La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, alertó este miércoles que  “Venezuela enfrenta una grave crisis de Estado de indefensión”.

En su cuenta en X, la organización explica que está situación está “marcada por detenciones arbitrarias y persecución sistemática contra distintos sectores de la sociedad”.

Indicó que “hasta el 19 de noviembre de 2025, nuestras cifras registran un número significativo de personas privadas de libertad por motivos políticos”.

Denuncia que las detenciones han ampliado sus perfiles lo que “evidencia que la persecución no se limita a actores políticos, sino que se extiende a profesionales, ciudadanos y activistas cuya labor los coloca en situaciones de riesgo frente a procesos irregulares, acusaciones infundadas y medidas que vulneran garantías judiciales básicas”.

Señala que “a esta situación se suman casos especialmente sensibles, como la detención de cuatro adolescentes, cuya privación de libertad por motivos políticos constituye una violación particularmente grave”.

Igualmente, la ONG  registro la detención de  “personas con enfermedades severas que permanecen detenidas sin acceso adecuado a atención médica, exponiéndolas a un riesgo que puede comprometer su vida e integridad”.

También “persisten situaciones en las que el paradero de personas detenidas no es informado oportunamente, impidiendo el contacto con familiares y defensores, y profundizando su vulnerabilidad jurídica y personal”.

Desde Justicia, Encuentro y Perdón, “exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas por razones políticas, el cese de la persecución y la implementación de mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas”.

 También reitera “la urgencia de garantizar atención médica adecuada y medidas humanitarias para quienes enfrentan condiciones de salud críticas”.

En el programa Con el Mazo dando, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, arremetió nuevamente contras   las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Y lo hizo al hacer cometarios relacionados con la liberación de más de 70 presos políticos, como consecuencia del acuerdo entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump.

Cabello aclaró que las ONG no tuvieron “nada que ver” con esas excarcelaciones,  

“Se liberaron un grupo de personas vinculadas a los hechos de violencia del 28 de julio de 2024 y del 10 de enero de este año y eso agarro por sorpresa las benditas ONG", comentó el ministro.

"No saben nada, esas quedaron peor que (Nayib) Bukele”, expresó.

📺 CABELLO ARREMETE CONTRA LAS ONGEl ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, desestimó el rol de las ONG en la liberación de más de 70 presos políticos tras el acuerdo Maduro-Trump.“Las ONG no tuvieron nada que ver”, afirmó, y tildó al @ForoPenal de “chulos” pic.twitter.com/jCSO5L49Qz

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"Estas ONG cada vez que sale alguien se atribuyen que fueron ellos lo que lograron la liberación y van los familiares como unos pendejos y les dan plata a los abogados de esas ONG”, aseveró.

Ratificó que las organizaciones "no son tomadas en cuenta en estos procesos, al contrario, es una decisión de la justicia venezolana y las ONG no tiene nada que ver”.

Y, finalmente, hizo una mención especial al Foro Penal,  del que dijo que "son unos chulos”.

Asimismo, criticó a quienes defienden a las ONG, porque “también cobran por ello”. 

El gobierno de Nicaragua anunció este lunes a través del Ministerio del Interior la retirada de la personalidad jurídica a 1.500 organizaciones sin fines de lucro (OSFL), conocidas como organización No Gubernamentales  (ONG).

Se pudo conocer que la medida se tomó  por incumplimiento de sus obligaciones sobre los informes de estado financiero y decreta la incautación de sus bienes.

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Se trata del mayor cierre de organizaciones ordenado por el presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra de 2018.

La anulación de la inscripción de esas 1.500 oenegés se debe a que «no reportaron» sus «estados financieros» por «periodos de entre 01 hasta 35 años», y sus bienes serán incautados por el Estado.

La Asamblea Nacional (AN) dio inicio este viernes a la consulta pública sobre el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines, que busca revisar los financiamientos de estos entes.

Según indica la AN el objetivo es garantizar la transparencia y el funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen vida en el país, y en esta primera jornada ya se asoma que algunos partidos que alguna vez fueron ONG podría ser sancionados.

Cabe destacar que este instrumento legal fue aprobado en primera discusión el 24 de enero del pasado año y que contiene cinco capítulos, 18 artículos y dos disposiciones transitorias, y busca permitir supervisar, revisar y registrar las ONG.

