La Asamblea Nacional declaró como enemigos públicos y despreciables del territorio venezolano a los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque por presuntamente estar involucrados en paramilitarismo, terrorismo y narcotráfico. Esta situación se género por las declaraciones de los expresidente al solicitar intervención internacional avalada por las Naciones Unidas para Venezuela.

Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, retó este martes a los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, y al opositor Leopoldo López, a que vayan al frente en la intervención militar que piden contra Venezuela que “aquí los estaremos esperando”.

Para Rodríguez es “el colmo de los colmos cuando se atreven a solicitar con desparpajo, con descaro, una intervención militar a Venezuela”.

Les envió un mensaje claro: “Álvaro Uribe, Leopoldo López e Iván Duque que se pongan adelante. Aquí los vamos a esperar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo de Venezuela, con nuestras fuerzas policiales”.

? Jorge Rodríguez afirmó que Álvaro Uribe Vélez ni Iván Duque tienen los cojones para invadir militarmente a Venezuela. ? ANTV. pic.twitter.com/PwZaOBf1hG

También se refirió al talante moral de los expresidentes, al advertir que los estarán esperando en Venezuela “sobre todo con nuestra honestidad, con nuestra decencia y con lo que caracteriza al noble pueblo de Venezuela la valentía. Lo que a ti te falta Uribe, ¡pedazo de rata!”.

Rodríguez hizo los señalamientos durante la sesión de este martes en la que fue aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo para Declarar enemigo público de Venezuela a los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

Los parlamentarios expresaron en el caso de Álvaro Uribe, de un «paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional».

Inicialmente, el acuerdo solo contemplaba la declaración contra Uribe. Sin embargo el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante, puso sobre la mesa el nombre de Iván Duque, quien días antes ratificó su postura contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En este sentido, el diputado Jesús Santander respaldó la propuesta asegurando que los líderes colombianos deberían ser enemigos no solo de Venezuela si no del mundo por los supuestos actos delictivos en los que están involucrados.

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Por su parte, Uribe reaccionó a todas las acusaciones indicando que se siente honrado que la Asamblea Nacional chavista lo tilde de enemigo y publicó en su cuenta en X un cartel con una presunta recompensa equivalente a un millón de dólares que estaría ofreciendo el Ejecutivo Nacional, el cual hasta el momento no se ha confirmado.

El acuerdo aprobado por el Parlamento incluye acompañar posibles acciones penales que emprenda el fiscal general, Tarek Williams Saab, quien el 13 de enero solicitó alerta roja contra Leopoldo López, tras acusarlo de instigar a una intervención militar para presuntamente bañar de sangre al país en consonancia con Uribe.

El presidente Nicolás Maduro llamó a “aceitar los fusiles”, a reforzar la seguridad en la frontera y estar alerta ante los llamados a la intervención  que hacen los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

Durante el mensaje anual, Maduro alertó que hay que tomarse “en serio, las amenazas criminales del narco paramilitar Álvaro Uribe e Iván Duque y preparémonos».

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Ante dichas amenazas hizo un llamado claro:  «aceitemos los fusibles porque esta tierra sagrada jamás aceptará la bota insolente de paramilitares extranjeros ni imperialista. Mantengamos activado las URRA y los operativos especiales”.

Para preservar la seguridad, giró instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos de seguridad a que se mantengan “todos los planes que nos llevaron a la victoria. Vigilemos bien todos los pasos fronterizos y sigamos desmantelando grupos generadores de violencia”.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó este lunes la propuesta de invasión militar a Venezuela formulada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Respondió que que «acá encontrarán en perfecta fusión popular–militar-policial, a los hijos e hijas de Bolívar y Chávez, dispuestos a defender esta tierra hasta el último aliento de ser necesario».

En un escrito en Instagram, acompañado del video de Álvaro Uribe, señaló:

«No podíamos esperar otra cosa de estos oscuros personajes de la antipolítica, quienes, actuando como agentes del imperialismo, llaman abierta e irresponsablemente a una intervención armada en nuestra patria».

«No se equivoquen, acá encontrarán en perfecta fusión popular–militar–policial, a los hijos e hijas de Bolívar y Chávez, dispuestos a defender esta tierra hasta el último aliento de ser necesario. ¡La paz de Venezuela no la perturbarán ni ustedes ni nadie!», agregó.

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Andrés Felipe Arias, quien fue ministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe y que fue condenado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros, se le concedió la libertad condicional. 

La medida la tomó un juez de Bogotá debido a que el reo ya ha pagado tres quintas partes de la pena.

El exfuncionario debe cancelar una caución de 15 salarios mínimos legales vigentes para que se emita su boleta de libertad. Tras su salida, deberá cumplir un periodo de prueba de 83 meses.

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El exministro purgaba una pena de 17 años de prisión por el escándalo del extinto programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), en un caso relacionado con unos préstamos a bajo interés que, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se entregaron a grandes terratenientes para que compraran sistemas de regadío, pese a que dichos créditos estaban enfocados a beneficiar a pequeños agricultores.

Este martes 9 de enero de 2024 la Fiscalía General colombiana tendrá que definir el caso del expresidente Álvaro Uribe.

Se trata de definirse -definitivamente- si se pide -una vez más- la preclusión del caso contra Uribe Vélez, o si se radica un escrito de acusación en su contra por el caso de soborno a testigos.

recuerda Carolina valencia, en Caracol, que el pasado 6 de octubre de 2023, y después de varias horas de audiencia, el Tribunal Superior de Bogotá negó la preclusión del caso que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Álvaro Uribe fue acusado de soborno a testigos en un proceso penal abierto en su contra por presunto fraude procesal.

