En la noche de este miércoles, se hizo pública la orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional de mayoría chavista elegida en 2020, en la cual establece que van a aceptar la renuncia de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral.

En ese sentido, la orden establece que el Parlamento nombrará una comisión preliminar para que designe el comité de postulaciones y así buscar quiénes integrarán el Poder Electoral.

Luego de conocerse esta información, reina la duda, sobre en qué estatus queda la solicitud de Comisión Nacional de Primaria para que el CNE de asistencia técnica al proceso que se desarrollará el 22 de octubre de este año.

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#14Jun #ÚLTIMAHORA Asamblea Nacional de 2020 aceptará mañana jueves #15Jun la renuncia de los rectores principales y suplentes y del Consejo Nacional Electoral (CNE) e iniciará designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales.? Vía @Asamblea_Ven pic.twitter.com/Rp23b27SYX

Sin embargo, ante la ausencia de declaraciones de los rectores del CNE, reina la duda, sin embargo, Eugenio Martínez, periodista experto en la fuente electoral, aclaró que solo renunciaron los rectores chavistas.

“Aclaro en este caso que renunciaron todos los rectores principales y suplentes vinculados al oficialismo. Solo quedan en sus cargos Roberto Picón y Enrique Márquez. Al solo estar 2 rectores, el organismo no puede sesionar”, aclaró mediante su cuenta en Twitter.

Asimismo, opinó que, probablemente, “el chavismo presionará para que Roberto Picón o Enrique Márquez también renuncien (uno de ellos o los dos) para poder abrir “espacio” para darle cuota de poder a la Alianza Democrática”.

“Se cumple el escenario en que el gobierno decide cambiar a los rectores del CNE (el perfil de los rectores oficialistas no es, ni remotamente, espanta votos como lo necesita Maduro en 2024)”, aclaró Martínez.

Aclaro en este caso que renunciaron todos los rectores principales y suplentes vinculados al oficialismo. Solo quedan en sus cargos Roberto Picón y Enrique Marquez. Al solo estar 2 rectores el organismo no puede sesionar, etc, etc.

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, de mayoría oficialista, allanó este martes la inmunidad parlamentaria al diputado chavista Hugbel Roa, por estar incurso en corrupción. Así mismo, aprobó por mayoría calificada el Proyecto de Acuerdo en Apoyo a la Investigación y Lucha contra la Corrupción, en respaldo a las acciones llevadas adelante por el Ejecutivo Nacional.

El diputado Diosdado Cabello, quien fue el encargado de proponer el tema, resaltó que, desde la Asamblea van a «llegar a los corruptos estén dónde estén, se llamen como se llamen.

«Es una batalla que desde la revolución bolivariana hemos venido dando», sostuvo, añadiendo que ya tenían tiempo tras las pistas.

«Las informaciones que recibíamos fueron contrastadas, revisadas, puestas sobre el ojo de la crítica y la autocrítica (…) Eso comienza a dar su frutos; un grupo de personas ha sido detenida, puestas a la orden de los tribunales competentes para que se proceda con su enjuiciamiento de acuerdo a nuestras leyes y nuestra Constitución», dijo.

Afirmó que cada quien debe responder ante la justicia debido a lo que le corresponda. 

Recalcó que esta es una batalla dura y que muchas veces se interpone los afectos. «Generan dolores, pero como dijo el Padre (Simón Bolívar): ‘entre un principio y un amigo, me quedó con el principio'», expresó.

#EnVideo?| Diputado de la AN, @dcabellor indicó que el presidente @NicolasMaduro llegará a todos los corruptos con investigaciones previas de los organismos de seguridad del Estado y serán puestos a la orden de la justicia venezolana como debe ser.#MaduroGolpeaALosCorruptos pic.twitter.com/Sc17CpZmZ8

Cabello señaló que la revolución bolivariana nunca se ha convertido en una sociedad de cómplice, sino que la ha enfrentado.

«Necesitamos a políticos para la política, para el servicio», que que quién quiera hacer negocios que se salga de la política.

Recordó que antes, en el extinto Congreso de la República y en la Asamblea Nacional electa en 2015 (de mayoría opositora), todos querían estar en la Comisión de Finanzas, porque ahí es donde había, que era parte del negociado, y así se manejaban todos.

Agregó de «funcionarios que fueron a cumplir una acción y terminaron embarrados, eso sucedía antes».

El parlamentario quiso dejar claro que el la revolución bolivariana «no hay grupos, no hay tribus; esto no es un problema de parcelas, es un problema de patria».

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Al finalizar su exposición, Cabello aseveró que «es hora de la justicia, debe ser hora de la justicia», y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se compromete a dar la pelea contra los hechos de corrupción, en cualquier instancia.

Resaltó que aunque el tema de la corrupción no es un tema solo de nuestro país, «a nosotros nos importa lo que ocurra acá», y por tal se toman las acciones pertinentes.

«La revolución bolivariana no desmayará en la lucha contra los corruptos», indicó.

#EnVideo?| Diputado de la AN, @dcabellor recalcó que el PSUV y, diputadas y diputados del Bloque de la Patria se comprometen a dar batalla contra los hechos de corrupción en Venezuela.#MaduroGolpeaALosCorruptos pic.twitter.com/tsncvWfyus

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cerró el tema pronunciándose.

Hizo un recorrido por la «cuarta república», donde dijo existían camarilla de ladrones, porque, según ellos, «en Venezuela no había razones para no robar».

