda presentada bajo la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos, normativa que permite a ciudadanos estadounidenses víctimas de organizaciones terroristas extranjeras reclamar compensaciones y buscar el embargo de activos de los responsables.

Con información de AP

Una jueza federal de Miami aplazó por treinta días la audiencia prevista este miércoles del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades de EE. UU. como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una solicitud presentada por su defensa.

La jueza Enjolique A. Lett programó este martes para el próximo 24 de julio la audiencia, según los documentos del sistema judicial estadounidense.

La defensa de Saab había pedido posponer la audiencia de formulación de cargos y de revisión de su representación legal, programada inicialmente para mañana 24 de junio, con el fin de disponer de más tiempo para formalizar su equipo de abogados.

La petición, que no fue objetada por la Fiscalía, también incluyó la renuncia temporal de Saab a su derecho a un juicio rápido mientras se completa el proceso de representación legal.

En el escrito, la defensa indicó que el acusado había recibido una copia de la acusación formal, que comprendía plenamente los cargos y los procedimientos judiciales, y que aceptaba aplazar la audiencia por treinta días adicionales.

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Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante una corte federal de Miami el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

En esa audiencia fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos, y se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, el empresario fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente, el imputado regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

La deportación de Saab a Estados Unidos se produjo después de la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero que depuso y capturó a Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

Con información de EFE

   Lo que comenzó como un programa destinado a atender la crisis alimentaria en Venezuela enfrenta hoy una transformación que podría redefinir su papel dentro de la estructura política del país.

 La desaparición progresiva del modelo CLAP y el surgimiento de nuevas organizaciones comunales llegan en medio de cuestionamientos sobre transparencia, denuncias de corrupción y acusaciones de control social.

A partir de investigaciones periodísticas, expedientes judiciales y testimonios recopilados este proceso revela cómo uno de los mecanismos más emblemáticos del chavismo entra en una nueva fase que sigue generando debate sobre sus verdaderos alcances e implicaciones para la sociedad venezolana.

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La situación judicial de Alex Saab podría abrir nuevas tensiones dentro de las estructuras financieras y políticas del chavismo. 

A medida que avanzan las investigaciones en Estados Unidos, crecen las interrogantes sobre las conexiones entre Saab, Diosdado Cabello y el papel de su hija, Daniela Cabello en áreas estratégicas vinculadas a exportaciones, captación de divisas y acuerdos internacionales.

El caso también revive el debate sobre presuntos mecanismos de evasión de sanciones, triangulación financiera y movimientos de capital asociados al entorno del poder venezolano.

Esto es Venezuela en profundidad.

En un soplo cambió de la noche a la mañana la suerte del millonario y poderoso empresario barranquillero Alex Naim Sabb Moran. El llamado testaferro de Nicolás Maduro empezó a ser tocado por la mano de la justicia colombiana que, tras un extenso proceso, le impuso una drástica sanción.

Según la revista SEMANA, se revivió el extenso y complejo proceso contra Saab por actividades relacionadas con el lavado de activos y enriquecimiento ilícito mediante una de sus empresas dedicadas, en el papel, a la exportación e importación de textiles.

Por ello, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla aceptó las peticiones elevadas en contra de la empresa Jacadi de Colombia S. A., cuyos principales representantes eran Alex Saab y su exesposa Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.

En la decisión se ordena el “embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Jacadi de Colombia”.

La decisión no queda ahí. También se ordena revisar las cuentas de las empresas Shatex S. A. (mencionada varias veces en el proceso contra Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito); además de los CDT, el Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.

Es decir, se le quita cualquier espacio de maniobra para mover los dineros de estas empresas.

En total, el juzgado ordenó el embargo inmediato de 1.478 millones de pesos de las mencionadas cuentas bancarias de la pareja. “Consignar los dineros retenidos en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia a órdenes de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito”.

 Para el despacho judicial, las solicitudes elevadas por la parte demandada sobre “nuevas medidas cautelares” eran procedentes con el fin de resarcir de una vez por todas los daños causados con las acciones financieras y contables realizadas por la empresa del binomio Saab-Certain.

Saab pasó de gozar el beneplácito del régimen que lo llenó de un poder absoluto en el Ministerio de Industrias y Producción y fue marginado por el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la deportación de Alex Saab a Estados Unidos y aseguró que la decisión obedece al “interés de Venezuela”. 

“Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los EE. UU. y Alex Saab”, manifestó públicamente Rodríguez, poco tiempo después de estampar su firma en el documento que envió, nuevamente, a Saab a una cárcel en Estados Unidos.

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Los cargos reseñados en el indictment contra Saab tienen relación directa con los Clap, las cajas de productos vencidos, de baja calidad y poco valor nutricional con los que el Gobierno de Maduro buscaba alimentar a una población cada vez más hundida en la miseria.

 Saab recibió los lucrativos contratos para la importación de alimentos.

En la acusación se señala que Saab sobornó a funcionarios públicos venezolanos para resultar beneficiado. Esos nombres no aparecen mencionados.

 “Saab está acusado de conspirar con terceros para tergiversar fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, lo que incluyó documentar falsamente importaciones provenientes de Colombia y México”, enfatiza la acusación. Estos hechos se presentaron entre 2015 y 2019.

Saab deberá definir si se convierte en testigo contra Nicolás Maduro.

Con información de Semana.com

Apenas una semana después de que el chavismo entregase a Estados Unidos a Alex Saab, el periodista colombiano Daniel Coronell ha publicado una investigación que revela una serie de transferencias que el testaferro de Nicolás Maduro hizo a su entonces abogado y ahora candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

 Los documentos que sustentan la publicación están en el expediente de un caso civil cerrado en Florida y prueban giros de hasta 375.000 dólares provenientes de las empresas que Saab usaba para hacer negocios ilícitos en Venezuela.

 Saab fue deportado por el régimen venezolano a Estados Unidos hace justo una semana y compareció ante un tribunal federal de Miami el lunes pasado para enfrentar cargos por lavado de dinero y sobornos a altos funcionarios.

 En simultáneo, el político de ultraderecha ha venido creciendo en las encuestas electorales. A una semana de las votaciones y con la veda a los sondeos ya vigente, ocupa el segundo puesto, que le aseguraría pasar al balotaje frente al candidato de izquierdas, Iván Cepeda.

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La relación entre Saab y De la Espriella es de sobra conocida. Entre 2013 y 2019, el candidato outsider de la derecha colombiana representó legalmente al empresario colombiano, uno de los principales operadores financieros del régimen chavista. 

Cercado por sus negocios venezolanos y perseguido por Washington, De la Espriella ha contado que intentó convencer a su cliente de cooperar con las agencias estadounidenses: “Yo le dije: soy tu abogado, siéntate con los americanos y coopera. Lo senté con las agencias americanas”. Saab —contó— no siguió ese consejo y terminó la relación profesional. El testaferro, por su parte, lo definió públicamente en 2021 como “un gran abogado y amigo”.

Lo que revela Coronell ocurre en el corazón de esa relación: el año 2014, cuando De la Espriella era el abogado activo de Saab. No queda claro, sin embargo, en concepto de qué se entregaba ese dinero.

Coronell identifica dos compañías como origen de los giros. La primera es Group Grand Limited, constituida en Hong Kong y sancionada por Estados Unidos. 

Según la investigación, Saab utilizó esa empresa para vender 350 millones de dólares en alimentos vencidos y alterados con los que el régimen venezolano armaba las llamadas bolsas CLAP, el programa de distribución de comida subsidiada destinado a las familias más pobres del país. 

La segunda es Consorcio Estructuras Metálicas, filial del llamado Fondo Global de Construcción, a través de la cual Saab y su socio Álvaro Pulido cobraron cerca de 700 millones de dólares para construir viviendas populares. Ejecutaron menos del 5% de las obras.

Desde esas dos empresas salieron, según los documentos, más de 370.000 dólares hacia cuentas relacionadas con De la Espriella.

Otra de las evidencias de las entregas de dinero es una carta con membrete de “ABELARDO G. DE LA ESPRIELLA”, fechada el 1 de mayo de 2014 y dirigida a una firma legal de Miami encabezada por el abogado Timothy Richards, especialista en temas tributarios que, según su propia presentación, ha actuado como testigo experto en casos de lavado de dinero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En esa carta, De la Espriella confirma tres transferencias. La primera, por 199.950 dólares, fue efectuada el 22 de abril de 2014 desde el Global Bank of Commerce, un banco de Antigua y Barbuda, desde una cuenta a nombre de Group Grand Limited.