En la jornada de viernes se realizó una revisión del proyecto de ley en la AN, en donde se instalaron cinco mesas de trabajo para evaluar propuestas y observaciones al instrumento legal.

El diputado Pedro Infante, destacó que hay ONG que tienen financiamiento de organismos que son contrarios a los intereses de la nación, al tiempo que denunció que existen ONG que son utilizadas como fachadas para desestabilizar al país, propiciar el terrorismo y derrocar gobiernos.

Entre las más resaltantes, recordó los casos de las ONG fundadas en Venezuela que luego pasan a ser partidos políticos de oposición, como Primero Justicia y Voluntad Popular, que han sido herramientas para engañar al pueblo.

#12Ene? "PONÍA EL CASO DE PRIMERO JUSTICIA": Pedro Infante indica que las ONG "deben explicar de dónde viene su financiamiento"El diputado precisó que la AN aspira tener "claridad de las fuentes de financiamiento" con la Ley de Fiscalización de las ONG y Afines.?: VTV. pic.twitter.com/SVV5Z4UBPR

Mientras que el diputado Diosdado Cabello, presentó una lista de 62 ONG que supuestamente habrían recibido financiamiento de otros países.

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Entre tanto, el diputado Julio García aseguró que cerca del 5% de las ONG venezolanas reciben financiamiento desde el exterior de organizaciones como a la Usaid y la Konrad Adenauer.

García aclaró que no se busca desaparecer este tipo de organizaciones, sino conocer cómo utilizan su financiamiento, «porque existen algunas organizaciones cuyo objeto no es el mismo para el cual fueron fundadas», en clara alusión a partidos políticos.

Asimismo, informó que se creará un registro para obtener los datos actualizados de las ONG y resaltó que varias de las ONG cuestionadas acudieron al parlamento, donde tiene las puertas abiertas para hacer sus plateamientos.

#EnVideo?| Diputado de la AN, @JulioGarciaZ, acotó que se han recogido propuestas que suman para consolidar un instrumento jurídico completo y donde las partes involucradas se vean reflejadas.#VenezuelaHumanaYPatriota pic.twitter.com/69J4HsQfzA

En los primeros seis meses del 2021, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 374 ataques e incidentes contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con este informe, representa el incremento de un 243% con respecto al primer semestre del 2020.

El CDJ contabilizó en el primer semestre del 2020 109 situaciones irregulares en contra de los activistas y ONG.

Asimismo destacó que hubo un aumento en las restricciones del espacio cívico y democrático en el marco de la emergencia humanitaria que existe en el país.

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El CDJ denunció que se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas.

Así como también en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria.

Por ello, esta organización alertó a la administración de Nicolás Maduro que continúan realizando acciones contrarias a sus obligaciones internacionales.

Ya que continúan agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Reportó que en estos seis meses, se acentuaron medidas de facto y legales, “para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional”.

Por lo que se refirió al aumento de los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.

Los 374 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

Estigmatización (252)

Intimidación y hostigamiento (43)

Amenaza (35)

Judicialización (11)

Detención arbitraria (11)

Ataques digitales (11)

Otros (8)

Allanamientos (3)

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 28 ataques e incidentes de seguridad durante febrero.

Todos en contra de activistas y organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

“Durante el mes de febrero continuó profundizándose la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos”, expresó CDJ.

Asimismo, denunció que la administración de Nicolás Maduro persiste en la implementación de acciones y medidas que obstaculizan la labor de defensa y acción humanitaria.

Así como la agresión a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno.

“Contrariando los estándares y obligaciones internacionales que devienen obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho a defender derechos humanos”.

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En febrero se documentaron 15 casos de estigmatización, seis de hostigamiento e intimidación.

Además cinco de judicialización y dos ataques digitales.

El CDJ advierte que “la política de criminalización, enmarcada en la lógica del enemigo interno”.

Cuestionó que con estas formas se afianza la doctrina de la seguridad nacional.

“Las personas defensoras de derechos humanos enfrentan mayores riesgos al momento de ejercer sus actividades de promoción y protección de los derechos humanos.”

En ese sentido, explicaron que defender derechos humanos en Venezuela significa “enfrentarse a un entorno represivo”.

También se enfrenta a un control social.

Posteriormente, aseguró que “Las  restricciones al espacio cívico incluyen vulneraciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario”.