Sostuvo que la corrupción es un tema para hablar con seriedad y parsimonia, no para aprovecharse políticamente.

Como si se tratara de una venganza histórica en contra de los corruptos, «vengan de donde vengan y caigan quién caiga», Jorge Rodríguez pidió que se revisarán todas las leyes relacionadas a la corrupción y se incremente las penas.

Rodríguez advirtió esta investigación apenas comienza, están involucrados funcionarios públicos, alcaldes, parlamentarios u otros.

Adelantó que hasta el momento hay 19 detenidos, y que seguro habrá más.

«Caiga quien caiga, quien esté robando va a ir preso», remató.

Entre este martes y el jueves, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro debería, por ley, aprobar la Ley de Presupuesto Fiscal para el 2023, con su respectiva Ley de Endeudamiento, pero de esos instrumentos casi no se ha tenido conocimiento, salvo lo que se ha sacado «por los caminos verdes».

El economista Leonardo Vera alertó que, no solo no se conoce oficialmente el monto del presupuesto ni sus principales premisas como tipo de cambio, inflación, precios del petróleo y previsiones para el PIB, sino que, por lo que han podido obtener, «extraoficialmente», las gobernaciones y alcaldías saldrán perjudicadas.

Cabe recordar que en el Presupuesto hay un apartado denominado «Situado Constitucional» que es el presupuesto que les corresponden a las gobernaciones y alcaldías, cuyos recursos se usan principalmente para pagos de nóminas y proyectos de otras públicas.

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En total, el prespuesto del 2023 asciende a 170.703 millones 832 mil 51 bolívares.

Por ingresos corrientes se estiman 149.823 millones 322 mil 97 bolívares y por Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal del 2023 se calculan 20.880 millones 509 mil 954 bolívares.

El presupuesto para el 2022 era de 62.379 millones 454 mil 806 bolívares, equivalentes a 13.437 millones de dólares según el tipo de cambio oficial para la fecha. «Para el 2023 el incremento en bolívares sobrepasa los 108.000 millones, pero este ha perdido cerca de la mitad de su valor», alertó por su parte el diputado Aníbal Sánchez.

“Al momento de realizado el proyecto del presupuesto para el 2023, mes de octubre, significaban 21 mil millones de dólares, para el día de hoy son 11 mil millones, es decir menor al anterior. Este seguirá bajando a medida que el bolívar se devalúe con respecto al dólar», explicó Sánchez

Entre los ingresos corrientes 108.358 millones 689 mil 442 de bolívares serían de origen petrolero, mientras que los ingresos No Petroleros son de 41.464 millones 632 mil 655 de bolívares, de los cuales destaca que 37.593 millones 584 mil 519 de bolívares son de origen tributario.

«A sólo días para que se cumpla el límite para la aprobación del Proyecto de Ley Presupuesto de la Nación para el año 2023, denunciamos una gravísima práctica contenida en el proyecto, que terminará generando terribles consecuencias para las regiones», advirtió Vera.

Aprovechó para denunciar que «el Proyecto de ley de Presupuesto 2023 aunque fue presentado a la AN, no es del dominio público, ni ha conllevado a un discusión en el seno del parlamento para determinar como dice la Constitución la eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal».

Dijo que del análisis que ha hecho, sobre la base de una parte del presupuesto, concluye que hay «una gran cantidad de faltantes y anomalías, como que 72% de los ingresos corrientes son calificados como extraordinarios y sólo el 28% son ingresos ordinarios».

Asimismo, alerta que quienes redactaron le proyecto «han calificado a todos los ingresos de origen petrolero como extraordinarios. La tributación al sector petrolero, el ISRL, e incluso la regalía se han vaciado en un renglón llamado ingresos petroleros extraordinarios, una cosa absolutamente inusual».

Leonardo Vera explicó que las regiones se verán afectadas por este presupuesto.

«Hasta 20% de los ingresos ordinarios pueden constituir el situado constitucional, la fuente de ingresos más importante que tradicionalmente tienen los gobiernos regionales en Venezuela. Así lo establece el artículo 167 de la Constitución», recordó.

«Así que en lugar de tomar los 149.823 millones de Bs. de ingresos como referencia para el cálculo del situado, tomaron 41.464 millones, que son sólo 28% de los ingresos corrientes.Por tanto les dejaron a las regiones un situado de sólo Bs. 8.292 millones», lamentó.

Agregó que «a las regiones les toca un situado de 29.964 millones de bolívares y no la cifra de 8.292 que le están asignando en el Proyecto de Ley de Presupuesto. Es decir, le están robando al los gobiernos regionales 72% de lo que les toca», dijo.

¿Consecuencias de éste fraude? El economista respondió: «Al menguarle recursos a los gobiernos regionales, dañan gravemente la gestión pública estadal y municipal, y profundizan el modelo metrópolis-periferia territorial que se viene imponiendo en Venezuela».

Nuevamente, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país está en peligro. Y es que, a través de la Asamblea Nacional chavista se está redactando la Ley de Cooperación Internacional, con la que se pretende controlar a estas instituciones.

Pero, lo curioso es que, hace poco más de un año, la administración de Nicolás Maduro, trató de imponer una normativa similar, a través del ministerio del Interior y Justicia.

Se trataba de una resolución que establecía que las ONG debían registrarse, obligatoriamente, ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

A través de este dispositivo, las organizaciones debían aportar los nombres de sus integrantes, sus fuentes de financiamiento y movimientos bancarios, además de una lista de sus organizaciones asociadas.