 La segunda, por 99.950 dólares, fue girada una semana después desde la misma entidad bancaria, pero esta vez desde una cuenta de Consorcio Estructuras Metálicas. La tercera, por 74.950 dólares, estaba programada para el 6 de mayo, nuevamente desde Group Grand Limited.

El periodista de Cambio destaca un detalle que llama la atención: cada transferencia es de un valor siempre 50 dólares por debajo de un número redondo, lo que en el lenguaje del cumplimiento financiero se conoce como “estructuración”, una práctica asociada a intentos de evadir reportes automáticos de transacciones.

 La carta termina con una instrucción precisa: los fondos “deben ser entregados al señor Rafael Mora y no son parte de la compra de 2127 Brickell Avenue, Unidad 2205 en Bristol Tower”. El apartamento mencionado, comprado parcialmente con estos fondos por una sociedad familiar de De la Espriella, aparece también en los documentos del expediente.

El periodista promete dedicarle al inmueble nuevos capítulos. La investigación, no obstante, no identifica quién es Rafael Mora, ni por qué sería él el destinatario de buena parte del dinero.

Un segundo documento constata los movimientos. Se trata de un correo electrónico que Alex Saab le envió directamente a De la Espriella el 29 de abril de 2015, casi un año después de las transferencias. En el mensaje, Saab reenvía un correo cuyo asunto es “Richards y Asociados” —la misma firma de Miami— y detalla dos pagos debitados desde las siglas GGL, presumiblemente Group Grand Limited, con fechas que coinciden con dos de los tres giros documentados en la carta.

El correo va acompañado de una confirmación bancaria SWIFT. Ese documento acredita que el remitente fue Group Grand Limited, con sede en Wan Chai, Hong Kong; que los fondos salieron del Global Bank of Commerce en Antigua; que el banco intermediario fue Wells Fargo en San Francisco; y que el dinero llegó a la cuenta de Richards en el Bank of America de Miami. Un auténtico laberinto. 

El concepto declarado en la transferencia es “Asesoría Fiscal Internacional”. Coronell mantiene que ese concepto no cuadra con el destino real del dinero, que según los documentos se repartió entre la compra del apartamento en Brickell y los pagos a Rafael Mora, del que no se da más información.

La investigación señala que otros allegados de De la Espriella han enfrentado consecuencias judiciales por recibir dinero de las mismas redes que intentaban burlar las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela y un nutrido grupo de sus operadores.

De la Espriella no respondió a las preguntas que Coronell le remitió.

Con información de El País.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha destapado un complejo entramado de transferencias que conecta pagos procedentes de un empresario vinculado estrechamente a Alex Saab —el presunto testaferro de Nicolás Maduro— destinados al entorno societario que los investigadores identifican como el canal de financiación de los intereses del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según explican fuentes policiales a THE OBJECTIVE. 

El eje central de esta nueva ramificación se encuentra en las actividades de Carlos Alberto Parra Delgado, un ciudadano español nacido en Venezuela, cuyos movimientos financieros han hecho saltar las alarmas de la UDEF. 

Parra Delgado no opera de forma aislada, sino que actúa como el engranaje operativo en territorio europeo de Jorge Andrés Giménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y una de las figuras emergentes más poderosas dentro de la estructura económica que sostiene al Palacio de Miraflores.

La conexión mercantil directa entre ambos hombres figura de forma explícita en el Registro Mercantil de España a través de la sociedad FVF Operaciones Globales SL.

Esta empresa fue constituida y administrada en primera instancia por el propio Jorge Giménez, aprovechando su condición de máximo dirigente del fútbol venezolano, para gestionar la expansión internacional y los activos financieros en el extranjero de proyectos vinculados a la federación. 

Para la operatividad diaria de la estructura en Europa, Giménez delegó las funciones directivas en personas de su estricta confianza.

 Fue entonces cuando se incorporaron Carlos Alberto Parra Delgado y su socio habitual, Óscar Cunto André, a la compañía con cargos directivos y de representación. De esta manera, Parra Delgado se consolidó legalmente como el socio y representante operativo de las iniciativas empresariales de Jorge Giménez en suelo español.

