Víctor Hugo Quero llevaba consigo bombones y hallacas para celebrar el Año Nuevo con su madre cuando fue detenido el 1 de enero de 2025 en Plaza Venezuela, en el centro de Caracas. Casi 10 meses después, un comunicado del Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció que Quero Navas estaba muerto desde el 25 de julio del año pasado.

¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Cómo es que hace unos días, un tribunal de control de Caracas negó el beneficio de amnistía a un muerto? Son irregularidades del caso que aún no tienen respuesta y aquí las presentamos.

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Testigos citados por portales informativos, se lo llevaron funcionarios encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, que aparece en expedientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU y de la Corte Penal Internacional como uno de los principales instrumentos de la represión en Venezuela.

Quero, de 51 años, que vendía pantalones en el mercado popular de La Hoyada en Caracas y también era prestamista, fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración.

Se le señalaba de haberse confabulado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, para dar al traste con el Gobierno de Nicolás Maduro, entonces en el poder.

Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal, una organización que defiende a personas detenidas por motivos políticos, asegura que en el caso de Quero pudo haberse producido una “vinculación técnica” por el hecho de que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023.

Otras versiones citadas por medios locales indican que una diferencia con un funcionario policial pudo haber determinado la suerte de Quero.

Durante 16 meses, su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscó incesantemente en penales de toda el área metropolitana de Caracas.

 En el Rodeo I, a las afueras de la capital, estuvo al menos seis veces, porque tanto el tribunal de la causa como la Defensoría del Pueblo le informaron que ese era el sitio de reclusión de Víctor Hugo, pero funcionarios penitenciarios la expulsaron diciendo que no estaba ahí.

La mujer menuda de cabello gris cuidadosamente recogido se hizo habitual en las manifestaciones de familiares de los considerados presos políticos, pidiendo información sobre el paradero de su hijo.

Este 7 de mayo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, al que reportan esos mismos funcionarios que la despacharon, finalmente emitió un comunicado informando que Quero había muerto en el Hospital Militar de Caracas, víctima de una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar” el 24 de julio de 2025, y reconociendo que había sido trasladada allí desde el penal del Rodeo I.

Varios de los presos políticos que habían sido liberados luego de la extracción de Maduro por fuerzas élite de Estados Unidos le habían dicho a la madre que coincidieron con Víctor Hugo en el Rodeo I.

Algunos le contaban que lo habían visto debilitado y creían que estaba enfermo. Otros le señalaban que al menos desde octubre de 2025 no habían tenido más noticias de él. Uno de ellos, el dirigente de Voluntad Popular Carlos Azuaje, denunció que Víctor Hugo había sido torturado en la cárcel y había sobrevivido con una dieta que agravaba problemas gástricos preexistentes.

Esta versión fue indirectamente validada por el comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que detalló que Quero fue hospitalizado por una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

El resto del boletín fue calificado por el activista de Derechos Humanos Alfredo Romero como “una evidencia clara de la desaparición forzosa, la muerte en custodia, la responsabilidad del Estado y (la comisión de) crímenes de lesa humanidad”.

En el documento se señala que la muerte de Quero no fue comunicada oportunamente porque “el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Su madre lo había hecho incontables veces, solo para recibir negativas por parte de los custodios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor y Romero solicitó un ‘habeas corpus’ que el tribunal se negó a recibir.

“Decir que no aportó vínculo filiatorio es una bofetada a la madre, que me consta que lleva más de un año buscando a su hijo”, afirmó Romero. “Estas personas que estaban en el Rodeo I estaban desaparecidas forzosamente, no tuvieron contacto con el exterior por mucho tiempo, y es el Estado el responsable de contactar a los familiares para no desaparecerlos”.

“¿Cómo podía esta persona comunicarse con su familia si ni siquiera le permitieron tener un abogado, como sabemos que ya es regular en este país?”, se preguntó el activista en un video publicado en sus redes sociales.

“El problema no fue la ausencia de familiares, sino el ocultamiento de información, el encubrimiento institucional, la destrucción de evidencias y la obstrucción de la justicia por parte del Estado”, agregó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

En medio de las gestiones de acompañamiento a la madre de Quero durante su búsqueda, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió que el comerciante fuera amparado por la Ley de Amnistía promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez a principios de año.

Increíblemente, el 5 de mayo el tribunal de la causa le negó el beneficio, por considerar que los delitos que se le imputaban no habían sido cometidos dentro de los periodos específicos previstos en la Ley de Amnistía. Para entonces, Quero llevaba más de nueve meses muerto. Aun así, la causa permaneció abierta.

Las inconsistencias no terminan ahí. El comunicado señala el 3 de enero como fecha de detención, pero testigos y activistas señalan que Quero fue arrestado sin orden judicial el 1 de enero. También apunta que el hombre murió el 24 de julio, pero la tumba improvisada a la que fue trasladada la madre de Quero tenía el 27 de julio como fecha de su fallecimiento.