Las protestas de las ONG no se hicieron esperar, argumentando que este registro atentaba contra varios derechos, pero sobre todo contra los beneficiarios de las organizaciones.

Instituciones como Amnistía Internacional y HRW levantaron sus voces y la resolución no se puso en marcha.

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No obstante, la semana pasada, se presentó un proyecto de Ley de Cooperación Internacional que, a partir del artículo 17, revive prácticamente todo lo que establecía aquella resolución desechada en el 2021.

A continuación, reproducimos textualmente cada uno de los artículos que afectan a las ONG.

Artículo 17. A los efectos de esta Ley se consideran organizaciones no gubernamentales aquellas organizaciones de Derecho privado, de tipo asociativo o fundacional, constituidas conforme a las disposiciones establecidas en las leyes que rigen el registro público de documentos que sean receptoras de recursos provenientes de la cooperación internacional y que, además de otras actividades, tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus estatutos, la actuación en materia de cooperación internacional o que realicen actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional.

Las organizaciones no gubernamentales deberán gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, disponer de una estructura que garantice suficientemente el cumplimiento de susobjetivos y carecer de fines de lucro.

Artículo 18. Se crea el Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales como parte integrante del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 19. La inscripción de las organizaciones no gubernamentales en el Registro previsto en esta Ley es obligatoria y constituye una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación con sus homólogos en otros países, así como para acceder a los incentivos fiscales contemplados en las leyes que regulan la materia impositiva y tributaria.

Artículo 20. El Registro de Organizaciones no Gubernamentales tiene carácter público, en los términos consagrados en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 21. El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras que realicen actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de su inscripción en el Registro.

Artículo 22. Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley, para que las organizaciones no gubernamentales extranjeras puedan realizar sus actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela deberán consignar la documentación sobre su constitución y estatutos debidamente legalizada y reconocida conforme al principio de reciprocidad establecido en esta Ley y a las normas establecidas en los convenios internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela sobre reconocimiento y legalización de documentos públicos.

Artículo 23. Sin perjuicio de lo que al efecto disponga el Reglamento de esta Ley, las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que operen en el territorio la República Bolivariana de Venezuela, suministrarán a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.

Artículo 26. Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación.

Si algo no trajo la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es caras nuevas. Es más, hay jueces que, tras la reforma de la ley orgánica, podría decirse que serán eternos, puesto que ya van para 24 años en el cargo y contando.

Además de esto, esa designación, por parte de la Asamblea Nacional chavista, es un ejemplo de la distribución de «parcelas» de poder, dentro del máximo juzgado.

Así lo manifestó el abogado y profesor especialista en derecho constitucional, Nelson Chitty La Roche.

En entrevista para La Voz de América, el analista cree que se trata de «más de lo mismo».

“El zorro pierde el cuero, pero no el vicio”, asevera, tras recordar que 12 de los 20 titulares ya cumplían con ese mismo rol en la institución.

Chitty La Roche recuerda el artículo 264 de la Constitución que señala que los magistrados serán elegidos “por un único período de doce años”.

No obstante, la reforma exprés de la ley se saltó este dispositivo, por lo que esa esa una de las principales críticas de expertos como Chitty La Roche.

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Otra observación del abogado es que la Asamblea Nacional electa en 2020 es “de origen dudoso”.

Por consiguiente, «la selección de magistrados tiene numerosos aspectos de dudosa constitucionalidad”.

Se refiere, asimismo, a las exigencias de la Carta Magna de que los candidatos al poder judicial deben tener “reconocida honorabilidad y competencia”. Además de “gozar de buena reputación”, o haber sido profesor universitario titular en ciencias jurídica durante al menos 15 años.

A su juicio, los dirigentes del PSUV vivieron el último mes entre “imputaciones y forcejeos” para designar en el TSJ a gente de su confianza.

“Tengo muchas dudas. Simplemente, es de nuevo ponerle la mano a la justicia de manera. Es asegurar el sesgo necesario para que se exhiba y se muestre siempre favorable para los líderes del Psuv”, afirma.

Entre los magistrados titulares, destacan Gladys Gutiérrez, quien fue por un año rectora del poder electoral ad hoc de Venezuela. Le sigue Tania D’Amelio, también exrectora del CNE, Calixto Ortega, exdiputado.

Gutiérrez asumió la presidencia del TSJ. Ese rol lo ejerció entre 2013 y 2017.

Alí Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, habla de “fraude constitucional”. Se refiere la reforma a la ley del TSJ que incluyó una disposición transitoria que viola la prohibición de ejercer por más de 12 años.

“Vamos a tener magistrados que pueden ejercer el cargo por hasta 24 años. Lo que pone de manifiesto el incumplimiento grave del texto constitucional”, comenta.

Para Daniels, “las supuestas caras nuevas del TSJ no son tales”, sino que se trata de candidatos “reciclados de otros órganos del poder público”.

Pone como ejemplo la inclusión como magistrados de dos generales que ocuparon la fiscalía general militar y la presidencia de la Corte Marcial.

Una exalcaldesa y exdiputados chavistas, así como funcionarios que formaron parte de ministerios de los gobiernos de Chávez y Maduro. También están entre los votados para integrar el máximo órgano del poder judicial.

“Hay personas que estuvieron en altos cargos de confianza del poder ejecutivo e incluso algunos nombrados directamente por este, como el caso de la justicia militar. No podemos esperar nada diferente” en cuanto a la administración parcializada de justicia, opina.

