A juicio del director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, con la aplicación de la Ley de Amnistía se han liberado a miles de personas, pero su impacto en la situación de los presos políticos ha sido parcial y limitado.

Durante el programa Abriendo Puertas, Romero señaló que, de los más de 760 presos políticos excarcelados documentados por la ONG, desde el 8 de enero hasta la fecha, solo 180 han sido resueltos directamente mediante la aplicación de la amnistía.

 “Es importante porque la amnistía no ha sido ni el todo ni el nada”, expresó.

Destacó que la libertad no debe entenderse solo como salir de la cárcel, sino la posibilidad  de ejercer tus derechos sin miedo. 

“La libertad está sustentada precisamente en la libertad moral. De no tener temor para caminar por las calles, vivir y poder participar; no solo hablar de libertad de expresión, sino libertad política y libertad de tránsito”, manifestó.

 Romero insistió en pedir la derogación de las leyes contra el odio y la Ley Simón Bolívar porque se siguen aplicando.

Romero también saludó la entrada de dinero al país, lo cual mejoraría la situación económica. Sin embargo, consideras que a la par  se debe garantizar a los ciudadanos el derecho a vivir libremente y sin restricciones políticas.

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Romero aprovechó para hacer un llamado a la nueva defensora del pueblo, Eglée González, quien considera que enfrenta un reto trascendental. “La Defensora del Pueblo tiene un reto muy importante y puede convertirse hasta en una gran heroína de Venezuela”, afirmó.

 El activista por los DD. HH, insistió en que los abogados forman parte esencial del sistema de justicia y advirtió que no puede existir un verdadero Estado de derecho cuando la defensa de los ciudadanos es marginada.

“No puede haber un sistema de justicia solo donde el Gobierno es el que tiene el control y los abogados son discriminados, absolutamente apartados”, concluyó.

Con información de Abriendo puertas.

“El sistema de justicia venezolano no está funcionando; al contrario, se ha convertido en un aparato para la persecución política. Por eso hay que darle independencia a los jueces para que empiece a funcionar”, expresó este lunes el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.

Romero fue entrevistado por el periodista Vladimir Villegas, a quien le dijo que no se trata de eliminar a los actuales jueces y fiscales, sino de darles independencia para que prevalezca la convivencia en el país.

“El sistema de justicia venezolano ha funcionado como arma de persecución política y, si sigue funcionando de esa forma, entonces, ¿de qué vale una amnistía?”, se preguntó.

Añadió: “Los jueces venezolanos tienen una gran responsabilidad en cuanto a las detenciones arbitrarias. Si continúan así, se están haciendo más responsables de lo que  ya han sido”.

De la misma manera, el especialista en derechos humanos fue enfático al reiterar que la Ley de Amnistía “es excluyente, restrictiva, tiene discrecionalidad en cuanto a definir quiénes son los beneficiarios y es discriminatoria”.

No obstante, dejó claro que en las actuales circunstancias beneficia a muchos presos políticos, aunque otros queden por fuera.

A su juicio, “es un instrumento muy pequeño que debe conllevar a algo tan importante como la renovación del sistema de justicia y el desmantelamiento del sistema represivo en Venezuela”.

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Durante la entrevista, Romero también dijo que han contabilizado más de 11 mil personas con medidas restrictivas de su libertad en el país y que a todas les debería corresponder la amnistía.

Recordó que todavía quedan 600 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela y, de esa cifra, 200 están asociadas con el sector militar, ya sean funcionarios o familiares, quienes quedan excluidos de la Ley de Amnistía.

Sobre los casos de los policías metropolitanos presos y de la jueza María Lourdes Afiuni, comentó que los primeros deberían ser beneficiados con la amnistía, porque no están sentenciados por homicidio intencional, ya que nunca se les probó el asesinato particular de una persona.

Mientras tanto, la jueza Afiuni queda excluida de este beneficio, por cuanto está presa por un supuesto delito de corrupción, lo cual no está tipificado en la recién aprobada norma.

