La amenaza del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, si el Congreso de su país no le apoya en sus reformas, no cayó en saco roto, para propios y extraños.

Tanto, que desde sus redes sociales, el dirigente opositor y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, alertó a los colombianos acerca del peligro de una ANC, tomando como ejemplo la experiencia de Venezuela, con la llegada a Hugo Chávez y la convocatoria a la redacción de la Carta Magna que está vigente en el país.

El líder de VP dijo que para Venezuela la ANC fue el comienzo de “la destrucción de la democracia y de la economía. Tuvo como consecuencia una tragedia humanitaria que llevó al éxodo masivo de millones de venezolanos”.

“Les mando este mensaje porque en Colombia se está discutiendo la posibilidad de una constituyente. Nosotros como venezolanos cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos cuándo empezó el desastre, cuál fue el momento en que se comenzó a destruir Venezuela, sin duda alguna, fue la asamblea constituyente promovida por Hugo Chávez en 1999″, agregó.

“Hubo muchas promesas que una nueva constitución iba a solucionar la economía, que le iba a dar vivienda a la gente, que le iba a dar prosperidad, oportunidades, salud, educación», sostuvo.

Asimismo, lamentó que, «hoy, 25 años después, cuando miramos nuestra historia reciente vemos que fue la constituyente el inicio del fin de la democracia, el inicio de la destrucción de la economía que nos trajo a esta tragedia humanitaria».

Insistió a que «los hermanos de Colombia, tengan mucho cuidado. Les hago un llamado muy respetuoso a que unidos pueden enfrentar cualquier intento de que en Colombia ocurra con esa constituyente lo que ocurrió en Venezuela. Háganlo con tolerancia, pero siempre unidos alrededor de lo más importante que ustedes tienen, la democracia, el estado de derecho”, subrayó.

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Fue el viernes pasado cuando el presidente Gustavo Petro, en un discurso desde Puerto Resistencia, en el centro de Cali, cuando lanzo la advertencia.

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar”, indicó.

“Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, advirtió.

“Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta. La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo el mandato de paz y justicia, que es fácil de lograr”, dijo.

El 15 de diciembre pasado, la Asamblea Nacional Constituyente llegó a su fin. También terminó el período legislativo del Parlamento elegido en el 2015. ¿Cuál es el balance de ambos organismos? Al parecer no es muy positivo.

A la AN presidida por Juan Guaidó no le fue bien desde el principio. Apenas electa, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que no era válida la elección de los diputados de Amazonas, por lo cual ordenó su desincorporación.

En enero del 2016, apenas asumida la presidencia por parte de Henry Ramos Allup, el TSJ declara a la AN en desacato. Lo hizo por incorporar a los tres diputados indígenas.

A partir de allí, hasta el momento, se dictaron más de 100 sentencias limitaron cada vez más las acciones del Parlamento. Además, decenas de diputados están en el exilio, varios estuvieron presos y otros perseguidos. A todos dejaron de pagarles desde el 2016.

En el 2017, el CNE y el presidente Nicolás Maduro convocan a la Constituyente, se elige en julio y en agosto se instala con más de 500 integrantes.

Pero, el organismo no cumplió con su mandato principal, como es la redacción de la Carta Magna. No obstante, sí asumió labores de la AN, designó a las cabezas de los poderes públicos, allanó la inmunidad de varios diputados y redactó varias leyes decretos, a los cuales les puso la coletilla de “constituyentes”.

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En su discurso de cierre, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró que el organismo “logró consolidar la estabilidad en medio de agresiones internas y externas. Para salvar la patria, la paz y el pueblo venezolano de una guerra que pretendían imponer sectores de la derecha con el respaldo foráneo”.

Dijo que desde el 2017 “se recuperó la institucionalidad como lo establece la Carta Magna”. Cabello destacó las normas aprobadas durante estos tres años: Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, el decreto sobre el Criptoactivo y la Criptomoneda Petro. También aprobaron la Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) , Ley del Plan de la Patria.

Desde el 2018 sancionaron las leyes de Presupuesto de la nación y también la Ley de Precios Acordados, Ley de Inversión Extranjera, Decreto Constituyente de Diálogo Económico.

