Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos a reaccionar ante la imposición de un nuevo orden mundial dictado por dirigentes "depredadores" de países como Estados Unidos, Rusia o Israel, en su informe anual publicado este martes.

En el caso de Estados Unidos, la ONG citó "homicidios extrajudiciales más allá de sus fronteras", afirmó que "atacó ilegalmente a Venezuela e Irán" y amenazó a Groenlandia.

Según la ONG, los gobernantes de Estados Unidos, Rusia e Israel rechazan las normas instauradas tras la Segunda Guerra Mundial en favor de un mundo en el que la "guerra reemplaza a la diplomacia".

Durante la presentación del informe anual en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, tachó de "depredadores" al presidente Donald Trump, al ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"En 2025, Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, por citar solo a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y la violencia mundial a gran escala", dijo.

El gobierno israelí "ha continuado su genocidio contra la población de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de octubre" de 2025, sin que la comunidad internacional adopte "medidas significativas", señala el reporte.

Frente a "estos brutos y saqueadores", casi todos los dirigentes internacionales han "hecho gala de cobardía", sobre todo en Europa, lamentó Callamard, que destacó como excepciones en la UE a España y Eslovenia, que califican de "genocidio" la guerra de Israel en Gaza.

"Los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política de conciliación a cualquier precio y resistir colectivamente a esos ataques", reclamó la oenegé.

Según Amnistía Internacional, las instituciones internacionales han sufrido en años recientes los "peores" ataques desde 1948, con las sanciones estadounidenses impuestas a algunos magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) o la retirada de Estados Unidos de decenas de organismos y tratados, como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Para la secretaria general de la ONG, el actual conflicto en Oriente Medio es una muestra de esta "deriva hacia el desprecio de la ley", desde los "ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel" hasta las "represalias indiscriminadas" de Irán.

Poco antes, las autoridades iraníes "masacraron a manifestantes en enero de 2026, en lo que probablemente fue la represión de este tipo más mortífera en décadas", añade la ONG.

En cambio, la organización celebra las acciones de estibadores en España, Francia o Marruecos para "perturbar el envío de armas hacia Israel", y el compromiso de ciudadanos estadounidenses que lucharon contra las operaciones del servicio estadounidense de inmigración (ICE), a veces arriesgando su vida.

En su capítulo sobre América, AI destacó cómo los gobiernos del continente "han redoblado sus esfuerzos para silenciar a la disidencia" y registró una "represión creciente" de las manifestaciones y "ataques" contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Denunció el uso de "fuerza excesiva e injustificada" ante protestas que "ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos", con casos en Brasil, Estados Unidos, Honduras y Perú.

"En Estados Unidos, 1.143 personas, entre las que había una proporción excesiva de personas negras, fueron asesinadas a tiros por la policía en 2025", dice el reporte.

Además, "Estados Unidos mató al menos a 123 personas en el marco de operaciones de lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico", hechos que "constituían ejecuciones extrajudiciales", añade.

Por su parte, a lo largo del año pasado, los defensores de los derechos humanos "fueron objeto de procesos judiciales, acoso, ataques y homicidios en casi todos los países de la región".

En Colombia, uno de los países más peligrosos para esas personas, la ONG dijo que "se espera que el nivel de violencia" supere en 2025 "las cifras registradas en los dos años anteriores".

Sobre Nicaragua, denunció cómo el gobierno promulgó en marzo una normativa que "facilita en la práctica la anulación arbitraria de la personalidad jurídica" de las organizaciones de derechos humanos.

AI resaltó también "casos de acoso, censura y ataques" que han "puesto en peligro la vida y la integridad" de comunicadores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Asimismo, enlistó "procesos penales y maniobras de acoso judicial" contra los periodistas, entre ellos los emprendidos contra ocho reporteros por el presidente argentino, Javier Milei.

Con información de AFP

Amnistía Internacional (AI) señaló que los «crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes» continuaron cometiéndose durante 2025 en Venezuela, según su informe anual sobre la situación de los derechos humanos.

 «La represión generalizada ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», denunció la ONG en el informe, que describió la situación del país suramericano durante el año pasado.

AI apuntó que las autoridades venezolanas usaron el aparato estatal y «grupos de civiles armados» para «reprimir, silenciar y castigar» a la oposición y también a periodistas y defensores de derechos humanos.

En este sentido, subrayó que durante ese año se registraron «nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos», aunque reconoció que ocurrieron en menor número que en 2024, a la par que destacó la excarcelación -verificada por la ONG Foro Penal- de 116 detenidos en 2025.

Lea también: Gobierno encargado anuncia que evalúa medidas alternativas de libertad para 51 personas condenadas 

El informe alertó que durante el año pasado persistió la impunidad «prácticamente total por violaciones de los derechos humanos», así como las denuncias por desaparición forzada de «numerosas personas» detenidas en 2024 y 2025.

La organización también documentó violaciones a la libertad de expresión y de asociación, incluyendo las detenciones de activistas y defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, cuyos arrestos ocurrieron en los últimos cinco años y quienes fueron excarcelados este año, 2026.

El texto señaló la «falta de avances» en los derechos de la población LGBTIQ+, en los derechos sexuales y reproductivos, así como la «falta de garantía y respeto» de los derechos de las poblaciones indígenas.

Además, subrayó las alertas de la prensa sobre los efectos de la minería ilegal y la «devastación ambiental», así como la carencia de «datos confiables» sobre este sector.

AI recordó que en «julio (2025), 252 hombres venezolanos fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. Todos ellos llevaban más de tres meses en situación de desaparición forzada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en ese país, donde habían sido trasladados desde Estados Unidos».

 De igual forma, apuntó que al menos 110 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en los ataques del Gobierno estadounidense contra embarcaciones que «supuestamente trasladaban drogas desde Latinoamérica hacia ese país».

El documento de AI resume la situación de derechos humanos en el mundo durante 2025, por lo que no incluye el drástico viraje del entorno venezolano tras el ataque militar de EE. UU. del pasado 3 de enero, durante el cual fue capturado el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió las funciones como presidenta encargada, reanudó relaciones con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha aliviado algunas de las sanciones impuestas a Venezuela, y promulgó una Ley de Amnistía por la cual han sido liberadas más de 8.000 personas, cuyas identidades no han sido detalladas por las autoridades.

Rodríguez también ha impulsado reformas de hidrocarburos y minería que abrieron ambos sectores a la inversión privada y extranjera.

