Nicolás Maduro ordenó reformar la Ley del Poder Popular a la Asamblea Nacional (AN) y esta obedeció. Tanto, que este martes aprobó, en primera discusión, algunos cambios al instrumento legal que, para la oposición en el Parlamento, de entrada, «violan la Constitución».

Pero no solo se van a realizar cambios en esta ley, sino que vienen más reformas todo el entramado legal que el oficialismo ha construido desde la AN para establecer el Estado Comunal, como la Ley de Contraloría Social y la de Consejos Comunales que también están en proceso, entre otras.

Fue el oficialista Julio Chávez el encargado de presentar las reformas del texto, con el argumento de que las mismas «consolidarán los diversos medios de participación y organización del pueblo para el ejercicio directo del poder».

«La propuesta es resultado de un gran debate en asambleas de ciudadanos, consejos comunales, para avanzar en la construcción de una ley marco que simplifique los procesos y conceptos en un código de leyes del Poder Popular», explicó a la plenaria.

«Tiene entre sus objetivos considerar la iniciativa del pueblo para ejercer el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales», agregó.

«Vamos a dar pasos en función a construir un sistema de una ley que unifique la cohesión y la construcción del Poder Popular, porque esa en la esencia lo decía el presidente Nicolás Maduro, es el arma secreta y es lo que va a marcar la diferencia en el año 2023, cuando el pueblo se reivindique y profundice la construcción de más Poder Popular para profundizar el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, lo que significará más socialismo para Venezuela», expresó.

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Por su parte, el diputado Edgar Raúl Leoni (AD), en nombre de la oposición, votó en contra de la propuesta por considerar que, «en los términos de conceptualización existe una inobservancia a la voluntad popular».

«Las personas que no se adhieran a edificar el Estado comunal quedarán excluidas, también tienen inobservancia a la voluntad expresada el 2 diciembre del 2007, cuando la ciudadanía por medio de un referéndum dijo ‘no’ a la propuesta de Hugo Chávez de instalar un Estado Comunal», argumentó.

Planteó la realización de un referéndum «para que el pueblo decida los destinos de la nación».

«En los términos redactados no favorece al pueblo, porque entre esos conceptos habla de gobernabilidad de obediencia y creemos que no es la participación protagónica que establece la Carta Magna», dijo.

Mientras que otro opositor, Alfonso Campos, respaldó las aseveraciones de León. «No estamos negando la Constitución. Aquí hay diputados que de la misma manera fuimos electos por una parte del pueblo, no negamos la democracia participativa y no decimos que el pueblo tiene poder y tiene el pronunciamiento de un poder cuando se afirma que la democracia tiene que residir en el pueblo la Constitución pide el protagonismo del pueblo a través del referéndum» remarcó.

El periodismo en Venezuela ha recibido duros golpes con la compra y cierre de medios, la censura y autocensura, la agresión y detención de periodistas y trabajadores de la prensa y la violación al derecho a estar informado y a informar.

A esto se le agrega un elemento más, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro pretende reformar la Ley del Ejercicio del Periodismo y El Colegio Nacional de Periodistas, preocupado por lo que ha de venir para el futuro llamó a protestar.

Lo hizo a través de un comunicado, publicado en sus cuentas en redes sociales, donde criticaron las pretensiones de dar un giro a esta legislatura, entre lo que destaca el permitir que personas no graduadas en Comunicación Social ejerzan este oficio.

«Ante esta situación, el Colegio Nacional de Periodistas llama a sus más de 25.800 agremiados, distribuidos en sus 26 seccionales, a elevar su protesta individual, a organizarse, a movilizarse, a exigirles a sus dirigentes gremiales acciones concretas para que no se altere el espíritu de la ley que desde hace 50 años previó el avance de una hegemonía comunicacional, ya fuera privada o estatal, promovida por la ignorancia, la ceguera ideológica o los intereses ajenos al pueblo venezolano», reza el documento.

El CNP ante la pretensión de reformar la actual Ley de Ejercicio del Periodismo. #cnpven #cnp #periodistas #InformarNoEsDelito #DefensaDeLaLey #gremio #GremioPeriodistico @galunach @ivonandara @CanelonDelvalle @TinedoGuia @nhessofu @CNPAnzoategui @cnpcarabobo @cnptrujillo pic.twitter.com/BFTcLGciwK

Asimismo,  convocaron a sumarse a las organizaciones gremiales, universitarias, de investigación, docentes y usuarios a la defensa de esta ley.