Cabello también dijo que “la ANC terminó un ciclo de acción por la patria. Entregamos un país en paz, con una Asamblea Nacional recién electa para que ejerza a partir del 5 de enero las labores legislativas en el periodo 2021-2026”.

De su lado, la Asamblea Nacional que cada vez quedó más disminuida. Asumió un papel importante para la oposición venezolana.

En enero del 2019, le tocó el turno en la presidencia al partido Voluntad Popular. Esto, por un acuerdo interno entre los miembros del llamado G4. Según este acuerdo, la AN la presidirían en este orden: AD, PJ, UNT y VP, además de los partidos pequeños que ejercerían la presidencia el último año.

Es por ello que asumió Juan Guidó. El 23 de enero del año 2019, el diputado por Vargas anunció que, en vista de que, para la oposición, las elecciones presidenciales del 2018 no eran legítimas y, por lo tanto, Nicolás Maduro estaba “usurpando el cargo”, se convertía desde ese momento en el “presidente encargado de Venezuela”, sobre la base de la “ausencia absoluta”, establecida en la Constitución.

Con este hecho, la polarización en Venezuela se acentuó aún más. Una parte de la población no reconocía a Maduro y la otra no aceptaba a Guaidó.

Salvo el reconocimiento de 60 países, de organismos como la OEA y la Unión Europea, el diputado por Vargas no cumplió con su promesa de sacar a Maduro de Miraflores.

Aunque tiene “embajadores” y “comisionados” en el exterior, Guaidó no ha podido “gobernar”. Por su lado, Maduro sigue en el cargo.

En medio de tremenda crisis política, destacó la crisis económica de Venezuela que ya suma casi 37 meses de recesión. Con una hiperinflación que se ha comido todos los aumentos de sueldos de los últimos años y que ha llevado a la dolarización de facto. Ni gobierno ni oposición han podido solucionar esta crisis.

Las encuestas aseguran que esa factura del hastío por ambos sectores la cobraron los venezolanos, tanto en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde solo participó el chavismo y una oposición acomodaticia, como en la Consulta Popular, convocada por Juan Guaidó.

En ambos procesos solamente participó un tercio del electorado, demostrando la apatía de la gente que solamente quiere que se resuelvan sus problemas.

El chavismo volvió a ganar la AN y tiene ahora todos los poderes en sus manos. Pero, a juicio del especialista, Aníbal Sánchez, “se vivieron dos procesos políticos de corte electoral. Desde sus convocatorias reflejaban sus características excluyentes propias de las políticas de polarización, por lo que era fácilmente predecible sus resultados, y que socialmente estaban lejos de ayudar a superar los problemas”.

Erigida entre masivas protestas y rechazo internacional, la todopoderosa Asamblea Constituyente de Venezuela llegó a su fin este viernes asegurando haber dejado «paz». Aunque, según expertos, a costa de anular al Parlamento opositor e ignorando su principal función: redactar una nueva Constitución.

Al sostener que su meta era pacificar al país al instalarse en 2017 en medio de manifestaciones que dejaron más de un centenar de muertos. El presidente socialista Nicolás Maduro justificó que la Constituyente no redactara una Carta Magna.

«El objetivo fundamental de esta Asamblea Nacional Constituyente (…) era restablecer la paz de la república, la seguridad interna, la unión nacional y la estabilidad del país. Hoy puedo decir: Asamblea Nacional Constituyente, ¡misión cumplida!», arengó Maduro en la última sesión del órgano oficialista.

La Constituyente «vino para hacer la paz», dijo poco antes Diosdado Cabello, número dos del chavismo, quien la presidía.

Sin embargo, en una crisis política que solo ha escalado, analistas aseguran que no trajo tal paz. Sino una arremetida contra el Parlamento de mayoría opositora. 

La Constituyente puso fin a sus funciones después de que el chavismo retomara el Congreso en las elecciones del 6 de diciembre, boicoteadas por los principales partidos políticos opositores y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. 

El 5 de enero se instala el nuevo Parlamento.

La Constituyente, aunque no sesionará más, seguirá «vigilante» hasta el 31 de diciembre, dijo Maduro.

Convocada por Maduro, la Constituyente fue elegida el 30 de julio de 2017 e instalada cinco días después.

