A juicio del coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alonso Medina Roa, El Salvador está incumpliendo las reglas Mandela al recibir a los deportados de Estados Unidos, entre ellos a los venezolanos.

Tal apreciación la hizo en el programa Vladimir a la Carta, donde explicó que en El Salvador está ocurriendo la industrialización penitenciaria, por cuanto están recibiendo a los deportados por intereses económicos.

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Las Reglas de Mandela son recomendaciones que Naciones Unidas hace a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles.

Las principales reglas de este tipo son:

*Todos los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor propio como seres humanos.*Ningún recluso puede ser torturado ni sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.*Se debe proteger a todos los reclusos contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes.*Ninguna circunstancia puede justificar las torturas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes.*Se debe cuidar todo el tiempo la seguridad de los reclusos, del personal, de los proveedores de servicios y de los visitantes.*Las Reglas deben ser respetadas para todos los reclusos.*No se puede discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra especie, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.*Se deben respetar las creencias religiosas y normas morales de los reclusos.*Para aplicar el principio de no discriminación, las cárceles deben tener en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, especialmente las necesidades de los reclusos más vulnerables.*Se deben tomar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales. Estas medidas de protección no se consideran discriminatorias.*Las cárceles no deben agravar el sufrimiento del recluso por su separación del mundo exterior y la privación de su libertad. La excepción a esta regla son las medidas de separación justificadas y las necesarias para mantener la disciplina.

Medida Roa recordó que, el presidente estadounidense, Donald Trump, está pagando a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, 6 millones de dólares por más de 200 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua.

En este sentido, el especialista comentó que, según las normas Mandela, las personas deben cumplir la detención preventiva en sitios cercanos a su domicilio o en lugares donde se va a generar el proceso de reinserción social.

“Desde la óptica de las reglas Mandela, cómo se justifica el traslado de quienes han sido deportados a El Salvador, cuál es el argumento jurídico”, se preguntó el defensor de derechos humanos.

Recordó que en 2011 hubo una modificación de estas reglas, lo que evidencia la existencia de una normativa internacional posterior a la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Estados Unidos para las deportaciones, y que incluso El Salvador está incumpliendo.

Asimismo, se preguntó “¿cuántos vagones tiene el Tren de Aragua porque todo lo que pasa en Latinoamérica se le atribuye a este grupo, y lo que más me preocupa es ver la cantidad de connacionales que viven en Venezuela y aplauden esta situación?”.

«No hay que cerrarse a ningún tipo de negociación, siempre y cuando logremos la libertad de los 290 presos políticos. Sería importante oír a las familias».

La propuesta la hizo el abogado y coordinador de la Coalición por los DD.HH., Alonso Medina Roa, quien cree que es indispensable terminar con la situación de los presos políticos.

Se trata de un tema que ha estado pendiente en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición e incluso se ha llevado a los procesos de diálogo, como en el caso de México, en el 2022.

No obstante, en este tema no hay avances.

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Por otro lado, en entrevista en el programa Vladimir a la Carta, Medina Roa denunció y le preocupa la «debilidad jurídica probatoria» en el caso de seis líderes sociales que fueron condenados a 16 años de prisión por decisión del Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo.

«Me preocupa la debilidad jurídica probatoria con la que se pretende dictar condenas tan altas. Esto no sólo afecta a 6 líderes sociales, afecta a un país, afecta al sistema de justicia», precisó.

Destacó que el Ministerio Público (MP) imputó a los detenidos, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Néstor Astudillo; por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

«Vimos al señor Tarek emitiendo un pronunciamiento sobre la sentencia dictada por un tribunal de la República, refiriendo actos totalmente alejados a la realidad. Gracias a Dios ese juicio tiene registro fílmico. Creo que hay un gran desconocimiento de la realidad de lo ocurrido en el caso de los 6 líderes sindicalistas por parte del Fiscal General», lamentó.

Medina Roa explicó algunos detalles inconsistentes del caso: «En este caso pretenden darle un valor probatorio a un informe de inteligencia que carece de vida jurídica conforme a la doctrina nacional e internacional y conforme a las leyes venezolanas».

También resaltó que había un supuesto testigo que nunca apareció. «Además había un supuesto testigo que podía dar información y nunca apareció», precisó.