Más allá de la firma oficial de la federación de fútbol, las pesquisas de la UDEF han puesto el foco sobre otra mercantil: Apamate Corporate and Trust SL. 

En esta sociedad, Jorge Giménez no aparece de manera directa en los documentos oficiales, una estrategia que los investigadores criminales vinculan habitualmente al deseo de evitar la exposición jurídica internacional y eludir posibles sanciones. 

La administración formal de Apamate Corporate and Trust SL recae exclusivamente en Carlos Alberto Parra Delgado y aparece Óscar Cunto André como apoderado. Ambos son los hombres de paja de Jorge Giménez y tienen un puesto en la sociedad FVF Operaciones Globales SL.

Parte de este complejo entramado societario creado para perder la pista del dinero de origen presuntamente ilícito y tras analizar el teléfono móvil del presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, la UDEF también considera que el fallecido banquero chavista Francisco Flores sería una pieza del montaje de Carlos Alberto Parra Delgado (específicamente a través de Apamate Corporate and Trust SL y Softgestor SL).

 Los investigadores señalan conversaciones directas con Francisco Flores en las que se constata que el 13 de octubre de 2020, Martínez le envió a Flores un borrador de contrato de asesoría desde su empresa (Análisis Relevante SL) con el destinatario en blanco.

 El objeto del contrato era idéntico al usado para desviar fondos de la aerolínea Plus Ultra y solo cinco días después, el 18 de octubre, Francisco Flores le devolvió el contrato completamente cumplimentado a nombre de Apamate Corporate and Trust SL, la sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado.

La vinculación se estrecha cuando, cuatro días después, el 22 de octubre, Francisco Flores envió otro contrato idéntico al anterior, pero cambiando la empresa receptora: en lugar de Apamate, Softgestor SL (mercantil en la que Parra Delgado posee el 65% de las acciones).

 Apenas ocho días después de este cruce de papeles firmado por Flores, la maquinaria del dinero se activó: Softgestor transfirió 145.200 euros (en dos transferencias de 72.600 euros) a la cuenta de Análisis Relevante SL. 

El magistrado José Luis Calama destaca en el auto que, a pesar de que Flores puso inicialmente a Apamate en los documentos oficiales, «en las cuentas bancarias de Análisis Relevante no se detecta transferencia con origen en Apamate», sino que todo el dinero terminó saliendo de Softgestor de forma coordinada.

La conexión con Francisco Flores es importante porque conecta la presunta financiación irregular del PSOE con los cobros de Zapatero. 

Este banquero chavista está vinculado a la operativa empresarial diseñada para financiar presuntamente a la formación socialista, según detalló en sede judicial el empresario Víctor de Aldama y que aparece reflejada en el sobre entregado al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. 

Los informes policiales sitúan a Apamate Corporate and Trust SL como la extensión financiera que el entorno de Giménez empleó para movilizar capitales procedentes de Venezuela hacia Europa. 

La fecha de estos movimientos coincide en el tiempo con el polémico viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al aeropuerto de Madrid-Barajas, un vuelo privado en el que Jorge Giménez viajaba como parte de la comitiva oficial. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que Giménez es amigo personal del novio de Delcy, el empresario venezolano de origen libanés Yussef Abou Nassif Smaili.

La consideración de Jorge Giménez como socio o continuador de los negocios de Alex Saab responde a un proceso de relevo estratégico dentro del entramado económico gubernamental de Venezuela. 

La relación entre ambos no se basa en una amistad personal ni en la copropiedad de empresas comunes, ya que no comparten firmas ni actas constitutivas directas.

 Su vinculación es estrictamente operativa y de sucesión comercial dentro del Estado venezolano. 

Cuando Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en el año 2020 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, el diseño financiero que sostenía el suministro de alimentos y la venta de crudo quedó descabezado.

 Saab era el arquitecto de los contratos millonarios para la importación de productos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Continuación (CLAP). 

Asimismo, controlaba el esquema de intermediación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), consistente en vender crudo a través de intermediarios en mercados internacionales para esquivar las sanciones financieras mediante el canje de petróleo por alimentos.

Ante la ausencia de Saab, Jorge Giménez asumió su legado comercial frente al régimen chavista.

