El portal de la Radio Nacional de Colombia, publicó un artículo de la agencia de noticias Colprensa, que es la radiografía de la inmensa violencia que se está viviendo en Colombia; así hizo público José Arlex Arias en las 2Orillas.

Uno de los anhelos de la sociedad nacional para votar por el hoy presidente Gustavo Petro era que se cumpliera su lema de “Colombia, potencia mundial de la vida”, que al menos en casi la mitad del período presidencial se encuentra bien lejos de lograrse.

Colprensa reveló, en el mencionado artículo, que “al menos 188 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados, 167.540 desplazados, 303 víctimas de masacres, 44 ex combatientes de FARC acribillados y 55 víctimas de minas antipersonales dejó este 2023, aseguró el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)… Las cifras hacen parte de la recopilación de datos hechos por esta ONG que hace más de tres décadas se dedica a hacer análisis y recaudar información del conflicto armado interno.

En su informe anual sobre violencias en el país, que abarca del 1 de enero al 28 de diciembre, Indepaz señaló que el 55 % de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos o líderes sociales se cometieron en tres departamentos”.

En el análisis hecho por Indepaz llama la atención que, del total de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, el 12 % fueron mujeres, “una cifra importante cuando se reconoce que un liderazgo femenino es más difícil de formar debido a las labores de cuidado que se le suman y a otro tipo de violencias”, detalló la ONG.

Así mismo, sobre el perfil de las víctimas de esta violencia marcada por la política y los intereses económicos, Indepaz aseguró que se trató de líderes que defendían la implementación del Acuerdo de Paz, reclamaban cambios políticos respecto de poderes locales, ejercían como defensores del medioambiente, eran opositores a megaproyectos regionales y defensores contra la brutalidad de los grupos armados en sus territorios.

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Además del asesinato de líderes sociales y las 94 masacres, donde murieron 303 personas, el año pasado en Colombia, Indepaz hace un balance de otro flagelo espeluznante: “En cuanto a las víctimas de minas antipersonales, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023 se contabilizaron 55 personas, entre ellas seis menores de edad, con Nariño como el epicentro de este tipo de casos con 39 víctimas reportadas”.

Y remató el análisis con una cifra no menos escabrosa: “En tanto que la cifra de desplazados llegó a 167.540, la mayoría en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander”.

Hay cálculos que indican que en los últimos 10 años en Colombia han sido asesinados más de 15.000 líderes sociales, en su mayoría por ejercer sus derechos políticos; el panorama parece no cambiar.

Que el Estado recupere el monopolio de las armas, se descifre el galimatías que el Gobierno ha sembrado frente a los diálogos de paz y cese la polarización podría garantizar un mejor ambiente para el desarrollo de los liderazgos en Colombia.

Una madre ey su hijo fueron asesinados en el municipio de Malambo, municipio del departamento colombiano Atlántico.

El victimario se movilizaba a pie, entró a la vivienda familiar y disparó contra los residentes.

Las víctimas fueron identificadas como Bautista Sofía Suárez González, de 48 años, y Harold Rafael Fandiño Suárez, de 29; así dio a conocer Caracol.

Según información dada a conocer por medios de comunicación del Caribe, madre e hijo fueron tiroteados.

El hombre falleció en el sitio, mientras que la mujer fue trasladada a un centro médico en el que pereció.

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Bautista Sofía había sido detenida en agosto de 2022 por su presunta vinculación con el asesinato de un conductor de bus identificado como Jhon Pardo Castillo, al que mataron el 31 de julio de ese mismo año.

Según las autoridades: la mujer y otro sujeto habrían facilitado el almacenamiento de elementos utilizados para el homicidio como un arma de fuego, la ropa de quien cometió el crimen y los cascos de la moto usada por los sicarios.

Harold Rafael había recibido recientemente un panfleto en el que lo señalaban de pertenecer a la banda Los Costeños.

Al menos 33 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre enero y marzo pasados, reveló este sábado el subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier.

“En los primeros tres meses de 2023, hemos documentado 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, escribió Pappier en Twitter.

Del total de casos, 12 ocurrieron en enero, 8 en febrero y 13 en marzo, según el subdirector de HRW para las Américas.

En los primeros tres meses de 2023, hemos documentado 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Estos son los 12 casos de enero: pic.twitter.com/otmDZYchoU

Y estos son los 13 casos de marzo: pic.twitter.com/QC0h7ZyWB2

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La región del Pacífico -en la que operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales como el Clan del Golfo que luchan por las rutas del narcotráfico y el control territorial- es donde más líderes y defensores fueron asesinados.

En ese sentido, HRW registró seis casos en Nariño, cinco en el Cauca, tres en Valle del Cauca y uno en Chocó, que son los cuatro departamentos que conforman la región del Pacífico.

El resto de casos sucedieron en Bolívar, César, Magdalena y Sucre, con dos crímenes cada uno, y en Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander, con un asesinato en cada uno, refiere EFE.