Romero también mencionó el caso de varias personas que ya tienen más de dos y tres años con medidas preventivas, pero nunca han sido juzgadas ni condenadas, entre ellas seis paracaidistas del Ejército.

Y fue más allá al mencionar al extranjero Nahuel Gallo, a quien no le han permitido una llamada a sus familiares y no se sabe nada de él, mientras que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores gozan de un abogado privado y pueden tener un juicio en una corte estadounidense.

Con información de Vladimri a la Carta

Como parte de los eventos relacionados con el premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, se llevó a cabo el foro "Votos, no balas", donde el director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que en todos estos años de crisis, la represión en el país no ha sido algo accidental, sino un método, de parte del gobierno de Maduro.

 Desde hace años, el Foro Penal lleva no solo una cuenta de las detenciones arbitrarias ocurridas en el país, sino que documenta los casos y apoya a los familiares y a los propios presos políticos.

Esto le permite a la ONG trazar hacer la conexión entre el chavismo y el sistema de persecución que opera  en Venezuela.

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En este sentido,  recordó que desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, estaba claro  que se sostendría en el poder a través del control y la represión.

Romero puso como ejemplo lo ocurrido el 11 de abril  del 2002, cuando al menos 20 personas fueron asesinadas en medio de la protesta ciudadana.

Agregó que ese patrón se fue profundizando, al punto que miles de personas  han sido detenidas por motivos políticos, con 27 muertos bajo custodia, y los que continúan privados de libertad. Además de los más de 800 detenidos desde las elecciones del 28 de julio del año pasado.

Insistió en que no se trata de algo aislado, sino parte de un mecanismo sistemático que ha desmantelado instituciones para reforzar la persecución.

El integrante del Foro Penal, Alfredo Romero, informó este domingo que entre el 26 y e 28 de julio han ocurrido 37 «arrestos arbitrarios» en el país, en el contexto de las presidenciales.

A través de su cuenta en X, Romero indicó: «Del 26 al 28 de julio a las 4PM registramos 37 arrestos arbitrarios relacionados con las elecciones».

Agregó que de ese total, «20 siguen privados de libertad», se desconoce el paradero de 4 y 13 han sido liberados».

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La denuncia del activista por los DD. HH. se suma a las hechas en días recientes, las cuales tienen que ver con las «detenciones políticas arbitrarias en relacionadas con gira nacional o campaña política de la oposición».

Romero alertó que estas aprehensiones «han venido en claro aumento».

«Rechazamos el uso del poder del Estado para reprimir al oponente» expresó.

La ONG ha venido denunciando que «a represión en Venezuela ha sido usada como mecanismo de control efectivo del poder»

La decisión de la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar que la Fiscalía investigue a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, es «una victoria para las víctimas».

Así lo aseguran activistas por los Derechos Humanos en el país, como el caso de Alfredo Romero del Foro Penal.

«En esta decisión se autoriza la fiscalía de la CPI a continuar con la investigación formal que comenzó en noviembre del 2021 que había sido suspendida por la oposición del Estado venezolano y ahora se decide que en Venezuela no se hacen investigaciones genuinas sobre crímenes de lesa humanidad» explicó Romero.

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Dijo que lo que sigue es que «se comienzan a colectar evidencias y testimonios para un futuro, eventual, establecimiento de responsabilidades y llevar va cabo un proceso judicial», agregó.

Aclaró romero que este proceso «toma tiempo, poco o mucho, no hay un lapso establecido, pero lo importate es que es una victoria de las víctimas», enfatizó.

Por otro lado, aclaró que la Corte ha sido enfática en decir que «no se trata de responsabilidades del Estado, como se ha tratado de manipular, sino que son investigaciones contra individuos», como lo establece el Estatuto de Roma.

Por otra lado, la ONG Provea y otras organizaciones, celebraron esta medida de la CPI, precisamente porque el tribunal va a escuchar a las víctimas.