“En el caso venezolano, el ocultamiento premeditado de los datos oficiales por parte del Estado, la vocación censora del gobierno  a las voces disidentes y el uso del aparto legal para cerrar medios, apresar periodistas y hacerse la vista gorda ante las agresiones contra reporteros y ciudadanos comunes que se atrevan a disentir, necesitan de un gremio que unido luche por la prevalencia de los Derechos Humanos y la Democracia”.

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El Colegio Nacional de Periodistas también anunció que organizará un secretariado nacional con el fin de coordinar estrategias en todas las regiones para “movilizar a la opinión pública para que se dejen intactos los principios de libertad de expresión, de libertad de asociación, de la necesidad de la profesionalización y la preparación continua de los periodistas».

La segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, Carola Chávez, fue quien propuso la revisión y reforma de este documento que según asegura es necesaria por los “tiempos cambiantes” que se viven.

“La ley data de unos tiempos en que el periodismo se hacía con tipografía y había que cerrar la edición a medianoche porque después no había forma de imprimirla”, dijo.

De enero a junio del 2022, al menos 41 reporteros sufrieron vulneraciones en el ejercicio de sus libertades informativas en el país, asilo recoge el informe del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).

Ante esos atropellos, la administración de Nicolás Maduro no ha hecho absolutamente nada, incluso recientemente la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en la presentación del informe sobre Venezuela advirtió que se siguen vulnerando las libertades.

Precisó que entre mayo de 2021 y abril de este año su equipo documentó 166 casos de restricciones indebidas, lo que incluye casos de criminalización y amenazas contra voces disidentes, además de 34 violaciones de la libertad de expresión, reseñó EFE.

También sus funcionarios constataron situaciones de acoso, censura y confiscación de equipos profesionales y el bloqueo de portales web.

Alertaron sobre el uso de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

La reforma del Código Orgánico Procesal Penal aprobado por el Parlamento en septiembre pasado es «superficial» e insuficiente. La afirmación la hizo la ONG Justicia Venezolana que sostiene que los cambios no resuelven la «grave situación del sistema de justicia del país».

«Se trata de una reforma superficial que no resolverá la grave situación del sistema de justicia penal venezolano. Se requiere, sí, una nueva reforma verdaderamente sustancial del Código Orgánico Procesal Penal», señaló la organización.

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La ONG presentó un informe donde indicó que los cambios deben venir acompañados del «rescate de la autonomía e independencia de los jueces. Ellos son, en definitiva, los encargados en que se cumpla la constitución y la ley».

«Gran parte de la reforma del Copp luce positiva y acertada, ya que, a primera vista amplía los derechos de las víctimas o reducir los lapsos procesales. Evidentemente, resulta cónsono con el principio de progresividad de los derechos humanos», señaló Justicia Venezolana.

Sin embargo, «en la práctica no se corregirán algunos aspectos que se vienen arrastrando en la sustanciación de casos penales. Sobre todo los seguidos contra los considerados presos políticos».

La ONG expuso que el retardo procesal o dictamen «indiscriminado» de medidas privativas de libertad «indefinidas» en el tiempo es otro problema. «No será una situación que se vaya a corregir con acortar los lapsos procesales en la audiencia preliminar y el juicio oral y público», señala.

«Mientras tengamos jueces carentes de autonomía e independencia, la situación no va a mejorar», agrega.

El pasado 16 de septiembre, el Parlamento venezolano, aprobó la reforma que «mejora, los derechos de los ciudadanos, según el presidente de la AN, Jorge Rodríguez

«Esta reforma implica el incremento del derecho del ciudadano común, la adjudicación de herramientas suficientes o en todo caso de herramientas útiles para prevenir el abuso de autoridad o cualquier dilación en el debido proceso», sentenció Rodríguez.

La reforma al Código Orgánico Procesal Penal establece, entre otras cosas, una disminución a la discrecionalidad del Ministerio Público, la prohibición de que civiles puedan ser juzgados en tribunales militares y una reducción en los lapsos de audiencia, tal como explicaron los parlamentarios chavistas.

En la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro prosiguen con la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El diputado Ramón Lobo aseguró que el actual instrumento pecha las transacciones financieras en bolívares para contribuyentes especiales.

