Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, las reservas de oro del Banco Central venezolano se han desplomado ―de 366 toneladas a unas 53, según los registros del propio organismo―, a pesar de que los analistas calculan que las explotaciones del Arco Minero del Orinoco han producido entre 35 y 80 toneladas anuales. 

Parte de ese metal ha sido exportado de forma irregular a Turquía —a través de una compleja trama a cambio de la cual Venezuela recibía alimentos— y a otros países como Irán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, como confirman a EL PAÍS diversas fuentes relacionadas con este comercio y acreditan documentos oficiales.

 “¿Cuánto oro y dólares de [Nicolás] Maduro y de Venezuela hay en Turquía? ¿A nombre de quién están? ¿Qué ocurrirá con ellos?”, se preguntaba el exdiputado turco Emin Sirin tras el secuestro del presidente venezolano por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero. 

En los últimos meses, los implicados en este opaco comercio, entre ellos el exministro de Venezuela Alex Saab y varios empresarios turcos, han ido cayendo —detenidos o investigados— uno tras otro.

“Lo mismito que nos hicieron a nosotros”. Con sus casi dos metros de altura, el presidente Nicolás Maduro y sus comentarios sobresalían de entre la delegación venezolana que recorría, en octubre de 2016, los pasillos del Centro de Convenciones Lütfi Kirdar de Estambul. 

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Un funcionario turco le estaba mostrando una exposición fotográfica sobre cómo había sido derrotado el intento de golpe de Estado contra el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan solo unos meses antes (un golpe que parte del entorno de Erdogan atribuye a Washington), y Maduro hizo el paralelismo con el golpe también fallido que sufrió el chavismo en Venezuela en 2002.

Maduro aprovechaba por entonces su asistencia al Congreso Mundial de la Energía para estrechar lazos con el Gobierno turco: pese a no tener apenas vínculos históricos y a estar separados por más de 10.000 kilómetros, Turquía iba a convertirse en la siguiente década en uno de los principales socios comerciales de Venezuela. 

Fue una relación surgida de la necesidad y de la sintonía personal entre dos mandatarios —Maduro y Erdogan— que, pese a sus amplias diferencias ideológicas, se sentían perseguidos por el imperialismo estadounidense.

En diciembre de aquel año, la compañía Turkish Airlines estableció la primera ruta directa entre Estambul y Caracas, que llegaría a tener una frecuencia de hasta cinco vuelos semanales. 

Varios pasajeros consultados por EL PAÍS confirman que los aviones rara vez viajaban llenos, excepto cuando hacían escala en Cuba y había turistas turcos de visita a la isla caribeña. Pese a ello, la ruta se ha mantenido hasta que, en los últimos meses de 2025, las amenazas de ataque de Washington a Venezuela obligaron a cancelarlos. Y es que en esos aviones no sólo viajaban pasajeros. En sus bodegas se transportaba oro.

“El oro viajaba en vuelos de la Turkish Airlines y también en aviones privados”, asegura a EL PAÍS una fuente con conocimiento cercano de este comercio. Parte del oro procedía del Banco Central de Venezuela (BCV) y otra parte era extraída del Arco Minero del Orinoco, señalan las mismas fuentes.

A principios de ese 2016, ante el derrumbe del bolívar, los bajos precios del crudo y la crisis económica, el Gobierno de Maduro decidió abrir la zona del Orinoco a la explotación del oro, que habría de convertirse en su nuevo petróleo. Decenas de miles de venezolanos se lanzaron a extraer el preciado metal, en condiciones deplorables.

Según se estableció por decreto, ese oro debía ser procesado por la empresa mixta Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven) y trasladado al BCV. 

Sin embargo, según estimaciones de Transparencia Internacional, solo el 30% terminó en la institución financiera: el resto salió del país de contrabando. “Hay [empresarios] chinos, turcos o brasileños, entre otros. Muchos extranjeros que hablan poco español, pero suficiente para entenderse. Hacen las pruebas al oro, luego lo pesan y se hace la venta”, cuenta a EL PAÍS una antigua trabajadora de estas explotaciones mineras.

En 2018 y 2019, a medida que se sucedían las crisis entre la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y el Ejecutivo de Maduro —crisis que culminaron en el reconocimiento por parte de muchos países de Juan Guaidó como presidente interino venezolano—, comenzaron a llover las sanciones sobre el Gobierno chavista. Y este vio cómo se le cerraba el acceso a los sistemas financieros internacionales.

El Banco de Inglaterra, por ejemplo, bloqueó 31 toneladas de oro venezolano guardado bajo sus bóvedas.

 Suiza, el país que hasta entonces refinaba su oro, también impuso sanciones y congeló cuentas. En Turquía, Maduro no solo encontró un Gobierno amigo, sino también sediento de oro (en la última década ha importado una media de 300 toneladas de oro al año, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística de Turquía).

“Durante la primera administración de Donald Trump [2017-2021] y luego con Joe Biden [2021-2025] no hubo buenas relaciones entre Turquía y Estados Unidos. Y, en medio de la crisis económica en Turquía, se vio a Venezuela como una oportunidad: un país que tiene recursos petrolíferos y minerales y en el que nadie invierte. Aunque luego los empresarios turcos entenderían que las cosas son más complicadas”, apunta Ertan Erol, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Estambul. Además de la creación de Mibiturven, se firmarían otros acuerdos para la explotación conjunta del oro venezolano; el último, en 2024.

Y el oro empezó a fluir. La base de datos de comercio internacional de la ONU muestra que en 2018 fueron exportadas 23,6 toneladas de oro venezolano a Turquía, en una treintena de vuelos de Turkish Airlines, y 45 toneladas a Emiratos Árabes Unidos, un centro de distribución mundial del oro. 

En 2019, otras 7,3 toneladas fueron a Uganda, pero cruzando datos de exportación de ambos países es posible comprobar que parte de ese oro fue transportado luego a Turquía.

A partir de 2020, en cambio, la base de datos de la ONU registra un desplome de las exportaciones de oro venezolano. Y, sin embargo, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela no dejan de caer: si al término de 2019 había 105 toneladas de oro en las reservas del BCV, según sus datos oficiales, estas habían caído a 79 cuando cerró 2021 y a 53 el pasado año, todo ello a pesar de que en el arco minero se sigue extrayendo un oro que, al menos en parte, va a parar al BCV.

La explicación, como ha podido reconstruir EL PAÍS a través de documentos comerciales, informes y diversas fuentes consultadas, es que esas exportaciones de oro no se detuvieron: simplemente dejaron de ser registradas oficialmente. “El comercio [con Turquía] continuó, aunque de forma irregular”, sostiene una fuente venezolana.

En 2019, el Tesoro estadounidense había amenazado a Ankara con sanciones y el banco público turco Ziraat cerró las cuentas del BCV en su entidad. “Mi impresión es que Turquía continuó importando oro de Venezuela por canales no oficiales”, afirma el exdiplomático turco Imdat Öner, y pone como ejemplo que, durante la pandemia del covid-19, se registraron numerosos vuelos de aviones privados entre Venezuela y Turquía.

Igualmente hubo una ruta hacia Irán. Según la agencia Bloomberg, sólo en abril de 2020 salieron nueve toneladas de oro de Venezuela hacia Irán en varios vuelos. Meses más tarde, el asesor militar del líder supremo iraní, Yahya Safavi, confirmó que su país había recibido oro a cambio de combustible para paliar la escasez que ese año sufría Venezuela. 

La oposición venezolana también ha denunciado envíos a Rusia y Emiratos Árabes Unidos, y hay sospechas sobre China, cuyo Banco Central ha hecho compras secretas de oro en los últimos años, concuerdan varios analistas.

Un informe de la OCDE de 2021 apunta también a Colombia, República Dominicana, Brasil y las Antillas holandesas como “centros de tránsito para los flujos ilícitos de oro venezolano” antes de ser enviado a terceros países, o incluso a Surinam, donde, afirma, se puede pagar en oro en casinos vinculados a intereses chinos y turcos.