El caso se remonta a 2012, cuando Álvaro Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por un supuesto complot, con falsos testigos, para involucrarlo con grupos paramilitares.

Tras la investigación del alto tribunal, fueron Uribe y su abogado quienes terminaron siendo acusados de ofrecer beneficios a testigos a cambio de modificar su declaración.

Este viernes 6 de octubre de 2023 el Tribunal Superior de Bogotá anunció la decisión sobre la solicitud que le hizo la Fiscalía General de la Nación de no precluir la investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Precluir significa cerrar una investigación, en este caso, la que se le adelanta por presunta manipulación de testigos. Son dos delitos por los que será juzgado: soborno y fraude procesal.

Hace 4 años, el 8 de octubre del año 2019, estaba el expresidente Álvaro Uribe en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. La diligencia tenía relación con una investigación que venía adelantando desde hace un año atrás el magistrado José Luis Barceló, de la Sala Penal de la Corte, quién tenía unas evidencias que en su momento provocaron revuelo.

Entre estas había grabaciones en video y en audio del abogado Diego Cadena abordando testigos en las cárceles, específicamente al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Estas entradas del entonces defensor del expresidente provocaron revuelo y un hecho insólito: en ese momento Uribe Vélez pasó de denunciante, en un caso contra el senador Iván Cepeda investigado por la Corte Suprema de Justicia, a denunciado.

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El magistrado José Luis Barceló había archivado la investigación contra Cepeda y, en cambio, encontró evidencias de que sí podía continuar el proceso, pero contra el expresidente.

El 4 de agosto de 2020, en la misma línea de Barceló, se pronunció también el magistrado César Reyes, quien ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien renunció al Senado. Al perder la investidura pasó el proceso a la Fiscalía General de la Nación.

Allí, el caso lo asumió el coordinador de delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, quien de inmediato anunció que iba a solicitar la preclusión. Esta misma solicitud de preclusión se ha repetido dos veces en la Fiscalía General de la Nación y la segunda es la que hoy se decidió.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez admitió públicamente ante un grupo de jóvenes que él dio la orden de ejecutar esa acción en la Comuna 13 de Medellín.  

“Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar a la guerrilla y a los paramilitares de allá”, les dijo el expresidente a varios jóvenes que lo esperaban con una pancarta que hacía referencia a los falsos positivos.

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El portal periodístico Vorágine investigó a fondo lo que sucedió con la Operación Orión, en octubre de 2002, y que es la toma armada por parte de la Fuerza Pública más grande ejecutada en una ciudad.

La foto de Jesús Abad Colorado, en la que aparece un encapuchado con camuflado mientras señala con dos dedos y es seguido por militares armados, fue tomada entre el 16 y el 17 de octubre de 2002.

Desde que sucedió la Operación Orión se denunció que esa toma armada por la Fuerza Pública fue ejecutada en alianza con el bloque Cacique Nutibara de los paramilitares y que fue comandada por Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.

“Después de 21 años, Vorágine pudo establecer el nombre del paramilitar encapuchado que le daba órdenes a los militares. Se trata de Marlon Andrés Castañeda Higuita, un aliado de la Fuerza Pública que el bloque Cacique Nutibara le entregó al Ejército para que identificara a supuestos guerrilleros”, informó el medio a través de su portal.

Según la investigación este paramilitar era conocido con el alias de «El Gomelo». El hallazgo lo lograron al contrastar los documentos oficiales de la versión que dio desde la cárcel Juan Carlos Villa Saldarriaga, exparamilitar conocido como «Móvil 8», en una entrevista con el autor de la publicación.

Álvaro Uribe se fue contra las muy duras diligencias que hizo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el departamento colombiano Casanare.

En esa audiencias de la JEP militares confesaron ante las víctimas la comisión de falsos positivos.

El expresidente lanzó duras críticas contra el alto tribunal porque, según él, quienes no aceptaron crímenes antes ahora “reconocen incluso delitos no cometidos”.

A través de su cuenta en la red social Twitter (X) Uribe dijo “nunca desautoricé a los ministros de Defensa en decisiones de separar personas de la institución armada”.

Según Álvaro Uribe, “muchos de los responsables de falsos positivos fueron a la cárcel y cuando nunca reconocieron el delito ahora lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece la JEP. El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos”.

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Y Álvaro Uribe fue más allá, afirmando que “este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes”.

La W conoció varios de los apartes de la confesión por parapolítica de la exsenadora Zulema Jattin, quien ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por primera vez aceptó haber realizado alianzas con paramilitares con el fin de lograr beneficios electorales particularmente en el llamado “Pacto de Sindicato” en 2003.

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Dentro del listado de personas que mencionó en su declaración ante la jurisdicción, aparecen alcaldes, gobernadores, congresistas (uno actual) y también el expresidente Álvaro Uribe, de quien Jattin dijo visitó en 2002 para denunciarle su preocupación por el accionar de los “paras” en Córdoba prohibiendo candidatos etc. (cuando Uribe era candidato), y la respuesta del hoy exmandatario, según Jattin, fue que si no tenía pruebas, se abstuviera de hacerlo.

“Simplemente orientó la conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg (colaborador de los “paras”), que no iba a corroborar nada lo que yo dijese en ese momento, pues era preferible que no pusiera la denuncia y eso era más que una advertencia digamos, era una sugerencia respetuosa pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”, rememoró Jattin.

Así dio a conocer Rafael Alberto Aristizábal en la W

Este martes 23 de mayo la jueza Laura Estella Barrera de Bogotá negó la preclusión (archivo) del caso Álvaro Uribe Vélez.