«Las transacciones en divisas en la economía nacional no son gravadas. Entonces el bolívar tiene una desventaja en su uso. Al contribuyente especial le gravan 2% si es en bolívares, pero si hace una transacción en otra moneda, no está pechado», indicó, en entrevista con Unión Radio.

«Nosotros queremos rescatar la confianza en el bolívar y eso pasa cuando la gente demanda esa unidad monetaria», señaló. «Si se logra gravar las operaciones en monedas distintas al bolívar, aumentará la recaudación tributaria», aseveró.

Recordó que el proyecto de reforma está aprobado en primera discusión. Entre sus novedades destaca que se gravarían «las transacciones en criptomonedas y divisas, con una tasa de 2,5%».

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No obstante, Lobo aclaró que, las operaciones en las mesas de cambio, «estarán exentas de esa tasa. Igual que cuando se compre en un comercio y se pague en bolívares el precio de un bien que está anclado al dólar».

Sobre la Ley de la Actividad Aseguradora que, está para su segunda discusión, dijo que la misma apunta a fortalecer la capacidad de capitalización de los seguros.

Igualmente, establece la reducción del tiempo de respuesta que deben dar las aseguradoras a los usuarios; así como el fortalecimiento de la medicina prepagada.

Por otro lado, Lobo dijo que hay varias leyes por reformar, como el Código de Comercio que «está desfasado. En los próximos días también irá a segunda discusión la Ley de Zonas Económicas Especiales».

En su discurso, durante la instalación del periodo 2022 de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez se explayó en hacer promesas que también hizo el año pasado y no cumplió.

Rodríguez dijo que el Parlamento iba a “investigar los terribles crímenes contra la República perpetrados por las juntas directivas que instrumentaron todo tipo de agresiones”.

Se refería a cinco directivas que pasaron por la AN entre el 2016 y el 2020, sobre la de Juan Guaidó. El año pasado también dijo que lo investigarían y prometieron castigos ejemplares, pero nada pasó.

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“Ya está bueno, se acabó, tienen que responder ante la justicia”, expresó Rodríguez.

Y recordó que la AN conformó una comisión en enero de 2021 coordinada por el diputado José Brito. Este parlamentario fue precisamente uno de los implicados en presuntos casos de corrupción. Además, forma parte de la disidencia opositora conocida como «los alacranes».

Rodríguez ordenó a esta comisión reactivarse e incorporar en un lapso de siete días las acciones de la AN de Juan Guaidó que ratificó «su interinato».

Desde la tribuna de oradores, Rodríguez exigió a la oposición a que reconozca que “cometieron un gravísimo error y crímenes contra la República”.

Dejen de «robarse dineros que no les pertenecen y devuélvanle al pueblo de Venezuela lo que se robaron”, instó Rodríguez.

El magisterio venezolano manifiesta su gran preocupación por la posible promulgación de una Ley del Ejercicio de la Profesión Docente. Se trata de un instrumento que viola la Constitución y representa un «golpe mortal» al docente. El mismo es un proyecto que está en elaboración en la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro.

La denuncia la hizo Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del  Sindicato Venezolano de Maestros.

En nota de prensa, detalló que, de lo poco conocido de esa ley, se sabe que su «objetivo es la partidización total del sistema educativo. Pretenden seguir con su línea de colocar en posiciones gerenciales a personas no preparadas. Solo se toma en cuenta a personas leales a Maduro y no al desarrollo educativo en Venezuela».

“Esta legislación también busca darle más poder a las comunas dentro de las escuelas. Quieren incidir directamente en la planificación de los estudios. Esto es inadmisible ya que nuestra carta magna sigue siendo democrática y no comunal”, indicó.

Sánchez afirmó que van a rechazar con todas sus fuerzas esta propuesta de ley. Este es otro ensayo de  la era chavista para tomar por asalto las escuelas, implantando una educación de carácter comunal», alertó.

“De nuestra Constitución viola los artículos 2, 89, 104, 146 y 74. Es una arbitrariedad que quiere darle un golpe mortal a la profesión docente”, remarcó.

Dijo que «esta ley no resuelve en nada la grave crisis del sector educativo venezolano. Un paso importante sería cancelarle a los docentes un salario digno equiparado a los estándares internacionales».

