La Audiencia Nacional ha archivado una causa abierta contra un empresario venezolano, Alejandro Betancourt, por presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares norteamericanos procedentes de la petrolera venezolana PDVSA porque en Venezuela se sobreseyó la investigación sobre el supuesto origen ilícito de estos fondos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado esta investigación respecto a este empresario, que fue detenido en Londres en septiembre del año pasado y después puesto en libertad, como ha adelantado la Cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas a EFE.

 Esta investigación, que estaba bajo secreto, se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y pretendía dilucidar si una serie de ciudadanos venezolanos habrían cometido blanqueo mediante inversiones en España con dinero procedente de un fraude derivado de un préstamo firmado en 2012 por parte de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administradora Atlantic.

Sin embargo, la Justicia venezolana archivó en 2023 la causa sobre la legalidad de dicho préstamo, como argumentó ante la Audiencia Nacional el empresario venezolano investigado y ha confirmado Pedraz tras remitir una comisión rogatoria.

Al no ser ilícito el origen de los fondos, no se produce un delito de blanqueo y por eso Pedraz archiva la causa. «No hay, pues, delito antecedente. Y, como se sabe, el delito de blanqueo de capitales (…) exige no solo una actividad delictiva previa, sino una conexión de tipo causal entre el bien y esa actividad delictiva», señala el juez en su auto, al que ha tenido acceso EFE.

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Pedraz recalca que si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada no puede existir delito de blanqueo y que la Justicia venezolana ha determinado que «el préstamo a PDVSA y su devolución en divisas es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito» y dicha resolución tiene eficacia jurídica internacional.

Además, Pedraz archiva la causa también en lo referido a un delito contra la Hacienda Pública, al entender que la alegación de la Fiscalía al respecto era genérica, no concretaba una base fáctica ni señalaba qué elusión de impuestos había podido cometer el investigado.

Con información de EFE

La Audiencia Nacional de España impuso penas de hasta ocho años de prisión y multas de 510 millones de euros para los cuatro tripulantes del velero interceptado en agosto de 2023 en aguas internacionales frente a la costa de Cantabria con más de 1,7 toneladas de cocaína.

En una sentencia dictada el pasado 17 de marzo, y que es firme tras haber manifestado las partes que no recurrirán, la Audiencia Nacional impone ocho años de prisión al único tripulante español del velero, natural de Bilbao, por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad. Además, le impone dos multas de 255 millones de euros, sumando un total de 510 millones.

A los otros tres tripulantes del velero, dos naturales de Venezuela y otro de Colombia, también como autores de los mismos delitos que el anterior, les condena a siete años de prisión e igualmente a sendas multas de 255 millones a cada uno, con lo que la totalidad de las cantidades económicas reclamadas a los cuatro procesados asciende a 2.040 millones de euros.

La AN impone una mayor pena de prisión al único acusado español al concurrir la agravante de reincidencia ya que, entre otras condenas anteriores, tiene una impuesta en abril de 2013 por la Audiencia Nacional de 13 años de prisión por los mismos delitos y por pertenencia a organización criminal y en la que también se le condenó a dos multas por importe total de 60 millones de euros.

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El juicio contra los cuatro acusados se celebró el mismo 17 de marzo en la Audiencia Nacional, una vista en la que, según detalla la sentencia consultada por Europa Press, la defensa de los procesados expresó su conformidad con las penas solicitadas por la Fiscalía y todos los procesados admitieron los hechos en la vista.

Según los hechos probados, los cuatro condenados, de común acuerdo con terceras personas que no han podido ser identificadas y actuando en el marco de un entramado criminal transnacional, transportaron desde un punto geográfico de Sudamérica no determinado una importante cantidad de cocaína, más de 1,7 toneladas, a bordo de un velero para su introducción y distribución en la Unión Europea.

El velero en el que transportaban la droga, con bandera de Reino Unido y cuyo propietario había autorizado su uso al bilbaíno durante un periodo de ocho meses (de marzo a octubre de 2023), fue localizado gracias al intercambio de información policial entre autoridades británicas y españolas.

En base a esa información sobre la embarcación que podría transportar importantes cantidades de droga con destino a las costas españolas, el Servicio de Vigilancia Aduanera de Cantabria, de la Agencia Tributaria, recibió instrucciones el 1 de agosto de 2023 de salir en su busca hacia un punto a 45 millas al norte del cabo de Ajo.