 Respaldado por su vinculación directa con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el grupo empresarial liderado por Giménez absorbió los contratos de suministro de alimentos y tomó las riendas de la comercialización de crudo a través de redes opacas en el exterior. 

Este movimiento se consolidó de manera definitiva tras el desmantelamiento en 2023 de la facción de Tareck El Aissami y su socio, Álvaro Pulido (históricamente ligado a Saab), dejando a Giménez como el operador de máxima confianza para la captación de divisas del Gobierno venezolano.

 Los documentos en poder de la UDEF reflejan que el entramado utilizado por Carlos Alberto Parra Delgado en España replica y conecta con los canales de triangulación comercial internacional que originalmente diseñó la red de Alex Saab. 

El rastreo de la UDEF confirma que los fondos movilizados por el administrador de FVF Operaciones Globales SL forman parte de la misma estructura que hoy nutre económicamente los intereses de los intermediarios en Europa.

Con información de The Objective

  La caída de Alex Saab marca uno de los movimientos más delicados dentro del chavismo en años. 

El empresario que fue convertido en símbolo político y protegido por Nicolás Maduro terminó nuevamente bajo custodia estadounidense, abriendo el temor en Miraflores de que decida revelar cómo operaban las redes financieras, los mecanismos de evasión de sanciones y los negocios que mantuvieron con vida al régimen. 

Investigadores sostienen que su entrega refleja fracturas internas y una lucha silenciosa por sobrevivir dentro del poder chavista, donde antiguos aliados ahora parecen convertirse en piezas sacrificables.

Esto es Venezuela sin filtro.

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Según el periodista Ricardo Ospina, a través de la emisora colombiana Blu Radio,  Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, y todos los hijos del empresario fueron deportados desde Venezuela con destino a Italia.

 La información surge pocos días después de la deportación de Saab hacia Estados Unidos y en medio del nuevo escenario político que atraviesa el chavismo tras la caída de Nicolás Maduro. 

Camilla Fabri había sido una de las figuras más visibles de la campaña internacional impulsada para exigir la liberación de Saab cuando permanecía detenido en Cabo Verde y posteriormente en Miami.

 El reporte también coincide con el distanciamiento público que dirigentes chavistas han tomado frente al empresario, a quien ahora describen como “ciudadano colombiano” y supuesto colaborador de agencias estadounidenses. 

Camila Fabri ocupó el cargo de presidenta de la Misión Vuelta a la Patria durante el gobierno de Maduro y tras su captura fue sacada de esa institución y no se supo más de ella.

Extraoficialmente se supo que tras la detención de Alex Saab, Fabri estaba confinada en su casa, con un grillete electrónico.

Hasta el momento ninguna autoridad venezolana ha confirmado la información.

 Esta semana, el empresario barranquillero Alex Saab, de 54 años, volvió a pisar un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida, esta vez luciendo un overol marrón y esposado. Un contraste absoluto con la imagen de “héroe” con la que fue recibido en Caracas hace apenas unos años.

Entregado por el chavismo que hasta hace meses le amparó, la pregunta es si el exministro de Producción develará posibles vínculos de sus negocios ilegales con los gobiernos de Colombia y Venezuela, publicó el diario El Colombiano.

Durante la audiencia, Saab respondió en inglés “Sí, señora” ante la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, quien le notificó los cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.

La magistrada ordenó que el colombiano permanezca detenido sin fianza hasta el próximo 24 de junio, marcando el inicio de un proceso judicial que podría desmantelar años de ingeniería financiera oscura.

La caída de Saab es el resultado directo de un sismo geopolítico que comenzó el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense depuso a Nicolás Maduro. Actualmente, Maduro y su esposa Cilia Flores esperan juicio por narcotráfico en una celda de Nueva York.

Bajo el mando de la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el nuevo gobierno de transición autorizó la entrega de Saab el pasado fin de semana. Según el periodista Roberto Deniz, miembro del portal especializado Armando.info, Saab se encuentra hoy en una posición de extrema debilidad, pues ha perdido el blindaje diplomático que el anterior régimen le otorgó.

