En apenas unos meses, la Asamblea Nacional (AN) chavista aprobó o reformó una docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia, las cuales «no han servido, y muy probablemente no servirán, para cerrarles las puertas a las violaciones de derechos humanos en el país».

La información está contenida en un informe de la ONG Acceso a la Justicia que concluye que «la reforma de las leyes parte de la falsa premisa de que los problemas que generaron y generan crímenes de lesa humanidad y violaciones de DD.HH. en Venezuela se originan en la deficiencia normativa y no en la existencia de políticas públicas que los hacen posibles».

Además, advierte que «el problema no se resuelve con más normas, sino con voluntad, recursos y medios para aplicarlas».

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La organización analizó el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el Código Orgánico Penitenciario y Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), donde encontró «algunos puntos positivos».

Así como en las disposiciones de la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública.

Entre los aspectos positivos de estas normas destaca «el levantamiento del veto a las organizaciones de derechos humanos para que puedan representar judicialmente a cualquier persona que haya sido víctima de vulneraciones a sus garantías fundamentales».

Igualmente, resalta «la desmilitarización de la custodia de los centros de reclusión o la prohibición expresa del juicio de los civiles ante los tribunales castrenses».

No obstante, en el reporte también se señala que «estas modificaciones por sí solas son insuficientes».

«Al depender la efectividad de los cambios realizados de una voluntad política por parte de las autoridades judiciales y administrativas, se pierde todo su efecto.Ninguna ley puede estar sujeta en su cumplimiento a la voluntad de algún funcionario», subraya.

Acceso a la Justicia cita ejemplos con nombre y apellido. Se trata de los casos del periodista Roland Carreño, el fotógrafo Carlos Germán Debiais García, los jubilados William Echarry y Ramón Blanco y el capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén.

«Aquí se demuestra cómo las reformas legales impulsadas por el oficialismo en los últimos meses no sirven para impedir el retardo procesal que aqueja al Poder Judicial. tampoco las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y otras irregularidades tan arraigadas y frecuentes en el sistema de justicia venezolano», resalta el informe.

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En su investigación, Acceso a la Justicia expone que «las normas que se han reformado o dictado en protección de las víctimas de violaciones de DD.HH. no establecen la obligación de dar cuenta de las actuaciones realizadas ni implementan mecanismos de reparación».

La Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos, por ejemplo, tiene «amplios poderes de investigación (artículo 7)».

Sin embargo, la instancia solo puede «recomendar reformas y medidas orientadas al fortalecimiento del respeto y garantía de los derechos humanos y al mejor funcionamiento del sistema de justicia, haciendo seguimiento a su implementación”.

Y «no puede hacer memoria histórica de los casos de graves violaciones de derechos humanos. Tampoco puede hacer denuncias públicas de casos en los que se estén cometiendo estas violaciones, ni tampoco publicar los estudios que haga sobre sus causas. Esto se debe a que las actuaciones y los documentos de la Comisión “tendrán carácter reservado frente a terceros”.

En pocas palabras, «la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación no garantiza ni justicia ni reparación para las víctimas», enfatiza la ONG.

Entre tanto, la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública, «no establece expresamente una prohibición a los servidores públicos para que no acaten ninguna orden que sea violatoria de las garantías fundamentales de cualquier venezolano».

La Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación y la Ley del Estatuto de la Función Policial, «solo otorgan potestades para recibir denuncias contra agentes policiales, pero no para imponer sanciones en caso de que consideren que incurrieron en alguna irregularidad».

«Estas nuevas unidades administrativas, se suman a las existentes en materia disciplinaria y no agregan elementos que brinden mayor transparencia e información», destaca la ONG.

Las reyes reformadas o aprobadas por la AN «parecen ser parte de una estrategia del Gobierno para bloquear las investigaciones por delitos de lesa humanidad que inició la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», alerta el informe.

«Están destinadas a hacer creer a la CPI que hay voluntad política para atacar las causas de las violaciones de derechos humanos en el país», agrega.

Concluye que «a más de seis meses de la aprobación de algunas de ellas todavía se registran irregularidades, como demoras en las celebraciones de las audiencias, el incumplimiento de las boletas de excarcelación».

Además, «se continúa con la práctica de negar a los detenidos la posibilidad de informar a sus seres queridos sobre su situación en el tiempo previsto en la Constitución. Es decir, estas leyes forman parte de una estrategia para dar a entender internacionalmente que hay reformas para mejorar la situación de la administración de justicia en Venezuela, mientras a lo interno se mantienen los mecanismos de impunidad».