Igualmente, señala el documento publicado por Pappier, entre los asesinados hay líderes comunitarios, indígenas, campesinos, de víctimas, LGBTIQ+, afrodescendientes y juveniles, así como un funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Ni las iglesias, ni las sotanas representan símbolo de respeto para los criminales en Venezuela. Durante 24 años se han registrado al menos ocho sacerdotes asesinados en mano de los delincuentes del país.

La prensa Lara hizo un recuento sobre los casos que enlutaron a la Iglesia Católica en Venezuela. El 9 de julio de 2018 Barquisimeto se bañó de sangre con el asesinado del sacerdote Irailuis García Escobar, de 38 años, cuando estaba llegando a la casa parroquial.

Apenas llegó la voz de quieto de dos criminales lo sorprendió. Los delincuentes pretendían robarle la camioneta, pero sin saber qué hacer el sacerdote decidió correr, esto marcaría su sentencia de muerte. Uno de los antisociales no dudó en dispararle dos veces, uno de ellos impactó en su espalda.

Sin embargo, en medio del momento los delincuentes no decidieron llevarse las pertenencias del padre, solo huyeron del sitio.

Aunque al Padre lo auxiliaron y llevaron hasta el Seguro Pastor Oropeza, murió minutos después de ser ingresado. Posteriormente, al notar la actitud sospechosa de los delincuentes, sin saber lo que había ocurrido anteriormente, una comisión del CICPC los persiguió, generando un enfrentamiento en el cual cayó uno de los antisociales apodado como “el mudo».

Otro de los casos impactantes ocurrió en 2016 en San Cristóbal, Táchira. Entre las camineras del Parque Metropolitano de San Cristóbal, fue hallado el cuerpo sin vida del Presbiterio Darwin Antonio Zambrano Gámez, de 40 años. Sobre su espalda se observaron señales de violencia y heridas con arma blanca.

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Hace cinco años, el sacerdote Juan Carlos Guevara fue víctima de un secuestro. Eran las 5:30 de la tarde de un 18 de octubre, cuando el padre salió a bordo de su Toyota Corolla, color plata, junto a dos mujeres, ambas de la Universidad Católica de Santa Rosa en Caracas.

Ellas estaban en Lara por un acto de grado que se realizó al mediodía en El Manzano. Luego de eso, se fueron para Agua Viva, pues el sacerdote quería que ellas compraran artesanía para que se la llevaran de recuerdo.

Para ese año, Guevara contó a La prensa Lara que no sabía cuántos minutos recorrió con los dos hampones. Él solo miraba la carretera y sus manos sujetaban el volante, pero en un largo trayecto, aun en Cabudare, uno de los malandros le pidió que se detuviera.

Es en ese momento, se montó un tercer malandro, entonces cambiaron de asientos dentro del carro; el padre Juan Carlos pasó a un asiento en la parte trasera.

Las damas que se quedaron en Agua Viva de inmediato denunciaron y la Policía comenzó a ubicar el vehículo a través del GPS. Así fue como la DIEP de Polilara logró ubicar a los delincuentes en el barrio El Carmen.

Al ser rescatado, el padre Juan Carlos solo dijo: «suplico a Dios por esos jóvenes que están descarrilados» y los perdonó.

El sacerdote José Manuel de Jesús Ferreira, párroco de la Iglesia San Juan Bautista, de San Carlos, estado Cojedes, fue asesinado el 20 de octubre de 2020, de un disparo cuando trataba de auxiliar a una mujer que había sido asaltada.

El homicidio ocurrió después de celebrar la misa. Fuentes detallaron que al concluir la celebración, se acercó a saludar a los pocos fieles que pudieron asistir, debido a la pandemia, y fue cuando vio a una mujer que había sido asaltada.

La delincuencia en el país ha dejado no solo asesinatos, sino también un sinfín de robos y hurtos dentro de las iglesias y casas pastorales.

La iglesia Católica por años ha clamado más seguridad para todos los venezolanos y han orado por el cese de la delincuencia y que abunde la paz.

Desconocidos asesinaron a seis personas en dos nuevas masacres perpetradas en Colombia, una en el departamento Córdoba y otra en el de Antioquia, informaron este domingo las autoridades.

El primero de los ataques ocurrió en el municipio de San Carlos, en Córdoba, donde unos desconocidos asesinaron a tres personas en una gallera de la vereda (caserío) El Recreo.

“He pedido a las autoridades iniciar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos de este atentado que nos llevan a despedir de esta lamentable forma a estas tres personas. Rechazo cualquier forma de violencia en contra de nuestros ciudadanos”, aseguró la alcaldesa de San Carlos, Leda López, citada en un comunicado de su despacho.

? #09masacresen2023? Fecha: 28/01/23? Lugar: San CarlosEn una gallera de la vereda El Recreo, del corregimiento Santa Rosa, en el municipio de San Carlos, Córdoba, hombres armados acabaron con la vida de tres personas que se encontraban al interior de ese establecimiento pic.twitter.com/bygiWv2Rsm

La funcionaria pidió a las autoridades «evaluar la situación de orden público en el municipio con el fin de tomar acciones que conduzcan a la captura de los autores materiales de estos hechos», recogió la agencia EFE.