La elección de nuevos magistrados se deriva de una “revolución judicial” ordenada por Nicolás Maduro el año pasado. Ese programa ha incluido reformas y aprobaciones de leyes criticadas por la oposición venezolana.

El oficialismo promovió desde inicios de año la reducción del número de magistrados, de 32 a 20, modificando la ley del Tribunal Supremo.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hombre de confianza de Maduro, enfatizó en que se cumplieron “cabalmente” con la Constitución.

La oposición minoritaria, disidente y crítica de la mayoritaria plataforma unitaria, se declaró “satisfecha” por la escogencia.

Chitty La Roche, por su parte, cuestiona que el chavismo haya cumplido su objetivo de dominar de nuevo el TSJ. Esto, justo en momentos en que la Corte Penal Internacional anuncia la reactivación de su investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Eso hace mucho daño al país, ni siquiera se cuidaron de que la CPI está investigando a Venezuela con la fuerza de la evidencia de hechos punibles. Volvieron a colocar magistrados que repiten y sirven a parcelas del Psuv”, insiste.

“Es un tribunal chavista, como el que teníamos”, asegura.

Daniels enfatiza en que la designación de los magistrados es “una oportunidad de oro perdida” para renovar el sistema judicial venezolano.

“Esta designación no es que sea igual que las anteriores, es peor. Las expectativas de un poder judicial imparcial son inexistentes”, recalca.

Es la segunda vez que sucede. El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea de la administración de Maduro prorrogó la postulación de candidatos a magistrados del TSJ.

La información la publicó la institución en su cuenta en Twitter, donde indican que las postulaciones serán hasta el 21 de febrero del año en curso hasta las 5:00 de la tarde.

Alegan en el aviso que el objetivo “es permitir la mayor participación de la ciudadanía en este proceso”.

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El presidente del comité, Giuseppe Alessandrello, indicó que los ciudadanos que ya se postularon, serán contactados mediante mensajería de texto y WhatsApp.

Esto, para indicarles la hora de la entrevista que sostendrán con el Comité de Postulaciones.

El proceso de postulaciones puede extenderse hasta un máximo de 30 días, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

#18Febrero El @CP_Judicial apegado a la CRBV y la Ley Orgánica del TSJ anuncia la prorroga del lapso para las postulaciones a los cargos de Magistrad@s, Inspector(a) General de Tribunales y Director(a) de la Escuela de Magistratura hasta el #21Feb a las 5:00 PM. pic.twitter.com/asRLltP4ZR

La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro acordó, por unanimidad apoyar las acciones del Ministerio Público contra el dirigente opositor, Juan Guaidó.

El proponente del acuerdo es el diputado Pedro Carreño, quien aseguró los venezolanos piden que Guaidó “pague por todas las irregularidades cometidas en detrimento de la nación”.

Según el resumen que hizo Carreño, Guaidó sería responsable por «el secuestro de más de 7.000 millones de dólares que pertenecen al país».

Destacó y apoyó las acciones del MP que va a emprender «acciones legales por 25 causales, entre ellas usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública destinada a la desobediencia de las leyes».

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Agrega «malversación agravada, aprovechamiento de fondos públicos y conspiración con gobierno extranjero». Y finalmente, suman «terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir».

El diputado Alfonso Campos, del partido El Cambio, liderado por Javier Bertucci, aseguró, “con la corrupción los más perjudicados son los pobres”.

“En representación de la fracción de la Alianza Democrática, en una posición de beneficio para la República, apoyamos las acciones emprendidas por el Ministerio Público. Lo hacemos para establecer las responsabilidades que haya lugar en los actos de corrupción en los cuales se está investigando al señor Juan Guaidó”, dijo.

El acuerdo establece: «Exhortar al Ministerio Público para investigar los hechos punibles en que ha incurrido el señor Juan Guaidó. Además de establecer las responsabilidades y sanciones a qué hubiere lugar».

«Rechazar las acciones ilegales y criminales cometidas por Guaidó las cuales han generado impactos negativos en la calidad de vida de los venezolanos», agrega.

Este domingo Nicolás Maduro nuevamente amenazó a Juan Guaidó con meterlo a la cárcel y en un acto en conmemoración del 64 aniversario del 23 de enero le cantó: “Te sale Tocorón, títere ladrón”.

Guaidó cumple tres años de haberse juramentado como “presidente encargado de Venezuela” y todavía cuenta con el apoyo de varios países, entre ellos Estados Unidos.

Durante su alocución, Maduro manifestó que sabían que desde la Casa Blanca se “pretendía imponer un presidente títere” en el país.

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Explicó que la intención es “ejecutar un plan de golpe de Estado y de intervención militar y de control del poder político en Venezuela”.

“Te sale Tocorón, títere ladrón. La justicia justa y constitucional a veces tarda, pero de que va a llegar, llegará. Tenga la seguridad, el pueblo de Venezuela, de que aquí va a haber justicia”, dijo.

El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, habló sobre la reunión que sostuvo hace tres años con Guaidó y enfatizó que desde ese entonces “sigue haciendo el ridículo”.

“El presidente el día 22 de enero me dijo: este tipo quiere hablar. Y fuimos a hablar, yo me llevé mi termómetro, por supuesto. El presidente es testigo de lo que yo le dije cuando salí. El presidente me preguntó cómo me fue. Yo le dije: es un coco seco”, contó.

El fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, recibió un documento de los diputados de la Asamblea Nacional chavista para que se adelanten investigaciones.