Para el diputado de la bancada opositora de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Oscar Ronderos, el liderazgo de Juan Guaidó está muerto. “¡Se agotó!”.

¿Las razones?  “Porque no sólo han dilapidado el dinero que administran desde el exterior (Monomeros, asignaciones del Congreso de los EE.UU. y otros activos en el exterior)”, sino que se enfrascaron en una lucha con “mecanismos subversivos” para sacar del poder a Maduro.

“El venezolano no ha hecho uso o disfrute de los beneficios que esos activos debían producir”, recalcó.

En entrevista a Impacto Venezuela, Ronderos insistió que la oposición que representa, “no está salpicada” por el rechazó del país a Maduro que ronda el 80%, sino que lucha dentro de los escenarios democráticos disponibles y asume que el poder lo tiene quien está en Miraflores.

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La bancada opositora, a quien también denominan “los alacranes”, asume que Maduro “fue electo en 2018, que tiene el control del territorio del Estado, tiene control de los órganos del poder público y frente a ese gobierno es que hacemos oposición”, dijo.

Insistió que la oposición radical (administración de Guaidó), “no rechazó ni confrontó a este gobierno en escenarios democráticos, sino que lo hizo a través de mecanismos subversivos y fuera del orden constitucional”.

“Nosotros hacemos oposición dentro de la AN, hacemos oposición dentro del país y en contra de ese gobierno malo y del que tiene el 80% de rechazo del país”.

Ronderos, quien también es miembro de la Comisión de Diálogo de la AN, se refirió a las acciones de la CPI, quien anunció recientemente la apertura de una oficina en Venezuela para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones en contra de Maduro.

Fue enfático al decir que la CPI no viene a llevarse preso a Nicolás Maduro, sino “a asesorar y acompañar al Estado” para tramitar las denuncias de crímenes de lesa humanidad.

“El proceso que está construyendo la Corte con Maduro es un proceso de acompañamiento y asesoría al gobierno nacional y eso no se trata de ninguna acusación, se trata de una investigación de largo plazo que el gobierno ha venido implementando de manera inteligente a través del memorándum de entendimiento”, resaltó el diputado.

Agregó: “en consecuencias no debemos hacernos falsas expectativas con relación a la probable acusación de la CPI”.

Ronderos dejó claro que si se determina que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, “es la Corte quien debe tramitar y nosotros no podemos cohabitar cuando se determine que cometió esos crímenes”.

“La complementariedad de la CPI implica que debe asesorar y ayudar a los Estados en caso de tramitar crímenes de lesa humanidad y la complementariedad implica solamente si el Estado que ha cometido crímenes de lesa humanidad no lo ha procesado y no lo ha condenado”, añadió.

Lo que se supone sería un paseo por las nubes, se convirtió este viernes en una carrera llena de obstáculos. Y es que, en la Asamblea Nacional chavista, estaba prevista, este viernes, la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

No obstante, el proceso no se concretó y lo que iba a ser una «pausa de unas horas», se pospuso hasta quien sabe cuándo o hasta que haya acuerdos entre los integrantes del Parlamento.

La sesión estaba pautada para las 2:30 de la tarde, donde el Comité de Postulaciones Electorales presentó la lista de candidatos para la selección de 20 magistrados y sus suplentes. Además de estos, seleccionarían a los inspectores generales de tribunales y directivos de la escuela de la magistratura.

El presidente del Comité, Giussepe Alessandrello, en su discurso, dijo: «Tenemos un deber trascendental, la decisión que tomemos aquí va a afectar positiva o negativamente el futuro de la nación».

Se trata de una lista de postulados que se redujo de 271 a 254 nombres tras la revisión del Poder Ciudadano.

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Tras varios ir y venir y de llamadas entrantes y salientes, según fuentes de la AN, Alessandrello, propuso diferir el punto. Pero, este anuncio le tocó hacerlo al vicepresidente del Comité, José Gregorio Correa.

«A esto le falta conversa por eso creo que de esto, que viene siendo un trabajo arduo. No puede salir un tribunal por mayoría sino de todos. Tiene que ser por consenso porque eso es la justicia. Deseamos un TSJ que tenga todos los elementos para dar justicia a la ciudadanía» explicó.

La designación de estos magistrados, que se hace tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ, ha sido cuestionada por ONG y voceros de la oposición.

La principal queja es que, según la reforma, los magistrados que ya ocupan un puesto en el TSJ puede repetir.

En este sentido, la ONG Transparencia Venezuela advirtió que varios altos jueces se postularon a una reelección. «De resultar elegidos podrían ejercer como magistrados durante casi tres décadas. Todo, a pesar de que la Constitución limita a 12 años el periodo de cada funcionario».