Asimismo, en la masacre número 10 en Colombia en el año 2023, tres personas fueron asesinados en el municipio de Ciudad Bolívar, en Antioquia, en una matanza en la que otras dos personas también resultaron heridas.

“Ellos estaban en un establecimiento de expendio de licor y lamentablemente ahí se presentó la situación, hubo una balacera y dejó tres personas muertas y dos heridas” aseguró el alcalde de Ciudad Bolívar, Mauricio Márquez, a la emisora Blu Radio.

Por otra parte, el coronel Daniel Mazo Cardona, comandante del Departamento de Policía Antioquia, detalló que una de las personas alcanzó a ser llevada a un hospital, donde falleció por la gravedad de las heridas, y que las otras dos murieron en el lugar de los hechos.

Masacre # 1028/01/23Ciudad Bolívar, Antioquia.Tres personas fueron asesinadas mientras departían al interior de un establecimiento público ubicado en el barrio Los Guayacanes del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, allí fueron atacadas con armas de fuego por desconocidos pic.twitter.com/A3pVgJokvP

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el primer mes del año han sido perpetradas diez masacres en Colombia.

En 2022, la Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia verificó 83 casos de masacres y 112 homicidios de personas defensoras de DD.HH.

En dos eventos diferentes, tres venezolanos resultaron acribillados en Colombia en las últimas horas. Los móviles que se manejan son extorsión y sicariato.

En el corregimiento Las Mercedes Llano Grande, zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander), fue asesinado un hombre identificado como Cristian Fabián Barrios y su esposa Carolina Rodríguez, quienes presentaban varios impactos de arma de fuego.

Aún no se tiene información precisa de los autores y las causas de este doble homicidio, aunque se manejan varias hipótesis.

Una de ellas presume que los autores pertenecen a grupos armados ilegales por el no pago de extorsiones, pues eran propietarios de una discoteca, ubicada en zona rural del municipio de Convención, donde existe la presencia del ELN, las disidencias de las Farc y los Pelusos del EPL.

El coronel Jhon Robert Chavarro, comandante de la Policía de Norte de Santander, dijo a RCN que «esto es materia de investigación, junto con la fiscalía estamos recolectando pruebas que permitan dar con el paradero de los autores de este doble homicidio».

Por otra parte, el alcalde del municipio de Convención, Dimar Barbosa, dijo a la misma radio que «preocupa esta nueva acción violenta que enluta a dos familias de la localidad, la única información que tenemos es que varios hombres armados llegaron al local comercial en donde dispararon en varias oportunidades».

Carolina Rodríguez, venezolana de 42 años de edad, había llegado hace cuatro años al municipio y allí creó su propio negocio.

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En otra acción violenta, Víctor Guanipa fue asesinado en el barrio Santa Ana, en Santa Marta.

El hombre, de 20 años de edad y nacionalidad venezolana, estaba compartiendo con unos amigos cuando fue interceptado por sicarios en moto y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras quedar mal herido, Guanipa fue trasladado hasta la clínica Bahía de Santa Marta, donde galenos en turno confirmaron su deceso.

Una joven de nacionalidad venezolana, identificada como Mairuth Cárdenas Sánchez, fue asesinada en la localidad de San Pedro, Sucre, Colombia. Mientras que en Lima, Perú, fueron acribillados dos venezolanos.

La acción perpetrada en el país vecino ocurrió cuando la dama, de 27 años y que se encontraba en estado de gestación, permanecía en un establecimiento comercial y un sujeto les disparó a su pareja y a ella, quien recibió los proyectiles en el abdomen.

Según los primeros reportes de las autoridades, el hecho tuvo lugar a las 2:00 de la madrugada de este domingo. Aparentemente se trató de una riña que se originó a partir de un acto de intolerancia, reseñó el medio Zona Cero.

Durante el hecho, resultó herido su pareja sentimental, Luis Ángel Castilla Sánchez, de 28 años, nacido en San Pedro.

La mujer fue auxiliada y trasladada al hospital local, pero tras la gravedad de sus lesiones llegó sin signos vitales.

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Por otra parte, dos ciudadanos venezolanos, de entre 20 y 30 años, fueron asesinados a balazos por sicarios en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima.

El hecho ocurrió en la calle 10 del asentamiento humano del Programa Municipal de Vivienda Unida. Las víctimas fueron atacadas a tiros por asesinos a sueldo, señaló el portal peruano Trome.

Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que su compañero expiró camino al Hospital María Auxiliadora, al sur de la capital inca.

Se desconoce la causa del ataque, aunque la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Durante el actual gobierno presidido por Gustavo Petro se han registrado 35 asesinatos de líderes sociales en Colombia; afirmó Human Right Watch.

