Más de 1.200 hectáreas de selva virgen en el estado Bolívar han sido destruidas por la explotación de la zona denominada Arco Minero del Orinoco.

La denuncia proviene del informe ambiental que presentó esta semana  la ONG Fundaredes, donde indicó que  el Arco Minero del Orinoco, que comprende 111.843,70 kilómetros cuadrados y representa 12,2% del territorio nacional, “sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación”.

Esto ha generado una “catástrofe ambiental” y la desaparición de bosques vírgenes en el sur del país.

Precisa que la zona “ha estado sometida a procesos de extracción de diversos minerales explotados a gran escala y sin control. Esto como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por la crisis petrolera”.

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Asegura que esta situación es a consecuencia del desmantelamiento de las industrias básicas y las erradas políticas económicas de la administración de Nicolás Maduro.

El Arco Minero del Orinoco es el nombre con el que denominan a la zona ubicada entre los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. Allí se encuentran alrededor de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales, reseña El Nacional.

Además posee grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.

Grupos irregulares con las manos en la masa

La ONG advierte también que en este territorio “se albergan actividades ilícitas como el extractivismo y la deforestación. Así como la tala indiscriminada de grandes extensiones de bosques, junto a la minería ilegal por parte de organizaciones criminales”.

Igualmente precisa que los parques nacionales y los grupos indígenas que hacen vida en la zona están “afectados directamente, principalmente por actividades irracionales e ilegales de extracción de sus riquezas minerales y madera”.

Resalta que la situación se agrava en la zona por la actuación de grupos armados irregulares que se dedican al narcotráfico y al contrabando de minerales.

El informe de Fundaredes enfatiza que estos grupos al margen de la ley “operan en la zona con conocimiento y, en algunos casos, con anuencia de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela”.

También alertó que entre los años 2000 y 2021 se han perdido “al menos 135.318” hectáreas de bosques tropicales en el territorio Esequibo, disputado entre Venezuela y Guyana, por causa de la minería de oro en la zona.

«La situación de la minería extractiva en Venezuela es cada vez más digna de repudio, pues el negocio del oro está en manos de empresas militares utilizadas como ‘fachadas de legalidad’ y de grupos armados irregulares que cooperan con la Fuerza Armada Nacional venezolana».

La denuncia la hizo este martes la iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA), quienes repudiaron  la minería de extracción en la zona que compone el Arco Minero del Orinoco.

Entre otras cosas porque lo han usado  como «fachada» para que grupos militares e irregulares armados operen en las zonas donde se extrae oro y otros minerales.

Las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan y Fundación Gerencia Social y Desarrollo Humano Sostenible (Ceides),  conforman una plataforma donde abordan temas concernientes a las actividades que se realizan en el Arco Minero.

Destacan que las irregularidades tienen lugar en la zona que comprende el Arco Minero del Orinoco, entre los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas; donde se ubican «un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales».

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Según la agencia EFE esta franja, con una extensión aproximada de 111 mil kilómetros cuadrados desde el territorio de la Guayana Esequiba (oriente) hasta la frontera con Colombia (occidente); dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.

El arco minero es una de «las zonas más ricas» que ha sido convertida en escenario de delitos de distinta índole, por causa de la extracción de las riquezas que contiene, recuerda EPA.

«Esto (la minería de extracción) ocasiona el detrimento de la soberanía nacional, convirtiendo una de las zonas más ricas en recursos naturales de la humanidad; en una tierra donde la miseria, la esclavitud y la muerte son la constante para quienes allí habitan», dijo el proyecto.

A finales de 2021, en noviembre pasado; la EPA exhortó al Estado venezolano a promover políticas ambientales «transparentes» con la participación de redes y grupos de interés para fomentar el desarrollo sustentable.

Aseguran que  desde hace más de una década, el país caribeño padece una crisis económica, social y cultural que ahora desencadena en una «emergencia ambiental», que si no está controlada, podría convertirse en una «catástrofe» para las comunidades indígenas.

“El Estado es responsable del impacto negativo al ambiente; en virtud de la ejecución de políticas públicas inadecuadas producidas desde quienes ejercen el poder nacional”, dijo.