Reclamó «un salario mínimo para los maestros de 600 dólares. Además de abrir programa de alimentación escolar con los nutrientes necesarios y de calidad. Igualmente, se necesita el respeto al pasaje estudiantil entre otras medidas para sacar del foso a la educación del país”.

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Por su parte, Janeth Cazorla, directiva nacional de la Federación de Sindicatos de Licenciados en Educación, llamó a la unidad en todo el magisterio. Pidió «estar alertas ante la posible aprobación de esa».

“La estabilidad laboral o el régimen de ascensos no deben tener injerencia partidista o ideológica. La evaluación del desempeño docente debe ser por méritos científicos y académicos, nada relacionado con comunas o del PSUV”, alertó.

Cazorla afirmó que en leyes como la del trabajo y educación establece la no politización de la evaluación del docente.

Asimismo los padres y representantes deben estar atentos, porque la legislación  también viola varios artículos de la propia Lopna (Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes). “Todos los estudiantes, maestros y comunidad general debemos enfrentar estas pretensiones  y defender la educación democrática en Venezuela”, dijo.

La Asamblea Nacional chavista citará a representantes de las cableoperadoras. El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, Juan Carlos Alemán.

«Llamaremos a las cableoperadoras del país y a la Sundde para debatir los constantes aumentos en las tarifas de los servicios», dijo en entrevista para Unión Radio.

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«Que se presenten y expliquen, ya tenemos una mesa de trabajo que instalamos con Simple TV. Las empresas de televisión por suscripción realizan ajustes semanalmente o colocan el precio que les parece. Tiene que haber un control estatal de esta situación», aseveró.

Recordó que «quien regula este servicio es Conatel. Hay un cuerpo colegiado que se encarga de hacer la revisión de lo que tiene que ver con las tarifas», dijo.

Indicó que la Sundde debe responder, porque «ellos tienen una gran responsabilidad en el seguimiento de las tarifas. Y no se hacen los procedimientos sancionatorios correspondientes para estos abusos», remarcó.

Sobre la reforma de la Ley Resorte, dijo que se busca adaptarla a «las nuevas realidades que tenemos. Mientras que en la ley del Ciberespacio, se normará sobre el uso de las redes sociales». «Que la gente sienta que el resultado de estos instrumentos jurídicos sea la aspiración de la sociedad venezolana (…) no pueden seguir siendo las redes un instrumento para desprestigiar y vilipendiar», afirmó. 

Este jueves, el parlamentario de la AN chavista, José Brito presentó un informe preliminar sobre las investigaciones que viene realizando contra varios dirigentes opositores.

El también presidente de la Comisión Especial para investigar las Acciones Perpetrados contra la República aseguró que el objetivo es que se conozca la verdad.

Destacó que investigan en el marco de los presuntos hechos de corrupción ejecutados por la alternativa democrática.

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En ese sentido, acusó a Juan Guaidó y a los diputados elegidos en el 2015 de “asociación para delinquir”.

«Aquí estamos garantizando el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. El objetivo es la búsqueda de la verdad», dijo.

Durante su discurso, aseguró que el “Centro de Gobierno” creado por el interinato liderado por Juan Guaidó solo sirvió para enriquecer a unos pocos.

Entre los supuestos enriquecidos mencionó a: Leopoldo López, Julio Borges, Humberto Prado, entre otros.

«El Centro de Gobierno fue un traslado de fondo para Leopoldo López, Julio Borges, Humberto Prado, entre otros «, expresó.

Ante las investigaciones, Brito solicitó a la AN de Maduro la comparecencia de varios opositores que trabajan con Juan Guaidó.

“Fabiana Rosales, Lilian Tintori, Diana D’Agostino, Juan Guaidó, Julio Borges, Humberto Calderón Berti, Ramos Allup, Manuel Rosales, Freddy Guevara, Leopoldo López, Javier Troconis, Juan Pablo Guanipa, Carlos Vecchio, Carlos Paparoni, Carlos Prosperi, Alfredo Chirinos, Jorge Millán, Yon Goicoechea, Luis Soteldo, Gustavo Marcano, además de 37 representantes de papel que están en el mundo, también a Enrique Sánchez Falcón y José Ignacio Hernández”.

Asimismo, Brito solicitó que se hagan públicas las investigaciones de “las acciones perpetradas contra la nación”.

Aseguró que deben publicarse para que los venezolanos como el mundo sepan “la responsabilidad que tienen los actores”.  