“Lo más revelador es la disminución de las reservas [de oro] de Venezuela que comienza en el último trimestre de 2014 y el fuerte aumento de las reservas de Turquía que comienza a mediados de 2017 y se acelera a partir de entonces. Las dos tendencias están vinculadas”, apunta el informe. Una situación paradójica porque, en teoría, el oro venezolano que llegaba a Turquía debía volver, una vez refinado.

Ante las denuncias de la oposición venezolana de que la venta de oro a Turquía sin permiso de la Asamblea Nacional era ilegal, el entonces ministro de Minería, Víctor Cano, aseguró en 2018 que no había “ningún contrabando” sino “convenios firmados entre el BCV y Turquía”.

 “Es el oro que el Banco Central de Venezuela está recuperando con el arrime de oro, con el fin de que pueda ser refinado. Antes, [esa refinación] la hacíamos en Suiza y ya no se hace en Suiza. Se hace en países aliados porque imaginen que se envía el oro a Suiza y por sanciones nos dicen que allí se queda”, argumentó Cano. Pese a esa afirmación, el oro enviado al exterior nunca regresó a Venezuela, según revelan las cifras de comercio internacional.

En Turquía se designaron al menos dos grandes refinerías. Una, la Refinería de Oro de Estambul (IAR, por su nombre en turco). La otra, radicada en la provincia de Çorum, pertenece al holding de Ahmet Ahlatçi, un empresario que, en diciembre de 2018, había acompañado a Erdogan en su visita oficial a Venezuela. En la conversación que mantuvieron ambos con Maduro, el presidente venezolano les propuso enviar eloro venezolano a su refinería a cambio de la compra de alimentos y materiales de construcción.

“Envía el oro, lo refinamos en la planta de Don Ahmet [Ahlatçi] en Çorum, luego lo depositamos en nuestro Banco Central como pago anticipado de las exportaciones y, cuando te enviemos legumbres y materiales, lo descontamos de ahí”, asegura Ahlatçi que respondió Erdogan.

Estas declaraciones de Ahlatçi proceden de una inusual entrevista que concedió al periódico opositor turco Sözcü el pasado enero, apenas unos días después del secuestro de Maduro. Su principal interés en esa entrevista era subrayar que a su refinería de Çorum “no llegó ni un gramo de oro de Venezuela”, pese a que el entonces ministro de Industria venezolano, Tareck El Aisssami (detenido en 2024), visitó la planta en enero de 2019.

“No hago ningún negocio que Estados Unidos prohíba, porque entraría en la lista de sanciones”, justifica Ahlatçi, y asegura que, según lo que oyó entonces, “Maduro llegó a un acuerdo con [Donald] Trump y [Vladímir] Putin” y ese oro que tenía que haber llegado a la planta turca se exportó a Rusia.

Ahlatçi también afirma en la entrevista que, según le comentó El Aissami, la refinería IAR sí que trató 35 toneladas de oro venezolano, pese a que IAR lo desmintió en 2019. Una hipótesis, según apunta una fuente financiera en Turquía, es que ese oro que entraba en las refinerías turcas no fuese ya oro venezolano sino que apareciese sobre el papel como oro turco.

“Seguro que IAR refinó oro venezolano. Ahlatci no estoy tan seguro”, dice una fuente venezolana, que añade: “Lo que sí sé es que empleadas de Saab se reunieron con Ahlatci tanto en Caracas como en Çorum, y fue a ellas a las que autorizaron a mantener contacto con Ahlatci”.

La fuente se refiere al empresario Alex Nain Saab Morán, nacido en Barranquilla (Colombia) pero que ascendió en el entorno del chavismo hasta convertirse en una figura clave como conseguidor —y presunto testaferro— del Gobierno de Maduro, especialmente en sus negocios y tejemanejes en el exterior. Fue detenido en Cabo Verde en 2020, donde había parado a repostar su avión tras un vuelo a Teherán relacionado con ese intercambio de oro por combustible.

Extraditado a EE UU, país que, como otros, lo buscaba por lavado de dinero, Saab fue devuelto en 2023 a Venezuela en un canje de prisioneros. Y Maduro lo nombró ministro de Industria.

Alex Saab es clave en la ruta turca del oro porque, como habían acordado Maduro y Erdogan, el metal iba a servir para pagar alimentos.

A principios de diciembre de 2018 atracó en el puerto venezolano de La Guaira un buque procedente de Turquía con 1.145 toneladas de leche en polvo. Y desde entonces no dejarían de llegar, según documentos de exportación consultados por EL PAÍS: espaguetis, macarrones, harinas, frijoles y lentejas, arroz, aceite, carne o atún enlatado… para llenar los paquetes de alimentos repartidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). De un volumen de exportaciones de Turquía a Venezuela inferior a 50 millones de dólares, se pasaría a los más de 300 millones registrados en los últimos años, de los que dos tercios corresponden a productos alimenticios.

Esa leche en polvo la envió MULBERRY PROJE YATIRIM (Mulberry Proyectos e Inversiones), de acuerdo con los citados documentos, que también muestran a esta empresa como responsable de envíos de alimentos a Venezuela desde México. Mulberry fue fundada en 2015 en un anodino edificio de oficinas del barrio estambulí de Besiktas y como principal accionista aparece un fondo del mismo nombre con sede en Londres.

Tras varios años gestionada por abogados y testaferros turcos, en 2018 se hizo cargo de ella Betsy Desiree Mata Pereda, una socia de varios entramados y empresas manejados por Alex Saab, como Salva Foods, igualmente involucrada en la importación de pasta de origen turco.

Con información de El País de España

La administración de Donald Trump está trabajando con el gobierno interino de Venezuela para llevar a Estados Unidos a un aliado clave del líder depuesto Nicolás Maduro y que enfrente un proceso judicial por cargos que podrían incluir lavado de dinero, según personas familiarizadas con el asunto.

 Alex Saab, ciudadano venezolano naturalizado y originalmente de Colombia, fue detenido a principios de febrero poco después de ser removido de su cargo como ministro de Industria.

 El gobierno no ha revelado los cargos en su contra. Personas con conocimiento de la situación señalaron que ha estado detenido, al menos parte del tiempo desde entonces, en la prisión caraqueña de El Helicoide, conocida por sus duras condiciones, dijo la agencia Bloomberg.

En Miami, fiscales obtuvieron una nueva acusación de un gran jurado contra Saab como preparación para una posible entrega a las autoridades estadounidenses, dijeron algunas de las fuentes. Aunque los detalles no están claros, Saab ha sido investigado anteriormente por su manejo de los ingresos de un programa gubernamental venezolano de alimentos por petróleo.

Un abogado de Saab se negó a hacer comentarios.

Sea o no trasladado a Estados Unidos, las autoridades de ese país quieren el testimonio de Saab para fortalecer el caso contra Maduro, quien se encuentra detenido en el Metropolitan Detention Center, Brooklyn, en New York City. 

Maduro enfrenta múltiples cargos criminales federales, incluidos conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína a Estados Unidos. Él ha sostenido su inocencia.

Los fiscales estadounidenses consideran a Saab una figura central en las redes financieras que sostuvieron al gobierno de Maduro, donde fue funcionario de nivel ministerial hasta la captura del mandatario. 

Enviarlo a Estados Unidos representaría la cooperación legal más significativa entre Caracas y Washington desde la captura de Maduro en enero y podría abrir un nuevo frente en los casos de corrupción vinculados a la antigua administración.

La detención de Saab se produce después de otros movimientos de la presidenta interina Delcy Rodríguez para cumplir con las exigencias de Washington. Además de Saab, Estados Unidos busca la entrega de decenas de financistas, funcionarios y militares que enfrentan cargos en tribunales estadounidenses, dijeron algunas de las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales.

Saab ya había sido extraditado a Estados Unidos en 2021 tras su arresto en Cabo Verde y fue acusado de lavado de dinero. El entonces presidente Joe Biden lo indultó en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros.