“30 de los 32 magistrados del TSJ en ejercicio se presentaron como candidatos a la reelección, entre ellos Carmen Zuleta de Merchán, actual miembro de la Sala Constitucional. Ella, a principios del siglo llegó al TSJ como suplente. En 2005 la funcionaria se hizo con una de las siete sillas de la sala encargada de interpretar la Carta Magna. Tras la jubilación del magistrado Iván Rincón Urdaneta y en 2010 la Asamblea Nacional se la encomendó de manera definitiva”, afirmó la ONG.

«Vamos a darnos una trabajo arduo de horas, para muy pronto convocar a una nueva sesión». Así lo dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, sin precisar la hora ni la fecha en que se retomará este punto.

Según la nueva ley, ahora son 20 los integrantes del TSJ.

Es la segunda vez que sucede. El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea de la administración de Maduro prorrogó la postulación de candidatos a magistrados del TSJ.

La información la publicó la institución en su cuenta en Twitter, donde indican que las postulaciones serán hasta el 21 de febrero del año en curso hasta las 5:00 de la tarde.

Alegan en el aviso que el objetivo “es permitir la mayor participación de la ciudadanía en este proceso”.

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El presidente del comité, Giuseppe Alessandrello, indicó que los ciudadanos que ya se postularon, serán contactados mediante mensajería de texto y WhatsApp.

Esto, para indicarles la hora de la entrevista que sostendrán con el Comité de Postulaciones.

El proceso de postulaciones puede extenderse hasta un máximo de 30 días, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

#18Febrero El @CP_Judicial apegado a la CRBV y la Ley Orgánica del TSJ anuncia la prorroga del lapso para las postulaciones a los cargos de Magistrad@s, Inspector(a) General de Tribunales y Director(a) de la Escuela de Magistratura hasta el #21Feb a las 5:00 PM. pic.twitter.com/asRLltP4ZR

José Brito, diputado de la Asamblea Nacional chavista y miembro de la llamada «fracción alacrán», anunció la culminación de las investigaciones contra la AN elegida el 2015.

“La Comisión Especial que investiga las acciones perpetradas contra la República concluye la investigación de los actos cometidos por los exdiputados del período 2016-2021. Este informe final será entregado a la directiva de la Asamblea”, dijo Brito, a través de su cuenta en Twitter.

Este diputado, junto con otros disidentes de la oposición, está involucrado en el escándalo de corrupción del empresario Alex Saab, preso en Estados Unidos.

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El año pasado, una vez instalada la AN del 2020, José Brito asumió la presidencia de esa comisión investigadora. No obstante, pasó el 2021 y la instancia nunca presentó un informe sobre esas averiguaciones.

Fue este año, tras la instalación de la AN, el 5 de enero, cuando Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, habló de esta comisión y pidió resultados,

El anuncio de Brito ocurre una semana después de que la AN chavista aprobó, «por unanimidad», con el apoyo de la bancada de la “Alianza Democrática”, un acuerdo en respaldo a las acciones penales contra Juan Guaidó.

Hoy la Comisión Especial que investiga las acciones Perpetradas contra la República concluye la investigación de los actos cometidos por los exdiputados del período 2016-2021. Este informe final será entregado a la directiva de la @Asamblea_Ven. pic.twitter.com/19HDfiMxdy

En un proceso que duró menos de 12 horas, la ahora exdiputada chavista Taina González, enfrentará un proceso en tribunales ordinarios, por narcotráfico, entre otros delitos.

Y es que este martes, la Asamblea Nacional (AN), acordó por unanimidad levantar la inmunidad de González, poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), determinara que fue detenida en flagrancia.

De esta manera, cumpliendo a pie juntillas lo que dice el artículo 200 de la Constitución, el TSJ decidió que ella «es responsable» de varios delitos. Por lo tanto, perdió el beneficio del antejuicio de mérito.

«Hemos recibido un golpe, sí. Pero nos estamos levantando desde el mismo momento en que levantemos nuestras manos y digamos que allanamos la inmunidad parlamentaria de esa delincuente, de esa traidora. De que digamos que aceptamos la renuncia de esa delincuente», afirmó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

Sobre la renuncia, se refería a la carta que leyeron en la plenaria, perteneciente a otra diputada del estado Apure por el partido Organización Renovadora Auténtica (ORA). A Jeycar Saraith Pérez, también la catalogaron de «traidora» y «delincuente».

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Rodríguez también pidió «a la Fiscalía que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias». Pero no aclaró las razones de la renuncia de Pérez.

