La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió este viernes la liberación urgente de los manifestantes arrestados en Cuba

Asimismo, instó al diálogo entre gobierno y ciudadanos al tiempo que pidió el fin de las sanciones contra la isla.

«Insto al gobierno a que aborde las demandas de los manifestantes mediante el diálogo», pidió Bachelet, en un comunicado.

Además, «a que respete y proteja plenamente los derechos de todas las personas a la reunión pacífica y a la libertad de opinión y expresión».

Miles de personas salieron a protestar el 11 de julio a las calles de 40 ciudades y pueblos de Cuba.

El pueblo cubano está castigado por la peor crisis económica en 30 años, reseñó la agencia AFP.

Las protestas, que en ciertas partes continuaron el lunes, dejaron un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

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«Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas», dijo Bachelet.

«Es especialmente preocupante que entre ellas haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce. Todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente», agregó.

Las manifestaciones, históricas en la isla, provocaron un primer gesto del gobierno: la autorización para que los cubanos ingresen al país alimentos, productos de higiene y medicamentos.

Esto, sin límite de valor y pago de aranceles, hasta finales de año, una medida buena, pero insuficiente, según expresaron numerosos ciudadanos.

Bachelet reiteró además su llamado «al levantamiento de las sanciones sectoriales unilaterales».

Asegura que «su impacto es negativo en los derechos humanos, incluido el derecho a la salud».

La responsable también pidió que se restablezca plenamente el acceso a internet y a las redes sociales en el país, cortado el domingo por el gobierno.

El canciller del régimen, Jorge Arreaza, rechazó la posición asumida contra el país por parte de Argentina en la reciente reunión de la Comisión de DDHH de la ONU.

En la reunión, celebrada en Ginebra, Suiza, esta semana, la cancillería argentina no votó a favor de la Resolución para fortalecer la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada en esta materia.«En Ginebra la Cancillería argentina no apoyó la Resolución presentada para fortalecer la cooperación real y el diálogo entre la Oficina de la Alta Comisionada y Venezuela», fustigó Arreaza en el Twitter.

Agregó: «Se dejó arrastrar por las pretensiones intervencionistas y hostiles del Grupo de Lima», Argentina, para sorpresa de muchos, votó a favor del informe sobre Derechos Humanos.

Asegura Arreaza que este documento es calificado por Venezuela «como sesgado, manipulado y politizado”.

Para el régimen de Nicolás Maduro, el informe de la Misión de la ONU, “está impulsado y financiado por el denominado Grupo de Lima”.

«La diplomacia argentina no debería prestarse a estrategias de gobiernos cartelizados que instrumentalizan e ideologizan los Derechos Humanos para agredir y desestabilizar países soberanos”, escribió Arreaza.

Agregó: “EE.UU. y sus satélites llevan años usando los DDHH para interferir en Venezuela».

El pasado 6 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución sobre fortalecimiento de cooperación en Venezuela.

El fallo extiende por dos años la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

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La oposición venezolana aplaudió esta resolución que condena los crímenes del régimen y, además, permite que se investigue estos hechos a profundidad.

59 países patrocinaron esta resolución, lo que concluye que existe una preocupación por la situación de DD.HH. en Venezuela.

A juicio del diputado Miguel Pizarro se debe destacar que «esta resolución transciende diferencias políticas e ideológicas».

Además, «prorroga un mandato que permite hacer un seguimiento y una investigación más profunda de los crímenes cometidos».

Pero, no solo eso, sino que aseguró que estos crímenes «siguen ocurriendo en nuestro país”.

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, denunció este lunes que el régimen de Nicolás Maduro no acató ninguna de las recomendaciones que desde el año pasado hizo la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, por el contrario, las violaciones a estos derechos han arreciado.

«Tenemos que agradecer que en Venezuela haya una comisión de las Naciones Unidas», pero, lamentablemente, «la creación de la oficina del Alto Comisionado en el país no ha sido posible, solo hay tres representantes, cuya su acción es muy limitada», denunció Prado.

«Es importante la constitución de esa oficina para que realice la tarea encomendada por la alta comisionada», agregó Prado, durante la presentación del informe “Contumacia Institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”.

Prado recordó que Bachellet, por ejemplo, pidió «agotar las vías para el acceso de la población a los alimentos, agua y medicamentos». Sin embargo, recordó que gran parte de las «protestas que hubo el año pasado fueron para reclamar por la falta de servicios, principalmente de agua y electricidad», lo cual demuestra que las peticiones de la funcionaria de la ONU no fueron escuchadas.

Torturas, detenciones y ejecuciones

Sobre la tortura, violaciones a los DD.HH, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, el informe de Bachelet fue contundente, en cuanto a que que cesen estas prácticas y sobre todo pidió la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

En este sentido, Prado remarcó que en el país sigue habiendo gran cantidad de denuncias contra las actuaciones de esas fuerzas y los representantes de la ONU han documentado estos delitos.

«Es un tema muy delicado, porque las Faes siguen actuando. A estas fuerzas se le atribuyen 972 ejecuciones extrajudiciales. En cualquier país del mundo esto tiene que llamar la atención, pero en Venezuela se siguen presentando estos delitos», aseveró.

«La alta comisionada pidió que se disuelvan las Faes y que se investiguen las ejecuciones, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas sean reparadas, lo cual no se ha cumplido. Se han dado casos excepcionales, como el del asesinato del escolta de Iris Varela, los demás casos han sido invisibilizados», denunció Prado.

«Este fenómeno es particularmente grave si se tiene en cuenta que muchas de las recomendaciones no acarreaban complicaciones administrativas importantes, por el contrario, la disolución de la Faes es algo que se ha podido ejecutar», agregó.

Otro punto importante del informe de la alta comisionada se refiere a la exigencia de liberación de los presos políticos. «Bachelet pidió que libere a los presos políticos y paren las detenciones arbitrarias, pero esto tampoco se ha cumplido. El grupo de la ONU contra las detenciones arbitrarias se ha pronunciado en torno a varios casos, como el de Juan Requesens y Gilber Caro, pero el régimen ha hecho caso omiso de esas peticiones», subrayó el comisionado.

«Han aumentado las detenciones arbitrarias y las medidas cautelares que impiden a los detenidos hablar y salir del país», alertó.

Hizo un comentario aparte sobre la situación de los medios de comunicación y los periodistas, a quienes se les pretende intimidar por cumplir con su deber de informar.

Sobre la petición de «garantizar la imparcialidad de la Fiscalía y de la Defensoría, tampoco se ha acatado, al contrario, estas instituciones han incrementado la persecución», lamentó.