A pesar de las acusaciones que emitió el parlamentario contra funcionarios opositores, no mostró ninguna prueba que argumentara este señalamiento.

Este miércoles el comité de postulaciones de la AN de Nicolás Maduro, detalló el cronograma para elegir a los candidatos que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una rueda de prensa, Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión, detalló que hay 114 postulados.

Indicó los procesos establecidos. Informó que dentro de 20 días evaluarán a los postulados.

Luego tendrán 14 días para presentar en tal caso, objeciones contra los postulados con la argumentación respectiva.

Desde el Palacio Federal Legislativo indicó que están en cumplimiento en lo establecido de la Ley Orgánica.

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Asimismo, insistió que el Comité de Postulaciones es netamente técnico y jurídico. “Haremos un trabajo acercándonos a la objetividad pura”.

Allessandrello insistió que será la Asamblea Nacional quienes elegirán a los nuevos rectores principales del Poder Electoral.

Por su parte, José Gregorio Correa, detalló que 4 de marzo iniciarán las entrevistas a los candidatos a rectores a partir de las 8:00 a.m.

Correa aseguró que “todos los integrantes hemos hecho todos los esfuerzos para llenar el tanque de la confianza y la esperanza electoral”.

Detalló que “hemos logrado, por consenso, llegar hasta aquí.

Indicó que estarán entrevistando en cuatro días hábiles a los venezolanos que se postularon, que reúnen los requisitos para ser rectores.

Informó que pese a que es un trabajo arduo, “nos dará resultados positivos que nos ayudarán a llenar el tanque de la confianza electoral”.

Aseveró que Venezuela necesita reencontrarse en el centro electoral

“Cualquier salida debe ser pacífica, electoral, constitucional y alejada de cualquier pensamiento de invasión o salida violenta”.

La Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, presentó este martes un el proyecto de acuerdo que propone expulsar del país a la representante de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante.

Esto tras las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 personas.

Entre ellas varios diputados como lo son Bernabé Gutiérrez y José Brito.

También, el írrito Parlamento pidió declarar que se revise el acuerdo de apertura de UE en Venezuela y cerrar dicha oficina.

En un acuerdo aprobado por unanimidad, la AN de Maduro, pide que «proceda a la ejecución de esta declaración”.

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Así como el establecimiento de los mecanismos diplomáticos tendientes a concretar la expulsión» de la embajadora.

Además, exhorta a Maduro a «declarar persona ‘non grata’ a la jefa de la delegación de la UE en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa».

El acuerdo lo leyó la diputada Ilenia Medina y, posteriormente, lo sometieron a votación.

Durante la misma, Jorge Rodríguez, dijo que levantaba sus dos manos para votar y pedir que se declarara a Brilhante como «persona non grata».

«Mis dos manos levanto para pedir que se declare persona non grata a la representante de la Unión Europea, mis dos manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela», sostuvo.

Anteriormente, Rodríguez dijo que no «cabe en la cantidad de asco» que le produce que «haya personas que se hayan hecho adictas a las sanciones».

Entre quienes celebraron la aprobación de las sanciones, se encuentran Juan Guaidó y Leopoldo López, quien reside en España.

«No cabemos en el asco de que hayan incurrido en tantas acciones, donde quien defiende la democracia es atacado por el ya fenecido Imperio Europeo», destacó.

En el texto leído por Medina piden «que revise el acuerdo de funcionamiento mediante el cual autorizó la apertura» de la oficina de la UE en Venezuela.

La UE aprobó este lunes nuevas sanciones contra funcionarios de Maduro.

Tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la UE no reconocen.

Ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.

En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número dos del presidente Nicolás Maduro.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE ampliaron hoy la lista, añadiendo, entre otros:

A la presidenta y al vicepresidente del CNE,, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.

Entre los sancionados están también los diputados José Brito y Bernabé Gutiérrez.

Este viernes, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) entregará a la Subcomisión de Diálogo de la AN de Nicolás Maduro propuestas económicas para avanzar a posibles soluciones a la crisis.  

En entrevista a Unión Radio, su presidente Ricardo Cusanno informó que las propuestas tratarán “tanto decisiones administrativas como también legislativas” para que “le quiten los nudos que han trabado a la economía”.

Espera que estas reuniones con la administración de Maduro no queden solo en conversaciones, sino que se logren soluciones.

