Un hombre que habría participado con una empresa subcontratada en Venezuela por Odebrecht, estaría relacionado al actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López.

La información salió a la luz pública a través del portal de noticias ArmandoInfo, donde supuestamente existe una averiguación entre Suiza e Italia por el caso Odebrecht y piden información sobre un offshore contratado por la empresa brasilera, que sería utilizado para pagar comisiones y favores multimillonarios.

Según ArmandoInfo, desde Suiza enviaron un comunicado a Venezuela, el cual reposa en la fiscalía 55 del Ministerio Público, pidiendo información y verificación sobre la empresa grupo Decsa (Diseño, Estudio y Construcciones S.A.).

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El portal de noticias explica que dicha empresa supuestamente es una de las tantas industrias que aparecen relacionadas al tramo 5 del Metro de Caracas. La misma habría recibido por lo menos 21 millones de dólares en varias cuentas en Suiza.

La carta enviada en 2017 estaría firmada por el fiscal Stefano Herold del país europeo.

«Al frente de la constructora Decsa figura el matrimonio de Francisco Ramírez y Carmen López. “Resulta que Carmen Josefina López Arismendi es o fue vicedirectora general de la oficina de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela”, prevenía Herold, el fiscal suizo, en su misiva. Pero en lo que no reparó el fiscal suizo en esa oportunidad fue que el nombre de Ramírez, el cónyuge de López, está ligado al del entonces, en la actualidad y en dos períodos, jefe de la policía política del chavismo, el general Gustavo González López», expresa ArmandoInfo.

«El ahora empresario, Francisco Lino Ramírez Arteaga, del grupo Decsa, antes había sido el funcionario Francisco Ramírez –a secas– que, entre 2007 y 2009, destacó como vicepresidente de Grandes Obras del Metro de Caracas, cuando ese organismo estaba en manos del actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), González López», dice el escrito del portal de noticias.

El arresto de Alex Saab en Cabo Verde y el hecho de que será llevado a los Estados Unidos, para enfrentar cargos por diversos delitos y una condena de hasta 20 años de cárcel, representa un antes y un después de una trama de corrupción que fue descubierta y expuesta por dos periodistas venezolanos que ahora están en el exilio.

Ewald Scharfenberg y Roberto Deniz, de Armando.Info, están fuera de Venezuela. Tuvieron que salir del país, amenazados por el régimen, a raíz de esta investigación.

Ellos escribieron en, The New York Times, el artículo de opinión que a continuación publicamos y en el cual destacan que «el periodismo hizo su trabajo», en este caso. El llamado es que ahora «le toca a la justicia».

Los hechos

Un arresto en la Isla de Sal, un pedazo de tierra volcánica a unos cientos de kilómetros de la costa occidental de África, acaba de asestar un golpe noble a la viabilidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a la vez que puso un punto —quién sabe si final— a una cruzada periodística que cumple cinco años.

El empresario colombiano Alex Saab Morán fue detenido el 12 de junio al desembarcar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de esa isla, una de las que conforman el archipiélago de Cabo Verde. Saab había despegado horas antes en un avión privado de Caracas, presumiblemente con destino final en Teherán y con el aparente propósito de evadir las sanciones internacionales impuestas al régimen bolivariano por Estados Unidos, Europa y algunas naciones de América Latina.

Pese a las enormes limitaciones y asedio constante que sufre el periodismo de investigación en Venezuela, este ha sido crucial para desenmascarar a un personaje clave en la permanencia en el poder de Maduro y su camarilla.

Si bien Saab era conocido por las agencias tributarias y de inteligencia de varios países, se las había arreglado para mantenerse fuera de la vista del público. Hasta que, en 2015, los reporteros que trabajamos en el sitio de investigación Armando.info comenzamos a rastrear los movimientos de Saab y su extensa red de socios, colaboradores y empresas offshore.

Con una veintena de reportajes dimos a conocer a Saab, primero, como el gran contratista de Nicolás Maduro, beneficiado desde el Estado con negocios de construcción de viviendas y de explotación de petróleo; luego, como el operador financiero y posible testaferro del propio presidente y su familia, en especial desde 2016, cuando acaparó la mayoría de las importaciones del programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que provee de alimentos y productos subsidiados de primera necesidad.

En tiempos más recientes, Saab se había convertido en una especie de embajador comercial de la autodenominada Revolución bolivariana, sin rostro y sin ley. Según nuestras investigaciones, tiene poderes incluso para nombrar a directivos de empresas estatales venezolanas de minas y petroquímica, para compraralianzas de diputados supuestamente opositores que después intentaron tomar la Asamblea Nacional. Y, sobre todo, concebir y poner en marcha oscuras operaciones de evasión de las sanciones internacionales.