Así la jueza decidió continuar con el juicio en contra del expresidente y exsenador por el delito de soborno y fraude procesal .

La togada encontró que las pruebas eran suficientes para llevar a juicio al que hasta ahora había sido intocable por la justicia. 

Esta decisión de la jueza del Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá ordena que Álvaro Uribe responda por el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien se pretendió sustentara las acusaciones de Uribe contra el senador Iván Cepeda.

La Fiscalía colombiana y los abogados defensores de Álvaro Uribe volvieron a ejercer el derecho a la apelación, ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Hoy miércoles 24 de mayo ese ente superior de la administración de justicia se pronunciará.

Atendiendo a la lógica jurídica, y como viene caminando este caso, es muy posible que el Tribunal Superior de Bogotá ratifique el fallo emitido ayer por la jueza.

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Puede pasar de todo: que la defensa del expresidente y la Fiscalía presenten nuevos argumentos para solicitar de nuevo la preclusión (archivo del caso) o que se de el juicio contra Uribe Vélez que podría resultar en dos finales posibles.

Si los defensores y el fiscal dilatan los procedimientos investigativos y jurídicos podría pasar mucho más tiempo (hasta años) y el caso llegaría a «prescribir» (tener que ser cerrado por vencimientos de términos.

Y en el hipotético final de que Álvaro Uribe resulte condenado, cumpliría prisión domiciliaria en su casa por su avanzada edad, a tenor de las leyes colombianas.

Durante un diálogo con los militantes del Centro Democrático en Popayán, el expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa del mandatario Gustavo Petro, quien ha estado en el ojo del huracán en la última semana por las explosivas declaraciones que dio la exesposa de su hijo Nicolás, asegurando que el diputado habría recibido millones de pesos de los narcos para financiar la campaña presidencial del Pacto Histórico.

En el encuentro, en el que estuvieron congresistas como Paloma Valencia y otros militantes, el líder natural del Centro Democrático pidió no tener adjetivos descalificadores.

«Yo no impongo condiciones sobre temas. Pido que no haya adjetivos descalificadores. Es lo único que pido a todos mis compañeros de la forma más comedida», dijo el expresidente colombiano que hoy es investigado por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

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Uribe Vélez se pronunció respecto a las acusaciones que ha recibido la familia presidencial por presuntamente uno de sus miembros haber aceptado dineros del narcotráfico para financiar la campaña de 2022, tal y como lo denunció Day Vásquez, la exesposa del diputado Nicolás Petro.

«A raíz de unas acusaciones contra familiares del presidente Petro, él ha pedido a la Fiscalía investigar. Es un tema que hoy está en poder de la Fiscalía», manifiesto el exmandatario.

Sus palabras se deben a que hace una semana el mismo presidente Gustavo Petro pidió al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, investigar si su hijo Nicolás Petro y su hermano Juan Fernando Petro han estado involucrados en presuntamente recibir dineros de los narcos para que ingresen al proyecto de Paz Total.

A pesar de que unas cinco veces le rogarán al por entonces presidente colombiano Álvaro Uribe que no ordenara una operación militar para rescatar a Guillermo Gaviria, el mandatario no hizo caso y entonces los captores – las Farc- mataron al exgobernador antioqueño Gaviria.

Yolanda Pinto, viuda de Guillermo Gaviria, le pidió a Uribe Vélez que no hicieran ese rescate por la fuerza de las armas.

Así le confesó la señora Pinto al diario paisa El Colombiano: “Yo siempre dije que esa operación de rescate era un error, que era irresponsable, que nos los iban a matar, y así pasó. (…) Le rogué al presidente (Álvaro Uribe) cinco veces que no la hiciera y el Consejo hoy me da la razón: ellos privilegiaron mostrar resultados por encima de la vida de los secuestrados”, afirmó Gloria Pinto.

Es que el Consejo de Estado falló en dos condenas, resultantes de dos demandas presentadas por las familias del exgobernador de Antioquia, secuestrado el 21 de abril de 2002; el soldado Yercenio Navarrete, secuestrado el 15 de agosto de 1998; y del suboficial José Peña Guarnizo, secuestrado el 12 de diciembre de 1999.

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En las demandas los familiares de las víctimas pedían que el Estado asumiera su error y reconociera que la operación del Ejército Nacional había provocado la muerte de los secuestrados, pues la presión de los helicópteros sobre los campamentos guerrilleros de las entonces Farc generó un caos que llevó a los combatientes a disparar.

Y ahora el Estado colombiano tendrá que indemnizar con más de 1.500 millones de pesos, para «repararse el daño y el dolor causado por acciones del Estado”; versa en el falló condenatorio del Consejo de Estado.

Mario Hernández, empresario santanderiano, está muy tentado en lanzarse a la política.

Este añejo emprendedor de Santander ha sido uno de los más fuertes contradictores de los dirigentes de la izquierda colombiana, sobre todo cuestionando al hoy presidente Gustavo Petro.

Se sabe, por el mismo Mario Hernández, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo postuló para que este empresario sea el que encabece la lista de candidatos al Concejo de Bogotá.

En las próximas elecciones regionales en Colombia cada partido y movimiento político presentará «listas cerradas» y en «cremallera» (alternándose hombres y mujeres) optando para cada postulación en disputa: concejos, alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales. juntas de ediles.

Mientras Mario se decide, arremete con más fuerzas contra el gobierno petrista al tiempo en que plantea temas para salvar a Bogotá de malos gobiernos.

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Aunque dice que lo pensaría con calma, alegando que de él dependen los más de dos mil trabajadores que tiene su reconocida firma, afirma que le gustaría lanzarse a la política aceptando la candidatura al Concejo bogotano, dizque por gratitud al expresidente Uribe.