Desde entonces se centró en «anular materialmente lo que hacía la Asamblea Nacional», controlada por la oposición tras su triunfo electoral de 2015, comentó a la AFP el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Lo hizo, agregó Daniels, de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, que declaró en desacato a la cámara después de que la oposición asumiera la mayoría, lo que dejó todas sus decisiones sin efecto.

Y la Constituyente, conformada en su totalidad por chavistas, tomó de facto las atribuciones legislativas. 

«(Maduro) se quitó de encima un poder que no era favorable», subrayó el abogado constitucionalista Carlos Guevara.

El ente plenipotenciario promulgó 98 decretos, 84 acuerdos, 14 leyes constitucionales y 40 «actos de otra naturaleza», según Cabello.

La oposición no participó del proceso que conformó la Constituyente y la considera «ilegal».

«Fue un instrumento más de persecución» contra la disidencia, expresó Daniels.

La Constituyente sesionó en el salón elíptico del Palacio Legislativo, frente al hemiciclo donde debate el Parlamento. Desde allí, levantó la inmunidad de más de 20 diputados opositores, acusándolos de delitos como «traición a la patria» y «rebelión» por llamar a protestas o ser vinculados con un fallido alzamiento militar en abril de 2019.

«Jamás me imaginé (…) que me iban a pretender sacar del camino», confesó la diputada opositora Mariela Magallanes en una llamada desde Italia, donde se refugió después de que la Constituyente la acusara de atentar contra Maduro.

Como ella, muchos están exiliados en la actualidad y otros presos, como el legislador Juan Requesens, que cumple arresto domiciliario. 

Las acciones de la Constituyente salpicaron al jefe parlamentario Juan Guaidó, que reclamó en 2019 la presidencia encargada de Venezuela con respaldo de medio centenar de países liderados por Estados Unidos.

Le retiró el fuero a Guaidó por «usurpar» funciones de Maduro, aunque el dirigente sigue en libertad. 

Por ley, este «suprapoder» debía reescribir la Constitución de 1999, pero eso «nunca estuvo en el panorama», destacó Daniels. 

No se abordó el tema en tres años de gestión. 

La legitimidad de la Constituyente de 2017 fue cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo, a diferencia de su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez, con la Constituyente de 1999.

Maduro prometió en su momento someter a consulta popular la nueva Carta Magna, ahora inexistente.

Después de la elección de la Constituyente, la empresa Smartmatic, que brindó soporte tecnológico a los comicios, denunció que las autoridades electorales, acusadas de favorecer a Maduro, inflaron la participación en al menos 1 millón de votos, llevándolos a 8 millones en este país de 30 millones de habitantes.

Esto «hizo un daño irreparable a la institucionalidad», dijo Guevara.

Con información de AFP.

El líder de la revolución, Nicolás Maduro recordó este martes que la Asamblea Nacional Constituyente llegará a su fin este mes.

Durante una alocución en el Palacio de Miraflores informó que la cuestionada ANC cesará sus funciones antes de que finalice el año.

El régimen de Nicolás Maduro pretende que la ANC deje de sesionar antes de que entre en funcionamiento el Parlamento elegido el 6 de diciembre.

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«Ya le tocará a Cabello anunciar los eventos para presentar su balance al país», expresó.

Maduro sostuvo que esta instancia ilegítima fue necesaria para completar un «ciclo virtuoso».

 «Hoy podemos decir que valió la pena convocar el poder constituyente. Fue útil, necesario, alto impacto para la historia moderna del país», insistió.

La Asamblea Nacional que ejercerá funciones desde el 5 de enero del 2021 fue elegida bajo cuestionamientos.

De hecho más de 50 países rechazaron las parlamentarias del domingo y las catalogaron como una farsa electoral

La Asamblea Nacional Constituyente fue electa en julio de 2017 en medio de las protestas contra el régimen.

Tras su instalación las manifestaciones cesaron y el nuevo órgano usurpó funciones del Parlamento Nacional.

Nicolás Maduro fue claro cuando convocó a las elecciones del seis de diciembre: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dejará de existir, luego de esa fecha.

La sentencia de Maduro recayó sobre una «institución» que nació torcida y que no cumplió con su principal función: redactar una nueva Carta Magna.

«Transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Estas son las tres funciones que el artículo 347 de la CARTA MAGNA le atribuye a la ANC. Pero, ninguna ha sido cumplida.

La ONG Acceso a la Justicia, publicó un informe en el cual destaca por qué la Constituyente, desde su origen, es completamente írrita.

«No llevó a cabo ninguna de sus asignaciones. Nicolás Maduro la convocó ilegalmente en 2017. No lo hizo a través del pueblo como manda la Constitución.  La ANC, en cambio, se ha dedicado a atacar a la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2015». sentencia el informe.

Agrega que Maduro activó la instancia «con el objetivo de arrogarse las competencias parlamentarias y perseguir a los diputados. En consecuencia, profundiza la obstrucción al Poder Legislativo».

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En sus más de tres años de funcionamiento, ha dictado una docena de «leyes constitucionales». LA ONG destaca que esa denominación «no existe en nuestro ordenamiento jurídico».

Entre esas normas destaca: la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la de Precios Acordados, la Ley del Impuesto a Grandes Patrimonios. Y la más reciente, la Ley Antibloqueo; así como otros «decretos constituyentes» como aquel con el que eliminó las alcaldías Metropolitana de Caracas y Mayor del Alto Apure.

Agrega que «la ANC se ha convertido en una herramienta de persecución contra la disidencia desde el primer momento. Prueba de ello es que su primera decisión, nada más al instalarse el 4 de agosto de 2017, fue remover a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz».

En el 2019 se arrogó la potestad para levantar la inmunidad parlamentaria a veintidós diputados opositores. «Y desde 2017 adoptó decisiones que sentaron las bases para ilegalizar a decenas de partidos políticos de oposición. Todo en represalia por no haber participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año».

También «ha propiciado la consolidación de un régimen autoritario (…) en perjuicio de los ciudadanos y el sistema democrático», alerta Acceso a la Justicia en su reporte.

Desde que el régimen de Maduro dejó de reconocer a la Asamblea Nacional elegida en el 2015, entrega el presupuesto nacional al ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia o a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Ricardo Menéndez, ministro de la administración de Maduro entregó este miércoles a la ANC el presupuesto para el 2021.

Aseveró en el marco de la Agenda Programática del Plan de la Patria para el año 2021 que este presupuesto tiene una “visión antibloqueo”.

“Lo estamos haciendo según los parámetros de ley establecidos en nuestra Constitución, en el marco legal y ante la ANC”, dijo Menéndez.

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A su juicio, el proyecto de ley plantea “defendernos de la agresión” de Estados Unidos.

Por su parte, la primer vicepresidente de la ANC, Tania Díaz, dijo que con esos instrumentos se sigue dándole “garantía del funcionamiento” al país.

“La ANC ha venido asumiendo el rol que el corresponde y la responsabilidad frente al país para garantizar el pleno funcionamiento de la República y también con los procedimientos respectivos ante al quiebre institucional provocado por la extrema derecha cuando se hizo mayoría en la Asamblea Nacional”, señaló.

Así, dijo que el proyecto ahora será pasado a la plenaria y luego al debate en las comisiones para que sea aprobado como Ley Constitucional.

Sin embargo no se develó el monto de este presupuesto nacional.

#EnFotos ? | Así se desarrolló la entrega ante ANC del proyecto de Ley de Presupuesto, Agenda Programática Plan Patria 2021 y Ley Endeudamiento. Por parte del VP de Planificación @rmenendezp.#VenezuelaGarantiaDeDDHH @taniapsuv pic.twitter.com/XPpcqFMncT

«El país cree en mí, creen en la ley porque eso lo redacté yo. Hay un gran país que tiene la esperanza renovada”, advirtió Nicolás Maduro.

Quien aseguró que los venezolanos repudian las sanciones y exigen que se levanten. “Va mi palabra y va mi vida en la Ley Antibloqueo», dijo.

Nicolás Maduro apuesta fuerte por la ley que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) rodeada de polémica y bajo sospecha.

Una normativa «totalitaria y antidemocrática», según constitucionalistas, que el propio ‘hijo de Chávez’ asegura haber redactado para enfrentar las sanciones y reimpulsar la economía.