Joel García, abogado defensor de varias personas procesadas por motivos políticos, publicó en X una comunicación oficial de una representante de la Defensoría del Pueblo, fechada el 24 de octubre de 2025, que le indicaba a la madre que Quero había sido trasladado de la sede de la DGCIM al Rodeo I el día anterior. Para entonces, el hombre llevaba tres meses muerto.

La organización de defensa de los derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) demandó la apertura de una investigación “independiente, exhaustiva e imparcial” para determinar si las circunstancias del fallecimiento de Quero se ajustan a los estándares previstos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).

“Se exige que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean practicadas por especialistas independientes, con pleno resguardo de la cadena de custodia y acceso de la representación legal y familiares a toda la documentación pertinente”, señaló la JEP en X.

El activista Marino Alvarado de Provea afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro de Servicios Penitenciarios Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek Williams Saab y al anterior defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y dirigente opositora María Corina Machado denunció que a Quero “lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron” y agregó que “esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”.

Edmundo González Urrutia, candidato que la oposición venezolana asegura que se impuso en las elecciones de 2024, basada en más del 80% de las actas recopiladas, afirmó que “lo que aquí pasó, se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que señaló que “este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país” para poder avanzar hacia una “garantía efectiva de los Derechos Humanos”.

El Ministerio Público, por su parte, anunció que ha ordenado “realizar con prontitud la exhumación del cadáver” como parte de “todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos”.

La madre de Quero, que hasta esta semana se preguntaba “¿por qué no lo dejan ver? ¿Cuál es el crimen que él ha cometido?”, pidió el análisis de los restos, para determinar si corresponden en realidad a su hijo.

De acuerdo con el Foro Penal, 454 personas se encuentran todavía detenidas por razones políticas, muchas de ellas sometidas a desaparición forzada, a pesar de la aprobación de una Ley de Amnistía que la presidenta Rodríguez declaró extinta el pasado 24 de abril, luego de apenas 65 días de vigencia, y sin que su texto previera una fecha de expiración.

La organización agrega que en los últimos 11 años, 17 “presos políticos” han muerto en custodia del Estado, con casos tan emblemáticos como el del concejal Fernando Albán o el exgobernador Alfredo Díaz.

 El abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Moisés Gutiérrez, informó que el tribunal segundo de control desestimó la solicitud de amnistía a favor de Víctor Quero Nava, quien se encuentra desaparecido desde hace más de un año y medio.

En compañía de la señora Carmen Nava, madre de Quero Nava,  quien ha mantenido una búsqueda incansable desde el momento de la desaparición.

 Gutiérrez indicó que la negativa de este recurso legal representa un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y en el esclarecimiento del paradero de Quero Nava.

“El tribunal segundo de control alegó que los supuestos por los cuales se encuentra procesado Víctor Quero no entran en la amnistía”, dijo el abogado..

Gutiérrez enfatizó que, pese a esta decisión judicial, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia continuará brindando el acompañamiento jurídico a la señora Carmen y exigiendo respuestas sobre el paradero de Víctor Quero, quien está en desaparición forzada.

 Quero Navas, de 51 años, fue arrestado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas sin que, según denuncias, mediara orden judicial. Desde entonces, sus familiares aseguran no haber recibido información oficial sobre su ubicación ni sobre su estado de salud.

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 Carmen Teresa Navas, ha encabezado múltiples gestiones ante organismos del Estado para exigir una “fe de vida” de su hijo. 

Sin embargo, ninguna institución ha confirmado su paradero, pese a versiones contradictorias que lo ubican en centros de reclusión donde posteriormente se ha negado su presencia.

LA ONG Foro Penal pudo recoger testimonios que dicen que Quero habría sido visto por última vez en agosto de 2025, cuando presuntamente fue trasladado a un centro de salud tras presentar complicaciones de salud.

Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Quero Navas y su madre, al considerar que existe un riesgo grave para su vida e integridad personal debido a la falta de información oficial.

Durante el fin de semana, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, se comprometió a hacer lo posible para encontrar información verificable sobre Víctor Hugo Quero.

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  La decisión de negar la amnistía al expreso político Héctor Alejandro Zerpa González, por parte del Tribunal 1 de Juicio de Terrorismo, deja en evidencia cómo los procesos judiciales pueden quedar atrapados en dinámicas políticas. 

Mientras se mantiene en el exilio, la atención se dirige ahora a la Asamblea Nacional de Venezuela, cuya comisión especial aparece como la única vía institucional para intentar cambiar el curso del caso.

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La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) propuso  reformar la  Ley de Amnistía para  corregir fallas en su aplicación e incorporar la participación de comités de víctimas, organizaciones sociales y organismos internacionales.

La organización planteó que cualquier modificación a la norma debe orientarse a garantizar estándares de justicia, reparación y no repetición. En ese marco, insistió además en la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.

El pronunciamiento surge luego de las declaraciones emitidas el jueves por Delcy Rodríguez, quien afirmó que la Ley de Amnistía “llega a su fin”, una expresión que generó críticas y dudas entre organizaciones de derechos humanos.