El polémico Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe, fue capturado en la mañana de este viernes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando intentaba salir del país con destino a México.

Según el periódico El Tiempo, Cadena pasó la noche en la URI de la localidad de Engativá, tras ser capturado por la Policía luego que estos hicieran efectiva una orden de captura que fue radicada por un juez.

El pasado 5 de julio, Cadena fue dejado en libertad por vencimiento de términos dentro del proceso que se le sigue por la presunta manipulación a testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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La solicitud fue realizada por su abogado Iván Cancino, quien señaló en su momento que ya se habían vencido los términos desde que se radicó el escrito de acusación en contra de su cliente.

Otra razón que motivó esta decisión fue que se cumplían 269 días en los que el proceso no se movía hasta un juicio definitivo, por lo que el juez ordenó que Cadena quedara en libertad.

En marzo, el abogado se entregó a la Fiscalía en Cali después de llegar de un viaje a Panamá, el cual realizó pese a tener una orden de detención domiciliaria vigente.

El caso, sin embargo, sigue abierto, pues la Fiscalía tiene información que podría demostrar que Diego Cadena sí fue a cárceles a intentar sobornar presos para favorecer a Álvaro Uribe en su guerra jurídica contra el senador de izquierda Iván Cepeda Castro.

El nombramiento de Petro más polémico es el de Iván Velásquez al frente del ministerio de defensa; han surgido miedos desde la orilla derecha en la política colombiana.

A los derechistas Velásquez les despierta muchísima desconfianza, asustándoles.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, el partido de Uribe, con agudeza describió la desazón y miedo que tienen entre la gente de derecha colombiana.

La senadora dijo que “El nombramiento de un enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es solo un desafío; es una amenaza”, aseguró.

Para ella, la oposición está en riesgo con su arribo -así afirmó a la revista Semana- pues es de la creencia que Velásquez es tal vez uno de los principales adversarios del expresidente Álvaro Uribe y de sectores de la clase política afines al uribismo.

Tal enemistad surgió cuando el abogado Velásquez fue jefe de Fiscalías en Medellín, e investigaba actores vinculados a la política de seguridad democrática enarbolada por el gobierno Uribe, derivándose hasta en enfrentamientos sin antecedentes con las altas cortes.

El jurista era entonces el coordinador de la investigación por parapolítica, un megaproceso judicial que derivó en la captura de más de un centenar de funcionarios, 50 de ellos congresistas.

En 2007, el paramilitar alias «Tasmania» denunció desde la cárcel que un magistrado, Iván Velásquez, le había ofrecido beneficios judiciales a cambio de enlodar al presidente de la república, es decir, a Uribe.

En este hecho sin antecedentes, el entonces presidente acudió a la Fiscalía para que abriera una investigación y se ofreció a testificar.

El exmagistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez, se pronunció víctima de una estrategia sistemática desde las filas del uribismo acusándoles de manipular testigos.

Sin embargo, «Tasmania» se retractó de las denuncias que había hecho en una carta, y finalmente este paramilitar confesó que había sido presionado por los abogados de Álvaro Uribe.

«Tasmania» contó que le habían ofrecido una casa para su mamá y un dinero; diciendo que quienes le contactaron a través de su abogado Sergio González, muy cercano a Mario Uribe y Santiago Uribe, respectivos primo y hermano de Álvaro Uribe Vélez.

En el 2007, siendo presidente Uribe, éste afirmó que Iván Velasquez era militante extremista militante de un grupo criminal.

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Iván Velásquez llega a comandar una de las carteras más estructurales y también con mayor presupuesto del país.

Muchos señalan que comenzará por ponerles lupa a los contratos y los gastos reservados que se han tenido históricamente en el frente del conflicto armado colombiano.

Mientras algunos, como las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, creen que el cambio en la comandancia será enorme, ya que Velásquez ha sido un crítico de las Fuerzas Militares y no precisamente un admirador.

En Iván Velásquez los uniformados podrán tener un aliado que los defienda y los cuide o un capataz que los crucifique.

Aunque aún no se sabe cómo le irá, lo que sí está claro en todo es que habrá un revolcón en las fuerzas militares y será replanteada la política de defensa nacional.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez rindió este lunes, 18 de julio, interrogatorio ante la Fiscalía en la investigación por presunta manipulación de testigos. 

Se trata de una de las múltiples pruebas que tendrá el ente acusador para definir, lo más pronto posible, si insiste con la solicitud de preclusión o si pide que el exmandatario sea acusado.

Cabe recordar que, si la Fiscalía pide que Uribe sea acusado ante los jueces por soborno en actuación penal y fraude procesal, sería un cambio de fondo frente a lo que pidió el fiscal Gabriel Jaimes, quien solicitó el archivo del proceso, pero que fue negado por la justicia.

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En marzo de 2021, el fiscal Jaimes anunció que pediría la preclusión, pero, en abril de 2022, la jueza no acogió los argumentos de la Fiscalía, considerando que Uribe sí debía ir a juicio. 

La jueza estimó que sí había una hipótesis viable de la existencia de los delitos, es decir, que Uribe sí habría presionado testigos que lo señalaban con el paramilitarismo.

De acuerdo con la jueza, en los hechos investigados, la Fiscalía no logró probar que no había delitos.

Esta decisión de la jueza llevó a que el caso fuera asumido, ahora, por Javier Cardenas, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien escuchó al expresidente este lunes en un interrogatorio que inició sobre las 8:05 de la mañana y se extendió por aproximadamente cuatro horas.

En un hecho histórico, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo, Gustavo Petro, se reunieron en la mañana de este miércoles, 29 de junio, en un edificio del norte de Bogotá.