“Recibimos documento en la sede del @MinpublicoVE de diputados de la @Asamblea_Ven sobre la comisión d actos d #conspiración lesivos al #patrimonio nacional: Cumplimos con informarles adelanto de #investigaciones que arrojan cientos d #detenidos y con órdenes de #aprehensión”, escribió en su cuenta en Twitter.

#HOY recibimos documento en la sede del @MinpublicoVE de diputados de la @Asamblea_Ven sobre la comisión d actos d #conspiración lesivos al #patrimonio nacional: Cumplimos con informarles adelanto de #investigaciones que arrojan cientos d #detenidos y con ordenes de #aprehensión pic.twitter.com/Ilg0LgbROa

Diosdado Cabello propuso este martes; durante una reunión con los diputados de la asamblea chavista, que Jorge Rodríguez siga presidiendo el Parlamento.

«Nos atrevemos a proponer ante esta plenaria que Jorge Rodríguez continúe como presidente de la Asamblea Nacional; por el extraordinario trabajo que ha venido desarrollando. Además de todas las tareas políticas adicionales que tiene», dijo.

En su propuesta, respaldada por Nicolás Maduro y los diputados del llamado «bloque de la patria», Cabello indicó que proponen también mantener a Iris Varela como primera vicepresidenta; y hacer «una renovación» en la segunda, al sugerir el nombre de Vanesa Montero, del partido Somos Venezuela; que forma parte del Gran Polo Patriótico (GPP).

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«A la compañera Iris Varela que siga ahí al lado de Jorge, como primera vicepresidenta de la Asamblea, y proponemos para la segunda vicepresidencia en el tema de las alianzas con los partidos del GPP una renovación. La compañera del partido Somos Venezuela, Vanesa Montero», detalló.

Maduro celebró que se proponga la ratificación de Rodríguez; pidió a los parlamentarios desplegarse «a lo largo y ancho del país» para establecer un «Gobierno conectado con el pueblo».

«Un año donde la Asamblea Nacional tiene mucho que mostrar, mucho que explicar. Yo pediría que ustedes se desplieguen a lo largo y ancho del país. Que ustedes se desplieguen en sus circuitos electorales, que se desplieguen en sus estados y que despleguemos toda la capacidad comunicacional para llegarle a la gente», dijo Maduro.

«Jorge Rodríguez seguirá al frente de la Asamblea Nacional para el período 2022-2023, la primera vicepresidencia estará a cargo de Iris Varela y la segunda vicepresidencia la ocupará Vanessa Montero», ratificó.

«Un año después de aquel 5 de enero, nos mantenemos unidos y consolidados en la unidad», expresó Diosdado Cabello.

«No hay deserciones, no ha habido, a pesar que esto ocurre hasta en las mejores familias. Afortunadamente, hoy podemos decir que más allá de las bajas físicas, comenzamos 256 y hoy somos 256 revolucionarias y revolucionarios y eso es algo altamente positivo que debemos destacar», puntualizó.

La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro convocó una sesión extraordinaria para el 30 de diciembre. La finalidad de la plenaria es discutir una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Así lo informó el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez. Lo hizo tras culminar una reunión de balance de la Comisión de Diálogo y Reconciliación.

Detalló que la reforma presentada por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, se refiere específicamente al artículo 8. El propósito es reducir el número de magistrados.

«Con esta solicitud de reforma, el Parlamento evaluará la viabilidad de reducir la composición del TSJ de 32 miembros de magistrados principales y suplentes». Lo harían «para un mejor manejo de las salas que integran el máximo tribunal del país», dijo Rodríguez.

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Una vez que la AN apruebe la reforma de la ley y se establezca el número de integrantes, se iniciarán los procedimientos necesarios para la conformación de un comité de postulaciones.

Posteriormente, la escogencia de los magistrados principales y suplentes de las cinco salas (Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Social y Casación Penal) y de la Sala Constitucional, explicó Rodríguez.

El artículo en cuestión señala: «La Sala Constitucional estará integrada por quince Magistrados o Magistradas y las demás Salas por cinco Magistrados o Magistradas. Cada una de las Salas tendrá un Secretario o Secretaria y un o una Alguacil».

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, entregó este jueves el proyecto de presupuesto para 2022 ante la Asamblea Nacional. Lo que resalta de esta presentación es que el titular no dio a conocer el monto del proyecto de gastos para el año que viene ni sus principales premisas como el precio del dólar, del petróleo, la inflación y las proyecciones de crecimiento económico.

«Es un presupuesto adecuado a la realidad, con los pies sobre la tierra», dijo Menéndez en su discurso. Agregó que el presupuesto «está preparado para un 2022 que se aspira y se ve de crecimiento y de expansión».

Explicó que también entregó las propuestas para la Ley Especial de Endeudamiento, Ley de Presupuesto y el Plan Operativo de la Nación.

Sobre la Ley de Endeudamiento, dijo que contemplan recursos para la Central Hidroeléctrica del Guri. Además de proyectos para los sistemas de agua, el sector de hidrocarburos y gas. Pero, igualmente ofreció detalles sobre cuánto será destinado para cada área.

Menéndez señaló que el Plan Operativo de la Nación sigue los lineamientos previstos en el Plan de la Patria.

«Es un hecho importante, porque aquí (en la ley) queda testigo histórico de la agresión que se pretendió contra el país (…) de asfixiar económicamente a la república y quitarle las fuentes de financiamiento externo para los proyectos estratégicos», agregó.