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Antes de la caída de Maduro, Saab se desempeñaba como ministro de Industria. Rodríguez lo destituyó menos de dos semanas después de asumir el poder. 

Su esposa, Camilla Fabri, también fue recientemente removida como jefa del programa gubernamental de repatriación. Algunas de las fuentes indicaron que Fabri ha estado llevándole comida a su esposo en prisión. No fue posible obtener comentarios inmediatos de Fabri a través de un intermediario.

 Desde que asumió la presidencia, Rodríguez ha mantenido un frágil equilibrio entre las facciones del Chavismo, el régimen que ha gobernado Venezuela durante casi tres décadas.

 Los arrestos de Saab, del magnate de los medios Raúl Gorrín y del exfuncionario Alexander Vargas ya han sacudido al movimiento. Algunas figuras, temiendo ser las siguientes, han pasado a la clandestinidad o están intentando negociar con funcionarios estadounidenses. Según las fuentes, enviar a Saab a Estados Unidos probablemente provocaría que otros huyan del país.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también declinó pronunciarse.

Funcionarios estadounidenses han mantenido conversaciones con Saab en Caracas, presionándolo para que revele la ubicación de los activos de Maduro, dijo una de las fuentes.

Para facilitar una posible entrega, el gobierno interino está explorando formas de anular la ciudadanía venezolana de Saab, probablemente alegando irregularidades en el proceso mediante el cual le fue concedida, indicaron algunas de las fuentes. La Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos.

Aún no está claro cómo se desarrollaría el proceso para otros venezolanos que Estados Unidos busca, incluido el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien permanece detenido desde abril de 2024 acusado de traición y lavado de dinero. Los intentos de localizar a un abogado de El Aissami no tuvieron éxito inmediato.

Con información de Bloomberg

Estados Unidos está negociando la extradición de un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según  The New York Times que cita siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

Fiscales estadounidenses en Miami presentaron una acusación formal secreta contra el empresario y exfuncionario del gobierno Alex Saab por cargos de corrupción en enero, poco después de que las Fuerzas Especiales estadounidenses capturaran a Maduro en una redada dramática en la capital venezolana, Caracas, según informaron algunas de las personas.

 Al igual que otros entrevistados para este artículo, solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente.

“El gobierno de Venezuela, a petición de Washington, detuvo a Saab a principios de febrero”, dice el escrito, aunque públicamente la administración de Delcy Rodríguez  no ha dicho nada, salvo el anuncio hace varias semanas de la salida de Saab del ministerio de Industrias.

 La medida demostró el nivel de influencia de la administración Trump sobre la nueva líder del país, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

 También subrayó el rápido cambio de poder en Venezuela tras la caída de su veterano líder.

Saab, de 54 años, es amigo de Maduro, a quien la fiscalía estadounidense lleva años acusando de enriquecerse mediante lucrativos contratos gubernamentales. También afirman que controla algunos de los fondos de Maduro.

Las personas familiarizadas con el caso de Saab indicaron que las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos sobre su extradición se encuentran en una fase avanzada, pero añadieron que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su envío a Estados Unidos.

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Los abogados de Saab en Venezuela declinaron hacer comentarios. Diplomáticos estadounidenses en Venezuela dirigieron sus preguntas al Departamento de Estado en Washington, que no emitió comentarios de inmediato. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Si la extradición procede, Saab podría terminar en una prisión estadounidense por segunda vez.

En 2021, Saab fue detenido a petición del gobierno estadounidense en Cabo Verde, un país de África occidental, mientras viajaba por negocios a Irán, un aliado cercano del gobierno de Maduro. 

Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde pasó casi dos años tras las rejas por cargos de lavado de dinero antes de ser indultado por la administración Biden. El Sr. Saab negó cualquier irregularidad.

Fue devuelto a Venezuela en 2023 en un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses y fue recibido como un héroe por Maduro.

 El medio venezolano de investigación Armando.info informó que, entre 2013 y 2020, el Sr. Saab obtuvo contratos por más de 10 mil millones de dólares a través de una red de empresas registradas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Dos personas cercanas a la familia de Maduro dijeron que creían que Estados Unidos había renovado su persecución contra Saab en los últimos meses para fortalecer el caso penal contra el expresidente venezolano, quien será juzgado en un tribunal federal estadounidense en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Con información de The New York Times

Alex Saab, quien fuera un poderoso intermediario financiero del expresidente venezolano Nicolás Maduro y desapareció de la vista pública el mes pasado, probablemente será extraditado próximamente a Estados Unidos tras intensas negociaciones entre funcionarios estadounidenses y el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, según informaron al Miami Herald fuentes familiarizadas con las conversaciones.

 La extradición de Saab —que sería la segunda del empresario colombiano a Estados Unidos— se ha convertido en un elemento central de un conjunto más amplio de conversaciones entre Washington y Caracas que podrían definir el futuro de la frágil transición política venezolana e influir en el procesamiento de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos penales en Nueva York.

Según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente sobre las negociaciones, estas han abarcado una amplia gama de cuestiones políticas y legales. Sin embargo, parece que se han logrado avances suficientes como para que la extradición de Saab sea cada vez más probable.

Saab desapareció de la vista pública a principios de febrero, tras informes en medios venezolanos de que había sido detenido poco después de que Rodríguez lo destituyera de su cargo como ministro de Industria y Producción Nacional.

Saab, ampliamente descrito por los investigadores como un estrecho colaborador de Maduro y operador financiero, había pasado más de dos años bajo custodia estadounidense tras ser extraditado de Cabo Verde a Miami en 2021. La fiscalía estadounidense lo había acusado de orquestar un plan de lavado de dinero por valor de 350 millones de dólares vinculado a contratos con el gobierno venezolano.

Ese caso concluyó en diciembre de 2023 cuando el presidente Joe Biden otorgó a Saab un indulto como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con el régimen de Maduro. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han continuado con otras investigaciones que involucran a Saab, en particular acusaciones relacionadas con el programa venezolano de subsidios alimentarios, conocido como CLAP.

La fiscalía ha acusado durante mucho tiempo a Saab de construir una vasta red de empresas fantasma e intermediarios que cobraban de más al gobierno venezolano por alimentos importados, generando enormes ganancias para miembros del régimen. Fuentes familiarizadas con las negociaciones actuales afirman que el valor de Saab para las autoridades estadounidenses va más allá de llevarlo de regreso para que enfrente cargos.

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“Estados Unidos necesita a Saab porque posee información crucial sobre las operaciones financieras de Maduro y puede aportar pruebas para cargos de narcotráfico”, declaró una fuente al Herald. “Él administraba el dinero. Si los investigadores quieren demostrar cómo se movieron los fondos a través del sistema y cómo esos fondos pudieron haber financiado actividades delictivas, Saab es un testigo clave”.

Según las fuentes, funcionarios estadounidenses creen que Saab podría proporcionar información detallada sobre las redes financieras utilizadas por el círculo íntimo de Maduro, incluyendo cuentas, intermediarios y acuerdos comerciales internacionales que facilitaron el movimiento de miles de millones de dólares a través de los sistemas bancarios globales.

 Su posible testimonio podría ser especialmente relevante mientras la fiscalía prepara su caso contra Maduro y Flores, acusados ​​por las autoridades estadounidenses de participar en una prolongada conspiración narcoterrorista que involucra a la cúpula militar y política venezolana.

Rodríguez emergió como líder interino de Venezuela tras un dramático giro de los acontecimientos el 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense resultó en la captura de Maduro y su destitución.

 La operación —descrita por Washington como la culminación de una investigación criminal de años sobre presuntas actividades narcoterroristas de la cúpula venezolana— puso fin abruptamente a más de una década de gobierno de Maduro y desencadenó una pugna entre las altas figuras del régimen por estabilizar la estructura de gobierno del país.