Esta ONG internacional de Derechos Humanos reporta que estos crímenes fueron perpetrados entre el 18 de agosto y el 30 de octubre del presente año en 19 de los 32 departamentos que hay en Colombia, lo cual refleja que la problemática no está concentrada en un solo punto, sino que afecta a múltiples regiones colombianas.

Los departamentos más golpeados han sido Nariño, con ocho homicidios; Putumayo, con cuatro; Cauca y Arauca, con tres; Antioquia, Magdalena y Santander, con dos cada uno.

En estos territorios hay presencia de grupos armados ilegales y problemáticas ligadas a los cultivos ilícitos, la extorsión y las disputas de corredores de movilidad entre estructuras criminales, situaciones que ponen en riesgo a los líderes sociales y defensores de DD.HH.

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Juan Pappier, director asociado en funciones de Human Right Watch, a través de su twitter dio a conocer el listado de las más recientes víctimas:

Hemos documentado 35 homicidios de defensores de DDHH y líderes sociales en los primeros tres meses del gobierno de @petrogustavo en Colombia. pic.twitter.com/ImWHdvGi2X

Estas cifras de Human Right Watch demuestran que -hasta el 30 de octubre – mataron a un líder cada 2,4 días.

Durante el gobierno Petro se registran nueve masacres, con un total de 39 muertos.

Tras liderar un consejo extraordinario de seguridad, la alcaldesa Claudia López ofreció detalles de la masacre ocurrida en Bogotá, donde 4 personas aparecieron muertas dentro de una camioneta Toyota.  

López dejó claro, antes de iniciar la rueda de prensa, que las investigaciones apuntan a “un ajuste de cuentas macabro y criminal” contra un expolicía con un pasado turbio que termina asesinado junto a otras tres personas.

Les reiteró a los medios de comunicación no hacer «ninguna especulación» al respecto. “No tiene ni policía ni Fiscalía ninguna información que le permita creer que este hecho lamentable de estos cuatro asesinatos tenga nada que ver con la organización criminal Tren de Aragua”.

Asimismo, dijo que “tampoco tienen nada que ver con los hechos lamentable de ajustes de cuenta con homicidios de personas abandonadas en bolsas en la ciudad de Bogotá”.

«Son homicidios que tienen que ver con el narcotráfico y el lavado de activo (del expolicía)… Obedece a una disputa entre estructuras criminales», precisó la alcaldesa.

En menos de 48 horas Policía y Fiscalía establecieron que se trata de un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales de narcotráfico y presuntamente de lavado de activos. Dos de las víctimas tienen antecedentes criminales, uno con pena privativa de la libertad. pic.twitter.com/ogFTLiVk4O

Según las investigaciones, el pasado jueves 18 de agosto a las 10:48 de la mañana, la camioneta salió desde Bogotá por el peaje de Andes, al parecer con cuatro personas a bordo.

A las 3:00 de la tarde de ese mismo día volvió a ingresar a la capital del país. Posteriormente, sobre las 3:30, el automotor fue dejado abandonado en la Autopista Norte.

Indicó López que la primera víctima identificada fue “el expolicía Juan Carlos Useche”, y la mujer que estaba en el vehículo, Leidy Alejandra Betancourt, quien presuntamente era su pareja sentimental.

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También se identificaron las otras dos personas como Leonardo Sanabria y Eiler José Perozo, este último de nacionalidad venezolano, informó BluRadio.

La alcaldesa indicó que la investigación preliminar arroja que, aunque los cuerpos fueron hallados a las afueras de Bogotá todo parece indicar que los asesinatos se cometieron fuera de la capital y los cuerpos fueron traídos para dejarlos abandonados en la salida norte de la ciudad.

López dijo que Juan Carlos Useche estuvo vinculado varios años a la Policía; sin embargo, salió en medio de polémicas por mala conducta.

Estuvo luego preso en la cárcel La Picota por concierto para delinquir. Los otros dos hombres que estaban con Useche, eran presuntamente sus escoltas.

Con respecto a la mujer, dijo que no tenía antecedentes criminales y era presuntamente la pareja de Useche, quien “lo acompañaba en ese momento y desafortunadamente termina también asesinada”, reseñó Semana.

Asimismo, aclaró que quien asesinó a estas personas iba exclusivamente detrás de Juan Carlos Useche, quien como policía tenía un pasado turbio.

“Un ciudadano colombiano retirado de la Policía desde 2006 siendo patrullero en Cali. Desde entonces, tuvo varios antecedentes por concierto para delinquir por vinculación con actividades de narcotráfico, estuvo preso en dos ocasiones, tenía una vida en el crimen de muchos años», destacó la mandataria.

«La Fiscalía y la Policía han establecido que él seguía en actividades criminales de narcotráfico y lavado de activos”, agregó.

Arroz chino y un premio de 100.000 pesos: eso fue lo que le dieron al militar Yeris Andrés Gómez por el primer «falso positivo» que ejecutó, según dijo este lunes en la audiencia de reconocimiento por estos crímenes de lesa humanidad que celebró la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en Colombia.

«Vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional siendo orgánico del Batallón La Popa», comenzó este soldado raso retirado, al que este tribunal especial acusa de participar en más de 20 hechos entre 2002 y 2007 en los que fueron asesinadas al menos 50 personas.

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En su relato, durante el primer día de audiencia de reconocimiento de este caso, celebrado en la ciudad de Valledupar (Cesar), Gómez relató cómo actuó como autor material de asesinatos, el primero de ellos de un supuesto desmovilizado de la guerrilla del ELN.  

«Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército», dijo este exmilitar, quien subrayó:

«Siempre obedecí ordenes de mis superiores sin cuestionarlas ni pensar en el daño que iban a causar» indicó.

El magistrado Javier Parra, de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), dio detalles sobre la macabra práctica de asesinar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

Todos aceptaron los cargos y comparecerán en la audiencia, menos los tres coroneles retirados, quienes se enfrentan ahora a una acusación por parte de la Fiscalía de la JEP para un «proceso adversarial», en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.

Cuatro primos que habían llegado el pasado viernes a Buriticá, procedentes de Medellín, para vender una maquinaria, fueron asesinados y sus cuerpos encontrados en diferentes municipios del occidente de Antioquia. 

Los primos habían sido retenidos por un grupo armado el sábado. Sin embargo, fueron hallados sus cadáveres: dos en el municipio de Giraldo, otro en Santa Fe de Antioquia y otro en Buriticá.

De acuerdo con Jorge Úsuga, alcalde de Giraldo, en la jurisdicción de este municipio los cuerpos fueron recogidos por el grupo de bomberos.

“Uno de los señores era oficial de construcción, trabajaba en una empresa contratista de EPM en Medellín, uno de los más mayores. A todos los dejaron sobre la vía, entonces uno quedó en Bonanza y otro en Katio, que es jurisdicción de Santa Fe de Antioquia”, confirmó Úsuga.

“Uno de los cuerpos era de un señor, de 48 años, oriundo del municipio de Amalfi, en la vía nacional entre Buriticá y Santa Fe de Antioquia había al parecer otros cuerpos, de inmediato comenzamos las consultas y precisamente habían unos en Giraldo”, sostuvo, mientras tanto, Luis Fernando Graciano, alcalde de Buriticá.

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Estas personas fueron identificadas como Efraín Montoya, Geiner Montoya y Nelson de Jesús Cárdenas, mientras que se trata de identificar a la cuarta víctima.

Por el momento, se desconoce los motivos por la que fueron asesinados. Sin embargo, cabe recordar que en esta zona del occidente de Antioquia hace presencia el Clan del Golfo en la que han perpetrado más de 10 atentados a la fuerza pública y en la que se han visto involucrados civiles.

La enfermera Yeraldyd Yukency Martínez estaba celebrando su cumpleaños número 35 en una reunión con familiares y amigos que ella misma preparó.

Horas más tarde llegó su primo, Roiber Montesinos, de 28 años de edad, para unirse a la celebración de su prima.

Durante la fiesta que se realizaba en la casa de Yeraldyd, ubicada en la avenida Libertador con calle 27 de Barquisimeto, estado Lara, se generó una discusión entre una mujer y su pareja que estaban en la fiesta. El hombre se fue del lugar molesto.

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A las 4:00 de la madrugada del pasado sábado 11 de junio ya quedaban pocas personas y decidieron sentarse afuera a conversar y tomar como cualquier familia hasta que amaneciera.

En ese momento llegaron dos hombres a bordo de una moto de alta cilindrada. El parrillero, supuestamente el hombre que discutió con su pareja en la fiesta, se bajó y comenzó a disparar a los que estaban sentados fuera de la vivienda.

La enfermera recibió un tiro en la cabeza y otro en el pecho. Su primo Roiber también tenía varios impactos de bala y la madre de Yeraldyd también estaba herida.

En medio de la conmoción, familiares llevaron a todos los heridos al Hospital Central Antonio María Pineda, donde Yeraldyd llego sin signos vitales. Era enfermera de la sala de parto de ese centro hospitalario.

Roimer fue atendido en emergencia pero una hora después falleció y la madre de la joven enfermera se mantiene hospitalizada.

Funcionarios del Cicpc llegaron a la vivienda donde ocurrieron los hechos y realizaron las experticias para iniciar las investigaciones, según La Prensa de Lara.

Varios testigos fueron interrogados y todos aseguran haber reconocido a las dos personas que llegaron en moto al lugar y dispararon a los presentes.

«Es una tragedia lo que ocurrió. Fue una masacre, estamos en shock por lo que pasó. Ellos eran unas personas tan excelentes, ella estaba tan feliz celebrando su cumpleaños», dijo uno de los vecinos de la familia Martínez.

Aseguran algunos que en la madrugada escucharon las detonaciones en el barrio La Cruz y cuando se asomaron, escucharon los gritos de la familia Martínez.