En el debate, los diputados manifestaron su indignación. Aseguraron que «no puede haber impunidad», por lo que insistieron en que «no habrá piedra bajo la cual se puedan esconder los traidores».

«Por un puñado de dólares traicionaron a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos y cometieron el peor de los delitos. Por unas monedas traicionaron a su patria, pusieron en riesgo la seguridad de su patria. Traicionaron la buena fe, traicionaron la elección de vida y el futuro del pueblo que los eligió como diputadas», aseveró Rodríguez.

El parlamentario insistió en que los legisladores que han incurrido en delitos «traicionaron a la revolución». Advirtió que a ellos, y a todos los que estén envueltos en hechos delictivos, les espera la cárcel.

En el debate participó el diputado opositor Óscar Ronderos. Este aseguró que el bloque parlamentario antichavista respalda el levantamiento de la inmunidad de González, pero que «no puede quedarse» solo en eso.

A juicio de Ronderos, se trata de un problema que ha afectado a toda la AN. Por ello pidió la creación de una comisión especial que investigue los hechos en los que resultaron involucrados recientemente diputados, alcaldes y otros funcionarios públicos.

A González la arrestaron junto a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm, la también chavista Keyrineth Fernández. Además, con ellas iban a otras cuatro personas.

Posteriormente, detuvieron al alcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui, el chavista Carlos Rafael Vidal. Y junto con él, al comandante de la Tercera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de esa jurisdicción, Antonio José Barrios y al fiscal superior del estado Bolívar, Manuel Gil Da Silva.

Estos funcionarios fueron identificados como líderes de una «red» de delincuencia organizada, dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina.

La Asamblea Nacional chavista aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Reforma del Decreto de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

El objetivo de la reforma es “captar las transacciones que se realizan con divisas y criptomonedas”.

El ponente de la normativa, Ramón Lobo, explicó que las «operaciones dentro del sistema financiero que son calificadas como contribuyente especiales, se deben incorporar en el concepto de grandes transacciones financieras. Así como los pagos que se hacen fuera del mismo».

Por su parte, el parlamentario Orlando Camacho, indicó que “la reforma también busca dar mayor incentivo y confianza al uso del bolívar. Por ello, se abre la posibilidad de elevar el porcentaje de la alícuota para las transacciones no convencionales con divisas y criptos”.

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“Valoriza nuestra moneda y genera impuestos y también permite que nuestro bolívar compita de manera justa (…) Una tasa del 2.5 % permite al Ejecutivo nacional maniobra y capacidad de ajuste. Creemos que es prudente aprobar en primera discusión esta ley para fortalecer nuestra moneda”, insistió.

La propuesta, que consta de ocho artículos. En términos tributarios, la reforma «incentivará el uso del bolívar apoyando así al fortalecimiento gradual de la moneda nacional».

Lobo dijo que «la reforma busca que las transacciones en divisas paguen un impuesto sobre los débitos y transacciones al menos igual o superior al que hoy pagan los débitos en bolívares».

«El texto legal va en consonancia con los nuevos productos financieros que las entidades trabajan para permitir cuentas en dólares que aprueban pagos en bolívares al momento del desembolso», agregó.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Martínez cree que «desestimula el uso de divisas y criptomonedas». «Una tributación mayor a la que corresponde a la moneda nacional, no parece positivo y no genera confianza».

La intempestiva reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) que el chavismo puso en marcha en los últimos días de 2021 está llena de luces y de sombras.

El alerta lo hizo la ONG, Acceso a la Justicia que revisó el texto de la reforma aprobado en primera discusión el 30 de diciembre por la Asamblea Nacional (AN) chavista.

«Reducir el número de magistrados de 32 a 20. Aumentar de cinco a diez los miembros de la sociedad civil que evaluarán a los aspirantes en el Comité de Postulaciones Judiciales y establecer que la elección debe producirse con una mayoría calificada de las 2/3 partes del Parlamento son las principales modificaciones», destaca la organización.

A primera vista, la ONG califica como «sorpresiva», la medida de modificar la ley. «En el TSJ solamente hay dos vacantes absolutas, por las renuncias de Christian Zerpa y Gladys Gutiérrez. Esto sin contar la situación de la magistrada Janeth Madriz, quien ejerce como Encargada de Negocios Ad Hoc en Panamá. No obstante, para finales de este año expiran los períodos de los funcionarios designados en 2010», destaca.

Para Acceso a la Justicia, «la reforma pareciera tener un propósito más profundo que el simple hecho de sacar o poner funcionarios. Al menos así lo dejó entrever el propio Rodríguez, quien declaró: ‘Entienda, sepa y comprenda el pueblo de Venezuela que vamos a fondo con este proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas de la República'».

