De un golpe en la cabeza matan a un soldado que desertó de la Base de Seguridad Petrolera, municipio Independencia del estado Anzoátegui.

Según el periodista Javier Ignacio Mayorca, el sargento segundo del Ejército, Samir José Astudillo Marcano, luego de recibir el golpe, arrojaron su cuerpo en una fosa en la población de Coloradito de la entidad.

Un reporte militar indica que horas antes de morir, Astudillo Marcano robo dos fusiles Ak-103 del parque de armas de la Base de Seguridad Petrolera, que estaba a cargo de su vigilancia.

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Asegura el blog Crímenes y Castigo que una de las hipótesis que se maneja es que el sargento del Ejército, negoció la venta de esas armas con delincuentes que acabaron con su vida.

El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional iniciaron las investigaciones e interrogaron a otro efectivo de la tropa.

Se conoció también que el otro soldado, quien también estaba asignado a la vigilancia del parque de armas esté involucrado en el hecho.

Mayorca informó que no han recuperado los dos fusiles Ak-103 que son parte del parque de armas.

Fundaredes denunció que bandas criminales amenazan y extorsionan a comerciantes con armas pertenecientes a los cuarteles venezolanos.

Para Javier Tarazona, presidente de la ONG, las autoridades son «cómplices» de los grupos armados irregulares.

Esto al guardar silencio sobre el armamento desaparecido y no denunciar el accionar delictivo.

«Los grupos armados irregulares, bandas criminales, hampa común, entre otras organizaciones ilícitas que usan armamentos que han desaparecido de los cuarteles venezolanos», aseguró vía Twitter.

Incluso, con las armas robadas de cuarteles también intimidan a empresarios del país con el «silencio» de las autoridades.

«Arremeten contra los comerciantes y empresarios, extorsionan y amenazan de muerte a los venezolanos, mientras el Estado sigue en total silencio», dijo el presidente de la ONG.

Pero, no solo los grupos armados irregulares las usan las armas robadas, también otras organizaciones ilícitas asegura el director de Fundaredes.

En este contexto, con videos y fotografías Tarazona sustentó la denuncia.

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Además, recordó que desde 2017 su ONG el Ministerio Público, la Defensoría del pueblo y el Ministerio de la Defensa saben de la falta de armamentos en cuarteles.

Finalmente aseguró que Fundaredes «consignó evidencias de actas policiales donde cuantificaban» el armamento que faltaba.

Asimismo la denuncia se replicó ante el Parlamento el 23 de abril del 2019 cuando Fundaredes dio a conocer el número de 228.294 armas y municiones desaparecidas.

Vemos cómo las bandas delincuenciales con alto poder de fuego arremeten contra los comerciantes y empresarios, extorsionan y amenazan de muerte a los venezolanos; mientras el Estado sigue en total silencio. 3/4 pic.twitter.com/4fhmAvTSm1