Los dos hombres que llegaron y dispararon en la fiesta, están prófugos de la justicia pero identificados por los testigos del hecho.

No se conoce aún el móvil del doble homicidio.

Los cadáveres de tres hombres con impactos de bala los encontraron en tres trochas de la frontera de Venezuela con Colombia, uno en Juan Frío, otro en Los Mangos y el último en La Parada.   

Los tres hombres aún no han sido identificados y quedaron tendidos dentro del municipio Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, en Colombia, y a escasos kilómetros del municipio Bolívar del estado Táchira.

La Policía de Colombia asegura que estas ejecuciones son realizadas por grupos irregulares que operan en la frontera.

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El mayor Alejandro Poveda, comandante del Distrito No 3 de la policía, precisó que es el mismo modus operandi de las últimas semanas.

Buscan a las víctimas en Venezuela, las pasan a territorio colombiano vivas or las trochas y una vez allí les disparan.

“Seguimos investigando para dar con el paradero de los responsables de estos hechos”, dijo el mayor Poveda a medios colombianos.

Los pobladores del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira se mantienen en zozobra por la ola de ajusticiamientos que ocurre en Cúcuta por parte de grupos armados.

En menos de dos horas, tres personas las llevaron hombres armados desde Táchira hasta territorio colombiano donde las acribillaron a tiros.

El modus operandi es el mismo, grupos de hombres armados llegan a Ureña, someten a las víctimas, las pasan por trochas vivas a Cúcuta y luego las acribillan a tiros.

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Esta semana asesinaron a dos hombres con armas largas en la urbanización Eliopolis, cerca de la trocha La Isla hacia Ureña.

Horas después se reportó otro asesinato cerca de La Parada de Villa del Rosario.

El comandante de la Policía de Cúcuta, Oscar Moreno, aseguró que quienes cometen estos crímenes son miembros del ELN.

“Esto sucede por el pago extorsivo de las personas que pasan por los espacios irregulares”, dijo.

En menos de un mes siete personas han sido asesinadas en el corredor fronterizo.

Con el asesinato de Mauricio Leal y su madre, perpetrado por Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas respectivamente, los colombianos reviven varios casos de similar magnitud.

El acto cometido por Leal se denomina como «parricidio», que es el nombre jurídico para el hecho de quitarle la vida a uno de los progenitores o hermanos. 

Entre los factores que pueden motivar este crimen está una familia disfuncional o un escenario parental en el que los miembros están sometidos a rechazo. 

También se destacan el abuso sexual y las armas presentes en el hogar como hechos que podrían propiciar este delito.

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Este caso es bastante similar al sucedido con el estilista Mauricio Leal y su madre. El victimario fue el estudiante de medicina veterinaria Ángel Moreno, quien asesinó a su madre María Elvira, su padre, Joselín, y su hermano D’Ángelo en barrio Ciudad Salitre, al centro occidente de Bogotá.

Según los investigadores de la Fiscalía, el asesinato se dio el 17 de abril de 2003 pero se descubrió 10 días después del hecho. 

Este fue motivado por la negativa de los padres de Moreno de prestarle el carro familiar para que  hiciera un viaje a un pueblo cercano con su novia. 

El hombre decidió dispararle con un arma a sus padres y hermano y luego se fue de paseo por varios días. 

Los familiares de las víctimas, ante su repentina desaparición, decidieron acudir al hogar para corroborar qué estaba sucediendo. Cuando llegaron allí percibieron un olor putrefacto, razón por la que decidieron llamar a las autoridades. 

Cuando Moreno regresó de su viaje, inicialmente se mostró sorprendido por la situación y le dijo a la Fiscalía que no sabía qué había pasado. Luego, cambió su versión y aseguró que su hermano D’Ángelo era quien había matado a sus padres y que él (Moreno), en defensa propia, le disparó.

El hombre fue condenado a 38 años de cárcel por los hechos. Sin embargo, ya se encuentra en libertad condicional desde abril de 2020.

Aunque este caso no sea un parricidio directo, sino que se trata de un filicidio, encuadra porque es el asesinato de los hijos por parte de sus progenitores. 

En este caso, Orlando Pelayo contrató a dos criminales para secuestrar a Luís Santiago, su hijo de 11 meses, y luego asesinarlo el mismo día.

El hombre distrajo a las autoridades, pidiéndole supuestamente a los secuestradores, en todos los medios de comunicación, que devolvieran a su bebé.

De acuerdo con lo dicho por Pelayo en el juicio, una de las razones que habrían motivado el asesinato del menor fue el hecho de querer borrar todo rastro de la relación que éste mantenía con la madre del bebé, Ivonne Lozano. Esto, porque el hombre tenía una esposa y 2 hijas y su relación con Lozano era clandestina.

Orlando Pelayo fue condenado por un juez a 60 años de prisión y sus cómplices, los secuestradores, fueron sentenciados a 27 años de prisión.

