Venezuela es un país rico en varios recursos, no solo petrolero, también en minerales y esto último ha hecho que haya una explotación minera descomunal, sobre todo en la región fronteriza con Brasil para poder sacar oro y venderlo al mejor postor.

De acuerdo con Associated Press, en 2016, la administración de Nicolás Maduro. estableció una enorme zona de desarrollo minero que se extiende por el centro de Venezuela para diversificar sus ingresos. Siete años después, hay una proliferación de minas en busca de oro, diamantes, cobre y otros minerales.

“El Arco Minero del Orinoco está plagado de violencia y envuelto en el secretismo porque muchas minas operan al margen o al margen de la ley. Ofrecen trabajos lucrativos para venezolanos comunes, pero las condiciones son brutales”, dice parte del reportaje.

Asimismo, relataron cómo es el trabajo en una de las minas de Bolívar, principalmente, “, los operadores usan dinamita para aflojar rocas a unos 80 metros (260 pies) por debajo de la superficie, donde los trabajadores descienden diariamente para trabajar en un calor sofocante sin equipo de seguridad”.

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Los mineros generalmente comienzan su día atándose a un cable de acero grueso, agarrándose lo mejor que pueden mientras caen unos 60 metros (200 pies) por un pozo, la púnica luz proviene de los faros.

Para mayor comodidad buenos son los pantalones cortos y botas de goma, o sandalias (chancletas). Allí, recolectan rocas y las arrojan en sacos para transportarlas a través de poleas sobre el suelo hasta un molino.

Sn embargo, este trabajo no es del agrado de mucho, muchos lo hacen por necesidad, o con la esperanza de poder cumplir sus sueños.

Por ley, cerca de la mitad del oro extraído debe ingresar a las arcas del Estado, pero tanto las autoridades como los críticos del gobierno denuncian una creciente minería ilegal. Los defensores de los derechos humanos dicen que se burlan las leyes laborales y que abundan las violaciones de los derechos humanos. La violencia entre bandas rivales lleva a muchos mineros a reconsiderar su oficio, dice parte del texto de AP.

El abogado Olnar Ortiz, denunció este jueves la muerte de otros 3 dirigentes indígenas en el estado Bolívar.

Aunque no suministró los datos de los asesinados, ni las circunstancias en que se dieron los hechos, Ortiz aseguró que las muertes ocurrieron a manos de grupos violentos que azotan a la entidad, específicamente al sur.

«Grupos estructurados armados de violencia siguen cobrando vida de defensores territoriales indígenas, esta vez son 3 hermanos jivi», explicó Ortiz, en su cuenta en Twitter.

Dijo que las muertes ocurrieron en el municipio Sucre del estado Bolívar. «El Arco Minero no solo es ecocidio, es un círculo de sangre», afirmó.

Y no es la primera vez que ocurre un hecho similar en esta zona. En abril del 2021, igualmente, una banda criminal asesinó a cuatro indígenas de la misma etnia.

En abril de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el asesinato de cuatro indígenas, pero en el estado Amazonas.

Lo hizo en referencia a los yanomamis muertos a manos de militares, en Parima B, zona del estado Amazonas.

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En esos días, la CIDH exigió al «Estado venezolano» realizar una investigación exhaustiva y condenar de manera justa a los responsables del hecho.

«La región amazónica venezolana registra altos niveles de violencia, con riesgos específicos para los pueblos indígenas, en especial desde que se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, destacó.

En el caso de los yanomamis, la Corte alertó que «se han documentado incluso casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, lo que pone de relieve la necesidad de brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial».

Desde junio de este año, el abogado y experto indigenista ha venido denunciando, en el ámbito internacional, la violencia contra los pueblos originarios de Venezuela.

Por ello, acudió a la sede de la OEA, donde llevó el caso de la masacre de Parima B.

#21Julio grupos estructurados armados de violencia siguen cobrando vida de defensores territoriales indígenas, esta vez son 3 hermanos jivi del municipio Sucre del estado Bolívar. El Arco Minero no solo es ecocidio, es un círculo de sangre @ForoPenal @SOSOrinoco @UN4Indigenous pic.twitter.com/0KKHJao8tO

#13Junio desde @OEA_oficial denunciamos con representantes de la @CIDH la situación de las violaciones de DDHH a los pueblos indígenas en #Venezuela y en particular el caso #parimaB donde fallecieron 4indígenas y hoy el testigo clave está retenido de manera arbitraria@ForoPenal pic.twitter.com/C2m3Iv9mcg

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncia ante el asesinato de cuatro indígenas yanomamis en manos de militares venezolanos el pasado 20 de marzo, en la región Parima B, del estado Amazonas.

El organismo pide al «Estado venezolano» realizar una investigación exhaustiva y condenar de manera justa a los responsables del hecho, que en este caso estarían investigados unos 16 efectivos de la Fuerza Aérea acantonados en la base fronteriza de dicha unidad castrense en el Alto Orinoco.