Con información de Efe

La ley de amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional busca perdonar al "mismo Estado, alertó el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez.

En entrevista con la la agencia EFE, Gómez expresó su preocupación por esta norma que, en teoría, abarca el periodo de 1999 a 2026, pero en la práctica solo incluye 13 hechos específicos.

"Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido", sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido "un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más".

Con esta norma, opinó, "el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad".

"Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley", agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.

En ese sentido, criticó que se haya "colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar" sin que haya "ninguna garantía" de que eso "acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela".

Según la ley, son objeto de amnistía los "delitos o faltas cometidos" en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.

También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas.

Gómez inscribió la amnistía en el contexto del "debido proceso" y la "seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela", lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

"Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad".

En ese sentido, aseguró que están "muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas" y, criticó que "el resto de las cifras anunciadas se trate en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación".

También pidió que se publique el listado general de detenidos.

"El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada", denunció.

De igual forma, advirtió que "la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria" en Venezuela.

"Hay personas en todo el país que son presos de años, son presos de un funcionario que estaba extorsionando, son presos de un alcalde, de un gobernador", ilustró.

La sociedad civil

Por otro lado, opinó que la participación de la sociedad civil en el momento actual "es clave" para no reproducir patrones autoritarios.

Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, "enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales".

En ese sentido, indicó que estos "pequeños cambios que se están dando, si no incluyen a la sociedad civil, simplemente van a reproducir los patrones autoritarios" que llevaron a lo que consideró la "desgracia" del país, por lo que hizo énfasis en la necesidad de "construir una agenda de Derechos Humanos", que consideró debe partir de "recuperar la libertad de expresión".

"Si le brindamos a Venezuela la posibilidad de tener separación de poderes, que es largo, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; en esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo", concluyó.

Con información de Efe

“La crisis requiere acciones decisivas de estados y mecanismos de justicia internacional para garantizar la rendición de cuentas”, alertó este martes Amnistía Internacional (AI), durante un  diálogo interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En un informe presentado por AI, se advierte que “la política de represión del gobierno (de Nicolás Maduro) continúa, incluyendo a través de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos y persecución”.

Denuncia “el uso arbitrario de la autoridad del Estado afecta muchos aspectos de la vida cotidiana e incluye restricciones arbitrarias al movimiento, las comunicaciones, y la libertad de expresión y asociación”.

Lea también:Volker Türk denuncia: En Venezuela persisten las “restricciones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Habla de los “nuevos hallazgos publicados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MIIDH), la semana pasada, revelan el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la ejecución de esta política estatal de represión”.

Destaca que “el informe concluye que mandos y oficiales de la GNB están involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Resalta “la necesidad de tomar medidas decisivas para que las víctimas obtengan justicia, incluyendo las que podrían tomar la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales”.

Por ello, “Amnistía Internacional insta a los Estados miembros de la ONU a que tomen medidas urgentes para apoyar estas acciones, incluyendo la jurisdicción universal y otras formas de jurisdicción extraterritorial”.

 Asimismo, insta “a los Estados, a la OACNUDH y a otros funcionarios y organismos de la ONU a que tomen acciones urgentes para garantizar la provisión de recursos rápidos y adecuados para todos los mandatos del Consejo de Derechos Humanos, incluida esta Misión de Determinación de los Hechos, a fin de que pueda llevar a cabo su tan necesaria labor”. 

“La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico «puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente”.

La advertencia la hizo la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, en entrevista con la agencia Efe, donde pidió al Gobierno de Donald Trump “claridad” sobre los más de 80 muertos en los 21 ataques perpetrados tanto en el caribe como en el pacífico.

“Los derechos humanos no se desactivan en alta mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico”, afirmó Rojas desde Bogotá.

 La directora adjunta de AI en Venezuela subrayó que la falta de transparencia por parte de la Administración estadounidense limita la capacidad de las organizaciones para monitorear la situación y verificar el respeto de las normas internacionales.

Académica y defensora de derechos humanos, Rojas lleva más de una década estudiando la crisis venezolana desde Colombia y hace un año asumió la dirección adjunta de la ONG para Venezuela, desde donde coordina las respuestas de emergencia y documentación de abusos.

Con un pie en cada país, la activista venezolana insistió en que todos los Estados deben garantizar que sus acciones militares —incluida la lucha contra el narcotráfico— se realicen bajo parámetros claros de legalidad, especialmente cuando se llevan a cabo en aguas internacionales.

Lea también: COLOMBIA DESMIENTE versiones sobre supuesto "apoyo" para una "salida negociada" de Maduro

Aunque Estados Unidos sostiene que estos operativos están dirigidos contra redes del narcotráfico, Amnistía Internacional advierte que su impacto puede extenderse a comunidades costeras, pescadores artesanales y migrantes que utilizan rutas marítimas para huir de la región.

La organización, cuenta Rojas, ha documentado que parte de la migración venezolana más reciente incluye personas que se desplazan por vías marítimas irregulares, lo que las coloca en riesgo de ser interceptadas en medio de operativos militares en los que no existen mecanismos adecuados de verificación.

«La migración en condición de irregularidad proveniente de Venezuela ya va a llegar a medio millón de personas (desde las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024), y la cifra que está subiendo y la que está alimentando ese grupo es precisamente el ingreso por pasos no regulados», explicó Rojas.

La Administración de Trump escaló en los últimos meses una ofensiva contra carteles latinoamericanos, a los que considera terroristas y contra quienes se ha declarado en «conflicto armado directo», bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El aumento de tensiones comenzó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y se ha extendido a aguas del Pacífico, involucrando también a Colombia, en una ofensiva ordenada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y llamada ‘Lanza del Sur’.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

«Nuestra misión es resguardar los derechos de las personas y por eso nuestro enfoque está llevado específicamente a que no se sigan cometiendo ejecuciones», dijo Rojas, quien agregó que Amnistía Internacional no logró contactar con uno de los pocos sobrevivientes repatriados tras los ataques estadounidenses, el colombiano Jeison Obando.

Obando, de 34 años, fue devuelto al país andino el pasado 18 de octubre «con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con un ventilador», según explicó entonces el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la llegada del connacional.

Al despliegue en el mar Caribe se sumó este domingo el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, lo que ha elevado aún más la tensión regional.

Con información de EFE

Mediante sus redes sociales, la ONG Amnistía Internacional pidió este domingo a los líderes que asisten a la Cumbre de la Unión Europea y Celac, en santa Marta, Colombia,  “no olvidar” a los presos políticos de Venezuela.