Rodríguez no ofreció detalles sobre el alcance de esa afirmación. Sin embargo, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la norma, sostuvo posteriormente que la ley no pierde vigencia y que las solicitudes seguirán siendo evaluadas.

Para el Clipp, estas posiciones reflejan contradicciones dentro del discurso oficial, por lo que consideró que existe un “uso inconsistente” del tema y denunció lo que califica como una falta de coherencia institucional en torno a la aplicación de la ley.

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COMUNICADO | La cárcel injusta es la que debe perder vigencia y llegar a su fin en VenezuelaMientras se emiten comentarios contradictorios sobre la amnistía, la injusticia continúa. Siguen cientos de presos políticos, familias esperando y una verdad que no quieren reconocer.… pic.twitter.com/e7E2FMhddH

En su comunicado difundido en redes sociales, la organización también cuestionó la forma en que ha sido aplicada la amnistía, al señalar que ha tenido un alcance limitado y excluyente. Aunque reconoció que ha permitido la liberación de algunas personas, aseguró que aún permanecen encarcelados cientos de presos políticos, varios de ellos en condiciones de salud críticas.

El Clipp afirmó que su propuesta se enmarca en los llamados al diálogo impulsados por el Ejecutivo y advirtió que no puede hablarse de paz sin la liberación plena de los detenidos por razones políticas y sin garantías de respeto a los derechos humanos.

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia recordó que la Ley de Amnistía no puede ser derogada de forma unilateral ni mediante declaraciones políticas, sino a través de una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional o o una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

De acuerdo con cifras citadas por autoridades parlamentarias, más de 8 600 personas han sido beneficiadas hasta ahora por la norma, aunque organizaciones independientes aseguran que aún permanecen decenas de casos sin resolver.

Con información de EFE.

El director vicepresidente de la OBG, Foro Penal, Gonzalo Himibios, criticó el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acerca del “fin de la Ley de Amnistía”.

En su cuenta en X, el abogado y activista por los DD. HH. explicó las razones por las cuales una ley no puede ser desaparecida de un plumazo, por un anuncio presidencial.

Primero, porque “la Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador (Art. 202 de la Constitución). Solo un acto de la misma naturaleza, emanado de la AN, o un referendo abrogatorio (en el que el pueblo decide) puede privarla de su vigencia”, explicó Himiob.

 Agrega que "la vigencia de la Ley de Amnistía no estaba limitada, en lo que respecta a su aplicación, en el tiempo. Se estableció desde cuándo comenzaba su vigencia (desde su publicación en Gaceta Oficial) pero no se le impuso fecha de caducidad”.

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El art. 218 de la Constitución dice claramente que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes y sólo se abrogan por referendo. El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República. Sigue…

Por otro lado, Himiob argumentó acerca de lo que dijo Rodríguez acerca de que la ley ya cumplió con su cometido. 

“Si la Ley de Amnistía de 2026 ha tenido un alcance limitado, eso ha sido, en primer lugar, porque ni la AN ni el Poder Ejecutivo le prestaron atención a las recomendaciones y críticas que, desde el inicio, se hicieron sobre el texto de la misma”, dijo.

 Y, en segundo lugar, porque “los órganos de la administración de justicia, que son parte del mismo sistema represivo que hizo necesaria una amnistía, nunca tuvieron en realidad la disposición ni la capacidad de aplicar la Ley de Amnistía respetando su sentido o los principios que en ella están contenidos”.

Finalmente, Himiob denunció que “la ‘voluntad política’  que ordenó que la amnistía ‘llegara a su fin' debería ocuparse mejor de que lo que ‘llegue a su fin’ es la prisión y la persecución política en Venezuela. Reitero que la amnistía es un medio, pero no es el único medio legal, para cerrar ese ciclo”.

Apenas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que la amnistía “llegó a su fn”, la respuesta de ONG defensoras de los DD. HH. no se hizo esperar.

Provea y Justicia, Enecuentro y Perdón, manifestaron que el anuncio viola el estado de derecho y hasta la propia Constitución.

En primer lugar, Proevea aclaró que “la derogatoria de una ley no es competencia del Ejecutivo Nacional”.

Agrega la ONG, en su cuenta en X, que “esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”.

Provea recordó que “pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes”.

En consecuencia, sostiene que “la Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país. Debe ser un primer paso en esa dirección, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”.

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Por su parte,  Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó  que con ese anuncio, los presos políticos quedan en un estado de vulnerabilidad.

“La finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”, explica.

Añade que, “pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”.

Asimismo, destaca que la “medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad”.

Para JEP, “este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”.

Finalmente, la ONG sostiene que “una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real. La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”.

#ATENCIÓN El reciente anuncio sobre la finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de Derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es…

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía «llega a su fin», dos meses después de que se aprobara la ley —que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el «fin» de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que «estaban excluidos expresamente» en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

A su juicio, la amnistía «ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados», pese a las que describió como «voces que buscan perturbar los procesos».