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Menéndez añadió que en los documentos presentados en el Parlamento está concebida una «doctrina de la democracia participativa». Dijo que se recogieron más de 10.000 proyectos de distintas comunidades del país caribeño, para poder ser sincronizados en «proyectos paraguas».

«Para ejecutarse no va a ser una labor burocrática, de élites, sino que se tiene que ejecutar con el pueblo organizado en cada una de las comunidades», señaló.

Igualmente, expuso que hay una cartera de proyectos vinculados a la salud, educación, transporte, servicios públicos, economía y a la simplificación de trámites del Estado, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

El funcionario afirmó que también habrá presupuesto para el mantenimiento de equipos y sistemas como ambulancias, bombas de agua y recuperación de centrales eléctricas.

«Es decir, la economía del mantenimiento que nos va a llevar a una ruptura, por una parte, del rentismo petrolero y por otra, nos va a permitir demostrar cómo nosotros enfrentamos el bloqueo económico», apostilló.

La Ley de Presupuesto 2022 y los demás proyectos deben ser aprobados por AN a más tardar el 15 de diciembre.

#EnVideo?| Vicepresidente Sectorial de Planificación,@rmenendezp ofrece detalles del Presupuesto Participativo 2022 en Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional#CartaAlReyDeEspaña pic.twitter.com/ZPfHWGzq3I

El presupuesto 2022 hace un ejercicio inédito 1.Más de 10 mil proyectos de cartografía social se hacen mapa de gestión revolucionaria 2.Economía del mantenimiento para poner a todo los bienes de capital para la etapa de crecimiento 3. Priorización Social, servicios y economía. pic.twitter.com/djFq0hbafb

La Asamblea Nacional de la administración de Nicolás Maduro acordó este martes anular todos los acuerdos legislativos aprobados por el Parlamento de mayoría opositora entre el 6 de enero de 2016 y el 4 de enero de este año.

«Esta Asamblea Nacional se autocorrige y anula los actos de la anterior Asamblea Nacional, que propició el robo de empresas (estatales) como Citgo y Monómeros», aseguró Jorge Rodríguez, en la sesión parlamentaria.

Rodríguez denunció que los países que apoyaron estos acuerdos.

«Lo hicieron porque querían robarse la plata, las riquezas que Venezuela tiene en su territorio».

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Aseguró que estas decisiones nada tienen que ver con el derecho, ni misiones ni funciones de un Parlamento.

Por su parte, el diputado, Timoteo Zambrano, apoyó el acuerdo propuesto por los chavistas.

Añadió que se tienen que anular esos actos o Venezuela «seguirá sin darle una solución a este barbarismo de esos dos años legislativos».

Aseguró que durante el período anterior, tenían la “deliberada intención de violar el orden constitucional y legal”.

“O específicamente, de ejercer competencias correspondientes a otros poderes públicos», dijo.

Además, en el documento citan que estos acuerdos son «inexistentes o ineficaces».

Por lo que aseguran «carecen de validez formal y material, y no pueden generar los efectos jurídicos que pretendieron con su declaración».

Los parlamentarios aprobaron desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias internacionales, que se deriven de estos acuerdos aprobados por la mayoría de la oposición.

También solicitaron a la fiscalía y demás entes de justicia investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas.

Este lunes comenzó a circular una lista extraoficial de los posibles nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, el calificativo de «nuevos» no cabría en este caso. La actual rectora Tania D’Amelio sería una de las «favoritas» a repetir en el cargo. Además hay figuras del chavismo y de la oposición que son conocidas.

D’Amelio estaría acompañada por el exministro de Transporte, Ricardo Molina y el extitular de Cultura, Pedro Calzadilla. Junto a ellos serían elegidos los opositores Enrique Márquez (UNT) y Roberto Picón, asesor electoral de la MUD. Se recuerda que D’Amelio está en el CNE desde el 2009.

Pero, las fuentes consultadas aseguran que aún no se define el quinto rector, por lo que el nombre de Ricardo Molina estaría en veremos. Se habla también de la designación de Elvis Amoroso, actual contralor de Nicolás Maduro. Suena el nombre de Enrique Ramos, exrector de la Unes y de Alexis Corredor, exmiembro de la ANC.

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Entre los candidatos a rectores suplentes se habla de Gustavo Vizcaíno, actual director del Saime. Además de Conrado Pérez Briceño, padre del diputado Conrado Briceño. Este último perteneció a Primero Justicia y está vinculado a Luis Parra.

El actual rector suplente incorporado, Pedro Castillo, también repetiría en el cargo.

En total son 15 rectores a designar, 5 principales y 10 suplentes. De estos últimos tres se incorporan para conformar los órganos subalternos del CNE.

La sesión de la AN chavista en la que se concretará la designación está prevista para este martes. La misma debe contar con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento.

La Asamblea Nacional madurista aprobó acoplarse al sistema 7+7 para prevenir contagios de COVID-19. Jorge Rodríguez, presidente de la instancia propuso las sesiones se realicen los días martes y jueves durante la semana de flexibilización. Mientras que en la cuarentena radical se desarrollará el parlamentarismo en las regiones.

«Quiero proponer que adoptemos el sistema 7+7 (…) que tengamos sesiones ordinarias los días martes, los días jueves de una semana y la siguiente semana, que son de cuarentena radical, mantenernos en nuestro trabajo coo parlamentarios en nuestras regiones», dijo Rodríguez en la sesión de este martes.

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Insistió en que durante la semana de confinamiento «no se llevarán a cabo reuniones de las comisiones. Pero sí se puedan hacer consultas a través de videoconferencias».