Lo notorio de dicho pronunciamiento es el énfasis que hace el organismo multilateral, al decir que «la región amazónica venezolana registra altos niveles de violencia, con riesgos específicos para los pueblos indígenas, en especial desde que se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” en 2016».

Según en el informe «Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía», la CIDH hace un resumen de diversos casos de violencia contra los pueblos indígenas por parte de mineros ilegales. Dicho escrito indica que en el caso de los yanomamis «se han documentado incluso casos de violencia sexual contra mujeres y trabajo forzoso, lo que pone de relieve la necesidad de brindar una mayor protección a favor de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial».

En el caso específico de Parima B, la CIDH insta «a las autoridades a tomar las medidas necesarias para reparar este daño, incorporando un enfoque intercultural que considera los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad».

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Para ello recomiendan una coordinación y cooperación con los representantes de la justicia yanomami «tomando en cuenta el reconocimiento a la jurisdicción especial bajo la legislación nacional y los estándares internacionales e interamericanos que reconocen los sistemas propios de justicia y jurisdicción de los pueblos indígenas, como expresión de su derecho a la libre determinación».

La CIDH recuerda que en 1993 indígenas yanomamis ubicados en la región de Haximú fueron asesinados por los conocidos Garimpeiros. «A raíz de una petición, el Estado firmó un acuerdo de solución amistosa, homologado por la CIDH mediante el informe acuerdo número 32 de 2012, comprometiéndose a adoptar medidas de vigilancia, salud y protección».

Organismos relacionados a los pueblos indígenas, así como organizaciones de Derechos Humanos, han documentado casos donde los agresores no solamente son la minería ilegal, sino también grupos subversivos y el propio narcotráfico, quienes utilizan a los indígenas como esclavos y abusan sexualmente de las mujeres.

#8Abril urgente @CIDH condena la muerte de nuestros hermanos indígenas yanomami, del 20 de marzo en #ParimaB en el estado Amazonas e insta al al Estado venezolano. @ForoPenal @NoticiasONU @RelatorDd @mbachelet @hrw_espanol https://t.co/ZValuEzShB pic.twitter.com/IEexkBA2I1

Vale acotar que una vez firmado el acuerdo por lo ocurrido en Haximú, el Estado venezolano en su momento, acuerda establecer regímenes especiales en las tierras ancestrales de las tribus, donde adaptan la justicia indígena a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En parte, esto fue el reclamo que hicieran los yanomamis el pasado 20 de marzo. Reclamaron sus derechos ante lo ocurrido en Parima B, que dejó como saldo cuatro indígenas muertos y uno herido. Así como dos militares heridos también con arcos y flechas.

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Comunidades indígenas apostadas en la zona del Bajo Caura, mejor conocida como el Arco Minero de Bolívar, denuncian el asedio por parte de mineros, quienes «se apoderan de sus tierras».

Así lo dio a conocer la Asociación Civil Kapé – Kapé, dedicada a la defensa y lucha de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. A través de un escrito, la organización explica que los capitanes de diferentes tribus han manifestado su inconformidad con la llegada de grupos de mineros, que aparentemente han tomado de manera voraz extensiones de tierras, asedian y amenazan a los indios que se interponen en su camino.

Según Kapé – Kapé, Salomón Asatali, capitán de la comunidad sanema Majawaña, en la parroquia Aripao del estado Bolívar, habría mostrado su preocupación, ya que los mineros recién llegados «tratan de ingresar y tener el poder de la comunidad, comprando la conciencia de sus habitantes con utensilios y amenaza de muerte, si no reciben el pago para ingresar a su territorio para trabajar la minería».

Asatali manifiesta que desde junio del año pasado las amenazas han ido en aumento. Expresa que a pesar de ello, las más de 150 familias de dicha comunidad no tienen pensado echarse para atrás y ceder sus espacios.

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«Seguimos firme no permitiendo ingresar a personas foráneas a nuestra comunidad, solo quieren hacer daño, sabemos que la presencia de estos grupos foráneos no beneficiará a la comunidad, solo veremos la consecuencia a futuro, con enfermedades, delincuencia, abandono de la comunidad, deserción escolar entre otros males», dijo el capitán indígena.

Los indígenas tiene la convicción de que los mineros son provenientes del estado Amazonas. «Tienen un camino que llega directamente a nuestra comunidad. Utilizan como guía a nuestros hermanos yanomami, bajo amenaza. Pensamos que sean el mismo grupo que opera en el parque Yapacana. Ahora nos atacan a nosotros para trabajar y explorar la minería en nuestro hábitat y tierra», dice Asatali.

El líder indígena dice que las actividades diarias y tradicionales de la comunidad no las han podido llevar a cabo. La pesca, la cacería y el cultivo de la tierra son actividades muy restringidas. Las familias de la comunidad Majawaña prefieren mantenerse en sus hogares, antes de toparse con los mineros.

