Durante la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los DD.HH, Michelle Bachelet, presenta una ampliación oral al informe sobre Venezuela.

La representante de la ONU pide en dicha ampliación, que las partes deben comprometerse con un diálogo inclusivo y hacer una revisión considerable del sistema judicial venezolano, ya que a su juicio, hay diversas anomalías.

Específicamente sobre el diálogo inclusivo, dijo que tanto la administración de Nicolás Maduro, como la propia oposición, deben llegar a un entendimiento, en donde las conversaciones sean más incluyentes. Debe escuchar a todos los ámbitos de la sociedad venezolana.

«Estamos listos para brindar apoyo técnico y animo a la comunidad internacional a facilitar las condiciones conducentes a alcanzar e implementar acuerdos significativos», expresa la comisionada.

Sobre el sistema judicial venezolano, Michelle Bachelet se extiende en su actualización oral de manera considerable.

Sobre los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia hizo «un llamado a las autoridades para que evalúen minuciosamente la imparcialidad y la conducta profesional de los candidatos en el proceso de selección».

Dice que el Ministerio Público ha facilitado algunos expedientes e información sobre algunos casos, pero todavía están pendientes algunas actuaciones.

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«Seguimos observando desafíos al debido proceso, incluido el derecho a la libertad y a un juicio sin demoras indebidas, y el acceso a un abogado de su elección.  De los casos individuales de preocupación planteados a los funcionarios desde septiembre de 2021, se han dado a conocer la liberación de 16», dice parte del informe.

«Al menos 6 personas permanecen detenidas a pesar de las órdenes de liberación para ellas, y al menos 22 han solicitado su liberación argumentando el vencimiento de los límites legales. De los casos resueltos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 12 personas continúan detenidas», expresa Bachelet, quien advierte que todos los detenidos de manera arbitraria deben ser liberados de forma inmediata.

La representante de la ONU recalca su preocupación por la estigmatización, persecución y amenazas por parte de personeros de Maduro hacia organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y activistas de Derechos Humanos.

«Hemos documentado 24 casos de estigmatización de defensores de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, en redes sociales o discursos públicos, desde septiembre de 2021».

En esta actualización han documentado 8 estaciones y programas de radio. Así como el bloque en la web de unos siete medios de comunicación. «El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes independientes de información y se debe proteger la libertad de prensa», dice Bachelet.

La permanencia de organizaciones delictivas y subversivas en la frontera colombo – venezolana fue otro detalle evaluado por el equipo de la comisionada.

Naciones Unidas exigió este miércoles una «investigación independiente» por la muerte bajo custodia del general venezolano Raúl Isaías Baduel.

Baduel es el general que ayudó a Hugo Chávez a regresar al poder tras un golpe, fue ministro de Defensa y terminó como preso político.

«Lamentamos profundamente la muerte en detención de Raúl Baduel. Llamamos a Venezuela que garantice una investigación independiente», escribió en Twitter la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet.

La ONU pidió además «atención médica para todos los detenidos» y «que se consideren medidas alternativas a la detención y se liberen aquellos en detención arbitraria».

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El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, anunció la muerte el martes, reseñó AFP.

Indicó que el general murió por complicaciones del COVID-19 después de recibir tratamiento médico y haber recibido la primera dosis de la vacuna.

No obstante, familiares de Baduel, que reclaman se enteraron con el anuncio en redes, niegan que el general tuviera el virus.

«El régimen asesinó a mi amado y valiente papá @RaulBaduel», escribió la hija, Andreína Baduel, en Twitter.

«Recientemente tuvimos la fe de vida de él, ES FALSO que tenía COVID-19», agregó.

Siendo comandante de una base en Maracay, Baduel ayudó a restituir a Chávez tras el golpe de Estado de abril de 2002 que lo sacó brevemente del poder.

En 2004 fue nombrado comandante general del Ejército y, en 2006, ministro de Defensa.

Pasó a retiro en 2007, año en que se convirtió en adversario del chavismo al manifestarse contra una reforma a la Constitución promovida por Chávez.

En 2009 fue detenido bajo cargos de corrupción y purgó una pena de casi ocho años.

Tras salir en libertad en 2015, es nuevamente encarcelado en 2017.

Lo acusaron de conspiración contra el actual presidente Nicolás Maduro, que lo destituyó de la Fuerza Armada y degradó.

Para Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los DDHH, la Alta Comisionada Michelle Bachelet le dio un “jaque mate” al régimen de Nicolás Maduro con la actualización del informe sobre graves violaciones en Venezuela.

“Primero por el informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela y ahora el informe de la Alta Comisionada”, escribió Prado en Twitter.