Expresó que la amnistía «surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa», en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

Asimismo, indicó que las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

Arreaza agregó entonces que seguían «recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país».

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Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, de acuerdo a sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.

La normativa advierte en su último artículo que «serán procesadas» las personas beneficiadas que incurran «en delitos cometidos con posterioridad» a la entrada en vigencia del texto.

Rodríguez instaló este jueves una comisión que se encargará de una «gran consulta» para reformar la justicia penal, con el objetivo, afirmó, de superar los «males que persisten» en este sistema, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

Con información de Efe

El presidente de la Comisión de Seguimiento se la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza informó que esta instancia ha recibido más de 14.300 solicitudes desde que se aprobó.

Arreaza dió a conocer un balance de la comisión en una jornada parlamentaria, donde los diputados de la Asamblea Nacional se comprometieron con hacer seguimiento a las leyes aprobadas.

Por otro lado, Arreaza, contextualizó el alcance de este instrumento jurídico a partir de un recorrido por los distintos procesos de amnistía y perdón político en Venezuela.

Detalló que estas medidas han estado presentes desde los inicios de la República, desde 1810, pasando por las de 1863, hasta llegar a la Ley de Amnistía de 2026, enfatizando que cada una respondió a momentos de conflicto y búsqueda de reconciliación nacional.

Arreaza señaló que el propósito fundamental de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es contribuir a la estabilidad política del país mediante la superación de ciclos de confrontación. 

“El objeto de esta ley es romper el ciclo de conspiraciones y perdones y que haya un impacto de estabilidad política en Venezuela que dure décadas. Ojalá y que podamos romper ese círculo no virtuoso, vicioso, y lograr la estabilidad de la República”, afirmó.

Al presentar el balance del proceso de seguimiento, el diputado informó que el volumen de solicitudes recibidas evidencia el alcance del trabajo emprendido. “Se han recibido hasta ayer martes 14368 solicitudes (11772 solicitudes válidas), números que dan para pensar”, apuntó.

 Subrayó que cada caso ha sido estudiado conforme a los procedimientos establecidos por la Comisión.

Igualmente, detalló que 8.406 solicitudes ya cuentan con dictamen, lo que ha permitido avanzar en la revisión de causas que permanecían abiertas desde hace años. 

“Eran 8000 personas; la inmensa mayoría de ellas estaban en proceso desde 2004, 2006, 2010, 2014, 2017. ¿Cómo le damos eso? Con el debido proceso, que nos llama a estudiar el sistema de justicia, y esto justifica el llamado a la reforma del sistema de administración de justicia que hizo nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez”, explicó.

Arreaza precisó que de esas 8406 personas, 8092 estaban en libertad y solo 314 permanecían privadas de libertad, aclarando la naturaleza real del universo atendido. “No es que sacamos de la cárcel a 8000 personas; jamás ese número de detenidos por alguna motivación política ha existido durante la Revolución Bolivariana. La inmensa mayoría, el 96.1 %, estaban en proceso y se presentaban periódicamente ante los tribunales, y 314 personas detenidas por razones políticas que se corresponden con la ley”, puntualizó.

Añadió que el desafío ahora es avanzar hacia la reconciliación nacional: “Nos toca garantizar la unión nacional para reencontrarnos y entendernos”.

La amnistía promovida por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, entró en un periodo de ralentización con menos anuncios de liberaciones y, más de un mes después de haber sido promulgada, su aplicación sigue marcada por la interrogante de qué sigue en el camino hacia la reconciliación de este país que ha vivido años de crisis política.

La norma, promulgada el 19 de febrero y anunciada al calor de los contactos con EE.UU. tras la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro, ha sido defendida por Rodríguez como una posibilidad para que Venezuela se reencuentre y «aprenda a convivir democrática y pacíficamente», mientras expertos y ONG critican la falta de listas de detenidos para verificar el proceso, los delitos cobijados y que abarque 13 episodios específicos, pese a que, en principio, engloba los 27 años del chavismo (1999-2026).

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Consultado por EFE, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que la aplicación de la ley continúa, pero «desde hace aproximadamente dos semanas se ha visto que ha bajado significativamente el número de personas liberadas con la amnistía».

En ese sentido, advirtió que «si no se termina de liberar a los más de 500 presos políticos que aún quedan, parecería evidente que el Gobierno interino no tendría verdadera voluntad política de hacer cesar la prisión y la persecución política».

«Ya el hecho de que no se haya comenzado a desmantelar el aparato represivo -los policías, fiscales y jueces siguen siendo los mismos, apuntó-, sería una evidencia de que con la amnistía, pese a que ha tenido aspectos positivos, se buscaba más un efecto simbólico y mediático que un cambio real», afirmó Himiob, cuya ONG se dedica a la defensa de los presos políticos.