Deniz le explicó a Caracol Radio que Saab solo tiene dos caminos: enfrentar un juicio donde abundan pruebas y testigos en su contra, o negociar con la justicia estadounidense entregando rutas financieras sobre el saqueo de miles de millones de dólares del Estado venezolano. Esta información sería vital para los casos contra Maduro y Flores.

Mientras tanto, el chavismo ha cambiado drásticamente su libreto; Diosdado Cabello justificó la expulsión alegando que Saab nunca fue legalmente venezolano y que sus documentos de identidad carecían de validez ante el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería). 

Esta purga sugiere que los hermanos Rodríguez buscan ganar tiempo y legitimidad ante la administración de Donald Trump, sacrificando piezas que, como Saab, nunca fueron del total agrado de Delcy.

La justicia de Estados Unidos sostiene que Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas —actualmente preso en Venezuela por el caso PDVSA-Cripto—, aprovecharon el control cambiario para amasar una fortuna de 350 millones de dólares. 

El corazón de la acusación reside en la corrupción vinculada al programa de alimentos CLAP, donde se desviaron recursos destinados a las familias más vulnerables mediante contratos con sobreprecios y comida de baja calidad.

 La DEA y el Departamento de Justicia señalan el uso de empresas fantasma, facturas fraudulentas y documentación adulterada para ocultar el origen de productos importados desde Colombia y México.

Además de los alimentos, Deniz destaca que Saab operó como un “trader en la sombra” del petróleo venezolano, manejando esquemas de intercambio de crudo por comida sin ningún tipo de auditoría. 

Las investigaciones indican que estos fondos ilícitos fueron movidos a través de bancos en el sur de la Florida, lo que fundamenta los cargos de lavado de dinero que enfrenta actualmente. Incluso se ha revelado que Saab tuvo un pasado como informante secreto de la DEA y el FBI hasta el año 2019, una traición que ya había erosionado la confianza internacional en su figura mucho antes de su captura definitiva.

La historia de Alex Saa no puede entenderse sin la figura de la fallecida senadora colombiana Piedad Córdoba. 

Según el periodista Gerardo Reyes, fue ella quien lo introdujo en el círculo íntimo del chavismo en 2010. Este acercamiento estuvo rodeado de un aura esotérica: una santera, supuesta “médium” de Simón Bolívar, profetizó a Hugo Chávez que Córdoba sería presidenta de Colombia, lo que motivó al régimen a invertir esfuerzos políticos en su figura.

Más allá de lo místico, existen indicios de negocios conjuntos de gran envergadura. Roberto Deniz menciona el caso de Trenaco, una empresa petrolera de papel surgida en Colombia que, en 2015, obtuvo un contrato con PDVSA por 4.500 millones de dólares para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco.

 Según diversas fuentes, la intención detrás de este negocio era generar fondos para una eventual campaña presidencial de Córdoba. Aunque el negocio finalmente colapsó por su naturaleza “grotesca”, refleja el nivel de acceso que Saab logró gracias a sus conexiones políticas en ambos países.

En ese contubernio, Saab también resuena por los pasillos de la Casa de Nariño dados los hilos que lo conectan con Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Gustavo Petro. 

Gutiérrez, un veterinario y empresario ganadero casado con la hermana de la primera dama, Verónica Alcocer, ha sido señalado por tener una relación que va mucho más allá de un simple saludo protocolario. Según investigaciones de Armando.info, Gutiérrez participó activamente en la compleja estructura societaria de Saab y su socio Álvaro Pulido en Venezuela, especialmente durante el colapso económico del país en 2018.

Con información de El Colombiano

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, rompió el silencio tras la sorpresiva deportación de Alex Saab a EE. UU., y su estrategia ha sido drástica: lavarse las manos y exponer los vínculos del empresario colombiano con agencias de inteligencia estadounidenses desde 2019. 

Lo que antes el chavismo defendía como un 'secuestro imperialista', hoy es despachado por la cúpula como un 'asunto privado' entre Saab y las agencias norteamericanas. Con Nicolás Maduro preso en Nueva York y los hermanos Rodríguez alineados en este giro discursivo, las cartas están sobre la mesa.

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Luego de haberlo defendido como a un “hijo de la patria”, recibirlo con honores tras un intercambio de prisioneros con EE. UU. y darle un cargo ministerial, el Gobierno de Venezuela desconoce ahora que Alex Saab tenga la nacionalidad venezolana, lo que legalmente hubiese impedido su entrega a las autoridades estadounidenses, realizada el sábado.

El Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez informó en un comunicado la “deportación” del “referido ciudadano colombiano” y señaló que enfrentará un proceso en EE. UU. por “diversos delitos”, pero hasta ahora no ha explicado cuándo o cómo dejó de ser “ciudadano venezolano”, tal como Saab fue nombrado en varios documentos judiciales y comunicados de la Cancillería, y que es un requisito para ser ministro o para votar. 

“Lo grave de lo que veo acá es que, siendo que Saab tiene la nacionalidad venezolana por adquisición, nuestra Constitución prohíbe la extradición. Por eso es que están hablando de deportación”, consideró, en entrevista a CNN, Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El artículo 50 de la Carta Magna indica que ningún acto del Poder Público podrá establecer “la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos”, y el artículo 69 prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos de ese país.

Apitz explicó que, mientras la deportación “es un acto administrativo”, en el que un Estado expulsa a un extranjero por motivos como infracciones migratorias, la extradición “es un proceso judicial y diplomático” en el que se entrega a una persona a otro país para que sea juzgada o cumpla una pena.

En caso de extradición, “debe haber por lo menos un proceso judicial pendiente”. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han publicado una nueva acusación judicial contra Saab, quien fue indultado de varios cargos por el entonces presidente Joe Biden cuando fue entregado a Venezuela en 2023 y recibido como un hijo pródigo.

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El analista explicó que, en caso de que la justicia venezolana le hubiese revocado la nacionalidad, la sentencia tendría que haber aparecido en la Gaceta Oficial. “La única forma de revocarla es a través de un proceso judicial: procede por falsedad, fraude o incumplimiento de requisitos del proceso”, explicó. 

Destacó que suelen ser “procesos muy largos que van al Tribunal Supremo de Justicia” y puso como ejemplo el caso del opositor Leopoldo López. El derrocado presidente Nicolás Maduro pidió que le retiraran la nacionalidad por presunta traición a la patria, pese a que la Constitución no permite revocar una nacionalidad por nacimiento. “Eso fue hace meses y todavía no ha sido sentenciado”, comentó.

Pero para Apitz, el debate jurídico cae a veces en la intrascendencia. “En Venezuela, cada vez es menos importante el derecho. Hay razones de facto para hacer lo que se hace. Es hilarante que hasta hace nada fuera un héroe de la revolución, ministro de Industrias, participante de la mesa de negociación, que ahora aparezca como una persona deportada, como si fuera un extranjero. Es lo que no se entiende. (…) Es una burla, hacen de la Constitución un chicle, la estiran a su gusto”.

Si bien el fugaz retiro de la nacionalidad a Saab despertó dudas, también las hubo cuando se le fue otorgada, un paso que tampoco fue publicado en la Gaceta Oficial, sino que apareció en declaraciones oficiales luego de su detención en Cabo Verde en 2020. Ello fortalecía su defensa, que argumentaba que, como enviado diplomático, tenía protección.

Saab, una figura muy cercana a Maduro, amasó una fortuna por contratos con el Estado y fue acusado en EE. UU. de conspiración para cometer lavado de dinero y de ser testaferro del exmandatario venezolano, cargos de los que se declaró inocente. También enfrentó cargos de lavado en Italia, donde llegó a un acuerdo con la Fiscalía antes de un juicio, y en Colombia, donde el proceso continúa abierto.

Tras la captura de Maduro en enero, fue una de las primeras figuras en ser desplazadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ya borró el mensaje de agradecimiento que publicó en aquel momento en redes sociales.

Apitz no duda de que Saab terminará declarando en el proceso que en paralelo sigue su curso contra Maduro. 

“Es la razón real por la que se lo llevaron”, expresó. 

Por su parte, el politólogo Eduardo Valero Castro, exdirector de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCV, indica que “no es una situación fácil” para Saab, pero que “es probable que busque tener una mejor estabilidad”, lo que implicaría declarar contra Maduro. 

De hecho, Saab ya había colaborado con la DEA antes de su arresto en 2020, según documentos judiciales, pero finalmente no se entregó como estaba pautado.