El otro elemento distinto a la narrativa sobre la detención de los seis líderes sociales fue el tema extracción de información de los celulares, dónde según el abogado no hubo una autorización de ningún tribunal para los procesos de extracción de información.

«Hay dos normas constitucionales, la privacidad en las comunicaciones y el derecho a la intimidad en la información, esto está protegido por las normas es tanto así que hay una ley de delitos informáticos», puntualizó.

«Uno de los funcionarios en el juicio hizo referencia que estas seis personas iban a participar el 5 de Julio con unas pancartas en los Próceres. Nos cuesta mucho interpretar cómo con unas pancartas puede ser un elemento de tanta contundencia que pudiera generar el derrumbe de unas instituciones”, expresó.

«Todas estas situaciones afectan el principio de legalidad, afectan el sistema de justicia porque todo queremos tener una seguridad jurídica media», añadió.

Igualmente, Medina Roa se refirió a lo dicho por el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, contra María Corina Machado. «Esperamos que el fiscal Tarek William Saab abra una averiguación penal al mandatario regional».

Los abogados expertos en Derechos Humanos, Alonso Medina Roa, Ana Leonor Acosta y Kelvi Maldonado, fueron notificados este #24Ago que sobre ellos pesan averiguaciones, por lo que los órganos investigadores han solicitado una orden de prohibición de salida del país.

La información fue suministrada por la abogada, Ana Leonor Acosta, quien acompañó a Alonso Medina Roa hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), después de que su colega, Alonso Medina Roa, se dirigiese a dicho organismos de seguridad para tener mayor conocimiento sobre su orden en Interpol, que le prohibió salir del país este miércoles.

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Lo poco que pudo contar la jurista, es que debido al informe que los tres abogados firmaran y avalaran en junio de este año, sobre torturas a diversos presos políticos, existe una averiguación en contra de los tres ante el despacho de Antiterrorismo del CICPC, órgano al cual asistió de manera voluntaria Medina Roa.

Sobre los tres juristas existe una investigación, tras un informe que habrían publicado en junio de este año, donde hablan sobre las supuestas torturas cometidas en contra de presos políticos en diversos centros de detención.

En horas de la tarde de este miércoles los abogados no habían recibido información alguna ni oficial sobre los requerimientos en su contra, sin embargo, hasta entrada la tarde Medina Roa no había salido del recinto policial en la avenida Urdaneta de Caracas.

Luego de que al abogado y activista, Alonso Medina Roa, no le permitieran abordar un avión, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, sus abogados denunciaron que la administración de Nicolás Maduro acosa de esta forma a los defensores de los DD.HH. para callar a las víctimas de violaciones de estos derechos.

Ana Leonor Acosta, del equipo de defensa del abogado, explicó que a Medina lo tuvieron retenido «más de tres horas» en el aeropuerto, cuando «se dirigía hacia los Estados Unidos en un viaje familiar».

«Le dijeron que tenía prohibida la salida del país y que debía dirigirse a la oficina de la Interpol en el aeropuerto. Luego, le dijeron que debía comparecer en las instalaciones del Cicpc en Caracas, para declarar», relató.

Acosta dijo que su defendido acudió a la sede policial, específicamente a la división antiterrorismo.

Destacó que «se desconocen las causas de la prohibición de salida y denunciamos la persecución contra los defensores de los defensores de los DD.HH. Así quieren callar la voz de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos», ratificó.

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Insistió en que «nos sabemos por qué la división por terrorismo investiga» a Medina Roa. Pero ya es una costumbre «el uso de esta instancia para perseguir a los defensores de DD.HH», expresó.

Por su parte, el otro bogado, Kelvin Maldonado, dijo que van a denunciar el caso «ante instancias nacionales e internacionales, aunque en las nacionales se sabe que no se puede hacerse nada».

«Hacemos un llamado urgente ante este hecho que es una flagrante violación a la libertad de tránsito expresada en el Pacto de Derechos Civiles del que Venezuela es firmante», indicó.

También dijo que a Medina Roa le violaron «el derecho al debido proceso porque no pueden emitir una prohibición de salida cuando esta orden la debe dar un tribunal de la república».

#24Ago El abogado @medinaroaalonso pudo retirarse del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía aunque le indicaron que debe presentarse a la División Antiterrorismo del CICPC por una aparente investigación en su contra.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/7MWSSUS4wz