“Los líderes de la Unión Europea y América Latina reunidos en la cumbre #UE-#CELAC no pueden olvidar a las personas detenidas arbitrariamente y desaparecidas forzosamente en #Venezuela”, publicó la organización en el post.

“Ni a las más de 800 personas atacadas por el gobierno en un patrón sistemático y generalizado de represión a la disidencia”, alerta.

La ONG recordó el informe publicado en julio de este año,  donde denuncia que “las autoridades venezolanas han cometido, y continúan cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión contra los disidentes y aquellos a quienes perciben como tales”.

Lea también: Maduro pide a la CELAC - UE que defienda la paz en la región (+Carta)

En ese informe, AI analizó, en especial, “la situación de 15 personas desaparecidas desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025”.

Asimismo, hace referencia a las investigaciones realizadas en la última década, donde “Amnistía Internacional concluye que esta grave violación de los derechos humanos y crimen internacional se está cometiendo como parte de un ataque sistemático y generalizado en Venezuela y constituiría un crimen de lesa humanidad”.

Los líderes de la Unión Europea y América Latina reunidos en la cumbre #UE-#CELAC no pueden olvidar a las personas detenidas arbitrariamente y desaparecidas forzosamente en #VenezuelaNi a las más de 800 personas atacadas por el gobierno en un patrón sistemático y generalizado…

La ONG Amnistía Internacional denunció la detención de uno de sus integrantes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

A través de sus redes sociales, AI informó que se trata de   Manuel Finol, quien “ha sido retenido por la Dirección de Inteligencia Militar de manera arbitraria en el aeropuerto de Caracas -Venezuela, cuando iba a viajar”.

Erija Guevara Rojas, director de la Amnistía para las Américas,  exigió “su liberación INMEDIATA e incondicional. Manuel es un defensor de derechos humanos”, dijo.

Lea también: Amnistía Internacional enciende las alarmas: teme violación de DD.HH. en voladura de barco en el Caribe

Horas después, la ONG informó por sus redes sociales, que “Manuel Finol ha sido liberado”.

“ Se encontraba retenido en el aeropuerto de Maiquetía y le fue impedido su viaje de trabajo Se espera la pronta restitución de sus documentos y derecho a libre tránsito Gracias por sus oraciones, acciones y múltiples mensajes de apoyo”, dice el post de AI.

🇻🇪 “RETENIDO EN MAIQUETÍA”@amnistia denunció que Manuel Finol, artista, activista y gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue detenido por la DGCIM en el aeropuerto de Maiquetía.Le informaron que sería sometido a revisión de su celular y traslado. pic.twitter.com/02NMTobRgM

La ONG, Amnistía Internacional, manifestó que está “profundamente alarmada por el ataque que, según afirman, han llevado a cabo las autoridades estadounidenses contra una pequeña embarcación que supuestamente había zarpado de Venezuela y que, según se informa, ha causado la muerte de 11 personas”.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, AI destacó que “las circunstancias que rodean el incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos”.

Advierte que, “si se confirma, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y sentaría un peligroso precedente”.

La organización advierte que “el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación”.

Lea también: MARÍA CORINA ACTIVA LA TRANSICIÓN: “vamos a tomar el control total del país” - VIDEO

🚨 ATAQUE A EMBARCACIÓN EN EL CARIBE “VIOLA EL DERECHO A LA VIDA"@amnistia expresó “profunda alarma” por el ataque de EE.UU. contra una embarcación que zarparía de Venezuela y pidió una investigación urgente."El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene justificación" https://t.co/oaEIjBM8Pg

Agrega que “el uso intencionado de la fuerza letal se rige por las normas de aplicación de la ley establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Por lo que, “en consecuencia, Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que la fuerza letal intencionada solo se utilizó cuando era estrictamente inevitable para proteger la vida, que no era posible recurrir a medios menos dañinos, como la captura o la incapacitación no letal, y que el uso de la fuerza fue proporcionado en las circunstancias imperantes”.  

De allí que la ONG pide “una investigación rápida, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre este ataque”.

Insta al  Gobierno de los Estados Unidos a “comprometerse a respetar el derecho internacional en todas sus operaciones, incluidas aquellas que impliquen el uso de la fuerza militar en contextos de aplicación de la ley, como parece ser el caso aquí»”.

Amnistía Internacional acusó  al gobierno de Estados Unidos de violar los derechos humanos al utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para vigilar a migrantes, así como a estudiantes extranjeros opuestos a la campaña militar israelí en la Franja de Gaza.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump libra una vasta ofensiva antiinmigratoria. También lanzó una cruzada en contra de las universidades en cuyos campus se manifestaron movimientos propalestinos en protesta de la guerra en Gaza, que Trump equipara con muestras de antisemitismo.

"Es profundamente preocupante que el gobierno estadounidense implemente tecnologías intrusivas asistidas por IA como parte de un programa de deportaciones masivas y la represión de la expresión propalestina", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Lea también: Lo que hace TRUMP para lograr acuerdos con terceros países y deportar MIGRANTES

Violaciones de los DD.HH.

El uso de estas tecnologías "conduce a numerosas violaciones de derechos humanos", afirmó.

Amnistía Internacional destacó las herramientas de IA de Babel Street y Palantir, empresas especializadas en el análisis de datos a gran escala y en tiempo real que tienen varios contratos con el gobierno estadounidense, en especial en defensa e inteligencia.

Su software —Babel X e Immigration OS, respectivamente— "cuenta con capacidades automatizadas que permiten el monitoreo, la vigilancia y la evaluación de manera masiva y constante", señaló Amnistía.

Según la oenegé con sede en Londres, estas tecnologías se utilizan para atacar a estudiantes extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo "a una escala sin precedentes".

"Esto deriva en detenciones ilegales y deportaciones masivas, creando un clima de miedo", insistió Guevara-Rosas.

La administración Trump lleva adelante redadas antiinmigratorias en todo Estados Unidos. El número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó su punto máximo en junio, con más de 60.000 inmigrantes indocumentados arrestados.

Para rastrear a los migrantes, las autoridades utilizan herramientas desarrolladas por Palantir, una empresa conocida por tener entre sus clientes a ICE y al ejército israelí.

Su tecnología de vigilancia Immigration OS "automatiza un proceso ya de por sí muy falible y opaco", según Amnistía Internacional.