«Por naturaleza nosotros los indígenas vivimos de la naturaleza, bosque, selva y ríos, esa es la base principal para mantener y conservar nuestra costumbre, cultura, idioma, territorio y nuestra historia para gobernar el pueblo sanema», expresa el jefe indígena.

Según la organización Kapé – Kapé, la comunidad Majawaña busca el unirse a otras comunidades indígenas que atraviesan problemas similares. Quieren levantar la voz y presentar esta situación ante las autoridades.

En la zona del Bajo Caura, conocida como el Arco Minero, habitan actualmente unas 198 comunidades indígenas, reseña Kapá – Kapé.

La oposición denunció que niños y mujeres indígenas son obligados a realizar trabajos forzados en el Arco Minero del Orinoco.

«Hoy, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, quisiéramos creer que este tipo de crímenes quedo atrás y no es así. En el sur del país, en el Arco Minero, obligan a niños y mujeres a trabajar a cambio de protección. Allí, grupos paramilitares y militares han tomado el control», denunció por el exdiputado opositor Miguel Pizarro.

Pizarro aseguró que «la gran mayoría de las víctimas del trabajo forzado son los niños y mujeres de la comunidad indígena». Ellos «han sido abandonados y se ven obligados a sobrevivir con estos grupos criminales en sus zonas sagradas».

En julio del año pasado, la oficina de la alta comisionada para los DD.HH. Michelle Bachelet, publicó un informe que denunció las malas condiciones de los trabajadores en esa zona. Aseguraba que están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.

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Destaca que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral. también a altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales, reseñó la agencia Efe.

«Las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó Bachelet.

Ante esta situación, el documento urge a investigar los abusos en la zona y poner coto a la corrupción y actividades ilegales que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco.

Hoy, #DiaMundialContraLaEsclavitudInfantil, quisiéramos creer que este tipo de crímenes quedo atrás y no es así. En el sur del país, en el Arco Minero, donde grupos paramilitares y militares han tomado el control y obligan a niños y mujeres a trabajar a cambio de protección.

Para la ONG ambientalistas SOS Orinoco, el «régimen de Maduro» sobrevive a expensas del saqueo del patrimonio de la nación en el Arco Minero.

Dicha expropiación de recursos constituye «una política para mantenerse en el poder» con el apoyo de la delincuencia organizada que es gestionada por la cúpula militar venezolana.

Para SOS Orinoco la minería informal e ilegal es la actividad económica más importante en el estado Bolívar y manejada por grupos de delincuencia organizada.

“Muchas vinculadas al contrabando, tráfico de drogas, armas, personas, explotación laboral y sexual, entre otras, manejadas por grupos de delincuencia organizada”, indicó el informe.

Informe que se desarrolló en el Arco Minero del Orinoco entre 2016 a febrero de 2021.

Y donde también queda claro que Nicolás Maduro recurrió a la minería ante la caída de los ingresos petroleros y el colapso de la industria petrolera.

Sector donde vio que con la explotación de oro, principalmente, había rentabilidad, facilidad, baja inversión, inmediatez de la comerciabilidad y poca trazabilidad, condiciones perfectas para su objetivo de sobrevivencia.

“Esta producción genera pocos ingresos para el Fisco, desviándose la mayoría hacia los actores que ilegal y criminalmente controlan la trama minera”, indicaron.

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Entre las conclusiones más importantes de la investigación se describe que la minería en Venezuela se estructura en fases:

Pero quizás una de las revelaciones más grandes en el estudio es que la guerrilla colombiana ha llegado a ocupar un papel fundamental en el ya acostumbrado saqueo auspiciado para beneficio de Nicolás Maduro.

“La actividad minera tiene un nuevo actor fundamental: la guerrilla colombiana, que opera bajo acuerdos con el sector político-militar”, concluyó el informe.

Mineros de La Bullita, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, se quejan porque efectivos del Ejército les roban la comida y el oro.

Denunciaron, a través del Correo del Caroní, que esto ocurre desde hace una semana, en un puesto de control del Ejército instalado en una zona ubicada a cuatro horas de Tumeremo.

Los trabajadores de la mina defienden que están legales, porque pagan una “Ley de Arrime al Estado”. Es una especie de impuesto a la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Dicen que, aun as, les quitan el fruto de su trabajo sin ninguna explicación.

La comunidad señala que los militares instalaron la alcabala en la zona de El Candado 7 de septiembre -a una hora de La Bullita. Supuestamente llegaron para movilizar una retroexcavadora que estaba en el sitio.

“No se dedicaron a eso, sino a robarnos, y apuntarnos con sus armas. Aquí hay personas de muchos lugares, y da mucha tristeza lo que está pasando con estos militares”, contó Robinson García, oriundo de Caracas. Él tiene seis años trabajando en la extracción del oro.

Indicó que es imposible trabajar si el Ejército les quita la mitad de la mercancía, la mayoría alimentos, que llevan a la zona aurífera. La Bullita queda a unas cuatro horas del pueblo de Tumeremo, capital de Sifontes. Normalmente trabajan en la zona unas 500 personas, pero durante la pandemia, solo se han quedado 200.