Hasta el pasado 26 de marzo, 8.146 personas habían recibido libertad plena como parte de la Ley de Amnistía, informó entonces el diputado chavista y presidente de la comisión que hace seguimiento a la norma, Jorge Arreaza.

De ese total, 310 estaban encarcelados y otros 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.

 Hasta esa fecha, indicó que esa comisión había recibido 11.559 solicitudes válidas.

Por su parte, Foro Penal contabiliza desde el 8 de enero hasta este 2 de abril un total de 743 excarcelados y liberados, de los cuales 187 son por amnistía, dijo Himiob.

Para el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, la Ley de Amnistía nació con un «pecado original» o un «error de concepción», ya que, según explicó a EFE, «quien está en el poder cree que está concediendo un perdón».

«Y la amnistía -argumentó- no es perdón. La amnistía es un proceso histórico, político, para avanzar hacia un proceso de reconciliación y de paz».

En ese sentido, denunció que el proceso ha estado «enlodado en burocracia, en actitudes y respuestas discrecionales (de) a unos sí, a otros no».

También sostuvo que la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, propuesta por Provea, se acogió, pero no con el planteamiento original de vincular en la verificación a instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Cruz Roja, la Iglesia, comités de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y diputados nacionales.

«Entonces, hoy día esta comisión lanza una cifra, 6.000, 5.000 solicitudes, dimos tanto (beneficios). Yo no puedo decir que es mentira, pero tampoco la puedo verificar, porque no hay posibilidad de contrastar ni de verificar esa cifra», sentenció.

En ese contexto, describe la norma como «una parada» inicial «de un largo camino de recomposición institucional», en la que destaca, por ejemplo, que la consulta para la aprobación de la amnistía «generó diálogo», aunque posteriormente -aseveró- «se volvió a esta retórica inicial de ‘yo soy quien está en el poder y yo soy el que concedo la libertad y la concedo a mi manera'».

Frente a las exclusiones, en su mayoría de militares y de personas acusadas de corrupción, homicidio o señaladas de instigar, solicitar, invocar acciones armadas o de fuerza contra el país por parte de extranjeros, Himiob aclaró que si bien la amnistía «era un paso importante», no es el único.

«Nos queda ahora trabajar no solo en que se siga aplicando la amnistía, sino en la búsqueda de otros mecanismos que permitan que se logre la libertad y, más allá, que se desmantele el aparato represivo para que lo que hemos venido padeciendo todos estos años ya no tenga cabida en Venezuela», concluyó Himiob. 

Con información de EFE

Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, señaló este sábado más de 100 personas que están fuera del país han pedido el sobreseimiento de su caso.

En entrevista con Telesur  destacó que hay casos de personas que estuvieron en la oposición más extrema del país que han reconocido sus errores y han expresada su “voluntad de hacer política por la vía constitucional y también han criticado con mucha fuerza al Gobierno y a nuestra propuesta de país, pero que quieren venir y hacer política en paz”, expresó.

Dijo que esperan que los jueces analicen cada caso y den respuesta, e hizo votos para que la mayoría encuadren en los casos establecidos en la ley y puedan regresar a Venezuela. “Se le respetarán todos sus derechos, no podrán ser detenidos y se le dará su beneficio”, subrayó.

En cuanto a la aplicación de la Ley, Arreaza precisó que hasta la fecha se han recibido solicitudes de 11.401 personas, y se han otorgado 8.073 libertades plenas, incluyendo 260 que estaban tras las rejas.

Recordó que Venezuela ha estado sometida a un proceso de polarización política desde hace muchos años. “Una especie de manifestación o de lucha de clases a través de la política”.

Dijo que en la actualidad el objetivo de la Ley de Amnistía es lograr acuerdos por la vía constitucional para dirigir las diferencias, así como para “lograr romper este ciclo de violencia política y perdones posteriores”. 

Enfatizó que la norma da la oportunidad de estrechar las manos, “incluso de abrazarnos aún en las diferencias y de poder transitar los nuevos momentos políticos, tal como lo ha calificado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez”.

Con la mencionada ley se “extingue el delito penal, se borra de los registros policiales de los antecedentes penales, hayas hecho lo que hayas hecho, salvo las exclusiones de delitos muy graves que la ley contempla, podemos seguir y darnos una nueva oportunidad de hacer política de manera civilizada”, expresó.

Finalmente, Jorge Arreaza afirmó que, en esta nueva etapa, el Estado corregirá lo que deba corregir, al igual que los factores políticos de la oposición y “entender que tenemos que unirnos. La unidad de la Revolución Bolivariana para nosotros es un principio de esencia” 

Con información de Telesur 

Organismos no gubernamentales en Venezuela criticaron el sábado los logros de la ley de amnistía que impulsó la presidenta Delcy Rodríguez y pidieron un sistema judicial autónomo para su aplicación.

Desde la entrada en vigencia de la ley el 19 de febrero, un comité de seguimiento integrado por diputados del oficialismo y la oposición reportó haber recibido 11.396 solicitudes de amnistía.