Este crimen, que ocurrió en el sur de Bogotá, es otro de los más sonados en Colombia. Hernando Hernández Patiño mató a su esposa Jenny Losada de 37 años, sus dos hijos de 7 y 9 años y su sobrina María Camila de 19 años de edad, en una casa del barrio San José en la localidad de Bosa en Bogotá.

La familia, proveniente del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, fue asesinada con un machete en la madrugada del 10 de noviembre de 2013. Según la Fiscalía, una supuesta infidelidad de su esposa habría sido el detonante para el múltiple homicidio.

El relato de la fiscal encargada del caso da cuenta de un complejo de inferioridad que tenía el hombre, pues durante años no tuvo trabajo y su compañera sentimental era el músculo financiero de ese hogar. 

Hernando Hernández fue condenado a 60 años de cárcel, pena máxima permitida por la ley colombiana;pues, según los cálculos, por el número de homicidios debería enfrentar 90 años de prisión. 

Jhonier Leal sería un psicópata. Así dijo el psicólogo forense Belisario Valbuena, quien advirtió que todavía no califica al confeso asesino como un psicópata porque para ello es necesaria una valoración científica.

Sin embargo, insistió en que el hermano del famoso estilista cumple con varias de las cosas que caracterizan a ese tipo de personas.

“No podríamos afirmar de tajo que es un psicópata porque no se le ha hecho una evaluación que nos dé esos indicios técnicos, científicos, pero sí podemos aproximarnos a decir que hay en él algunos rasgos psicopáticos, como esa frialdad, esa falta de empatía, su capacidad de manipular, de mentir», aseguró.

«Ya al momento de verse acorralado, utilizar a conveniencia los beneficios que le muestra la ley y que aprovecha para su beneficio», agregó.

Valbuena analizó la entrevista que Jhonier le concedió hace dos meses a ese medio de comunicación, en la que él mintió completamente sobre lo que pasó con sus familiares y también sobre lo que sentía él por ellos.

El psicólogo forense también destacó un detalle que la propia Fiscalía entendió como sospechoso: que el confeso asesino apareciera en la entrevista con una chaqueta de su hermano Mauricio.

“Pareciera que Jhonier tuviera un relato previamente estructurado, que lo dice incluso de una manera rápida, no espontánea». 

El ente investigador llama la atención sobre cómo él en la entrevista tenía puesta una prenda que era de su hermano, la chaqueta blanca que él exhibe ahí.

Con todo el cinismo, incluso, se atreve a afirmar que estaba sorprendido por haber encontrado el cuerpo de su mamá y su hermano”, agregó Valbuena.

El psicólogo forense también indicó que era bastante diciente que Jhonier prefiriera matar él mismo, en vez de contratar a un sicario.

“El hecho de que Jhonier haya sido el perpetrador del crimen, que no lo haya encargado a un tercero bajo la modalidad de sicariato, está expresando la ira que él sentía y la necesidad de poder y control, incluso de humillación, de tortura que él quería ejercer sobre su hermano“, explicó.

Valbuena volvió a referirse sobre los rasgos psicopáticos que vio en Jhonier.

“Tiene rasgos de lo que científicamente ha descrito la psicopatía, esa falta de empatía, ese autocontrol que tiene de las emociones, la altivez con la cual no acepta los cargos, pero para saber cuál es el verdadero diagnóstico de Jhonier habría que hacerle una valoración directa”, concluyó.

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Este miércoles se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá si el confeso asesino es enviado o no a la cárcel. Lo más seguro es que, como lo pide la Fiscalía, Jhonier Leal sea enviado a prisión.

Con informaciones de Caracol Televisión y CityTV

Los criminales llegaron hasta la vivienda ubicada en zona rural del Magdalena, disparando indiscriminadamente, sin importar la presencia de niños en cercanías del lugar.

Al parecer, la familia estaba sentada en la entrada de la vivienda departiendo con otros vecinos cuando llegaron los pisotoleros. 

Dos sujetos armados llegaron disparando, cometieron el crimen y se subieron a dos motos conducidas por otros dos cómplices.

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La mujer (30 años), el hombre (32 años) y su hijo pequeño intentaron escapar, pero los sicarios los alcanzaron; informó el Diario Magdalena.  

De inmediato, los vecinos alertaron a las autoridades de la región. La Policía, la Sijín y Medicina Legal llegaron hasta el lugar para recoger evidencias y hacer el levantamiento de los cuerpos.

Según testimonios de los residentes de la zona, la mujer se encontraba en estado de embarazo. 

Los hechos fueron repudiados por el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quien convocó un consejo extraordinario de seguridad por una serie de asesinatos que se han dado en los municipios de Zona Bananera, Ciénaga y Algarrobo.

Un cuarto estudiante, de 17 años, murió hoy por causa de las graves heridas que sufrió cuando un alumno de segundo año abrió fuego en una escuela secundaria de Michigan.