“Sabemos que ellos tienen que comer pero esto no es justo que nos quiten más de la mitad de la comida. Hoy me tenía que llegar una comida, y de una caja de aceite me dejaron tres. De una caja de mantequilla, me dejaron cuatro, y de una caja de harina PAN, solo me dejaron 10”, denunció vía WhatsApp.

El sistema legal de la minería en la zona, desde la instalación del Arco Minero del Orinoco en 2016, funciona así: los pequeños mineros se organizan en compañías. Son una especie de cooperativa, trabajan la tierra y el material aurífero extraído es procesado en molinos, y el lodo (donde está más del 70% del materia aurífero) es vendido y recuperado por las plantas procesadoras instaladas por el Gobierno, en un régimen mixto cuya transparencia es bastante opaco.

El eslabón más débil de la cadena de producción, de la cual sobrevive en parte el régimen de Maduro, son los miles de mineros que se han desplazado al sur del estado Bolívar para sobrevivir a la hiperinflación y la emergencia humanitaria.

El Plan de Arrime, al menos en la zona de Los Candados, establece que quienes trabajan con batea deben pagar un gramo mensual, encuentren oro o no. Quienes tienen barrancos, pagan hasta 17 gramas. Las camionetas Toyota pagan 10 gramas. Las motos, entre 2 y 3 gramas de oro, y los propietarios de maquinarias pagan entre 80 y 100 gramas mensuales. Mientras que las bodegas pequeñas pagan entre 15 y 17 gramas, haya o no producción en la mina.

Esta especie de impuesto, hasta ahora no público, hace que para miles de mineros sea imposible entrar a la mina al no tener garantías de poder producir por la escasez de gasolina y el resto de los insumos.

García destacó que la indignación de la comunidad crece. Hace cuatro meses una alcabala similar se apostó en la entrada de la mina. “No tengo palabras para expresar lo que significa que le quiten a nuestro pueblo, a nuestra gente, el sustento que tanto trabajo le ha costado”.

Ronmarín Iriarte, quien tiene siete años trabajando en la zona minera, indicó que hoy día la producción es menor porque no hay gasolina y están trabajando con bateas, minería artesanal. Desde hace cinco meses las maquinarías están paradas, dijo, porque no les dejan pasar combustible.

“¿Cómo hacemos nosotros para pagar? Tengo cinco meses sin salir de la mina porque, como estamos parados, no es posible salir porque si salgo… ¿cómo entro? No nos van a dejar pasar si no pagamos”.

Iriarte calificó de “arruina” el “plan de arrime” que les impone la Corporación Venezolana de Minería. “Antes trabajábamos más tranquilas, porque solamente estaba el punto de control. Ahora lo que quieren es exprimir todo. Cónchale, eso es injusto. Quisiera que se enterara el mundo, el presidente, porque imagino que él no está enterado de lo que está sucediendo aquí”.

Iriarte condenó que se les quiera calificar de delincuentes. “Aquí lo que hay son familias, hasta niños, porque ustedes saben la situación del país. Esto es la única forma de sustentar las necesidades de nuestra familia”.

Roselyn Salazar también denunció que fue robada por funcionarios del Ejército. “Empezaron a revisarme los papeles, y cuando me di cuenta me quitaron el saquito de comida que traía”.

El gobierno de Nicolás Maduro reconoce en el Plan Sectorial Minero 2019-2025, aprobado en junio de 2019, que en el área de la pequeña minería predomina “la precarización de las condiciones de vida” de los mineros y de las comunidades aledañas al ejercicio de esa actividad.

La extorsión también se ha extendido a los motorizados, denunció García. Para dejarlos pasar a la mina, aseguró, les exigen una grama de oro, y les quitan el combustible.

Amado Hernández, uno de los motorizados, expuso que la única opción que tienen es denunciar a los medios de comunicación porque los funcionarios no les han atendido los reclamos. “Nosotros nos consideramos una base fundamental de la economía del país, porque nosotros aportamos al Estado y lo que sale de aquí va a la economía de Tumeremo, y varias familias”.

Plan País afirmó que la destrucción del territorio al sur del río Orinoco a consecuencia del Arco Minero ha sido devastadora, señaló que los pueblos indígenas no solo han visto disminuida su calidad de vida, sino también han confiscado sus derechos.

Durante el programa Plan País Presente En Vivo, que contó con la participación de la diputada por el estado Amazonas, Mauligber Baloa, el diputado por el estado Bolívar y Comisionado Presidencia para el Arco Minero, Américo De Grazia y el Coordinador Técnico de Plan País Ambiente, Antonio De Lisio, se destacó la indolencia del régimen de Maduro ante las consecuencias que ha generado el Arco Minero.