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“Queremos dar nuestras capacidades para solucionar lo que se tenga que solucionar”, enfatizó Cusanno.

Precisó que en la reunión pasada, planteó el tema de adecuar los salarios de los trabajadores a la realidad.

“Es necesario que los salarios sean soportables para la empresa, porque si no favoreces a uno por un tiempo y matas a la gallina que da el salario y eso también hay que insertarlo en los trabajadores”.

Diputados de la Asamblea Nacional de la administración de Nicolás Maduro, se reunieron la mañana de este martes con la Relatora Especial del Consejo de DDHH de la ONU, Alena Douhan.

En la reunión que inició a las 9:30 de la mañana en el Hotel Reinassance, Douhan se reunió con la bancada minoritaria opositora de la AN de Maduro.

Entre los diputados recibidos por la Relatora Especial están: José Gregorio Correa, Bernabé Gutiérrez, José Brito, Timoteo Zambrano.

Además, recibió a Miguel Salazar, Luis Eduardo Martínez, Luis Augusto Romero y Luis Parra.

No se tiene previsto declaraciones de la Relatora Especial pero sí que sostendrá otras reuniones con organizaciones internacionales, sociedad civil y la oposición.

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También se conoció que realizará encuentros con abogados, académicos, activistas, familiares y víctimas de violación a los derechos humanos.

La experta de la ONU llegó a Venezuela este lunes con el objetivo de conocer el impacto negativo que tienen las sanciones en los derechos humanos de los venezolanos.

A su llegada expresó su plena voluntad de “examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, mantenimiento o aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas y de qué manera”.

“Me enfocaré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela”, dijo la alta funcionaria en un comunicado de prensa de la ONU.

Uno de los objetivos de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro es controlar las redes sociales. Para ello, en la comisión de Medios instalada esta semana, se creó una subcomisión que se encargará de vigilar las plataformas de comunicación digitales en Venezuela, entre ellas las redes.

El anuncio lo hizo el diputado Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Medios. Explicó que la instancia se crea porque en el reglamento no existía. «Hay que adaptarse a la nueva realidad y la preponderancia de las RRSS actualmente», dijo Alemán a VTV.

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“Una de las cosas fundamentales que tenemos que buscar es ver cómo logramos ponernos de acuerdo (…) para que no sirvan estas plataformas para generar odio, revanchismo, violencia y problemas entre los venezolanos”, expresó.

Aseguró que todos estos elementos serán parte de la discusión de la comisión. “Apenas nos estamos instalando. Estoy seguro que en la próxima semana se presentará (el punto)la agenda legislativa”.

Desde hace tiempo, la administración de Maduro vigila las redes sociales, sobre todo de periodistas y disidentes. Varios comunicadores sociales tienen procesos judiciales abiertos por lo que han publicado en sus redes. A todos los han procesado por supuestamente instigar al odio.

El contenido de las redes se controla en regímenes como el cubano, el chino y el iraní, entre otros.

#EnVideo?| Dip. @aleman72psuv: Uno de los retos que tiene la Comisión de Participación Ciudadana y Medios de Comunicación de la AN es lograr que las plataformas comunicacionales no sirvan para generar odio y violencia entre los venezolanos #4AñosCarnetDeLaPatria pic.twitter.com/JN2WOnfv5K

La vicepresidenta de la AN de Maduro, Iris Varela, informó sobre la creación de una Comisión Especial, presidida por el diputado José Brito, para investigar las agresiones impulsadas por el Parlamento de Juan Guaidó.

Varela explicó que su intención era modificar el orden del día de la sesión para aprobar un exhorto al Poder Judicial para que en 48 horas procediera a capturar “a quienes han hecho tanto daño” al país.

Sin embargo, precisó que se retractó de esta propuesta  por el carácter que tiene el nuevo Parlamento de “ser expresión soberana del pueblo”.

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Razón por la cual, la Junta Directiva decidió crear la Comisión Especial para investigar a la exdirectivas de la AN.

Esta Comisión estará presidida por el diputado José Brito, acompañados de los parlamentarios Hugbel Roa y Vanesa Montero.

Exigió que “en un mes” deban tener resultados para que “actúe la justicia de manera contundente”.

Insistió que deben trabajar “en honor al sufrimiento y al inmenso daño infringido al pueblo venezolano».

«Hagamos las cosas con la fuerza que nos da ser diputados de esta honorable Asamblea”.