El encuentro empezó sobre las 11:00 de la mañana, donde se sentaron a dialogar los dos polos opuestos en la política colombiana.

Esta reunión se da luego del llamado de Petro a Uribe tras ganar las elecciones del pasado 19 de junio. «Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria», hace unos días trinó Álvaro Uribe respondiendo a la que invitación que le hizo Gustavo Petro.

A Petro lo acompaña su exjefe de debate Alfonso Prada, mientras que Uribe está con los congresistas Ciro Ramírez y Juan Espinal, además del congresista electo Alirio Barrera y la directora del Centro Democrático, Nubia Martínez.

La reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro duró casi una hora y media.

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Álvaro Uribe le dijo a Gustavo Petro que compartirán con el presidente electo todos los esfuerzos que se hagan para superarse la pobreza en Colombia.

En ese diálogo, «respetuoso y franco» -dijo Uribe- reiterándole a Petro que la tributación tiene que ser amable (sin impuestos excesivos) para así ayudar al crecimiento de la economía.

Sobre el «perdón social» que propone Petro, el expresidente Uribe estaría de acuerdo siempre que no sé de impunidad a criminales de lesa humanidad.

Álvaro Uribe le pidió a Petro que se facilite un canal de diálogo entre los dos líderes políticos, que sería para Uribe seguirle hablando de los temas del país y recomendarle ideas a Petro.

El presidente Uribe le aseguró a Petro que le aprobarían propuestas, sin cálculos políticos, gustosos, y en lo que tengan que discrepar con el gobierno, Petro lo harán con una oposición razonable, buscando mantenerse canales de diálogos, con argumentos y respetos.

Álvaro Uribe, en conferencia de prensa, recomendó «prudencia y no pasar facturas, no cobrar cuentas, hay que bregar a construir» trabajando por Colombia con buen ánimo».

“Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común”, dijo Gustavo Petro, el presidente electo por los colombianos.

A través de una carta al ingeniero Rodolfo Hernández, la colectividad uribista afirmó que es falso que en los gobiernos de Uribe no hayan sido austeros o que Álvaro Uribe haya sido culpable de desplazamientos.

Defensa uribista que se desató tras las críticas del candidato independiente a la presidencia de la República, el ingeniero Rodolfo Hernández, quien publicó una lista de 20 puntos en los que se diferencia programáticamente del Centro Democrático (CD) y de Álvaro Uribe Vélez, en los que se destaca su plan de gobierno sobre la reactivación del campo, la austeridad, políticas sociales y de la seguridad social en el país.

1. En mi gobierno voy a reactivar el campo, dejando atrás las políticas neoliberales y la violencia que nos dejaron en el atraso, acabaron la autosuficiencia alimentaria y obligaron a la gente a desplazarse.

2. Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia.

3. Voy a reducir la corrupción en los procesos de contratación, asignándolos, principalmente, según un proceso meritocrático.

4. Mi gobierno, al igual que mi campaña, va a ser austero. Nada de seguir despilfarrando la plata de los colombianos como lo han venido haciendo los gobiernos anteriores.

5. Siempre he dicho que la reforma tributaria de Carrasquilla, promovida por el gobierno de Iván Duque, fue un intento de ponerle IVA al hambre, algo completamente inaceptable.

6. Una de las metas de mi gobierno es implementar el acuerdo de paz y hacer negociaciones con el ELN. Nadie más debería vivir el dolor de la guerra.

7. Contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.

8. En mi gobierno habrá un completo apoyo a la diversidad sexual y de género, incluyendo el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

9. Tras evaluar la información disponible, mi posición es en contra del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque.

10. Igualmente, tras hablar con expertos en el tema, mi postura es en contra del uso de glifosato, debido a las consecuencias que tiene en la salud y el medio ambiente.

11. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa. Lo he dicho y lo vuelvo a decir: lo más peligroso de las drogas es la prohibición.

12. En mi gobierno voy a bajar el IVA del 19% al 10% y lo voy a transformar en un “impuesto al consumo”, con el fin de revivir al sector productivo.

13. En mi gobierno voy a eliminar el 4×1000, una medida que debía ser temporal y ya lleva más de 20 años empobreciendo a los colombianos, sin mostrar ningún resultado.

14. Una de mis propuestas es unificar más de 20 subsidios dirigidos a los más pobres y unirlos en una “Renta Básica” que llegue directo a las familias, eliminando todos esos procesos y burocracias que se prestan a la corrupción y el clientelismo.

15. Lo dije en su momento y lo mantengo, estoy en contra de cualquier modificación de la ley de garantías como la que promovió el gobierno de Duque.

16. En mi gobierno se sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados, la que tiene el derecho a decidir si aborta o no es la mujer.

17. Contrario al gobierno de Iván Duque, yo respeto el derecho a la protesta social. Salí a marchar en años anteriores y lo haré cuando una injusticia indique que el mejor camino para protestar es salir a las calles.

18. En mi gobierno se sacará la plata que se ahorre de todos los gastos innecesarios en los que han incurrido gobiernos anteriores para pagar la deuda del ICETEX de los muchachos. Nadie debería endeudar su futuro para poder progresar.

19. En mi gobierno no se utilizará al ESMAD como un elemento brutal de choque contra la indignación popular o el derecho a protestar de la gente.

20. Al igual que mi campaña, mi gobierno será independiente, yo no le debo nada a nadie, no coman cuento.

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El partido de gobierno le respondió al exalcalde de Bucaramanga con un comunicado:

“Señor Ingeniero Rodolfo Hernández, con respeto sobre sus declaraciones, solo vamos a responder sobre el tema de austeridad y de desplazamiento en el campo colombiano: Álvaro Uribe siempre ha propuesto menos Estado Burocrático y más Estado Social”, introduce la carta.

