El hombre que ordenó más de 30 asesinatos y lideró el grupo paramilitar que sembró el terror en Soacha a inicios de los años 2000, Luis Alfonso Salamanca, alias El Tío, fue capturado este lunes por la Fiscalía, más de 20 años después de haber impuesto un violento régimen, que mató y desplazó a decenas de jóvenes en el municipio vecino a Bogotá.

El Tío es señalado de haber sido el jefe del temido Bloque Capital, la fracción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se instaló en el sur de Bogotá y persiguió a jóvenes, a trabajadoras sexuales, a consumidores de drogas y a habitantes de la calle bajo la sanguinaria modalidad de “limpieza social”.

Según la Fiscalía,El Tío, pagaba 400.000 pesos por cada homicidio. “En el curso del proceso se acreditó que las víctimas correspondían a personas señaladas de estar vinculadas a actividades delictivas, habitantes y líderes comunales que tenían ideas contrarias a los grupos paramilitares”, anunció la Fiscalía al informar de su captura este lunes 10 de abril.

Cuenta Sally Palomino de el País, que a inicios de los años 2000, Soacha tuvo que empezar a acostumbrar a vivir bajo el orden que pretendían instalar los paramilitares declarando objetivo militar a quienes ellos catalogaran de “viciosos”, “bazuqueros” e “indeseables”.

Con la llegada del Frente Capital comenzaron a aparecer panfletos y grafitis que, todavía hoy, recuerdan los habitantes de Ciudad Bolívar y Soacha.

El lema común era: “Los niños buenos se acuestan temprano. A los niños malos nosotros los acostamos”, reseña el Centro de Memoria Histórica.

El frente paramilitar que lideraba El Tío, según la Fiscalía, impuso toques de queda, que afectó principalmente a las generaciones jóvenes.

“No podían estar en la calle después de las ocho o nueve de la noche, so pena de ser asesinados o desaparecidos. Los patrullajes nocturnos y las desapariciones de jóvenes a pleno día fueron también parte de este conjunto de prácticas”, ha documentado el Centro de Memoria.

“La limpieza social instaurada por el Frente Capital se caracterizó por asesinatos y desapariciones, antecedidos de intimidaciones y patrullajes nocturnos. Las olas de violencia en los barrios periféricos dejaron como resultado una alta cuota de personas asesinadas y desaparecidas, muchas veces a la luz del día y a plena vista. Habitantes y paramilitares reconocieron que muchos sectores aledaños a Ciudad Bolívar y Soacha se convirtieron en fosas comunes porque así podrían borrar cualquier evidencia”.

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“El alcance de la captura de El Tío depende de qué tanto pueda aportar a la reparación de las víctimas con la verdad, ya que ese ha sido uno de los grandes vacíos del sistema de justicia al que se sometieron los exparamilitares”, señala el investigador que habla de la impunidad que ha habido frente a la responsabilidad de grupos políticos y económicos en la violencia ejercida por las AUC.

La detención Luis Alfonso Salamanca es una prueba para el sistema de justicia ordinaria, que tiene en sus manos la posibilidad de desvelar quiénes estuvieron involucrados en los asesinatos selectivos y el régimen del terror que hace dos décadas azotó a Soacha, muy cerca de Bogotá.

En Colombia, el Fondo para la Reparación de Víctimas comenzará esta semana la entrega de indemnizaciones judiciales a 8.287 víctimas de tres grupos paramilitares cuyo valor ascenderá a 27.000 millones de pesos en bienes entregados por estos grupos.

Este es un proceso que ya comienza en Santa Marta y que implicará a más de 8.000 víctimas de los bloques paramilitares de Central Bolívar, Mineros y Libertadores del Sur, después de que éstas hayan ganado sentencias judiciales dentro del marco de Justicia y Paz, la ley vinculada a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar de Colombia y el más sanguinario del conflicto armado.

El Fondo de Víctimas estará entregando las indemnizaciones hasta el 27 de enero y el valor de las mismas saldrá, tanto de los presupuestos del Estado -3.300 millones de pesos (69.3234 dólares)- como de recursos propios del fondo adquiridos a través de los bienes incautados y entregados por los integrantes de los grupos paramilitares que ascienden a 23.770 millones de pesos (499.345 dólares)

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Se trata de la primera distribución de recursos propios del Fondo de Víctimas desde 2019 y los indemnizados lo serán por más de 10.000 hechos victimizantes, incluidos desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura y violencia sexual.

En los actos de entrega de las indemnizaciones judiciales también se realizarán actividades de reconocimiento y significación de víctimas, acompañamientos psicosociales y asesorías sobre cómo invertir adecuadamente los recursos para que tengan un efecto reparador en sus condiciones de vida, según explicó en un comunicado la Unidad de Víctimas.