Tras la captura de Maduro, altos funcionarios de la coalición gobernante y de la Asamblea Nacional actuaron con rapidez para instalar a Rodríguez como presidenta interina, presentando el acuerdo como una medida temporal destinada a mantener la continuidad institucional mientras se desarrollaban las negociaciones con Estados Unidos y sus socios internacionales. 

Desde entonces, su gobierno ha estado lidiando con una transición delicada, equilibrando la presión de Washington para cooperar en casos de corrupción y criminalidad con las exigencias de figuras influyentes del aparato militar y de seguridad venezolano, quienes se mantienen recelosos del cambiante panorama político.

Las discusiones sobre el destino de Saab forman parte de una negociación más amplia entre Washington y el gobierno interino que surgió tras la captura de Maduro.

Según fuentes, Estados Unidos ha presentado una serie de exigencias para dar al gobierno de Caracas la oportunidad de demostrar su disposición a cooperar con la justicia internacional y desmantelar elementos de las redes criminales del antiguo régimen.

Uno de los temas más sensibles es el futuro de los poderosos funcionarios de seguridad que aún prestan servicios en el gobierno venezolano.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, enfrentan acusaciones formales en Estados Unidos y recompensas multimillonarias por información que conduzca a su arresto.

La fiscalía estadounidense los acusa de ayudar a liderar el llamado Cártel de los Soles, una presunta organización narcotraficante que, según la fiscalía, operaba con la protección del Estado venezolano.

Según fuentes, Washington no ha exigido que Rodríguez entregue inmediatamente a Cabello ni a Padrino López para su procesamiento en Estados Unidos. En cambio, la administración Trump ha presionado hasta el momento para su destitución, una medida considerada necesaria para reestructurar el aparato militar y de seguridad de Venezuela durante la transición.

Esta exigencia ha desencadenado delicadas maniobras internas dentro del gobierno, ya que los funcionarios intentan identificar posibles reemplazos que sean aceptables tanto para Washington como para facciones influyentes dentro de las fuerzas armadas venezolanas. En ese contexto, la extradición de Saab se ha convertido en una posible moneda de cambio.

“El régimen hizo saber que estaría dispuesto a entregar a Saab si Estados Unidos otorgaba ciertas concesiones”, declaró una fuente. Otra figura buscada por las autoridades estadounidenses, el magnate venezolano de los medios de comunicación Raúl Gorrín, también ha surgido en las conversaciones.

Gorrín, propietario de la cadena de televisión Globovisión, con sede en Caracas, ha sido acusado en Estados Unidos por presuntamente participar en un plan masivo para desviar más de mil millones de dólares de la petrolera estatal venezolana y blanquear las ganancias a través de bancos estadounidenses y la compra de bienes raíces de lujo.

Según personas familiarizadas con las negociaciones, su extradición se ha enfrentado a la resistencia de figuras poderosas del gobierno venezolano, incluyendo a Cabello.

Fuentes afirman que Cabello ha intentado aprovechar su influencia dentro del aparato de seguridad para influir en el resultado de las conversaciones, incluyendo presionar para tener voz y voto sobre quién lo reemplazaría en puestos clave y exigir garantías de que la líder opositora María Corina Machado no pueda regresar a Venezuela.

Las delicadas negociaciones también se han desarrollado en un contexto de creciente desconfianza entre Washington y el gobierno interino de Rodríguez.

A principios de esta semana, un informe de Reuters, que citaba fuentes anónimas, indicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había estado preparando discretamente una posible acusación por corrupción contra Rodríguez, vinculada a presuntos negocios financieros que involucran a la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Funcionarios estadounidenses rechazaron rápidamente el informe, pero fuentes familiarizadas con la situación afirmaron que la filtración fue ampliamente interpretada en los círculos políticos venezolanos como una advertencia a Rodríguez desde Washington.

Según una fuente con conocimiento directo de las conversaciones, las agencias de inteligencia estadounidenses han estado monitoreando de cerca las comunicaciones de Rodríguez y creen que ha enviado mensajes contradictorios a diferentes funcionarios del gobierno mientras intenta gestionar la compleja transición.

“Saben lo que dice y lo que piensa”, afirmó la fuente. “El mensaje era que Estados Unidos es consciente del doble juego”.

Por ahora, sin embargo, las negociaciones parecen avanzar, y la posible extradición de Saab se perfila como uno de los resultados más inmediatos y trascendentales. De concretarse, su transferencia a la custodia estadounidense podría proporcionar a la fiscalía uno de los testigos internos más importantes hasta la fecha en su esfuerzo por desentrañar las redes financieras que sustentaron al antiguo régimen venezolano.

Con información de The Miami Herald

La caída de Alex Saab vuelve a abrir un expediente judicial que en Washington nunca llegó a cerrarse del todo, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca de Joe Biden por darlo por zanjado.

 Su supuesta detención en Caracas, adelantada por medios colombianos y por Reuters citando a un funcionario estadounidense, y negada o respondida con evasivas por las autoridades venezolanas, ha reactivado un caso que durante años simbolizó la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entramado financiero del chavismo y que terminó en un indulto que generó una honda incomodidad en la Fiscalía federal.

Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue una pieza codiciada por la Justicia estadounidense desde su detención en Cabo Verde y posterior extradición.

 El régimen venezolano exigió reiteradamente su liberación y la situó como condición en las negociaciones políticas con Washington. 

Finalmente la obtuvo. Pero el desenlace no alteró el curso autoritario en Caracas: la inhabilitación de opositores como María Corina Machado y unas elecciones cuestionadas marcaron el rumbo posterior. 

La liberación de Saab no trajo normalización democrática; trajo el regreso de un hombre que durante años había estado en el centro de uno de los expedientes más sensibles para Estados Unidos.

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Mucho antes del indulto y del debate sobre su inmunidad diplomática, Washington ya había construido un retrato detallado. El 25 de julio de 2019, el mismo día en que fue acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida, el Departamento del Tesoro lo situó en el corazón de lo que describió como una red de corrupción ligada al programa estatal de alimentos CLAP, creado en 2016 para distribuir cajas de comida subsidiada a la población más vulnerable.

Según las alegaciones del Tesoro, Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados.

 Washington sostuvo que explotó contratos adjudicados sin licitación y que se lucró con programas de subsidio alimentario mientras el país atravesaba una escasez crónica. De ahí nació el apodo que lo persiguió durante años en el debate político venezolano: el «empresario del hambre».

Las autoridades estadounidenses describieron un esquema que, en su versión, combinaba sobreprecios, sobornos y una red internacional de empresas pantalla. 

Saab y su socio Álvaro Pulido habrían diseñado una estructura corporativa para adquirir alimentos en el extranjero, ensamblarlos en terceros países y enviarlos a Venezuela «al tipo más rentable para ellos». 

El Tesoro sostuvo que el resultado fueron «beneficios sustanciales» mientras se importaba solo una fracción de los alimentos necesarios.

La mecánica, según esas alegaciones, era siempre la misma: empresas instrumentales recibían pagos anticipados del Estado venezolano por contratos inflados; parte del dinero se desviaba en forma de comisiones ilegales y sobornos a funcionarios; se emitían facturas fraudulentas alineadas con el valor de los contratos; y, en ocasiones, se subcontrataba el suministro de productos de menor calidad nutricional. 

Para dificultar el rastreo, los fondos circulaban por una red global de sociedades registradas en México, Turquía, Panamá, Emiratos Árabes o Hong Kong, vinculadas directa o indirectamente a Saab, Pulido y su entorno familiar.

No se trata de una condena judicial, sino de designaciones administrativas bajo el régimen de sanciones estadounidenses. Pero el lenguaje empleado fue inequívoco, acusaciones de corrupción estructural, de contratos sobrevalorados y de una red que permitió que dirigentes y allegados al poder obtuvieran beneficios de un programa creado para alimentar a la población.

A ese frente administrativo se sumó el expediente penal en Miami. El 25 de julio de 2019, Saab fue acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de siete cargos adicionales de lavado de dinero.