De esa manera, los diputados acudirán al Palacio Legislativo solo dos semanas al mes.

Hasta el momento Maduro la reportado la recepción de unas 700.000 vacunas anticovid, entre ellas la Sputnik V y la china Sinopharm.

En el plan de vacunación se incluyó la inmunización de los 277 integrantes de la AN. Ellos recibieron la dosis rusa en febrero..

Un grupo de pastores evangélicos se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. En el encuentro le plantearon al Parlamento chavista que redacte una Ley de Religión y Culto para que el Estado reconozca a la iglesia cristiana.

Tras la reunión, Rodríguez anunció la creación de una subcomisión para debatir los temas de interés dentro de las iglesias cristianas del país y aceptar sus peticiones. «Nosotros vamos a crear el día una subcomisión para que salga de estas reuniones hechos concretos, ideas y propuestas concretas para que las lleven ante esta comisión de diálogo», dijo.

Esta comisión está integrada por Javier Bertucci, Alfonso Campos, Moisés García y Carola Chávez.

Durante su intervención, Alfonso Campos, dijo la Iglesia Cristiana Evangélica «hasta el momento solo se reconoce como asociación civil».

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También dejó ver el rechazo de las congregaciones evangélicas a las propuestas de Ley del Matrimonio Igualitario y la despenalización del aborto en el país.

«La iglesia cristiana fija una posición y nos oponemos a toda iniciativa que vaya contra la principios de la vida y contra los principios y valores que nos marcan como República», expresó, según reseña de Unión Radio.

En respuesta,  Rodríguez resaltó que «se deben respetar las diferencias». Apeló al mutuo respeto entre las partes.

Oscar Figuera, único diputado del PCV en la Asamblea de Maduro, propuso un debate sobre la recuperación del salario mínimo. También para hablar de las prestaciones de los trabajadores del país.

Figuera tomó la palabra para referirse a varios temas, entre ellos la reforma del Reglamento Interior y de Debates. Pero, aprovechó que en otras intervenciones tocaron el tema del salario.

“Consideramos que es necesario incorporar una discusión sobre el tema de la recuperación del salario y las prestaciones sociales. Sabemos que se han deteriorado como consecuencia de las sanciones. Pero también es producto de las políticas económicas erradas del Ejecutivo», argumentó.

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Se desconoce si el tema de Figuera será incorporado en la agenda de la próxima sesión, puesto que nadie le secundó. No obstante, como diputado tiene derecho a hacer los planteamientos y que le den derecho de palabra para defenderlos.

Figuera es el único sobreviviente de la izquierda radical que ha acompañado al socialismo desde los tiempos de Hugo Chávez. No obstante, para las elecciones del 6 de diciembre, el PCV formó una alianza aparte del Psuv. Esto provocó el enfrentamiento con el madurismo.

#EnVideo?| Dip. Óscar Figuera propone a la Junta Directiva de la AN debatir en una próxima sesión, el tema del salario y las prestaciones sociales de todos los trabajadores del país#ANDePaz pic.twitter.com/RQN8Qtwdho

El chavismo comete un «abuso» en la Asamblea de Nicolás Maduro, a través de la sobrerrepresentación. La denuncia la hizo el secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Mujica.

«Se esperaban cambios en la instalación de la Asamblea. Pero al existir una sobrerrepresentación parlamentaria oficialista, no se favorece el escenario. Perdieron la oportunidad de darle pluralidad al país», argumentó, en entrevista con Unión Radio.

Mujica se refiere al hecho de que la AN de Maduro es el reflejo de los cambios que se hicieron al sistema electoral, antes del 6 de diciembre. A raíz de esos cambios es que con menos votos, el chavismo tiene 256 diputados.

Sobre el anuncio del presidente de la AN madurista Jorge Rodríguez, de llamar al diálogo, dijo que espera que sea «de verdad», para buscar soluciones a los problemas.

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En cuanto al pronunciamiento de la Unión Europea, dijo que es una posición política. Con la misma se pretende marcar distancia del escenario actual del país. «No niega una cosa pero tampoco reconoce a la otra. Es evidente que marca distancia en relación con el gobierno y todo lo que representaba Guaidó y la AN que él presidía».

A su juicio, la decisión de la UE intentar ayudar «en los procesos que están en pleno desarrollo en Estados Unidos y Venezuela.

Mujica señaló que la oposición se ha equivocado mucho y debe reconocer los errores que se han cometido ante futuros procesos electorales.

La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro comenzó a trabajar este jueves. Lo hizo con la designación de los integrantes de varias comisiones permanentes. También anunció la creación de tres comisiones especiales. El Psuv y GPP se quedaron con todas las presidencias, debido al reducido número de diputados de la mesita de la oposición.

Diosdado Cabello, jefe de la fracción madurista, anunció la reforma del Reglamento Interior y de Debates. (Ridan). Esto, con la finalidad de fusionar varias comisiones y crear otras instancias, producto de esa fusión.

El Ridan establece que se pueden crear otras comisiones ordinarias que sean «de interés parlamentario», lo cual debe ser aprobado por la mayoría en la plenaria. Para ello se debe modificar el reglamento.

En este sentido, Cabello propuso fusionar la comisión de Culto y Régimen Penitenciario a Política Interior. Además, planteó crear la Comisión de Desarrollo de las Comunas. La discusión en este sentido se efectuará en la próxima sesión.