 Valero Castro señaló que hay “un recambio progresivo de funcionarios que fueron leales a Chávez y Maduro, por funcionarios, gerentes y ministros que están siendo más cercanos a los Rodríguez, siempre viéndolo dentro del marco de lo que pide (el presidente Donald) Trump”. 

La lógica es la de “puedo acércame a Estados Unidos, quitarme a este personaje importante del medio y negociar”, consideró.

El analista dijo que evitaría hablar de “purga”, sino de recambios, pero la entrega a las autoridades estadounidenses va un paso más allá de simplemente apartarlos de sus cargos. “Como la consigna es mantenerse en el poder, entonces, bueno, se hacen concesiones importantes dentro del nuevo esquema”, sostuvo.

El Gobierno, según Valero Castro, apuesta por “un esquema de estabilidad antipática dentro de esta nueva relación con Estados Unidos”, con el riesgo de seguir tensando la cuerda con las bases chavistas, que pueden ver traicionados principios políticos, económicos e ideológicos que hasta solo unos meses eran defendidos a capa y espada. Hasta ahora, según apuntó, no hay mayores signos de ruptura entre los seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras en la calle los reclamos pasan más por demandas salariales o energéticas.

“Hay una capacidad de gestionar esos sentimientos nostálgicos. Con la capacidad de gerencia de esa militancia, se ha mantenido tranquilo, por ahora hay una quietud estratégica”, comentó. Si bien señaló que hay algunas voces disonantes en el oficialismo que critican algunas medidas, el Gobierno de la presidenta encargada “tiene rasgos de estabilidad”, aunque remarcó que esa solidez nunca está garantizada.

Con información de CNN

Alex Saab, exministro de Industria y Producción Nacional, compareció este lunes por primera vez ante el tribunal en virtud de una acusación formal que se hizo pública en el Distrito Sur de Florida.

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó en su página web que a Saab “se le imputa su presunta participación en una extensa conspiración internacional de lavado de dinero que involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables”.

De ser hallado culpable, Saab podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

Según consta en los registros judiciales, Alex Nain Saab Moran, de 55 años y originario de Colombia, presuntamente conspiró con otras personas “para sobornar a funcionarios públicos venezolanos y así obtener lucrativos contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) para la importación de alimentos a Venezuela”.

Los cargos 

 Saab está acusado de conspirar con otros para falsear fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, incluyendo la falsificación de la documentación de las importaciones procedentes de Colombia y México.

“Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Alex Saab será procesado y rendirá cuentas plenamente ante la ley estadounidense por su presunta participación en este plan”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, informó el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

 “Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que agentes extranjeros exploten el sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio seguro para las ganancias de su corrupción”, agregó.

“Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, expresó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida. 

“Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas fantasma y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para beneficio personal. Cuando se mueven fondos ilícitos a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán. Los cargos son alegaciones, y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”.

Con información del Departamento de justicia de EE.UU.

El empresario colombiano y exministro de Producción Nacional, Alex Saab, fue presentado este lunes en una corte federal del distrito sur de Florida.

Allí ,enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.

Saab, vestido con un overol de color marrón, fue acusado y la jueza federal Lauren Louis fue la encargada de leer oficialmente los cargos: «conspiración para lavar dinero incluidos en la acusación federal, presunto fraude electrónico, sobornos y malversación de fondos públicos venezolanos«.

El cargo de conspiración para lavar dinero es en violación del Título 18 del Código de EE.UU. secciones 1956 y 1957, así como también que las transacciones financieras habrían ocurrido en los condados de Palm Beach, Miami-Dade y Broward.

 Las transacciones estaban diseñadas para ocultar el origen, ubicación, propiedad y control de los fondos.

Se  pudo conocer que el gobierno federal pidió que Saab permanezca detenido mientras avanza el caso y que el empresario colombiano aceptó seguir bajo custodia, además de renunciar al derecho a un juicio rápido, lo que permite más tiempo para preparar el caso.

Su equipo de defensa -temporal- está a cargo de los abogados Joseph Schuster y Neil Schuster.

La próxima audiencia está prevista para las 10 de la mañana del 24 de junio de 2026 ante otro juez, donde se espera lectura formal de cargos y declaración procesal.

Saab, considerado el testaferro de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales.

Con información de EFE