“El Consejo Nacional Electoral nos quitó el derecho a la organización y a la participación política, también tenemos nuestras tierras ocupadas por fuerzas paramilitares y esas tierras nos pertenecen por tradición. A esto le sumamos que el gobierno usurpador les dio permisos a empresas trasnacionales para hacer exploración y explotación de minerales sin consultarnos. Se han aprovechado de nuestros recursos, lesionando la cultura de los pueblos originarios, derechos que están consagrados y reconocidos a nivel internacional”, dijo la diputada Baloa sobre la situación de Amazonas.

El Comisionado Presidencial denunció que el Arco Minero ha sido invasivo para el territorio nacional, que equivale a 500 mil kilómetros y que actualmente se encuentra ocupado por organizaciones irregulares internacionales que se han dedicado a la minería en la zona. Esta situación ha incrementado los niveles de violencia a “niveles de barbarie, de masacres, de mutilaciones y desapariciones”.

“Venezuela tenía alternativas antes de llegar Chávez al poder. Si bien tenía problemas, no se parecen en nada a los que hoy vive el pueblo al sur del país: la malaria, el desplazamiento, la masacre institucionalizada y el envenenamiento de las aguas.”, denunció De Grazia.

El Comisionado Presidencial además alertó que el Arco Minero no solo afecta a los pueblos indígenas o a las comunidades que habitan cerca de estas zonas.

“Hoy Maracaibo no tiene electricidad porque Guri no tiene la capacidad de otros tiempos, no solo por la falta de inversión sino porque su fuerza hídrica se ha disminuido por el daño a las cuencas en la explotación de las minas”, aseguró.

De Grazia también expresó su preocupación por la ocupación ilegal de parte del territorio de Canaima por 59 focos mineros y resaltó la importancia de ponerle un alto a esta situación y comenzar un plan para la recuperación de estos espacios.

“Sí hay alternativas y en Plan País presentamos opciones distintas. Primero, hay que romper el paradigma del rentismo, del extractivismo y comenzar a cuidar nuestros ríos, nuestro clima. Este es uno de los propósitos más nobles y fundamentales que tenemos para la nueva Venezuela y estoy convencido de que eso se puede lograr”, dijo

A su juicio la cultura de la población cambia en función del estímulo que reciben por parte del Estado. «Si tú estimulas el negocio ilegal eso es lo que cosecharás, pero un Gobierno de Emergencia Nacional se enfocará en ofrecer estímulos a una economía sustentable e inclusiva; eso es Plan País”.

De Lisio, coordinador técnico del área ambiental de Plan País, expuso un conjunto de soluciones que están comprendidas en el Plan y que se siguen optimizando.

“Lo primero que debemos hacer es retornar a las actividades que pueden darle vida a la economía sostenible. En los bosques del Arco Minero tenemos loa principios activos para confrontar muchas enfermedades y que se han robado farmacias del primer mundo, esa es una oportunidad”.

De acuerdo con el experto ambiental, Venezuela tiene 70 mil kilómetros de bosque que puede aportar y la parte ambiental será clave para el otorgamiento de créditos de empresas internacionales, para generar ingresos por bonos de carbono y de conservación.

“Sí hay propuestas para reconstruir Venezuela. Hay que pensar que el Arco Minero no es el futuro. Recuperar el turismo para entrar en las rutas ecológicas internacionales, que las comunidades, los indígenas, las mujeres puedan formar parte de esa economía sustentable y no se vean obligados a formar parte de una actividad ilegal como la minería o la prostitución”, confrimó

La diputada Baloa apoyó el planteamiento al asegurar que ya se ha demostrado que las cooperativas turísticas en el sur del estado Amazonas funcionan y se convierten en los cuidadores del territorio.

“Va a haber minería porque ya esos territorios fueron tomados pero que lo que se produzca se haga respetando al ambiente y lo que se produzca sea para el bienestar de los pueblos indígenas y los venezolanos”, concluyó Baloa.

El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, denunció este viernes que en los últimos años más de un tercio de los ingresos del régimen provienen de actividades económicas ilegales.

“En los últimos años, más de un tercio de los ingresos del régimen han provenido de la economía ilegal. Esto viene aumentando especialmente por la explotación ilegal de oro que lleva adelante Maduro, sus testaferros y los grupos narcoterroristas como ELN y los disidentes de La FARC”, sentenció.

Asimismo, Borges llamó a los países a emitir sanciones para frenar estas actividades ilícitas de Nicolás Maduro.

“Se requieren medidas urgentes para poder detener la explotación ilegal de oro que lleva adelante Maduro. Esto está generando un crecimiento de grupos armados en el país y también una destrucción sin precedentes del medio ambiente”, detalló.

Asimismo, Borges aseguró que desde el Arco Minero se está tejiendo redes para desestabilizar la región. Dijo que «los grupos narcoterroristas tienen como propósito utilizar a Venezuela como centro de operaciones».

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Afirmó, en nota de prensa, que también se está afectando la vida de los pueblos indígenas. Ellos viven secuestrados por la violencia y las enfermedades ocasionadas por la minería ilegal. “Muchos han tenido que emigrar por la falta de atención médica. También porque viven en medio de estos grupos armados que quieren imponerle su ley. Es una situación crítica amparada por la dictadura de Maduro”, reseñó.