A bordo del buque viajaban miembros de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Cantabria y funcionarios de la UDYCO y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que encontraron el velero a 26 millas al norte de la costa de Santander.

Los agentes accedieron al velero e identificaron y detuvieron a los cuatro tripulantes, naturales de Bilbao (Vizcaya), Venezuela y Colombia, y encontraron en una dependencia de la embarcación varios fardos que se utilizan habitualmente para el transporte de sustancias estupefacientes.

El velero fue remolcado hasta el puerto de Santander, donde al siguiente día, el 2 de abril de 2023, y con las diligencias judiciales pertinentes, fue registrado. En su interior se hallaron 92 fardos, con un peso aproximado de 2.200 kilos de sustancia estupefaciente.

Una vez analizada la sustancia, el peso total de la droga incautada ascendió a 1.766 kilos de cocaína, de tres tipos distintos y con diferentes grados de pureza, y que en el mercado ilícito hubiera alcanzado un valor de 85 millones de euros.

Los cuatro detenidos ingresaron en la cárcel el 4 de agosto de 2023, en donde han permanecido hasta la celebración del juicio en la Audiencia Nacional, que establece en la sentencia que, de las condenas impuestas, se les deberá restar el tiempo de prisión provisional ya cumplido.

Al ser firme la sentencia, se indica que se procederá a la destrucción definitiva de la totalidad de la sustancia estupefaciente intervenida en caso de que no se hubiese hecho aún.

El juez instructor de la Audiencia Nacional de España que indaga en las investigaciones contra el partido Podemos, acordó enviar una comisión rogatoria a Venezuela para tomar declaración por videoconferencia y en calidad de testigos a Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía del Gobierno venezolano; a Javier Ochoa Alvarado, exviceministro de Electricidad y Desarrollo; y a Rafael Isea, quien fue ministro de Finanzas.

Según la agencia Europa Press, el juez Santiago Pedraz pone fecha a esas declaraciones, el 18 de marzo a las 12.30 horas, y acoge de esta forma la petición tanto de Podemos como de su exsecretario general Pablo Iglesias, que entienden que fueron posibles informantes de los funcionarios policiales españoles que realizaron esas presuntas pesquisas ilegales sobre el partido «morado’»..

Por otro lado, también da luz verde a otras seis testificales y así el 22 de enero a las 10.15 horas cita a José María García González, quien fuera secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía en abril de 2016, y que habría propuesto una actuación administrativa a favor de Carlos Alberto Arias «en virtud de la colaboración que viene prestando».

El objetivo es que detalle la referida «colaboración» y si tuvo que ver con la formación.

Ese mismo día escuchará a Manuel López Vázquez, quien hasta marzo de 2016 fue comisario jefe de la UDEF y por tanto predecesor en sus funciones del también testigo José Manuel García Catalán.

Pedraz señala, asimismo, el 24 de enero para la testifical de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

De uno de ellos, Podemos reseñaba en su escrito que era jefe de la Sección de Vigilancia de la Unidad de Asuntos Internos en la época en que acontecieron los hechos investigados y puede «esclarecer las circunstancias en que se produjeron las reuniones de los funcionarios pertenecientes a la organización investigada con los ex dirigentes venezolanos en España en diversos hoteles».

Sobre la segunda, la formación indicó que era la inspectora Jefe de la UDEF que participó en las operaciones ‘Venus’ y ‘Bolívar’, incluyendo en ellas el viaje a Nueva York para entrevistarse con Rafael Isea.

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En enero se celebrará un día más de testificales, el día 28, con las declaraciones de Natalia Fátima Carrascosa Penche y José Aliste. De la primera, la formación ‘morada’ reseñaba que era apoderada de 360 GLOBAL MEDIA, S.L. y podría arrojar luz sobre la recopilación de información para la elaboración del ‘Informe PISA’.

Sobre el abogado José Aliste, Podemos recordaba que sería quien «intermediaba entre la cúpula policial y los anteriores ciudadanos venezolanos».

El titular del Juzgado Central de Instrucción ha acordado esta diligencia en el marco de la causa abierta a raíz de una querella presentada por Podemos contra antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que conformaban aquella organización política.

Cabe recordar que fue en febrero de 2024 cuando Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por esas presuntas investigaciones prospectivas. Rechazaba, eso sí, investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.

La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.

También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».

Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.