En el marco de la campaña contra las universidades, el gobierno de Trump ordenó suspender la tramitación de visados para escrutar las redes sociales de los solicitantes de admisión.

"Babel X permitiría a la IA escanear rápidamente las redes sociales en busca de contenido relacionado con el 'terrorismo'", dijo Amnistía Internacional.

Pero advirtió que esas tecnologías presentan "márgenes de error significativos" y "suelen ser discriminatorias y sesgadas" y "pueden llevar a que el contenido pro-Palestina se presente falsamente como antisemita".

Con información de AFP

Amnistía Internacional se dirigió a los líderes de la Unión Europea (UE) en una carta en la que  solicita la acción de  sus Estados miembros para “respaldar  los esfuerzos internacionales en favor de la justicia y tomar medidas renovadas y concertadas para dialogar con las autoridades venezolanas sobre la grave situación de los derechos humanos en el país”.

En un comunicado publicado por AI, se recuerda que “un año después de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que provocaron un aumento de la represión en todo el país, Amnistía Internacional les insta a liderar la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros para que tomen medidas urgentes y concretas para responder a la crisis de derechos humanos en Venezuela”.

“Si bien esta crisis se ha prolongado y la presencia diplomática de la UE en el país se ve cuestionada, la espiral de violaciones de derechos humanos en el país desde las elecciones de 2024, y su grave impacto humano, deberían ser una llamada de atención para redoblar el compromiso de la UE con los derechos humanos en el país”, agrega el escrito.

En un nuevo informe: “Detenciones sin rastro: El delito de desaparición forzada en Venezuela”, Amnistía Internacional detalla la situación de 15 personas que fueron desaparecidas forzosamente entre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025, incluyendo varios ciudadanos de la UE. 

Lea también: “DETENCIONES SIN RASTROS”: Amnistía Internacional pide acción urgente en Venezuela - VIDEO

#Venezuela: La espiral de violaciones de #DDHH que siguió a la elección presidencial - y su alto impacto en la población del país - deberían ser una llamada de atención a la UE. En una nueva carta abierta, llamamos a que redoble sus acciones por los derechos humanos en Venezuela.… pic.twitter.com/K2DZXwYzr3

Añade que “de estas 15 personas, ocho siguen desaparecidas y se desconoce su paradero, mientras que dos fueron liberadas a las autoridades estadounidenses el 18 de julio como parte de un cruel intercambio de prisioneros entre los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Estados Unidos”.

La ONG resalta que su “investigación concluye que las desapariciones forzadas, incluidas las de corta duración, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en particular contra quienes las autoridades consideran disidentes, y podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

Señala que, “en los casos de personas extranjeras o con doble nacionalidad, incluyendo ciudadanos de la UE, de España y Francia, documentados en este informe, la desaparición forzada parece tener como objetivo ejercer presión política sobre otros gobiernos a nivel mundial”. 

También dice que “esta sospecha se volvió aún más plausible después del intercambio de prisioneros antes mencionado y la liberación de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, incluida la del ciudadano franco-estadounidense Lucas Hunter”.

Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales, dijo Amnistía Internacional.

Se trata del informe Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, que analiza la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025.

Con base en este nuevo informe y al conjunto de investigaciones de la organización a lo largo de la última década, Amnistía Internacional concluye que estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional internacional se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela.

Para saber más acerca de esta y otras informaciones, te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela. La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional. Al ser un crimen internacional, acarrea no solo responsabilidad del Estado, sino también la responsabilidad penal de los funcionarios particulares que lo cometan", agregó.

Acñara la ONG que la investigación de Amnistía Internacional se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual se deben dar tres elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada: (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención u el ocultamiento de la suerte oel paradero de la persona detenida.

Lea también: CPI emite órdenes de arresto contra dirigentes talibanes por persecución de mujeres

🚨 DENUNCIAN DESAPARICIONES FORZADAS EN VENEZUELAEn su informe "Detenciones sin Rastro", @amnistia afirma que el Gobierno venezolano comete desapariciones forzadas como parte de una "política sistemática de represión"Documentan 15 casos desde el 28Jul 2024 hasta el 15Jun 2025 pic.twitter.com/gysGzN1jaR

Desde cuándo

El marco temporal del informe inicia con la elección presidencial del 28 de julio de 2024 e incluye la represión que siguió al cuestionado resultado anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. 

Las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida, al menos 2.200 personas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad, y, posiblemente, cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada al negarse su detención u ocultarse su suerte o paradero. 

En relación con las 15 personas cuyas desapariciones forzadas investigó Amnistía Internacional, destacan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como los principales organismos responsables de las detenciones arbitrarias.

Se desconoce el paradero de 11 de las 15 personas cuyas desapariciones forzadas fueron investigadas por Amnistía Internacional. 

Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush. Únicamente se logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.

Al cierre de este informe, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización Foro Penal.

Detenciones arbitrarias

En la mayoría de las instancias analizadas por Amnistía Internacional, la detención habría sido arbitraria debido a que no existía base legal para ello. 

Además, la motivación de la detención en prácticamente todos los casos fue política: las víctimas fueron detenidas por haber participado en protestas, por haber transportado a personas de alto perfil político, o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticas o defensoras de derechos humanos.

Por ejemplo, se presume que la detención de Rory Branker, detenido el 20 de febrero de 2025 por el SEBIN y que continúa en paradero desconocido, tuvo como finalidad castigar al medio La Patilla, donde él es editor, conocido por su línea editorial crítica hacia el gobierno.

En general, las autoridades negaron información sobre la detención de todas estas personas. 

Cuando sí las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familias recorrieron sin descanso organismos de gobierno, fiscalía, poder judicial y varios centros de reclusión para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta. 

Destacan la sede de la DGCIM en Boleíta, la sede del SEBIN conocida como El Helicoide, así como el centro de reclusión Rodeo I, todos ellos en Caracas o sus alrededores, como los lugares más utilizados por el Estado para mantener a las personas en situación de desaparición forzada.

La esposa y el equipo de trabajo de Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos PROVEA, con detenido arbitrariamente el 9 de mayo de 2025 y en paradero desconocido durante días, presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, intentando sin éxito interponer recursos contra la detención, y recorriendo múltiples centros de detención —incluido El Helicoide— en un esfuerzo por confirmar su detención y encontrarlo. 