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«Las palabras del diputado oficialista revelan que la intención de la modificación es silenciar las críticas que el TSJ viene recibiendo desde 2004», señala.

¿Qué pasó ese año? «La AN que, por entonces contaba con una pírrica mayoría chavista, aprobó una Ley Orgánica del TSJ que aumentó de veinte a treinta y dos el número de magistrados. Reservó la mayoría de las sillas del Comité de Postulaciones Judiciales a parlamentarios. Estableció que si luego de tres votaciones no se lograba elegir a los magistrados por mayoría calificada, la cuarta se haría por mayoría simple».

Este instrumento legal «abrió las puertas para que el chavismo terminara de cooptar al máximo juzgado y al resto del Poder Judicial», denuncia la ONG.

Recuerda que «la ley de 2004 se aprobó para evitar expresamente nuevos fallos como el que eximió de responsabilidad a los generales y almirantes que participaron en los sucesos de abril de 2002».

Agrega que «este instrumento abrió las puertas para que diputados chavistas como Luis Velásquez Alvaray, Luis Franceschi, Malaquías Gil, Juan José Mendoza, Calixto Ortega y Christian Zerpa. Además de Gladys Gutiérrez y Janeth Madriz, funcionarios como Eladio Aponte Aponte e incluso parientes de altos cargos del chavismo aterrizaran en el TSJ».

Añade que «todo ello habría sido muy difícil si el comité evaluador hubiera estado integrado por miembros de la sociedad civil. También si la elección se hubiera hecho siempre por mayoría calificada, tal y como manda la Constitución».

«Son magistrados cuya afiliación revolucionaria está más que garantizada (…) No nos vamos a meter un autogol», confirmó en su momento el diputado Pedro Carreño.

Este instrumento, así como la reforma que sufrió en 2010, permitieron que «hoy el máximo juzgado del país esté conformado por magistrados que simpatizan con el Gobierno chavista. Ellos avalan mediante sus sentencias sus decisiones. Una alineación que permitió que el Parlamento electo en 2015 fuera aniquilado y con él la democracia venezolana».

Como si lo anterior fuera poco, «la cooptación del TSJ también permitió que miles de jueces hayan sido designados y destituidos por mecanismos distintos a los concursos de oposición. Esa es una situación que impide que la justicia les garantice a los ciudadanos sus derechos y que los indemnice en caso de algún daño».

Aunque la propuesta parece dirigida a desmantelar el sistema implantado en 2004, algunas disposiciones están fuera del marco constitucional. En este sentido, la ONG dice que las mismas están «destinadas a seguir asegurando el control político del Gobierno sobre el TSJ».

Así, por ejemplo, en la reforma del artículo 65 de la ley se establece que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por quince miembros. Se trata de cinco diputados y diez miembros de la sociedad civil. El artículo 270 de la carta magna deja en claro que el Comité es un órgano asesor del Poder Judicial. Dice que «estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad».

Si no fuera suficiente, la reforma incorpora una figura no prevista en el texto fundamental: el comité preliminar.

Esta instancia es una copia del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE). La misma se encargará «de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria de la AN los postulados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales».

Y, de paso, la instancia la conformarán los cinco parlamentarios, quienes luego de que se seleccione a los representantes de la sociedad civil pasarán a formar parte del órgano evaluador.

Lo anterior deja en claro que el chavismo no está dispuesto a renunciar a ejercer algún tipo de control en la designación de los magistrados.

La disminución del número de magistrados a 20, la cantidad que tenía el TSJ cuando originalmente fue creado en el año 2000, es otro de los cambios llamativos. ¿Por qué la reducción? Para que «pueda darse un mejor manejo de las salas», se justifica en la exposición de motivos de la reforma de la Ley.

«El chavismo parece olvidar que en 2004 justificó el aumento de magistrados señalando que esta medida permitiría combatir el retardo procesal que aquejaba al TSJ», dice Acceso a la Justicia.

Sin embargo, casi 18 años después, «la eficacia del máximo juzgado no ha mejorado, pese a contar con 32 miembros».

«¿Quieren diálogo? Liberen a Álex Saab para que se incorpore a las conversaciones. No hay diálogo con hipocresía».

La declaración corresponde a Jorge Rodríguez, ratificado por el chavismo como presidente de la AN, al referirse al proceso de diálogo en México.

Este miércoles se instaló la Asamblea Nacional (AN) chavista para el periodo 2022-2023.  La Junta Directiva quedó conformada por Jorge Rodríguez como presidente. Iris Varela como primera vicepresidenta y Vanesa Montero como segunda vicepresidenta.

