Cinco personas fueron asesinadas, entre ellas un concejal y un cantante de música popular, en dos hechos distintos entre la noche del viernes y el sábado en una región conflictiva del suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

En la tarde del sábado, el concejal Jhon Fredy Gil fue baleado en Jamundí, una población del departamento del Valle del Cauca.

«Este es un hecho cobarde que atenta contra la democracia y nuestras instituciones», informó la alcaldía del municipio en la red social X.

El político de izquierda, perteneciente al partido indígena MAIS, recibió una docena de disparos cuando estaba en un restaurante, según medios locales. Antes de ser concejal, Gil fue vocero de una agrupación de campesinos cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Toro, aseguró que tres concejales han sido asesinados allí este año y pidió medidas de protección para la alcaldesa de Jamundí, quien ha recibido amenazas de muerte.

Asimismo, Martha Peralta, senadora por el Pacto Histórico, lamentó los hechos.

«Como presidenta del partido MAIS, rechazo profundamente lo sucedido en Valle del Cauca. Colombia no puede seguir sumida en la violencia, el pueblo no puede seguir desangrándose como consecuencia de la violencia intraestatal. Es urgente que los entes encargados den con el responsable y hagan justicia», dijo la parlamentaria en su cuenta en X.

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Por su parte, el músico Sebastián Muñoz falleció junto a su DJ cuando fueron atacados a tiros en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. En los mismos hechos, murieron otras dos personas, precisó Miller Hurtado, secretario departamental de Seguridad, a Caracol Televisión.

Las autoridades iniciaron una investigación por los asesinatos. Muñoz estaba en el lugar contratado para dar un concierto privado, según una publicación en Instagram de su equipo de trabajo.

Cauca y Valle del Cauca son departamentos conflictivos de Colombia, un país aún inmerso en un conflicto armado pese al acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla FARC.

Allí operan disidencias de esa organización que continúan traficando cocaína, así como otros grupos del narcotráfico.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que la fuerza pública redoble esfuerzos en su propósito y deber de cumplir con el mandato constitucional de proteger a las comunidades en todas las regiones de la geografía colombiana.

La entidad la insta a contener los episodios de violencia que vienen afectando a la población, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, subregión del país, donde delinquen varios grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado, reseña el portal BluRadio.

«Hace dos meses, la institución que trabaja por los derechos de los colombianos emitió la Alerta Temprana 036 del 2023, documento de prevención y advertencia sobre los riesgos a los que están expuestos los moradores de 14 municipios de esa amplia zona entre los límites del Cauca y Valle», dijo defensor regional Cauca, Daniel Molano.

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Además, la Defensoría del Pueblo rechazó la masacre ocurrida en el resguardo indígena Canoas, zona rural de Santander de Quilichao, donde fueron asesinadas tres personas de una misma familia, y cerca de allí, en la vereda Vilachí, fueron ultimados dos jóvenes indígenas del mismo resguardo. Así mismo, repudia el asesinato del alcalde de Guachené, Élmer Abonía Rodríguez.

Esta alerta, la 036, evidencia el alto riesgo para las comunidades de Jamundí y Dagua ,Valle del Cauca y Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribio, Jambaló y Caldono. Con los hechos de violencia recientemente sucedidos, el temor de los pobladores y el riesgo para su integridad y vida aumentan.

La entidad, con el equipo de trabajo de sus Regionales Cauca y Valle, continuará haciéndole vigilancia a lo recomendado en el documento de advertencia y prevención, como también seguirá acompañando a las comunidades de esa amplia zona limítrofe entre los dos departamentos.