 La acusación sostiene que, junto a Pulido, había articulado desde 2011 una trama para obtener contratos de vivienda social en Venezuela con precios inflados. Según los fiscales, las empresas vinculadas a ambos suscribieron acuerdos para suministrar materiales prefabricados con sobrecostes significativos.

El núcleo del caso describe movimientos por aproximadamente 350 millones de dólares. Los documentos judiciales detallan que el dinero se canalizó a través de sociedades registradas en distintas jurisdicciones y que parte de las transferencias transitó por el sistema financiero estadounidense. 

Esa conexión permitió fundamentar la jurisdicción federal. La acusación menciona reuniones celebradas en Miami para coordinar pagos y transferencias hacia cuentas en el Distrito Sur de Florida.

En agosto de 2019, al no comparecer ante el tribunal, Saab fue declarado en rebeldía. El 12 de junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde cuando su avión, que cubría la ruta entre Venezuela e Irán, hizo escala para repostar. 

Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición. Saab alegó que viajaba como enviado especial del Gobierno venezolano y que gozaba de inmunidad diplomática. El tribunal de distrito en Florida rechazó su intento de comparecer de forma especial para invocar esa inmunidad. Tras una larga batalla judicial, fue extraditado en octubre de 2021 y trasladado a Miami.

Allí se enfrentaba a una acusación formal de ocho cargos vinculados al blanqueo de capitales y a la presunta vulneración de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en un esquema que, según el Departamento de Justicia, incluía sobornos para aprovechar el sistema de control cambiario venezolano mediante documentación de importación falsa. Para la Fiscalía estadounidense, Saab y Pulido no eran simples intermediarios comerciales, sino arquitectos de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de fondos públicos.

El proceso nunca llegó a juicio. En diciembre de 2023, el presidente Biden le concedió un indulto presidencial completo por los delitos incluidos en la acusación federal de 2019. 

El documento de clemencia establecía condiciones claras: Saab debía abandonar Estados Unidos y permanecer fuera del país; no cometer nuevos delitos federales; renunciar a cualquier reclamación contra el Gobierno estadounidense; abandonar cualquier derecho sobre fondos o bienes incautados o sujetos a decomiso vinculados al caso; y no percibir beneficios económicos derivados de libros, películas u otras producciones sobre su situación.

El texto precisaba que, si incumplía cualquiera de esas condiciones, el indulto podría quedar sin efecto a discreción del presidente en ejercicio o de un futuro mandatario. Ese detalle mantiene abierto un resquicio jurídico que ahora vuelve a examinarse en Washington ante la incertidumbre sobre su situación en Caracas.

El indulto extinguió la acción penal por esos cargos concretos, pero no borró el marco más amplio de sanciones. 

El Departamento del Tesoro ya lo había designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13850, vinculándolo también a redes destinadas a eludir sanciones en el sector petrolero venezolano. Según esas alegaciones, el régimen de Maduro, la estatal PDVSA y Saab recurrieron a estructuras empresariales en México y otros países para negociar la venta de crudo mediante sociedades instrumentales, en lo que Washington describió como un mecanismo de «crudo por comida» para sortear el régimen sancionador.

Las designaciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas estadounidenses. No constituyen condenas penales, pero consolidan el señalamiento de Saab como figura relevante en redes de corrupción y evasión de sanciones.

Durante años, fiscales estadounidenses lo situaron como uno de los principales operadores financieros del chavismo. En el terreno público se le señaló reiteradamente como presunto testaferro de Maduro, una afirmación que no fue objeto de sentencia firme, pero que marcó la narrativa política del caso. 

En su batalla contra la extradición en Cabo Verde contó con la defensa del exjuez español Baltasar Garzón, quien sostuvo que actuaba como enviado especial y que su detención vulneraba normas internacionales.

Tras el indulto, Saab regresó a Venezuela y fue incorporado al Gobierno. Su posición parecía consolidada. 

Sin embargo, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su salida posterior del Ministerio de Industria han alterado el equilibrio interno. La noticia de una posible detención por parte del SEBIN abre interrogantes sobre si se trata de un movimiento interno para apartar a una figura incómoda o de una eventual coordinación con instancias externas.

Por el momento, las autoridades estadounidenses consultadas aseguran no tener constancia de un plan de extradición ni de nuevos cargos federales. El indulto cubre específicamente los delitos imputados en el caso de Florida, pero no otorga una inmunidad general frente a cualquier investigación futura.

Con información de ABC de España

Aunque inicialmente el fiscal general, Tarek William Saab, dijo a La FM  de Colombia que la captura de Alex Saab “es falsa”, minutos después se comunicó para afirmar que “desconoce el tema”.

Sin embargo, hasta ahora se mantiene la posibilidad de la captura debido a que ni Saab ni su pareja, Camila Fabri, han salido públicamente a desmentirlo, publicó la emisora en su página web.

El encargado del Ministerio Público no se había pronunciado al respecto, ni ningún funcionario oficial de esa dependencia. 

En las últimas horas, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento controlado por los chavistas, dijo que no tenía ninguna información sobre Saab y Raúl Gorrín, presidente de Globovisión. Rodríguez dijo que no hace parte de sus funciones conocer esa información.

El abogado de Saab había respaldado la versión del fiscal Tarek William momentos antes en La FM. “Los rumores que circulan sobre el señor Alex Saab no son reales. Él está tranquilo”, indicó Luigi Giuliano.

Además, el jurista agregó que “el señor Saab cumplió con su agenda personal y está junto a su esposa, por lo tanto, está muy sorprendido por este rumor, por lo que pidió a su equipo legal aclarar la situación”.

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Medios internacionales como The New York Times y la agencia de noticias Reuters, han afirmado que Saab y Gorrín fueron capturados el pasado miércoles en una operación conjunta entre el aparato de inteligencia venezolano, SEBIN, y el FBI.

El periódico neoyorquino afirmó que ambos empresarios fueron interrogados durante la noche del martes al miércoles en Caracas, pero que se desconoce su paradero tras el procedimiento.

La presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, ha demostrado en el último mes una abierta posición de colaborar con el presidente Donald Trump, un giro abrupto tras más de 20 años de ruptura de Venezuela con Estados Unidos.

John Ratcliffe, director de la CIA, visitó hace dos semanas Caracas para reunirse con sus pares venezolanos, pero no se reveló qué discutieron.

Funcionarios venezolanos habían confirmado la presencia de la CIA en territorio desde hace varios años, pero sin su consentimiento.

Además, la administración Trump designó a la exembajadora en Honduras Laura Dogu como enviada especial para Venezuela y de hecho, a inicios de la semana ya aterrizó en el país caribeño.

Con información de la FM

Las versiones encontradas acerca de la captura de Alex Saab corrieron por doquier este 4 de febrero, a lo que se suma que también se ha dicho que otro de los detenidos es el empresario Álvaro Gorrín.

Mientras que, desde Argentina, un tribunal ha pedido a Estados Unidos, la extradición de Nicolás Maduro para imputarlo por crímenes de lesa humanidad.

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El nombre de Alex Saab ha vuelto a sacudir el tablero político regional este miércoles tras versiones encontradas sobre su situación legal en territorio venezolano.

 Mientras diversos medios de comunicación en Colombia y Venezuela aseguran que el empresario fue detenido en Caracas, su equipo legal desmiente tajantemente la información, informó el diario El Espectador.

 En declaraciones para este medio, Luigi Giuliano, abogado de Saab y Camilla Fabri, calificó los reportes como “fake news”. 

Giuliano aseguró que estuvo con el exministro  mañana de este 4 de febrero, que se encuentra en libertad y que esta tarde se volverán a ver.

“Estuve con él esta mañana, está tranquilo en Caracas y esta tarde me voy a volver a ver con él”, afirmó e insistió en que no comprende el origen de la información que circula en los medios.

Sin embargo, la agencia Reuters sostiene que el empresario colombo-venezolano fue detenido en una operación conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses.