Por último, destacó que el número de mineros que muere en manos de los grupos armados también viene creciendo. Recalcó que «la Fuerza Armada tiene un rol protagónico en la recuperación de la soberanía nacional, tomada por fuerzas y organizaciones criminales».

Un informe realizado por la Asamblea Mundial por la Amazonía titulado “Situación de la Amazonía Venezolana en Tiempos de Pandemia”, asegura que entre los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar hay 1.781 puntos de minería ilegal cercanos a cuencas de ríos que están contaminando el agua, destruyendo la fauna y el ecosistema.

En un reportaje realizado por el Correo del Caroní, aseguran que esta destrucción nació con el Arco Minero del Orinoco en febrero de 2016 por el régimen de Nicolás Maduro que prometían, entre otras cosas, “la explotación racional del mineral, mediante el uso de prácticas y tecnologías amigables con el ambiente sin el uso de mercurio”.

Nada se cumplió y desde hace cuatro años el Arco Minero, representa “un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas”.

Según el informe, “del total de 1.781 centros de explotación minera, el estado más afectado es Bolívar donde hay un aproximado de 1.684 puntos de minería ilegal”, donde las cuencas afectadas son de “los ríos Caroní, Caura, Cuyuní y Cuchivero”.

Además, señala que el río Caroní es el más explotado de todos. Este junto con el río La Paragua, son los principales afluentes del embalse del Guri, el cual abastece de electricidad a gran parte del país. Sin embargo, el documento detalla textualmente que “se han georreferenciado 1.149 puntos de minería ilegal, perjudicando áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Canaima, Zona Protector sur del estado Bolívar y la Reserva Forestal La Paragua”.

Las poblaciones indígenas también están afectadas por la minería ilegal sobre todo del estado Delta Amacuro, en la desembocadura del río Orinoco, donde viven los indígenas waraos.

Señalan que la contaminación de las aguas y peces por mercurio se termina acumulando en el cuerpo de estos miembros de la comunidad, lo que puede generar el deterioro en diferentes órganos y alterando múltiples funciones, incluidas las neurológicas.

El documento también reafirma lo denunciado en múltiples ocasiones por distintas ONG del país y lo expuesto por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en referencia a la ola de violencia que afecta la seguridad de poblaciones indígenas.

“La minería, en todas sus expresiones, representa una invasión territorial para los pueblos indígenas, que conlleva formas de trabajo forzado, despojo de sus territorios, fragmentación de sus modos de vida, transculturación, tráfico de mujeres para redes de prostitución o reclutamiento de indígenas para integrar grupos irregulares armados”, expresa textualmente la Asamblea Mundial por la Amazonia.

El comisionado para la ONU, Miguel Pizarro, celebró este miércoles que, en el marco del 44° período de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se haya dado a conocer el horror que rodea el origen del llamado oro de sangre en Venezuela.

“En los dos informes presentados sobre Venezuela se han incorporado elementos nuevos, en una primera instancia el concepto de espacio democrático que se narra la persecución, el hostigamiento y las restricciones a los derechos civiles y políticos, las sentencias del TSJ designando ilegalmente un CNE y los ataques a los partidos políticos, y en esta segunda oportunidad, se hace mención a dos pilares fundamentales que son la independencia judicial y  acceso a justicia y el Arco Minero del Orinoco”, explicó Pizarro.

“En esta oportunidad, el informe no solo afirma, sino que demuestra la erosión del estado de derecho en Venezuela, la ausencia de independencia judicial, el inexistente acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humano, y la explotación de las riquezas nacionales para el beneficio de la corrupción, las masacres indígenas y el control del sur del país bajo grupos armados y criminales” señaló el también diputado de la Asamblea Nacional.

También remarcó que “el ACNUDH recibió información fidedigna en la que se denunciaba que las personas privadas de libertad por la Dgcim fueron sometidas a sesiones que involucraban una o varias formas de tratos crueles, se hacía referencia a palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales”.

Sobre la mención del Arco Minero del Orinoco, Pizarro aseguró que hasta este momento no se había discutido y ni siquiera narrado por el Sistema De Naciones Unidas lo que viene sucediendo en el sur de Venezuela.

“Gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del Arco Minero, está controlada por grupos delictivos organizados, son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas”, dijo.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) denunció que en lo que va del año ha documentado cuatro desapariciones en el estado Bolívar, específicamente en las minas.

El perfil de los desaparecidos comprende tanto mineros como comerciantes y, en general, todo aquel que tenga una vinculación con el negocio del oro, indicó la ONG en su informe semestral, publicado en El Correo del Caroní.

Codehciu registra 66 desaparecidos entre 2012 y 2020 en las zonas mineras del sur del estado Bolívar: 11 mujeres y 55 hombres; solo 11 han aparecido. Los casos han sido documentados desde julio de 2019.

