El vandalismo ha sido uno de los problemas más presentados en este año, especialmente por cuenta de los desórdenes provocados en el marco del paro nacional, muchos achacaron estos actos a la protesta social, y, de hecho, los mismos le restaron legitimidad a la misma.

Y ya está a punto de convertirse en ley se un proyecto para sancionar el vandalismo, pero esto ha sido considerado por muchos como una manera de criminalizar la protesta social, este proyecto presentado por el gobierno colombiano busca fortalecer la seguridad ciudadana.

El proyecto aboga porque los reincidentes no salgan tan fácil a las calles, pues los jueces se encuentran maniatados para evitar esto, justamente por la no existencia de leyes más fuertes y claras frente al vandalismo.

Esta ley busca evitar que casos como los que se han presentado con jóvenes que han incendiado buses y acabado con el mobiliario de las ciudades terminen en penas laxas o simplemente que no haya castigo para ellos.

El proyecto de ley pretende que se impongan penas más severas para todas aquellas personas que destruyan bienes públicos o que interrumpan las acciones legítimas de la Fuerza Pública.

“Este proyecto de ley lo que hace es criminalizar la protesta, lo que hace es permitir una judicialización, un aumento de penas”, así se refirió al representante María José Pizarro, hija del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990.

El representante del Centro Democrático Christian Garcés apuntó que “Aquí tenemos que fortalecer el actuar de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para garantizar la protesta”.

“Este es el último coletazo de la bestia, se sienten acorralados, perdieron, están aterrorizados y están tan aterrorizados que traen discursos refritos que conocemos de memoria. Por un lado… ah, la institucionalidad, la legalidad, la gente de bien. Bien paracos y bien narcos varios de ellos. Y por el otro lado, los vándalos, los malos, los descamisados”, aseguró el representante en la cámara del partido verde Inti Asprilla en medio de un debate que subía de tono y se tornaba acalorado.

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Al proyecto aún le resta un debate en las sesiones extraordinarias del Senado de la República y también se está discutiendo la reglamentación de las armas no letales, pues con ellas se cometen gran parte de los asaltos en nuestro país, debido a que no existe una reglamentación de diferencie entre su tenencia y su autorización de uso.

El vandalismo fue el protagonista del paro nacional, y la oposición dice que el gobierno colombiano distrajo la atención de la población convirtiendo a los desmanes en el centro de atención del paro nacional, restándole importancia a las razones por las que se protestaba.

El «terrorismo urbano» al cual el presidente de Colombia Iván Duque relaciona con los hechos de vandalismos y disturbios que se presentan en el país, puede combatirse con una Ley.

Por eso invitó a los senadores y representantes del Congreso de la República a tramitar la Ley antivandalismo y antidisturbios.

Para poder así enfrentar los actos de violencia en la protesta.

Se trataría de una manera de combatir la ola de manifestaciones que derivan en hechos violentos (asesinatos y saqueos) que caracterizan las jornadas de rechazo a su gobierno.

En medio de un Paro Nacional que para este 30 de junio completa 62 días, el presidente Iván Duque considera que es la manera para enfrentar lo que denominó «terrorismo urbano».

En esta línea la discusión sobre la Ley permitía aclarar entre una protesta pacífica y actos de vandalismo o violencia.

También el mandatario invitó a los congresistas a trabajar juntos en la próxima legislatura para que tener en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios.

«Para que no pretendan, quienes prueben esas prácticas, pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos», dijo el presidente.

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En este sentido el proyecto de Ley comenzaría a discutirse a partir del 20 de julio.

Fecha en la cual el documento sería radicado por el Gobierno para que sea discutido por el Congreso.

Además, la Ley permitiría ejerce el derecho a la protesta pacífica bajo pautas de protección en un estado democrático.

Mientras que los vándalos que destruyen infraestructura deben tratarse como delincuentes.

«En nuestra constitución está consagrado el poder para reclamar esos derechos, pero necesitamos también poner sobre la mesa y de manera irrestricta la discusión sobre los deberes humanos» confirmó el mandatario.

Así mismo el presidente condenó los actos violentos que han aumentado en medio de las protestas, dijo que la violencia y el terrorismo urbano deben combatirse con contundencia.

“A los vándalos que destruyen infraestructura, el transporte público, que pretenden secuestrar buses, colgar cables que ya han cobrado vidas, a ellos se les llaman delincuentes y se les enfrenta como delincuentes” aseguró el jefe de estado.

Finalmente aseguró que el deber de un servidor público es el de defender los derechos de todos los colombianos incluidas las fuerzas militares.

Por eso pidió investigar y sancionar a los funcionarios públicos que ‘vergonzosamente’ atacan e insultan a los soldados y policías.

La Constitución reivindica derechos, pero hay que hablar de deberes. No se pueden exigir derechos violando los del otro. Por eso, invito al Congreso a que trabajemos en una ley antivandalismo y antidisturbios, para que no pasen impunes quienes soslayan derechos de los colombianos pic.twitter.com/bc78gRj5eY