 La noticia de su supuesta captura cobró fuerza debido al contexto político que atraviesa Venezuela. Hace apenas diez días, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, se anunció que Saab dejaba su cargo como ministro de Industrias bajo la gestión de Delcy Rodríguez, hoy jefa interina del país.

Expertos y periodistas como Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg han señalado que la salida de Saab del gabinete no fue casual. Y es que la relación entre los hermanos Rodríguez y el círculo de Saab siempre ha sido descrita como tensa.

Rodríguez fue señalada como la responsable del arresto en 2023 de Álvaro Pulido, socio principal de Saab, lo que alimenta la tesis de que, sin el blindaje de Maduro, el empresario barranquillero habría perdido su inmunidad interna. Por eso, analistas sugieren que Saab podría ser una “ficha de negociación” con Washington.

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 Alex Saab no es un personaje cualquiera para la justicia internacional. Considerado el “dueño de los secretos” del chavismo, ha sido la pieza central en los escándalos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las redes de lavado de activos que conectan a Caracas con Irán y Turquía.

Aunque sus cargos en EE. UU. fueron desestimados en 2024 tras un perdón presidencial de Joe Biden que permitió su regreso a Venezuela, Saab sigue teniendo cuentas pendientes en Colombia, donde la Fiscalía lo investiga por maniobras financieras irregulares a través de su empresa Shatex S. A.

En enero, la justcia italiana cerró también un proceso de seis años por lavado de dinero contra Saab y su esposa por la compra de una propiedad de lujo en Roma valorada en 5 millones de euros, adquirida presuntamente con fondos provenientes de las redes de corrupción en Venezuela.

Luego de que medios internacionales informaran sobre una supuesta condena de cárcel contra ambos, la defensa de la pareja explicó a El Espectador que el acuerdo alcanzado con la fiscalía no implica prisión efectiva y que se trata de “un mecanismo legal para evitar un juicio prolongado”.

Hasta el momento, no existe una declaración oficial por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre el paradero de Saab o del empresario Raúl Gorrín, quien también fue mencionado en los reportes de detención.

Con información de El Espectador

Medios colombianos informaron este miércoles que el empresario y exministro de Industria de Nicolás Maduro, Alex Saab, habría sido detenido en Caracas.

Caracol Radio cita fuentes que informativo que Saab fue capturado en un operativo del SEBIN y del FBI, y añaden que  sería extraditado a Estados Unidos.

Según Caracol Radio el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder desde más 2.30 de la madrugada, cuando fue detenido.

Por otro lado, la versión habla también de la detención de Raúl Belisario Gorrín, dueño de Globovisión.

Según transcurrió, sobre ambos pasarían acusaciones de corrupción y delitos contra el patrimonio de la nación.

Saab, de origen libanés pero nacido en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, es descrito como un “diplomático vinculado” a Venezuela desde el año 2000 por cuenta de negocios de construcción y como partícipe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Durante sus años de vínculo con el chavismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano asegura que Saab logró “importantes acuerdos con empresas mexicanas, turcas, colombianas y de otros países” para el programa CLAP.

Fue detenido en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos donde estuvo preso y luego liberado durante la administración de Joe Biden, en un intercambio de presos políticos.

Al regresar a Venezuela, Nicolás Maduro lo nombró ministro de Producción y a su esposa, Camila Fabri, presidenta de la misión Vuelta a la Patria.

Vicky Dávila, candidata presidencial, criticó a Alex Saab, por sus opiniones frente a las elecciones en Colombia a través de sus redes sociales.

La aspirante de la Gran Consulta de Colombia expresó estar “muy preocupada” por la posible intervención de Saab en la contienda de mediados de este año.

“Aquí no queremos que Alex Saab, con toda su porquería, meta las narices en las elecciones. Bajo ninguna circunstancia y mucho menos con su plata podrida de la corrupción”, manifestó.

Y reiteró que piensa pedirlo en extradición, con el fin de que responda por los procesos pendientes en Colombia.

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🚨 DÁVILA PROMETE QUE ALEX SAAB “PAGARÁ” EN COLOMBIALa precandidata presidencial colombiana, @VickyDavilaH, afirmó que, de llegar a la presidencia, hará “todo lo posible para que Alex Saab pague por sus delitos en Colombia” pic.twitter.com/NXe6eodhsn

“Yo, como presidente de Colombia, voy a hacer hasta lo último para que sus procesos en nuestro país no se queden en la impunidad. A mí me causa mucha curiosidad la manera como él ha podido echarles tierrita a varios de esos procesos. No se nos olvida que cuando le dictaron una orden de captura, se voló. Le chivearon y se voló”, sostuvo.

Agregó que piensa traerlo a “La Picota, a La Modelo, a una cárcel común y corriente, para que no tenga beneficios, para que pague como deben pagar los corruptos”.

Además, la candidata del Movimiento Valientes pidió no olvidar que hizo su fortuna “a punta de los más pobres” en Venezuela.

“Mientras los venezolanos morían de hambre, él les metía comida podrida en los Clap. Eso no se nos puede olvidar”, dijo.

Y finalmente le habló directamente al señalado testaferro de Maduro: “Sepa que, siendo presidente, pediremos su extradición, para que venga y responda en una cárcel normal por todos sus delitos. No le tengo miedo”.

Con información de Semana

La repentina caída de Alex Saab, figura destacada de la administración de Nicolás Maduro, deja al descubierto las fracturas en el partido gobernante de Venezuela y cómo Delcy Rodríguez está reasignando poder.

El empresario colombiano contaba con la protección incondicional de Maduro, ya que durante más de una década había suministrado alimentos, combustible y medicamentos a una nación cada vez más aislada. 

Sin embargo, sus opiniones sobre la política económica y el acceso a los cada vez más reducidos ingresos del Estado rara vez coincidían con las de Rodríguez, según personas familiarizadas con la dinámica de ambos bandos, informó la agencia Bloomberg.

Así, a medida que la facción política de Rodríguez se afianza tras la salida de Maduro, la utilidad de Saab parece haberse agotado. 

Ella lo destituyó de su cargo como ministro de Industria sin dar detalles sobre sus “nuevas responsabilidades” aproximadamente dos semanas después de asumir la presidencia interina.

“Es revelador que lo saquen tan rápidamente”, dijo Roberto Deniz, reportero de investigación del medio Armando Info, que se vio obligado a exiliarse tras sacar a la luz la corrupción relacionada con los contratos alimentarios de Saab. 

“Eso da a entender que Delcy viene a trabajar con su gente, y sabe que tiene que cambiar estructuras que no le funcionan, porque decir Alex Saab es decir Nicolás Maduro”.

Esa asociación es algo de lo que Rodríguez probablemente quiere prescindir, mientras intenta colaborar con EE.UU. para reabrir la economía venezolana a la inversión extranjera y apaciguar a la administración Trump.

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Saab fue sancionado por EE.UU. en 2019 por presuntamente pagar sobornos para obtener contratos sin licitación y con precios inflados para importar cajas de raciones de alimentos destinadas a los venezolanos pobres, lo que ayudó al régimen y a otros a ganar cientos de millones de dólares. 

Durante lo peor de la crisis económica, alrededor del 40% de las familias de los estados más poblados de Venezuela recurrieron a saquear contenedores de basura o a mendigar comida, y el 70% de los niños de esos estados presentaban algún grado de desnutrición.

Fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a EE.UU., donde pasó 40 meses bajo custodia por cargos de blanqueo de capitales.

“Todo esto forma parte del intento de Rodríguez de limpiar la reputación de Venezuela ante los inversores. No se puede esperar promover la inversión con el recaudador de fondos de Maduro como imagen de la campaña”, afirmó Geoff Ramsey, investigador principal sobre Venezuela en el Atlantic Council, con sede en Washington.