Según las cifras oficiales, 8.068 personas han obtenido libertad plena, de las cuales 260 se encontraban en prisión y 7.808 en libertad condicional.

Pero la ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó la amnistía como un "espejismo jurídico". En un informe reciente, señaló que la ley no funciona como un mecanismo de transición real hacia la justicia y reparación, sino como un "instrumento discrecional" para buscar legitimidad internacional.

Explicó que, en el marco de la ley, más de 300 personas deberían ser liberadas inmediatamente tras haber excedido el límite legal de dos años de detención preventiva sin sentencia o por razones humanitarias.

Y pidió crear un comité independiente que verifique los resultados de la amnistía y la situación en los centros de reclusión.

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La ONG Foro Penal registra 690 presos políticos que han sido liberados desde el anuncio de las excarcelaciones el 8 de enero, pero aún permanecen más de 500 en las cárceles. Familiares de los detenidos denuncian que el proceso ha sido selectivo y presenta graves retrasos.

La principal crítica de los activistas radica en la falta de autonomía judicial.

Delcy Rodríguez, que asumió el poder luego de la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el 3 de enero, prometió ese mismo mes una reforma judicial, de la cual aún no se conocen avances concretos.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, advirtió que "el sistema represivo" no ha sido desmantelado, por lo que cualquier esfuerzo legal será insuficiente.

"La justicia sigue en manos de los mismos jueces y fiscales que originalmente violaron los derechos de los detenidos", afirmó.

Con información de AFP

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó una lista de presos políticos al Parlamento para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, informó este sábado el exdiputado, Américo De Grazia.

En declaraciones a la prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia indicó que el viernes se reunieron con parte de la comisión que vigila el cumplimiento de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, en la que también pidieron que se publique la lista completa de todos los que han recibido la libertad plena.

 «El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (…), bueno queremos saber quiénes son», señaló el exdiputado.

Igualmente, dijo que el objetivo es cruzar la data que pudieron recolectar con otras organizaciones como Provea y el Foro Penal para que no quede ninguna persona excluida.

De Grazia señaló que en la reunión se expusieron los casos de Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, que sus familiares y distintas ONG denuncian que están en desaparición forzada.

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Por su parte, el politólogo y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, indicó que se le entregó una comunicación a la comisión parlamentaria en la que también se les exige la devolución de los bienes incautados a los presos políticos que ya fueron liberados.

«Un elemento gravísimo que ha sido el hecho de que a cada uno de los que se ha detenido, se le ha considerado sus propiedades como botín de guerra y necesitamos que haya clarificación sobre esto», añadió.

En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

 Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.

En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares —como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales—, y los restantes 260 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este viernes las autoridades han recibido un total de 11.396 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, publicado el 14 de marzo, al menos 690 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero de 2026, en el marco del proceso asociado a la ley de amnistía y otras medidas.

No obstante, la organización no desglosa cuántas de estas liberaciones corresponden específicamente al período posterior a la aprobación de dicha ley. 

Declaración desde la UCV de la Red de Expresos PolíticosExhortaciones y exigencias a la Comisión de Seguimiento de la AN a la Amnistía:1. Reunión con la comisión en pleno 2. Liberación de todos los presos políticos 3. Devolución de bienes incautados 4. Liberaciones por… pic.twitter.com/Myqo1ekYwf

Con información de EFE

  La justicia ha otorgado la libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.

 En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares —como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales—, y los restantes 260 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este viernes las autoridades han recibido un total de 11.396 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y periodos establecidos en la legislación.

«Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional», afirmó el parlamentario.

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A la fecha de hoy, 20 de marzo de 2026, estas son las libertades otorgadas gracias a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional. pic.twitter.com/txCbZdIzIT

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien reiteró esa petición el lunes.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Diversas organizaciones han criticado la norma, que consideran «excluyente», y este viernes las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela aseguraron su aplicación funciona como un «espejismo» de estabilización en el país.

 «Busca generar una sensación de ‘borrón y cuenta nueva’ para estabilizar una crisis que no se resuelve con excarcelaciones mediáticas, sino con el desmantelamiento total de las estructuras de persecución», señalaron las organizaciones en su informe ‘El balance de la arbitrariedad (2014-2026)’.

Esta semana, familiares de presos políticos y activistas protestaron ante las sedes de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Tribunal Supremo de Justicia, todas en Caracas, para pedir la liberación de los presos políticos, la revisión de casos excluidos y mejores condiciones en los centros de detención.

En los últimos días, varias ONG han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo la de Henry Alviárez, coordinador nacional de Organización del partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, así como la de un grupo de dirigentes sindicales.

Con información de Efe

La ONG Foro Penal informó que fue negada la amnistía solicitada para los excomisarios de la Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar y Luis Enrique Molina, detenidos desde el 2003, por los hechos del 11 de abril del 2002, en Puente Llaguno.