Tras una rueda de prensa en la que PROVEA denunció su desaparición forzada, el fiscal general reconoció públicamente su detención, aunque sin revelar su ubicación. Finalmente, el 17 de mayo, custodios del SEBIN confirmaron que se encontraba bajo su custodia.

En los casos de las 15 personas, no solo se les negó de manera sistemática las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, sino que ciertos mecanismos del aparato judicial sirvieron para conferir apariencia de legalidad a procedimientos esencialmente arbitrarios e ilegales y facilitar la desaparición forzada. 

Entre los elementos más ilustradores de estos mecanismos figuran: las audiencias de presentación realizadas en secreto; la imposición de defensores públicos sin voluntad ni capacidad de actuar como defensa legal independiente; la utilización de tribunales carentes de independencia —como los denominados Tribunales contra el Terrorismo—; la anulación de facto del recursoel habeas corpus de la víctima; y la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política, bajo el ropaje de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. Sumado a todo ello, en muchos casos las autoridades estatales también identificaron y estigmatizaron públicamente a las víctimas.

Asimismo, ciertos indicios apuntan a que varias de las personas desaparecidas forzadamente podrían haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos con el objetivo de obtener o fabricar una ‘confesión’, o forzar un ‘testimonio’ que incrimine a terceros.

Extranjeros detenidos y desaparecidos

Tras las elecciones del 28 de julio de 2024 el gobierno de Nicolás Maduro anunció la detención de más de 150 “mercenarios extranjeros”. 

Al parecer, las autoridades venezolanas estarían utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre conspiraciones extranjeras y como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. Amnistía Internacional documentó varios casos de personas cuya detención habría sido motivada principalmente por su nacionalidad.

“Recordamos a cualquier funcionario que pueda estar involucrado en desapariciones forzadas —incluidas aquellas que afectan a personas extranjeras—que la prohibición de este crimen es absoluta y no admite excepciones, ni siquiera en el marco de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe,” dijo Agnès Callamard.

La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe.

Yevhenii Petrovich Trush, un joven ucraniano de 19 años que vive con un Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, fue detenido sin causa aparente mientras solicitaba refugio en el Puente Internacional Atanasio Girardot, estado Táchira, en la frontera con Colombia. 

Desde el 20 de octubre de 2024 se desconoce su suerte y paradero a pesar de las múltiples diligencias y acciones de búsqueda realizadas por la madre de su pareja venezolana.

Los ciudadanos españoles Andrés Martínez y Jose María Basoa fueron detenidos en septiembre de 2024, acusados de pertenecer presuntamente al servicio de inteligencia español (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) y de integrar una supuesta red de “mercenarios” cuyo objetivo sería atentar contra el gobierno de Venezuela, según declaró el ministro del Interior en una rueda de prensa ofrecida días después. 

Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI. Hasta la fecha, permanecen desaparecidos de manera forzada.

Ataque generalizado

A la luz de la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el análisis de Amnistía Internacional también se centra en el crimen de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma de la CPI.

En su artículo 7, el Estatuto dispone que un conjunto de actos, incluida la “desaparición forzada de personas”, constituyen crímenes de lesa humanidad cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

En 2019, Amnistía Internacional concluyó que en Venezuela existía un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. En ese momento, la organización identificó las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, y las lesiones por uso excesivo de la fuerza como elementos de una política de represión del Estado. Posteriormente también incluyó el posible crimen de persecución.

En su nuevo informe, Amnistía Internacional concluye que al menos algunos de los actos de desaparición forzada documentados fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela, y que también constituyen un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.

Recomendaciones

“Ante la incesante comisión de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una imperante impunidad en el país, llamamos a la Fiscalía de la CPI a avanzar de manera firme sobre la situación en Venezuela, y considerar incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación,” dijo Agnès Callamard.

“Las autoridades venezolanasdeben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras. Las familias tienen el derecho a conocer la suerte y el paradero de quienes han sido desaparecidos forzadamente., Además, todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos deben ser liberadas inmediatamente.”

“Los Estados deben utilizar todos los canales diplomáticos y multilaterales a su disposición para presionar a las autoridades venezolanas para que informen sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas, y que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente. También deberían ejercitar la jurisdicción universal o cualquier otra forma de jurisdicción extraterritorial para investigar y, de existir evidencia suficiente, procesar a cualquier sospechoso de cometer una desaparición forzada.”

Los Estados deben utilizar todos los canales diplomáticos y multilaterales a su disposición para presionar a las autoridades venezolanas para que informen sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas, y que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente.

“Las autoridades venezolanas están intentando asfixiar a la sociedad civil, la cual, contra viento y marea, aguanta ataques y amenazas., Amnistía Internacional también pidea los Estados que fortalezcan el apoyo técnico, político y financiero a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil venezolanas que operan dentro y fuera de Venezuela", dijo Callamard.

Con información de Amnistía Internacional

La directora senior de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rojas, repudió los señalamientos del ministro del Interior, Diosdado Cabello, contra varias ONG venezolanas, a quienes implicó en supuestos planes terroristas en el país.

A través de un video colgado en la cuenta de Provea, una de las ONG acusadas por Cabello, Guevara alertó «sobre una política sistemática de represión contra la sociedad civil en Venezuela».

Denunció «las falsas acusaciones en contra de reconocidas organizaciones de derechos humanos venezolanas, como PROVEA y el Foro Penal», las cuales «son parte de una política sistemática de represión y muestran el recrudecimiento de la criminalización y persecución contra la sociedad civil y personas defensoras de los DD.HH.”.

Lea también: PROVEA RECHAZA acusaciones de CABELLO: «buscan desacreditar las denuncias»

Guevara advierte que «altos funcionarios del Estado, incluido el ministro Cabello, son señalados como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional».

Dijo que son «actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales están siendo objeto de seguimiento y escrutinio por parte de mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas, incluidas las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.”

La directiva informó que AI «ha activado una alerta global ante la detención arbitraria de personas defensoras. Entre ellas, el abogado laboral Eduardo Torres, miembro de PROVEA, detenido recientemente, así como a Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, presos por ejercer su labor».

La organización también hace un llamado a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos que garanticen la libertad de todas las personas presas por motivos políticos.

“Así como detener los crímenes cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en contra del pueblo venezolano. La crisis de derechos humanos en Venezuela es hoy una crisis global que requiere la atención urgente de toda la comunidad internacional».