El primer punto que toca la carta del Centro Democrático es el de la austeridad de Uribe durante su época como gobernador de Antioquia, haciendo énfasis en el segundo punto de la lista del ingeniero “reducción del Estado”, algo que – según él- lo diferenciaba del Uribismo.

“Durante su ejercicio como Gobernador de Antioquia redujo en 29% los gastos del Departamento, pero se avanzó en coberturas sociales e infraestructura”, dijo el Centro Democrático en la carta.

Luego se adentró en las políticas de austeridad en el gobierno durante las dos presidencias de Álvaro Uribe Vélez:

“Durante el ejercicio presidencial el ahorro sumó 5% del PIB y el alivio permanente fue de 1,5% del PIB. Entre entidades suprimidas, como algunas embajadas para dar ejemplo, y las reestructuradas se sumaron 324. Pero se llegó a 2,8 millones de Familias en Acción y a 21 millones de ciudadanos en Régimen Subsidiado de Salud”, resalta el CD en la carta.

El comunicado del Centro Democrático también señala que, si bien el expresidente no pudo parar los desplazamientos forzados, “su Gobierno permitieron una reducción del 31% de esta calamidad humanitaria. Se avanzó en el cumplimiento del apoyo a los desplazados con una suma superior a 7 billones de pesos (…)”.

Por último, el Centró Democrático afirma que está dispuesto a cotejar y revisar cifras de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe con el ingeniero Rodolfo Hernández.

La jueza Carmen Helena Ortiz, después de 12 horas, determinó que sí debe ir a juicio el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal.

Durante la audiencia judicial ambos se turnaron para leer la decisión de más de 300 páginas, en la que enumeraron, una a una, las pruebas que entregaron las partes del proceso y la Fiscalía.

Se debe señalar que, este caso llegó hasta esa instancia y está en manos de la juez 28 Penal, luego de que la Fiscalía General de la Nación dijera que no existía mérito para continuar.

“Esta versión coincide a plenitud con lo afirmado por el mismo Carlos Enrique Sierra Vélez en el escrito que suscribió y que fue radicado ante la Corte Suprema de Justicia por el doctor Jaime Granados el día 15 de agosto de 2017.

Por ello, la Fiscalía no entiende cómo el mismo Carlos Enrique Vélez, en declaración en el presente proceso rendida en la Corte Suprema de Justicia, haya negado aquella versión que venía sosteniendo”, argumentó la entidad en su momento.

“La Jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, decidió negar solicitud del fiscal Jaimes de precluir el proceso en contra el imputado Álvaro Uribe. Habrá juicio. Por primera vez, un expresidente de la República asumirá su responsabilidad penal ante un juez”, afirmó Iván Cepeda, Senador de la República de Colombia.

Y agregó que “por primera vez un expresidente de la República va a tener que comparecer ante un juez de la República y asumir su responsabilidad penal frente a hechos muy graves y reafirma lo que hemos dicho tantas veces. Este proceso ha sido una importante lección democrática en el país, porque vuelve a poner presente que el poder judicial controla y puede controlar, y debe controlar los desmanes, las acciones eventualmente delincuenciales y criminales que cometa el poder político”.

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Por su parte, el abogado Reinaldo Villalba explicó que “es una decisión apegada a derecho y que revindica la independencia judicial. Esta decisión representa un avance en lucha contra la impunidad y que abre las esperanzas de que en Colombia si puede haber justicia es un mensaje muy positivo para la sociedad”.

“Lo que queda es que la Fiscalía presente el escrito de acusación y que tendrá que hacerlo con todo el acervo probatorio sin limitación alguna”, indicó Villalba. Igualmente, recalcó que “si la Fiscalía no presentó el recurso de apelación, difícilmente lo podría haber hecho frente a la solidez de la decisión de la señora jueza”.

Mientras tanto, Miguel del Río, abogado de las víctimas, ha señalado que “lo que ocurrió ayer es un acto bochornoso de la Fiscalía General de la Nación, porque la juez desnudo las falencias, de lo que en un principio hemos advertido con contundencia, que la Fiscalía General de Nación no tenía un proceso para solicitas una preclusión. Estaba construyendo un proceso evidentemente como si fuera el defensor de Álvaro Uribe Vélez”.

“Jamás hubo una actitud justa y equilibrada. Se demostró de una manera evidente la ausencia de carga argumentativa, extensamente establecida por la juez 28 sobre los elementos de construcción”, sostuvo.

Otra de las que se pronunció fue Deyanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, dijo que “no soy abogada, soy médico, pero el trabajo que hizo la juez 28, fue un trabajo arduo, concienzudo. Habló como colombiana de la persecución tan grande que existe de la Fiscalía. Yo la siento a pesar de que estoy en exterior, las siento hacía mi familia, a mis hijos menores de edad, es imposible que en Colombia un niño de 7 años sea investigado”.

Cabe señalar que, el presidente del Colegio de abogados penalistas, Francisco Bernate, puntualizó que ahora la Fiscalía deberá definir otro fiscal que no tenga ese nivel de compromiso tan jurídico como una investigación y “que este nuevo fiscal tome las decisiones más pausadas, esto es formular una acusación con toda la investigación evacuada o por lo contrario, solicitar una preclusión, que es perfectamente valido”.

La jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá ha rebatido las conclusiones del ente investigador en al menos dos episodios del caso y le regañó por no citar a algunos testigos clave.

Hoy se decidirá si el proceso contra el expresidente por presunta manipulación de testigos se archiva o si debe ir a juicio.