Además, pretende imponer por vía de la urgencia, pese a que sabe que en enero contará con un Parlamento a su servicio tras las elecciones del 6-D.

Desde su irrupción ante la opinión pública y tras redactarse en secreto en la ANC, la Ley Antibloqueo ha cosechado la alarma entre opositores, expertos y aliados de Maduro.

Pues Maduro pretende concentrar más poderes para actuar sobre los recursos del país y para anular las leyes más incómodas. 

Esta ley le otorga más poder a quien ya tiene poder, esta  es  la visión revolucionaria implementada por Luis XIV y «el estado soy yo».

Solo que será aplicado entre las sombras de la tragedia venezolana.

Para el constitucionalista Juan Raffalli, hasta el derecho a la información queda en el aire, ya que esta ley otorgaría confidencialidad a los documentos del régimen.

Con la nueva ley, el Ejecutivo podrá actuar en secreto. «Es una ley antiderecho, la negación misma del estado de Derecho. 

Nicolás Maduro puede desaplicar normas jurídicas, decidir qué ley le incomoda para desaplicarla», explica Raffalli.

En esta ocasión, no sólo de la oposición parten las críticas. «Es un grave retroceso y no protege a los venezolanos», alertó el Partido Comunista.

Hasta movimientos de base del chavismo protestó en repudio a la imposición de una ley con agenda oculta.

A su juicio vulnera la Constitución bolivariana de Hugo Chávez.

Pese a haberse impuesto en 2017 para oficialmente redactar una nueva Constitución, la ANC no cumplió con semejante misión.

Pues este cuestionado poder se dedicó a fustigar al Parlamento y a los opositores, además de asumir inconstitucionalmente sus funciones.

A última hora Maduro ha decidido que la Constituyente deje un «legado» a su pueblo, pese a lo ilegal de tal acción.

«Es un chiste y si la escribió Maduro, no podemos esperar menos», ironizó el presidente encargado Juan Guaidó.

«Es un proyecto que contradice en esencia a la propia Constitución. Se fortalece el carácter autoritario del Gobierno”, señaló Provea.

La ONG asegura que la ley antibloqueo pretende privatizar los activos de la República bajo un manto de poca transparencia y mucha discrecionalidad.

Expertos económicos también avizoran que el régimen de Maduro usará la nueva ley para privatizaciones encubiertas.

Así como para la creación de mecanismos financieros en mercados nacionales e internacionales.

Sin límites de endeudamiento y sin importarle la presión contra sus activos internacionales.

Para Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, la Ley Antibloqueo también es un instrumento para la campaña de cara a los comicios del 6 de diciembre.

«Saben que la mayoría de los venezolanos responsabilizan a Maduro de la crisis, pero también cree que el bloqueo no produce cambios, amplifica la crisis y afecta a sus vidas”, alertó.

Por lo que aseveró que el régimen intenta así diluir su responsabilidad y culpar a terceros», sentencia el politólogo León.

Con información de El Mundo

La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este jueves por unanimidad la ley antibloqueo.

A juicio del régimen, esta ley fue creada para el “Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos”.

Hay que recordar que esta ley fue creada por Nicolás Maduro, según él, para librar los bloqueos provenientes de las sanciones emitidas por Estados Unidos.

La discusión de este recurso a favor del régimen chavista se prolongó durante cinco horas en una sesión de la ANC.

En el debate participaron: Hermann Escarrá, Rosa León, Jesús Farias, entre otros constituyentistas.

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En esta ley se crea el, “Centro Internacional de Inversión Productiva”, el cual regirá como ente encargado de hacer seguimiento de las medidas cohercitivas unilaterales.

Además promoverá la marca país para promover la inversión y el comercio exterior.

A juicio de la ilegal ANC también se crea un marco normativo especial el cual  le otorga al Poder Público Nacional herramientas jurídicas.

Según, esta ley mitigará, contrarrestará y reducirá los efectos del ‘bloqueo económico’ que atribuyen a Estados Unidos.

En ese sentido, la ANC explicó que la ley antibloqueo tiene como una de sus funciones, “el resguardo de los intereses del pueblo, de terceros entre ellos personas naturales y jurídicas”.

Además de pequeñas medianas empresas venezolanas.