?ACTIVAN ALERTA GLOBALDirectora senior de @AmnistiaOnline, @ErikaGuevaraR: “Las falsas acusaciones contra ONG de DD.HH., son parte de una política sistemática de represión y muestran el recrudecimiento de la criminalización y persecución contra la sociedad civil.”? @NTN24 pic.twitter.com/WKaVd0yZoc

La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves «un patrón de ataque» contra las organizaciones y activistas por los Derechos Humanos en Venezuela.

Mediante una carta difundida por sus redes sociales, AI hizo el llamado de alerta, tras la detención del abogado de Provea, Eduardo Torres, quien ha sido señalado por el fiscal general, Tarek William Saab, como presunto implicado en un plan para generar violencia en las elecciones del 25 de mayo.

«La desaparición forzada de Eduardo Torres, miembro de la ONG local PROVEA y cuyo paradero se desconoce desde el 9 de mayo, añade urgencia a la preocupación por los crecientes ataques contra las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela», dice la misiva.

«El 13 de mayo, el fiscal general declaró que Torres había sido detenido por su participación en una conspiración, uno de los muchos cargos falsos que el gobierno venezolano utiliza para castigar a defensores y defensoras de los derechos humanos», dice la ONG.

Lea también: Provea solicita «al Estado adoptar medidas para garantizar la vida de Eduardo Torres”

El más reciente informe anual de Amnistía Internacional (AI) revela una situación alarmante en Venezuela, marcada por una represión violenta de las protestas postelectorales, con al menos 900 personas detenidas arbitrariamente, reportes de tortura y un deterioro constante de las condiciones de detención.

Esta grave crisis de derechos humanos ocurre en un contexto regional preocupante por expulsiones masivas de personas venezolanas migrantes, que vulnera todos los acuerdos y pactos internacionales sobre la protección de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, denuncia AI en una nota de prensa.

El informe detalla cómo, tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de julio, las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos armados civiles progubernamentales, reprimieron con fuerza excesiva las manifestaciones. Al menos 24 personas perdieron la vida entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2024, muchas de cuyas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad.

La escalada represiva incluyó miles de detenciones arbitrarias por motivos políticos contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Para octubre, la ONG Foro Penal había documentado más de 1.900 detenciones, incluyendo la de 129 niños. Muchos de los detenidos fueron víctimas de desaparición forzada durante varios días y obligados a comparecer ante tribunales antiterroristas sin las debidas garantías procesales. Se imputaron cargos genéricos relacionados con terrorismo, y los juicios carecieron de imparcialidad e independencia. En la actualidad, 896 personas se encuentran detenidas arbitrariamente por motivos políticos, y se desconoce el paradero de otras 62.

Amnistía Internacional expresa profunda preocupación por las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a los detenidos, incluyendo niños y mujeres. Se documentaron casos de golpizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual. Las víctimas fueron obligadas a realizar declaraciones autoinculpatorias que luego fueron utilizadas en procesos judiciales, en flagrante violación del derecho internacional. Las condiciones de detención continuaron deteriorándose, caracterizadas por hacinamiento, falta de acceso a alimentos y agua potable, y atención médica inadecuada.

La crisis humanitaria en Venezuela continuó profundizándose, obligando a más de 7,89 millones de personas a huir del país. Los venezolanos en el extranjero enfrentaron expulsiones ilegales, detenciones administrativas prolongadas y dificultades para acceder al estatuto de refugiado o protección internacional. En los países receptores, muchos sufrieron pobreza, xenofobia y obstáculos para acceder a servicios básicos.

La reciente expulsión de 238 personas venezolanas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Lea también: Refugiados en la embajada argentina exigen «firmeza» a Lula para intervenir a su favor: están «cada vez más afectados»

Los defensores de derechos humanos enfrentaron una creciente hostilidad por parte del gobierno. Se aprobó una ley que otorga amplias facultades discrecionales al Estado para restringir, sancionar o cerrar organizaciones no gubernamentales conocida como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. El Centro para los Defensores y la Justicia documentó un alarmante aumento de ataques contra defensores, pasando de 524 en 2023 a 979 en 2024.

Destacados defensores como Javier Tarazona y Rocío San Miguel fueron detenidos arbitrariamente, y en el caso de San Miguel, incluso desaparecida forzadamente por varios días, lo que condujo a la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) del país. El periodista Carlos Julio Rojas y el abogado Kennedy Tejeda también continúan detenidos de forma arbitraria en Venezuela por el ejercicio legítimo de su actividad.

Estas personas son presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. Amnistían Internacional pide al gobierno venezolano se pongan en libertad con carácter de urgencia y que, mientras estén bajo custodia del Estado, se protege su vida y su seguridad, así como su derecho a no sufrir tortura y las garantías de un juicio justo.

La libertad de expresión y de reunión también sufrieron graves restricciones. Se registraron al menos 507 violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria de al menos 12 periodistas durante o después de las protestas postelectorales. Se confiscaron equipos de trabajo, se impidió la cobertura informativa crítica y, en algunos casos, se obligó a los periodistas a entregar sus contraseñas y acceder a sus cuentas personales.

El gobierno, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ordenó el cierre de al menos 14 emisoras de radio y censuró la información sobre las protestas. El acceso a redes sociales como X (anteriormente Twitter) fue restringido, y se registraron ataques de phishing contra cuentas de periodistas.

El informe de Amnistía Internacional también destaca la grave situación de los derechos económicos y sociales en Venezuela. Persistieron altos niveles de pobreza, con el 82% de la población viviendo en esta condición y el 53% en pobreza extrema. El salario promedio no alcanza los 3 dólares mensuales.

La población continúa careciendo de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, con un sistema de salud pública colapsado y escasez de medicamentos esenciales.

Los derechos de las mujeres y las personas LGBTI siguieron siendo vulnerados. El aborto permaneció penalizado, y se registraron numerosos casos de violencia de género y feminicidios. No se observaron avances significativos en la garantía de los derechos de las personas LGBTI.

La minería ilegal en la zona del Arco Minero del Orinoco continuó amenazando los derechos de los pueblos indígenas, provocando desplazamientos, contaminación y destrucción de sus territorios.

A pesar de esto, el mandato de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela fue renovado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que subraya la persistencia de graves preocupaciones a nivel internacional.

Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades venezolanas para que cesen de inmediato la represión, liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente, garanticen el debido proceso y la integridad física y psicológica de los detenidos, y permitan el acceso irrestricto a organizaciones internacionales de derechos humanos. La organización también insta a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el gobierno venezolano para que rinda cuentas por las graves violaciones de derechos humanos documentadas en este informe.