Expresó que lo expuesto, “ratifica las violaciones de DDHH en el país denunciadas anteriormente por la Oficina de la Alta Comisionada”.

Además, reitera que en Venezuela continúan “las detenciones arbitrarias, la represión en protestas pacíficas, deficiencia de servicios público, escasez de gasolina”.

Asimismo, resalta “la muerte de manifestantes por fuerzas de seguridad, restricciones a la libertad de expresión, ataques contra defensores de DDHH y periodistas y estigmatización contra los migrantes que retornan al país”.

La madrugada de este viernes, la expresidenta de Chile presentó ante la ONU una actualización del informe.

En el documento expresa su preocupación por el incremento en las muertes de jóvenes en operativos de seguridad.

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Precisa que de junio a agosto se registraron «711 muertes» en operativos de seguridad. “Han llegado a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”.

En las 21 páginas de esta actualización, la Misión señala a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El reporte ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

En el informe que presentó en 2019, Bachelet hizo 23 recomendaciones al régimen en las que se destaca, la petición de poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Esto no se cumplió, así como ninguna de las demás.

Este 15 de julio de 2020, salió un nuevo informe de Bachelet que para la ONG, Foro Penal, pareciera que se trata de un «borrón y cuenta nueva», pese a que se hace se hace referencia a la falta de independencia del sistema judicial venezolano, así como la situación de violación de los Derechos Humanos de comunidades indígenas debido a la explotación del Arco Minero del Orinoco.

Sin embargo, no menciona que mantienen tras las rejas a 13 indígenas pemones, por ejemplo.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que en este nuevo documento de la Oacnudh no se establece concretamente cuáles son los resultados de la colaboración con el Estado venezolano, pues solo insta al cese «inmediato» de cualquier intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia. «Si esto no es así, entonces esta colaboración es totalmente inefectiva e ineficiente».

Romero aseguró que siguen ocurriendo casos graves de violaciones de derechos humanos en el país. «Hace falta comparar y exigir respuestas más contundentes sobre esto (…) Las condiciones de detención de presos políticos ha empeorado desde el año pasado y la gravedad de las condiciones de detención es cada día peo. Actualmente hay 410 presos políticos», dijo este miércoles en rueda de prensa virtual.

El defensor de DD.HH resaltó el caso del médico José Alberto Marulanda, uno de los presos sobre los que la Oacnudh ha urgido su liberación, y que fue detenido desde hace dos años por estar vinculado sentimentalmente a una militar acusada de presunta traición a la patria y rebelión.

«Cómo es posible que si hay un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos para exigir la liberación de estas personas, no se mencione en ninguno de los dos informes presentados este año», reiteró.

En esta ocasión la oficina de la Oacnudh emitió 21 nuevas recomendaciones para su adopción por parte del régimen.

Por su parte el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, insistió que «no hay continuidad en el análisis de lo que ocurre en los derechos humanos en Venezuela (…) Se formulan 21 nuevas recomendaciones sin ningún tipo de garantías que estas se vayan a cumplir. El informe 2020 presenta ambigüedades, esto es una omisión grave que presenta este informe (…) pareciera «borrón y cuenta nueva», expresó.

La ONG Provea instó este jueves al régimen al cumplimiento de las recomendaciones de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

«En Venezuela se ha profundizado la militarización con el uso de milicianos y los denominados colectivos, grupos armados aprobados por el Estado. Se debe aceptar recomendación de Bachelet y detener el uso excesivo de la fuerza», indicó la organización en Twitter.

Igualmente denuncia que el régimen «continúa con el control social y discriminación a través de sus programas sociales. Hasta la fecha no han garantizado una implementación no politizada sin extorsión alimentaria», lo cual también forma parte de las recomendaciones de la alta comisionada.

Asimismo, Provea considera que «el Estado venezolano debe permitir el acceso a los centros de detención como el DGCIM y el Sebin para evaluar casos de torturas y verificar integridad de detenidos», a los cuales «el equipo de Miguelle Bachelet siguen sin acceso».

La ONG afirmó que es «urgente la liberación de todos los presos políticos y el cumplimiento de las decisiones de libertad del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias», tal como lo recomendó la expresidenta chilena. «A la fecha se registran más de 400 presos políticos en Venezuela», recordó Provea.

También remarcó que «Venezuela continúa sin cumplir las recomendaciones» del Alto Comisionado, en cuanto al respeto de los derechos económicos y sociales de los venezolanos, pues «los recursos deben ser administrados transparentemente, y con responsabilidad».

La alta funcionaria de la ONU presentó este jueves un informe sobre Venezuela donde denunció la situación en que se encuentra el país. «En Venezuela continúan padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales, debido a bajos salarios, altos precios de alimentos y carencias en servicios público», dijo la alta comisionada de la ONU.