Las demás víctimas fatales incluyen un chico de 16 años que murió en una patrulla policial cuando lo llevaban al hospital.

Ocho personas resultaron heridas, algunas de suma gravedad, entre ellas una niña de 14 años a la que colocaron en un respirador después de ser operada.

Los investigadores aún tratan de descubrir el motivo de la matanza que se produjo el martes en la Escuela Secundaria Oxford, situada en una población de 22.000 habitantes, a unos 48 kilómetros al norte de Detroit, dijo el comisario Miguel Bouchard, del condado de Oakland.

“La persona que conoce el motivo no habla”, dijo en conferencia de prensa el ayer por la noche.

Agentes de policía acudieron a la escuela, a la hora del almuerzo, cuando un centenar de llamadas al número de emergencias 911 informaron que escucharon disparos.

Arrestaron al estudiante minutos después de disparar. Alzó las manos al ver que se acercaban los agentes, dijo Bouchard.

El padre del chico arrestado había comprado la pistola Sig Sauer de 9 mm que se utilizó en la matanza, dijo el comisario.

Aún no se sabe por qué el hombre compró esa pistola semiautomática.

El hijo había publicado fotos del arma y había practicado dispararla.

Las autoridades no dan a conocer el nombre del chico.

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Los cuatro estudiantes muertos son Tate Myre, de 16 años; Hana St. Juliana, de 14; Madisyn Baldwin, de 17, y Justin Shilling, quien murió hoy.

Un docente que recibió una herida superficial en el hombro abandonó el hospital, en tanto siete estudiantes de entre 14 y 17 años permanecen hospitalizados con heridas de distinta gravedad.

El subcomisario Mike McCabe indicó que los padres aconsejaron al chico que no hablara con los investigadores. La policía solo puede interrogar a un menor con permiso de los padres, añadió.

La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, afirmó en un comunicado que su oficina prevé presentar los cargos rápidamente y que se dará más información en próximas horas.

Bouchard declaró que el chico asesino nunca había tenido encuentros con la policía ni problemas disciplinarios en la escuela.

Informaciones de Infobae

Amarrados y quemados localizaron los cadáveres de dos jóvenes a un lado de la vía nacional que comunica a los municipios de Ocaña y Convención en Colombia. .

Las autoridades acudieron al lugar, entre los corregimientos de Aguas Claras y La Floresta, luego de que deportistas y viajeros denunciaran que los cuerpos estaban en plena vía.

Según Noticias Caracol, las victimas identificadas como Andrey Guerrero y Yesid Amaya, estaban reportadas como desaparecidas por sus familiares desde el pasado viernes.

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Testigos aseguran que el día que desaparecieron Guerrero y Amaya compartían con varias personas cuando hombres armados irrumpieron en el lugar.

Los sujetos identificaron a los dos jóvenes y se los llevaron con rumbo desconocido desde la vereda El Limón, ubicada a tres kilómetros del lugar en donde hoy fueron hallados sin vida.

En esa zona de Ocaña hay presencia constante de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC, Los pelusos.

Las autoridades no descartan que una de esas organizaciones sea la responsable de este doble crimen.

Fuentes oficiales revelaron este martes que once hombres fueron asesinados a balazos en una zona indígena del municipio de Tangamandapio, en el occidental estado mexicano de Michoacán.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal confirmó a Efe que el múltiple crimen fue descubierto alrededor de las 08.00 hora local (14.00 GMT) del lunes.

Una llamada anónima al servicio telefónico de emergencias alertó a las autoridades sobre el macabro hallazgo.

A tiros los mataron

Los cadáveres fueron encontrados separados entre sí con escasos centímetros y acostados en un predio rural .

Esto  a orillas de la carretera estatal que une los poblados indígenas purépechas denominados como Tarecuato y Los Úcares.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía de Michoacán, los once varones presentan impactos de bala en diversas partes del cuerpo, así como el “tiro de gracia” en la cabeza.

En la escena del crimen, y a unos metros de los cadáveres, también estaban abandonadas una camioneta y tres motocicletas sin placas (matrículas).

Sin identificar

La Fiscalía reveló que las once víctimas todavía no han sido identificadas; por esta razón los cadáveres fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo), informó EFE.

Peritos en criminalística encontraron y embalaron los proyectiles de armas de fuego, así como otros indicios que ya fueron integrados a la carpeta de investigación.

Violencia descontrolada

Michoacán es un estado que enfrenta una grave ola de violencia. Hay una lucha que mantienen entre sí los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la Nueva Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios (CT).

Tan solo durante el lunes, durante el Día de Muertos, autoridades reportaron que en Michoacán fueron asesinadas a balazos un total de 19 personas, incluyendo los once hombres de Tangamandapio.

México registra los dos años más violentos de su historia. Esto ocurre en los primeros dos años de mandato del presidente Manuel López Obrador, con 34.689 víctimas de asesinato en 2019 y 34.558 en 2020.

El país sumó entre enero y septiembre del presente año 25.392 homicidios dolosos.