“Declaran improcedente la solicitud de amnistía para los presos políticos Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, policías metropolitanos detenidos desde 19/04/2003 por los acontecimientos de Puente Llaguno”, publicó la organización e sus redes sociales, junto con la decisión emitida por la sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Aragua.

Erasmo Bolívar y Luis Molina ya tienen 23 años en prisión. 

Se trata de los presos políticos más antiguos de Venezuela, son  los únicos funcionarios de la PM  acusados por los hechos del 11 de abril de 2002 y siguen tras las rejas, pese a que ya cumplieron más de la mitad de su pena y tienen beneficios vencidos.

La negativa a otorgar la amnistía a los excomisarios se suma a medidas similares tomadas por otros tribunales en contra de periodistas, como Nakary Ramos, dirigentes políticos, como Perkins Rocha, y los seis dirigentes sindicales sentenciados a 16 de cárcel.

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🚔 RECHAZAN AMNISTÍA A POLICÍAS METROPOLITANOS DETENIDOS DESDE 2003El @ForoPenal informó que fue declarada "improcedente" la solicitud de amnistía para los policías metropolitanos Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, detenidos desde el 19 de abril de 2003 pic.twitter.com/5t3GlkHJfm

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informó que 7 mil 727 personas han recibido libertad plena, lo que representa el 80 % de  las solicitudes desde que se aprobó la norma.

«De ese universo, 7 mil 474 eran personas que estaban en libertad bajo régimen de presentación y se les otorgó su libertad plena y la extinción de la causa penal", dijo el paralmentario desde el Palacio Federal Legislativo.

"Es decir, quedan liberadas de cualquier responsabilidad por el delito en particular que fue sujeto de la Ley de Amnistía y 253 eran personas que estaban privadas de libertad y que obtuvieron su libertad plena", explicó.

Al ofrecer un balance de la labor de la comisión, dijo que  hay 1.460 solicitudes válidas que no aplican para la ley, donde estaba incluidos casos de delitos comunes.

"Del universo de solicitudes válidas, que son 9 mil 726, 80 % ha recibido libertad plena, 15 % no aplica y  otro 5 % son casos que están en estudio, que son 539 casos. Estas son noticias extraordinarias", expresó.

También anunció que 116 personas fueron excarceladas "no directamente por la Ley de Amnistía, sino por recomendaciones de la comisión a los órganos de justicia, que tomaron en cuenta factores como su salud o el derecho a un juicio en libertad"

Estas medidas buscan "garantizar el respeto a los derechos de los beneficiarios en situaciones especiales", dijo.

Aprovechó para reconocer el trabajo de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que a la fecha, esa instancia ha recibido 12.233 solicitudes.

En su cuenta en X, Arreaza indicó que el número  beneficiados por la Ley de Amnistía es:

Personas que estaban privadas de libertad: 247

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Personas que tenían medidas cautelares en libertad: 7.407

Total libertades plenas: 7.654 personas.

#06Mar | La Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía informa a la fecha:Solicitudes recibidas: 12.233Personas beneficiadas:- Que estaban privadas de libertad: 247- Que tenían medidas cautelares en libertad: 7.407Total Libertades plenas: 7.654 personas pic.twitter.com/YlYWh5QjTk

Hiowanka Ávila insiste en que la libertad de su hermano se concretará por voluntad política y no en un tribunal. Henryberth Rivas fue vinculado a un supuesto plan de magnicidio contra el depuesto presidente de Venezuela, un caso excluido de la amnistía recién promulgada.

Unos 200 presos políticos salieron de prisión desde la aprobación de la amnistía el 19 de febrero, según el parlamentario redactor de la ley. Oenegés como Foro Penal dice no obstante que ha podido verificar solo 120 y sostiene que aún quedan poco más de 500 tras las rejas.

La histórica ley fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas salieron de prisión, informó la ONG Foro Penal.

Rodríguez gobierna bajo presión de Donald Trump, que se ha mostrado satisfecho con su trabajo hasta ahora.

La amnistía no es automática -debe ser tramitada ante un tribunal- y Foro Penal la calificó de excluyente. Aunque abarca los 27 años del chavismo, limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.

Excluye, por ejemplo, el asalto a un fuerte militar en 2017, la incursión marítima denominada Operación Gedeón en 2020 y el supuesto intento de magnicidio con drones en 2018 --el caso de Henryberth Rivas.

"Es un tema de voluntad política. El caso dron es totalmente político y se va a resolver de manera política, porque no hay otra", dijo a la AFP Ávila, que duerme en un campamento instalado afuera de la cárcel Rodeo I, donde está su hermano, desde hace dos meses, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones previo a la amnistía.

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"El número de presos y perseguidos que pueden quedar al margen de la aplicación de la ley de amnistía es imposible de determinar", dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

Las excepciones de la ley no toman en consideración las condiciones del proceso judicial, que expertos denuncian plagado de irregularidades.

Delcy Rodríguez pidió incluso una reforma profunda al sistema judicial, aunque expertos critican la falta de pasos más contundentes. La mandataria ha dicho que la amnistía es un paso hacia una "Venezuela más democrática, más justa, más libre".

