“Nunca desde la creación del balance anual de Reporteros sin Fronteras en 1995 había sido tan elevado el número de periodistas encarcelados“, explica un comunicado de la organización con sede en París, publicado hoy, y que destaca además que del total, 60 son mujeres, otro récord.

Sin embargo, el número de periodistas asesinados ha bajado este año, en buena parte por culpa de los conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán o Yemen. Hasta el primero de diciembre de 2021 habían muerto 46 periodistas. “Hay que remontarse a 2003 para hallar un número de muertos inferior a 50”, explica el texto.

Treinta periodistas fueron asesinados deliberadamente, siete de ellos en México, el país más peligroso por tercer año consecutivo. En ese país han caído asesinados 47 reporteros en los últimos cinco años.

“Alimentada por la impunidad casi total, y ante la falta de reformas valientes de los gobiernos sucesivos (…), la espiral de violencia parece interminable”, denuncia el informe.

En Afganistán murieron seis periodistas a lo largo de este año, a causa de ataques y atentados con bombas. El país asiático, desgarrado por décadas de violencia, cuenta con el mismo número de decesos que México en los últimos cinco años, 47.

Además de los 488 periodistas oficialmente entre rejas, otros 65 están secuestrados.

El aumento del 20 % de periodistas encarcelados se debe en particular a la represión contra la libertad de informar en tres países: Birmania, donde una junta militar tomó el poder en febrero; Bielorrusia, que vivió una polémica reelección presidencial en agosto; y China, cuyo régimen comunista ha tomado el control total de Hong Kong.

Un tribunal de esa antigua colonia británica ordenó el miércoles la liquidación de la casa matriz del diario Apple Daly, un rotativo prodemocracia, que cerró este año luego de que sus bienes fueron congelados bajo una ley de seguridad nacional que China impuso a Hong Kong para sofocar la disidencia.

Respecto a 2020, el número de mujeres informadoras encarceladas ha aumentado en un tercio. Destaca el caso de Zhang Zhan, una periodista china, en estado crítico.

En Bielorrusia, más mujeres (17) que hombres (15) fueron detenidas este año, entre ellas, Daria Chultsova y Katsiarina Andreyeva, sentenciadas a dos años en colonia penitenciaria por haber retransmitido en directo en una emisora televisiva una manifestación no autorizada.

En cuanto a los secuestros, la organización terrorista yihadista Estado Islámico (EI) mantiene en su poder a 28 periodistas, el 43 % del total mundial, a pesar de que el grupo fue oficialmente derrotado en 2017. Hasta la fecha, las familias de esos reporteros siguen sin saber si están vivos o muertos.

Dos informadores mexicanos, Jorge Molotzín Cential y Pablo Felipe Romero, desaparecieron respectivamente el 10 y el 25 de marzo en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, recuerda Reporteros Sin Fronteras.

Los seis primeros meses del 2020, se registraron 162 ataques contra los periodistas y trabajadores de la prensa, perpetrados por funcionarios de seguridad y colectivos.

La información fue suministrada por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas en un informe que presentó Humberto Prado.

Según el informe, de los 162 ataques, 85 ocurrieron tras el decreto del estado de alarma por la llegada del Covid-19.

El documento detalla que se realizaron 13 entrevistas a varios periodistas víctimas de ataques y las actuaciones ilegales de funcionarios y civiles armados.

Los periodistas y trabajadores de la prensa en los últimos meses han sido amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas.

El Estado, según el comisionado Prado, está incurriendo en serias violaciones a los derechos fundamentales, principalmente contra el derecho a la libertad de expresión.

“Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existe en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes”, expresó Prado.

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Dijo que los líderes del régimen usurpador hacen uso de las instituciones y medios de comunicación para fomentar la persecución contra la libertad de prensa.

“Considerando el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, la Comisión no descarta que el número de afectados sea mayor”, resalta.

La Comisión para DDHH considera conveniente que los organismos internacionales de DDHH y quienes hacen parte del régimen usurpador, aboguen por el cumplimiento de las medidas que garanticen el derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, que se respete el derecho a la manifestación pacífica y que se respeten los parámetros establecidos en la Constitución Nacional.

Un punto de honor para Prado es insistir en la anulación de la Ley contra el Odio por impedir el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión e información.

Además, se prohíba todo tipo de actos discriminatorios contra medios y periodistas y se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las agresiones.