En ese período, el 2019 fue el año con más desapariciones documentadas: 22 personas desaparecieron entre marzo y diciembre del año pasado. Al menos 50% de los desaparecidos manifestó que volverían a su hogar en los días próximos, y nunca llegaron.

El balance de Codehciu arrojó que 13 personas desaparecidas en Bolívar decidieron movilizarse desde Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Mérida, Miranda, Sucre y Táchira hasta las minas del sur para dedicarse a la minería o a comerciar dentro de las minas y en ese contexto desaparecieron.

El 18,18% de las personas desaparecidas se dedican a la minería, mientras que el 12,12% se dedica al comercio informal dentro de las minas, en municipios urbanos o solo fue a vender un artículo en las minas y nunca regresó.

El Arco Minero del Orinoco (AMO) es el epicentro de una espiral de violencia en la que se enfrentan grupos armados irregulares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y miembros del Ejército Nacional y Guardia Nacional Bolivariana por el control de los territorios mineros.

En medio del conflicto, mineros ilegales que vieron en los yacimientos del sur de Bolívar una oportunidad de soportar la emergencia humanitaria compleja que azota al país desde hace al menos 4 años y que deben someterse a condiciones de trabajo inseguras, deben pagar vacunas de lo que sacan en los yacimientos auríferos toda vez que líderes negativos imponen sus normas con castigos inhumanos.

El Arco Minero del Orinoco es el salvoconducto más importante que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Es utilizado para financiarlo con aliados como China, Rusia e Irán.

Según Rafael Ramírez expresidente de PDVSA, el Arco Minero sigue siendo el cofre que funciona como financiamiento para el terrorismo, situación que se podría transformar en el seguro de vida para la tiranía, y el escape garantizado para una posible fuga del régimen cuando así la situación lo requiera.

Maduro ha otorgado minas a potencias extranjeras a cambio de respaldo. La presencia de países como Rusia, con el poder militar y de inteligencia, China con su respaldo político, e Irán con la reactivación de refinerías en Venezuela, son la explicación de los constantes viajes y cargamentos. Negociaciones bajo la mesa, un combo listo para reforzar la defensa del régimen, junto con extrañas cooperaciones que fueron ejecutadas por el fallecido Chávez desde el año 2011.

Arco Minero del Orinoco

En Venezuela está el Arco Minero que tiene 111.000 kilómetros cuadrados, allí se encuentran las mafias, quienes se encargan de sacar minerales, para su venta ilegal. Por eso, países que son parte de los convenios del régimen estarían detrás de estas riquezas.

Fuentes, que pidieron resguardar su identidad, aseguran que Maduro habría entregado a Irán alrededor de nueve toneladas de oro, sacadas de la bóveda del Banco Central de Venezuela, todo esto como una forma de pago por ayudar a revivir las refinerías de gasolina. Estas nueve toneladas de oro se valoran en 500 millones de dólares para Irán.

Venezuela es país elegido para pertenecer a lo que llaman “La Ruta de la Seda”, que no es más que un aporte multimillonario por parte del gobierno chino para la construcción de gigantes proyectos de infraestructura en todo el mundo. El principal objetivo de este proyecto es acelerar la llegada de sus productos a mercados muy distantes. La acción de Venezuela es entregar los recursos minerales como el oro, coltán, torio, uranio, todo esto a cambio de tener el apoyo comercial y convertirse en países aliados.

En los últimos meses, durante la pandemia, se han filtrado imágenes de aviones iraníes en Venezuela. A pesar de que Maduro prohibió la llegada de vuelos internacionales, un sospechoso avión de la aerolínea Iraní Mahan Air aterrizó en el occidente del país. Aerolínea ligada al chavismo y acusada de colaborar con una red de tráfico de armas que beneficia a grupos terroristas, su mayor propósito, traer equipos para las refinerías a cambio de oro.

El panorama de Venezuela no es alentador. La administración de Maduro entrega refinerías petroleras, lingotes de oro, bases para operaciones militares y accesos a grupos guerrilleros en las fronteras, vinculándose directamente con el terrorismo y narcotráfico, un país donde la mafia es quien gobierna.

El 12 de junio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994, el Parque Nacional Canaima, ubicado en el estado Bolívar, hoy en día se ha convertido en zona minera y el destrozo natural más duro de la última década en tierras venezolanas.

En 1962 fue decretado su protección y conservación, pero ahora sufre un ataque despiadado a lo que era su selva virgen todo por la búsqueda de oro y diamantes.

La ONG SOSOrinoco se ha encargado de generar trabajos de investigaciones importantes y profundos sobre la minería aurífera dentro del Parque Nacional Canaima (PNC), Sitio de Patrimonio Mundial (SPM), se caracterizan por explicar el fenómeno minero como consecuencia de una política estratégica, la minería como colapso económico, social y político que el propio régimen de Maduro ha creado y promovido.