La ley contempla el análisis de solicitudes de amnistía de casos particulares excluidos de la ley. La decisión recae en los mismos tribunales que lo juzgaron en primer lugar.

"No creemos que tenemos jueces", indicó Juan Luis González, abogado de un militar acusado del asalto en 2017. "Estas personas deciden por instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, no conforme a la ley del derecho".

La Asamblea Nacional creó una comisión para hacer seguimiento a las solicitudes. Su presidente, el diputado y exvicepresidente Jorge Arreaza, explicó a la AFP que los casos militares "son muy complicados".

"Lamentablemente, en muchos de los casos, hay situaciones que son difíciles de defender", indicó.

La comisión ha recibido hasta ahora más de 9.000 solicitudes de amnistía.

Andreína Baduel tiene a su hermano Josnars en prisión, vinculado al caso Gedeón.

Introdujo la solicitud de amnistía escéptica. Hay miedo de la influencia en el proceso del poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, ministro del Interior.

"El régimen no tiene real disposición de cambiar las cosas", indicó. La amnistía "depende de que haya transparencia, de que haya una real voluntad política de hacer las cosas distintas".

Su padre, el general Raúl Baduel, fue clave en el retorno al poder de Hugo Chávez (1999-2013) tras el golpe que sufrió en 2002, y fue su ministro de Defensa de 2006 a 2007. Pero, caído posteriormente en desgracia, murió en la cárcel en 2021.

La abogada Jackeline Sandoval clama la inocencia de su esposo Rolando Guevara y sus hermanos Juan y Otoniel, presos desde hace más de 20 años por el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004.

La corte de derechos humanos de la OEA pidió también su liberación.

Sandoval indicó que solicitará la amnistía solo ante la comisión parlamentaria. "Acudiré no directamente al tribunal porque sería nuevamente perder el tiempo, como lo he perdido durante 21 años a la hora de tomar acciones dentro del país", acotó.

Con información de AFP

El presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la  implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, informó este martes que, han recibido 9.419 solicitudes de personas que buscan ser amnistiadas.

En declaraciones a los medios, Arreaza detalló que hasta el momento se han otorgado 245 libertades a personas que se encontraban encarceladas y 5.826 libertades plenas a ciudadanos con medidas cautelares, como son el régimen de presentación o casa por cárcel.

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En total, señaló Arreaza, 6.071 personas han sido beneficiadas tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

«La Ley de Amnistía representa un gran aporte para la paz», subrayó el parlamentario.

Con información de ANTV

Según el último reporte de la Comisión Especial de Seguimiento de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática,  las peticiones ante esta instancia se elevaron a más de 9.000.

Con datos acumulados al 1 de marzo, las solicitudes recibidas para la aplicación de la ley ante el TSJ llegan a 9.060.

La comisión también anunció 871 nuevos beneficiados con libertad plena.

Han sido beneficiadas 5.628 personas: 245 que estaban privadas de libertad y 5.383 con medidas cautelares.

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📄 COMISIÓN DE AMNISTÍA HA RECIBIDO 9.060 SOLICITUDESLa Comisión Especial de Seguimiento informó que ha recibido 9.060 solicitudes. Explicó que han sido beneficiadas 5.628 personas: 245 que estaban privadas de libertad y 5.383 con medidas cautelares pic.twitter.com/u55YvWhMxQ

Desglose por tipo de representación o acción:•  Ministerio Público: 4.691 beneficiarios•  Defensa Pública: 3.745 beneficiarios•  Defensa Privada: 287 beneficiarios•  Apoderado: 0•  Otros (familiares o los propios privados): 75

Asimismo, la Comisión informa que, hasta el momento, los beneficiados por la amnistía son:

•  Privados de libertad: beneficiados con amnistía 245•  Beneficiados que estaban con medidas cautelares: 5.383•  Libertad plena otorgada por la Ley de Amnistía: 5.628

Del total de solicitudes, 45 casos serán excarcelados con medidas alternativas a la privación de libertad.

"Desde la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática se han otorgado un total de cuatro mil 757 libertades plenas", informó el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la norma, diputado Jorge Arreaza.

A través de sus redes sociales, Arreaza precisó que, hasta la fecha, han recibido 8.110 solicitudes para ser beneficiados por la ley.

De la cifra total de favorecidos, indicó que 223 ciudadanos que se encontraban privados de libertad han retornado a sus hogares.

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Asimismo, acotó que 4.534 personas que mantenían medidas cautelares bajo régimen de presentación han logrado el cese definitivo de sus causas judiciales, lo que les permite reintegrarse plenamente a la vida republicana y al ejercicio de sus derechos civiles sin restricciones procesales.

Arreaza enfatizó que estas acciones forman parte del compromiso del Estado venezolano para romper los ciclos de conflicto y consolidar una etapa de paz política, regida exclusivamente por la vía constitucional y el respeto mutuo entre todos los sectores de la sociedad.