Asimismo, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por las recientes expulsiones masivas de ciudadanos venezolanos en la región, como la ocurrida en Estados Unidos, y subraya la necesidad de garantizar el respeto de sus derechos humanos y el acceso a la protección internacional.

Con información de NP

Amnistía Internacional publicó este jueves 24 de junio un comunicado exigiendo a la administración de Nicolás Maduro la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos en Venezuela.

En el texto expresan que en el país existen alrededor de 900 personas detenidas arbitrariamente.

«Muchas de estas personas son sometidas a tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y privación arbitraria de la libertad, además de una ausencia sistemática de garantías de un juicio justo e incomunicación prologada, y negación de atención médica», exlican.

«Exigimos a Nicolás Maduro que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y que, mientras sigan detenidas, proteja su vida e integridad, en particular garantizando visitas familiares y a la defensa de su elección, así como condiciones dignas de reclusión», concluyen.

A su vez, pide a los familiares de los afectados que redacten su propia carta o tomen un modelo por ellos aportadas para que exijan la liberación.

Venezuela: Liberen a las 900 personas detenidas arbitrariamenteAlrededor de 900 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, según la ONG venezolana Foro Penal. Muchas de estas personas son sometidas a tortura y otros malos tratos,… pic.twitter.com/wz20ymFb5S

Vea también: María Corina Machado arremetió contra administración de Maduro en encuentro con organismos del sector financiero internacional

La ONG Amnistía Internacional (AI), se pronunció acerca de la privación de libertad de nuestra compañera Nakary Ramos y su esposo, Gianni González, y repudió el hecho.

«La detención y criminalización de la periodista Nakary Mena Ramos y de su esposo es un nuevo y grave ataque a la libertad de expresión en el país», publicó AI en sus redes sociales.

Lea también: «La LIBERTAD de informar no es un CRIMEN»: pedimos la LIBERTAD de NAKARY RAMOS y su esposo (+Comunicado)

Ramos y González fueron detenidos el martes 8 de abril y más de 24 horas después fueron presentados en tribunales, donde ordenaron su privación de libertad, acusados por «instigación al odio» y «difusión de noticia falsa».

A ella la enviaron al internado femenino conocido como INOF y a él a la cárcel de El Rodeo II.

«Exigimos a @NicolasMaduro su libertad y, mientras estén detenidos, que se garantice su vida e integridad», publicó Amnistía.

?️ "QUE SE GARANTICE SU VIDA E INTEGRIDAD"@AmnistiaOnline solicita la liberación de nuestra reportera Nakary Ramos, así como la de su esposo Gianni González pic.twitter.com/BDsrsmBSHF

“Las expulsiones ilegales a El Salvador ponen vidas en peligro al haber un estado de excepción en vigor”.

La advertencia la hizo la ONG Amnistía Internacional (AI) en un comunicado en el cual se refiere expresamente a los 238 venezolanos encarcelados en El Salvador, enviados ahí por el Gobierno del presidente Donald Trump.

“La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no solo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución», dijo la ONG.

Además, «es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele», agrega.

Según información pública disponible, «han sido expulsados individuos que estaban en pleno proceso judicial, que fueron arrestados a pesar de que cumplían sus obligaciones en materia de inmigración, que ya tenían protecciones concedidas en Estados Unidos en aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratados, o que fueron clasificados como miembros de bandas por sus tatuajes o su relación con el Tren de Aragua, sin más pruebas».

De hecho, AI señala que «el propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense ha admitido que “muchos” no tenían antecedentes penales y algunos fueron expulsados por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro. Es importante señalar que estas expulsiones no constituyen deportación, que es un proceso establecido en la legislación estadounidense».

Lea también: Amnistía Internacional pide libertad de personas detenidas «arbitrariamente» en Venezuela

Estas personas fueron expulsadas sin orden de traslado, al parecer para cumplir cárcel por tiempo indefinido, en un sistema en el que se ignoran por sistema los derechos humanos fundamentales.

Con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en Las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginadas se presentan como soluciones al crimen.

Recuerda que «Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados».

Los informes indican hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante.

Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia. Ninguna persona debe ser sometida a esas condiciones.

Existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de “seguridad” del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad. Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios. En El Salvador, esta discriminación va dirigida contra quienes viven en comunidades empobrecidas y quienes tienen un empleo precario, educación limitada o tatuajes visibles.

De igual modo, en Estados Unidos, personas venezolanas que huyen de la penuria y buscan seguridad son calificadas de delincuentes por sus tatuajes o su vinculación al Tren de Aragua, o por mentiras racistas sobre su vinculación a grupos delictivos transnacionales con origen en su país natal. Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos.

El principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, prohíbe de forma inequívoca a los Estados expulsar, devolver o trasladar personas a un país donde corren peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria o tortura y otros malos tratos.

Al trasladar a estas personas a El Salvador en tales circunstancias, Estados Unidos las ha puesto en grave peligro y ha incumplido sus obligaciones jurídicas. Por otra parte, es preciso exigir responsabilidades a El Salvador por facilitar políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad.

El traslado posterior de estas personas de El Salvador a Venezuela sería igualmente contrario al principio de no devolución. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no serán deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país.

Amnistía Internacional ha pedido una prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos.

Resulta especialmente preocupante que se esté normalizando la erosión del debido proceso en El Salvador, tanto a nivel nacional como internacional. En lugar de condenar estas prácticas, otros gobiernos —como el de Estados Unidos— parecen dispuestos a imitarlas.

Es la peligrosa consecuencia de que unas prácticas autoritarias se vuelvan sistemáticas y recurrentes: dejan de ser abusos aislados para convertirse en política oficial del Estado.

El 27 de marzo de 2025, El Salvador cumplirá su tercer año consecutivo sometido al estado de excepción, régimen que ha institucionalizado patrones de abuso que ya se están reproduciendo fuera de sus fronteras, lo que debilita aún más el marco internacional de los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de El Salvador y demás países de las Américas que se abstengan de participar en programas injustos de deportación y traslado.

Las autoridades salvadoreñas deben restablecer urgentemente el debido proceso en todo el país y garantizar los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de todas las personas actualmente detenidas, incluidas las más de 84.000 arrestadas durante el estado de excepción vigente. El gobierno salvadoreño debe garantizar que sus políticas y prácticas no propician más abusos contra los derechos humanos ni ponen en situación de riesgo a personas vulnerables.