Rodríguez dirigió el debate y Nohelí Pocaterra, fue nombrada secretaria accidental durante la sesión.

Son libertad de Saab no hay diálogo

#5Ene #ImpactoVenezuelaHilo…?Jorge Rodríguez acerca del proceso de México: "¿Quieren diálogo? Liberen a Álex Saab para que se incorpore a las conversaciones. No hay diálogo con hipocresía". @impactove ? pic.twitter.com/SSTC0m6Ef5

«Basta de hipocresía con el tema del diálogo. Fuimos limpios de corazón como hemos ido a todos. Pero no vayan a uno para luego sabotearlo internamente», agregó Rodríguez.

Cabe destacar, Saab, de 50 años, se encuentra en EE.UU. desde el pasado 16 de octubre. Ese día el Gobierno de Cabo Verde, donde estaba detenido desde junio del 2020, decidió extraditarlo.

El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami. Pero, allí se declaró «no culpable» el 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.

Por su parte,  familiares de Saab confirmaron este martes que el centro donde se encuentra está en cuarentena desde hace cuatro días.

Según difundió EFE el juicio fue pospuesto por pandemia para mediados del mes de febrero.

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Destacó que «entre gallos y medianoche hubo varios despidos. Despidieron a Leopoldo López, a Alberto Ravell. Botaron a supuestos embajadores, magistrados de cargos que jamás ejercieron. A lo que no renunciaron fue al robo».

Acerca de las declaraciones del Departamento de Estado de EE.UU. sobre Juan Guaidó, señaló «Me imagino que seguirán reconociendo la monarquía de este señor».

Durante su discurso se preguntó:  «¿Por qué la aprobación espuria de aquel mal llamado Estatuto, que viola la Constitución de Venezuela? ¿La firma de contratos con mercenarios para la incursión de nuestras costas?».

Tal como otras veces lo ha señalado, soltó : «¿Dónde están aquellos que violaron su juramento hace cinco años y dónde están ahora?».

#5Ene #ImpactoVenezuelaHilo…?Jorge Rodríguez: "Si usted se reúne con cómplices de otros robos, está cometiendo el delito de robo. Tienen que responder. Con el eufemismo de recuperación de activos, cometen el más grande robo a la República". @impactove ? pic.twitter.com/4UeENJAfYU

No faltó su cuestionamiento a los manejos de la oposición. «Si usted se reúne con cómplices de otros robos, está cometiendo el delito de robo. Tienen que responder. Con el eufemismo de recuperación de activos, cometen el más grande robo a la República», indicó.

Es por ello que Rodríguez ordenó a la comisión especial encargada de investigar crímenes cometidos.

 «Esta AN conformó en enero una comisión especial que se encargaba investigar los crímenes de la anterior junta directiva. Ordeno a esa comisión que incorpore los delitos perpetrados hace dos días”, expresó.

Tras cinco años bajo control opositor, el oficialismo recuperó la Asamblea Nacional hace un año, al arrasar en unas elecciones sin rival. Este 5 de enero, como señala la Constitución, se instala el Paramento que ya puede ofrecer un balance: aprobó 38 leyes y 17 acuerdos, sin prácticamente ninguna traba.

Pero este balance no es gratis: Meses antes de las elecciones legislativas del 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino los partidos antichavistas tradicionales. Suspendió a sus directivas y nombró, para ocupar los cargos vacantes, a disidentes de la oposición.

De un pleno de 277 diputados, 256 son chavistas, recordó la agencia Efe. Las mayorías calificadas están garantizadas, incluso, desde antes de efectuarse la votación. Pero, además, los 20 opositores que ocupan el mismo número de escaños están alineados con el oficialismo en una hermandad sin precedentes.De tal modo que, en el peor de los casos, cualquier propuesta cuenta con, al menos, 276 cómodos votos.

El único no alineado es el legislador Óscar Figuera, del Partido Comunista de Venezuela (PCV), fiel defensor del chavismo original. Es detractor del rumbo hacia «capitalismo» al que, considera, conduce al país Nicolás Maduro, alejándose cada vez más de su padre político, Hugo Chávez.

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La voz discordante de Figuera, único que se atreve a confrontar abiertamente al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, es silenciada. Le callan cada vez que trata de argumentar cómo el oficialismo se aleja de la doctrina de Chávez y avanza hacia un sistema completamente opuesto.

Cuando Figuera toma la palabra en la plenaria y trata de poner en evidencia al chavismo actual, la señal de VTV cambia de inmediato la propaganda.

