Un migrante venezolano perdió la vida en una población de Colombia en medio de una riña que se originó al calor de unos tragos y un mal entendido.

El hecho ocurrió en la vereda San Antonio de Anaconia, zona rural del corregimiento de Vegalarga, jurisdicción de la ciudad de Neiva, en Colombia.

Hasta la fecha el hombre, que aún no ha sido identificado. Versiones de prensa indican que estuvo involucrado en una riña con otros sujetos.

Todo esto ocurrió mientras bebía con otras personas. Se pudo conocer que la víctima trabajaba en una de las fincas del sector.

La causa de la muerte se debe a que recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. Del agresor no se sabe mucho solo que escapó sin ser identificado.

De acuerdo a los testigos el presunto agresor no es residente de la zona; y se desconoce su paradero, reseñó HBS.

Efectivos policiales se hicieron presentes en la zona horas después. En el lugar de los acontecimientos realizando la respectiva inspección del cuerpo.

Posteriormente fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizará el proceso de plena identidad. 

«Mientras la tasa de homicidio nacional ha ido decreciendo de manera sostenida (…) la tasa de homicidios de población venezolana ha crecido y es 2,8 veces mayor», advierte la organización en un informe titulado «Situación de derechos humanos de la población refugiada y migrante venezolana en Colombia».

Cabe destacar que el documento, fue elaborado partir de cifras oficiales y denuncias recabadas por la organización.

«La situación de irregularidad de una importante parte de la población (….) los ha llevado a enfrentarse a contextos de discriminación, xenofobia o estigmatización», revela.

Unos 1,8 millones de venezolanos se encuentran en Colombia, que inició en marzo la regularización de casi un millón de ellos.

El gobierno espera entregar a finales de año un documento que da a los migrantes irregulares un plazo de 10 años para adquirir una visa de residentes.

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Sin relaciones diplomáticas, los dos países comparten una porosa frontera de unos 2.200 kilómetros.

La ONG también advierte sobre la violencia sexual que se ensaña contra esta población.

Destacan que 2.319 venezolanos fueron objeto agresiones de este tipo entre 2015 y 2020, la mayoría mujeres menores de edad.  

El éxodo venezolano es considerado la segunda peor crisis migratoria del mundo: según la ONU, 5,6 millones de personas han huido del país petrolero.

Venezuela lleva ocho años en recesión económica y cuya crisis política se agravó en enero de 2019.

La situación cambió de nivel tras el anuncio de Juan Guaidó, de declararse presidente interino.

Un grupo de más de 30 países encabezado por Canadá, Alemania y Estados unidos se comprometió la semana pasada para apoyar a los migrantes venezolanos.

Recaudaron más de 1.500 millones de dólares para atender esta crisis.

Recientemente en Colombia se reglamentó la ley de cadena perpetua que castiga a asesinos y violadores de niños y varios fueron los argumentos que los gesteros tuvieron para sustentarla.

Solo en el año 2020 en el país hubo 579 muertes de niños; 56 tenían entre 0 y 4 años. En la mayoría de los casas, sus victimarios fueron sus propios padres.

«A los niños los están masacrando en sus casas. Y tenemos que decirlo así: es una violencia invisible, porque ocurre en el interior de los hogares», acotó para El Tiempo Yohana Jiménez, gestora de la ley.

Frente a las muertes violentas del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020 de las 134.515 personas que fallecieron, 11.373 eran menores de 18 años (Medicina Legal).

Solo entre enero y diciembre del 2020, quince niños entre 5 y 9 años fueron asesinados. En el rango de 10 a 14 años la cifra de homicidios asciende a 73 y crece mucho más en los de 15 a 17 años (435).

En esta edad, las muertes están asociadas a reclutamiento forzado, pandillismo, microtráfico o a hechos de violencia o jóvenes reclutados por las disidencias de las Farc.

Fueron 1.645 los menores de edad (0 a 17) los que fallecieron de manera violenta en el 2020, entre ellos, los asesinados; en el 2019 fueron 1.869 y en 2018, 1.875.

Además, frente a lesiones no letales, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020 del total de 1.4 millones de registros, 280.560 corresponden a menores de edad.

Esto representa el 19,7% del total de casos registrados por Medicina Legal, entidad que resalta que la gran mayoría (86,5%) del total de exámenes médico legales por presunto delito sexual se realizaron a menores de edad.

¿Por qué a los más pequeños? «Muchos de los casos se dan en los mismos hogares. Uno de los espacios que deberían ser más seguros, que son las viviendas, terminan siendo los más inseguros», dice Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

Asegura que el castigo físico y humillante juega un papel relevante en las razones de asesinato a niños y hace un llamado a la regulación emocional en la crianza y a la hora de corregirlos.

“Para reprenderlos los queman o les pegan tan duro hasta que la cosa se vuelve grave y terminan en un servicio médico; y muchos de esos niños terminan muriendo”, asegura.