La jueza 29 Penal de Bogotá, Carmen Ortiz, que está al frente del caso, dará a conocer si accede a la petición de la Fiscalía de archivar la investigación.

O, si, por el contrario, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático debe ir a juicio por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Aquí le contamos, qué sucede en la audiencia:

Según la jueza Ortiz, la Fiscalía tampoco demostró que no se hubiera dado el delito de soborno en el segundo hecho por el que es investigado Uribe: las gestiones de su defensa y de personas allegadas a él para llegar a Juan Carlos «El Tuso» Sierra.

Al parecer, dos personas buscaron que «El Tuso» declarara en contra del senador Iván Cepeda.

En concreto, se trata del diputado de Antioquia por el Centro Democrático, Roque Arismendi, y el odontólogo Juan Manuel Aguilar, hermano de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, antiguo jefe de la Oficina de Envigado.

Tras analizar los testimonios de estos dos personajes, el del Tuso, así como lo dicho por Uribe y su exabogado Diego Cadena, la jueza Ortiz concluye que hay un sinnúmero de incongruencias.

Por ejemplo, por qué llegaron dos cartas de Sierra a la Corte Suprema con información distinta; por qué Uribe y Cadena no se pusieron de acuerdo en su versión sobre cómo se llegó al Tuso, entre otros detalles.

“Los interrogantes que surgen a partir de las incongruencias (de los testimonios)”, deben abordarse en una investigación más profunda, explica la decisión de la jueza. 

El Tuso es un “narcotraficante puro”, no un paramilitar.

Según sentencias de Justicia y Paz, declaraciones de exparamilitares y otras pruebas, Sierra habría intentado recibir beneficios judiciales, colándose como un miembro de las Autodefensas.

Y, según la jueza “sería ingenuo por parte de cualquier operador judicial”, creerle al Tuso.

La jueza niega la preclusión por uno de los hechos por los que es investigado Uribe:

las cartas que llegaron a la Corte Suprema señalando supuestos ofrecimientos ilegales de Iván Cepeda, firmadas por los paramilitares alias Sinaí, Cadavid y Poli, recluidos en la cárcel de Cómbita. 

La funcionaria se despacha contra el abogado Diego Cadena, quien en sus declaraciones en la Corte Suprema omitió detalles claves de este episodio.

Supuestamente, porque los olvidó. Pero para la jueza, “no resulta creíble” que el abogado hubiera olvidado algo tan importante.

En concreto, la jueza se refiere a una reunión en la que participaron Cadena, la abogada de extraditables Ángela López (quien los puso en contacto con los exparamilitares), el director de la cárcel de Cómbita y el asesor de la UTL de Uribe, Fabián Rojas.

“Para este despacho no resulta creíble que el haber omitido decirle a la Corte acerca de la reunión con el director de la cárcel de Cómbita, la abogada Ángela López y Fabián Rojas, sea producto de la excusa que el mismo Cadena alegó posteriormente (que lo olvidó) porque difícil sería olvidar reunirse con el director de la cárcel que luego le ayudó a entrevistar a los testigos y con la abogada que le ayudó a tomar los testimonios”.

Entre otras cosas, la jueza cuestiona que la Fiscalía no haya citado a declarar al exdirector de la cárcel de Cómbita, coronel Germán Ricaurte Tapia. Así las cosas, la jueza considera que la Fiscalía no logró demostrar que estos presuntos ofrecimientos a los exuparamilitares no hubieran ocurrido tal y como lo encontró la Corte Suprema.

La Fiscalía había pedido que el proceso se archivara por tres razones: porque las conductas descritas en el caso no serían delito (atipicidad), porque donde hay delitos no habría participado Uribe y porque no habría elementos que permitan demostrar el rol del expresidente en hechos delictivos.

La jueza se está refiriendo a los seis hechos por los que es investigado Uribe y a la posible atipicidad de los delitos de soborno y fraude procesal en cada uno.

La jueza anuncia el segundo golpe a la defensa de Álvaro Uribe: las pruebas que practicó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema sí serán tenidas en cuenta, en su integridad.

Además del cambio de sistema penal cuando Uribe renunció al Senado, los abogados del expresidente han peleado por años por una prueba central.

Se trata de algunas de las interceptaciones telefónicas que la Corte le hizo al expresidente por error y que luego integró al expediente en su contra.

Primero, la jueza considera que ya en escenarios anteriores quedó saldado que las pruebas que tuvo en cuenta la Corte para ordenar la detención de Uribe son legales y que solo en audiencias posteriores su defensa podría pelear que sean o no tenidas en cuenta.

Y, sobre las interceptaciones en las que se escucha a Uribe hablar con Diego Cadena y otras figuras claves del proceso, aclara: “no procederá este despacho a pronunciarse sobre los vicios alegados (…), tampoco es el escenario para ello”.

La jueza toma nuevamente la palabra para comenzar con el corazón de la decisión: las consideraciones.

Comienza citando, una y otra vez, apartes de la indagatoria que rindiera el expresidente Álvaro Uribe en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, pues, según ratificó la Corte Constitucional, esa diligencia equivale a una imputación de cargos.

Es decir, ahí le dejaron claros al expresidente las razones por las que sería investigado formalmente.

¿Es la indagatoria equivalente a la imputación de cargos?, se pregunta la jueza, haciendo referencia a que la defensa de Uribe y la Procuraduría no tenían esa respuesta del todo clara.

Para contestar, la jueza Ortiz recuerda las actuaciones preliminares que realizó la Corte Suprema de Justicia.

“Se advierte sin mucha dificultad que la indagatoria sí puede ser equivalente con la imputación”, resume la jueza Carmen Ortiz.