Tras su liberación en un intercambio de prisioneros entre EE.UU. y Venezuela a finales de 2023, Maduro lo nombró rápidamente para un cargo de alto nivel como director del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela (CIIP) y, más tarde, lo ascendió a ministro de Industria, un ascenso meteórico que reflejaba la inversión personal de Maduro en su antiguo aliado.

 En una entrevista en un pódcast con Maduro en diciembre de 2023, Saab describió su nombramiento como director del CIIP como un “llamado del gobierno para quedarnos a luchar”.

“Yo sabía que tenía un gobierno luchando del otro lado y que siempre iba a luchar por mi liberación”, añadió.

La esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, también se convirtió en una figura de gobierno de Maduro. Fue la defensora pública más visible durante la detención de Saab, impulsando lo que el gobierno de Venezuela describió como una campaña internacional de derechos humanos. Desde entonces, ha ayudado a liderar los esfuerzos del país para repatriar a deportados desde EE.UU.

Antes de incorporarse al gobierno, Saab se describía como un empresario dedicado a la fabricación, la construcción y el comercio internacional, que más tarde pasó a abastecer de alimentos, combustible y medicamentos a Venezuela, a medida que se cerraba el acceso a la financiación internacional.

Saab, colombiano de ascendencia libanesa, ha dicho que su relación con Venezuela comenzó a través del comercio privado en la década de 1990, cuando viajó al país para vender textiles producidos por la empresa de su familia en Barranquilla. 

Más tarde se expandió al sector de la construcción, cuando una de sus compañías obtuvo un lucrativo contrato para suministrar viviendas prefabricadas para los emblemáticos proyectos de vivienda pública del fallecido presidente Hugo Chávez.

Saab sostuvo que su última función en el gobierno se centró en la logística y las adquisiciones, aprovechando infraestructura privada y contactos en el extranjero, más que autoridad formal.

En el pódcast con Maduro, ambos describieron ese trabajo como una operación directa bajo mandato presidencial.

 Posteriormente, Saab fue nombrado enviado especial y recibió credenciales diplomáticas para misiones en el exterior. Ninguno de los dos lo presentó como parte de las estructuras internas del partido gobernante, sino que atribuyeron su ascenso a su capacidad operativa y a la confianza personal.

Esa base resultó frágil una vez que el poder se alejó de Maduro. Ahora, Rodríguez y sus aliados parecen estar rompiendo silenciosamente los vínculos con figuras cuyo poder dependía menos de las instituciones que de la lealtad personal al expresidente.

“Será como estar en la cuerda floja para Rodríguez”, dijo Ramsey, “mientras intenta mantener contentos a los gringos y, al mismo tiempo, convencer a su coalición de que sigue comprometida con la revolución”.

Con información de Bloomberg

 La destitución de Alex Saab no fue una ruptura sino una maniobra de control de daños. 

El operador financiero más incómodo del chavismo sale del gabinete mientras su expediente internacional sigue abierto, las investigaciones por corrupción CLAP no se cierran y Estados Unidos mantiene la lupa sobre su libertad condicionada. 

Menos cargo, mismo problema.

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Mediante su canal en Telegram, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este viernes nuevos cambios en su gabinete.

En este sentido, anunció la designación de Freddy Ñáñez, quien era el titular de Comunicación e Información, como nuevo ministro para el Ecosocialismo, en sustitución de Aníbal Coronado.

El cargo de Ñáñez será ocupado por el filósofo, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Asimismo, anunció la sustitución de Ramón Velásquez Araguayán, en el despacho de Transporte, cargo que ocupará Aníbal Coronado.  Rodríguez agradeció a Velásquez por su «compromiso» y su «trabajo».

Llama la atención que Coronado, hace solo unos días, había sido nombrado ministro de Ecosocialismo.

Pero el cambio que más llamó la atención fue el de la fusión de los ministerios de Comercio y Producción Nacional, de donde fue destituido el empresario Alex Saab.

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“He decidido fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, carteras importantes para el avance económico del país. Esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas. Asimismo, agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la patria; quien asumirá nuevas responsabilidades. ¡Sigamos avanzando por la prosperidad y el bienestar del pueblo venezolano!”, informó Rodríguez.

Saab fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela y, en octubre de 2024, Nicolás Maduro lo designó ministro de Industria.

Es el tercer cambio de funcionarios que anuncia Rodríguez, puesto que el primero fue cuando informó que Gustavo González López asumió la comandancia de la Guardia de Honor Presidencial y la dirección de la Dgcim.

  Alex Saab, el empresario convertido en ministro y protegido del régimen de Nicolás Maduro, vuelve a encabezar los titulares: ahora liderará la construcción de un minisatélite espacial, mientras sigue pensando sobre él acusaciones por exportaciones ficticias y lavado de dinero.

Su nombramiento no solo desafía a la justicia internacional, sino que exhibe la impunidad como política de Estado en Venezuela, un mensaje de poder que resuena en toda la región y desnuda los pactos de corrupción que aún protegen a los viejos aliados del socialismo bolivariano.

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   Alex Saab intentó negociar con la justicia de Estados Unidos,  para evitar ir a la cárcel, admitió el abogado Abelardo De La Espriella.

En una entrevista concedida al medio independiente Desigual, De La Espriella reveló que sentó a su defendido “a conversar con los gringos” para llegar a un trato y evitar que fuera a la cárcel; sin embargo, la negociación no salió como el profesional esperaba.

Alex Saab fue arrestado en junio de 2020 en el archipiélago africano Cabo Verde. Durante dos años permaneció en una cárcel de Miami bajo cargos de conspiración para blanquear dinero.

Además de lavado de dinero, EE. UU. y otros países, incluido Colombia, lo señalaban de ser uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

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«Vamos a sentarnos con los gringos»

⚖️ ALEX SAAB HABRÍA INTENTADO NEGOCIAR CON EE.UU.El abogado Abelardo De La Espriella reveló al medio independiente Desigual que su cliente, el empresario colombiano Alex Saab, habría conversado con autoridades estadounidenses para evitar ir a prisión por lavado de dinero. pic.twitter.com/QlPqbRuCfx

De La Espriella conoció a Saab hace 10 años cuando el empresario llegó a su oficina, procedente de Barranquilla, y le solicitó sus servicios profesionales en Colombia.

En el marco de esta relación con el empresario, comenzó a salir información pública sobre la relación de Saab con el gobierno de Venezuela. 

El empresario le negó a De La Espriella ese vínculo, durante dos años, y finalmente, lo admitió.

“Cuando él me cuenta el verdadero vínculo con el gobierno venezolano, yo le digo ‘vamos a sentarnos con los gringos’ y quien lo sienta con los gringos soy yo”, contó De La Espriella a Desigual.

El abogado explicó que su intención era que su cliente “cooperara, liberarlo del problema…y entregara al gobierno venezolano, pero le mamó gallo a eso y luego le salió la extradición inmediata”.

En ese momento culminó la relación laboral entre el abogado colombiano, quien también es ciudadano americano, y el empresario.

Con información de Desigual

Un juzgado de Barranquilla ordenó medidas cautelares en medio de una compleja demanda presentada por un banco en contra de dos empresas en las cuales figura el ministro de Industria y Producción Nacional del gobierno venezolano, Álex Saab.

La sentencia fue emitida por juzgado segundo civil del circuito de ejecución, informó el medio Semana.

La medida también incluye a su exesposa y empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, quien fungía como subgerente.

El juzgado ordenó embargo de las “sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex S.A, Jacadi de Colombia, Alex Naim Saab Moran y Cynthia Eugenia Certain Ospina.

“Limítese la medida cautelar en la suma de ochocientos treinta y un millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos novena y cuatro pesos con cinco centavos, correspondiente al valor de la liquidación del crédito”, resaltó la decisión.

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Un fallo judicial emitido por Milton Joel Bello Balcárcel, juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla, determinó que un total de siete bienes que fueron ocupados en julio de 2020 por la Fiscalía General de Colombia, tendrán que ser devueltos al empresario Alex Saab Morán, hoy ministro de Industrias y Producción Nacional del gobierno de Nicolás Maduro.