Los 256 legisladores chavistas llevan una lección bien aprendida en casa. El voto será siempre favorable a la propuesta o proyecto que se presente. Esto, al margen de si se trata de un planteamiento económico o el apoyo incondicional a la política de un país amigo, como los recientes casos de Nicaragua y Cuba.

Ahí es donde radica el éxito indiscutible de un grupo bien aleccionado, conformado por distintas vertientes del chavismo. Aunque tengan opiniones dispares, más o menos radicales en privado, nadie desafina en público. Cantar con un tono por encima o por debajo del que marca el director de orquesta puede excluir al barítono del grupo.

Cualquier reforma, propuesta o proyecto que requiera de un argumento que justifique su impopularidad, si se da el caso, siempre contará con el respaldo de una explicación recurrente: las sanciones económicas de EE.UU., que obligan a hacer esfuerzos sobrehumanos a un pueblo que las padece en su propia piel.

Tampoco se olvidan de las sanciones de la Unión Europea (UE), aunque estas no recaen sobre el país ni los fondos que pertenecen al pueblo, sino sobre personas concretas, que son las únicas que ven afectados sus movimientos o sus bienes personales. Pero esta explicación siempre queda en el limbo.

Un grupo de exdiputados de la anterior legislatura (2016-2021), liderado por Juan Guaidó los dos últimos años, creo lo que denominaron «comisión delegada», que pretende manejar como una prolongación del Parlamento que un día tuvieron en sus manos, pero que hoy, pese a sus reuniones semanales, sus aprobaciones y debates no tienen repercusión a efectos prácticos.

La escasa trascendencia del plan opositor da más fuerza real al Poder Legislativo controlado por el chavismo, que va sacando leyes, mientras la «comisión delegada», conformada por menos del 10 % del pleno que un día fue, escribe en papel mojado, al no contar con institucionalidad ni fuerza real.

Este jueves, durante una sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional de mayoría chavista; aprobó en primera discusión, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro, para disminuir el número de magistrados.

La propuesta fue consignada por Maikel Moreno, presidente del TSJ de Maduro. Aunque en horas de la mañana se denunció que el contenido de la ley no era conocido por el oficialismo; este jueves se designó el Comité de Postulaciones Judiciales para escoger los Magistrados.

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Durante la presentación del proyecto de ley, Diosdado Cabello indicó que con la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del TSJ se busca la disminución del número de magistrados del Poder Judicial. Indicó que la finalidad es fortalecer, “su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia”.

Asimismo, indicó que con esta reforma se busca suprimir las regulaciones vigentes que permiten que después de varios intentos se pueda designar a los magistrados por mayoría simple. El número dos del chavismo, reiteró que con la reforma se busca, fortalecer la autonomía y procedimiento de designación del Comité de Postulaciones Judiciales; aumentando de 5 a 10 el número personas postuladas por los sectores de la sociedad civil, en vista de las concurrentes críticas sobre la composición del Comité el cual debería estar conformado exclusivamente por “sectores de la sociedad civil”.

En tal sentido, se pretende aumentar la representación proporcional de estos sectores para dar respuesta a esta observación.

Luego de ser discutida, el proyecto de ley fue aprobado por los diputados.

El TSJ de Maduro cuenta actualmente con 32 magistrados entre principales y suplentes; de los cuales la Sala Constitucional está conformada por siete jueces y las salas político administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Penal y Casación Social por cinco cada una.

 La Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles, en segunda discusión, la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. El objetivo de la norma es «dar cumplimiento a la asistencia jurídica y humanitaria a quienes hayan sufrido violaciones de sus principios fundamentales».

No obstante, en el articulado de la Ley surgen elementos que podrían hacer dudar de la independencia de la instancia que se crea.

En primer lugar, porque esa comisión va a depender de los recursos que le asigne el Ejecutivo, además otros ingresos.

«El patrimonio de la Comisión (…) estará constituido por: Los recursos que le sean asignados presupuestariamente para el Ejercicio Fiscal correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.

Los bienes que, para el cumplimiento de sus fines, le sean transferidos por la República o sus entes. Las donaciones que se hagan a su favor. Cualquier otro ingreso permitido por la ley», señala el artículo 14 de la norma.

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Cabe aclarar que el artículo 11 de la norma dice que «los integrantes de la Comisión desempeñarán sus funciones de Estado con carácter ad honorem». Esto sin perjuicio de las dietas que correspondan por su participación en las actividades de la Comisión».

También llama la atención que los miembros de esta comisión, según el mismo dispositivo, «gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones». La tendrán «desde su juramentación y hasta seis meses siguientes a la conclusión de su mandato».