Pedimos también al gobierno estadounidense el retorno inmediato de los individuos trasladados ilegalmente a El Salvador, el fin de todas las expulsiones en aplicación de esta orden ejecutiva, el acatamiento de las decisiones de las autoridades judiciales estadounidenses, la suspensión inmediata de todos los programas de detención y deportación masiva y el restablecimiento del derecho al asilo en la frontera sur de Estados Unidos.

Amnistía Internacional se solidariza con las personas afectadas por esta política injusta y seguirá haciendo campaña en favor de la protección de los derechos humanos tanto en las Américas como en otros lugares.”

Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente en busca de la libertad» de los activistas por los derechos humanos Carlos Julio Rojas, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda.

“Estas personas son presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. Pedimos a Nicolás Maduro que garantice que se las pone en libertad con carácter de urgencia y que, mientras estén bajo custodia del Estado, se protege su vida y su seguridad, así como su derecho a no sufrir tortura y las garantías de un juicio justo”, afirmó Amnistía Internacional, en un comunicado.

“Consideramos como relevante la Acción Urgente que ha decidido Amnistía Internacional para exigir la liberación inmediata de al menos cuatro personas presas de conciencia y defensoras de los derechos humanos que se encuentran actualmente detenidas de forma arbitraria por el ejercicio legítimo de su actividad: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda”, sostuvo Oscar Murillo, coordinador general de la organización venezolana de derechos humanos Provea, respecto al llamado de Amnistía.

Javier Tarazona es educador y director de la ONG FundaRedes. Lo detuvieron el 2 de julio de 2021 cuando trataba de informar ante el Ministerio Público el hostigamiento que sufría por parte de las autoridades.

Rocío San Miguel es abogada y presidenta de la organización de la sociedad civil Control Ciudadano. La detuvieron el 9 de febrero de 2024 y sufrió una fractura de hombro mientras estaba detenida que requiere cirugía urgente yrehabilitación.

Carlos Julio Rojas es periodista y organizador comunitario, detenido desde el 15 de abril de 2024 por manifestar preocupación por problemas que afectan a su comunidad.

Kennedy Tejeda es un joven abogado y voluntario de Foro Penal. Lo detuvieron el 2 de agosto de 2024 cuando preguntaba por el paradero de doshombres que supuestamente habían sido arrestados.

Lea también: PRESOS DE CONCIENCIA: Foro Penal contabiliza 307 privados de libertad por razones políticas

Oscar Murillo recordó que la primera vez que se acuñó el término Preso de Conciencia fue el 28 de mayo de 1961, para “cualquier persona a la que se le impide físicamente (por prisión u otras causas) expresar (en cualquier forma de palabras o símbolos) cualquier opinión que mantiene honestamente y que no defiende ni justifica la violencia personal”.

La ONG advierte que «el hostigamiento, las amenazas y la detención de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como los ataques a la población civil en general, deben cesar de inmediato.

La función de estas personas, en medio de la actual emergencia humanitaria y la crisis de derechos humanos, debe ser protegida y celebrada.

Pedimos la libertad inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, y de cualquier otra víctima de detención arbitraria en Venezuela.

Asimismo, solicitamos que, mientras estén bajo su custodia, estas personas disfruten de sus derechos a la vida y a la atención médica, no sean sometidas a tortura y gocen de todas las garantías procesales para estar plenamente protegidas».

El último informe emitido por Amnistía Internacional (AI), acerca de las violaciones a los DD. HH., en Argentina, durante las recientes protestas, disgustó al Gobierno de Javier Milei, razón por la cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó contra la ONG, la cual también respondió, convirtiendo este hecho en un episodio de «toma y dame» de parte y parte por redes sociales.

Y es que, AI publicó un informe sobre sus observaciones de las protestas registradas en Argentina en el último trimestre del 2024, denunciando el uso excesivo de la fuerza, de parte de las autoridades de seguridad de ese país.

«Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el Protocolo Antipiquetes, que hasta ahora dejó un saldo de al menos 1100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y niños y niñas reprimidos», señala el documento de la ONG.

Tras esta publicación, la ministra Patricia Bullrich respondió a través de su cuenta en X.

«Amnistía Internacional no tiene vergüenza, y mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, decide criticar a una democracia liberal como lo es la Argentina», escribió la funcionaria.

Dijo también que la AI, «desde sus sillones cómodos en Londres, vienen a darnos lecciones mientras acá bancamos 25 años de piquetes mafiosos que extorsionaron al pueblo argentino. ¡No les importa la gente, solo defienden a los delincuentes que lucran con el caos!».

Y finalizo diciendo: «Con nuestro protocolo, las calles vuelven a ser de los argentinos de bien. A los progres llorones: ¡no nos van a parar! ¡Se terminó la fiesta de la extorsión y el chantaje en nuestro país!».

Amnistía Internacional no tiene vergüenza, y mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, decide criticar a una democracia liberal como lo es la Argentina.Desde sus sillones cómodos en Londres, vienen a darnos lecciones mientras acá bancamos 25 años de… pic.twitter.com/wtybyww2Kg

Y la contrarrespuesta de la ONG no se hizo esperar, puesto que en su cuenta en X, publicó: «Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua».

Agrega que estas reacciones tienen «sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia».

Además, aclara que «Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas.

Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web».

Finaliza asegurando que «entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Todo está documentado en el criticado informe y en un sitio web. Agradecemos la visibilidad y difusión del relevamiento de Amnistía Internacional».

Cabe destacar que la ONG sí ha emitido varios informes sobre la situación de los DD. HH. en Venezuela, no solo sobre la violación de los mismos, sino de los hechos registrados en el país a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido:… https://t.co/6hWAQdKQZW pic.twitter.com/7juL5ET1bn

Amnistía Internacional (AI) presentó una investigación escalofriante sobre las detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, y graves violaciones del derecho a un juicio justo de varios adolescentes cometidos entre el 29 y el 31 de julio en Venezuela, en el marco de las protestas postelectorales.

Pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar estos casos y exige la liberación y la reparación de los niños que sufren la crueldad del gobierno venezolano, advirtiendo que de Nicolás Maduro, se espera lo peor.

Esto es «Cara a Cara», con Mildred Manrique, y Valentina Ballesta, directora de investigación adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

Lea también: VÍCTIMAS PRESIONAN a la CPI para que “ACTIVE ARRESTO” contra MADURO: se sienten “frustradas”