#27Jun ?️ ¡UNA VICTORIA PARA LAS VÍCTIMAS! El director y presidente del @foropenal, Alfredo Romero (@alfredoromero) calificó como una victoria para las víctimas el reinicio formal de la investigación contra funcionarios del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad en… pic.twitter.com/jwgqeRiZ3n

Una situación crítica de salud, incluso con riesgos de morir, están atravesando 42 de los 262 presos políticos en Venezuela, quienes se de acuerdo con la información maneja la ONG Foro Penal.

La denuncia la hicieron este lunes 6 de septiembre, donde además alertaron de las condiciones deplorables en las que se encuentran.

Desde el 2014 han fallecido 9 en manos de la administración de Maduro.

En tal sentido, Alfredo Romero, director de la ONG hizo referencia a la muerte del policía Gabriel Medina Díaz en Monagas.

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Medina Díaz falleció la semana pasada por falta de atención médica.

Asimismo, mencionó el caso de Leonardo Antonio Carrillo Primera, militar retirado de la Guardia Nacional (GN).

El militar retirado no puede ponerse de pie, “no pudo ni siquiera salir de su celda”.

Además sufre de hipertensión arterial, y tiene problema de colon irritable.

Romero destacó que personalmente verificó su estado de salud hace tres semanas.

En cuando al debido proceso de los casos de presos políticos, Romero indicó que 220 de los 262 presos políticos no han recibido una condena.

“De ellos 128 tienen más de dos años presos, 17 no han tenido audiencia preliminar, 73 no han comenzado juicio y solo 38 han llegado a juicio, pero no han tenido condena”, alertó .

Con respeto a la mesa de diálogo y el caso de los presos políticos indicó que hablan de «darles una concesión».

 “Qué concesión se le puede dar a una persona en la que no existe ninguna condena e incluso ningún proceso judicial. Es una obligación liberarlos”, advirtió.

No obstante, aseguró que estas personas deben salir libres por haber sido detenidas y mantenidas privadas de libertad de forma irregular.

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En el informe que presentó en 2019, Bachelet hizo 23 recomendaciones al régimen en las que se destaca, la petición de poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Esto no se cumplió, así como ninguna de las demás.

Este 15 de julio de 2020, salió un nuevo informe de Bachelet que para la ONG, Foro Penal, pareciera que se trata de un «borrón y cuenta nueva», pese a que se hace se hace referencia a la falta de independencia del sistema judicial venezolano, así como la situación de violación de los Derechos Humanos de comunidades indígenas debido a la explotación del Arco Minero del Orinoco.

Sin embargo, no menciona que mantienen tras las rejas a 13 indígenas pemones, por ejemplo.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que en este nuevo documento de la Oacnudh no se establece concretamente cuáles son los resultados de la colaboración con el Estado venezolano, pues solo insta al cese «inmediato» de cualquier intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia. «Si esto no es así, entonces esta colaboración es totalmente inefectiva e ineficiente».

Romero aseguró que siguen ocurriendo casos graves de violaciones de derechos humanos en el país. «Hace falta comparar y exigir respuestas más contundentes sobre esto (…) Las condiciones de detención de presos políticos ha empeorado desde el año pasado y la gravedad de las condiciones de detención es cada día peo. Actualmente hay 410 presos políticos», dijo este miércoles en rueda de prensa virtual.

El defensor de DD.HH resaltó el caso del médico José Alberto Marulanda, uno de los presos sobre los que la Oacnudh ha urgido su liberación, y que fue detenido desde hace dos años por estar vinculado sentimentalmente a una militar acusada de presunta traición a la patria y rebelión.

«Cómo es posible que si hay un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos para exigir la liberación de estas personas, no se mencione en ninguno de los dos informes presentados este año», reiteró.

En esta ocasión la oficina de la Oacnudh emitió 21 nuevas recomendaciones para su adopción por parte del régimen.

Por su parte el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, insistió que «no hay continuidad en el análisis de lo que ocurre en los derechos humanos en Venezuela (…) Se formulan 21 nuevas recomendaciones sin ningún tipo de garantías que estas se vayan a cumplir. El informe 2020 presenta ambigüedades, esto es una omisión grave que presenta este informe (…) pareciera «borrón y cuenta nueva», expresó.