Tampoco están «obligados a declarar, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos». Esto, en relación con «las actuaciones realizadas en el cumplimiento del mandato atribuido a la Comisión».

Por otra parte, el artículo 17 destaca que los integrantes de la comisión tienen acceso a todo tipo de información reservada o no. Aunque están obligados a respetar esa reserva y no divulgar nada de los casos que investiga.

«La Comisión o su Secretaría Ejecutiva podrán acceder a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole». Solo hace falta que esa información «se requiera en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna».

Dice que «los servidores públicos están obligados a permitir y a suministrar, en forma preferente y urgente, las copias de todo documento solicitado por la Comisión o su Secretaría Ejecutiva. Cuando por disposición legal la información solicitada deba mantenerse en reserva, la Comisión quedará obligada a mantener la reserva». No puede «difundir o hacer pública la información, sirviéndole únicamente como elemento para cumplir con su mandato».

Y establece que «la negativa de la servidora pública o servidor público a permitir el acceso y suministrar la información requerida por la Comisión será considerada como causal de destitución».

En la tarde de este jueves, durante sesión ordinaria la Asamblea Nacional de la administración de Nicolás Maduro; aprobó la designación de una Comisión Mixta que se encargue de avanzar en normalizar las relaciones bilaterales con Colombia.

Durante la sesión acordaron cumplir con tres elementos imperantes:

Durante la sesión, Jorge Rodríguez anunció que la comisión estará presidida por Timoteo Zambrano. Además, aseguró que este grupo de amistad parlamentario se construye con el fin de avanzar en la normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia.

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En la tarde del miércoles el Senado de Colombia envió una carta al Parlamento de Maduro para avanzar en el restablecimiento de las relaciones bilaterales en los aspectos de comercialización y económico.

Ante esta petición, Jorge Rodríguez saludó la iniciativa y acordó designar una comisión especial para tratar este tema.

Por su parte, Nicolás Maduro aplaudió esta iniciativa y resaltó la importancia de reactivar las relaciones con Colombia; las cuales están deterioradas desde hace más de ocho años.

Sin embargo, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseveró que está de acuerdo en la apertura de la frontera y en el intercambio comercial; no obstante, ratificó que con estas acciones no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Por el contrario, reiteró su apoyo a Juan Guaidó e insistió que reconoce su interinato, al igual como lo reconocen más de 50 países, incluido Estados Unidos.

En la Asamblea Nacional chavista adelantan la reforma de la Ley Resorte y del Código Penal. Pero, los diputados encontraron la forma de vincular ambas normativas. Y es que las sanciones de la primera se contemplarán en la segunda. Es decir que estas sanciones serán penales.

La información la dio a conocer el diputado Juan Carlos Alemán, presidente de la comisión de Medios de la AN. «El objetivo del Código Penal es que sea un único instrumento dedicado a las sanciones de este tipo», reseñó YVKE Mundial.

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Entre las reformas a la Ley Resorte destaca la fijación en petros de las sanciones de tipo tributario. «Actualmente este tipo de multas poseen montos insignificantes como resultado de la hiperinflación», explicó.

Dijo que en conversaciones con Conatel y el ministerio de Información, se decidió enfatizar en lo que tiene que ver con los medios electrónicos. «La reforma hecha en 2011 fue muy escueta, muy superficial y no se profundizó”., señaló.

Asimismo, dijo que se acordó incluir lo relacionado con los Medios Comunitarios y Alternativos, que no están en la ley. Añadió que está programado para mayo presentar al pleno de la cámara el proyecto de reforma de la mencionada ley y el de la Ley de Ciberespacio.

La diputada de la Asamblea Nacional chavista, Vanessa Robertazzo, adelantó algunas de las propuestas para la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. «Se busca unificar criterios y perfeccionar algunos delitos que no existen, como la violenta digital», dijo.

«De la ley actual básicamente que se está haciendo es unificar ciertos criterios en relación a la violencia de género. Esto para que el operador de justicia sepa cómo administrarlo», explicó en entrevista con Unión Radio.

En segundo lugar, «se quieren perfeccionar algunas cosas que están mal tipificadas y delitos que no existen», agregó.

La parlamentaria manifestó que «la recomendación es generar un trabajo de fondo, de campo y calle. La idea es propiciar un cambio importante en relación con el tema».

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Entre ellos destaca, «el delito digital. Eso es algo que se debe regular. La violencia política, las presiones, los chantajes, ese tipo de cosas se deben normar dentro de la ley», insistió.

Robertazzo recalcó que «se deben establecer prioridades a los delitos contra las mujeres. Presionar para que las instituciones funcionen como deben».