Entre tanto, la directiva de la AN de Maduro anunció que la comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación estará presidida por Juan Carlos Alemán (PSUV). La vicepresidenta es Tania Díaz.

La comisión de Defensa y Seguridad estará presidida por Jesús Suárez Chourio y en la vicepresidenta Gloria Castillo.

Frente a la comisión de Contraloría estará Alexis Rodríguez Cabello (PSUV) y el vicepresidente es José Brito (PV).

La comisión de Política exterior será encabezada por Timoteo Zambrano (Cambiemos) y en la vicepresidencia estará Ilenia Medina (PPT).

En Política Interior estará a cargo Pedro Carreño y la vicepresidencia la ocupará Rosa León.

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Asimismo, Jorge Rodríguez anunció la comisión especial para la defensa del Esequibo. Estará presidida por el Hermann Escarrá, a quien acompañarán Earle Herrera y Timoteo Zambrano.

José Brito encabezará la comisión especial que investigará las acciones de la AN saliente. Con estarán Hugbel Roa y Vanessa Montero.

Y finalmente, se anunció la comisión especial para el dialogo que será presidida por el propio Jorge Rodríguez. Estará acompañado por Luis Martínez y Francisco Torrealba.

El Gobierno de Alemania declaró este miércoles que considera «ilegítimo» el nuevo Parlamento salido de unas elecciones del 6 de diciembre.

La portavoz de Exteriores de esa nación, Maria Adebahr, señaló que Alemania apoya la declaración emitida por la Unión Europea. Agregó que Berlín no ha cambiado de postura hacia Venezuela.

«Ya hemos discutido al respecto en círculos de la UE. Nos hemos puesto de acuerdo en que no reconocemos el resultado de las elecciones. Seguimos considerando ilegitimo el Parlamento que ayer inició su trabajo», precisó, en nota publicada por la agencia Efe.

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Reiteró la postura de Alemania sobre las elecciones de diciembre. Dijo que las mismas eran «ni libres ni justas». tampoco «cumplieron con los estándares mínimos del derecho internacional. Tampoco el proceso electoral fue inclusivo».

«No creemos que de esta manera se pueda superar la crisis en Venezuela, sino únicamente con elecciones parlamentarias y presidenciales justas, libres y creíbles», agregó.

Adebahr evitó responder a la pregunta de si Alemania ha dejado de considerar al opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional saliente, como presidente interino y se remitió al comunicado de la UE.

En diciembre, la portavoz señalaba aún al referirse a las recién celebradas elecciones legislativas que la postura de Alemania hacia Venezuela y hacia Guaidó «no ha cambiado con lo ocurrido el fin de semana» y que Berlín de disponía a consultar con sus socios europeos la postura común tras estos comicios.

En su primer discurso como presidente de la Asamblea de Maduro, Jorge Rodríguez, acusó al Parlamento elegido en 2015 de cometer crímenes que dañaron al país.

Aseguró que sí está de acuerdo con la reconciliación pero sin olvidar que «hay crímenes que no pueden ser perdonados, deben ser pagados. Fueron crímenes para acabar con nuestro territorio”.

“Tenemos que ver con alarma lo que ha pasado en esta Asamblea en los últimos cinco años. Reconciliación sí, pero sin amnesia; expresión democrática sí, pero sin olvido», agregó.

Cuestionó a la Asamblea de Juan Guaidó, quien este martes aprobó la ampliación de su periodo.

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Recordó que la Constitución es clara y precisa, “el periodo constitucional del parlamento venezolano corresponde a 5 años de duración”.

“¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón suprema de que estemos hoy aquí? Estamos aquí por mandato del libro de todos (Constitución), estamos aquí porque una democracia está sustentada en el cuerpo de leyes que la comprenden”, dijo.

 “Tenemos que reparar todo lo dañado por la antigua Asamblea”, añadió.

Se refirió a las investigaciones que realizan varios medios de comunicación sobre la supuesta malversación de fondos de la ayuda humanitaria.

Dijo que Guaido, reconocido como presidente interino por más de 50 países, supuestamente se apropió de esos 1.700 millones de dólares de Venezuela.

 “¿Cuánto de ese dinero fue utilizado para atender a los migrantes o para las necesidades del pueblo de Venezuela? (…) No, Están depositados en paraísos fiscales, en cuentas de Leopoldo López, Julio Borges, de Juan Guaido y su hermano, de Carlos Vecchio”.

También los acusó de robarse  Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos; la compañía Monómeros, en Colombia, y de intentar entregar al gobierno estadounidense el Esequibo.

“No puede haber reconciliación y hacernos los locos. Se atrevieron a barbaridades que no caben en la imaginación del más tenebroso escritor», expresó.

Asimismo, sostuvo que los opositores, «firmaron un contrato en el que aceptaban y pagaban 200 millones de dólares a mercenarios».

«Pusieron precios a las cabezas de venezolanos, se aliaron con paramilitares y gobiernos enemigos”.

Rodríguez aprovechó la tribuna para anunciar que en los próximos días nombrarán una comisión para emprender un “gran diálogo” con todos los sectores, empresariales, campesinos, consejos comunales, entre otros.

Llamó también a factores políticos que no participaron el 6 de diciembre en las elecciones a ese diálogo.

Asimismo indicó que esta gestión de la Asamblea de Maduro irá al Parlamento Comunal.

“Aprobaremos leyes para amparar a los consejos comunales”, resaltó.

Jorge Rodríguez dijo que la próxima sesión del Parlamento de Maduro será este jueves.