Lo más grave es que este tipo de violencia se ha normalizado y sea tan frecuente que poco moviliza e indigna a la opinión pública.

Medicina Legal, en su informe Forensis, ha establecido que los principales asesinos de los niños pequeños (entre 0 y 12 años) están en la propia familia (papá, mamá, padrastro, madrastra, el cuidador o alguien cercano al hogar).

Aunque también hay desconocidos que aprovechan un descuido de los papás, los secuestran y en muchos casos los abusan sexualmente y después los matan.

Y duele saber que otra causa de la muerte de niños es la disputa entre las parejas, donde el niño es desaparecido por razones como no pagar una cuota alimenticia.

A los bebés, por ejemplo, los matan tras ocasionarles el síndrome del bebé zarandeado, por fracturas de cráneo o por hemorragias, producto de los golpes.

Además, hay un subregistro muy alto. Hay bebés asesinados y esos cadáveres desaparecen. Fallecen en realidad por muertes intencionales como fracturas por caídas o quemaduras o asfixias.

La psiquiatra Isabel Cuadros de la Asociación Afecto, destaca que los infanticidios han venido disminuyendo en Colombia con el paso de los años, algo que no ha ocurrido con la violencia sexual.

En el 2020, Medicina Legal practicó 15.359 exámenes por presunto delito sexual a niños y adolescentes entre 0 y 17 años (en el 2019 fueron 22.211).

Las presuntas víctimas más pequeñas (0 a 4 años) fueron 1.723 durante el año pasado; en el rango de edades entre 5 y 9 años fueron 4.063 y en el de 10 a 14 años fueron 7.257.

Se practicaron otros 2.316 exámenes a víctimas entre 15 y 17 años. En el 84 por ciento de casos de violencia sexual la víctima es una niña.

En el informe ‘Las múltiples caras de la exclusión’, publicado por la ONG Save the Children en el año 2018, Colombia ocupó el vergonzoso tercer puesto, después de Ruanda y Bolivia.

Además se les asesina por razones como «hacen mucho ruido» o no hay manera de alimentarlos. Y lo peor: no solo se les mata cuando se les quita la vida.

También cuando se los trafica, prostituye, esclaviza, abandona, o se les somete a trabajo forzado o reclutamiento ilegal.

Y en Colombia muchos de ellos mueren de hambre, por desnutrición, otra forma de maltrato.

Fuente: Boletines de Medicina Legal

La violencia contra los niños en los países en conflicto aumentó considerablemente en 2020 según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Denuncia que la violencia contra los niños en los países devastados por la guerra se disparó en 2020, agravada por la pandemia del COVID-19, según un informe anual de Naciones Unidas publicado el lunes. 

Los secuestros de niños aumentaron en un 90%, mientras que las violaciones y los abusos sexuales aumentaron en un 70% en comparación con el año anterior, según Antonio Guterres, seretario de la ONU. 

«El número global de violaciones graves siguió siendo alarmantemente alto, con 26.425», dice el informe.

Virginia Gamba, representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, dijo que «las guerras de los adultos han vuelto a arrebatar la infancia a millones de niños y niñas en 2020». 

El informe constató que la pandemia «aumentó la vulnerabilidad de los niños al secuestro, al reclutamiento y a la utilización, a la violencia sexual y a los ataques contra las escuelas y los hospitales». 

Afganistán, Siria, Yemen y Somalia fueron los lugares más peligrosos para los niños en 2020, según el informe. 

Con información de El Tiempo y AFP

Según El Diario de Guayana, fueron localizados cuatro de los reclusos fugados de Guasina de la cárcel de Guasina en días pasados en el estado Delta Amacuro, fueron asesinados en el sector La Barra (Tucupita).

Estos reclusos eran del grupo de 14 que se fugaron del retén cercano a Tucupita, segú fuentes presuntamente con complicidad de los guardias.

Los delincuentes asesinados eran conocidos con los apodos como: “El Gordo”, “Colombia”;“Papo” y “Tego”.

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Así mismo, se desconoce si fueron asesinados por otra organización criminal o en un enfrentamiento entre delincuentes del sector.

#5Feb #Reporte ?️Cuatro de los reclusos fugados de la cárcel de Guasina en días pasados en el estado Delta Amacuro, fueron asesinados en el sector La Barra (Tucupita) antes de cruzar vía marítima hacia Trinidad y TobagoCortesía @DiariodeGuayanaVía @Dayanakrays@ImpactoVE ? pic.twitter.com/pbFEm515a7

Parece que los cuatro cadáveres presentaron diversos golpes y machetazos en sus cuerpos evidenció en la experticia forense. Antes de reportarse el hallazgo de los cadáveres, en el retén de Guasina; se informó que hicieron una fiesta por el “cambio de mando” de pranes en el penal, luego de registrarse la fuga de estos presos que tenían el dominio delictivo en la cárcel, según la fuente Armando Gruber.

La noche de este domingo, dos menores de edad que transitaban frente a un retén militar en el Huila, Colombia, murieron al recibir varios disparos de un soldado del Ejército.