Con esta aclaración de la jueza, se da el primer revés para la defensa de Uribe.

El expresidente y sus abogados habían manifestado, una y otra vez, que no tenían claros los hechos por los que era investigado.

La funcionaria, sin embargo, aseguró que el auto con el que la Sala de Instrucción ordenó la detención del expresidente en su casa, “se estimará como el documento válido” en el que están contenidos los hechos del expediente.

El oficial mayor del despacho hace un recuento de las intervenciones de las demás partes del proceso: las presuntas víctimas, la Procuraduría y la defensa de Álvaro Uribe.

Primero, comienza con los argumentos de Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, una de las supuestas víctimas del caso, quien ha sostenido que Uribe debería ir a juicio y ha criticado la labor de investigación de la Fiscalía.

En su momento, Villalba aseguró que, cuando pidió la preclusión, el fiscal Gabriel Jaimes echó mano de pruebas que llegaron después de que el radicara la solicitud de la audiencia.

Es decir, que Jaimes habría utilizado como argumento en las audiencias evidencias que solo conoció después de haber concluido que el proceso debía archivarse.

Asimismo, el abogado del senador Cepeda dijo que los testigos favorables a Uribe en este caso son “sospechosos”, dada su cercanía política o ideológica con el expresidente.

El oficial del juzgado también recordó los argumentos del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes pidieron negar la petición de preclusión.

En una orilla distinta estuvo la Procuraduría, cuyo representante, Jorge Enrique Sanjuán, estuvo de acuerdo con la solicitud de archivo.

Es más, consideró que eran 19 los hechos sobre los que se estaba investigando al expresidente, no seis, y dijo que la Fiscalía debió pedir preclusión por otras conductas por las que la Corte Suprema lo investigó.

Finalmente, el funcionario judicial se refirió a los argumentos de la defensa de Uribe, que son principalmente dos: que el expresidente no es determinador de las conductas por las que es investigado y que no hay dolo.

La jueza Ortiz continúa describiendo los argumentos de la Fiscalía para pedir que el caso se precluya.

En su momento, el fiscal Jaimes se concentró en seis puntos: primero, los acercamientos del abogado Diego Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara, que efectuaran su compañero de celda, Enrique Pardo; así como Victoria Jaramillo y Ricardo Williamson.

En segundo lugar, los acercamientos que, al parecer, hicieron alias Caliche y el excongresista Álvaro Hernán Prada para que Monsalve se retractara.

En tercer lugar, las gestiones que supuestamente hicieron personas cercanas a Uribe, como el exsenador Fabio Valencia Cossio y empresarios cercanos a él para asegurarse de que el narcotraficante Juan Carlos «El Tuso» Sierra declarara en contra del senador Iván Cepeda en la Corte Suprema.

En cuarto lugar, las visitas y contactos del abogado Diego Cadena a la exfiscal Hilda Niño para que, asimismo, declarara en favor de Uribe.

Se trata de una exfuncionaria condenada por corrupción que ha dicho que el caso contra Uribe sería un complot.

El quinto hecho por el que es investigado Uribe tiene que ver con tres cartas, firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita, en las que señalaban supuestos ofrecimientos ilegales que les hiciera el senador Iván Cepeda.

Las cartas llegaron a la Corte Suprema, pero allí se determinó que habrían sido escritas de puño y letra del abogado Cadena.

Finalmente, Álvaro Uribe es investigado por las entregas de dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez por parte de Cadena para que, al parecer, hablara en favor de Uribe.

El abogado ha dicho que fueron apoyos humanitarios, no sobornos.

Al finalizar este recuento, la togada hace una aclaración fundamental: en su decisión no va a expresar nada que tenga que ver sobre la materialidad de los delitos ni la posible autoría del Uribe.

Es decir, no va a decir si el expresidente es culpable o no, sino que solo se va a concentrar en resolver las solicitud del ente investigador: si, por falta de pruebas, el caso debe cerrarse.

Hacia las 9:40 am la jueza le dio la palabra al oficial mayor de su despacho para que resumiera las intervenciones de las víctimas.

La jueza Carmen Helena Ortiz arranca la audiencia pasadas las 8 de la mañana con una advertencia: “Será una extensa jornada”.

Por eso, les explica a las partes que le pedirá a su oficial mayor que le ayude a leer su decisión.

Acto seguido, lo primero que aborda la jueza son los hechos del caso.

Recuerda que la génesis del proceso ocurrió en la Corte Suprema de Justicia en 2018.

A continuación, reseña todas las actuaciones que hizo el alto tribunal que le permitieron llamar a indagatoria al expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal.

A renglón seguido, recapitula los hechos que ocurrieron cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y la Corte Suprema perdió la posibilidad de investigarlo.

También recuerda el episodio que se generó tras esa renuncia, pues no era claro si Uribe ya había sido imputado o no (pregunta que resolvió la Corte Constitucional en noviembre del año pasado, aclarando que sí lo estaba).

A continuación, la jueza Ortiz se detiene en las actuaciones que realizó la Fiscalía, cuando el expediente le cayó en sus manos.

Explica que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, pidió la preclusión del caso porque, según su investigación, no había pruebas ni tampoco indicios de ilegalidades en la actuación del expresidente Uribe.

La jueza Ortiz describe con detalle los seis puntos que había resumido la Fiscalía en su petición de archivo para explicar por qué, en su opinión, el caso debía cerrarse.

Dentro de unas horas se sabrá cuál es la suerte jurídica de Uribe. La jueza hoy tiene que decidir si se sigue juzgando al expresidente Álvaro Uribe Vélez o se cierra este caso que tiene en vilo a millones de colombianos.