La ONG considera urgente y necesario que el Parque Nacional Canaima, sea recategorizado como “en peligro crítico”.

“Canaima está siendo asediado por el acelerado crecimiento de la minería en sus fronteras, que se ha desbordado hacia su interior. En los últimos meses se ha incrementado la violencia en la región, toda ella relacionada de una u otra forma con la minería dentro y en los bordes del parque nacional. La actividad minera sigue en ascenso dentro de sus límites, y ahora incluso, en el marco de presuntos acuerdos políticos entre el gobierno y algunos líderes indígenas”.

Todo el sur de Venezuela se está llevando lo peor del régimen de Maduro. La desforestación se ha convertido en el peor escenario para este Patrimonio Mundial de Venezuela.

Malas condiciones ambientales, persecución de las comunidades indígenas y saqueos de las riquezas del país son solo algunas de las tantas denuncias que ponen sobre el sur del estado Bolívar.

El más reciente informe de World Heritage Watch (WHW), organización que proporciona información sobre el patrimonio en peligro a la UNESCO que los países no reportan, informó sobre lo que ellos llaman “la Fiebre del Oro” y la repercusión que está teniendo sobre el impacto negativo en el Parque Nacional Canaima (CNP), Patrimonio de la Humanidad.

Según el informe, varios estudios han demostrado la destrucción de al menos 521 hectáreas del ecosistema en estas zonas del sur de Venezuela, entre los cuales el oro está siendo extraído por medio de técnicas semi-mecanizadas, y el uso de mercurio, un metal altamente tóxico.

Además, más de 20 fábricas flotantes o «balsas mineras» están devastando el fondo de los ríos cristalinos en las cercanías del Salto Ángel.

Esta “Fiebre del Oro” ha sido denunciada en reiteradas oportunidades y es aprobada por el régimen venezolano a través de una política nacional que promueve la minería extractiva, conocida como el «Arco Minero del Orinoco», promulgada en 2016 violando la Constitución de Venezuela.

“Los escenarios futuros para el Parque Nacional Canaima no son alentadores, porque no hay autoridades ambientales presentes en el campo, ni hay voluntad política o gobernanza legal para ocuparse de las operaciones mineras»

Las operaciones mineras en el sur del estado Bolívar llevan a más devastación, específicamente en el Parque Nacional Canaima (CNP), sumado a esto, el daño grave que le hacen a las culturas nativas pemonas.

“Los escenarios futuros para el Parque Nacional Canaima no son alentadores, porque no hay autoridades ambientales presentes en el campo, ni hay voluntad política o gobernanza legal para ocuparse de las operaciones mineras. Esto lleva a la expectativa de una mayor devastación del parque, una de las áreas naturales más extraordinarias del planeta, así como graves daños a la cultura nativa del pueblo Pemón”, reza el documento.

La iniciativa de China y uno de sus objetivos más grandes de la década conocida como La Nueva Ruta de la Seda, es un gran proyecto de infraestructura con el que Pekín quiere generar una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global. La principal finalidad de este proyecto es acelerar la llegada de sus productos a mercados muy distantes.

En 2013 se creó esta iniciativa que ha generado supuestas oportunidades de infraestructura y desarrollo en una red que se engloba entre Asia, África y Europa.

Sin embargo, Pekín tiene el objetivo de consolidarse en el área geográfica de Latinoamérica. Venezuela es uno de sus principales aliados en la ejecución de la Ruta de la Seda.

Para ellos, las tierras venezolanas son proveedoras de agricultura, vías de comunicación, empresas básicas y, por supuesto, la entrega de recursos minerales como el oro, coltán, torio y uranio.

Venezuela ganaría a cambio de estas riquezas el apoyo comercial de China y convertirse en país aliado.

Pekin quiere que los negocios vayan a una sola dirección y esa es China. Sin embargo, a través de los años, la trama de corrupción ha envuelto este ambicioso proyecto, con una alta escasez de normas comerciales y deterioro ambiental. Muchos son los que critican este proyecto pero el régimen de Venezuela se involucra más en el lado oscuro de la Nueva Ruta de la Seda.

Ramírez anhela regresa a Venezuela para recuperar a PDVSA de la destrucción que según él fue originada por Nicolás Maduro

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, reveló en exclusiva para Impacto Venezuela, que el líder del régimen, Nicolás Maduro está sacando el oro de Venezuela a través del Arco Minero para preparar su salida del país.

Durante una entrevista con la periodista Karla Salcedo Flores indicó que Maduro es ayudado por operadores económicos como el cuestionado empresario sancionado por el gobierno estadounidense, Alex Saab.

Ramírez se declaró enemigo personal de Nicolás Maduro, porque a su juicio es el responsable de la destrucción de la industria petrolera y la quiebra de la estatal petrolera que estuvo bajo su mando durante casi 13 años (2002-2014).

No tolera la destrucción de PDVSA y asegura sentir frustración al ver los buques iraníes en territorio venezolano. «Quiero volver a mi país y recuperar Pdvsa», expresó.