El consejo de Estado será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la citada ley, explicó la ANC.

Para tal fin deberá reunirse cada tres meses para supervisar y desarrollar recomendaciones para hacer más efectiva la aplicación de este instrumento legal.

En la tarde de este jueves, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, informó que tres integrantes de la cuestionada ANC dan positivo al COVID-19.

Previo al debate de la ley antibloqueo creada por Nicolás Maduro informó que dieron positivo a la prueba de detección rápida del COVID-19.

Explicó que esos test fueron realizados este jueves temprano, previo a la sesión extraordinaria de la ANC para debatir la ley.

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“Quiero hacer una observación, cuídense mucho. No se expongan de manera innecesaria, esta enfermedad es muy dura (Covid-19)”, alertó Diosdado Cabello.

Luego el oficialista preguntó cuántos salieron positivo este jueves, “tres compañeros que vinieron y se hicieron su prueba”, aseguró.

Esta observación la hizo previo al inicio de sesión; sin embargo no dio los nombres de los contagiados.

Diosdado Cabello fue uno de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que se contagiaron por COVID-19.

Incluso, ha relatado en varias oportunidades que su proceso con el virus no fue fácil y que estuvo complicado.

Incluso reveló que pensó en retirarse de la política tras fuertes complicaciones por el coronavirus.

Nicolás Maduro reiteró en la tarde de este miércoles que a ley antibloqueo solucionará muchos de los problemas que atraviesa Venezuela.

Durante una jornada del «Plan Cosecha 2020, informó que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recibirá el proyecto definitivo.

“A ampliado y mejorado. Tengo gran fe y esperanza que con esta Ley nosotros vamos hacia un cambio necesario. Hay un gran país que tiene esperanza en la Ley Antibloqueo”, dijo Maduro.

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Asimismo insistió que la gente cree en él, porque él redactó esa ley, “Es una de las repuestas más contundentes para vencer el bloqueo y las sanciones”, señaló.

Destacó que con la ley antibloqueo se irán rumbo al desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela.

Informó que la ley Antibloqueo fue consultada con todo el país, “con el movimiento popular y el pueblo de a pie”.

“De esa consulta surgieron alternativas para mejorar toda la propuesta que he hecho”, destacó Maduro.

Según las encuestas emitidas por el régimen, 89,7% de los venezolanos estaría de acuerdo con la ANC al aprobar la ley antibloqueo.

En el marco del «Plan Venezuela cosecha 2020», aseguró que el país va rumbo a una «patria productiva. Venezuela está decidida a avanzar”.

“A recuperarse, a producir, a vencer”. Maduro pidió conseguir el sistema perfecto de producción, distribución, comercialización y precios justos.

Maduro aseveró que está listo y presto para apoyar a todos los productores.

Por otra parte denunció que están robando a los productores y consumidores, «Roban al productor, roban al consumidor y eso se tiene que acabar”. 

“Estoy listo y presto para darle todo mi apoyo a los productores del cacao. Debemos seguir avanzando”, resaltó

Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral, predijo la suerte de la nueva la Asamblea Nacional. Aseguró que será considerada tan ilegítima como la Constituyente.

A su juicio, se deben lograr «condiciones mínimas» que permitan que la elección «sea razonablemente pulcra y competitiva». De lo contrario, el nuevo Parlamento podría ser desconocido por la comunidad internacional.

“Puede ser peor el remedio que la enfermedad. No hacemos nada con una Asamblea Nacional que sea como la Constituyente. No sirve para solucionar la crisis de Venezuela, al contrario, la profundiza“, señaló.

En entrevista con Eduardo Rodríguez, en Unión Radio, Díaz consideró que la elección parlamentaria pudiera ser “una oportunidad tremenda”.

Sostiene que se tiene que aprovechar la oportunidad para luchar por condiciones que sean «el inicio de la recuperación de la democracia”. Sin embargo, descartó que se puedan lograr comicios con «estándares internacionales”.

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“Tampoco es verdad que vamos a tener elecciones con los estándares internacionales de Suiza. En Venezuela hay un profundo déficit democrático y hay una situación terrible. Por ello debemos construir, poco a poco esas condiciones», aseveró el exrector.

Insistió en que la lucha debe ser para «avanzar en una participación que signifique una solución para los venezolanos».