Según el fallo, revelado por varios portales colombianos a Infobae, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberá proceder con la entrega de los inmuebles que en su momento fueron valorados en aproximadamente 35.000 millones de pesos.

En la sentencia, Bello Barcárcel concluyó que no se logró demostrar que los bienes en cuestión representaran un incremento patrimonial injustificado por parte de la Sociedad Promotora Dubrera S.A.S.: la entidad jurídica propietaria de los inmuebles.

Según el juzgado, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar que los bienes representaban un enriquecimiento ilícito o injustificado por parte de la sociedad propietaria.

“De manera que los argumentos y la evidencia presentada lleva a concluir que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que los bienes cuestionados son constitutivos de un incremento económico injustificado”, se lee en el documento.

En la misma decisión, la autoridad ordena enviar oficios a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla para que “cancele las medidas de embargo y suspensión del poder de dispositivos registrados con ocasión de esta actuación. Asimismo, a la Sociedad de Activos Especiales para que disponga lo necesario para la entrega de los inmuebles a su propietario”.

?? LE DEVOLVERÁN SIETE INMUEBLESUn juez en Barranquilla ha ordenado a la Sociedad de Activos Especiales la devolución de siete inmuebles de Alex Saab, incluyendo su lujosa mansión en el norte de la ciudad, valorada en $28.000 millones pic.twitter.com/FsHZXJa6hu

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Entre las propiedades destaca una mansión de 3.740 metros cuadrados, cuyo valor fue estimado en $28.000 millones en el momento de su ocupación por el órgano judicial, y que levantó sospecha sobre el origen de los recursos usados para su adquisición.

En ese sentido, no se declarará la extinción del derecho de dominio sobre los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 040-409404, 040-42714, 040-81959, 040-409404, 040-409346, 040-409347 y 040-409348.

La decisión también instruye a la SAE a llevar a cabo las gestiones necesarias para devolver los inmuebles a su propietario.

Venezuela importa alrededor de 8.000 millones de dólares anuales, mercado que puede suplir la producción venezolana, aseguró este lunes el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab.

Durante su participación en el programa «Con Maduro +», el titular del despacho de industrias resaltó el potencial del parque industrial instalado en Venezuela para la producción de bienes y servicios que son importados en la actualidad.

«Presidente (Nicolás Maduro) con sus orientaciones vamos a fortalecer la industria nacional para en primera instancia satisfacer el mercado interno», expresó.

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«Actualmente, estamos importando alrededor de unos 8 mil millones de dólares (…) Nuestro parque industrial puede suplir ese mercado de importaciones», apuntó.

Aseveró que esto se lograría «una vez alcanzada la implementación del plan de sustitución de importaciones, que permitiría disminuir la salida de divisas que pueden ser invertidas en el desarrollo de Venezuela».

El paso a seguir, según Saab, «es la exportación de lo producido en Venezuela».

Remarcó que «el mercado interno tenemos que atenderlo con nuestras industrias. Eso va a fortalecer nuestra industria y va a disminuir la salida de divisas».

Dijo que, se trata de «un trabajo que nos servirá para profundizar en tecnologías, en innovación y posicionarnos para ser líderes en Latinoamérica como país exportador», enfatizó.

El presidente, Nicolás Maduro, anunció por su canal en Telegram la designación de Alex Saab como nuevo titular del ministerio de Industria y Producción Nacional.

«Designé a Alex Saab como nuevo Ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional», escribió el mandatario.

«Estoy seguro de que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico», agregó.

Ratificó que Saab tiene «todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir».

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Desde que Saab salió de la cárcel, en Estados Unidos, donde estaba preso por cargos de lavado de dinero, y fue intercambiado, por detenidos estadounidenses en Venezuela, ocupó un cargo de presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

Fue en enero de este año que el presidente Maduro, hizo oficial el nombramiento de Saab, como presidente de esa instancia, encargada principalmente de procesos de captación de inversionistas extranjeros.

«Anuncio el nombramiento de Alex Saab Morán como nuevo presidente del Centro de Inversión Productiva de Venezuela. Que con su experiencia ayude a nuestro país a traer las inversiones y la fuerza económica del mundo”, dijo Maduro en el Palacio Federal Legislativo, cuando presentaba su mensaje anual: “Alex, confío en ti plenamente”, afirmó.

Cuando fue detenido, en Cabo Verde, en el 2020, Saab fungía, según el gobierno, como diplomático venezolano encargado de los envíos de alimentos al país.

En mayo de este año, un juez colombiano declaró a Alex Saab inocente de las acusaciones de estafa agravada.

La Fiscalía General de Colombia acaba de apelar el fallo que absolvió hace una semana al empresario barranquillero Alex Saab.

Este hombre era acusado por las autoridades colombianas de usar su empresa colombiana, Shatex, para lavar más de $25.000 millones a través de importaciones y exportaciones falsas, reseñó el diario El Espectador.

El ente investigador lo acusó de los delitos de estafa agravada, exportación ficticia y concierto para delinquir.

Sin embargo, el juez del caso determinó el pasado 17 de mayo que el ente investigador no pudo constatar ese señalamiento durante el juicio.

De acuerdo con el juez del caso, los informes periciales de la defensa dan cuenta que la empresa de Saab cumplió con todo lo determinado por las autoridades colombianas a la hora de reportar exportaciones e importaciones.

Esta hipótesis, que acaba de ser vencida por el abogado de Saab, fue conocida en 2019 durante la audiencia de la imputación de cargos.

En ese momento, la fiscal del caso indicó que Saab habría manipulado contabilidades y registros financieros para tal fin criminal.

Incluso, que con operaciones de comercio exterior habría lavado $25.000 millones, los cuales, habrían llegado desde Venezuela en 2007 y salieron de Colombia a cuentas del exterior de sociedades fantasmas.

Entre las pruebas de la Fiscalía General está un oficio de la Administración para el Control de Drogas (por sus siglas en inglés, DEA) que llegó a las autoridades colombianas Colombia en 2018, con el cual se probarían las maniobras supuestamente ilegales de los hermanos Alex y Amir Saab Morán.

En el informe se detallaría cómo ambos hermanos supuestamente crearon empresas fachadas para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias.

La Fiscalía cuenta con estadísticas de Shatex que resultarían inusuales. Por ejemplo, que la empresa tuvo un crecimiento entre 2007 y 2009 exponencial y aparentemente injustificado para la Fiscalía: de 2006 a 2007, dice la investigación, creció en un 923%.

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El pasado 2 de mayo pasado, durante la audiencia de alegatos de conclusión de juicio, el abogado de Saab en Colombia, Camilo Bocanegra Bernal, indicó que: “Hoy de manera categórica puedo decir: la Fiscalía ha quedado en déficit probatorio frente a su estrado judicial, y esta defensa cumplió todas y cada una de sus promesas probatorias.

Por lo que, desde ya pido a este estrado judicial que el fallo sea de absolutorio por todos y cada uno de los delitos por los que el señor Saab fue convocado a juicio penal. Mi promesa principal señor juez, era ponerle rostro, darles identidad, sacarlas de ese submundo de lo irreal, de lo aparente, a aquellas operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones que la fiscalía general de la nación etiquetó como ‘ficticias’ o ‘irreales’. Esa fue entonces mi principal promesa probatoria”.

La acusación de la Fiscalía contempla expresiones como “doble contabilidad”, “empresa de papel” y “crecimiento económico inusual”, las cuales, según la defensa de Saab, no hacen parte de lo que en el código penal se define como lavado de activos.

Además, señaló que la teoría del caso presentada por la Fiscalía fue derrumbada por los peritos contratados por Saab: No existe evidencia fáctica fundamento legal que soporte la teoría de que hubo operaciones de comercio exterior inusuales.

Las operaciones de importación realizadas por Shatex siguen el comportamiento de las importaciones de materias primas realizadas por las empresas del mercado de importación y exportación de confecciones”.