Los jóvenes, de 14 y 17 años, en una motocicleta, pasaron por el puesto de control del Batallón número 27 de Infantería Magdalena y el soldado disparó.

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Autoridades trasladaron a ambos heridos desde la vereda del Palmar de Obando a un centro asistencial. Los menores fallecieron al llegar al hospital.

El Ejército explicó a Noticias Caracol que los hechos sucedieron “al parecer, por la reacción de uno de nuestros soldados”.

Aseguraron que el soldado presuntamente involucrado en el asesinato, fue puesto a la disposición de las autoridades.

Además, se inició una investigación disciplinaria.

De marzo a septiembre de 2020, meses en el que se mantiene el estado de Alarma por la llegada del COVID-19, se reportaron 5 personas asesinadas y 442 detenidas en el contexto de manifestaciones en el país, según Provea.  

Estas cifras, son presentadas por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos en su informe denominado “La disciplina del miedo: Las detenciones arbitrarias y asesinatos en protestas”.

Según el documento, de las 442 detenidos, 159 se realizaron de manera arbitraria.

Entre las detenciones están a periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena.

“En detrimento del ejercicio y disfrute de derechos, la respuesta al COVID-19 ha priorizado el mantenimiento del orden público basado en la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica”, reza el documento.

De esas 159 personas, 108 (67,5%) ocurrieron en los tres primeros meses del año. “El único estado donde no se presentó detenciones fue Amazonas”.

Provea señala que 34 casos (21,25%) están concentrados en Caracas y 38 casos (24%) de la totalidad de las detenciones se realizó contra mujeres.

Destaca el informe que en total 28 cuerpos de seguridad diferentes participaron de las detenciones arbitrarias.

De esos cuerpos de seguridad destacan, la Guardia Nacional con 34 casos, las Faes con 17 casos y la Dgcim con 17 casos.

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En operaciones conjuntas  se registraron dos casos entre la GNB y los llamados colectivos.  

Provea asegura que la ausencia de lineamientos claros sobre la política de cuarentena que ha aplicado el régimen, “ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos”.

Esta situación agravó “las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país”.

En cuanto a los perfiles de personas detenidas, precisa que al menos 59 (37,10%) detenciones ocurrieron contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

33 (20,7%) son detenciones arbitrarias a personas vinculadas a partidos políticos y funcionarios activos.

Asimismo, hubo 25 (13,5%) privaciones de libertad a personal de salud, entre ellos médicos, enfermeras y personal obrero.

10 sindicalistas también sufrieron violaciones al derecho a la libertad personal.

“Sobre los hechos que motivaron la acción al menos 17 personas detenidas por dar información, denuncias y visibilizar situaciones relacionadas con la pandemia”.

Agrega que al menos 13 personas las detuvieron arbitrariamente por grabar, entrevistar o visibilizar situaciones relativas a la escasez de gasolina en estaciones de servicio.

Como Juan José Díaz Bautista identificaron uno de las cadáveres de las dos asesinados y arrojados de la Cota 905 a un vertedero de basura de la autopista Norte- Sur a la altura de los túneles de El paraíso.

El hecho ocurrió la tarde del lunes y hasta el momento se desconocen las causas del crimen.

De Díaz Bautista se conoce que tenía 28 años, que vendía dulces en la calle y habitaba en el sector Sierra Maestra de la parroquia 23 de Enero.

Ambas víctimas presentaban múltiples heridas por armas de fuego.

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Además los cuerpos estaban impregnados en gasolina. Se presume que los delincuentes querían incendiar los cadáveres en el basurero.

Las autoridades manejan que el crimen se cometió en la Cota 905 y luego los victimarios arrojaron los cuerpos desde un bajante de basura, hasta caer al vertedero.

No se conoce la identidad de la otra víctima, aunque se conoce que se trata de un hombre de tez morena de aproximadamente 20 años.

La abogada Carmen Alicia Martínez de 62 años y su hijo Jesús Oropeza, un técnico en computación de 42 años de edad, fueron asesinados y encontrados sus cuerpos en una de las habitaciones del apartamento que compartían en Baruta.

Ambas víctimas fueron golpeadas y atacadas con arma blanca. Los cuerpos estaban en el baño y en una de las habitaciones. Se presume que el hecho ocurrió el pasado miércoles.

El padre de la abogada de 94 años de edad también se encontraba en la vivienda pero no le causaron heridas.

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El hecho ocurrió en la urbanización Sorocaima, La Trinidad, municipio Baruta del estado Miranda.

Los cuerpos fueron hallados por el exesposo de la abogada, Ignacio Oropeza, quien dijo que el cadáver de la mujer estaba en el baño; mientras que el de su hijo se encontraba en una habitación.

Autoridades indicaron que las puertas del apartamento no presentaban signos de haber sido forzadas.

También indicaron que el padre de Carmen, es el abogado Jesús Martínez Mora, quien fue juez y prefecto de Caracas.