La oposición venezolana no participará en estas elecciones del 6 de diciembre porque el proceso está viciado.

Con la sentencia de Nicolás Maduro contra la Asamblea Constituyente (ANC) tienen un solo motivo. Ahora le estorba. Así lo manifestaron expertos constitucionalista, quienes coincidieron en que con las elecciones del 6 de diciembre, Maduro volverá a tener el control de la Asamblea Nacional.

“La Asamblea Nacional Constituyente va a funcionar hasta diciembre. Ya así lo he decidido”, expresó Maduro hace poco. Lo que no dijo es que ese organismo no hizo su principal tarea: redactar una nuevaConstitución.

Juan Manuel Trak, politólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que la Constituyente se convirtió de inmediato en una “simulación de Parlamento”. Asumió competencias legislativas y tomó decisiones que violaron las leyes y la propia Constitución.

“Su trabajo no ha sido otro que justificar medidas de gobierno. El ser la simulación parlamentaria de Maduro no le sirvió de mucho. No tuvo reconocimiento ni legitimidad, por la forma como fue convocada”, indicó a la Voz de América.

Maduro se hizo una oposición a su medida y convocó las elecciones. Con ello, el régimen se asegurará de controlar el Parlamento.

Luis Salamanca, abogado y doctor en ciencias políticas, afirma que la Constituyente nació con “ilegitimidad de origen”. También derivó en un organismo de partido único.

“Inmediatamente, se le vio el queso a la tostada. La iba a utilizar como un suprapoder para descabezar lo que quisiera y como un poder legislativo”, dijo.

No obstante, tras convocar al 6D, «se reencontrarán con el Poder Legislativo, que solo les gusta cuando está en manos absolutas de ellos”, dice Trak.

Trak, por su parte, coincide en que su cierre definitivo es el resultado del cálculo de Maduro. “Ya la Constituyente es innecesaria”, advierte.

Anticipa que la ANC pudiera heredar al siguiente Parlamento que será chavista un proyecto de enmienda de la Constitución.

“La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) será disuelta en diciembre de 2020”. La sentencia de Nicolás Maduro contra el organismo que su régimen impuso en el 2017 fue contundente. Dejará de funcionar luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Aprovechó una videoconferencia con varios de sus funcionarios, incluyendo al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, para dar la noticia. También descargó en él la responsabilidad de «dar más detalles», más adelante.

Agregó que de aquí a esa fecha «van a ordenar todos los decretos constitucionales y leyes constitucionales que ha aprobado. Ya su presidente el compañero Diosdado Cabello informará más al respecto», remarcó.

La principal tarea de la ANC era redactar una nueva Constitución. Pero, desde que se instaló, en el 2017, no han presentado ni un artículo.

Maduro agradeció lo que ha hecho la  ANC, «en función de mantener, devolver y garantizar la paz del país». «Gracias a Dios tuvimos constituyente que trajo la paz. Evitó la guerra civil a la que nos querían llevar el imperialismo y sus lacayos», dijo.

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La ANC fue electa el 30 de julio de 2017 a pesar de las protestas en contra. Estas manifestaciones de calle le costaron al país más de un centenar de muertos.

Asumió «el poder» en agosto de ese año y desde entonces no ha adelantado el texto de la nueva Carta Magna, que es su principal función.

Por el contrario, tomó de facto las atribuciones del Parlamento. La Constituyente, compuesta por 547 miembros, ha promulgado decretos que el régimen impone de inmediato.

La Constituyente, por ley, debe redactar una nueva Carta Magna. De ese trabajo se sabe poco. Se ha hablado de «borradores» e incluso han publicado algunos extractos, pero todos han sido negados. Lo que sí ha hecho esta ANC es despojar de su inmunidad parlamentaria a diputados de la oposición.

También convocó las elecciones de gobernadores y alcaldes en el 2018. Así como el proceso de elección de Nicolás Maduro que no ha sido reconocido por al menos 60 países.

Igualmente, tiene bajo su haber la ilegalización de partidos opositores. Eliminó los distritos metropolitanos y promulgó la Ley contra el Odio. Esta norma es la que que se aplica principalmente a los periodistas que publican información incómoda para el régimen.