Exponer a la luz pública a una figura poderosa que para sus asuntos necesita del anonimato, tiene un precio en Venezuela: en nuestro caso, vivir en el exilio desde 2017.

Pero la captura de Saab en Cabo Verde reconoce en justa medida nuestro trabajo a la vez que brinda la ocasión poco común de cerrar una historia periodística con un desenlace tangible y esperanzador para Venezuela, un país que se hunde ya no en una crisis política y socioeconómica, sino en un colapso humanitario. Esta es la hora de la justicia internacional.

Discutibles como pueden ser, las sanciones internacionales no fueron las únicas normas quebrantadas por Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, ambos imputados desde julio de 2019 en un tribunal federal del sur de Florida bajo cargos de lavado de dinero. Los dos han sido señalados por comprar autoridades, contrabandear materias primas y haberse aprovechado de fondos y bienes públicos. Al hacer fortuna mediante la importación con sobreprecios de alimentos de calidad nutricional ínfima, se convirtieron en magnates del hambre colectiva, una tropelía que debe lindar con los crímenes contra la humanidad.

Nada de esto se sabría en Venezuela de no ser por el trabajo periodístico de estos años. En un país cuya institucionalidad democrática se ha desmantelado de manera meticulosa y en el que el sistema judicial no es más que un apéndice del poder político, lo que todavía sobrevive es la prensa independiente, la única alternativa para una ciudadanía cada vez más sometida a la censura y el control estatal.

El nombre de Alex Saab dejó de estar vedado al público, pero esa sanción moral no es suficiente. Ninguna autoridad en Venezuela ha ordenado investigar las numerosas evidencias publicadas sobre su entramado corrupto. La única mención oficial de la que se ha sabido provino del canciller del régimen, Jorge Arreaza, quien a raíz de la detención de Saab lo describió en un comunicado como un “agente del gobierno bolivariano” con “inmunidad diplomática” que llevaba a cabo una misión para “garantizar la obtención de alimentos […] así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia”.

En São Vicente, otra isla de Cabo Verde a donde fue transferido Saab, se libra una batalla legal. Estados Unidos, que activó la circular roja de la Interpol que condujo al arresto del empresario, pide su extradición, un proceso que acaba de abrirse. Estados Unidos no es la única nación que tiene en la mira a Saab: en su Colombia natal ha sido llamado a juicio, mientras que funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de México anuncian una investigación.

Hay riesgos, no obstante: los recursos económicos que Saab y sus secuaces son capaces de movilizar, además de las presiones que puedan ejercer los aliados internacionales del régimen de Maduro —como Cuba, Rusia y China—, hacen temer no solo que las cortes locales fallen en favor del reo sin considerar las abrumadoras evidencias en su contra, sino que existe la posibilidad de fuga.

Alex Saab merece castigo por sus acciones. La justicia lo debe procesar con minuciosidad legal para que pague por los delitos de los que se le acusa y para que informe de actos criminales del entorno de Maduro. Su conocimiento del círculo íntimo de la élite de la Revolución bolivariana tiene el potencial para convertirse en un testimonio fundamental para destapar los esquemas y complicidades con las que cuenta el gobierno de facto de Venezuela para beneficiarse del desguace final de la que alguna vez fue la nación más próspera de América Latina.

Cabo Verde debe aprovechar el momento para enviar un mensaje claro de apoyo a la lucha global contra el crimen. Siendo coherente con el arresto que ya realizó, está en manos de esa nación dar un salto cualitativo en la prosecución de causas internacionales de corrupción y dar un ejemplo internacional.

Algunas naciones del hemisferio sur, como Venezuela y el propio Cabo Verde, han sido presas crónicas de la rapacidad de sus políticos y empresarios que no podrían llevar a cabo el expolio sin la participación de las redes bancarias, los paraísos fiscales y las consultorías de ingeniería legal y financiera que las potencias del hemisferio norte no siempre quieren investigar. Por eso este caso es tan importante: si las autoridades de Estados Unidos tienen la voluntad de llevar al banquillo a un saqueador de los recursos públicos del mundo en desarrollo, es una oportunidad para sentar un precedente que no se puede dejar pasar.

Los ojos del mundo deben estar atentos a lo que ocurra en Cabo Verde. Como periodistas investigamos e hicimos del dominio público información importante para la realidad de los venezolanos, es momento de que la justicia haga su parte.