Luego de más de un mes de haber sido diagnosticado con COVID-19, Diosdado Cabello, confirmó este lunes que casi toda su familia resultó positiva en las pruebas de detección de coronavirus.

«El coronavirus no perdona a nadie, no perdona clase social. En mi casa salimos positivos todos, excepto David, todos salimos positivos», dijo el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El dirigente chavista aseguró que su hijo David Cabello fue el único que no se contagió.

Cabello llevaba más de un mes ausente en de las pantallas televisivas, y por fin mostró su rostro durante una videoconferencia política del Psuv, donde también participó el líder del régimen Nicolás Maduro.

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Anunció el pasado 9 de julio vía Twitter que se contagió de COVID-19, luego de las especulaciones de su estado de salud el día anterior que motivaron a la temporal cancelación de su programa “Con el mazo dando”. Se escudó diciendo que padecía una “fuerte alergia”.

Desde entonces son pocas las veces que se ha dirigido al público y se supo que fue dado el alta el 08 de agosto. Cabello ha mencionado que su recuperación es lenta.

Durante su primera videoconferencia tras contraer el Covid-19, Cabello informó que en 15 días estaría “calentando los motores” para retomar su programa “Con el Mazo Dando”.

El dirigente rojo fue alentado por Maduro a retomar el programa y las noticias. ”Las noticias de las que ya tú sabes”, expresó Maduro durante la transmisión.

Por otra parte, Cabello habló de su recuperación. “La piel de las manos se me está cayendo. El médico me decía que eso mismo pasa en el interior del organismo, que las células viejas de los pulmones se va desprendiendo”, agregó.

La subsecretaria de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), también se contagió de COVID-19. Así lo anunció Carolys Pérez, a través de su cuenta en Twitter @carolyshelena este lunes.

La funcionaria confía “en Dios, Chávez y el Sistema de Salud” para salir airosa del coronavirus.

Hoy me tocó a mí,así que con la moral en alto inicio la batalla contra el COVID-19. Con la fé en Dios,en Chávez y en nuestro sistema de salud.¡Venceremos!

De esta manera, Pérez se suma al contraer esta enfermedad al presidente de la cuesionada ANC y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

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Así como también al ministro del Petróleo del régimen, Tareck El Aissami. Otros contagiados son el presidente de la Comisión de Soberanía e Integridad Territorial de la cuestionada ANC, Gerardo Márquez. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, así como Fidel Madroñero.

Hasta la fecha la Comisión Presidencial de Maduro, ha informado de 6.705 casos activos, de los cuales 5.830 están en hospitales públicos. 794 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 81 permanecen en clínicas privadas.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro anunció la noche de este lunes 193 casos «comunitarios» de COVID-19 y 49 casos «importados», detectados en las últimas 24 horas.

De esta manera el número de contagiados en el país se eleva a 9.707, según destacó Rodríguez, a través de una llamada telefónica al canal chavista VTV.

Indicó la funcionaria de Maduro, que actualmente hay 6.943 casos activos, de los cuales 6.062 están ingresados en hospitales públicos, 798 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI). Mientras que 83 están en clínicas privadas.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Nicolás Maduro se reunió este miércoles y aprobó la anulación de un decreto que ellos mismos habían aprobado en el 2017, con el cual se obligaba a los partidos políticos a renovarse, antes de participar en cualquier elección.

Como el régimen está arremetiendo contra las directivas de los partidos de oposición para colocar allí a dirigentes afectos al chavismo, ahora quita los obstáculos que en el pasado había puesto para evitar la participación de las organizaciones partidistas.

Se trata de la anulación del Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales, publicado en la Gaceta Oficial 41.308 del 27 de diciembre de 2017.

Diosdado Cabello dijo que se trataba de propiciar «la más amplia participación del pueblo en el venidero proceso electoral para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025 y facilitar la inscripción de los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)».

El Decreto Constituyente en cuestión establecía que, para que los partidos pudieran estar cualquier elección tendrían que haber participado en los comicios inmediatamente anteriores, además de cumplir con otros requisitos previstos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

La norma desaplicada indicaba que los partidos que no cumplieran con esta disposición, debían proceder a un proceso de renovación contemplado en la misma Ley.